INTRODUCCION AL DERECHO INTERNACIONAL Y AL DERECHO DEL MAR
1.-
CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL
El hombre es fundamento de la sociedad, ésta del Estado y el Estado de la vida internacional. Por lo tanto desde que ha existido alguna forma de vida social, ha existido alguna forma que regule dicha relación, y por ende, algún derecho, sea la costumbre, o el orden. DEFINICION: DEFINICIO N:
El derecho internacional es parte de las normas jurídicas aceptadas universalmente para regular las relaciones entre Estados y demás sujetos del derecho internacional.
2.-
AMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL INTERNACION AL
3.-
FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL INTERNACION AL
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Tratados, convenios y acuerdos internacionales adoptados por dos o más naciones; o bien por algún organismo internacional de cierta categoría.
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La costumbre internacional o common law, de los pueblos anglosajones, anglosaj ones, o jus gentium de los pueblos latinos.
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La jurisprudencia jurisprudenc ia latina o sentencias anglosajonas de tribunales internacionales o árbitros especiales.
-
La doctrina. o parecer de algunos autores o jurisconsultos jurisconsulto s de mayor importancia.
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Las declaraciones unilaterales de los Estados.
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Los principios generales del derecho.
4.- LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL .
Como todo derecho el internacional requiere de sujetos. En el derecho internacional privado: Persona natural jurídica. En el derecho internacional publico: Persona jurídica que convencionalmente es reconocida como tal. Primordialmente los Estados. En sintesis losEstados soberanos
5.-
CONCEPTO Y DEFINICION DE ESTADO
Es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado en un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros Estados.
6.-
LOS ELEMENTOS DEL ESTADO - -
-
Población permanente Territorio determinado Gobierno Capacidad de entrar en relaciones con otros Estados (VII Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933) Reconocimiento por la comunidad internacional. (La existencia es independiente de su reconocimiento por los demás Estados).
(La VII Conferencia Latinoamericana de Montevideo, artículo 3o. " la existencia política del Estado es independiente del reconocimiento de los demás Estados. Aún antes de ser reconoci reconocido do el Estado Estado tiene tiene derecho derecho a su integrid integridad ad e independencia, conservación y prosperidad". 7.-
COMUNIDAD INTERNACIONAL (JUS COMUNICATIONES)
Terrestre, marítima y aérea. Hoy podemos hablar de la PLANETIZACION DEL MUNDO. Tendencia a reunir a los Estados en agrupaciones internacionales cada vez más bastas. Intercambio ideológico, económico, cultural etc. Solo si constituye en un futuro un Estado Universal o confederación de la misma índole podría hablarse de superación de un derecho internacional y reemplazarse por un Derecho Universal. 8.-
EL ELEMENTO TERRITORIAL
Si bien son importantes todos los elementos que configuran el Estado, para nuestro estudio solo profundizaremos en elemento TERRITORIO ya que el mar, canales, estrechos, aguas interiores, entre otros, integran dicho elemento. º
PROPIO El territorio debe ser: ESTABLE DEFINIDO
9.-
CLASES DE TERRITORIO
FISICO JURIDICO Marítimo FISICO Terrestre Aéreo Aéreo
Horizontal - Verticalmente Verticalment e
Para el evento lo que nos compete es el territorio marítimo para la existencia del Estado. JURIDICO
Responde a una ficción.
6.-
LOS ELEMENTOS DEL ESTADO - -
-
Población permanente Territorio determinado Gobierno Capacidad de entrar en relaciones con otros Estados (VII Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933) Reconocimiento por la comunidad internacional. (La existencia es independiente de su reconocimiento por los demás Estados).
(La VII Conferencia Latinoamericana de Montevideo, artículo 3o. " la existencia política del Estado es independiente del reconocimiento de los demás Estados. Aún antes de ser reconoci reconocido do el Estado Estado tiene tiene derecho derecho a su integrid integridad ad e independencia, conservación y prosperidad". 7.-
COMUNIDAD INTERNACIONAL (JUS COMUNICATIONES)
Terrestre, marítima y aérea. Hoy podemos hablar de la PLANETIZACION DEL MUNDO. Tendencia a reunir a los Estados en agrupaciones internacionales cada vez más bastas. Intercambio ideológico, económico, cultural etc. Solo si constituye en un futuro un Estado Universal o confederación de la misma índole podría hablarse de superación de un derecho internacional y reemplazarse por un Derecho Universal. 8.-
EL ELEMENTO TERRITORIAL
Si bien son importantes todos los elementos que configuran el Estado, para nuestro estudio solo profundizaremos en elemento TERRITORIO ya que el mar, canales, estrechos, aguas interiores, entre otros, integran dicho elemento. º
PROPIO El territorio debe ser: ESTABLE DEFINIDO
9.-
CLASES DE TERRITORIO
FISICO JURIDICO Marítimo FISICO Terrestre Aéreo Aéreo
Horizontal - Verticalmente Verticalment e
Para el evento lo que nos compete es el territorio marítimo para la existencia del Estado. JURIDICO
Responde a una ficción.
10.-
FRONTERAS Y LIMITES
11.-
CLASES DE LIMITES:
Orográficos Astronómi Astronómicos cos Marítimos Lacustres Fluviales 12.-
DERECHO INTERNACIONAL INTERNACION AL Y DERECHO NACIONAL / CUAL SE SUPERPONE?
Teoría Monista:
Considera que se trata de dos manifestaciones manifest aciones de un mismo principio. El Estado adopta una sujeción absoluta del Derecho Nacional al Derecho Internacional o subordinación del derecho internacional al nacional.
Teor ía Dualista:
vincula los dos derechos. Los dos están en contacto, pero sin superponerse nunca. Ni prevalece el Derecho Internacional sobre el Derecho Nacional ni viceversa. A lo que se obliga el Estado frente al Derecho Internacional es a convertirlo en nacional mediante la aprobación de los tratados, convenios, acuerdos, entre otros.
SINTESIS -
El Derecho Internacional es aquella rama del derecho que rige la vida de relación entre Estados o instituciones asimilada a sujetos de derecho internacional.
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Las fuentes son: tratados convenios costumbre jurispru jurisprudenc dencia ia doctrina principios generales del derecho. Las declaraciones unilaterales de los Estados
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Los Estados son personas jurídicas y sus elementos básicos para su existencia son: agrupación humana territorio propio organización política organización jurídica independencia frente a otros Estados El territorio territor io natural del Estado es la dimensión física tierra, mar y aire en que ejerce su jurisdicción.
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El territorio físico debe hallarse limitado.
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El Derecho Internacional y el Nacional puede hallarse en conflicto teoría Monista y Dualista. CONCEPTOS GENERALES E INTRODUCCION HISTORICA
1.- RELACIONES MARITIMAS ENTRE ESTADOS
La evolución del Derecho Internacional se confunde con el Derecho del Mar, es preciso llegar a tiempos contemporáneos para ver surgir a este último como una rama independiente. Sus inicios deben encontrarse entorno a los tratados y reglas de comercio o en los problemas derivados de la piratería y del pillaje en el mar. Su auge lo tiene por primera vez en el Renacimiento aunque las disposiciones de tiempo de guerra superan con mucha ventaja a las de tiempos de paz. Su fuente se halla en los usos y costumbres marítimas y en los tratados, especialmente los que ponían término a una guerra, aunque ninguno de ellos por inmemorial que sea se refiere en forma exclusiva al Derecho del Mar. Se sospecha que las primeras reglas fueron disposiciones orientales sobre navegación, pesca y comercio. Los Fenicios y cartaginenses tenía sus códigos marítimos; los Griegos el Código de Rodas pero sobre derecho mercantil marítimo. En Roma aparece el JUS CIVILE y JUS GENTIUM, el primero aplicable a los ciudadanos romanos y el segundo a todas las naciones, de éste último surge el derecho internacional y el derecho del mar. Por el hecho de pertenecer todas las costas del Mediterráneo a Roma se le denomina a este mar MARE NOSTRUM considerándolo como un simple mar interior. En el DIGESTO y en la INSTITUTA, expresan los romanos que según el Derecho Natural son comunes a todos el aire, al agua y el mar y por lo tanto, las costas del mar. Entre la codificación de Justiniano (Siglo VI después de Cristo) y los primeros tratadistas de Derecho del Mar existen documentos que relacionan la materia, aunque en su inmensa mayoría corresponden al Derecho Internacional Privado. Así tenemos: La Basilika del Imperio Bizantino; las Reglas de Oleron, que eran sentencias del tribunal de comercio; el Consulado del Mar ; las Leyes de Wisby; y, el Libro Negro del Almirantazgo, base del futuro poderío marítimo inglés, entre otros.
2.-
EPOCA DE LOS TRATADISTAS
Es a partir de la famosa Bula Papal "INTER - CAETERA" del Papa Alejandro VI (1493) que se inaugura un nuevo período para el Derecho Marítimo uniéndose los intereses comerciales con los políticos En esta Bula Papal se le adjudica a España y Portugal el dominio de las tierras que quedaron al oeste y este respectivamente de una línea imaginaria trazada de polo a polo, sirviendo para delimitar las zonas de influencia marítima entre dos grandes potencias navegantes. En 1794 España y Portugal pactan el Tratado de Tordesillas que reafirmaba la Bula Papal, entre los meridianos 45 al 48 oeste actuales delimitando la frontera terrestre y marítima nada menos que en toda la extensión de la tierra. Coincidentemente con el descubrimiento de América; la ocupación de las Indias; el desarrollo de las Repúblicas Marítimas del Mediterráneo; y, la quiebra de la unidad religiosa en Europa, surgen los primeros tratadistas: -
FRANCISCO DE VICTORIA (1480-1546) "DE JURE BELCI" FRANCISCO SUAREZ (1548-1617) "DE LEGIBUS" ALBERICO GENTILI (1552-1608) "EVOCACIONES HISPANICAS" HUGO GROCIO (1583-1645) "MARE LIBERUM" JHON SELDEN (1584-1654) "MARE CLAUSEM"
A partir de la PAZ DE WESTPALIA (1648) las potencias europeas se dividen y empieza a desarrollarse el Derecho Internacional en materia guerra y neutralidad marítima y surgen las corrientes Anglosajona y la Continental Europea, así como tratados específicos en Derecho Marítimo. Es en el Siglo XIX y XX donde aparecen obras especialmente dedicadas al Derecho del Mar por la importancia que adquiere el mar en estos tiempos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Más es preciso llegar al siglo XX para encontrar los grandes tratados específicos sobre la materia. El francés GILBERT GIDEL "El Derecho Internacional Público del Mar" (1934); el maltes C.J COLOMBOS y su "International Law of the Sea"; Español J. LUIS DE ASCARRAGA "Derecho Internacional Marítimo" (1970); Suizo FERRON "Derecho Internacional del Mar" (1960); " Los nuevos principios del mar" (1969) de ALVARO ALVAREZ. 3.-
SENTIDO DE LA EVOLUCION DOCTRINAL Los autores del Renacimiento representan los visionarios del Derecho Internacional Marítimo dentro de las dos (2) grandes corrientes que hemos visualizado: la Escuela Anglosajona y la Escuela Continental Europea. La primera identifica el interés nacional con el interés internacional y se fundamenta en la costumbre y los usos marítimos. Para la segunda, existe dualidad entre el Derecho Nacional y el Internacional de modo que este es adoptado por aquel según mayor o menor grado fuera la tendencia jurídica (monista o dualísta) del Estado.
En nuestro país pese a ser o deber ser un país o nación marítima escasa es la producción dedicada integralmente al Derecho Internacional Marítimo o mejor al Derecho del Mar. 4.-
INTENTOS DE CODIFICACION
El dominio del mar fue disputado en los siglos XVI y XVII por España y Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra, a quienes siguieron Alemania, Estados Unidos, La Unión Sovietica y Japón en nuestros días. Desde esa época hasta la III CONVEMAR se pueden visualizar tres (3) etapas a saber: abc-
PERIODO DE LA GUERRA MARITIMA PERIODO DEL DERECHO MARITIMO DE LA PAZ PERIODO DE LA EXPLOTACION ECONOMICA DEL MEDIO MARINO La primera, desde el siglo XVII hasta 1939 fecha del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La segunda desde el siglo XVIII Fundación del Instituto de Derecho Internacional en 1879 y se prolonga hasta ahora. La tercera desde 1945 con un incremento acelerado y pasmoso. Esto no significa que una etapa sustituye o reemplaza a la otra. Se ha pasado de acuerdos o tratados bilaterales a reuniones cada vez más amplias.
Uno de los primeros intentos de codificación se da con la Declaración de París de 1856 sobre patente de corso, contrabando de guerra y bloqueo naval. Pero es en la Primera Conferencia de Paz de la Haya (1899) donde empieza a proyectarse la iniciativa de codificar materias internacionales. Una especificación somera de lo realizado en el siglo XX arroja una lista bastante amplia de congresos, reuniones o declaraciones.
1.-
La Segunda Conferencia de Paz de la Haya, 1907, se adoptaron convenios sobre leyes y costumbres de la Guerra Marítima.
2.-
Declaración Naval de Londres, 1909, sobre bloqueo marítimo y apresamiento de buques.
3.-
Conferencia de la Sociedad de las Naciones, 1930, sobre codificación del Derecho Internacional.
4.-
Reunión de Cancilleres, Panamá, 1939, para establecer una zona de seguridad y protección marítima del continente americano.
5.-
Declaración del presidente de los Estados Unidos, H.S. TRUMAN, 1945, sobre plataforma continental o lecho del mar y subsuelo adyacente a las costas del Estado.
6.-
Declaración del presidente Chileno, GABRIEL GONZALEZ VIDELA, 1947, sobre 200 millas de jurisdicción marítima.
7.-
TIAR, 1947, que representa la declaración y confirmación de los decidido en la reunión de Cancilleres en Panamá en 1939.
8.-
Convención de Ginebra, 1949, condición de heridos y náufragos de la F.F. Navales y Guerra Marítima y revisa la Conferencia de la Haya de 1907.
9.-
Décima Conferencia Interamericana, 1956, Consejo Interamericano de Juristas, Conferencia Interamericana sobre Derecho del Mar.
10.-
I Conferencia del Mar, Ginebra 1958.
11.-
II Conferencia del Mar , 1960, objetivo anchura del mar territorial.
12.-
Declarar los fondos marinos patrimonio común de la humanidad, 1967; se concreta en 1971 con la Resolución ONU:27.49.
13.-
Declaración de Santo Domingo sobre problemas del mar, 1972.
14.-
Primera Etapa de la Conferencia sobre Derecho del Mar convocada por la ONU en 1970, sin ningún resultado. 1975, Segunda Etapa en Ginebra, texto informal.1976, Tercera y Cuarta Etapa en Nueva York, texto único revisado. 1977, es adelantada entre Nueva York y Ginebra, texto consolidado, uno integrado oficioso y texto de tratado en Nueva York. 1982, Segunda Etapa, texto del Convenio aprobado.
5.-
SENTIDO DE LA EVOLUCION POSITIVA De lo anterior se aprecia el rápido auge del Derecho del Mar y el interés de las naciones por el medio marino. Esto porque el mar no solo es visto como vía para las relaciones comerciales sino como fuente de riqueza y subsistencia, pesca, la exploración y explotación de recursos, la utilización del recurso marino, hacen aparecer rivalidades entre los pueblos, según sea la mayor o menor extensión de las costas, la mayor o menor riqueza pesquera, la capacidad ofensiva o defensiva y sus proyectos de desarrollo futuro. EVOLUCION:
Primera etapa con el JUS COMUNICATIONIS con Crossio y Selden. El JUZ COMUNICATIONIS representó el centro de interés del los países marítimos a partir del renacimiento. Segunda etapa, en la Primera Guerra Mundial aparece la aviación y el submarino y se incrementan las flotas pesqueras y el mar es visto como zona de expansión para aprovechar sus recursos. Finaliza con la Segunda Guerra Mundial donde se violó el Derecho Marítimo tanto para la paz como para la guerra. Ya no es el JUS COMUNICATIONIS lo principal sino el aprovechamiento de los recursos marinos.
Tercera Etapa, a partir de 1945 aparecen criterios como plataforma continental, explotación económica del medio marino, aparición de los fondos marinos en el Derecho Marítimo, aprovechamiento de los recursos vivos no vivos. En estos cuatro (4) puntos se concreta la problemática actual en donde chocan política, economía y derecho. Si se tiene en cuenta que la superficie de la tierra abarcada por mares y océanos, sin tener en cuenta mares, ríos y lagos interiores, es aproximadamente de trescientos sesenta millones de kilómetros cuadrados (360.000.000 K2) y la de los continentes es tan solo de ciento cincuenta millones de kilómetros cuadrados (150.000.000 K2) podrá comprenderse la importancia del recurso agua para finales del siglo XX. Solo el océano Pacífico posee ciento ochenta millones de kilómetros cuadrados (180.000.000 K2) y el Atlántico ciento cinco millones de kilómetros cuadrados (105.000.000 K2) cabe percibir que la carrera por el control de las riquezas marítimas es preocupación de alta prioridad para los Estados. Dada la calidad de derecho en evolución la situación actual es atractiva e importante para un país como Colombia dotado de abundante costa y gran extensión de mar. En tiempo de evolución jurídica muchos adelantos se logran cuando se sabe captar la realidad geográfica y se desea defenderla de otros intereses. Debemos aceptar y tomar todas las posiciones jurídicas que amplíen los derechos de Colombia, siempre dentro de la equidad y la justicia. Minimizar los posibles derechos colombianos por temor a que no tengan apoyo en el mundo entero supone desconocer la trayectoria real del derecho internacional cuya evolución se produce por reclamaciones unilaterales internacionales que elevan los países con visión y fuerza moral de proclamar una nueva necesidad y de crear la norma jurídica adecuada para su protección. CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO
A esta altura estamos en situación de dar una definición de esta rama del derecho que aunque parezca extraña no la ven los tratadistas independientemente sino como parte de sus tratados de derecho internacional público. "
El Derecho Internacional Marítimo es parte del Derecho Internacional Público que regula las relaciones internacionales en el medio marino o acuático y su explotación, mediante normas escritas y no escritas".
DIVISIONES Y CLASIFICACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO
Geográficamente el territorio marítimo constituye una sola unidad pero jurídicamente ofrece diversas situaciones según sobre lo que de el, pretenda el Estado. Hoy día, lecho, líquido, fauna, flora y minerales son objeto de exploración y explotación. Si se miran todos estos aspectos se comprenderá la bastedad de la materia: Derecho
Marítimo de Paz, Derecho Marítimo de Guerra, pero también Derecho Internacional Marítimo Público y Derecho Internacional Marítimo Privado. LA DIMENSION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO -
HORIZONTAL
Aguas interiores Mar territorial Zona contigua Zona económica exclusiva Alta mar
-
VERTICAL
Masa de aire existente sobre el agua Superficie del agua como medio líquido para la navegación Masa líquida de agua entre superficie y fondo para navegación submarina y explotación pesquera Lecho acuático o suelo marino donde estan depositados los minerales Subsuelo marino
De las Convenciones de Ginebra de 1958 dos corresponden a la horizontalidad y dos a la verticalidad. LO NACIONAL Y LO INTERNACIONAL DE LAS AGUAS
Mientras más claramente la Nación sepa lo que le pertenece y corresponde, más dispuesta estará a luchar por todo aquello que considere y sabe que es suyo. Debemos favorecer y proteger todas las veces que un derecho en gestión o en variación autorice una interpretación favorable y legitimable para Colombia y si alguien pretende que tal posición se opone al derecho se debe replicar que primero deberá probarse la existencia de ese derecho porque el auténtico derecho internacional se ha forjado a través de largas controversias donde las apetencias de mera fuerza se disfrazan de derecho. SINTESIS DE LO ANTERIOR
De lo expuesto se concluye: a)
El Derecho Internacional del Mar hunde sus raíces en los más antiguos tiempos históricos, aunque es en la edad media por obra de las Repúblicas Marítimas Mediterráneas que se alcanza a singularizar y establecer.
b)
A partir del descubrimiento de América en 1492 y la Bula Papal de Alejandro VI en 1493 tomó gran importancia el Derecho Internacional Marítimo debido a causas políticas y por los grandes tratadistas de la época, VICTORIA, GENTILE, GROSSIO y SELDEN.
c)
Desde el siglo XIX en adelante, dado el auge de las comunicaciones marítimas y el incremento de la pesca, tanto el derecho internacional como la parte acuática del mismo experimentan avances doctrinales que le dan al Derecho Internacional del Mar su gran independencia.
d)
Paralelo a la evolución doctrinal se da una evolución del derecho positivo, consuetudinario primero y escrito después.
e)
Las principales actividades codificadoras se inicias en el siglo XX con la segunda conferencia de la Haya de 1907 hasta alcanzar la tercera conferencia sobre Derecho del Mar en 1982. Punto culminantes han sido: la declaración TRUMAN sobre plataforma submarina; la creación de la CPPS; la primera conferencia sobre Derecho del Mar en 1958; la declaración de las Naciones Unidas sobre los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad en 1971; y, la tercera conferencia del mar que dio como resultado la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. CONFERENCIAS SOBRE DERECHO DEL MAR Y CONVENIOS RELATIVOS A ASPECTOS MARITIMOS
Como lo hemos indicado la verdadera evolución del derecho del mar se ha verificado con gran preminencia durante el presente siglo y a partir de la Segunda Guerra Mundial en forma por demás inusitada pudiendo por esta razón concretar nuestro estudio al Derecho Internacional del Mar en los textos de las convenciones logradas en las denominadas conferencias sobre Derecho del Mar a saber:
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CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL MAR. GINEBRA 1958
La base para preparar y elaborar cuatro (4) textos de convención que en últimas resultaron de las deliberaciones de la conferencia fueron dadas por la Comisión de Derecho Internacional y un proyecto elaborado por dicha Comisión recogido en setenta y tres (73) artículos y con asistencia de ochenta y tres (83) Estados. Las cuatro (4) convenciones que surgieron de la Conferencia fueron: -
Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua.
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Convención de Ginebra sobre Alta Mar.
-
Convención de Ginebra sobre Plataforma Continental.
-
Convención de Ginebra sobra la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar.
Veamos brevemente cada una de ellas.
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CONVENCION SOBRE MAR TERRITORIAL Y ZONA CONTIGUA.
Entre los temas sometidos a discusión y votación de los participantes figuraba esta convención que en la mayoría de sus partes alcanza pleno consentimiento excepto en la anchura del Mar Territorial. Se presentaron dos (2) corrientes: tres (3) millas y doce (12) millas. No se establece anchura. Define el Mar Territorial extendiéndose la soberanía sobre el espacio aéreo y sobre el lecho y subsuelo del mar. Establece la baja marea como línea de base normal y el concepto de línea de base recta. Consideró las aguas situadas dentro de las líneas de base como aguas interiores. Define bahía. Establece el derecho de paso inocente a través del Mar Territorial entre otras reglas específicas y aplicables a todos los buques en su navegación por dicho mar. Establece una Zona Contigua al Mar Territorial. Establece la línea media para solución de conflictos para la delimitación.
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CONVENCION SOBRE PLATAFORMA CONTINENTAL
Esta convención fue ratificada por Colombia mediante Ley 9 de 1961 y depositado el instrumentos de ratificación ante las Naciones Unidas el ocho (8) de Enero de mil novecientos sesenta y dos (1962). Su objeto es definir y delimitar los derechos de los Estados a explorar y explotar los recursos naturales de la Plataforma Continental. Sirve para fijar algunas líneas generales que se han incorporado al Derecho Internacional contemporáneo. -
CONVENCION DE GINEBRA SOBRE ALTA MAR DE 1958
Es el primer texto que podríamos llamar oficial para definir Alta Mar. La Comisión del Derecho Internacional que había recibido de las Naciones Unidas la misión de preparar un texto para Ginebra/58 hizo eco de la tradición secular y principalmente de la libertad de mares. La Convención es muy precisa en el análisis de ciertos derechos y facultades que poseen los Estados respecto a la Alta Mar, pero es
deficiente en la definición que de la misma hace en su artículo 1o. al expresar: SE ENTENDERA POR ALTA MAR LA PARTE DEL MAR NO PERTENECIENTE AL MAR TERRITORIAL NI A LAS AGUAS INTERIORES DE UN ESTADO. Como puede apreciarse es una definición negativa; prácticamente dice que es Alta Mar todo aquello que no este bajo jurisdicción soberana de ningún Estado. Es una definición residual pero formada por dos terceras partes (2/3) de todo el agua de la tierra lo que merecía un tratamiento jurídico más adecuado. Al no ponerse de acuerdo sobre lo que debía considerarse ALTA MAR se prefirió una definición negativa, es decir, lo que NO ES mar territorial ni agua interior. La convención establece los derechos y obligaciones de los Estados en ALTA MAR y entre sus libertades se establecen cuatro (4) a saber: i) de navegación; ii) de pesca; iii) de colocar cables y tuberías submarinas; y, iv) de vuelo sobre alta mar.
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CONVENCION SOBRE PESCA Y CONSERVACION SOBRE LOS RECURSOS VIVOS DE ALTA MAR / 58
Ratificada por Colombia mediante Ley 119/61 y depositados los instrumentos de ratificación ante las Naciones Unidas el veinte (20) de Marzo de mil novecientos sesenta y seis (1966). La convención tiene como objetivos resolver, sobre la base de la cooperación mundial, los problemas que suscita la explotación de los recursos vivos de la Alta Mar considerando que el desarrollo de la técnica moderna tiende a desaparecer a algunas especies. -
CONFERENCIA DE GINEBRA DE 1960
Dado el fracaso de la conferencia de Ginebra / 58 para establecer una distancia del Mar Territorial fue convocada una segunda conferencia para tratar dicho tema y otros menores no resueltos. Tuvo lugar en la misma ciudad de Ginebra entre el diez y siete (17) de Marzo y veintiséis (26) de Abril con asistencia de ochenta y ocho (88) Estados. La reunión que adquirió dramáticos contornos al referirse al ancho del Mar Territorial, se centro básicamente en dos corrientes: a)
Una que proponía seis (6) millas
b)
Otra que proponía doce (12) millas
La primera corriente estaba representada y encabezada por Estados Unidos quien renunciaba así a la tradicional medida establecida a fines del siglo XVIII. La segunda corriente por dieciocho Estados a los cuales se agregaron después varios más. Ninguna de las medidas propuestas sobre anchura del Mar Territorial y de la Zona Pesquera alcanzó la necesaria sanción de dos tercios (2/3) de los votos. -
LA III CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHO DEL MAR (1973-1982) E INTRODUCCION A LA CONVENCION DE MONTEGO BAY / 82
Esta conferencia se inicio en Caracas en 1974 y terminó en Nueva York en 1982 cuando se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La conferencia se convocó con el fin de revisar los cuatro (4) textos convencionales de Ginebra / 58. Por el escaso número de Estados que asistieron y habían aprobado los textos de Ginebra y que en ella no participaron muchos Estados del tercer mundo que para la década del setenta existían. El concepto del 58 de colonización de los mares se cambio por "los recursos naturales de los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad" Se acuerdan zonas de jurisdicción más amplias etc. En la III Conferencia se generaron arduas negociaciones entre los Estados reflejándose en la mayoría de las veces el espíritu de transacción de todas las delegaciones presentes éstos porque el fin era establecer un nuevo orden internacional para los mares y los océanos, orden que se logró con la adopción de la convención de 1982. Este instrumento internacional constituye en el Derecho Internacional el marco jurídico general del Derecho del Mar y ofrece un mecanismo adecuado para la paz internacional, la protección del medio marino, los usos legítimos del mar y de sus recursos. La Convención del Nuevo Derecho del Mar es en si un sistema para el uso y aprovechamiento sostenible de los espacios marinos y costeros y de los recursos contenidos en ellos, principalmente mediante la ordenación adecuada de los recursos vivos y la protección de los ecosistemas. Es la línea divisoria, en el actual enfoque terrestre y mediterráneo con que ha sido tratado el mar y coloca en su verdadera dimensión y perspectiva todo lo que con él se relaciona. La Convención del Mar / 82 es la culminación de un proceso que encierra cuatro (4) instrumentos internacionales precursores que son las Convenciones de Ginebra de 1958.
El texto de la III Convención del Mar fue adoptado el diez (10) de Diciembre del año de 1982 en Montego Bay (Jamaica) y entró en vigor el pasado mes de Noviembre de 1994 después de efectuado el depósito número sesenta (60) de instrumentos de ratificación. Colombia la suscribió pero no la ha aprobado. De los treinta y tres (33) Estados que integran actualmente la América Latina y el Caribe solo tres (3) no suscribieron la Convención (Ecuador, Perú y Venezuela) y de los treinta (30) firmantes apenas once (11) la han ratificado. Dentro de los aspectos que han influido en esta situación la mayoría de los juristas coinciden en señalar la posición que adoptaron los gobiernos de los Estados Unidos y de la entonces República Federal Alemana al cuestionar algunas cláusulas de la parte XI y anexo sobre el régimen aplicable a los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, por considerarlos contrarios a sus intereses. Esta posición ha tenido ingerencia en otras naciones del este y oeste e incluso en países en desarrollo. Colombia no la ha ratificado debido a las implicaciones que las normas de dicho tratado podrían tener sobra la solución del diferendo concerniente a la frontera marítima con Venezuela. La Convención sobre el Derecho del Mar es, como indicamos, fruto de intensas negociaciones durante más de diez (10) años. El proceso comenzó en 1967, cuando el entonces representante de Malta ante la Naciones Unidas, embajador Alvin Pardo, sugiere ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que los fondos marinos y oceánicos deben utilizarse para fines pacíficos y declarar sus recursos como patrimonio común de la humanidad. Tres (3) años más tarde la Resolución 2749 (XXV) de la Asambleas General de las Naciones Unidas recoge esta filosofía y declara que los fondos marinos y oceánicos, situados fuera de los límites jurisdiccionales de los Estados y sus recursos, son patrimonio común de la humanidad. Por su parte la Resolución 2750 (XXV) del mismo organismo crea la Comisión de las Naciones Unidas sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional (conocida como la Comisión de los Fondos Marinos). Esta entidad o Comisión funcionó durante tres (3) años como la entidad competente para formular propuestas sobre lo que sería el nuevo Derecho del Mar. A partir de 1973 comienzan las negociaciones propiamente dichas en virtud de los dispuesto en la Resolución 3067 (XXVII) en la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la cual se convoca la tercera conferencia sobre el Derecho del Mar. Este proceso de negociación dura más de una década y representa el ejemplo más edificante de la cooperación internacional.
En diez (10) períodos de secciones celebrados alternativamente en Nueva York y Ginebra, ciento cincuenta y dos (152) Estados lograron elaborar una Convención comprendiendo todos los aspectos sobre el Derecho del Mar. La tarea no fue fácil, ya que se trataba de acumular todos los interés políticos, económicos y geográficos de los Estados Participantes. El nuevo tratado es, por lo tanto, un instrumentos de transacción en el cual no se refleja la posición de ningún Estado en particular. Es conveniente indicar que para lograr este objetivo, fue necesario acordar un procedimiento y una filosofía muy novedosa. Las normas que se adoptaran tenían que ser producto del consenso. Solo cuando se hubiesen adoptado todos los esfuerzos para lograrlo podría acudirse al procedimiento de votación. Esta regla de oro se consagró en el reglamento de la conferencia garantizando la plena participación de los Estados y para lograrlo se hizo necesario ir elaborando todas y cada una de las disposiciones de la nueva convención. Esto explica, que en la mayoría de las sesiones de la Conferencia se hubiesen adoptado textos o proyectos de Convención. En 1975 se adoptó un texto únicos de negociación; en 1976 se adoptó el texto único de negociación revisado; en 1977 se adoptó el texto integrado para fines de negociación; en 1980 se adoptó el texto oficial de proyecto de Convención; y, en 1981 un segundo texto oficial sobre proyecto de Convención. Los textos referidos se elaboraron sobre la base de que todas las partes deberían estar íntimamente relacionadas entre sí. Fue lo que se conoció como acuerdo global de la Convención. Ello explica que la Convención no acepte (309) ninguna clase de reservas, al punto que las enmiendas presentadas en el último período de sesiones para modificar la Convención en sentido contrario fueron abrumadoramente rechazadas. Así sucedió con la presentada por Venezuela para permitir reservas sobre los artículos relacionados con la delimitación del Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental. -
ALGUNOS ASPECTOS DE LA NUEVA CONVENCION DEL MAR.
Fue adoptada el treinta (30) de Abril de mil novecientos ochenta y dos (1982) cuando su presidente, el Embajador de Singapour, Tommy Koh, manifiesta haber agotado todos los esfuerzos para llegar a un consenso y expresa la necesidad de acudir al procedimiento de votación según el reglamento de la Conferencia. La Convención fue adoptada por ciento treinta (130) votos a favor (incluida Colombia), diez y siete (17) abstenciones y cuatro (4) votos en contra (Israel, Estados Unidos, Turquía y Venezuela); el diez (10) de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos (1982) se abre a la firma y se suscribe por ciento diez y nueve (119) Estados Junto con el acta final. El acta inserta las resoluciones adoptadas en Jamaica y relativas a los siguientes aspectos:
1.-
Establecimiento de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
2.-
Territorios que no hayan alcanzado la plena independencia.
3.-
Inversiones preparatorias en actividades relacionadas con los nódulos polimetálico.
4.-
La Convención de Derecho del Mar consta de trescientos veinte (320) artículos y ocho (8) anexos y representa no solo la consagración de muchos aspectos recogidos por el Derecho Consuetudinario, sino la inserción de importantes innovaciones relacionadas con las nuevas realidades geográficas y políticas y los avances de la tecnología y la ciencia. Entre los aspectos más novedosos pueden citarse, entre otros, la consagración de las doce (12) millas para el Mar Territorial; la aceptación de la Zona Económica Exclusiva para la exploración y explotación de los recursos naturales; la diferencia de régimen para islas y las rocas; la inclusión del nuevo Estado Archipielágico; el establecimiento de la Zona Internacional, cuyos recursos se consideran patrimonio común de la humanidad; el régimen especial para la preservación y control de la contaminación del medio marino, otro para la investigación científico marina; y, un sistema de solución de controversias.
MAR TERRITORIAL
Desde remota antigüedad los estados marítimos han proclamado una zona de agua vecina a sus costas para someterla a su jurisdicción. En el transcurso de los siglos esta zona ha ido adquiriendo características propias hasta llegar a se lo que hoy se conoce como mar territorial y propiedad de un determinado Estado costero. Los romanos consideraban que el mar costero era propiedad de todos y expresaban que son cosas naturales comunes a todos el aire, los ríos y el mar. Pero este concepto cambio cuando Roma invadió todas las costas del mar mediterráneo motivando la formula de Maren Nostrum. Esta condición de mar nacional influyó en la cultura de la Edad Media y Repúblicas Marítimas de ese tiempo, desarrollándose la idea de un mar adyacente a sus costas en distancias que variaban según fuera la ambición y capacidad del Estado pero ejerciendo un control soberano. En el siglo XVIII aparece la obra de Cornelio Van Bynkershoek en Holanda (1702) titulada De Dominio Maris, en la que sentó el principio de que el mar vecino a las costas es apropiable si cae bajo el control de los cañones de la costa dada la distancia del proyectil lanzado desde tierra. Podrá comprenderse que por el escaso alcance la franja era pequeña y que por esta razón los países costeros erigieron fuertes y murallas en
todos sus puertos como medio de controlar su uso, asegurar su defensa y establecer su dominio. A partir de este siglo se suceden tratadistas que de una u otra manera expresan el parecer de la potencias en cuanto al mar próximo a su país para someterlo a su jurisdicción pero previendo al mismo tiempo la libertad de navegación. Desde entonces y hasta este siglo la estructura jurídica del mar territorial queda fijada en conformidad con los siguientes criterios: a)
Una faja de agua vecina a las costas del Estado.
b)
Esa faja es de una anchura limitada.
c)
Dicha anchura depende de la capacidad de control desde tierra firma.
DEFINICION DEL MAR TERRITORIAL
A través de los tiempos doctrina y tratadistas has venido definiendo lo que es el Mar Territorial. En el presente siglo son varios los conceptos que se erigen sobre el Mar Territorial: -
Conferencia de la Haya de 1930. Expresa que el territorio de un Estado incluye una franja de mar adyacente a sus costas descrita como Mar Territorial; pero como se sabe esta conferencia fracaso al tratar de establecer el ancho de dicho mar.
-
La Convención de Ginebra/58 sobre Mar Territorial y Zona Contigua, que en su artículo 1o. lo de define así: " La soberanía de un Estado se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores, a una zona de mar adyacente a sus costas designada con el nombre de mar territorial". Esta definición sintetizó el aspecto espacial de la distancia como valor jurídico de la misma quedando solo por determinar la anchura de dicho mar.
-
La declaración de Santo Domingo/72 recoge la misma definición ginebrina y la fija en doce (12) millas.
-
Texto de Jamaica de 1982 se reproduce lo dicho en Ginebra con un solo agregado (artículo 2o. numeral 1o.): " La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, y en el caso del Estado archipielágico de sus aguas archipielágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial".
Dadas las anteriores definiciones podemos concluir que mar territorial es la zona de mar adyacente a las costas o a los límites de las aguas interiores de un Estado, sobre la cual éste extiende su autoridad y control en forma soberana reconociendo el paso inocente de naves extranjeras.
ANALISIS DEL CONCEPTO
Es importante saber el alcance que encierra la esencia del Mar Territorial. Sabemos que sus aguas se extienden a partir de sus costas sean continentes o islas, y a partir de las líneas de base rectas que cualquier Estado haya trazado en sus archipiélagos costeros o en sus partes fragmentadas. El Mar Territorial comprende todo cuanto sigue: a)
Superficie misma de dicha franja de agua territorial
b)
La masa de todo el agua que se extiende entre dicha superficie y su respectivo lecho
c)
El lecho o fondo marino de esa masa de agua
d)
El subsuelo marino que corresponde al referido lecho
e)
Todas las especies vivas que existan (vegetales o animales) en el agua o sobre ella
f)
Todos los minerales depositados sobre su lecho y los elementos energéticos que hay en el agua
g)
Toda la columna de aire existente sobre la superficie del mar territorial.
De esta manera y contemplándolo verticalmente, el Mar Territorial se extiende a partir de las costas o de las líneas de base rectas o de las aguas interiores en dirección a la alta mar abarcando el aire, el agua y la tierra submarina. ANALISIS JURIDICO DEL MAR TERRITORIAL
La Primera Conferencia de Derecho del Mar de 1958 estatuye la naturaleza del Derecho estatal sobre el Mar Territorial al indicar claramente: 1.-
La soberanía de un Estado se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores a una zona de mar adyacente a sus costas designadas con el nombre de Mar Territorial.
2.-
Esta soberanía se ejerce de acuerdo a las disposiciones de estos artículos y las demás normas de Derecho Internacional.
3.-
La soberanía del espacio ribereño se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.
Por su parte la Convención sobre Derecho de Mar de 1982 reprodujo el texto anterior distribuyéndolo en tres (3) en lugar de dos (2); nada hubo que variar en un cuarto de siglo excepto la aparición de los Estados archipielágicos con sus aguas territoriales correspondientes. Se puso término así a una discusión jurídica en el sentido de que si había soberanía o jurisdicción.
Es conveniente señalar en todo caso que los países marítimos siempre se arrogaron el poder soberano sobre la franja de mar vecina a sus costas y controlable desde estas. QUE ES SOBERANIA Y QUE ES JURISDICCION? SOBERANIA Es la autoridad del Estado en cuanto tal, sea externa o interna, comprende el dominio y el imperio. Por lo tanto el país que tiene un bien en su poder tiene respecto a él un dominio y en relación a las personas que utilizan dicho bien poseen imperio. JURISDICCION
Es la facultad de administrar justicia. Su extensión es la mismas que la del imperio.
De lo anterior se desprende que jurisdicción es la aplicación del imperio y a través de ella el Estado controla las actividades de las personas, dirime sus conflictos y falla sus pleitos para poder sancionar si se quebranta la legislación. De esta manera el Estado ribereño posee un triple facultad que se desprende se su soberanía: dominio, imperio y jurisdicción integrantes de la soberanía estatal. Es por esta razón que las múltiples conferencias en que se ha tratado el tema del mar territorial se ha acuñado la denominación soberanía. Esa soberanía cualificada, es una buena fórmula para entender como debe armonizarse el derecho nacional con el internacional dado que justifica la soberanía sobre el mar territorial: a)
por una parte, la protección de sus costas
b)
por la necesidad de utilizar los recursos naturales de las aguas adyacentes.
c)
por la apropiación y control de esas aguas
d)
por la necesidad de proteger la libertad de las comunicaciones marítimas y mantener abiertos sus puertos al comercio.
Todo ello contribuye a fundamentar la autoridad estatal sobre el mar adyacentes y hace que interese, a la ves, al Ambito del derecho nacional e internacional. El Derecho Internacional Marítimo al decir que el Estado posee soberanía sobre el Mar Territorial, su agua, su lecho y su subsuelo, esta indicando que existe una plenitud de jurisdicción y de imperio que solo reconoce las limitaciones establecidas por el uso internacional y que mas adelante se analizarán. DERECHO A FIJAR LA ANCHURA
Indudablemente, el primer derecho que posee todo Estado costero es el de fijar el ancho de su Mar Territorial. La evolución histórica indica que fueron las pretensiones de distintos Estados europeos de apropiarse de bastas extensiones de mar, las que, por reacción, desarrollaron el principio de la libertad de la navegación propia de la alta mar y
redujeron el control estatal a sus dimensiones efectivas. Vino a configurarse la naturaleza jurídica del Mar Territorial como vecino a las costas y controlable desde estas. Sin embargo debe distinguirse la facultad soberana del Estado ribereño para fijar el Mar Territorial propio, de la anchura o extensión que dicho Estado adjudique a esas franjas de mar adyacente a sus costas. Son dos (2) problemas distintos. Tan distintos que mientras el primero (la facultad de fijar un mar) no es discutido por nadie en cambio si lo es el ancho que deberá tener. En el derecho nacional se determinó el Mar Territorial mediante Ley 10 de 1978. Paulatinamente se ha ido desplazando el acento del derecho nacional hacia el derecho internacional. El problema de la anchura de estas aguas provoco la Conferencia de la Haya de 1930 y condujo a las Convenciones respectivas de Ginebra/58, Ginebra/60 y Jamaica/82. Tanto el derecho nacional como internacional coinciden en reconocer el principio de que la autoridad del Estado sobre sus aguas territoriales es una prolongación en ellas de su soberanía terrestre. El Estado ribereño está facultado por su propia autoridad soberana y, a la vez, por el reconocimiento que de ésta hace el derecho internacional a establecer su Mar Territorial, ello implica: a)
Fijar el límite interno del mismo
b)
Fijar el límite externo del mismo
c)
Fijar el o los límites laterales del mismo
LIMITE EXTERNO DEL MAR TERRITORIAL - LINEAS DE BASE
Las aguas territoriales que bañan una costa están sujetas al régimen de los mares que allí existan. Puesto que las aguas suben y bajan, alternativamente, se ha adoptado como límite la de la más baja marea. Así mismo, la costa puede ser continua o discontinua, es decir, fragmentada en islas, islotes, arrecifes, golfos, bahías, etc. Se comprende pues que estas dos (2) circunstancias, movilidad de las aguas y geografía de la costa obligan a soluciones diversas. a)
COSTA CONTINUA - MAREAS
El derecho romano reconoció el principio de la baja mar y así fue recogida por múltiples legislaciones incluida la colombiana. Es importante fijar el límite de las mareas ya que él constituirá la línea de base desde la cual el país empieza a medir la anchura del Mar Territorial. La línea de base ha sido asignada en la mayoría de los casos a la más baja marea. Esta opinión que recoge la actitud corriente d los Estados desemboca en
la redacción que la convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua de 1958 establece en su artículo 3. (Ver artículo 3). En sustancia el texto del artículo 3 se mantuvo en la Convención de Jamaica de 1982 transformándose en el artículo 5 aunque bajo el subtítulo de línea de base normal. (En el caso colombiano está contemplado en la Ley 10/78). Por lo tanto, en el caso de una costa continua, la baja mar constituye en términos generales la línea de base desde la cual debe empezar a contarse la anchura del Mar Territorial. Esta línea será el límite interior. b)
COSTA CONTINUA O FRAGMENTADA
En este caso se trata de una situación diversa, puede suceder que la costa ofrezca sinuosidades rompientes cadenas de islas lo suficientemente unidas o bastante próximas a la costa continua. Esto hace que el sistema de la baja mar resulte inadecuado como línea de base, por tanto, el criterio para determinar la línea de base de este tipo de territorios quedó reconocido, a la vez que configurado en el método geométrico de las líneas de base rectas aplicado a las costas discontinuas o fragmentadas en la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial, artículo 4. (Ver artículo 4). En el texto de la Convención de Jamaica de 1982 se copio fielmente en el artículo 7 lo trascrito de Ginebra con la única salvedad de que en lugar de indicar que el trazado de las líneas " no puede apartarse de la costa" se dijo " no debe". LARGO DE LAS LINEAS DE BASE RECTAS
Una vez aceptado el procedimiento geométrico de las líneas rectas y establecido que ellas deben mantener la dirección general de la costa quedaba un punto por resolver: su extensión. Al respecto nada dice la Convención de Ginebra/58 ni la de Jamaica /82 (como si lo hace, esta última, respecto a las bahías en el artículo 10). Cumplidas las condiciones el Estado Ribereño puede establecer libremente el trazado de las líneas de base rectas o sea el límite interior de su Mar Territorial. LAS LINEAS DE BASE RECTAS Y LAS CONVENCIONES
La conferencia de Ginebra recogió la experiencia de la práctica de los Estados y a su vez fue recogida por la Tercera Conferencia en la Convención de Jamaica/82 artículo 7, sintetizándose de la siguiente manera: a)
Países cuyas líneas de base continental está sujeta a fluctuaciones, artículo 7 punto 2.
b)
Cuando hay elevaciones que emergen en baja mar siempre que hayan sido objeto de un reconocimiento general, artículo 7 punto 4.
En resumen conforme a estas dos (2) Convenciones el Estado Ribereño: 1.-
Es soberano para adoptar el método de línea de base recta u otro que estime pertinente.
2.-
Es soberano para adaptarlo a toda su costa o parte de ella.
3.-
Es soberano para hacerlo en sectores continuos o discontinuos.
4.-
Es soberano para tener en cuenta los intereses económicos demostrando un prolongado uso.
La autoridad del Estado Ribereño queda de esta forma plenamente asegurada, puesto que solo él puede ser juez exacto de sus intereses y estimar el mejor modo de trazar sus líneas de base desde las cuales medirá tanto el Mar Territorial como la Zona Económica Exclusiva. Sin embargo, debido a que la comunidad internacional puede resultar afectada si el trazado es arbitrario, ambas convenciones han establecido las siguientes limitaciones: 1.-
El Estado no debe apartarse de una manera apreciable de la dirección general de la costa.
2.-
El Estado debe velar porque las zonas de mar ubicadas del lado de la tierra estén suficientemente vinculadas al dominio terrestre.
3.-
El estado deberá evitar que su línea se trace desde o hacia rocas que solo emerjan en baja mar.
4.-
El Estado no puede aplicar sus líneas de tal suerte que aísle el Mar Territorial de otro Estado de la Alta Mar o de la Zona Económica Exclusiva.
5.-
El Estado debe publicar en sus cartas náuticas con coordenadas establecidas las zonas de líneas de base.
Queda cautelado de esta forma del interés de terceros Estados al imponer al trazante ciertas normas y pautas de conducta que al mismo tiempo que favorecen la soberanía del ribereño protegen a aquellos. De acuerdo con lo anterior el Estado Ribereño es libre de trazar sus líneas de base cuando lo estime conveniente y en los sectores que desee proteger con las únicas limitaciones antes señaladas. EFECTOS JURIDICOS DE LAS LINEAS DE BASE
El efecto propio es el establecer, con toda claridad , un límite. Separan las aguas que constituyen el Mar Territorial de aquellas que configuran las interiores (artículo 9 de la Convención de Jamaica, numerales 1 y 2). Así toda línea de base, natural o trazada, establece hacia un lado de ellas (tierra) las aguas interiores y hacia otro lado (alta mar) el Mar Territorial. Esto constituye el límite interno de las aguas territoriales.
LIMITE EXTERIOR DEL MAR TERRITORIAL
Se trata de la distancia a la cual debe estar diseñada la línea externa no de la figura geométrica que ella se ha de adaptar. Esto último es sencillamente la paralela. Se comprende pues que no existe el menor asomo de dificultad para efectuar sobre un mapa el trazo paralelo al límite exterior. Ello lo establece la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua de 1958 en su artículo 6. El problema de esta convención surge con la extensión la cual no llego a establecerse. EVOLUCION DE LA ANCHURA
Hacia fines de la edad media las potencias desarrollaron un inmenso poder marítimo llevándolos a controlar sus vías de acceso y motivando a otros países a preocuparse del agua vecina a sus costas. Noruega fija la teoría del alcance de la vista y fue en virtud de este principio, del alcance de la visual del horizonte, que Escocia reclamó 14 millas, Francia y Gran Bretaña 21 y los países bajos 15 millas. Ya sabemos sobre la Bula Papal en el siglo XXV, del Tratado de Torresillas de 1494 y de la discusión de Grossio y Selden en el siglo XVII la cual giró sobre la anchura del mar adyacente. LA IMPOSICION DE LAS TRES MILLAS
Aunque se había fijado en el siglo XVIII que la distancia era la de tiro de cañón (3 o 6 millas) la distancia era variable pero en la practica el límite marítimo comenzó a ser definido mas claramente dentro de un límite fijo de 3 millas que correspondía a un disparo de cañón de esos días. La milla de que se trata es la náutica, esto es 60 a un grado de latitud y equivale a 1853 metros. Se debe tener en cuenta que la legua marina es igual a tres millas náuticas. En el siglo XVIII Estados Unidos a través de su Secretario de Estado Tomas Jefferson (1793) expresa que su país reconoce las tres (3) millas posición que es avalada por Gran Bretaña en 1805 sosteniendo que el límite que ha venido reconociéndose usualmente es de tres (3) millas desde la costa. CONFERENCIA DE LA HAYA DE 1930
En esta conferencia se produjeron las más variadas opiniones: Tres millas: Estados Unidos, Australia, África del Sur, Canadá, China, Dinamarca Grecia, India, Irlanda, Japón y Países Bajos. Tres millas con zona contigua: Alemania, Bélgica, Egipto, Estonia, Francia y Polonia. cuatro millas: Islandia, Noruega y Suecia.
seis millas:
Brasil, Colombia e Italia.
Además de presentarse otras posiciones. Esta variedad de opiniones estatales obligó a la conferencia a carecer de un acuerdo por lo que su fracaso fue inevitable excepto en declarar que los Estados ejercía soberanía sobre su Mar Territorial y sirvió para manifestar y buscar consenso en el sentido de que no podía ser de tres (3) millas. EVOLUCION POSTERIOR EN AMERICA
1.-
Conferencia de Panamá en 1939
Allí se creo una zona de seguridad que en alguna parte llegaba hasta 300 millas. 2.-
Reunión de la Habana de 1940
Pretende fijar una distancia de 25 millas. 3.-
Reunión de Río de 1948
Fue suscrito el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca "TIAR" ratificando y ampliando la zona marítima de defensa establecida en Panamá en 1939 y extendiéndola de polo a polo. 4.-
Tratado del Pacífico Sur de 1952
Establece las 200 millas desde las costas de los países partes. LA PRIMERA CONFERENCIA DE DERECHO DEL MAR DE 1958
Ya mencionamos que se presentaron dos (2) corrientes: a) la encabezada por Estados Unidos que solicitaba tres (3) millas la cual no tubo la votación mayoritaria; y. b) la de las doce (12) millas la cual tampoco contó con la mayoría suficiente. LA SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE DERECHO DEL MAR DE 1960
Nuevamente se presenta disputa pero esta vez sobre 6 y 12 millas respectivamente y sin llegar a acuerdo alguno fracasó por no lograr ninguna de las dos (2) posiciones las dos terceras partes necesarias para hacerla realidad. LA TERCERA CONFERENCIA SOBRE DERECHO DE MAR DE 1973/82
La evolución que tubo la anchura especialmente en el último cuarto de siglo consiguió unificar los pareceres en el texto de la Convención de Jamaica/82 en base a lo que la mayoría de los países había establecido y codificándose la costumbre mayoritaria (ver artículo 3).
DELIMITACION DE COSTAS ADYACENTES ENFRENTADAS
Todo lo henos dicho se relaciona con la anchura del Mar Territorial en un sentido paralelo a la línea de base. Existen muchos casos propios de países vecinos cuyo límite lateral territorial requiere necesariamente de una línea que delimite los Mares Territoriales adyacentes. O bien existen Estados ubicados frente a frente que también requieren de una delimitación. Ambos casos están contemplados en las Convenciones de ginebra y Jamaica y la solución es de tipo geométrico: la equidistancia. Prácticamente ella representa una línea recta, si es vicectriz de un ángulo en países adyacentes o un línea media cuando se trata de países enfrentados (ver artículo 15 de la Convención de 1982). Sin embargo esa demarcación es supletoria de la voluntad de los Estados los cuales pueden establecer otro límite. Además cuando exista algún motivo histórico o de diversa índole, pueden fijar el límite separatorio de sus respectivos mares territoriales como lo estimen conveniente. Sin embargo la ventaja del procedimiento señalado en ambas convenciones es obvia: puede tratarse con facilidad y constituyen una línea media que adjudique iguales cantidades de agua a los diversos mares territoriales (equidad). La única obligación que las convenciones imponen a los Estados, es la que el límite adoptado quede señalado en las cartas náuticas oficiales de los respectivos países, deben ser publicadas debidamente y ser remitidas copias de tales mapas o cartas a la Secretaría General de las Naciones Unidas. FACULTADES ESTATALES EN EL MAR TERRITORIAL
Establecidas las dimensiones físicas y jurídicas del Mar Territorial procede a analizar las facultades que posee el Estado Ribereño sobre la prolongación de su territorio. Dado que al agua es un elemento de comunicación entre los pueblos, el lugar de acceso apropiado de los buques es el puerto. Para llegar marítimamente a ellos hay que atravesar el Mar Territorial y esto configura la superposición de dos (2) derechos: a) la soberanía del Estado dueño del Mar Territorial; y, b) la soberanía de los Estados a cuya bandera pertenecen los buques extranjeros que navegan en el sector. La solución armónica ha consistido en reconocer al Estado los derechos propios de control de su territorio, y a la vez, reconocer el derecho de terceros Estados para sacar esas aguas territoriales sin convertirse en peligro para el dueño de ellas. De ahí ha salido la fórmula acuñada por el derecho internacional marítimo " Paso Inocente" que constituye un derecho para los Estados y un deber para el Ribereño. La contrapartida jurídica consiste en que el Ribereño posee todos los derechos - salvo el anterior " Paso Inocente" - sobre su Mar Territorial, mientras a los terceros Estados les corresponden los respectivos deberes. Los derechos que se reserva el Estado Ribereño son: 1.-
Derecho exclusivo de pesca en toda la extensión del mar territorial.
2.-
Derecho exclusivo sobre el suelo y el subsuelo del mar territorial.
3.-
Derecho de reserva de cabotaje para los nacionales.
4.-
Derecho de policía, sanidad aduana.
5.-
Derecho reglamentar el paso inocente e imponer su jurisdicción.
6.-
Derecho absoluto sobre el espacio aéreo.
LA SERVIDUMBRE DE PASO INOCENTE
Desde la Edad Media se reconoce este derecho a las naves extranjeras en la Mar Territorial de otro Estado bajo el concepto de derecho de tránsito o paso inofensivo. Se calificaba de Paso Inocente, Inocuo, Inofensivo, Pacífico. La Convención de Ginebra de 1958 zanjó toda posible discusión al establecer que se trata de un paso inocente y lo reforzó la Convención de Jamaica/82 en su artículo 7. Configurado como un derecho para las naves extranjeras y un deber para el ribereño no han faltado quienes aseguren que se trata de un cuasi derecho. Pero es preferible hablar de un derecho limitado puesto que recíprocamente el estado Ribereño y las naves extranjeras deben respetarse sus propias jurisdicciones. En principio el ribereño debe permitir el paso, y, a su vez, la nave debe cuidar que este sea inofensivo. El antiguo uso de paso fue reproducido por el Instituto de Derecho Internacional en su Declaración de París en marzo 31 de 1894. Posteriormente fue recogido en los trabajos preparatorios de la Conferencia de la Haya de 1930 hasta alcanzar su plena confirmación en los artículos 14 a 23 de la Convención de Ginebra de 1958 y artículos 17 a 26 de la Convención de Jamaica de 1982. De sus disposiciones puede captarse una clara definición tanto del paso como de la inocencia y puede observarse que el nuevo texto es mas preciso que el anterior y contiene algunas situaciones que solo implícitamente aparecían en la Convención de Ginebra/58. A su vez lo inocuo queda igualmente definido en el artículo 14 numeral 4 de Ginebra / 58, texto que se reitera en la Convención de Jamaica/82, con algunas modificaciones, en el artículo 19 numeral 1. Lo anterior da pie para estudiar por separado la naturaleza del paso y la inocencia del mismo. ANALISIS DEL PASO INOCENTE
El hecho de pasar un espacio físico implica simultáneamente un movimiento y una dirección. Por esto los textos indican los posibles movimientos de una nave en el mar territorial siempre dentro del concepto que paso implica un avance continuado sin retrocesos o detenciones, a un cuando esto último es aceptable por excepción. De forma que, todo buque extranjero puede pasar, o sea, navegar por aguas de un mar territorial ajeno realizando algunas de las tres formas distintas de movimiento indicadas en las dos convenciones:
1.
Venir de alta mar o de otro mar territorial e ir hacia alta mar o mar territorial distinto atravesando el del ribereño sin tocar sus aguas interiores.
2.
Venir de la alta mar o de otro mar territorial diverso e ir hacia aguas interiores atravesando el mar territorial del ribereño.
3.
Salir de aguas interiores del ribereño y atravesar su mar territorial hacia alta mar u otro mar territorial.
Lo que caracteriza todos estos movimientos es justamente el atravesar un mar territorial ajeno, sea para dirigirse o provenir de sus aguas interiores, sea para utilizar ese mar como un simple medio de navegación. Ahora bien, el derecho comprende por excepción la detención de la nave y esto solo se justifica en la medida en que tal detención ase integre a la navegación o sobreviene inesperadamente. (Ver artículo 14 numeral 3 de la Convención de Ginebra / 58). El texto de Jamaica reproduce el mismo texto de Ginebra con un nuevo motivo (artículo 18 numeral 2 de Jamaica/82). Se trata de un verdadero derecho de detención lo cual es todo lo contrario a pasar. Quedan justificadas dichas detenciones por circunstancias ajenas a la nave, que es cabalmente lo que prueba la inocencia o buena fe de la detención. Se configuran tres situaciones diversas: a)
La detención que configura un incidente normal de la navegación, es decir, que forma parte de ella y puede quedar incluida dentro del paso.
b)
La detención que es provocada por una avería forzosa, donde el calificativo indica a las claras lo involuntario de la detención.
c)
La detención que es producto de un peligro extremo, esto es accidentes en las máquinas, explosión, etc., lo cual aparece con inesperado o involuntario.
A estas tres situaciones reconocidas por Ginebra/58, Jamaica/82 añadió; d)
La detención ocurrida con el fin de prestar auxilio a personas buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave.
Es evidente que en cada uno de los casos anteriores corresponderá a la nave afectada demostrar ante las autoridades el Estado Ribereño lo inofensivo de su detención, es decir, que realmente se encuentra en la situación de excepción que reconocen ambas convenciones. ANALISIS DE LA INOCENCIA
De lo anterior se deduce inequívocamente que tanto el paso como la detención han de poseer el carácter de efectivamente inofensivos ante el derecho. Cada uno de los interesados, el Estado Ribereño por una parte y la nave extranjera por otra poseen obligaciones recíprocas que cumplir. La de las naves reside en su inocencia o inocuidad que se sintetiza brevemente en el artículo 14 numeral 4 de la Convención de Ginebra/58, y/o en el artículo 19 numeral 1 del texto de Jamaica/82. De estos artículo queda formulado que la inocencia consiste en el respeto, en el cumplimiento exacto a la soberanía y a la seguridad del ribereño.
De aquí que la regla general básica en materia sea que el buque navegante debe, fundamentalmente: 1.
No hacer ningún acto violatorio de los derechos del costeros sino concretarse a pasar.
2.
Respetar todas las leyes y reglamentos que el costero haya establecido para la seguridad de la navegación, la protección de los recursos y su propia defensa.
Hay un elemento de voluntad pacífica en al paso inocente, que ampara al buque navegando, voluntad manifestada en la conducta durante su permanencia en aguas ajenas. En el instante mismo en que tal voluntad desaparezca el ribereño tiene pleno derecho a tomar medidas de seguridad. SITUACION DE LOS BUQUES DE GUERRA
Todo lo dicho anteriormente adquiere relieve especial en lo relativo al paso de buques de guerra. En principio, ni la convención de Ginebra/58 ni la de Jamaica/82, hacen distinciones entre los buques mercantes y los de guerra. A pesar de que algunas disposiciones recaen sobre los primeros y no sobre los segundos, en lo relativo al derecho de paso ambos resultan equiparados. Pero hay que pensar que mientras los buques no son de guerra resultan verdaderamente inofensivos puesto que carecen de armamento los buque de guerra son, por su naturaleza y estructura, evidentemente ofensivos. Lo anterior se confirma además, si se considera que el buque de guerra goza de la peculiaridad de ser territorio jurídico cualquiera que sea la calidad de zona marítima, hacia sea extranjera, en que se encuentre, en cambio el mercante queda sometido a la jurisdicción del ribereño. El interés de las grandes potencias ha presionado hasta ahora para mantener la paridad entre buques mercantes y de guerra. Sin embargo se ve la necesidad de que a dichos buques bélicos se les obligue o exija a señalar su presencia en caso de navegación inocente, cuando no se dispongan a entrar en aguas interiores pero se acerquen a la costa. Un caso expreso de preocupación de las naves de guerra lo constituye el submarino, cuya importancia a partir de la Primera Guerra Mundial ha hecho que se busque modo de asegurar su paso inocente. En este sentido Ginebra/58 estableció en su artículo 14 numeral 6 que los buques submarinos tienen la obligación de navegar en la superficie y mostrar su bandera, esta disposición se amplía en el texto de Jamaica/82 artículo 20. Ambas disposiciones comprenden toda clase de submarinos sean o no de guerra, de manera que alguno destinado al comercio o a la investigación científica también deberá cumplir lo preceptuado.
Esencialmente se persigue que la nave submarina aparezca con lo cual deja de ser sumergible; esa característica de mostrarse indica su inocuidad y solo hecho de
contravenir tal deber autoriza al estado ribereño a perseguirla en la forma que le parezca más conveniente para la defensa de sus legítimos derechos soberanos. (Ver artículo 29 de la Convención de Jamaica). Inicialmente, en Ginebra solo se refería la disposición al submarino como nave de guerra. Hoy, con el adelanto científico y tecnológico cualquier artefacto sumergible debe someterse a las mismas disposiciones puesto que el principio que exige su visibilidad es idéntico. CONTROL DEL TRAFICO
Al derecho de paso inocente que corresponde a los buques extranjeros se opone el derecho del Estado Ribereño de efectuar el control de dicho paso. Esto es enteramente legítimo ya que paso implica una servidumbre para el ribereño pero ello no autoriza el abuso por parte del que pasa. Expresamente lo reconoce la Convención de Ginebra/58 en su artículo 16 numeral 2 y coincidente con lo anterior se expresa la Convención de Jamaica/82 en su artículo 25 agregando esta última convención lo referente a la recalada en instalaciones portuarias que queden fuera de las aguas interiores aunque dentro de las territoriales. a)
ACCESO Como se puede comprender, las convenciones distinguen entre: a) buques que atraviesan el mar territorial sin entrar en aguas interiores; y, b) buques que van hacia aguas interiores. En ambos casos el estado ribereño puede tomar todas la medidas que impidan que el paso deje de ser inocente; y, en el segundo caso todas las disposiciones que estimen conducentes en las aguas interiores. En otras palabras, puede impedir el acceso a estas últimas y puede expulsar de las territoriales al buque cuyo paso no sea inocente. Este retiro forzoso es fácil de cumplir respecto a un buque mercante, en cambio se torna difícil si se trata de un buque de guerra. Pensando en esto la Convención de Ginebra / 58 prescribe lo pertinente en su artículo 23, y en cuanto a la Convención de Jamaica / 82 reproduce con leve variación las palabras de Ginebra 58 acentuando la obligación para la nave de guerra de abandonar el mar territorial señalando que salga inmediatamente, esto es, al instante y sin demora alguna. Como esta exigencia queda entregada a la capacidad de la fuerza que posee el Estado Ribereño si el buque de guerra no cumple la invitación el principio sentado carece de trascendencia. La exigencia de retiro solo será válida si va apoyada por las armas frente a un buque rebelde.
b)
SUSPENSION En cumplimiento de lo anterior y como la seguridad de Estado no puede quedar a merced de un paso libérrimo de los buques extranjeros, el artículo 16 numeral 3 del texto de Ginebra / 58 prescribe lo pertinente.
La convención de Jamaica / 82 sigue prácticamente al pie de la letra lo expresado por el texto ginebrino, pero conteniendo un importante añadido en su artículo 25 numeral 3 al agregar los ejercicios con armas. c)
CONTROL PENAL Ya que el derecho nacional impera en las aguas territoriales, los buques mercantes caen bajo su control y en casos especiales el derecho penal del ribereño puede ejercerse a bordo, durante su paso, de conformidad con el artículo 19 de Ginebra / 58: a) si la infracción tiene consecuencias en el Estado Ribereño; b) si la infracción es de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el orden en el mar territorial; c) si al capitán del buque o el cónsul del Estado cuyo pabellón enarbola han pedido la intervención de las autoridades locales; y, d) si es necesario para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes. Nada particular agrega la Convención de Jamaica / 82 en su artículo 27 excepto señalar, además del tráfico ilícito de estupefacientes el de las sustancias alotrópicas. Además el estado ribereño tiene derecho de practicar diligencias o detenciones a bordo de un buque mercante que procedente de aguas interiores pase por el mar territorial. En cambio, no podrá el ribereño intervenir a bordo de un buque mercante, detener a una persona o practicar diligencias de carácter penal si la infracción se cometió antes de que el buque haya entrado en su mar territorial o si procede de un puerto extranjero, y solo atraviesa las aguas territorial sin entrar en sus aguas interiores (artículo 27 numeral 5). Es conveniente anotar que todas estas disposiciones afectan por igual a los buques mercantes y a los buques de estado destinados a fines comerciales.
d)
LAS CONDICIONES DEL PASO Ya hemos visto que lo fundamental para que el paso sea inocente, es que carezca de toda peligrosidad para el Estado ribereño. La Convención de Ginebra / 58 se contento con indicarlo en forma general en su artículo 14 numeral 4. En cambio la de Jamaica / 82 desde un principio orientó sus labores a especificar y detallar que debía entenderse como perjudicial para el Estado ribereño, configurando así una serie de actividades que impiden la inocencia del paso, precisando una serie de casos que representan amenazas para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño y acaban con la del navegar. Tales actividades y casos se encuentran enumerados en el artículo 19 numeral 2. Esa larga lista concluye con un precepto genérico que poseen la ventaja de reconocer al Estado la facultad soberana de estatuir cuando estime nocivo un paso por sus aguas territoriales y que refuerza con el artículo 21, bajo la única condición de que se adecué a la convención y a otras normas de derecho internacional. En dicho precepto se refuerza la autoridad del Estado para legislar y reglamentar el paso inocente y el mar territorial. (Ver artículo 21 de Jamaica / 82). Sin embargo, lo establecido en el artículo 21 no es restrictivo. Por lo tanto, no le está vedado al Estado costero legislar y reglamentar sobre otros puntos que él considere indispensable para su protección y la seguridad. Lo que si debe hacer
es dar la correspondiente publicidad a las medidas que adopte sobre todo lo hasta ahora dicho en este aparte. (Ver artículo 21 numeral 3). Todo buque extranjero que navegue por aguas territoriales deberá cumplir con lo estatuido por el costero, al igual que habrá de cumplir con las normas internacionales generalmente adoptadas relativas a la prevención de abordajes en el mar. (artículo 21 numeral 4). e)
INMUNIDADES Como se acaba de expresar es aplicable no solo a los buques de guerra sin también a los buques de Estado que no sean de guerra, esto es a los destinados a fines no comerciales. Respecto a los buques de estado destinados a fines no comerciales, científicos, hospitalarios, etc., gozan de paso inocente, con algunas limitaciones como la de pagar gravámenes por servicios recibidos, pero no se les aplica ni la jurisdicción penal ni la civil de los artículo 27 y 28 de la Convención de Jamaica / 82.
f)
GRAVAMENES El paso inocente carece de gravámenes y contribuciones en beneficio del estado ribereño pero hay una excepción: la de que dicho estado preste servicios a la navegación del buque extranjero como lo indica el artículo 27 de la Convención de Jamaica / 82. Se trata de servicios que pueden calificarse de especiales en oposición a los servicios generales. Aquellos se dan a cada buque en particular como el pilotaje, el remolque, el practicaje; éstos, en cambio se refieren a la navegación misma como el servicio de faros.
g)
LO NUCLEAR El texto de Jamaica / 82 trata lo relativo a los buques con propulsión nuclear en su artículo 23. La peligrosidad propia d los elementos nucleares obliga a mayores precauciones para que el paso sea inocente o inofensivo. La Convención de Jamaica se refiere a convenios internacionales, pero nada impide que el Estado Ribereño establezca en su legislación otras medidas de seguridad aplicables a dichos buques, sean o no mercantes; las disposiciones obligan a los buques a señirse a medidas internacionales de seguridad y nada dice sobre lo que puede adoptar el Estado. El Estado se haya incluso facultado para impedir la entrada en sus aguas de un elemento que declare, en sus términos generales y sin discriminaciones, peligroso y negativo.
h)
VIAS MARITIMAS Para ciertos países costeros de intensa actividad comercial o mercantil marítima o cuyas aguas territoriales puedan verse saturadas de movimientos, la necesidad de establecer vías marítimas de acceso a puertos o indicar líneas de separación de tráfico, exige disponer como los buques extranjeros deben navegar en el mar territorial. Esto ha sido recogido en el artículo 22 del texto de Jamaica / 82.
i)
CONTROL CIVIL Los barcos mercantes quedan sometidos a la legislación de los países cuyas aguas territoriales navegan. En materia civil podrá quedar afectados: a) b)
las personas los bienes
Respecto a las personas, tanto Ginebra como Jamaica exhortan a que el ribereño no detenga ni desvié el buque que pasa por su mar territorial para ejercer su jurisdicción civil sobre personas que se encuentran a bordo (artículo 20 de Ginebra / 58 y artículo 28 del Jamaica / 82). Respecto de los bienes, se refiere al mismo buque, prohibiendo medidas precautorias de ejecución o de embargo sobre él, salvo como consecuencia de obligaciones contraídas por dicho buque o de responsabilidades en que haya incurrido durante su paso por las aguas del Estado ribereño o con motivo del mismo (artículo 28). Lógicamente las dos convenciones reconocen que cada Estado podrá adoptar las medidas de ejecución y cautelares civiles sobre todo buque extranjero (no de guerra) que: -
se detenga en el mar territorial
-
proceda de aguas interiores y pase por él.
LOS DEBERES DEL RIBEREÑO
Los deberes del estado ribereño pueden sintetizarse en uno solo: PERMITIR EL PASO INOCENTE CUANDO EL BUQUE EXTRANJERO CUMPLA CON TODAS SUS OBLIGACIONES. En la convención de Ginebra / 58 se exponía como deber el no colocar dificultades al paso inocente y se agregaba en forma especial el dar a conocer los peligros que podían constituir una amenaza para el paso por el mar territorial. (artículo 15 Ginebra / 58). El texto de Jamaica conserva las disposiciones antes dichas, aunque detalla en particular dos aspectos que se encuentran consagrados en el artículo 24. Estas disposiciones, que obedecen al deseo de autorizar la navegación por todos las mares territoriales de la tierra, pueden en algunas circunstancias chocar con la seguridad de algún Estado. RELACION ENTRE MAR TERRITORIAL Y PASO INOCENTE
Sin duda la costumbre internacional ha configurado el paso inocente como una limitación propia del mar territorial. En otras palabras, cada vez que exista mar territorial deberá encontrarse el paso inofensivo, solo se efectúa éste en causas ya vistas que puedan llegar incluso a la suspensión temporal para los lugares o sectores que en razón de su defensa haya fijado el ribereño.
Sin embargo, podría un país ribereño RENUNCIAR al control que tiene sobre sus aguas territoriales y establecer en ellas libre paso si así lo desea? Aunque cuando esta posibilidad parezca ilusoria, la respuesta tiene que ser afirmativa. En derecho quien puede lo más puede lo menos y si el Estado que posee uso de sus derechos deseará autorestringirse no se ve impedimento para que así proceda. Podría tratarse de un mar territorial con libre paso o libre pesca. En todo caso es necesario distinguir claramente entre la naturaleza del mar territorial y el uso que de un mar se haga. Siempre será agua territorial la vecina a la costa en la magnitud que el ribereño haya señalado siempre poseerá los derechos o facultades que son inherentes a dichas aguas. Pero si en alguna circunstancia disminuyera el ejercicio de sus derechos eso no transforma el agua territorial en otra de diversa naturaleza sino que solo constituirá una autorrestricción que el mismo Estado podría cambiar según su conveniencia. En esta forma puede establecerse la siguiente regla: cada vez que haya paso inocente habrá un mar territorial y/o lo que fue antes y ahora es agua interior; pero, absolutamente dicho, no siempre que haya un mar territorial habrá paso inocente; confundir la naturaleza de un agua con el ejercicio que hallan correspondan, es algo capaz de suscitar abusos que convienen evitar. SINTESIS DE LO ANTERIOR 1.
Los Estados marítimos a través de los siglos han reclamado tener el agua próxima a sus costas bajo su control. Esta soberanía se ha ido precisando mejor a partir del siglo XVI, como una faja vecina a las costas de un ancho limitado a la capacidad de controlarlas desde tierra.
2.
Las diversas definiciones de mar territorial coinciden en declararla una zona de agua adyacente a las costas o a los límites en las aguas interiores de un Estado sobre el cual éste posee autoridad y control respetando el paso inocente de naves extranjeras.
3.
El mar territorial encierra tanto la superficie como la masa de agua, el lecho y el subsuelo marino, todas las especies vivas y no vivas allí existentes y la columna de aire sobre dicha superficie líquida.
4.
La CONVEMAR ha reconocido que los estados ribereños no poseen soberanía sobre sus mares territoriales; así mismo opinan la casi totalidad de los autores.
5.
El límite interno del mar territorial parte de la línea de base, que en el caso de una costa continua es normalmente la línea de baja marea; y en el caso de una costa fragmentada puede recurrirse a construcciones geométricas de las cuales la favorecida por la jurisdicción de la Corte de la Haya y las Convenciones de Ginebra y Jamaica, es la de líneas o trazos rectos. La práctica en los últimos treinta (30) años revela que los Estados han aceptado este sistema.
6.
El trazado de líneas de base recta debe seguir la dirección general de la costa, efectuarse desde o hacia rocas permanentemente afloradas; cuidar que encierre zonas de mar suficientemente vinculadas al dominio terrestre; y darles una publicidad adecuada.
7.
Desde el momento en que el Estado traza sus líneas de base rectas, separa sus aguas en interiores y exteriores. Pero si el trazado deja como interiores aguas
que antes eran mar territorial o alta mar, habrá en tal sector derecho a paso inocente. 8.
La anchura o límites exterior del mar territorial ha sido uno de los puntos más debatidos a través de la historia desde el siglo XV al actual. Alcance de la vista, del oído, del disparo, de singladuras de navegación, han aparecido y desaparecido antes que VAN BYNKERSHUEK (1703)estableciese el principio " el dominio terrestre acaba donde acaba el poder de las armas". En 1782, GALIANI lo aplica a los cañones contemporáneos con el alcance de tres (3) millas.
9.
La adopción por Estados Unidos y Gran Bretaña de la distancia de 3 millas seguida después por muchos países, motivó la costumbre internacional de un mar territorial de 3 millas. Sin embargo, diversos países (Rusia, España, Portugal, Suecia, Noruega) proclamaron siempre otras distancias. A partir del siglo XX se comprobó una crisis de la medida habitual de la 3 millas que culminó en la Conferencia de la Haya de 1930 donde quedó evidenciada la anarquía existente y la seguridad de que no regía universalmente la regla de las 3 millas.
10.
La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia un mayor desarrollo de las distancias en el control sobre el mar territorial. La primera CONVEMAR / 58 es convocada por las Naciones Unidas para unificar el ancho del mar territorial , sin que alcance su objetivo. Tampoco lo tiene la segunda conferencia de 1960.
11.
Múltiples declaraciones posteriores tanto de países como de jurisconsultos van precisando una costumbre internacional de 12 millas de mar territorial, la cual, sin ser absolutamente uniforme, indica que la mayoría de los países marítimos la reclaman. La III CONVEMAR de 1982 establece 12 millas como anchura del mar territorial moderno.
12.
Dentro de sus facultades, el Estado ribereño puede poseer una sola extensión para todas sus aguas; o bien, distancias variables en diversas partes de su costa según necesidad y conveniencia.
13.
En el caso de países ribereños ubicados frente a frente o en forma lateral, el límite será una línea media que sea equidistante de los puntos más próximos de la línea de base. Este sistema es supletorio de la voluntad de las partes , el cual prima en todo caso.
14.
El Estado ribereño posee plenas facultades o derechos sobre su mar territorial, en especial: pesca exclusiva; explotación exclusiva del fondo y subsuelo; uso exclusivo del espacio aéreo; uso exclusivo de la navegación de cabotaje; plena facultad para legislar sobre navegación, inmigración, aduanas, sanidad. Goza también de determinados controles sobre sus buques mercantes en materia de delitos y en materia civil sobre personas y bienes.
15.
El Estado ribereño tiene como principal deber y servidumbre conceder el paso inocente, inicuo o inofensivo, a los buques extranjeros que deseen navegar por su mar territorial. Este paso inocente comprende un movimiento y una dirección en los siguientes sentidos:
16.
El paso inocente o inofensivo, comprende, por excepción el hecho de detenerse y fondear, en los siguientes casos:
a)
cuando se trate de un incidente naval de la navegación
b)
cuando la detención sea provocada por una arribada forzosa
c)
cuando la detención sea producto de una grave peligrosidad
d)
cuando deba prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en situación de peligro
17.
La inocencia del paso se comprueba con la conducta de la nave extranjera, la cual debe respetar la paz, el orden y la seguridad del ribereño. No es inocente el paso de los buques extranjeros que se resistan a someterse a las leyes y reglamentos del soberano.
18.
Los submarinos y artefactos sumergibles tienen la obligación de navegar en superficie y mostrar se bandera. Aún cuando las naves de guerra están asimiladas a las naves mercantes en cuanto al goce del paso inocente, diversos países y tratadistas consideran que deberían estar sujetos a ciertas restricciones y control, sin que se haya llegado todavía a un acuerdo internacional en este sentido.
19.
Si el buque extranjero comete cualquier infracción puede impedírsele el acceso a las aguas interiores y expulsar de las territoriales al infractor.
20.
En razón en su seguridad, el Estado ribereño puede suspender temporalmente el paso inocente en determinados lugares de su mar territorial, siempre que: a)
no haga discriminación entre los buques
b)
precise el tiempo de la suspensión
c)
dé la publicidad adecuada a su medida
21.
En las secciones de la III Conferencia sobre el Derecho del Mar se han precisado las infracciones, indicando entre ellas cualquier amenaza o uso de la fuerza contra el Estado ribereño; ejercicio o práctica con armas en el mar t erritorial; actos de propaganda que aténte contra la seguridad del ribereño; lanzamiento o aterrizaje de aeronaves o dispositivos de guerra; actos internacionales graves de contaminación; en general, hechos que perjudiquen la seguridad del Estado ribereño.
22.
La situación actual indica que la medida generalmente usada como ancho del mar territorial, es de 12 millas, que los Estados ribereño poseen, mantienen y aplican su soberanía en ellos; que el ejercicio de paso inocente está sometido a diversos controles; en una palabra, que va extendiéndose la autoridad sobre las aguas vecinas a la costa.
23.
Subsiste el problema del paso inocente de los buques de guerra, los cuales, aunque equiparados a los mercantes en esto, ofrecen un elemento de peligrosidad que el Derecho Marítimo Internacional no ha sabido o no ha podido resolver hasta ahora.
L A Z O N A C O N T IG U A
I. ANTECEDENTES HISTORICOS Como se ha visto, hasta hace poco el Derecho Internacional Marítimo solo reconocía en forma expresa dos (2) grandes espacios acuáticos: a). La alta mar b). El mar territorial La diferencia radicaba en que para la alta mar existía un uso común y una igualdad de ejercicios de las respectivas libertades; en cambio, para el mar territorial regía la soberanía del Estado costero. Las aguas se dividían para el derecho antiguo en una franja vecina a toda la costa, sometida al dominio terrestre, y una vasta extensión de agua más allá de estas franjas, constitutivas de la alta mar. Este esquema tan claro, sufrió sin embargo, diversas modificaciones. Países europeos de importancia marítima se atribuyeron en el pasado ciertos derechos fuera de su mar territorial. Esas aguas vecinas al mar territorial, a modo de una segunda franja pertenecían a la alta mar pero en ella y a causa de su vecindad con la territorial, dichos Estados ejercían o mejor, ejercieron efectivamente actos de soberanía. Gran Bretaña: Asumió en el Siglo XVIII, para el cumplimiento de sus leyes aduaneras y fiscales, una jurisdicción que sobrepasaba considerablemente el límite de la época, que era de 3 millas, alegando que se permitía a los Estados marítimos por común cortesía de las naciones, que consideraran aquellas porciones de océano contiguos a sus costas, como parte de sus dominios para diversos fines domésticos, en particular para reglamentación fiscal o defensiva. Estados Unidos: Dictó una ley en 1799 "Autorizando a los oficiales de los Guarda Costas de los Estados Unidos de América, a subir a bordo de los buques que llegaran a una distancia de cuatro leguas de la costa, visitándolos y requisándolos para determinar el carácter de su cargamento". En virtud de esa ley, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó la captura de un mercante norteamericano, realizada por Portugal, a 8 millas de la costa de Brasil, en 1804, que estaba dedicado al contrabando. "El poder de un estado para protegerse contra la posibilidad de un delito, puede ejercerse más allá de los límites de su territorio". En dicha forma, Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de las potencias europeas, determinaba zonas de muy amplia extensión que incumbían a su seguridad en materia de salud pública y en materia de contrabando, es decir, prevención y represión del delito. España: Por su parte, en 1760 determinaba una zona fiscal marítima o de aduana de 1 ó 2 leguas (3 ó 6 millas), fijando después en 6 millas la zona de control del contrabando a lo largo de sus costas. Francia: En 1763 y 1774 fija zonas de control para evitar el contrabando. Rusia Zarista: En 1909 traza una zona de 12 millas como área de aduana marítima, dentro de cuyos límites todo buque sea ruso o extranjero, queda sometido a la
inspección de aquellas autoridades rusas cuya función será guardar las fronteras del Imperio. II. OTROS ANTECEDENTES a). Pesca: A las disposiciones estatales, ya enunciadas entre otras, deben sumarse las que en materia de pesca vinieron adoptando desde tiempos antiguos muchos países. La razón es que los cardúmenes de peces no respetan los límites jurídicos, formando verdaderos viveros en las proximidades de la costa. Parecía lógico proteger la pesca del país aún cuando la referida zona excediera del límite adjudicado al mar territorial. Solamente se mencionan algunos: - Declaración Trumman de 1945, relativa a la pesca de salmón en Alaska. - Decreto Noruego del 12 de julio de 1935 por el que se fijan líneas de base y se determinó zona de pesca de 4 millas. b). Seguridad: No solo la pesca ha dado lugar a esta jurisdicción en el mar contiguo al mar territorial. La palabra seguridad no debe entenderse tan solo como defensa nacional. Abarca también la seguridad de la navegación para bien de buques y tripulantes. En este sentido, varios países dictaron desde las antiguas medidas que hacían obligatoria la presencia de pilotos o de prácticos desde una distancia mayor al ancho que asignaba al mar territorial. Con todo, el desarrollo más importante de esa zona de seguridad ha venido a suceder en nuestros días. -
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Con motivo de la II G.M., el Presidente Roosvelt ordenó en septiembre de 1939 a su flota de guerra, patrullar hasta las 200 millas de la costa, para controlar las actividades de los beligerantes y defender la seguridad del territorio norteamericano. La reunión de Cancilleres de Panamá de 1939, estableció un cordón de seguridad a los largo de todo el continente.
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En 1947 con la creación del TIAR se extendió dicha zona de seguridad de polo a polo.
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Mucho más próximo a nuestros días, y siguiendo los modelos citados, Gran Bretaña estableció el 7 de abril de 1982, una zona de exclusión de 200 millas en torno a las islas Falkland, con motivo del conflicto bélico con Argentina.
III. CODIFICACION DE LAS ZONAS CONTIGUAS Mientras los Estados en el último siglo emitían declaraciones unilaterales o efectuaban tratados entre sí relativos en una u otra forma a las aguas ubicadas más allá de los límites exteriores de los mares territoriales, el Derecho procuraba armonizar estos usos internacionales y configurar normas válidas para todos. Sin embargo no se debe olvidar de que son los Estados los que a menudo de modo unilateral introducen nuevas costumbres. Mas para evitar la anarquía y armonizar intereses contrapuestos, se procura alcanzar alguna norma universal y común de conducta. Lógicamente por ejemplo, los grandes países pesqueros han deseado que la jurisdicción nacional ajena resulte lo más limitada posible.
Mientras las potencias capaces de explotar el lecho de la plataforma para extraer petróleo y otras riquezas, aparecían defendiendo la masa de agua más suprayacente en un límite de 3 millas que muy pocos países compartían, en cambio, por motivos policiales, aduaneros o incluso defensivos, extendían sus jurisdicciones en una apreciable cantidad de millas. Esto hizo que el Instituto de Derecho Internacional, reunido en Estocolmo en 1928, ensayara una definición de la zona contigua: "En una zona suplementaria contigua al mar territorial, el Estado ribereño pude tomar las medidas necesarias para su seguridad, neutralidad, policía sanitaria, aduanera y pesca" Dicha zona suplementaria no debía exceder de 9 millas. El principal expositor de la zona contigua (aunque antes se venía insistiendo en ella) fue el francés Gilbert Gidel, quien presentó sus estudios a la Conferencia de la Haya de 1930, la cual, si bien no llegó a una aprobación completa, por lo menos dejó en claro la existencia de la zona contigua en un máximo de 12 millas. Debido al fracaso de la Haya/30 en probar la zona, se debía esperar a la Primera Conferencia del Mar de Ginebra/58, donde vino a establecerse dentro de la Convención sobre mar territorial y zona contigua, un único articulado, el 24. Del texto de Ginebra se desprende que la zona contigua tiene las siguientes características: a. Es una zona de alta mar b. Es una zona vecina al mar territorial c. Es una zona donde ejerce determinados controles un Estado d. En esta zona rige la libre navegación e. No se concede en ella libertad de pesca f. El Estado posee en ellas competencias especiales g. Su extensión máxima es de 12 millas. Pero, como ya hemos indicado, la costumbre internacional ha fijado las siguientes competencias además de las indicadas en Ginebra: 1. Zona de seguridad nacional, que mira preferiblemente a la defensa de los Estados 2. Zona de seguridad económica, que atiende preferentemente la policía aduanera y a las medidas de fiscalización de contrabando. 3. Zona de seguridad sanitaria, en lo referente a la fiscalización de la salud pública y de la policía sanitaria en esa zona 4. Zona de seguridad demográfica, referente a todos los aspectos de inmigración 5. Zona de seguridad pesquera, que comprende tanto la protección de los recursos vivos, como los derechos preferenciales o exclusivos de pesca. IV. NATURALEZA JURIDICA DE LA ZONA CONTIGUA Mientras unos países querían preservar el acceso a los puertos o a las costas, otros deseaban perseguir el contrabando material y muchos el contrabando intelectual o la inmigración de elementos indeseables. En suma, los elementos defensivos, políticos, sanitarios, económicos, etc., se conjugaban para favorecer la presencia de esta extensión disimulada del mar territorial hacia la alta mar.
Lo anterior por que no podía seguir siendo calificada de alta mar, un área donde no existe igualdad en los derechos de todos los Estados, sino que entra a imperar soberanamente la jurisdicción de un determinado país, fijando competencia más allá del mar territorial y si se les considera en alta mar, una de dos, o son todas inválidas o el mar territorial va en aumento. Con la aparición de la Zona Económica Exclusiva vino a fortalecerse la tesis que sindicaba a la Zona Contigua como un área intermedia. Solo que el paso de los siglos, de las contiendas y de la vieja costumbre de hablar de un mar territorial vecino a la alta mar, es lo que movió a los juristas de la Haya y de Ginebra a sostener que la Zona Contigua era una parte de alta mar. Ahora esto ya ha sido superado por la rápida evolución jurídica. Los diversos textos que condujeron en la III Conferencia sobre el Derecho del Mar al texto final de Jamaica/82, definieron siempre así la Zona Contigua: "En una zona contigua al mar territorial, designada con el nombre de Zona Contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias..." (artículo 33) Si se compara el texto definitivo de Jamaica con el texto de Ginebra/58, salta a la vista que han sido suprimidos las anteriores palabras de "alta mar". Esto posee vital importancia; supone que lo que en 1958 era todavía considerado parte de alta mar, 25 años después ya no lo es. Al quedar definitivamente asentada y establecida la Zona Económica Exclusiva, como el área marítima que sigue al mar territorial, pero que no forma parte de la alta mar, dicha zona se convierte en un amplio lugar intermedio y dentro de ella queda incluida la zona contigua. En rigor, jurídicamente le pertenece, puesto que el agua que se extiende más allá del mar territorial, hoy es considerada y definida en el texto de Jamaica como la Zona Económica Exclusiva. Esto se desprende claramente del artículo 55 que se refiere a ella como "el área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste", y del artículo 86 que en forma negativa considera alta mar todas las partes del mar no incluidas en la Zona Económica Exclusiva, en el mar territorial, o en las aguas archipelágicas de un Estado. Por lo tanto, debe considerarse suprimida de la definición de la Zona Contigua, la referencia que ella constituye "alta mar", puesto que ha pasado a integrar la Zona Económica Exclusiva. V. ALGUNAS DEFINICIONES El Instituto Internacional de Derecho había dado la definición de la Zona Contigua ya dada, donde vimos que con toda prudencia decía: "Una zona suplementaria contigua al mar territorial en la que el Estado ribereño puede tomar las medidas necesarias para su seguridad". El tratadista Charles Rousseau opina que: "La Zona Contigua comprende un espacio marino que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, en dirección a la alta mar y hasta cierta distancia" En cambio, para el tratadista británico Oppenheim, no sería aceptable la existencia de la Zona Contigua como institución de derecho, sino como producto de acuerdos internacionales o de tratados bilaterales; solo la reconoce como existente en virtud de la costumbre, para la seguridad económica y sanitaria, si hay leyes nacionales que así lo establezcan:
"Como las leyes internas han estado en vigor por más de un siglo y no han sido impugnados por los Estados, puede afirmarse que existe una regla consuetudinaria de derecho internacional, en virtud de la cual, los Estados ribereños están facultados, en razón de sus leyes fiscales y sanitarias, para imponer ciertos gravámenes a los buques extranjeros que, navegando con rumbo a sus puertos, se encuentran todavía fuera de sus aguas jurisdiccionales" Los anteriores conceptos reproducidos coinciden en los elementos que estableciera Ginebra, donde incluso se alcanzó la distancia preconizada de 12 millas. Los autores citados, en su mayoría, afirmaban en forma ambigua que se trataba de alta mar. Pero la aparición de las 200 millas como institución nueva en el Derecho Internacional Marítimo, trastornó el esquema tradicional. Hoy la alta mar empieza donde finaliza la Zona Económica Exclusiva con sus 200 millas y la supresión de la palabra alta mar en el nuevo artículo 33 (Jamaica), echa por tierra toda la documentación que por más de un siglo se basó en la simple existencia de dos áreas vecinas: Mar territorial y alta mar. Ha surgido, como veremos, la Zona Económica Exclusiva; como el ancho de esta zona alcanza las 200 millas, es lógico que la parte de ella vecina al mar territorial constituye la zona contigua. VI. EXISTENCIA DE LA ZONA CONTIGUA Puesto que los Estados han procedido unilateralmente, fue necesario llegar a la I Conferencia del Mar en Ginebra, para tratar de que existiera una sola anchura de la Zona Contigua en todo el mundo. Así el artículo24 del texto de Ginebra expresa: "La zona contigua no se puede extender más allá de 12 millas contadas desde la línea de base desde donde se mide la anchura del mar territorial" Por tratarse de competencias del Estado ribereño más allá del límite de sus aguas territoriales se considera que la zona contigua debía quedar en la Convención sobre Mar Territorial y no sobre la de Alta Mar. En esta forma, el derecho en tierra se extendía hacia el mar y sobrepasaba, por razones de seguridad, los límites tradicionalmente asignados a sus aguas. Ello hizo que la Zona Contigua no pueda vincularse con alta mar, como bien lo reconoce el texto de Jamaica. Son facultades estatales exclusivas y excluyentes aquellas que se ejercen en la zona contigua. Desde 1958 hasta ahora, el interés marítimo se ha desplazado de la Zona Contigua a la Zona Económica Exclusiva, y en lugar de una restricción de los derechos estatales hemos visto ampliarse la extensión de estos. Como en el desarrollo de la III Conferencia el ancho del mar territorial se fijó en 12 millas, no quedó otra opción que suprimir la zona contigua o aumentar su extensión y esto último es lo que se hace en el artículo 33 de Jamaica/82. En consecuencia ese texto refleja el sentir mundial, y hoy tenemos una zona contigua de 12 millas vecinas a las 12 de mar territorial que totalizan 24. Surge la duda de si la zona continua es o no diversa de la Zona Económica Exclusiva, existiendo dos (2) respuestas: a. La zona contigua es lo mismo que la Zona Económica Exclusiva, solo que en ella se hace hincapié en algunas facultades estatales (aduaneras, sanitarias, de inmigración, etc.,) que no aparecen mencionados en la Zona Económica Exclusiva. Pero este
mayor o menor alcance de dichas facultades no cambia su naturaleza jurídica de Zona Intermedia, que en las primeras 12 millas se denomina Zona Contigua y en las restantes hasta completar las 200, Zona Económica Exclusiva. b. La zona Contigua es diversa de la Zona Económica Exclusiva y, debido a esto, las competencias del Estado ribereño son también diversas. En la zona contigua existen facultades de seguridad, mientras que en la Zona Económica Exclusiva existe soberanía para la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos. Equivaldría esta última zona pesquera y minera, mientras que la anterior sería destinada a atribuciones específicas. Como la exclusividad de la pesca ha constituido uno de los fundamentos del nacimiento de la Zona Contigua, nos parece más probable la primera opción, es decir, que la zona contigua es parte de la Zona Económica Exclusiva. No se aprecia motivo alguno para hacer privativos de la pesca a la Zona Económica Exclusiva, cuando ella también está interpretada a la zona contigua. Lo que ocurre es que el alcance y la extensión de la jurisdicción estatal produce alteraciones que el derecho no alcanza a precisar y a definir conceptualmente con toda claridad, debido, pese a los textos aprobados en 1958 y 1982. Ambos textos deben ser analizados en conjunto porque su redacción es idéntica, lo cual indica que los Estados solo quisieron aumentar la extensión de la zona contigua, pero no desearon modificar su contenido. VII. DERECHOS ESTATALES EN LA ZONA CONTIGUA Según lo establecido por el artículo 24 de Ginebra/58 y 33 de Jamaica/82, los derechos soberanos de los Estados son relativos a las siguientes materias: 1. Policía aduanera 2. Policía fiscal 3. Policía de inmigración 4. Policía sanitaria Si se observa la forma de ambos preceptos enunciados, estas medidas de seguridad o de fiscalización, podrá concluirse que las atribuciones reconocidas a los Estados ribereños son de dos (2) clases: a. Preventivas : este grupo de medidas se reconocen al Estado para "prevenir infracciones a sus leyes y reglamentos" que pudieran efectuar terceros, ya en su territorio terrestre, ya en el marítimo, y como una manera de impedir por adelantado su relación. b. Punitivas: este segundo grupo de medidas se reconoce que las posee el ribereño para "sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos" que se hayan efectuado en ambos territorios, terrestres y marinos, como menoscabo de las disposiciones estatales establecidas en ellos. Es de anotar que los textos dicen que en la zona contigua el Estado "podrá tomar las medidas" antes indicadas. Desde luego, es facultad privativa del Estado ribereño establecer o no una zona contigua. En seguida fijar mayor o menor número de medidas preventivas. Cada Estado velará por sus intereses nacionales como mejor lo considere. Si la zona contigua es aquella donde el Estado "podrá tomar las medidas..." se puede concluir que tratándose de una facultad privativa de cada Estado ribereño, solamente
éste es quien puede decidir si adopta o no medidas y en el primer caso, cuales y cuantos decide ejercer. No podemos decir ni sostener que la enumeración de las facultades incluidas en los 2 textos sea restrictiva. Esas son medidas relativas (aduana, fiscal, inmigración y sanitarios) que reconocen ambas convenciones. No se excluye la adopción de otros. Cada Estado fijará su zona contigua y determinará las facultades que quiera ejercer soberanamente en ella. VIII. ZONA CONTIGUA DE SEGURIDAD DEFENSIVA Tuvo su nacimiento en la 1a. reunión consultiva de Cancilleres de América (Panamá 1939) como una medida de protección para salvaguardar la neutralidad de todo el territorio americano durante la II G.M. La declaración describía todas las aguas adyacentes (con excepción de Canadá) encerradas en una extensa línea loxodrómica con un ancho entre 50 y 300 millas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Dentro de esa zona, los países americanos declaraban que mientras existiera un Estado en guerra en el que ellos no tomaran parte, iban a realizar patrullajes individuales y colectivos. Otro antecedente se tuvo en el TIAR, en Río de Janeiro 1947, donde los países contratantes acordaron que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano "dentro de una zona específicamente delimitada y que va de polo a polo por ambos lados de América, sería considerado como un ataque contra todos los Estados" Esta zona de seguridad o de auto protección o neutralidad, posee especial importancia ya que reflejan el derecho de legítima defensa, vale decir un principio de derecho natural que supera los principios de derecho positivo. IX. LA ZONA DE EXCLUSION X. DELIMITACION DE LA ZONA CONTIGUA Un punto que había quedado establecido en Ginebra, desaparece en el texto de Jamaica. Es el relativo al límite frontal o lateral de la zona contigua. El artículo 24 numeral 3 de Ginebra, especificaba que salvo acuerdo en contrario de los países interesados, ninguno podría extenderlo frontal o lateralmente más allá de la línea media... Era lógico, dado que la zona contigua no estaba excluida en otra área, sino que se consideraba parte de la alta mar. En cambio, con el reconocimiento en 1982 de la Zona Económica Exclusiva, cuya franja más inmediata del mar territorial es la zona contigua, los límites de ésta quedan comprendidos en el agua, con los que aquellos, y con el lecho, con los de la plataforma continental (artículo 74 y 83). Esta es la razón por la cual el artículo 33 de Jamaica/82 que reproduce el 24 de Ginebra/58, carezca del numeral 3.
XI. SITUACION DE LOS BUQUES EN LA ZONA CONTIGUA Ninguna de las Conferencias hace alusión a la situación de los buques de guerra o mercantes que atraviesan la zona contigua. Es evidente, de acuerdo a los principios generales, que cada categoría de buques sigue manteniendo la jurisdicción que le corresponde, a saber: a. Buques de guerra: Conservan inalterados su status jurídico, gozan de extraterritorialidad, lo mismo que de libre navegación y si se cometiere alguna infracción a la jurisdicción, el Estado ribereño ha establecido en relación a pesca, contrabando, salud, migración o seguridad, que mantenga su categoría diplomática. b. Buques mercantes: Conservan su propia jurisdicción y soberanía representada en su pabellón y gozan de libre navegación, pero a diferencia de los anteriores, caerían bajo la jurisdicción del Estado ribereño si en la zona contigua atentasen contra alguna de las materias que se han establecido. En este caso prima la legislación nacional y el país ribereño puede hacerla efectiva sobre dichos buques infractores. Dado que la zona contigua integra físicamente la Zona Económica Exclusiva, debe aplicarse en ella respectivamente lo dicho para aquella en el artículo 58 de Jamaica/82. De otro modo no sería un área intermedia, como lo es, ni se salvaguardaría la seguridad del ribereño, fundamento de la zona contigua.
Z O N A E C O N O M IC A E X C L U S IV A
Como toda institución jurídica, la Z.E.E. posee antecedentes históricos que conviene verlos rápidamente para comprender cual fue la intención y cual el alcance previsto para sus creadores. En fin, los principales antecedentes de la Z.E.E. tienen sus orígenes en el continente americano como en seguida pasamos a exponer: - Proclama del Presidente de los Estados Unidos, Truman, del 28 de septiembre de 1945, compuesta por dos declaraciones: una sobre el lecho y el subsuelo marinos; otra sobre zonas de protección pesquera (Declaraciones Nos. 2667 y 2668). La primera dio origen a la plataforma continental, que habría de alcanzar enorme desarrollo, la segunda sirvió de justificación a la declaración chilena que en beneficio de la pesca perseguía la industria nacional ballenera. Aunque existen antecedentes más lejanos como son: - La declaración de Cancilleres de América en Panamá del 3 de octubre de 1939, en la cual como se recordará, establecía un cordón de seguridad o neutralidad defensiva en torno al continente americano que en algunas partes llegaba hasta 300 millas. - La declaración Roosvelt del 16 de septiembre de 1939, donde se ordena patrullar las costas estadinenses hasta 200 millas, para mantener así su seguridad de neutral. Posteriormente y sin que se consideren de menor importancia, se suceden otra serie de declaraciones en América Latina: - Declaración del Presidente chileno Gonzales Videla de 1947. - Declaración de Argentina sobre Mar Epicontinental de 1946 - México en 1945, reservándose la vigilancia, aprovechamiento y control de zonas de protección pesquera. - Panamá en diciembre de 1946, que declara jurisdicción nacional para efectos pesqueros una zona de 200 millas - Perú en agosto de 1947, mediante decreto indica que establece una zona de 200 millas, respetando la libre navegación para ellas - Costa Rica mediante decreto en el año de 1949, fija así mismo una distancia de 200 millas y en el mismo año incorpora a través de reforma constitucional lo establecido en el decreto inicial. Esta serie de declaraciones latinoamericanas hicieron que el Comité Jurídico Interamericano las analizará produciendo en junio de 1952 un proyecto de convenio sobre Mar Territorial y cuestiones afines que en su artículo 2 expresaba: "Los Estados signatarios reconocen igualmente el derecho de cada uno de ellos para fijar una zona de protección, control y aprovechamiento económico, hasta una distancia de doscientas millas marinas contadas desde la línea de más baja marea de las costas y de sus posiciones insulares, dentro de la cual podrán ejercer la vigilancia militar, administrativa y fiscal de sus respectivas jurisdicciones territoriales". Este proyecto de convenio del Comité Jurídico Interamericano que comentamos no hizo sino reconocer el derecho de los países de este continente de establecer sus zonas marinas en beneficio propio, sobre todas sus riquezas, reflejando la nueva tendencia del Derecho Internacional del Mar a partir de la segunda guerra mundial.
ACUERDO TRIPARTITA DEL PACIFICO SUR La situación planteada por el Presidente chileno, Gonzáles Videla, de 1947, sirvió de base para que se suscribiera en Santiago de Chile el 18 de agosto de 1952 entre Chile, Ecuador y Perú, un tratado internacional denominado "Declaración sobre Zona Marina", más conocido como "Convenio del Pacífico Sur". Este tratado suscrito por cada uno de los Estados citados dio origen a la Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS, que vela por la explotación y conservación de las riquezas marinas del Pacífico Sur. A la vez se suscribió el Convenio Complementario a la Declaración de Soberanía sobre Zona Marítima de 200 millas, como "Parte integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos de 1952, firmado por los 3 países el 4 de diciembre de 1954. El texto del convenio de 1952 posee un breve preámbulo considerativo que lo fundamenta en las siguientes razones: a) Los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia, y de procurarles sus medios para su desarrollo económico. b) De lo anterior se deduce que deben conservar y proteger sus recursos naturales en beneficio de sus respectivos países. c) También es su deber: Impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos, que por su posición geográfica, posean en sus mares, fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que le son vitales. Como puede observarse, el fundamento esencial del Convenio reside en la protección de las riquezas marinas naturales existentes en el mar adyacente a las costas del Ecuador, Perú y Chile. Es el mismo fundamento que históricamente ha justificado la expansión del mar territorial y la creación de la zona contigua. Ahora bien, la distancia considerada de 200 millas para el objeto del tratado (contenida y sacada de la declaración de Gonzales Videla) se considera por los 3 países como la distancia mínima, todo lo contrario a la convención de Jamaica de 1982, que establece esa distancia como máxima. SENTIDO JURIDICO DE LAS 200 MILLAS DEL CONVENIO DE 1952 Para poder comprender lo establecido por los 3 países del Pacífico Sur en 1952 y precisar su sentido jurídico estricto, al margen de posteriores interpretaciones, conviene tener presente lo siguiente: 1. La antigua extensión (en su momento), tanto del mar territorial como de la zona contigua, resultaba insuficiente para la protección de la riqueza marina, sea mineral, vegetal o animal. 2. Dada esta insuficiencia, los 3 países del Pacífico Sur proclaman "la soberanía y jurisdicción exclusivas" sobre el mar contiguo a sus costas.
3. Dicha soberanía y jurisdicción se aplicará "hasta una distancia mínima de 200 millas marinas" 4. Dicha soberanía y jurisdicción abarcarán también, el suelo y el subsuelo 5. Cada isla o grupo de islas posee una zona de 200 millas marinas 6. En la referida zona se reconoce la limitación establecida por el derecho internacional, en favor del paso inocente e inofensivo, a través de la zona señalada, para las naves de todas las naciones. 7. Los 3 países se comprometen a proceder "de común acuerdo en la defensa jurídica del principio de soberanía sobre la zona marítima". Estos acápites configuran la realidad de una zona marítima extensa que cae: - Bajo la soberanía y la jurisdicción exclusivas de cada uno de los países signatarios - Una zona que comprende tanto el agua como el lecho y el subsuelo marinos. - Una zona donde solo se reconoce a terceros Estados, no la libre navegación, sino el paso inocente o inofensivo de conformidad al derecho internacional. DESARROLLO POSTERIOR DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA En el campo del derecho internacional se imponen ciertas realidades por el solo hecho de haberlas enunciado con claridad. Las 200 millas pudieron haber sido menos. La riqueza de la fauna marina depende de muchos factores y no queda necesariamente protegida por completo dentro de tales límites. Al convertirse en un verdadero caballo de Troya que permitía sobrepasar el viejo límite del mar territorial, multitud de países se fueron adjudicando las mismas distancias u otras a su arbitrio, a través del recurso jurídico de las declaraciones unilaterales, que como es sabido, representa una importante fuente del derecho internacional. - La India en 1956, fija una franja de protección pesquera de 100 millas - Argentina en 1966, fija la soberanía sobre el agua hasta 200 millas - Brasil en 1970, mediante decretos la establece en 200 millas - México en 1975, proclama una zona económica exclusiva de 200 millas - La República Federal Alemana en 1977, establece una zona económica exclusiva de 200 millas - Canadá en 1977 hace lo mismo en 200 millas - Noruega, la URSS, Gran Bretaña, Francia, Cuba y Corea del Norte, igualmente en 1977, la establecen en 200 millas Pero la que nos trasciende es la de 1983, al proclamar los Estados Unidos - opositor del texto de Jamaica, por el suelo de la alta mar- una zona económica exclusiva de 200 millas. Reconoce que el derecho internacional ha aceptado dicha zona, donde los Estados costeros pueden hacer valer determinados derechos soberanos y la correspondiente jurisdicción sobre los recursos naturales. Esa zona económica exclusiva no solo estará contigua al mar territorial norteamericano de 3 millas, sino también en torno al territorio libre asociado de las islas Marianas y el estado libre asociado de Puerto Rico. La declaración Reagan reproduce textualmente los términos contenidos en el artículo 56 numeral 1, a) y b), del texto de Jamaica, como los del artículo 58 numeral 1. Lo novedoso es que será prácticamente la única zona económica exclusiva de 197 millas de anchura.
REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA Paralelamente a las declaraciones unilaterales, el derecho internacional marítimo ha visto la realización de actividades regionales y continentales, además del parecer de juristas especializados, antes de llegar a las conferencias del derecho del mar auspiciadas por las Naciones Unidas. Correspondió a los países latinoamericanos, dar impulso a la expansión jurídica. En este sentido, ya el Comité Jurídico Interamericano había preparado, el 30 de junio de 1952, un "proyecto de Convención sobre Mar Territorial y cuestiones afines", donde se declaraba la soberanía exclusiva de los Estados ribereños sobre "una zona de protección, control, y aprovechamiento económico, hasta una distancia de 200 millas marinas". La III Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, celebrada en México entre enero y febrero de 1956, precisó lo que se llama "principios de México sobre régimen jurídico del mar", y en ellos se recoge el parecer jurídico que se abría paso en ese momento en nuestro continente. Así, al referirse al Mar Territorial, establecía: 1. La extensión de 3 millas para delimitar el mar territorial es insuficiente y no constituye una norma general del derecho internacional. Por lo tanto, se justifica la ampliación de la zona del mar tradicionalmente denominada mar territorial. 2. Cada Estado tiene competencia para fijar su mar territorial hasta límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos, así como las necesidades económicas de su población y a su seguridad y defensa. Esta declaración, si bien justificaba la ampliación del mar territorial, tenía el inconveniente de hablar en términos muy generales, puesto que "límites razonables" admite cualquier interpretación. De mayor importancia fue la resolución del Comité Jurídico Interamericano reunido en Río de Janeiro, en julio de 1965, donde fija la anchura del mar territorial en 12 millas. La siguiente reunión del Comité Jurídico Interamericano en febrero de 1973, tuvo el valor de examinar a 20 años de distancia, el camino jurídico recorrido y establecer claramente lo que habría de pasar. En su acuerdo, el Comité Jurídico expresa: 1. La soberanía y jurisdicción del estado ribereño se prolonga más allá de su territorio y de sus aguas interiores, a una extensión de mar adyacente a sus costas, hasta un máximo de 200 millas náuticas, así como al espacio aéreo, al lecho y al subsuelo de ese mar. Por consiguiente, es válida la fijación de hasta 200 millas que haya hecho o pueda hacer cualquier estado americano. 2. Dentro de aquella extensión marina se distinguen dos zonas: una que se prolonga hasta 12 millas náuticas, y otra que se prolonga desde el límite exterior de la primera hasta las 200 millas náuticas, medidas de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. Asimismo, reconocían que las 12 primeras millas de dichas zonas eran mar territorial con paso inocente, mientras las 188 restantes estaban sometidas al régimen de libre navegación y sobrevuelo. Esta posición habría de ser ampliamente acogida por la III Convención y declarada en Jamaica de 1982.
LOS CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA En el intertanto habían tenido lugar la I y la II Conferencias sobre el derecho del mar, convocados por las Naciones Unidas, con la intención de precisar el alcance universal de los derechos estatales sobre el mar territorial y más allá de éste. A. Aún cuando la I Conferencia de 1958 realizada en Ginebra produjo una convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua, no se llegó a ningún acuerdo sobre este ancho. B. La II Conferencia de Derecho del Mar realizada en Ginebra en 1960, fue un fracaso rotundo para llegar a algún acuerdo sobre zona marítima o sobre mar territorial. C. En agosto de 1970, tuvo lugar en Lima una reunión de todos los países latinoamericanos, donde se reiteraron los principios vistos en reuniones anteriores y se declaró: "El derecho del estado ribereño a establecer los límites de su soberanía o jurisdicción marítima, de acuerdo con criterios razonables, atendiendo a sus características geográficas, geológicas, biológicas, y las necesidades del racional aprovechamiento de sus recursos" D. La III reunión latinoamericana tuvo lugar en Santo Domingo, el 9 de junio de 1972, congregó a los países del Caribe y estableció, entre otras cosas, un principio: "La anchura de esta zona y la manera de su limitación deben ser objeto de un acuerdo internacional preferentemente de ámbito mundial. Todo Estado tiene, entretanto, el derecho de fijar la anchura de su mar territorial hasta un límite de 12 millas náuticas medidas a partir de la línea de base aplicable" Se indicaba, así, la preferencia por un legislación universal, pues se tenía en la vista el próximo inicio de la III Conferencia del Derecho del Mar de las Naciones Unidas. Por primera vez, en un documento internacional, que abarcaba a varios países aparecía la expresión "Mar Patrimonial", término que, como veremos en seguida había surgido en reemplazo de "Mar Territorial". En la declaración de Santo Domingo se decía: 1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre los recursos naturales, t anto renovables como no renovables, que se encuentran en las aguas, en el lecho y en subsuelo de una zona adyacente al mar territorial, denominado mar patrimonial. 2. La anchura del mar patrimonial debe ser objeto de acuerdo internacional, perfectamente de ámbito mundial. La suma de esta zona y la del mar territorial, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas, no deberá exceder en total 200 millas náuticas" En dicho mar patrimonial las naves o aeronaves gozarán de libre paso, mientras que en las 12 millas de Mar Territorial, continuarían rigiendo el paso inocente. Dado que las 12 millas son mar territorial, quedaban 188 millas para configurar la zona económica, nombre que en adelante reemplazará al de "mar territorial" E. En el mismo año en 1972 (junio), tuvo lugar un seminario regional africano en Camerún. Este seminario que agrupa a las naciones africanas del tercer mundo, preocupados por su desarrollo industrial, se dio preponderancia al aspecto económico
sobre cualquier otro, respondieron a un nuevo criterio adoptado por la Asamblea General de las Naciones unidas en diciembre de 1952, donde se señalaba el derecho de los estados a la soberanía absoluta sobre todos los recursos naturales, tanto en la tierra como en el fondo de sus aguas, dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones. En esta forma los países africanos fijaban, al igual que los latinoamericanos, un mar territorial de 12 millas y una zona económica que llegaba hasta 200 millas: "Los estados africanos tienen derecho, asimismo, a establecer fuera de su mar territorial, una zona económica sobre la que ejercerán jurisdicción exclusiva para los efectos del control, la reglamentación y la explotación nacional de sus recursos vivos del mar y para preservarlos en provecho principalmente de sus pueblos y sus economías respectivas, así como para el control y prevención de la contaminación. Sin perjuicio de las libertades de navegación o sobrevuelo, y tendido de cables y tuberías submarinas en dicha zona". Correspondió al delegado de Kenia patrocinar la tesis de una zona económica exclusiva en los siguientes términos: "Todos los estados tienen derecho a establecer fuera del mar territorial una zona económica en beneficio de sus pueblos y de sus economías respectivas, en la cual ejercerán derechos soberanos sobre los recursos naturales para su exploración y explotación. Dentro de esta zona tendrán jurisdicción exclusiva a efectos de control, regulación y explotación y preservación de los recursos orgánicos e inorgánicos de la zona y de prevención y control de la contaminación". Había nacido así la Zona Económica Exclusiva. LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y LA III CONFERENCIA DEL DERECHO DEL MAR La III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, convocada en 1970, inició sus labores positivas en 1973 y las finalizó en diciembre de 1982. Una de las materias de mayor trascendencia ha sido el estudio de la zona económica exclusiva. La presencia de nuevos países, muchos de los cuales ya habían declarado jurisdicciones marítimas en los años anteriores, como lo hemos señalado, hizo que el problema de las 200 millas adquiriera gran importancia. Prácticamente casi todo el mundo ha proclamado 200 millas, aunque no estén de acuerdo, como hemos visto, respecto su contenido. Pero lo que parecía utópico en 1958, veinte años más tarde ha sido objeto de profundo estudio, y constituye un capítulo especial en el texto de Jamaica de 1982. Incluso se la define así: "La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este "(art. 55) y puesto que la alta mar no incluye la zona económica exclusiva como lo señala el art. 86 de Jamaica 1982, ésta queda prácticamente establecida y reconocida como un espacio intermedio. Hoy nadie se engaña al considerar que la zona económica exclusiva es una adquisición del derecho, adquisición hecha por vía consuetudinaria. Los países industrializados y desarrollados han debido ceder ante el peso de los hechos que se han sucedido vertiginosamente
Aún en la hipótesis que la III Conferencia del Mar no hubiera llegado a ningún acuerdo o a ninguna convención, ya el derecho positivo, por vía unilateral por medio de declaraciones unilaterales nacionales, ha aceptado esta zona. Falta por determinar, tan solo si será exclusiva, en el sentido indicado antes de que el estado ribereño goce de todos los derechos residuales, o si tenderá a ser pesquera o si habrá libertad que cada país determine cómo proceder a establecerla según sus necesidades y posibilidades reales. Es decir si la aplicación real perfeccionará o no lo dicho en los art. 55 a 75 de Jamaica. CAMBIOS EN LA DENOMINACION: DE ZONA MARITIMA A ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Nada más fascinante que observar la evolución terminológica que han experimentado las 200 millas a partir del 18 de agosto de 1982, hasta la actualidad. La inquietud que se hizo patente desde el principio fue la de esclarecer si se trataba: a. De un mar territorial b. De una zona contigua amplia c. De una zona especial, novedosa e intermedia Cada una de estas posibilidades traía involucrada una diferencia de régimen jurídico y exigía que se precisara lo que entendía cada país, lo que aplicaba cada uno de estos o varios de estos, y qué era lo más conveniente para el derecho internacional marítimo. Desde luego, la intención primera era la de un mar territorial disfrazado en el nombre (caso del Pacífico Sur), pero el desarrollo de la I y la II Conferencia del Mar reveló que un acuerdo mundial que de tal sentido no tendría acogida, de modo que en la década del 60 tomó cuerpo una interpelación más negativa. Las 200 millas no representaban un mar territorial estricto, sino un mar jurisdiccional, esto es, una zona de competencia soberana del Estado ribereño sobre materias relativas a pesca y explotación de los recursos económicos surgiendo una nueva interpretación: A. EL MAR PATRIMONIAL Uno de sus autores, el tratadista chileno Edmundo Vargas Carreño, en un trabajo presentado al Comité Jurídico Interamericano, en abril de 1971, explicaba como lo concebía y afirmaba: "El mar patrimonial comprende tanto el mar territorial como una zona situada más allá de este y cuya extensión es determinada unilateralmente - pero no arbitrariamente por el estado ribereño. Poco después, en cambio en su obra "América Latina y los problemas contemporáneos del mar" de octubre de 1973, el mismo autor al exponer el tema, se rectificaba así: "El mar patrimonial comprende aquellas zonas situadas más allá del mar territorial hasta límites racionales, los que son determinados unilateralmente por el estado ribereño, de acuerdo a sus características geográficas y a la necesidad de obtener un racional aprovechamiento de sus recursos naturales del mar". Como se ve, en un principio el mar patrimonial, comprendía el mar territorial, pero posteriormente, era diverso a éste. Contiene algunas características de mar territorial y algunas de zona contigua. La novedad de esta teoría reside en que entre el mar territorial y la alta mar quedaría el mar patrimonial, que por ser mixto poseería características de uno y otra.
LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Como hemos indicado, los países africanos se inclinaron por una forma verbal que tuviera menos carácter de juridicidad. Esto se explica por la menor tradición cultural europea de dicho continente y también por que a partir de 1967 el interés de los países componentes de las Naciones Unidas se inclinaba cada vez más hacia la explotación de las riquezas económicas, calificadas de "patrimonio común de la humanidad". Esas riquezas potenciales de las aguas vecinas al mar territorial, que habían sido el punto de partida por ejemplo, para la declaración chilena de 1947, representaban asimismo para los países africanos un fundamento real de mejora económica. Pero, en lugar de zona marítima o mar patrimonial prefirieron utilizar un nombre que hiciera comprensible a todo el interés real de sus países en la explotación de esas aguas. El término "patrimonio" derivado del derecho romano, tenía viejas resonancias europeas, mientras que el término "zona económica" podía asimilarse en el principio, reconocido por las Naciones Unidas, en 1952, de control sobre los recursos naturales y aumentando después con el "nuevo orden económico mundial". Esta determinación de zona económica acabó prácticamente con la de mar patrimonial, hasta el punto que en los diversos textos que se han sucedido en todo el desarrollo de la III Conferencia del Mar, la denominación utilizada es únicamente la de ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA NATURALEZA JURIDICA DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Parece indudable que esta zona económica, cuya franja vecina a la costa sería mar territorial en sus primeras millas, no es equiparable a un mar territorial. Las libertades de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables submarinos, que no se dan en el mar territorial, crearían otra discusión jurídica, la cual se aproximaría bastante a la zona contigua. Sin embargo, la zona contigua ofrece ciertas garantías que, según Ginebra/58, son las de constituir una zona de alta mar con control aduanero, sanitario, inmigratorio y fiscal; en cambio la zona económica predominan las facultades de explotación exclusiva de todos los recursos naturales, y, cosa muy importante, los países que patrocinaron esta nueva dimensión no estaban de acuerdo en considerarla alta mar en modo alguno. Quedaba abierta una tercera posibilidad: la de ser una zona "intermedia" ubicada entre una franja de mar territorial y la alta mar, propiamente dicha. Esta naturaleza híbrida es la que la mayoría de los países ribereños patrocinaron, en especial si se relacionan los art. 55 y 86 de Jamaica/82, donde se lee: "La Zona Económica Exclusiva es una zona situada más allá del mar territorial y adyacente a este (art.55). Las disposiciones de la presente parte (alta mar) se aplicarán a todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores (art. 86)¨. Si la alta mar empieza después de la zona económica exclusiva es obvio que no le pertenece, como ya se ha visto, sino que se trata de dos áreas acuáticas diversas. Por lo mismo, la zona contigua deberá definirse en el futuro, como una parte de la zona económica y ya no más como una parte de la alta mar. Puesto que se trata de un derecho en estado naciente, es lógico que se produzcan dudas al respecto, y que los autores no coincidan, porque cada uno contempla el caso desde la óptica de su propio interés nacional o regional. Además, puede suscitar la disputa entre los países mayoritarios en número, que no abdican del calificativo de "zona exclusiva", es decir, países que fuera de reconocer las libertades de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías, no aceptan ser privados de todos los derechos residuales y consideran con razón que los textos producidos en las Naciones Unidas son insuficientes.
En cambio, los países minoritarios en número, las grandes potencias y sus autores, defendieron una zona económica no exclusiva, vale decir, una zona contigua donde se reservan algunas competencias exclusivas, preferentemente la pesca. Para este grupo la zona económica forma parte de la alta mar y en ella solo tendrían los costeros algunas facultades exclusivas. LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA EN SU ESTUDIO JURIDICO POLITICO ACTUAL A. Conforme al art. art. 55 de Jamaica/82, Jamaica/82, la Z.E.E. es: "Un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido establecido en esta parte de acuerdo acuerdo con el cual, los derechos y la jurisdicción del estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención" Se trata se un área donde confluyen competencias del ribereño y del resto de los países. Este hecho indica que se busca una armonización. La redacción del art. 55 procura cierta igualdad entre el ribereño y el resto; habla de los derechos de uno y de otros como ubicables en un mismo plano. Sin embargo, la trayectoria histórica ya señalada revela que dicha zona es una proyección de la autoridad del estado ribereño y que los derechos reconocidos a los demás estados es mera consecuencia del anterior status de la alta mar que poseía esa área. Por eso, el texto de Jamaica/82 se inicia con los derechos exclusivos del estado costero. Es muy clara la soberanía exclusiva y excluyente del país ribereño sobre todas las riquezas naturales contenidas en la masa de agua que constituye la zona económica exclusiva en el lecho de la misma y, conforme a los principios ya reconocidos en Ginebra/58 para la plataforma continental, en el subsuelo de dicho lecho marino contrario sensu, esto quiere decir que, en principio, se reconoce que los demás estados no tienen derecho sobre los recursos de la zona económica del estado ribereño, salvo aquellas concesiones que expresamente se concedan en el mismo texto. Debe efectuarse una distinción de esta riqueza natural 1. Los recursos del agua 2. los recursos del lecho y del subsuelo Respecto a los primeros, el texto de Jamaica hace hincapié en los vivos. Es al ribereño al que corresponde "determinar la captura permisible (art.61) en la zona. A el corresponde establecer "que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotación 8art.61). En una palabra, el debe fijar el nivel de pesca y la preservación de la misma. Si se trata de recursos no vivos -la energía del agua- de las corrientes o de los vientos- la soberanía es completa, puesto que la zona económica exclusiva pretende justamente, reservar para todos los costeros los llamados "derechos residuales" que el adelanto técnico puede suministrar en aprovechamiento de los elementos no vivos. Respecto de los segundos, que son los de la plataforma, rigen los principios ginebrinos, y por lo tanto, si el ribereño "no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá hacerlo (art.77)". O sea, la soberanía del ribereño carece de obligaciones en lecho y subsuelo de su zona, mientras que respecto de la masa de agua debe cumplir con lo indicado en el art.61. B. Además, de lo anterior, el ribereño tendrá jurisdicción, para:
a. El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones o estructuras. Esta jurisdicción, conforme al art. 61, comporta el derecho exclusivo de construir, al igual que permitir la construcción, de dichas islas e instalaciones. Igualmente podrá establecer alrededor de ellas zonas de seguridad razonables, razonables, hasta un máximo de 500 metros. Eso sí estas islas o instalaciones, no tienen mar territorial propio, ni pueden ser consideradas islas naturales, ni construirse sonde interfieran el uso de las vías marítimas reconocidas. b. Investigación científica científica marítima: marítima: Esta jurisdicción, jurisdicción, sin embargo, embargo, tiene cortapizas cortapizas contempladas en los artículos 246 y 247, respecto a la investigación que otros estados pretendan, aunque al ribereño le corresponda conceder el permiso. c. La protección y preservación del medio marino: Dentro de la plena soberanía para establecer "su política en materia de medio ambiente (art.139) d. Por último, otros derechos, previstos en la convención de Jamaica/82, como los contemplados en el art. 73, que pueden incluir "la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales". Todas estas facultades antedichas se ejercerán por el ribereño en su zona cuya anchura "no se extenderá más allá de 200 millas, calculadas desde las líneas de base que inician el mar territorial. 200 millas representan por tanto, el máximo que la comunidad internacional internacional considera (por ahora) como aconsejable y suficiente. C. Todos los demás estados, con o sin litoral, gozan de los derechos reconocidos en el art. 58 que dice: "De las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas...y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades". De esta esta forma la zona zona económica económica exclusiva no aparece aparece contraponiéndose a la libre comunicación entre los pueblos. Solo que para evitar abusos el mismo artículo preceptúa: Los estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del estado ribereño y cumplirán las leyes y los reglamentos dictados por el estado ribereño" Esta zona intermedia, trata de combinar los derechos soberanos de los países ribereños con derechos tradicionalmente reconocidos reconocidos a todos los estados. Lo expuesto hasta ahora conduce a determinar que la Z.E.E.: 1. Es zona intermedia entre el mar territorial y la alta mar 2. Ella combina facultades exclusivas del ribereño con libertades reconocidas a terceros estados. 3. Estas libertades son: navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías 4. El uso y la explotación de todos los recursos marinos, vivos o no vivos, quedan reservados al ribereño. 5. Al estado ribereño le corresponde la exclusividad de construcción de islas artificiales y de investigación científica 6. Igualmente le corresponde velar por la preservación del medio marino 7. Subsiste una dualidad práctica entre la mayoría de ribereños que exige la masa residual de derechos, y la minoría que solo reconoce "competencias" en la zona. LOS DERECHOS DE LOS TERCEROS ESTADOS EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA
Desde el momento en que los países del mundo han aceptado que en las 188 millas de Z.E.E. regirán las 3 libertades de la alta mar ya citadas, se hace indispensable armonizar el derecho del ribereño con los de los demás estados, sean o no costeros. Por su carácter mixto, la Z.E.E. reconoce expresamente: a) la libertad de navegación; b) la libertad de sobrevuelo; c) la libertad de tender cables y tuberías. Estas son las únicas libertades de alta mar compatibles con la naturaleza actual de la zona económica, puesto que las otras -de pesca, de investigación, de construir islas artificiales, de preservación, etc.,- pertenecen a la jurisdicción del costero (art. 58). Lógicamente, Lógicamente, ellas traen consigo importantes aplicaciones: 1. El pabellón: queda reafirmada la autoridad exclusiva del estado del pabellón sobre las naves mercantes, estatales o de guerra, que navegan en la Z.E.E.. Sin embargo, los buques pesqueros en razón de estar la pesca reservada al costero o ribereño, caerían bajo las disposiciones que éste haya fijado en su legislación nacional. Respecto al buque de guerra no hay dificultad alguna en reconocerle su carácter de territorio jurídico que conserva siempre y en toda agua donde se encuentra. Asimismo, mantendrían su inmunidad los buques estatales destinados exclusivamente a servicios no comerciales, conforme a los principios vigentes. Respecto a los mercantes si bien al principio de libre navegación parece realizar su independencia frente al costero, nos parece indudable que podría el estado dueño de la Z.E.E. ejercer cierta jurisdicción preventiva sobre el mismo en caso que considere necesario, no solo con la verificación del pabellón, si no con medidas que garantizaran su respeto a la preservación de las aguas de toda contaminación. contaminación. Desde luego el art. 62 se preocupa del control que tiene el ribereño sobre los buques extranjeros que pesquen en su zona económica, señalando entre otros medios. La información que deben suministrar los pesqueros, el embarque de observadores o personal en formación, formación, la descarga descarga de toda aparte de la captura, captura, en los puertos del ribereño; la reglamentación de temporadas o áreas de pesca; el tipo, tamaño y cantidad de aparejos; los tipos, tamaño y número de buques pesqueros que puedan utilizarse; la edad y tamaño de los peses, etc. 2. La persecución: es evidente que si un buque extranjero comete un delito en la Z.E.E., está sujeto a la persecución del país dueño de ella. Esto ha quedado plenamente reconocido en el texto de Jamaica/82 art.111. Pero, a la inversa, no se reconoce hasta ahora que la persecución cese al llegar a la zona económica de otro país o del propio. En cambio, se reitera que solo cesa la persecución cuando se entra en el mar territorial propio o de un tercer estado. Resulta evidente que esta persecución corresponde al país ribereño. Cabe, sin embargo, si el buque de guerra de otro país podrá revisar y/o apresar un buque extranjero por el delito de piratería o trata de esclavos en la Z.E.E., como si no corresponderá perfectamente al buque de guerra del país ribereño efectuar tal labor, y solo secundaria o delegadamente a buques de guerra de terceros estados. 2. Las maniobras navales: Si la alta mar es el sitio adecuado para efectuar ejercicios navales ¿será lícito efectuarlos en la Z.E.E. de un tercer estado? Los partidarios de considerar la Z.E.E. como de amplia libertad de navegación consideraron que si, pero quienes consideran que se trata de una zona intermedia, no comparten este criterio. En la alta mar no existe la suma de jurisdicciones (por no decir soberanía) que posee el país ribereño en su propia zona. Se enfrentan jurídicamente dos derechos, el de navegar y el de preservar. Dada la naturaleza misma del buque de guerra, parecería lógico y plausible no permitir tales ejercicios navales en las zonas
económicas, a menos que fueran expresamente autorizadas por el costero. 4. El buque de guerra: Lo anterior trae consigo la situación especial del buque de guerra, cuyo paso inocente queda asegurado por el mar territorial y que la Z.E.E. gozaría en la libertad de navegación. Esa libertad plenamente justificada en alta mar ¿puede estar igualmente justificada en la Z.E.E. habría que aplicar la analogía? Quienes defienden la libertad de navegación no han hecho hincapié en el problema. Sin embargo, este existe y hay quienes piensan justificadamente, sin negar al buque de guerra su paso por la Z.E.E., que convendría exigirle por lo menos una indicación de su presencia. Esto último no impide en absoluto que el navío de guerra navegue por dicha zona, pero garantiza al costero, que la presencia del buque de guerra sea deferente y cortés. Respecto a los submarinos, tendrían el derecho de navegar sumergidos indicando su presencia; y los aviones podrían volar con plena libertad. ASPECTOS NUEVOS DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 1. Estados sin litoral. Los estados sin litoral que hicieron presencia en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar exigieron su presencia en la Z.E.E. de sus vecinos, como compensación de las zonas de alta mar cuyo uso ellos perderían al reconocerselos como zona intermedia. Buscaron obtener por la vía del consentimiento internacional la creación de un derecho a su favor. Por eso en el texto f inal de la conferencia se dice: "Loes estados sin litoral tendrán derecho a participar, sobre una base equitativa, en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños de la misma subregión o región, teniendo en cuenta las características económicas y geográficas pertinentes de todos los estados interesados (art.69) La forma práctica de llevar a cabo todo lo anterior, también quedó establecido en el mismo precepto. Los estados interesados deberán efectuar acuerdos bilaterales o regionales. Estos acuerdos cuidarán de no perjudicar la actividad pesquera del estado ribereño y habrían de considerar la circunstancia de que el estado sin litoral participe o pueda participar en la explotación en varias zonas económicas. Si el estado sin litoral es económicamente desarrollado, solo podrá participar en las Z.E.E´s de los ribereños desarrollados de la misma región o subregión, por un principio de equidad. Así se recoge un principio básico de derecho internacional, cual es la prioridad de los acuerdos bilaterales o regionales en materias que interesan preferentemente a un pequeño número de estados. Al derecho del mar le preocupa antes que nada entregar las normas generales para que los estados, libremente, los conduzcan después a la realidad, en la forma y con las modalidades que a ellos les parezca convincentes y conducentes, dentro de las grandes líneas que prescribe el art. 69 de Jamaica/82. 2. Estados con características geográficas especiales Uno de los aspectos que se consideran más decientes del texto de Jamaica/82 es su art. 70 que reproduce textual e innecesariamente el art.69, para aplicarlo a los llamados "estados con características geográficas especiales" (habría bastado con agregar al art. 69 el numeral 2 del 70). Estos países costeros que se auto calificaron como desmejorados frente a las Z.E.E., en un intento vano por impedir en principio, y por aprovechar, después, las ventajas que ofrece esta área (ver art.70 num,.2)
Del texto se desprende lo siguiente: 1. Estados que dependen de la explotación de otras zonas económicas exclusivas de la subregión o región. 2. Estados que no pueden reivindicar Z.E.E. por la estrechez de sus costas (como Zaire que tiene 22 millas de costa o Irak que tiene 10), o por hallarse en mares cerrados o semicerrados. Como se ve, aparecen mezclados 3 conceptos: - Económico (la pesca) - Geográfico (la ubicación) - Jurídico (extensión de la costa nacional) Esto puede dar lugar a toda suerte de complicaciones, a menos que los países vecinos lleguen a establecer sus propios acuerdos, lo que no siempre puede ocurrir. La analogía con los estados sin litoral ubicados en el art.69 es débil. Geográficamente un estado mediterráneo es perfectamente reconocible dado que carece de costa. En cambio, los estados con características geográficas especiales, responden a otra posición e introducen en el derecho del mar una variabilidad que abre paso a posiciones unilaterales sin el fundamento sólido que posee, en cambio, la zona económica como extensión del agua nacional. 3. Fijación de límites marítimos La delimitación tanto lateral como fronteriza de la Z.E.E. tras sufrir una serie de variaciones en el curso de la III Conferencia vino a establecerse en el art. 74. Tal fue la conclusión de una larga evolución que sostuvo, primeramente, la equidistancia, conforme a lo establecido en Ginebra/58 para el mar territorial, reemplazada después por la equidad, concepto vago que finalizó en la fórmula t ranscrita. En ella se mantiene la equidad como finalidad, pero los medios para obtenerla serán los que reglan la conducta procesal de los jueces de La Haya, las convenciones internacionales, particulares o generales; la costumbre internacional; los principios generales del derecho; las sentencias judiciales; la doctrina de los autores más relevantes en la materia. En otras palabras, la soberanía de los estados mediante acuerdos, deberá establecer esos límites laterales o fronterizos. De no llegarse a ello, será necesario recurrir a los medios pacíficos de solución de controversias, indicados en la misma convención de Jamaica/82 Lógicamente, una vez llegado a un acuerdo limítrofe en las Z.E.E., las líneas respectivas incluida la del límite exterior que separa dicha zona de la alta mar se trazarán en cartas a escalas adecuadas y el estado deberá darles la debida publicidad; depositando un ejemplar de cada carta en la secretaría general en las Naciones Unidas (art.75) 4. Mar territorial y zona económica exclusiva. Ya se hizo mención del hecho que las áreas de mar territorial y de la Z.E.E., si bien son diversas (por lo cual no se superponen) para su mediación parten de un mismo punto. En razón de lo dispuesto en el art. 57 de Jamaica/82, la Z.E.E. se extiende desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, vale decir, desde la costa misma o desde las líneas de base rectas, si el ribereño las ha trazado. Por lo tanto partiendo de esas líneas de base en dirección a la alta mar, las áreas son: Mar territorial, zona contigua, Z.E.E.. Como las aguas territoriales llegan
hasta las 12 millas, en virtud del art. 3 las 188 millas restantes corresponden a la Z.E.E.; y de estas 188, las 12 primeras integran la zona contigua, en virtud del art. 33. Vimos como la zona contigua corresponde hoy día de pleno derecho a la Z.E.E. Por tanto, habría que reconocer 12 millas de mar territorial y 188 millas de Z.E.E. y solo esas 188 millas debieran ser llamadas Z.E.E. El llamado "patrimonio común de la humanidad" queda allende de la Z.E.E. Dentro de esta y con mayor razón en la contigua y en el mar territorial, existe el "patrimonio nacional", o sea, el territorio del ribereño irradia su soberanía e influencia (mar territorial) a una menor (zona contigua) a el lugar de uso común (alta mar). Esto hace que el mar territorial y la Z.E.E. sean arcas acuáticas diversas, y si físicamente se superponen, jurídicamente son distintas. 5. Vinculación con la plataforma continental Otro aspecto para dilucidar es la relación que debe existir entre la Z.E.E. y la plataforma respectiva. Como veremos cuando tratemos el tema, la plataforma continental nació en 1945 y fue reconocida por convención especial en la I Conferencia de Ginebra de 1958. Teóricamente, el lecho y subsuelo de ésta debiera conformar aquella, pero no es así; la plataforma puede extenderse a 200 millas e incluso más allá (art.76) mientras que el límite máximo de la Z.E.E. es de 200 millas (art.57), además, si bien la definición de Z.E.E. comprende "el lecho y el subsuelo del mar" (art.56), este lecho y este subsuelo siguen el régimen propio de la plataforma, que conforma más derechos que los reconocidos a la Z.E.E. La expansión contenida en el art. 56 es una caracterización geográfica, mientras que el art.77, que reconoce la soberanía absoluta del ribereño en su plataforma, contiene su valor jurídico y, prima, en consecuencia. Además, en forma expresa, el art. 56 num. 3 reconoce que los derechos "respecto al lecho del mar y su subsuelo" se ejercerán de conformidad a las disposiciones reconocidas para la plataforma continental. 6. Las islas y la Z.E.E. Se trata solamente de islas naturales, esto es, "una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar" (art.121). Con todo, si las islas únicamente son rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia, no entran ni pertenecen a la categoría de islas ni se les aplica, en consecuencia, el régimen de islas (art.78). Este régimen les reconoce mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva y plataforma continental (art.121 num. 2). De esta suerte los países poseedores de islas oceánicas poseen vastas extensiones marinas sometidas a las condiciones propias de las arcas señaladas. Otro tanto puede decirse de los estados archipelágicos, compuestos totalmente por islas (art.46) los cuales gozarán de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma. 7. Controversias internacionales Si la Z.E.E. diese motivo para alguna dificultad entre países, sea por razones de pesca, de otros derechos, o de pretensión de ellos, o de su limitación, la tendencia uniforme de todas las conferencias marítimas ha sido la de someterlos a procedimientos de solución pacífica, conforme al espíritu jurídico contemporáneo. En el caso de la Z.E.E. se aplica el art. 279 de la parte XV de la Convención de Jamaica/82, que señala a los estados el deber de resolver sus controversias por los medios indicados en el art. 33 de la carta de las Naciones Unidas. Sin duda alguna, el orden ha de ser el siguiente:
- Aplicar el procedimiento que los estados bilateral o multilateralmente hubieran suscrito - En su defecto, hacer uso de los medios establecidos en el art. 280 y siguentes de Jamaica/82 Para el caso especial de que "esta conferencia no atribuya derechos o jurisdicción al estado ribereño o a otros estados en la Z.E.E. se inclina una base de equidad, como la fórmula aplicable (art.39). El caso es complejo y la redacción no es clara. En la etapa actual del derecho internacional, pese a la existencia de las Naciones Unidas, solo caben los caminos de solución efectiva entre los estados: - La vía diplomática - La vía judicial Una y otra pueden ser utilizadas, conforme lo establece el texto de Jamaica/82 8. El derecho y la costumbre La Z.E.E. ha surgido de la práctica de los estados y en la III Conferencia del derecho del mar se ha procurado proclamarla por consenso. Esta tendencia a crear el derecho internacional desde arriba, o sea, por un acuerdo general, no es realista mientras no repose en una actividad común a todos los estados. Por tanto, la costumbre internacional, decisiva en la Z.E.E., continúa siendo la fuente principal del derecho del mar contemporáneo. La apelación a una conferencia es solo un modo de confrontar pareceres nacionales y de afianzar decisiones regionales o subregionales ya adoptadas. En otras palabras, se sanciona lo que ya existe, se confirma lo que ya se aplica, o se perfecciona y unifica lo que en líneas generales es la aspiración o la efectividad de varios o muchos estados. Así sucedió con la Z.E.E. La Z.E.E. nació con las declaraciones unilaterales de los estados, se impuso en el campo del derecho internacional por vía consuetudinaria. La III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no hizo sino reconocer y ratificar lo ya existente, aprobado y practicado por los estados. Su naturaleza intermedia, sin embargo, establece algunos interrogantes que el futuro habrá de solucionar, según se acentúe la autoridad del ribereño, como es la tendencia irreversible de ahora. La III Conferencia recogió lo que sembraron los estados y a menudo estos participan lo que se trata posteriormente de codificar: esto fue lo que pasó con la Z.E.E.
P L A T A F O R M A C O N T IN E N TA L
I ANTECEDENTES HISTORICOS Desde antiguo el Derecho Internacional Marítimo, como sabemos, reconoce dos (2) grandes zonas acuáticas: la Alta Mar y las Aguas Territoriales. Después ha venido a sumarse a ellas, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva. Todo esto referido al elemento acuática y horizontal. Tradicionalmente los países han considerado que el dominio estatal podía extenderse al lecho marino que existe bajo las aguas. En otras palabras, la existencia geológica de un fundamento terrestre se encontraba implícita en la idea de dominio (para las aguas territoriales) y en la de uso (para la de alta mar) aún cuando la humanidad
careciera de medios para poder explotar dicho lecho marino, salvo el de muy escasa profundidad. Además, no había medios para poder descender hasta profundidades marinas. Sólo en el actual siglo XX, el hombre ha contado con los instrumentos apropiados para este tipo de actividades en la profundidad de los mares y océanos. La apropiación de los lechos marinos, a partir de la tierra gracias a los túneles de las minas, ha sido de vital importancia en el desarrollo del concepto de la Plataforma . O sea, tanto desde tierra firme, como desde la superficie del agua, el Estado se encaminaba hacia la plataforma ; faltaba con toda la tecnología para la apropiación desde el agua y no desde tierra. De ahí que sea difícil encontrar, excepto en determinados puntos geográficos, una explotación antigüa del fondo marino. Doctrinalmente varios autores del pasado, se preocuparon por esta situación y sentaron las bases de una apropiación jurídica que solo a partir de la II Guerra Mundial vino a tomar plena consistencia y realidad, debido tanto al adelanto tecnológico y científico, como a la escasez de ciertos recursos minerales terrestres que han obligado a los Estados a recurrir a las riquezas submarinas. Fueron las pesquerías sedentarias las que indujeron a desarrollar una preocupación jurídica respecto al lecho marino. La pesca de perlas en Ceylán y en el Golfo Pérsico, y la de esponjas en Túnez, constituyeron objeto de disposiciones legales en el siglo XIX. Dichos bancos de pesca de perlas y esponjas se encontraban a menudo más allá de las tres (3) millas asignadas en ese entonces al mar territorial de sus respectivos países. Era indicio claro de que esos Estados se atribuían autoridad sobre el lecho marino que por hallarse a poca profundidad, debía entenderse que constituían un todo morfológico con la costa, a pesar de que permanecían ubicados fuera del límite asignado a la jurisdicción nacional al agua suprayacente. Algo parecido puede decirse respecto de los bancos de ostras que en países como Irlanda excedían del límite de las aguas. Sin embargo, fue la explotación económica de las minas de carbón - vetas que a partir de la tierra firme se internaban en el lecho marino - las que motivaron el desarrollo del concepto de plataforma continental. Venía de esta forma a unirse el lecho con el subsuelo, para configurar un todo compacto y terrestre que si se estudia en Derecho del Mar, es únicamente debido a que soporta encima una masa de agua. Es importante hacer notar que el Derecho del Mar supera el concepto de un líquido, para abarcar a la vez un sólido e incluso, el espacio aéreo suprayacente a las zonas marinas. II CONCEPTO DE PLATAFORMA CONTINENTAL Estamos en presencia de un hecho geográfico que posee relevancia jurídica. En la medida en que la geología ha sido conocida y dominada, el derecho ha podido ir extendiendo su actividad sobre una zona invisible al ojo humano que constituyen el lecho y el subsuelo marinos. Alcanzable el primero (lecho) cuando se hallaba a corta distancia de la superficie, y explotable el segundo (subsuelo) cuando se encontraba al alcance de túneles que partían de tierra firme, quedaron ambos sometidos al control humano, siguiendo el vaivén del desarrollo tecnológico. Primero las profundidades menores; en seguida, las mayores; finalmente, las abisales, o sea, aquellas que habría sido imposible pretender alcanzar pocos años atrás. Esto ha hecho que el concepto de plataforma haya experimentado mucha variación y que tanto la denominación como su contenido sufrieran alteraciones que solo recientemente han venido a aclararse. Con todo, esta evolución no ha terminado en lo
que respecta al lecho y subsuelo marinos, que existen bajo la alta mar, hoy llamada "la zona", por los encontrados intereses de los Estados. La naturaleza es caprichosa y no se pliega siempre a los intereses de los juristas. De suerte que un perfil del lecho marino revele costas que paulatinamente van sumergiéndose en las aguas de una vasta extensión (perfil del Atlántico Norte), mientras que en otros, la caída es abrupta a muy poca distancia de la costa (perfil pacífico de América), de manera que no es posible establecer a base de lo geológico un concepto unívoco en lo jurídico. Sin embargo, fue lo geológico lo que primeramente motivó la conceptualización de la plataforma. El avance científico ha permitido considerar el subsuelo marino como susceptible de ocupación y explotación de los países ribereños, bajo diversos argumentos jurídicos. Los partidarios del concepto geológico se han basado en la continuidad geográfica del territorio, mientras que otros han pensado que la vecindad es lo que prima, sin importar la morfología del territorio sumergido. En la nomenclatura jurídica la palabra "plataforma" se ha ido imponiendo pero existen otros que también han venido utilizándose, como zocolo, terraza, banco, cornisa, margen, meseta, etc. Tal diversidad de términos responde a las variaciones que se han ido produciendo en la nomenclatura geográfica, y ésta a su vez, al mejor conocimiento del fondo marino. En 1968 una Comisión de las Naciones Unidas se ocupó de establecer una nomenclatura uniforme. Como la costa no se sumerge igualmente en todos los países, se acuñaron las siguientes expresiones: PLATAFORMA CONTINENTAL: La zona del fondo del mar que partiendo de tierra, llega hasta el comienzo del talud continental, entre 150 y 200 metros de profundidad. TALUD CONTINENTAL: La zona que comienza desde el borde exterior de la plataforma y se dirige hasta el fondo abisal, más allá de 3000 metros. Su pendiente va de 3° a 45°. FONDO ABISAL: Es la planicie accidentada que corre bajo los océanos, de 3000 a 5500 metros; a veces posee cadenas de montañas submarinas. TERRAZA O ZOCALO CONTINENTAL: Comprende la terraza y el talud. Toda esta nomenclatura carece de valor jurídico y es mero instrumento de trabajo geográfico. Pero no por eso ha dejado de influir en la terminología jurídica que hoy se usa, inclusive en el texto de Jamaica/82. La variedad de términos se desprende de la caprichosa formación geológica del fondo de los océanos, los cuales como hemos dicho, no descienden a grandes profundidades en igual forma, sino que hay costas beneficiadas con amplias plataformas y costas que prácticamente carecen de ella, fuera de que en algunas partes del fondo marino desciende y vuelve a subir después por largos estrechos. Así, encontramos plataformas extensas entre Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Rusia, es decir, el Mar del Norte y el Mar Báltico. En cambio, África no posee una gran plataforma, excepto en el Mar Rojo y en el Golfo de Edén. A su vez, el Atlántico Oeste es rico en plataforma desde Terranova hasta
Argentina, siendo este país uno de los más beneficiados, mientras que el Pacífico Este prácticamente carece de plataforma desde Chile hasta Canadá, y solo surge en Alaska y en el Estrecho de Bhering. Los continentes se sumergen con relativa suavidad e inclinación, hasta el punto en el que se hunde, quebrándose en dirección hacia las profundidades oceánicas. El concepto primitivo suponía una zona de alta mar próxima a la costa y de escasa profundidad (tales fueron los fundamentos de la doctrina Trumman). Pero este concepto, por lo dicho hasta ahora, tiene aplicación en determinadas partes de los océanos y no en otras, de modo que ha sido preciso modificarlo, adecuándolo a al realidad. Por ello a nuestro parecer, la plataforma continental es: AQUELLA PARTE DEL TERRITORIO SUMERGIDO DE UN ESTADO, CUALESQUIERA SEA SU PROFUNDIDAD Y HASTA EL LIMITE QUE EL ESTADO DECLARE, DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL VIGENTE. III. LA DISTINCION JURIDICA Es importante comprobar que el desarrollo del concepto de la plataforma continental se ha producido en torno a dos (2) realidades claramente diferenciadas: a). La explotación del lecho de la plataforma b). La explotación del subsuelo de la misma. La primera (a) tiene relación directa con la pesca, en particular con las especies sedentarias: Perlas, caracoles, etc, incluso con los crustáceos que permanente o semipermanentemente se encuentran adheridos al suelo o con los llamados peces de fondo, por desarrollarse y nadar muy cerca del fondo marino de la plataforma. En cambio, respecto al subsuelo no ha sido la pesca, sino la minería la que ha tenido su actividad. Desde luego por la explotación de las minas mediante túneles que parten de la supeficie. A partir de la II G.M., por la explotación directa desde las aguas del subsuelo de la plataforma principalmente en la búsqueda del petróleo. De modo que en su cara externa y superior, la plataforma corresponde básicamente a la explotación pesquera; y en su cara interna, en su masa geológica bajo la superficie, a la explotación minera. IV. LA EVOLUCION CONTEMPORANEA En 1942 Gran Bretaña y Venezuela firmaron un tratado relativo al lecho y subsuelo marinos del Golfo de Paria. Dicho tratado repartía entre ambos países el lecho marino que se encontraba más allá de las aguas territoriales. El objetivo de ese convenio internacional fue el aprovechamiento del petróleo submarino y su texto declaraba que respetaba el carácter de alta mar que continuaba manteniendo el agua del Golfo de Paria y por ende, su libre navegación. Mas, la formulación nacional que tuvo mayor repercusión en el Derecho Internacional Marítimo, a partir de la cual debe considerarse el desarrollo de la plataforma continental, fueron las dos (2) declaraciones hechas el 28 de septiembre de 1945 por el Presidente de los Estados Unidos, Harry Trumman, que llevan los números 2667 y2668. La primera que es la atinente a esta materia, se refiere al lecho y al subsuelo de la plataforma continental de los Estados Unidos (se refiere a la reserva del derecho
a crear zona de conservación pesquera en las aguas cercanas a sus costas), expresa: "El gobierno de los Estados Unidos de América considera los recursos naturales del subsuelo y el lecho marinos de la plataforma continental, bajo la altamar, pero contigua a la costa de los Estados Unidos, como pertenecientes a los Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción y control" Es indudable que Estados Unidos declaró soberanía plena sobre su plataforma continental y tenía perfecto derecho a hacerlo. Mediante esa proclama, los Estados Unidos se asignaron una plataforma continental de 1'942.500 Km2. La única limitación que incluía dicha declaración fue la de que el límite máximo de profundidad estaría en la isobata a la cual alcanzaba en esa época la tecnología, 200 metros. De suerte que a partir de la Declaración Trumman se estableció la existencia: a). Del dominio soberano de los Estados sobre su plataforma o continente sumergido. b). De una profundidad relativamente pequeña con relación a la superficie del agua, para permitir su explotación c). De la mantención de la masa de agua suprayacente de su condición de alta mar, con libre navegabilidad y libre pesca V. CONFERENCIAS Y ACUERDOS INTERNACIONALES Una serie de reuniones internacionales y de acuerdos entre diversos países han sido los medios para establecer los principios válidos en materia de plataforma submarina. 1. El Tratado de Santiago, de agosto de 1952 celebrado entre Chile, Ecuador y Perú (que ya ha sido analizado), al expresar que "la jurisdicción y soberanía exclusiva sobre la zona marítima indicada, incluye también la soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde" 2. En marzo de 1956 tuvo lugar la Conferencia Interamericana de Ciudad de Trujillo (México), uno de cuyos temas fue la plataforma submarina. Prácticamente la única materia de un acuerdo entre países asistentes fue sobre la plataforma: El lecho y el subsuelo de la plataforma submarina, zocolo continental e insular u otras áreas submarinas adyacentes al estado ribereño fuera de la zona del mar territorial, y hasta una profundidad de 200 metros o hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes, más allá de ese límite, permite la explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo, pertenecen exclusivamente a dicho Estado y están sujetos a su jurisdicción y control. 3. Paralelamente a lo anterior, y a partir de 1950, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas realizaba sus labores preparatorias de lo que habría de ser, en 1958 la Convención sobre Plataforma Continental La doctrina y la páctica latinoamericana influyeron en los trabajos de ésta comisión, lo mismo que habrían de influir posteriormente en la Convención de Ginebra. VI. LA CONFERENCIA DE GINEBRA DE 1958 El 29 de abril de 1958 se firmó en Ginebra la Convención sobre la Plataforma Continental. Era la cuarta de las convenciones que la primera conferencia sobre el Derecho del Mar se pudo formalizar ese año. Esa convención tuvo la virtud de precisar conceptos y de superar distancias, aunque no pudo eliminar todas las diferencias de criterios existentes entre los países
participantes. Sin embargo, sirvió para fijar algunas líneas generales que se han incorporado al Derecho Internacional Contemporáneo. En su artículo 1o. la Convención definió lo que debía entenderse por plataforma. Como puede verse, esta definición de Ginebra está hecha con un sentido de verticalidad que trata de conciliar tanto la situación geográfica real de países que gozan efectivamente de una plataforma natural, como los que carecen de ellas, pero cuyo subsuelo sería explotable. Por eso, el artículo 1o. señala tanto la isobata de 200 metros (que había sido declarada en 1945 por los Estados Unidos) como la situación jurídica de quienes habían declarado cualquier profundidad aunque vinculándola a la explotabilidad. Solo que este artículo 1o. no señalaba horizontalmente ningún límite, excepto el que emana de la explotabilidad del lecho. Puede comprenderse que esto determina una vaguedad grave, puesto que al aumentar la tecnología se extiende indefinidamente el área submarina capaz de ser explotada. En Ginebra/58 se habló de "límites progresivos", lo cual indica la peligrosidad de la fórmula expuesta en el artículo 1o. Además, el mismo artículo es inconsistente con la realidad al indicar, alternativamente, la profundidad de 200 metros. Si ello podía significar algo en 1945, ya no era sí en 1958, cuando se propusieron 500 metros, 1000 metros, y aún mayores profundidades. Por eso, la fórmula aceptada habla de explotación posible. Solo así caía por su base la limitante de los 200 metros. Lo anterior era el fruto de la lucha entre distintos criterios. Uno geológico, que deseaba establecer la plataforma según su morfología efectiva. Otro buscaba la profundidad de las aguas; un tercero se orientaba hacia la explotabilidad. La solución alcanzada mezcla lo anterior, sin inclinarse por ninguna posición, con lo cual dejó abierto el camino para ulteriores implicaciones. Ahora bien, la redacción en Ginebra se inclina por la posición anglo-americana, vale decir, por el control de la plataforma y su separación tajante de la masa de agua suprayacente. En el artículo 3o. se declara que los derechos del ribereño sobre su plataforma "no afectan el régimen de las aguas suprayacentes como alta mar, ni el del espacio aéreo, situado sobre dichas aguas". Conforme esta disposición, tenemos reconocida la soberanía sobre el lecho y el subsuelo marinos de la plataforma, y en principio, reconocido el uso común de la masa de agua y de la atmósfera superiores. Asimismo, debe indicarse que la plataforma empieza después del lecho del mar territorial. Si bien el fondo marino de las aguas territoriales constituye, geográficamente, parte de la plataforma, ésta, jurídicamente, sólo existe a continuación de aquel lecho. Por lo tanto, la medición se hará desde la línea de base que inicia el mar territorial, pero la naturaleza del área marítima denominada plataforma solo comienza al terminar el lecho de esas aguas territoriales. También el artículo 1o. reconoce que las islas poseen su propia plataforma continental, entendiendo por isla lo establecido en el artículo 10 de la Convención sobre Mar Territorial de Ginebra /58, que la considera "una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar". Es exactamente el mismo texto del artículo 21 de la Convención de Jamaica/82. VII. DERECHOS ESTATALES EN LA PLATAFORMA En el artículo 2o. de Ginebra se utiliza un concepto de gran importancia: LA SOBERANIA. Dice así:
"El Estado ribereño ejerce derecho de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales" Es importante saber que en los estudios preparatorios de dicha convención se había preferido las expresiones "jurisdicción y control" que se reemplazaron después por la declaración de "soberanía". Esto implica, dada la naturaleza jurídica del término utilizado, el pleno dominio sobre la plataforma que cesa de ser "Res hullius" para convertirse en "Res Propria". Queda así justificada la lógica consecuencia de que en materia de usufructo y de uso de dicha plataforma, solo el ribereño es la autoridad capaz de ejercer sus derechos o cederlos a terceros. Por eso, el mismo artículo 2o. numeral 2 de la Convención de Ginebra/58 sobre plataforma continental, dice así: "Los derechos a que se refiere el parágrafo 1 de este artículo son exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de esta, nadie podrá emprender estas actividades o reivindicar la plataforma continental sin expreso consentimiento de dicho Estado". Y el numeral 3 añade: "Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa". De lo anterior se desprende: 1. La plataforma pertenece exclusivamente al Estado ribereño 2. El Estado ribereño goza de soberanía sobre ella. 3. El Estado ribereño es el único que puede explorarla y explotarla 4. El Estado ribereño es dueño "Per se" de la plataforma, aún cuando no haya hecho ni declaración ni actividad alguna. 5. La inactividad del Estado sobre su plataforma no confiere a terceros ningún derecho 6. El Estado ribereño es dueño de los recursos naturales de la plataforma La redacción del artículo 2o. numeral 1 pareciera limitar la soberanía estatal a los recursos naturales. Sin embargo el texto de Ginebra/58 que explica lo que son dichos recursos naturales, tiene gran extensión: "Para los efectos de estos artículos, se entiende por recursos naturales, los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y subsuelo. Dicha expresión comprende, así mismo, los organismos vivos, pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con dicho lecho y subsuelo" (artículo 2o. numeral 4) Este concepto abarca prácticamente todo lo que contiene la plataforma: 1. Los recursos no vivos, es decir, los minerales 2. Los recursos vivos que están adheridos al suelo en forma permanente o semipermanente. La redacción del precepto es muy amplia, ya que se refiere a la totalidad de las materias "no vivas" tanto del lecho como del subsuelo. Equivale a sostener que la entera estructura física de la plataforma es propiedad del Estado. En seguida, los organismos vivos caen bajo el mismo dominio en su totalidad. Lo único que escoja al dominio del Estado es en realidad el agua, pero la totalidad de la plataforma - masa sólida- y la totalidad de las especies vivas adheridas en forma permanente o transitoria al lecho marino también le pertenecen. Puede sostenerse, por lo mismo, que las especies vivas son cosas accesorias a lo principal, que es la plataforma y ésta en su totalidad corresponde al Estado ribereño. Es indudable que la importancia fundamental de la plataforma continental radica en sus recursos minerales, cuya explotación ha provocado el amplio desarrollo tecnológico reciente y la consiguiente ampliación de la soberanía marítima de los Estados sin el auge de la minería submarina, posiblemente la plataforma no habría
evolucionado dentro del derecho. EL RECONOCIMIENTO DE LOS TUNELES Finalmente, la Convención de Ginebra/58 reconoce el pleno derecho de los Estados ribereños: "A explotar el subsuelo mediante túneles cualquiera que sea la profundidad de las aguas sobre dicho subsuelo" (art. 7) La Convención de Ginebra consagra y reconoce el derecho de explotabilidad, no solo mediante instalaciones submarinas, sino también mediante túneles, tal como se ha venido haciendo por muchos años en muchos países. Todos los juristas habían considerado que explotar el subsuelo marino desde tierra firme era perfectamente aceptable; invocaban además, como se ha dicho, la condición de Res Nullius del fondo del mar y la capacidad de ser ocupado por cualquiera (lo que ahora ha venido a constituir patrimonio común de la humanidad, ya no puede efectuarse, al menos teóricamente) La explotación de la propia plataforma mediante túneles, constituye un derecho exclusivo del ribereño. Ahora si se tratase de plataformas vecinas, como es el caso del Canal de la Mancha. Correspondería a los países interesados concertar por tratados la forma de proyectar y llevar a cabo un túnel submarino internacional. LIMITACIONES A LA SOBERANIA ESTATAL Dado que las aguas ubicadas sobre la plataforma mantienen una condición jurídica diversa de la asignada a ésta (puesto que en esa agua existirá hoy: Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva) subsiste la preocupación concerniente al régimen jurídico que le corresponde a esa masa de agua. a. LIBERTAD DE NAVEGACION En el convenio entre Gran Bretaña y Venezuela sobre el Golfo de Paria (1942) y en la declaración Trumman (1945) se había pretendido obviar el problema estableciendo una distinción entre "continente sumergido" y "aguas suprayacentes". La preocupación anglo-americana por mantener las libertades del mar, o sea, la libre navegación, era responsable de esa fórmula, en la cual, si bien adjudicaba el lecho y el subsuelo al Estado ribereño, dejaba libre el tráfico y el vuelo de terceros Estados en la zona de agua ubicada sobre la plataforma. Fue en virtud de esa situación de compromiso que la Conferencia de Ginebra de 1958, estableció el artículo 3o. "Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan el régimen de las aguas suprayacentes como alta mar, ni el espacio aéreo situado sobre dichas aguas". La declaración no ha sido confirmada por la práctica jurídica de los Estados, ya que la inmensa mayoría de ellos ha declarado Zonas Económicas, desvirtuando así el concepto de Alta Mar, indicado en el texto de Ginebra/58. Es peligroso ahora calificar de alta mar a las aguas existentes sobre la plataforma, ya que esos Estados han proclamado soberanía, jurisdicción, control y otras clases de facultades exclusivas en tales aguas. Esto hace que la evolución posterior haya llegado a la redacción en Jamaica/82, donde las palabras Alta Mar, han sido suprimidas y su art. 78 dice "los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectarán a la condición jurídica de las aguas suprayacentes o a la del espacio aéreo de tales aguas".
b. ISLAS ARTIFICIALES Con todo, subsiste un problema: las instalaciones petroleras o de otra índole para explotar el subsuelo marino constituyen realmente un obstáculo a la libre navegación. Las instalaciones de las islas artificiales facultan al Estado ribereño para fijar una zona de seguridad en torno a ellas. Estas zonas pueden obstaculizar el paso, a pesar de las precauciones que se tomen para evitarlo. El artículo 5o. de la Convención de Ginebra establece: "La explotación de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales no deben causar un entorpecimiento injustificable de la navegación, la pesca o la conservación de los recursos vivos del mar, ni entorpecer las investigaciones oceanográficas fundamentales u otras investigaciones científicas que se realicen con intención de publicar sus resultados" Como hoy día la pesca y los recursos vivos han sido reclamados por los Estados ribereños con exclusividad de sus Zonas Económicas, solo subsiste la libertad de navegación, dada la soberanía estatal para (art. 5o. numeral 2): Construir, mantener y hacer funcionar en la plataforma continental las instalaciones instalaciones de estos dispositivos necesarios para explorarla y para explotar sus recursos naturales así como a establecer zonas de seguridad al rededor de tales instalaciones y dispositivos, y a adoptar en dichas zonas las disposiciones necesarias para proteger las referidas instalaciones y dispositivos. De hecho la libertad de navegación, tendrá que experimentar dificultades máxime si las zonas de seguridad se pueden extender hasta 500 metros alrededor de las instalaciones instalaciones (art. 5o. numeral 3) c. INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Así mismo, existe la obligación, obligación, para los Estados ribereños de autorizar las investigaciones científicas referentes a las características físicas o biológicas de la plataforma, hechos por una institución competente y siempre que el Estado ribereño tome parte o se haga representar en ellas. De esta manera se pretende cautelar los intereses científicos y los soberanos del ribereño (art. 5o. numeral 8) Dada la facilidad con que se mezcla hoy en día la ciencia y la política, el control del Estado ribereño sobre tales actividades se torna imprescindible. d. CABLES Y TUBERIAS Otra limitación que expresamente señala Ginebra/58 en la plataforma continental, es la relativa a tendido de cables y cañerías submarinas. Como estas pueden reposar en el lecho marino y por ende en el territorio sumergible de un Estado convenía precisar esta servidumbre internacional, que fue incluído en el artículo 4 de la Convención de Ginebra/58. Sin embargo, no es una prohibición absoluta, dada la soberanía del ribereño. Este puede perfectamente señalar al tercer Estado por donde y en que forma ha de pasar su tubería o sus cables para que no entorpezcan el uso actual o futuro del ribereño
sobre su plataforma. En otras palabras, no goza el tercer Estado de un derecho exclusivo de tender cables o tuberías. Debe solicitar el acuerdo del Estado ribereño dueño de la plataforma. e. CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y la última prohibición que estableció la Convención de Ginebra/58 es la de impedir que las instalaciones o islas artificiales que coloca el Estado ribereño para la explotación de su plataforma adquieran la categoría de islas (art. 5o. numeral 4) Esto impide que la construcción de estos dispositivos produzcan pequeños núcleos núcleos de mar territorial en lo que se considera alta mar en 1958. Hoy en día, con la existencia de la Zona Económica Exclusiva, si bien subsiste la prohibición de la territorialidad del precepto ginebrino, sin embargo, la ampliación de los derechos en favor del ribereño hace que la relación "estructura-navegabilidad" no encuentre una solución adecuada. A nuestro modo de ver, el valor que posee el concepto de Ginebra reside en ser uan mera confirmación del principio de que los límites marítimos de un Estado, salvo convención en contrario, deben basarse en elementos naturales y no artificiales. VIII. DELIMITACION DE LAS PLATAFORMAS PLATAFORMAS VECINAS Pese a que el concepto jurídico de plataforma continental tiende a independizarse de la realidad geográfica, especialmente en lo que tiene relación a su prolongación hacia alta mar, en las plataformas que son comunes a dos Estados vecinos existe hoy cierta ambigüedad. Esta no es producto de la Convención de Ginebra, surge de los conflictos que posteriormente posteriormente han existido. La Convención de Ginebra/58 considera dos (2) situaciones: a). Que la plataforma sea adyacente a dos (2) o más Estados b). Que la plataforma esté situada entre dos (2) o más Estados que se enfrenten O sea, existe una plataforma lateral, en el primer caso; y una plataforma frontal, en el segundo caso. En uno u otro caso, las reglas ginebrinas son claras. Según ellas, debe recurrirse: a). Al acuerdo mutuo, en el primer término b). A la equidistancia, en el segundo término. Así lo fija el artículo artículo 6 de Ginebra/58 Como los límites de una plataforma que vincula a dos (2) Estados constituye fundamentalmente fundamentalmente un problema que atañe en particular a sus respectivas soberanías. soberanías. Sobre ellas es lógico establecer que son esos Estados los que deben convenir el límite de la plataforma. Esto abre dos (2) posibilidades: o bien el límite que se convenga será reflejo y aplicación del límite convenido en la superficie del agua, y por lo tanto, simple prolongación de este; o bien, el límite pactado en la plataforma es diverso al de las aguas. Lo último reviste gran importancia porque autoriza a los Estados a fijar, de común acuerdo, límites submarinos distintos de los marinos. Así, podría caber una repartición del lecho marino que no reflejara la división de las aguas. Esto puede captarse claramente si se piensa en países cuyas plataformas se extienden más allá de 200 millas.
En seguida, reconocía la primacía de la voluntad estatal, si ella no se pone en ejercicio o no se concierta un acuerdo, la Convención de Ginebra establece un medio matemático de aplicación relativamente sencillo, según se trate de Estados enfrentados o adyacentes. adyacentes. En el primer caso, el límite en la plataforma se regiría por la Línea Media. Y en el segundo caso, también por la equidistancia, convertida ahora en la bisectriz de un ángulo. En ambos casos regiría un principio geométrico, el cual sería fácil de construir en una carta marina. IX. APLICACION POSTERIOR A 1958 1958 La Convención de Ginebra/58 sobre Plataforma Continental ha ejercido una fuerte influencia en las legislaciones nacionales, tanto de los Estados que forman parte de ella, como de los que no la integran. Dicha influencia puede apreciarse particularmente en el hecho de que muchas legislaciones nacionales nacionales han incorporado términos en que fue definida la plataforma Continental por el artículo 1 de la Convención. Efectivamente, reconocida por la convención ginebrina la soberanía del Estado ribereño en su plataforma, se volvió innecesario hacer tales declaraciones después de 1958. En cambio, se ha insistido en dos (2) criterios: la explotabilidad explotabilidad y la profundidad. También se ha dado el caso de que algunos países establezcan, merced a las leyes particulares. su control sobre determinados recursos de la plataforma. En esta forma la aplicación de la Convención de Ginebra/58 se ha orientado en el sentido de la explotabilidad, abandonando prácticamente el criterio de la profundidad de 200 ó más metros que alternativamente indica el artículo 1o. Esto trajo por consecuencia una imprecisión respecto al criterio de delimitación de la plataforma, que iba a gravitar, como se verá, en la 3° Conferencia sobre Derecho del Mar. X. CONGRESOS Y ACUERDOS REGIONALES Con posterioridad a la I Conferencia sobre Derecho del Mar, tuvieron lugar diversas reuniones regionales, regionales, las que influyeron, influyeron, a la vez, en los acuerdos definitivos de la III Conferencia que finalizó en Jamaica en 1982. La URSS, Polonia y la R.D.A. se repartieron la plataforma continental del Mar Báltico, el 23 de octubre de 1968, con declaración excluyente para su explotación y explotación de países ajenos a las costas de dicho mar. Por la Declaración de Montevideo del 8 de mayo de 1970, nueve (9) países latinoamericanos reafirmaron el derecho a explorar, conservar y explotar los recursos naturales de sus respectivas plataformas continentales. Igualmente, declararon esas facultades en el suelo y el subsuelo hasta el límite donde el Estado ribereño ejerza su jurisdicción sobre sobre el mar. Esto último, último, en relación con con países de plataforma plataforma angosta. angosta. Ese mismo año, el 8 de agosto (1970) los países latinoamericanos se reunieron en Lima y reiteraron lo anterior. La exploración, conservación y explotación del suelo y subsuelo del mismo mar, así como de la plataforma continental y su subsuelo. A su vez, los países del Caribe, en la Declaración de Santo Domingo, el 9 de junio de 1972, reafirmaron las reuniones anteriores y los principios de Ginebra/58. La novedad fue insinuar que se tuviera en cuenta para delimitar externamente la plataforma: "El borde exterior de la emersión continental".
El Comité Jurídico Interamericano emitió el 9 de febrero de 1973, una resolución sobre Problemas de Derecho del Mar y allí analiza la plataforma como separada de las 200 millas, si geográficamente sucedería. Dice: "La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de la zona mencionada en el artículo 1o. (200 millas), a su plataforma continental" Esta última quiere ser definida geográficamente, como el lecho y subsuelo marinos "hasta el borde exterior de la emersión continental, límite con la cuenca oceánica a fondos abisales". Como a fines de 1973 tuvo lugar el inicio de la III Conferencia sobre Derecho del Mar, el interés de todos los países con o sin litoral, se concentró en esta reunión. XI. LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA III CONFERENCIA DEL MAR En poco más de dos decenios transcurridos entre la I y la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la plataforma continental experimentó mayor complejidad de la contenida en la Declaración Trumman. El adelanto tecnológico, la presencia de nuevos Estados, la aparición triunfante de la Zona Económica Exclusiva, el diseño de la nueva zona destinada a controlar el lecho y el subsuelo de la alta mar con fines de beneficio para la humanidad, sumado a la impresición del concepto de "plataforma", en la I Conferencia del Mar en Ginebra, todo ello se refleja en la III Conferencia, y, desde luego en el texto final de Jamaica/82 (artículo 76 de Jamaica/82) La plataforma comprende dos (2) situaciones diversas: 1. El lecho y subsuelo marinos naturales hasta alcanzar el "borde exterior del margen continental" antes de caer a las grandes profundidades, lo que equivale a un límite físico geográfico. 2. O bien, hasta alcanzar la distancia de 200 millas, que representan en el lecho la misma extensión que las aguas de la Zona Económica Exclusiva, o lo que equivale a un límite jurídico. Ahora bien, subsiste en esta formulación que busca la horizontalidad, la misma impresión que en Ginebra. No hay un concepto de plataforma, hay dos. En otras palabras, se deja a cada Estado la libertad de ubicar su plataforma en cualquiera de ambas posibilidades, según sea poseedor de un margen estrecho o de uno ancho, o inclusive, la de utilizar ambas dimensiones si su plataforma es irregular y en algunas partes resulta más extensa que en otras. A la vez, se adjudica al Estado ribereño una zona de lecho y subsuelo marinos que prolongan su territorio terrestre en una gran cantidad de millas, encontrándose dicho lecho a la profundidad que fuere. Es la aplicación ampliada de la sentencia dada en 1969 por la Corte Internacional de Justicia, en la partición de la plataforma del Mar del Norte. Debe recordarse, igualmente, que el sector denominado "plataforma" comienza donde acaba el lecho del mar territorial. Por lo mismo, si el Estado ha declarado una plataforma de 200 millas y posee un mar territorial de 12, su plataforma ocupará tan solo 188 millas. Y si posee una plataforma excedida, ella empieza, asimismo, tan solo al acabarse el lecho de las aguas territoriales. En otras palabras, el límite interno de la plataforma continental es el borde exterior del lecho del mar t erritorial. La III Conferencia recogió la dualidad de pareceres estatales entre los países sque defendían la tesis geográfica, por serles favorable la configuración de su plataforma, y
los países cuya exigüa plataforma los dejaba en desmedrada situación geográfico jurídica. El artículo 76 es una transacción, por lo tanto, la extensión de la plataforma queda sometida a dos fórmulas: a. Una estrictamente jurídica, que favorece en todos los Estados marinos escasos de lecho con una extensión máxima de 200 millas. b. Geográfico.jurídica, que favorecen a los Estados marítimos dotados de una gran plataforma natural, cuyo límite estaría en el borde externo de la margen continental (esta margen quedó definida en el artículo 76, numeral 3 de Jamaica/82) "La prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud, y la emersión continental" O sea, de 1958 a 1982, los ribereños han avanzado considerablemente y ganado vastas extensiones submarinas. Sin embargo, puesto que la caprichosa geografía submarina puede, en algunos casos, prolongarse desmesuradamente, la misma conferencia fijó un límite exterior para plataformas que sobrepasen las 200 millas (artículo 76 numeral 5). Ahora bien, la extensión que sobrepase las 200 millas, se introduce verdaderamente en el fondo del mar, que ahora se conoce como "la zona", declarada Patrimonio Común de la Humanidad, y sometida a una administración internacional. Para adjudicar al ribereño con plataforma amplia ese sector de 150 millas adicionales, o de 100 o más millas a partir de la isóbata de 2.500 metros, se le imponen algunas cortapisas: a. Respecto al trazado del límite exterior de la margen deberá el ribereño someter su trazo a una Comisión de Límites de Plataforma Continental, la cual revisará y aprobará dicho diseño (el anexo III del texto de Jamaica se refiere a esta Comisión Internacional). Solo serán definitivos los límites que se efectúen "tomando como base" las recomendaciones de tal Comisión. b. Respecto a la explotación de esa plataforma excedida se indica en el artículo 82, que el ribereño deberá efectuar "pasos o contribuciones en especie", cuando se trate de recursos no vivos, fijando un pago fraccionado "después de los primeros 5 años de producción de ese sitio". Pagos y contribuciones habrán de hacerse por intermedio de la autoridad destinada a administrar la zona (lecho de alta mar) b. Finalmente, respecto a la forma de efectuar el trazado de su límite exterior en el margen, lo hará por líneas rectas "cuya longitud no exceda de 60 millas marinas" (artículo 76 numeral 4) Se establece en esta forma, una diferencia entre países con plataforma pequeña, y los de plataforma amplia. Aquel carece de obstáculos jurídicos para fijar en 200 millas la extensión de ella, mientras este posee las limitaciones dichas. O sea, en el caso de plataforma excedidas, la soberanía estatal resulta limitada en toda la distancia que sobrepasa las 200 millas, tanto en su delimitación como en la explotación de los recursos no vivos. XII. LOS DERECHOS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL
La soberanía del ribereño se reconoce prácticamente en términos idénticos a los contenidos en la Convención de Ginebra/58, puesto que el artículo 77 de Jamaica/82 reproduce el artículo 2 anterior. Surge "el derecho exclusivo a autorizar y regular las perforaciones que con cualquier fin se realicen en la plataforma" (artículo 81) Así mismo, el ribereño tiene derecho exclusivo para construir, autorizar o controlar las islas artificiales, instalaciones y estructuras que se erijan sobre la plataforma, apoyándose en el artículo 60 de la Zona Económica Exclusiva de Ginebra/58 y reglamentándose en el artículo 80 de Jamaica/82. El texto también desarrolla con mayor extensión, los derechos y servidumbres que en relación con cables y tuberías submarinas indicaba el artículo 4 de Ginebra/58. Tratando de equilibrar los derechos del Estado ribereño con los del Estado dueño de los cables y/o tuberías, el artículo 79 de Jamaica establece: a. El trazado de la línea para el tendido de esas tuberías estará sujeto al consentimiento del Estado ribereño c. Salvaguardar sus derechos a la exploración y explotación de la plataforma, y a prevenir, reducir y controlar la contaminación de las tuberías; el Estado ribereño "no podrá impedir el tendido o la conservación de tales cables o tuberías" c. El Estado ribereño tiene pleno derecho a fijar condiciones para la entrada de cables o tuberías en su territorio o en su mar territorial. y posee jurisdicción sobre los cables y tuberías construidos o utilizados en relación con la explotación y operación de su plataforma continental. d. El ribereño no entorpecerá la posibilidad de reparar los cables o tuberías existentes. Esta precisa determinación de derechos y deberes no existía en la Convención de Ginebra/58. La innovación más interesante, con todo, es la relativa a la delimitación, lateral o enfrentada, de plataformas entre Estados, contenida en el artículo 83, cuyo texto sufrió diversas redacciones antes de quedar como sigue:
"LA DELIMITACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ENTRE ESTADOS CON COSTAS ADYACENTES O SITUADAS FRENTE A FRENTE SE EFECTUARA POR ACUERDO ENTRE LOS MISMOS, SOBRE LA BASE DEL DERECHO INTERNACIONAL A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 38 DEL ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, PARA ALCANZAR UNA 'SOLUCION EQUITATIVA' ". Se reitera así la fórmula aplicada a la delimitación de Zonas Económicas Exclusivas, ya estudiadas. O sea, los Estados deben procurar encontrar por acuerdo mutuo la línea limítrofe, sobre la base de las fuentes del derecho internacional que contempla el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para alcanzar una solución equitativa. Esta redacción tiene el defecto de silenciar el principio de "equidistancia", fijado en Ginebra/58, y reemplazarlo por una finalidad equitativa, aún cuando esta última está encerrada en las bases generales dadas en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, con lo cual hay un marco jurídico que atenúa la equidad simple y pura, simpre
subsiste la vaguedad de este concepto. Probablemente, al igual que en las zonas económicas exclusivas, habrá que recurrir a los procedimientos conciliadores previstos en la Parte XV del texto de Jamaica. Finalmente se reitera en esta Convención, lo dicho en Ginebra/58 respecto a la jurisdicción jurídica de la plataforma continental, que no afecta ni el agua, ni el aire suprayacente (pese a ello, la situación en 1982 es muy diversa a la situación de 1958 para esas aguas suprayacentes; antes constituían alta mar, ahora son zonas económicas exclusivas; antes los derechos del resto de los Estados eran mayores, ahora son menores) Por lo mismo, la libertad de navegación y de sobrevuelo quedan reconocidos una vez más, y la situación de los túneles permanece intocada. Como corolario, podría indicarse que, en lenguaje estricto, hoy día la plataforma abarca: a. La Plataforma Continental, en correspondencia con los así llamados continentes b. La Plataforma Insular, reconocida expresamente a las islas, conforma al artículo 121 c. La Plataforma Tipo, que es la que alcanza las 200 millas d. La Plataforma Excedida, que es la que supera las 200 millas y alcanza hasta 350 o las 100 millas a partir de la isóbata de los 2500 metros. XIII. SINTESIS DE PLATAFORMA CONTINENTAL a. En los últimos siglos diversos países han explotado el lecho y el subsuelo marinos adyacentes a sus costas, conforme ha aumentado el desarrollo de la tecnología b. En la medida en que la geografía moderna ha determinado la existencia de plataformas submarinas, ha ido distinguiéndose entre diversos sectores: Plataforma, talud, emersión, margen, profundidades, etc. Paralelamente se ha desarrollado la figura jurídica "continente sumergido", de zocolo, terraza, corniza, hasta quedar en Plataforma Continental c. Puede definirse la Plataforma, como aquella parte del territorio sumergido de un Estado, cualquiera que sea su profundidad y hasta el límite que el mencionado Estado proclame, de conformidad con el Derecho Internacional vigente. Existe plataforma continental e insular d. Históricamente, la declaración norteamericana del Presidente Trumman (28 de septiembre de 1945), constituyó el punto de partida de reivindicación estatal de la plataforma, adjudicándose el subsuelo y el lecho marinos bajo la alta mar contiguas a la costa, sin alterar el carácter de aguas suprayacentes y en una profundidad de 200 metros. e. Desde entonces hasta ahora, innumerables Estados, por vía de la declaración unilateral, han reivindicado sus respectivas plataformas con base en dos criterios: La extensión y la explotabilidad, aunque no todos coincidan en la categoría de los derechos reclamados.
f. Diversas reuniones y acuerdos internacionales, entre ellos el tratado entre Chile, Ecuador y Perú en 1952, ratificaron los derechos estatales sobre las respectivas plataformas. g. La I Conferencia sobre Derecho del Mar de 1958, consagró definitiva y jurídicamente la existencia de la plataforma continental, basada en un doble aspecto: la profundidad de 200 metros o la explotabilidad más allá de esta cifra. h. La Convención de Ginebra/58 reconoció la plena soberanía del Estado ribereño, su exclusivo dominio, uso y disposición, incluso sin declaración alguna y sin actividad de exploración o explotación de la plataforma, salvo los derechos inherentes al uso de las masas de agua suprayacentes, que en esa fecha eran alta mar. i. Dicho dominio del Estado se extiende a todos los recursos naturales y minerales -no vivos- del lecho y subsuelo de la plataforma, para cuya protección fue creada. Deben añadirse los recursos vivos adheridos al suelo o en constante contacto físico con él. También comprende la facultad de efectuar túneles j. Esta soberanía estatal posee, en Ginebra, varias limitaciones: La libertad de navegación y sobrevuelo en la masa suprayecente de agua, que puede constituir alta mar, lo mismo que la pesca y la de aceptar tendido de cables y tuberías submarinas, aceptar la investigación científica, y la de no entorpecer la navegación con islas artificiales k. Según Ginebra/58, las plataformas laterales o enfrentadas deberían ser limitadas de común acuerdo, y, en caso de no lograrse esta, recurrir a la línea media o equidistante l. La III Conferencia de Derecho del Mar de Jamaica/82, ratificó los conceptos creados por Ginebra/58, tomando en consideración la existencia de la nueva Zona Económica Exclusiva y los adelantos tecnológicos que permitan explotar grandes profundidades. ll. Se mantiene la dualidad en las plataformas, según sean estrechas o amplias, asignando a los Estados ribereños de las primeras, un máximo de 200 millas contadas desde las líneas de base, y las segundas, hasta el borde del margen natural con un máximo de 350 millas o bien hasta 100 millas más allá de la isóbata de 2500 metros de profundidad m. Se aplican restricciones a los países con plataformas excedidas en cuanto a fijación de límites y pago de contribuciones. n. Para la delimitación lateral o enfrentada de la plataforma, se abandona el principio geométrico de la equidistancia y se recurre, manteniendo el principio del acuerdo mutuo, al artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, con miras a lograr la equidad. ñ. La evolución alcanzada entre una y otra conferencia, indica la extensión de los derechos estatales hacia alta mar y la reclamación, cada vez mayor, de lechos submarinos bajo el nombre de "plataformas" aún cuando geográficamente no lo sean.
ALTA MAR
I. INTRODUCCION Hemos dejado de último espacio marino la Alta Mar, pero no por mero capricho, sino porque es en la alta mar donde se enfrentan hoy día los apetitos de todos los Estados, inclusive de aquellos que carecen de costa, y por lo tanto, si existe un lugar geográfico en el cual la totalidad de los países de la tierra reclaman derechos - sea en la superficie, en la masa líquida o en los fondos marinos- es, justamente la alta mar. En consecuencia, debemos iniciar nuestro análisis sobre la dimensión marina que el
Derecho Internacional reconoce bajo la denominación de alta mar. II. DEFINICION DE ALTA MAR Si bien la alta mar ha sido conocida y considerada desde antigüo, los tratadistas del pasado no se referían a ella separadamente. Preferían estudiarla en relación directa con la libertad de navegación, que fue el gran tema que apasionó a los juristas desde el siglo XVI en adelante. En cambio, para los juristas del Siglo XX, la alta mar está perfectamente definida y clasificada, e inclusive podemos decir que codificada, si nos atenemos al concepto dado por la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1958, y reiterado en la Tercera Convención de Jamaica de 1982. Muchos tratadistas tienen su propia definición y comprensión sobre lo que debe entenderse como alta mar. Pero también todas ellas coinciden en calificar la alta mar como una zona: a. Diversa y separada de las zonas marinas donde el Estado ribereño ejerce plenitud de derechos. b. Lugar donde coinciden la igualdad de derechos de todos los Estados de la tierra. Sin embargo, es necesario indicar que esta igualdad jurídica sufre grave desmedro al sobrevenir el tiempo de guerra, porque los mares son libres; pero lo son solo en tiempos de paz: la guerra de hecho acaba con tal libertad.
Por lo tanto, cuanto expresemos dice relación exclusiva con el Derecho Internacional Marítimo o mejor, con el Derecho del Mar en temporada de paz. III. LA DEFINICION DE LAS CONVENCIONES El primer texto que podríamos llamar oficial para definir la alta mar, está contenido en la convención respectiva, adoptada en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, el 29 de abril de 1958 en Ginebra. La Comisión de Derecho Internacional que había recibido de las Naciones Unidas la misión de presentar un texto a dicha conferencia, hizo eco a la tradición y libertad de los mares. La convención es muy precisa en el análisis de ciertos derechos y facultades que poseen los Estados respecto de la alta mar, pero es deficiente en la definición que de la misma hace en su artículo 1o. al especificarlo así: "Se entenderá por ALTA MAR la parte del mar no perteneciente al mar territorial, ni a las aguas interiores de un Estado". Las definiciones negativas no son idealmente deseables. Prácticamente lo que hizo la Convención de Ginebra fue caracterizar como alta mar todo aquello que no caía bajo la jurisdicción soberana de ningún Estado; o dicho de otra forma, el "residuo" del agua existente en el mundo y no adjudicado en propiedad o en control a ningún Estado. Mas, si se considera que este residuo sobrepasa los dos tercios de toda el agua de la tierra, puede comprenderse que un área tan importante y hacia el que convergen los derechos de todos los Estados, merecía un tratamiento jurídico más adecuado. En realidad este artículo es el resultado de una transacción práctica. Al no poder ponerse de acuerdo sobre lo que debería considerarse como alta mar, se prefirió una fórmula negativa, puesto que la alta mar viene a ser lo que no es ni mar territorial, ni agua interior. Aquello que escapa al control directo de un Estado, cae en la categoría de alta mar.
El segundo texto que podríamos llamar oficial, el suscrito en Montego Bay-Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, no ha innovado ni mejorado en absoluto lo acordado en Ginebra 58. En el curso de las sesiones y a través de los años, se mantuvo idéntica posición. Un documento emanado de las Naciones Unidas en 1975 proponía definirlo como: "La parte del mar no perteneciente a la Zona Económica Exclusiva, al Mar Territorial o a las aguas interiores de un Estado". Dicha fórmula, siempre en su relación negativa, fue complicada en 1976, para añadir "a las aguas exclusivas, las archipelágicas de un Estado Archipelágico" consecuencia lógica del reconocimiento de esta clase de Estados situados en la alta mar. Como puede verse, sin variar esencialmente la formulación van apareciendo nuevas zonas marinas diversas y excluyentes de la alta mar, la cual mantiene, sin embargo, su solo carácter residual frente a ellas. El derecho contemporáneo carece de una definición directa de lo que es alta mar. IV. ANALISIS DE LA DEFINICION INDIRECTA En nuestra opinión sería preferible encontrar una definición apropiada antes que tal fórmula residual. Si bien parece ser que el concenso está hacia una definición negativa que encontró eco en las dos convenciones sobre Derecho del Mar citadas, también los hay que expresan de un modo positivo lo que debe entenderse por alta mar. Se comprende que esto es resultado de largas luchas históricas entre los derechos nacionales, propios de los Estados ribereños que desean utilizar cada vez mayores espacios oceánicos y el acuerdo internacional que permita un plano de estricta igualdad en dichas aguas. De aquí que se haya dicho que tal definición, en lugar de favorecer el Derecho Internacional, ha favorecido netamente los derechos estatales puesto que son éstos los que tienen la prioridad: aguas interiores, mar territorial, Zona Económica Exclusiva, aguas archipelágicas, y la alta mar retrocede hasta convertirse en "lo que no es eso". La verdad es que no faltan los elementos para una definición, si se toma en cuenta que: a. La alta mar es el lugar de igualdad de derechos de todas las naciones. b. La alta mar es la zona donde las exclusividades jurídicas nacionales ceden paso a un intercambio igualitario. c. La alta mar, por último, es aquella zona en donde la comunidad internacional entiende poseer derechos especiales, no ya a título de tal o cual Estado, sino en nombre y representación de todos. Lo primero está claramente expuesto en el inicio del artículo 87 de Jamaica 82, donde se declara para todos los países de la tierra: "La alta mar está abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral" Lo segundo se proclama en el artículo 89 del Jamaica 82: "Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía" O bien, el artículo 90 de Jamaica 82: " Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques que enarbolen su pabellón naveguen en alta mar" La tercera se insinúa en el artículo 88 de Jamaica 82: "La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos" Esto no sería imposible, si la comunidad internacional reunida en la III Conferencia no hubiera supuesto que la alta mar beneficiaba o perjudicaba a todos o a cualquiera de
sus miembros, según el uso que se le diera. A este respecto, conviene recordar la resolución 2749, dada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que declaró: "Los fondos marinos y oceánicos y el subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de la Zona, son patrimonio común de la humanidad". ¿Implicaría esta declaración (referida a lo que hoy se conoce como zona por antonomasia, en el texto de 1982) que la masa de agua de la alta mar existente sobre los fondos marinos, también posee el carácter del "patrimonio común de la humanidad", y en este caso, así debiera definírseles?, ¿ o bien es preciso restringir tal declaración únicamente al lecho y al subsuelo de la alta mar, como lo hace el artículo 1 numeral 1 de Ginebra 58, dejando la naturaleza jurídica del agua de la alta mar en una categoría diversa? Estos interrogantes revelan a las claras porqué ha sido tan difícil alcanzar una definición respecto a la alta mar. No porque no pueda dársele una definición conceptual a su naturaleza, sino porque la carrera de intereses todavía no permite ver claro si se mantendrá el punto de vista de los juristas romanos que alegaban la apropiación, o si, por el contrario, se llegará a una parcelación oceánica que reglamente con mayor precisión los usos y costumbres de la alta mar, o tal vez se encamine hacia una futura utilización compartida. Lo único cierto es que se ha separado, al menos en la conceptualización, el agua y el lecho de la alta mar. De ahora en adelante, cuando se hable de esta última, habrá que pensar, como en los siglos pretéritos, solo en la masa líquida con sus características de libertad e igualdad para los Estados. La afirmación del artículo 135 de Jamaica 82, que sostiene que la zona no afectará a la condición jurídica "de las aguas suprayacentes" (es decir la alta mar), persigue asegurar la independencia jurídica de la masa de agua en relación al suelo. Cabe preguntarse si esto (como en el caso de la plataforma) ocurrirá así o variará. De modo provisorio, podríamos señalar que: "Alta mar es aquella parte de los océanos y mares abiertos al uso común de todas las naciones" V. NATURALEZA JURÍDICA Las polémicas de juristas y políticos en torno a la alta mar abarcan siglos. El problema central ha consistido en el uso común o en el uso exclusivo de la alta mar. A través de los tiempos los tratadistas han expuesto tres posibilidades, bajo tres (3) denominaciones extraídas del derecho romano: Res Unnius, Res Nullius y Res Communis. La primera posición autorizaba el dominio exclusivo de algún mar o parte de alta mar por un Estado determinado; la segunda posición afirmaba que el mar carecía de dueños y que era imposible llegar a apropiársele en forma alguna; la Tercera posición, señalaba que la naturaleza de las cosas permitía el uso común, por los Estados, de todos los océanos. Esta clasificación encierra uno de los problemas más serios respecto al título jurídico sobre el cual deciden basarse los Estados que quieren usufructuar tales aguas. Y puede parecer inoficiosa esta triple distinción indicada, pero las consecuencias al adoptar una y otra de ellas son diametralmente opuestas. De todas las polémicas habidas, la más importante y significante que inauguró la era de las grandes travesías marinas, fue la ocurrida entre España y Portugal hacia finales
del siglo XV. Alfonso V de Portugal obtuvo del Papa Nicolás V la bula del 6 de enero de 1454, en la cual reconocía derechos en la costa y aguas occidentales en el Africa. Esto fue utilizado por el monarca portugués para impedir que buques de otros Estados pudieran navegar en extensiones marinas que llegaban hasta el Golfo de Guinea. La polémica entre España y Portugal fue resuelta por el Papa Alejandro VI en la Bula Intercaetare del 4 de marzo de 1493. Como éstos documentos aparecieron después del descubrimiento de América, la solución insinuada al Pontífice fue, no ya un paralelo, sino un meridiano que abarcaba de polo a polo. De esta manera España pensó alejar a Portugal de las Indias descubiertas por Colón. Los dos países llegaron independientemente a un acuerdo bilateral: el Tratado de Tordesillas de junio 7 de 1494. Fue preciso alcanzar a nuestros días, con la Conferencia de Cancilleres de Panamá (23 de septiembre-3 de octubre de 1939) y el Tratado Interamericano de Río de Janeiro (septiembre 02 de 1947), o sea, en pleno siglo XX, para reiterar, en cierto sentido, la decisión papal y el Tratado de Tordesillas. Paradójicamente, este gran acuerdo entre las 2 potencias marítimas más importantes del siglo XV, desencadenó, al sobrevenir la reforma y con ella el período europeo de las luchas religiosas, algunas de las polémicas más importantes sobre la alta mar que se han producido. En ella intervinieron, y en favor de la libertad de los mares, Francisco de Vittoria (1547) y Fernándo Vásquez de Menchaca (1564), españoles ambos que se opusieron al principio oficial de su patria, el "Dominio Maris", por eso el principio de libre navegación no pertenece a Grocio sino a Vittoria. El problema afectaba los intereses nacionales, comerciales, culturales y políticos de los principales pueblos europeos del siglo XVI. VI. LA DISPUTA GROSSIO-SELDEN El jurista holandés Hugo Grossio desarrolló largamente sus argumentos sobre la imposibilidad de apropiación de los océanos a lo largo del capítulo V de su obra "Mare Liberum" sin perjuicio de negar, en el capítulo VI, la autoridad papal para atribuir aguas a los portugeses. El estilo de la obra es difuso, pero los argumentos son sintetizables en la siguiente forma: a. Lo que no puede ser ocupado o que nunca ha sido ocupado, no puede pertenecer a nadie, porque toda propiedad ha tenido principio en alguna ocupación. Es así que las aguas de los mares ni pueden ser ocupadas, ni han tenido ocupación, de modo que, al igual que el aire, son "Communis ommiun, propria nullius" (común a todos, propiedad de nadie). b. La naturaleza ha diseminado los bienes en toda la tierra por diversos continentes, los cuales están separados por mares y océanos. Es lógico, en consecuencia, que las personas y los pueblos busquen su alimentación y subsistencia donde se hallen, y no sólo eso, sino que cada país es libre para viajar o para navegar hacia otros pueblos, con el fin de comerciar con ellos. c. La naturaleza del mar difiere de la de la costa debido a que, excepto espacios muy restringidos, no puede ser delimitada, ni admite construir en ella. Por lo tanto, dificilmente podría hablarse de fronteras, como en cambio sucede en tierra, y la delimitación de los mares carece de realidad física. La conclusión de todo esto puede sintetizarse en una frase del autor: "por lo tanto el mar es una de esas cosas que escapan al comercio y no son suceptibles de propiedad privada".
El argumento de Grossio se reduce a la inapropiabilidad de las aguas, tanto por ser común a todos los pueblos que necesitan surcarlas y como por su condición líquida y móvil, que impide cualquier señal de ocupación permanente. Veintiséis (26) años más tarde, aparece la obra del inglés John Selden, donde el autor (representante de la tendencia Res Unnius) se hace cargo de los argumentos del escritor holandés y los rebate uno por uno. Su argumentación puede sintetizarse en la siguiente forma: a. Declara que los mares y los océanos no son una "Res Communis", sino que son perfectamente suceptibles de pertenecer al dominio privado o al dominio estatal. b. Como una consecuencia de lo anterior, esto es, el dominio que un Estado pueda tener sobre el mar, deduce Selden que se obtienen ventajas muy grandes para el Estado al tener dicha propiedad física, puesto que lo que pertenece a uno solo le permite un goce muy superior a lo que ocurriría si dicho mar perteneciere a varios, ya que en este caso debería compartir las ganancias con todos y en el primer caso serían exclusivamente para el Estado. c. La circunstancia de que un Estado se apropie de un océano no constituye obstáculo serio para la navegación internacional, al igual que en el dominio terrestre las fronteras tampoco impiden las comunicaciones. Y, aunque el agua sea un elemento móvil, el hombre se ha apropiado de los ríos, lagos, canales, y en forma análoga, en los mares existen islas, rocas, promontorios, arrecifes, que permiten precisar la línea de demarcación. Como puede verse, el argumento central de Selden consiste en la apropiabilidad de las aguas, las que, "a priori", son suceptibles de ocupación, y "a posteriori", han sido ocupadas como dominio propio por su patria. VII. SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA La historia en su evolución se ha inclinado por Grocio. Podría decirse que la libertad de los mares ha sido la regla consuetudinaria en tiempo de paz, hasta nuestros días. En cambio, el "Dominio Maris" no ha encontrado grandes defensores. Sin embargo, como ya hemos indicado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la explotación económica de los océanos y las mayores extensiones de los mismos que han reivindicado multitud de países del mundo, a la vez que la posible explotación de todos los fondos marinos, hace que en forma diversa resurja la contienda entre la inapropiabilidad y la apropiabilidad de los mares. Con todo, un punto parece seguro, y es que la alta mar no pertenece a nadie, aunque sea utilizable por todos. Algo más difícil resulta precisar si se trata de un Res Nullius o de un Res Communis. Los dos términos pueden conciliarse perfectamente con la carencia de propiedad de los océanos. En el primer caso, el término indica la falta de dueño o propietario soberano; en el segundo, se visualiza el uso de un bien que sería común a la humanidad en cuanto todos disfrutarán de el, pero no sería atribuíble a ningún Estado en particular. En todo caso, la fórmula Res Nullius, Communis Usus, esto es, como de nadie sometido a un uso común, parece la más aceptable por el momento, mientras las tendencias nuevas que declaran mayor jurisdicción estatal en sectores cada vez más amplios de los océanos, no se conviertan en una costumbre que reivindique, en cierto
sentido, las posiciones de Selden. VIII. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES La Primera Convención de Derecho del Mar celebrada en Ginebra en 1958, fue obra de juristas creados y educados en los principios tradicionales, es decir, los anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su naturaleza jurídica se define como una simple palabra "libertad", pero a la vez añadiendo otra palabra clave "igualdad". O sea, en la alta mar imperan la libertad bajo muy diversas actividades, ejercidas en igualdad de condiciones, por todos los Estados de la tierra, sean o no costeros. Ello implica necesariamente el uso común y el deber mutuo de respetarse y no entorpecerse en el ejercicio de tal uso. Casi podemos decir que en forma redundante y con el objeto de fortalecer esa ausencia de dominio exclusivo en la alta mar, el texto actual de 1982 declara: "Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a sus soberanía" (art. 89). A pesar del énfasis de esta declaración, hemos visto como a través de la historia algunos Estado han pretendido apropiarse de la alta mar. Si se ha definido, aunque sea negativamente, que la alta mar es parte del mar "no incluída" en la Zona Económica Exclusiva, o en el Mar Territorial, o en las aguas interiores o archipelágicas (art. 86 Jamaica 82), se afirma que la alta mar es Res Nullius, Communis Usus. Este uso común en beneficio de todos los Estados, con o sin litoral, se encontró en 1958, en las llamadas cuatro (4) libertades: a. Libertad de navegación b. Libertad de pesca c. Libertad de colocar cables y tuberías submarinas d. Libertad de volar sobre alta mar No era una disposición taxativa, sino solamente ennumerativa, puesto que decía: "Comprenderá entre otras..." Esta redacción se ha mantenido en el texto de Jamaica 82 (sin embargo se mantuvo la referencia a otras libertades "reconocidas por los principios generales del Derecho Internacional" reconocidos en el artículo 2 de Ginebra 58), para indicar que las anteriores cuatro libertades no son las únicas que existen o pueden existir. De hecho, ya en 1958 se había solicitado el reconocimiento de la libertad de investigación, exploración y experimentación, sin que en ese entonces lograra tener la aquiescencia de los Estados. Como vemos, la libertad de investigación ha venido a ser reconocida en 1982, pero no así la de experimentación, en buena parte debido al temor de las explosiones nucleares. Asimismo, la tecnología contemporánea ha permitido la creación de estructuras metálicas flotantes que han dado lugar a una nueva libertad, recogida en el texto de Jamaica 82. Así, según el artículo 87 es preciso agregar: a. Libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones autorizadas por el Derecho Internacional b. Libertad de investigación científica
Como este artículo 87, al igual que el artículo 2 de 1958, utilizan la fórmula "comprenderá entre otros...", cabe la posibilidad de que en un futuro se determinen y añadan más libertades a los que hemos indicado. Existe una libertad que no se encuentra mencionada en la Convención de Ginebra 58, pero que ha sido la piedra angular en todo el desarrollo moderno del Derecho del Mar, y la causa de los conflictos principales: "libertad de comercio". Porque si los Estados se vinculan entre sí, lo hacen debido a múltiples motivos: diplomáticos, culturales, ideológicos, etc., pero la mayoría del tráfico marítimo obedece en todo el universo al intercambio de productos, es decir, a la vida económica (no es lo mismo libertad de navegación que libertad de comercio, aun cuando la segunda presupone la primera. navegar es una actividad muchísimo más amplia y menos específica que navegar comercialmente). También sería posible añadir una vieja costumbre naval que en tiempo de paz realizan todas las armadas del mundo: la de efectuar ejercicios navales militares, sean en forma aislada, o en conjunto. El uso común de la alta mar, mientras no represente un peligro efectivo para terceros Estados, se encuentra abierto a esta clase de actividades de la navegación. De modo que tendríamos una serie de libertades garantizadas en el Derecho Internacional Marítimo, libertades que representan otros tantos respectivos derechos para los países que los ejercitan. Ellos serían:
1. Libertad de Navegación 2. Libertad de Comercio 3. Libertad de Pesca 4. Libertad de tender cables y tuberías 5. Libertad de vuelo 6. Libertad de construir islas artificiales 7. Libertad de investigación científica 8. Libertad de ejercicios navales Salvo la 6 y 7, todas las demás corresponden al derecho consuetudinario y a sus codificaciones en las últimas conferencias. IX. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTADOS Si se examinan jurídicamente el conjunto de las libertades que acabamos de indicar, se verá que en ellas son derechos de los Estados en la alta mar. Precisamente, por cuanto se trata de una facultad que a todos los Estados de la tierra, sean o no costeros, les reconoce el Derecho Internacional (del mar), ninguno de ellos puede, salvo situación de excepción, negárselos a los demás. El principio que rige en la alta mar (cuya naturaleza corresponde jurídicamente a "la parte de mar no perteneciente" a ningún Estado en particular), es el que impera en perfecta igualdad de condiciones la soberanía de cada Estado. En este equilibrio entre el Derecho Nacional y el Derecho Internacional, reside la estructura jurídica de esta vasta zona del planeta. Pero como todo derecho frente a un tercero tiene la contrapartida del deber, es preciso indicar que en la alta mar no solamente hay facultades, sino que también hay obligaciones. Y estos deberes pueden ser de tres (3) categorías:
a. De un Estado respecto a otro b. De un Estado respecto a la comunidad internacional c. De un Estado respecto al medio marino. Con el incremento en las actividades en la alta mar han ido surgiendo estas responsabilidades, algunas de las cuales, como veremos, fueron codificadas en 1958; otros, en 1982, como sucede por ejemplo, en todo lo relacionado a la preservación y conservación del medio marino, y otros surgirán por la explotación de la zona. El uso de la alta mar debe tener en cuenta "los derechos previstos en esta Convención con respecto a las actividades en la Zona" (artículo 87 num. 2). En otras palabras, el uso de la masa de agua no deberá entorpecer la futura explotación del fondo marino; pero, a la inversa, indudablemente surgirá el problema de si las actividades en la zona entorpecerán el libre uso de la alta mar. Por lo tanto, a cada Estado que haga uso de la alta mar le van a corresponder tanto derechos como deberes, facultades como obligaciones, libertades como limitaciones, todo esto producto de la peculiar naturaleza de la alta mar. Además, es preciso indicar que en la alta mar, por no haber sino uso común, cada Estado protege: a. Sus naves b. Quienes se encuentran en sus naves c. Sus instalaciones Esta protección es la consecuencia lógica de la igualdad de los Estados, por una parte, de su soberanía, por otra, y, finalmente, del uso común que todos pueden hacer de la masa de agua calificada como alta mar. X. IGUALDAD DE ESTADOS Desde la más remota antigüedad los países navegantes fueron aquellos que disponían de costas. Los países mediterráneos quedaban limitados al comercio fluvial. Con el auge y el desarrollo en los últimos siglos, sobrevino el interés de los países mediterráneos para alcanzar los océanos y desarrollar una marina mercante o participar en actividades pesqueras mediante la explotación de la alta mar. En el campo del derecho no existe objeción alguna puesto que se trata de un Res Nullius, cuyo uso puede hacerse tanto por personas jurídicas, como por personas naturales; y de las primeras, tanto de derecho público, como de derecho privado; y, a su vez, en públicos tanto los de guerra como los destinados a otros fines bélicos. Incluso, conviene recordar que son sujetos de Derecho Internacional Público personas no estatales (ONU, OEA, Cruz Roja, etc.) y ellas también poseen perfecto derecho a navegar y utilizar la alta mar. No vemos razón alguna para excluírlas. Lo que afirmamos está comprobado por el artículo 7 de Ginebra 58 que, al referirse a la exigencia de que todo buque posee la bandera de un solo Estado, expone que tal caso no prejuzga: "En nada la cuestión de los buques que están al servicio oficial de una organización intergubernamental y enarbolen la bandera de la organización" Ahora, si pasamos del terreno doctrinal a la realidad práctica, el tema adquiere gran importancia por el hecho de haberse incrementado notablemente en los últimos
tiempos la existencia de Estados sin litoral. La ratificación más solemne del derecho de los Estados sin litoral vino a producirse en la Conferencia de Ginebra 58 en su artículo 4, al establecer: "Todos los Estados con litoral o sin él, tienen derecho de que naveguen en alta mar los buques que enarbolen su bandera" Este precepto se ha mantenido en su contenido en el texto de Jamaica 82: "Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques que enarbolan su pabellón naveguen en alta mar" Por tanto, el principio de igualdad se aplica indistintamente en países con o sin litoral; también se aplica en igual forma a los desarrollados o en vías de desarrollo que carezcan de litoral XI. ACCESO AL MAR DE LOS ESTADOS SIN LITORAL Es obvio que si se reconoce igualdad de derechos en la alta mar a todos los Estados sobre la tierra, debe concederse a los países que carecen de litoral el acceso a la alta mar. Por estos, para alcanzar la alta mar, deben atravesar territorios terrestres o marítimos de uno, o a veces varios Estados. Por ello, la Convención de Ginebra 58, se preocupó de asegurar el acceso de tales Estados a la alta mar en el artículo 3 de la respectiva convención. De dicho artículo se extrae que se acordó: a. Un derecho de libre tránsito por el que hoy día se llama "Estado en tránsito" b. La exigencia de la reciprocidad respecto a dicho tránsito y tráfico c. La exigencia de llegar a un acuerdo entre el Estado sin litoral y el Estado de tránsito La Convención de Jamaica de 1982 desarrolló con mayor amplitud lo acordado en Ginebra 58, e introdujo una innovación fundamental: Donde el texto antigüo decía que los Estados sin litoral "deben tener libre acceso al mar", el texto de Jamaica 82 expresa "los Estados sin litoral tendrán derecho de acceso al mar y desde el mar para ejercer los derechos que se estipulan en esta Convención, incluidas las relacionadas con la libertad de la alta mar y con el patrimonio común de la humanidad. Para este fin, los Estados sin litoral gozarán de libertad de tránsito a través del territorio de los Estados en tránsito por todos los medios de transporte"(art. 125 num.1) Se mantiene intacta la exigencia del acuerdo bilateral subregional o regional (art. 125 num. 2). Asimismo se reconoce a los Estados en tránsito el derecho a "tomar todas las medidas necesarias" para asegurar que el tránsito por su territorio no lesionará en forma alguna sus intereses legítimos (art.125 num. 3) Como el número de países mediterráneos ha ido aumentando en lo que va del siglo, estos Estados han presionado para que se les reconozcan mayores derechos. Al respecto, la Convención de Nueva York del 8 de julio de 1965 sobre Comercio de Tránsito de Estado sin Litoral, fijó los principios relativos al tráfico y a los medios de transporte. XII. FACULTADES DE LOS ESTADOS EN ALTA MAR
La libertad de navegación es la primera de las libertades tradicionalmente reconocida en los mares y recogida en el texto de 1958 y1982. No se le define sino que se le da por conocida y practicada desde la más remota antigüedad. Equivale a la facultad que posee todo Estado y todo nacional de un Estado, a surcar dichas aguas del mar. Como hemos visto, la solución de la polémica Grocio-Selden quedó resuelta a favor del primero y ya nadie (excepto en tiempo de guerra) la discute o intenta conculcarla.
XIII. CONCEPTO O DEFINICION DE NAVE O BUQUE La Convención de Ginebra 58 centró el ejercicio de la libertad de navegación en los buques. A ellos dedica los artículos 3 a 27, prácticamente la casi totalidad del articulado de la Convención sobre alta mar. A su vez el texto de Jamaica 82 en sus artículos 90 a 111, reproduce y amplía los preceptos de Ginebra relativos a los buques y sus diversas actividades en alta mar. Por esta razón conviene aclarar qué se debe entender por buque o nave. Desde las primitivas embarcaciones hasta la gran variedad de artefactos flotantes disponibles hoy día, es tal la evolución que no existe denominación apta para englobarlos a todos. NAVEGABILIDAD Y FLOTABILIDAD parece ser los caracteres técnicos más aptos para aplicar indistintamente a un buque, un dique f lotante o un pontón. Podríamos con
el ánimo de sintetizar de una vez por todas, decir que: BUQUE O NAVE: Estado construcción principal destinada a navegar, cualquiera que sea su clase o porte, incluidas sus pertenencias fijas o móviles. XIV. CLASIFICACION DE LAS NAVES O BUQUES La finalidad a la cual se destinan hace que se les distinga como Naves Mercantes y como Naves de Guerra. Los primeros son dedicados al comercio y al transporte; los segundos a los conflictos bélicos y a la defensa de la soberanía estatal. Pero existe otra clasificación más moderna que los clasifica en Buques Públicos y Buques Privados. A. BUQUES PUBLICOS : 1. Los de Guerra: Es decir, todos los incluidos en las respectivas listas o roles estatales. 2. Los destinados a una misión oficial del Estado, como lo serían, funciones de policía marítima, de aduana, de investigación o prospección marítima, de sanidad, buques hospitales y de correo. B. LOS BUQUES PRIVADOS 1. Todos los que efectúan una actividad no oficial, tanto del Estado como de particulares, en especial los destinados a la pesca y a la exploración y explotación de los fondos marinos. Otra definición, o mejor, clasificación se refiere al tipo de navegación de la nave y las agrupa en: a. Buques de Navegación de Altura b. Buques de Navegación de Cabotaje. Esta última denominación posee alguna trascendencia para Colombia por la reserva de cabotaje a naves de bandera nacional. XV. SITUACION JURIDICA DE LOS BUQUES Dada la naturaleza de Res Nullius de la alta mar y entendida la igualdad jurídica de todos los Estados, existe una sola fórmula para precisar la jurisdicción del buque que navegue en dichas aguas: la nacionalidad. Como afirma Charles Rousseau, " Cada barca tiene una individualidad que se manifiesta en el hecho de que lleva un nombre y posee una nacionalidad que no puede ser sino una sola". La determinación de esta nacionalidad representa interés desde un triple punto de vista: a. El barco estará protegido por el Estado cuya nacionalidad posee b. Podrá apelar a la protección diplomática y consular c. Se le aplicarán los tratados acordados por el Estado de que se trate, o mejor, al que pertenezca Es decir, detrás de cada buque se encuentra un Estado al que se vincula y es la
jurisdicción de dicho Estado la que se ejerce en él. Pero no corresponde precisar al derecho del mar, la forma en que cada país, dentro de su propio derecho nacional, determina el modo en que hace suyo el buque. A pesar de que existe amplia tendencia hacia la conformidad universal en materia de leyes de navegación, es muy improbable que se llegue algún día a establecer una sola norma en todo el mundo. La razón es ésta: cada país ejerce su autoridad plenamente sobre sus buques, de guerra, o mercantes, o de otra índole y esta soberanía o jurisdicción sigue al buque donde quiera que esté. Con mayor razón, si se encuentra en alta mar, donde el único derecho que, en principio rige respecto a ellos, es el de su respectivo país. La comunidad internacional podrá establecer a ciertas medidas prohibitivas pero no puede intervenir directamente en la concesión de la nacionalidad del buque, ni en la aplicación del derecho a bordo de éste. Por lo tanto, la única soberanía que cada buque puede invocar es la de su propio pabellón. Debido a esto, pertenece a la competencia jurídica de un Estado, el buque que lleve su pabellón sea en calidad de buque público o privado, y su nacionalidad se comprueba con su bandera, si es de guerra, o con los certificados de a bordo, si es mercante. Posee plena aplicación el texto de Ginebra 58 y Jamaica 82, fundamentalmente al determinar el deber que tiene el Estado de especificar el vínculo jurídico que une estrechamente al buque con su país y que se expresa simbólicamente en su bandera o pabellón. (art. 91 Jamaica 82). El vínculo de nacionalidad es el más profundo en el Derecho Público moderno. Aunque este artículo haga referencia a todos los buques, se aplicará mayormente en lo que respecta a mercantes o privados. En especial, el segundo inciso, al hablar de documentos, hace una clara alusión a esta categoría, puesto que los buques de guerra, como veremos, tienen otros requisitos. Podemos decir que el requisito esencial para todo buque es su nacionalidad. De ello surge su nombre. Ello se acredita y perfecciona con su inscripción en el registro respectivo que cada Estado debe llevar, y esto faculta a los buques a llevar o ennarbolar el pabellón del Estado. Estos requisitos deben ser observados por todos los buques, sin excepción alguna. El derecho persigue que se obtenga "una relación auténtica entre el Estado y el buque", como dice el artículo 91 de Jamaica 82. Ya en Ginebra 58 había surgido el problema del control efectivo del Estado sobre el buque cuya bandera lleva. La forma de realizar en Estado su jurisdicción y control está contenida en el extenso artículo 94 de Jamaica 82, donde se detallan las medidas de seguridad, en relación a la construcción, la navegabilidad, la dotación, el trabajo, las comunicaciones, la prevención de abordajes, cumplimiento de reglamentación internacional, etc., que debe procurar cada Estado. En cambio, si el buque navegara bajo los pabellones de 2 Estados o más Estados, usándolos a su conveniencia, no puede usar ninguna de esas nacionalidades frente a terceros Estados y podrá ser considerado como buque sin nacionalidad. (art. 92 Jamaica 82) XVI. LOS BUQUES DE GUERRA Esta es la categoría más importante de buque en el Derecho del Mar, sea en tiempo de paz o de guerra. Ya en la II Conferencia Internacional de la Paz, celebrada en La Haya en octubre de 1907, se aprobó una segunda Convención, dedicada a la transformación de buques mercantes en buques de guerra, en la que se señalan cuatro (4) requisitos básicos para una delimitación jurídica del buque de guerra: a. Estar bajo autoridad directa del Estado y enarbolar su pabellón
b. Llevar señales externas distintivas de un buque de guerra c. Estar comandado por un oficial de escalafón d. Mantener disciplina militar a bordo. Reproduciendo la tradición jurídica, la III Convención del Mar de 1982, estableció en su artículo 29 lo que se entiende por buque de guerra que mantiene la definición de Ginebra, introduciendo ciertas modificaciones de redacción, que no hacen variar sustancialmente su contenido. Resumiendo, tenemos que un buque de guerra deberá poseer: a. El pabellón del Estado al cual pertenece b. Un comandante que sea oficial de la Marina de Guerra c. Una tripulación sometida a disciplina militar d. Signos exteriores propios de tal clase de naves e. Hallarse en la lista de naves de guerra del Estado, y conviene señalar de paso, que bajo la denominación de naves de guerra se comprende: 1. Todo buque de guerra sea de superficie o submarino 2. Todos los buques auxiliares, contemplados en la lista de cada Estado para sus marinas de guerra (conocer, transportes, petroleros, buques escuelas, buques hospital, cisternas, buques hidrográficos y oceanográficos, remolcadores, etc) XVII. IMPORTANCIA DEL BUQUE DE GUERRA ANTE EL DERECHO El buque de guerra tiene especial importancia en tiempo de conflictos bélicos. Pero también en tiempo de paz representa un elemento de alta trascendencia. Mientras la nave mercante cae bajo el Derecho Marítimo Mercantil, el de guerra cae bajo el Derecho Internacional del Mar. Las razones son obvias. El buque de guerra es un elemento de gran poder ofensivo, puesto que representa la fuerza del Estado al cual pertenece. Son instrumentos por definición ofensivos. Correspondió al derecho proteger y legitimar dicha fuerza y lo hizo mediante una institución que ha sido arduamente discutida pero que constituye uno de los pilares básicos del Derecho Internacional: LA EXTRATERRITORIALIDAD El principio es tan claro, que la Conferencia de Ginebra 58 lo codificó expresamente en la siguiente forma (art. 8): "Los buques de guerra que naveguen en alta mar, gozarán de completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier Estado que no sea el de su bandera". El texto de Jamaica 82 repite al pie de la letra la disposición de Ginebra 58, bajo la especificación de inmunidad. En principio, el buque representa la soberanía estatal y goza, por tanto, de inmunidad
jurídica frente a otros Estados. De ello se siguen consecuencias importantes: 1. Cada nave de guerra está sometida, en principio, a su propia jurisdicción, no importando qué espacios marítimos navegue. 2. En virtud de lo anterior, los navíos son inviolables 3. Quienes los tripulan quedan sometidas a su propio derecho 4. Gozan, en consecuencia, del derecho de Asilo XVIII. EL ASILO MARITIMO EN LOS BUQUES DE GUERRA El derecho de Asilo es el que tiene todo Estado de proteger a un extranjero, dándole acogida en su territorio, sea éste natural o jurídico. Por lo general sólo se concede en materia política y se niega en materia penal. Formando parte del buque de guerra del territorio jurídico del Estado, es lógico que le corresponda tal derecho. En nuestro continente, el Asilo ha sido objeto de varias convenciones internacionales, principalmente la de la Habana de 1928, en cuyo artículo 2 se establecía que era procedente, entre otros lugares, en los navíos de guerra. En la Conferencia sobre Asilo Político de Montevideo de diciembre de 1933; en el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939 que en su artículo 2 indica que el asilo podrá concederse en Embajadas, Legaciones, buques de guerra, etc., aunque lo niega en su artículo 3 a los desertores de las fuerzas del mar, tierra o aire; y la X Conferencia de la OEA celebrada en Caracas en marzo de 1954 que en su artículo 1 reitera el asilo en los navíos de guerra, pero lo prohibe si estos se hallaren provisionalmente en astilleros, arsenales, o talleres para su reparación. Como la concesión del Asilo Político es facultad privativa del Estado -se trata de un derecho, no un deber- la autoridad gobernativa es la encargada de autorizarla, bien por si, bien por algún delegado suyo, el que normalmente es un Embajador, o Encargado de Negocios. Sólo a falta de éstos o a falta de instrucciones, podría conceder un comandante de buque de guerra el Asilo; pero lo que él decidiera tendría pleno valor jurídico en principio.
XIX. FACULTADES POLICIALES DEL BUQUE DE GUERRA A. PIRATERIA Reproducida textualmente parte de Jamaica 82, la Convención de Ginebra 58, codificó los usos y costumbres marítimas frente a la piratería. Existe un interés común que beneficia a todas las naciones en evitar la actividad marítima pirata. Según Paul Reuter, la piratería "está caracterizada por actos de violencia contra personas o bienes, ilegítimamente ejercidos en el mar". Como la alta mar comprende no solo la libertad de navegación, sino también la libertad de vuelo, el artículo 101 de la Convención de Jamaica 82 incluye en la piratería no únicamente a las naves, sino también a las aeronaves. Por eso se dice que la piratería es: (art. 101 Jamaica 82)
1. Todo acto ilegal de violencia, de detención o de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada, y dirigidos: a. Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; b. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes situados en un lugar no sometido a la jurisdicción estatal. c. Utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo comete tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata. Es indudable que la piratería se caracteriza por acciones que reúnen las siguientes características: a. Ser actos ILEGALES, es decir, actuar al margen de la ley o del Derecho Internacional. b. Ser actos VIOLENTOS, esto es, actos de fuerza, como lo indican los ejemplos del artículo 101 (detención o depredación) c. Actos ejecutados por un interés PRIVADO o personal Pero estas características también podrían darse en un buque de guerra o de Estado, o una aeronave estatal "cuya tripulación se haya amotinado y apoderado del buque o la aeronave" (art. 102). En otras palabras, la piratería puede efectuarse por cualquier buque o aeronave, sea de guerra, sea estatal, sea mercante. Lo que lo define como tal es emanciparse de su propio pabellón y actuar bajo la autoridad individual de los integrantes del buque o aeronave. Se trata de una abolición del Derecho Internacional y la aparición de un derecho "personal". Como esto destruye la convivencia pacífica y el libre uso de la alta mar, la Convención de Jamaica 82 estableció las siguientes facultades (art. 105 Jamaica 82): 1. La de apresar en alta mar o en cualquier lugar no sometido a jurisdicción de cualquier Estado, un buque o una aeronave pirata. 2. La de detener personar e incautarse los bienes que haya a bordo. 3. La de que los tribunales del Estado apresador decidan las penas o las medidas pertinentes. Llama la atención que el texto de 1982 haya bajado el nivel del texto del 58, toda vez que en este último se exigía: "Los Estados deberán cooperar" en reprimir la piratería; en el texto actual se solicita: "Los Estados cooperarán" (art.100). Como es el Estado el que se encuentra facultado para detener, únicamente los buques o aeronaves que representan su soberanía gozarán de tal autoridad. (el art. 107 dice:"Sólo los buques de guerra o las aeronaves militares al servicio de un gobierno y otros buques de Estado, están autorizados para tal fin, y podrán llevar a cabo apresamiento por causa de piratería". Como se ve, la relación entre el apresante y su Estado debe ser manifiesta.). Les corresponderá por lo mismo: a. El derecho de visita, que puede comprender la inspección y el registro, si tienen sospechas de que "un buque extranjero" en alta mar, "se dedica a la piratería" (art. 110). Aquí se ha mejorado la redacción de Ginebra 58, que hablaba tan solo de un mercante extranjero (art. 22). Lógicamente, están exentos de la visita y del apresamiento los buques de guerra y los estatales utilizados únicamente en servicios oficiales no comerciales (arts. 95 y 96)
b. Si las sospechas resultaren fundadas, el buque de guerra o la respectiva aeronave pueden proceder a la captura del pirata. c. Si las sospechas resultaren infundadas, habrá derecho a indemnización (art. 110) Todo lo dicho tiene relación directa con un verdadero acto de piratería, con una actividad ilícita que revista dicho carácter. La piratería debe ser objetiva, como todo delito internacional. Determinar en ciertos casos cuando hay piratería y cuando por ejemplo, insurreción, representa un punto decisivo y esencial; nada más difícil para el propio Estado, ya que su calificación no obliga a ningún otro Estado. La piratería efectuada por un buque de guerra, del Estado o aeronave estatal, cuya tripulación: a. Se haya amotinado b. Se haya apoderado del buque o la aeronave merece idéntica sanción que la piratería privada (art.102) No basta que existan amotinamientos y apoderamientos, aunque estos actos de por sí constituyen delitos que castiga el régimen militar, o mejor, la legislación militar de cada Estado. Se requiere que tal buque o aeronave haya efectuado los actos del art. 101, sea realizándolos, sea incitando intencionalmente a efectuarlos. La figura jurídica "piratería" es distinta del "amotinamiento". Viene a agravarla, pero no se constituye por ella. Finalmente, es inevitable que si el buque o la aeronave apresado por sospecha de piratería, lo hubiese sido injustamente, el Estado apresador "será responsable ante el Estado de la nacionalidad del buque o aeronave de todo perjuicio o daño causado por la captura "(art. 106) B. TRATA DE ESCLAVOS En el curso del siglo XIX los países civilizados se esforzaron por suprimir la esclavitud, la cual se hacía mediante el traslado de indígenas de países subdesarrollados, generalmente por vía marítima. Inglaterra fue el país que se desatacó por su actividad anti-esclavista. En la Conferencia anti-esclavista de Bruselas (julio de 1890), los países europeos y los Estados Unidos acordaron suprimir el comercio de esclavos; a su vez, después de la II Guerra Mundial, hubo acuerdo en las Naciones Unidas, desde 1949 en adelante. En la Convención de Ginebra de 1958 quedó prescrito así en el artículo 13: "Todo Estado estará obligado a tomar medidas eficaces para impedir y castigar el transporte de esclavos en buques autorizados para enarbolar su bandera y para impedir que con este propósito, se use ilegalmente su bandera. Todo esclavo que se refugie en un buque, sea cual fuere su bandera, quedará libre ipso facto". Esta disposición fue textualmente reproducida en el artículo 99 del texto de Jamaica 82. Si bien se menciona la obligación que recaerá sobre cada Estado para adoptar medidas de represión del tráfico de esclavos, a diferencia de la piratería no se indica que los buques de guerra están autorizados para efectuar capturas. Solo están
facultados para registrar. Así se desprende del actual art. 110 que permite que a un buque de guerra que encuentre un buque extranjero en alta mar, le corresponde registrarlo, si tiene motivos fundados para creer: "Que se dedica a la trata de esclavos" (art. 110 N.16) Nada se dice sobre la captura, la cual es un vacío importante, porque una inspección que comprende la trata de esclavos debiera finalizar o en la captura del buque, o en el traslado de los esclavos al buque de guerra, donde, según el art. 99 de Jamaica 82, quedarían libres ipso facto. Ni Ginebra, ni Jamaica solucionaron estos vacíos. Lo anterior no se aplica a buques de un mismo pabellón. El buque de guerra de un Estado, en caso de sospechas, no solo puede, sino que debe inspeccionar un mercante nacional para que se le apliquen las sanciones del caso. C. PERSECUCION Esta es una de las más antiguas figuras jurídicas marítimas. Se trata de una costumbre fundada en el hecho de que si un buque extranjero comete un delito en aguas territoriales del Estado y ese buque, autor de la violación, huye hacia alta mar puede ser perseguido de inmediato por buques autorizados del Estado ofendido, persecusión que sólo finaliza mediante su detención o captura. Jurídicamente, la nave responsable al entrar en alta mar, queda en pie de igualdad con la perseguidora; pero el hecho de haber cometido un acto lesivo a la legislación del Estado costero, le hace responsable de infracción. Equivale a un delincuente que huye por la vía pública después de haber cometido un delito. A ese uso marítimo indistintamente se le llama persecución continua o persecución en caliente. John Colombos expresaba: "La persecución en esas circunstancias es un acto de soberanía que el Estado perseguidor ejerce. Es continuación de un acto de jurisdicción que empezó - y que de no ser por la fuga hubiese empezado - dentro del territorio mismo, y que es necesario permitirlo para que la jurisdicción pueda ejercerse eficazmente". No hay ninguna duda de que es así y la soberanía del Estado afectado necesita hacerse presente mediante esa persecución, en una acción policial que busca el castigo del culpable. En todo caso esta vieja costumbre internacional fue recogida por la Convención de Ginebra del 58 y por la de Jamaica del 82, la cual en su artículo 111, en síntesis, establece lo siguiente: a). Que el Estado ribereño tenga motivos fundados para creer que el buque extranjero ha cometido una infracción a sus leyes y reglamentos, es decir, que el perseguidor considere que su derecho interno no ha sido violado. La expresión "motivos fundados", quiere alejar toda arbitrariedad; sin embargo, quien juzga dicho objetivo o fundamento es el propio Estado perseguidor. Por la misma razón se requieren dos elementos: 1. La infracción al Derecho Internacional 2. Razonable creencia de que el buque extranjero procedió así. b). Que la persecución empiece "mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se encuentre en aguas interiores, o archipelágicas, o en el mar territorial, o en la zona económica exclusiva del Estado perseguidor". Este es el requisito "HOT", la simultaneidad en el tiempo entre la infracción y la persecución. Debe observarse que
es fundamental que la persecución comience dentro de aguas del Estado afectado. Pero no es necesario que el buque que da la orden de detenerse se encuentre también en una de las zonas anteriormente indicadas. Es el buque infractor el que debe hallarse en alguna de las aguas mencionadas. c). Que se tome en consideración que la infracción cometida en la zona contigua, solo autoriza a la persecución "por atentado a los derechos para cuya protección fue creada dicha zona". O sea, dada la plenitud de derechos que existen para la soberanía del ribereño en sus aguas jurisdiccionales, y la limitación de las mismas en sus aguas de la zona contigua, la persecución sólo procede en esta última, por sus derechos afectados. Otro tanto debe decirse de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las instalaciones de la plataforma. d). Que la persecución sea realizada "por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio del gobierno y autorizadas a tal fin". Esta exigencia emana de la representación pública y oficial que la unidad perseguidora asume. e). Que la persecución "cesará en el momento en que el buque perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado". Esto es consecuencia obligada de la soberanía plena de un país que se ejerce en su mar territorial. Por tanto, no cesa la persecución si el buque infractor navega en la zona económica exclusiva o por la zona contigua. Sólo en el mar territorial debe detenerse la persecución. f). Que la persecución iniciada en aguas jurisdiccionales y acabada con la captura en la alta mar, haya sido ininterrumpida y realizada conforme al derecho, porque si el buque fue interceptado o detenido "en circunstancias que no justifiquen el ejercicio del derecho de persecución, se le resarcirá todo perjuicio o daño que haya sufrido por dicha detención o apresamiento. Sintetizando, tenemos que la persecución debe reunir los siguientes requisitos: 1. Un acto contrario a la legislación del perseguidor, cometido por un buque extranjero. 2. Efectuado en sus aguas interiores, territoriales, archipelágicas, zona económica exclusiva y plataforma continental. 3. Huida del buque infractor y persecución subsiguiente por un buque de guerra o buque autorizado especialmente, lo mismo que por aeronaves similares, en forma continuada e ininterrumpida. 4. La captura en la alta mar, si a ella huye el infractor. 5. Cese de la persecución al entrar el infractor en el mar territorial propio o en el de un tercer Estado. D. VISITA Cualquier buque de guerra puede intervenir sobre cualquier nave extranjera, si surge por motivos razonables la duda de que este último está cometiendo delitos y en tal caso, existe la facultad de investigarlo y registrarlo.
Lo establece el artículo 110 de Jamaica 82, que en forma restrictiva atribuye a un buque de guerra la facultad cuando "haya motivo fundado para creer" que es pirata o esclavista, o hace transmisiones no autorizadas o que, siendo de la misma nacionalidad del buque de guerra, lleve pabellón extranjero o que carece de nacionalidad. Esta el la facultad RESTRINGIDA para visitar y registrar un mercante extranjero. Este derecho no puede jamás ejercerse en contra de un buque de guerra o de otro Estado, o de buques estatales destinados exclusivamente a un servicio especial no comercial (arts. 95 y 96). La igualdad jurídica de los Estados impide que en la alta mar el buque de guerra de otros Estados pueda inspeccionar uno similar de Estado diverso. En cambio, el buque mercante está siempre sometido a la autoridad nacional. El derecho anglosajón ha establecido este uso de visita y pesquisa a el cual ha agregado la verificación del pabellón, recogida en el art. 110 de Jamaica 82. XX. LOS BUQUES MERCANTES Naves mercantes son los buques privados que pertenecen, bien a un Estado -flota mercante estatal- bien a particulares, y que quedan sujetos a un régimen jurídico distinto de las naves de guerra. A estas naves les es indispensable poseer: a. Una nacionalidad, que autoriza el uso del respectivo pabellón; b. Un nombre, que acredita la nacionalidad y que debe llevar pintado con caracteres visibles; c. Un domicilio, como consecuencia de su nacionalidad. La Convención de Ginebra del 58 (art. 5 num. 1) y la de Jamaica 82 (art. 91), en iguales términos establecen que "ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque, reiterando que el Estado ha de ejercer efectivamente su jurisdicción y su autoridad sobre los buques que enarbolen su pabellón, en los aspectos administrativos, técnicos y sociales. Por eso, resulta inaceptable para el Derecho Internacional Marítimo, que la matrícula y el pabellón estén disociados, a cargo de Estados diversos. Quien sea el Estado que concede el pabellón, es quien se responsabiliza de la nave, so pena de que pueda considerársela como "sin nacionalidad" (art. 92 num.2), si navega a su conveniencia bajo una u otra. Corresponde al derecho de cada Estado determinar los requerimientos que se debe exigir para establecer la nacionalidad, el nombre y el domicilio. Las naves privadas caen directamente bajo su soberanía. Como puede apreciarse de lo expuesto, los buques mercantes están relacionados básicamente con el derecho nacional de cada Estado. Y si tocan el Derecho Internacional, lo hacen el Internacional Privado. Caen de lleno en las reglas jurídicas que se refieren al comercio marítimo, sea nacional o internacional. Sin embargo, por el hecho mismo de su actividad en la alta mar o en aguas jurisdiccionales de otros Estados distintos del de su pabellón, a su vez que en sus contactos con naves de guerra del propio Estado o de otro, los buques privados caen también bajo el control del Derecho del Mar. Esto es mucho más apreciable en alta mar, donde la calidad de "res communis" de este sector marítimo hace resaltar el vínculo que une la nave mercante con el país al que pertenece su pabellón (se entremezclan el derecho público y privado en el comercio marítimo. El transporte
marítimo ya no es solo asunto de comerciantes, sino que se ha convertido en asunto de Estado. Basta citar el caso de la antigua URSS y sus satélites, cuyas flotas estatales pretenden usufructuar del derecho público. Por eso el art. 96 de Jamaica 82 recuerda que no gozan de inmunidad los buques estatales, salvo cuando son usados "únicamente para un servicio oficial no comercial, en alta mar". Ginebra 58 recoge la tesis de la Competencia Penal del abordante en materia del abordaje, y la solución dada tiene la ventaja de qu el autor del hecho sea juzgado por sus propios tribunales, con lo cual se mantiene el privilegio del pabellón. La confluencia en alta mar de las jurisdicciones nacionales con el Derecho Internacional, hará que durante largo tiempo permanezcan situaciones regidas por la costumbre o por acuerdos regionales, mientras no se alcance un efectivo cumplimiento del Estatuto del Mar. Afortunadamente, la salvaguardia de la vida humana ha encontrado prácticamente una reglamentación similar.
XXI. LIBERTAD DE PESCA Es la segunda de las facultades que comprende el uso común del mar. En la actualidad no estamos tan seguros de que la pesca sea inagotable en la alta mar, sino que por el contrario, más bien estamos convencidos de que ella puede agotarse en ciertas especies. Esto ha llevado al establecimiento de acuerdos pesqueros cuya formulación se encuentra en la Convención de Ginebra del 58 y cuyo estudio aún más profundo se efectuó en la III Conferencia sobre Derecho del Mar. Además, las discrepancias entre los grandes Estados pesqueros y aquellos otros que aún no lo son, han hecho que la libertad de pesca se entienda a favor de los Estados poderosos, con lo cual buena parte de la humanidad resulta despojada de legítimas riquezas ictiológicas por carecer de medios para defenderla o para explotarla. La pesca configura hoy día, por su importancia, una nueva sección del Derecho
Internacional, que debería llamarse Derecho Pesquero. En ella se conjugan las prerrogativas de los Estados y los intereses de la comunidad internacional. La libertad de pesca fue una de las grandes facultades reconocidas a todos los Estados y a todos sus nacionales. Sin embargo, las circunstancias reales han motivado cambios. Por eso, conviene distinguir entre al I y la III Conferencia sobre el Derecho del Mar. CONVENCION DE GINEBRA DE 1958 Antecedida por la Conferencia Pesquera de Roma en 1955, la Convención ginebrina aprobó una Convención especial sobre Pesca y Consercación de los Recursos vivos de alta mar (aprobada por Colombia mediante Ley 119/61; entró en vigor el 20 de marzo de 1966). El principio básico del cual parte es el de que: "Todos los Estados tienen el derecho de que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar" (art. 4) Este principio sin embargo, no es absoluto, toda vez que se encuentra limitado por tres (3) factores: a. Los Tratados o Convenios especiales que haya suscrito el Estado. b. Los derechos de los Estados ribereños, que explotan la alta mar adyacente. c. Los Acuerdos Internacionales sobre Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar. Se consideran por "nacionales que se dediquen a la pesca", no a las personas de los tripulantes, sino a los buques o embarcaciones de cualquier dimensión "que tengan la nacionalidad del Estado interesado, según la ley de dicho Estado, independientemente de la nacionalidad de la tripulación " (art. 14) Ginebra 58 establece la obligación para todos los Estados de adoptar medidas o colaborar con otros Estados en adoptarlas "las que pueden ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de alta mar" (art. 12) La Convención de Ginebra sobre Pesca establece, efectivamente, en su art. 9, una Comisión para solucionar conflictos. El acento está colocado en los Estados ribereños al que se le reconoce "un interés especial" en el mantenimiento de los recursos vivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a su territorio marítimo (art. 6). Incluso, en casos de urgencia, el ribereño puede adoptar unilateralmente medidas de conservación sobre los recursos de alta mar vecinos a su mar territorial (art. 78). CONVENCION DE JAMAICA DE 1982 El acento de esta Convención se ha desplazado de la pesca misma a la protección y preservación del medio marino, o al estudio de la pesca en la zona económica exclusiva. Esta última se convierte en reserva del Estado ribereño y como prácticamente el 90% de la pesca mundial se efectúa en esa área acuática, es allí donde se encuentra la captura de las especies vivas. El texto de Jamaica 82 solo mantiene 5 preceptos en el régimen de la alta mar dedicados a la pesca y a a la conservación de los recursos vivos. Se conserva el principio de la libertad de pesca, pero sometida a limitaciones destinadas a procurar la conservación (y evitar la depredación) de las especies marinas (arts. 116 a 119). Son preceptos en los cuales se percibe una intención positiva, pero cuya realización no se ve fácil. Para evitar la pesca indiscriminada en alta mar será necesario llegar a acuerdos más eficaces que los obtenidos hasta ahora. Conviene recordar que el
reconocimiento de la plataforma continental alteró el régimen de las pesquerías sedentarias, y, a su vez, el de la zona económica exclusiva ha hecho otro tanto, proyectando hacia alta mar los intereses pesqueros de países costeros o archipelágicos. Indudablemente, las especies sedentarias como las formadas por bancos de perlas o de esponjas son reservadas a los nacionales cuando esa parte de alta mar está vecina al mar territorial de un Estado, está mas protegido hoy con la Z.E.E. En esta última área, unida a la plataforma, en donde se encuentra la mejor salvaguarda jurídica de la pesca ribereña. Eso si, la alta mar sigue siendo el lugar propio de la pesca, hecho en forma común, por Estados, empresas o particulares. Con todo y a pesar de los intentos por fijar niveles de captura permisibles.
XXII. LIBERTAD DE COLOCAR CABLES Y TUBERIAS SUBMARINAS Fue el Instituto de Derecho Internacional el que recomendó, en 1879, un régimen sobre cables submarinos; proponía que la destrucción o el deterioro deliberado de los mismos constituyera un delito internacional. Así, en la Convención de París en 1884, 26 países acordaron respetar dichos cables, castigar cualquier ruptura culpable en alta mar, y mantenerse a cierta distancia de las boyas que indicaban que se procedía a reparar el daño. En Ginebra 58 se reconoció el derecho y se reiteró en Jamaica 82 donde se estableció: "Todos los Estados tienen derecho a tender cables y tuberías submarinas en el lecho de la alta mar más allá de la plataforma continental" (art. 112) Además, todo Estado deberá legislar el tenor del art. 113 a 115, para impedir la
ruptura o el deterioro de cables o tuberías submarinas (voluntariamente o por negligencia culpable) por un buque de su propia bandera; la ruptura o deterioro causados por propietarios de otros cables o tuberías; y fijar las indemnizaciones por pérdidas al tratar de prevenir daños a los referidos cables o tuberías. XXIII. LIBERTAD DE SOBREVUELO Esto porque la alta mar es "res communis usus" y la masa de aire que está superpuesta también es de uso común; libertad que está enunciada en el art. 87 del texto de Jamaica 82. XIV. LIBERTAD DE CONSTRUIR ISLAS ARTIFICIALES Igualmente mencionada en el art. 87 y a continuación de las 4 libertades de alta mar ya enumeradas, agregando que quedarán sujetas a las disposiciones fijadas para la plataforma continental. Nada más establece el texto de Jamaica sobre ellas, solo de agregar la zona de seguridad de 500 metros alrededor de ellas. XXV. LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA Reconocido en el art. 87 con el fin de conocer con la mayor realidad posible el medio marino en todas sus dimensiones, sin perjuicio de terceros y sin perjuicio del medio marino. Se aplica la parte XIII en particular el art. 257. XXVI. FACULTAD DE MANIOBRAS NAVALES Se pueden efectuar ejercicios bélicos siempre y cuando: a. No causen perjuicios a terceros, esto es, no contituyan un obstáculo grave para la libertad de navegación de los restantes Estados: b. No produzcan perjuicios serios al medio marino. XXVII. PRESERVACION DEL MEDIO MARINO Definición de vertimiento (art. 1o de Jamaica 82)
LOS FONDOS MARINOS - LA ZONA
I. ANTECEDENTES HISTORICOS Hasta hace muy escasos años, los fondos oceánicos no constituían ningún problema para el Derecho Internacional. En primer lugar, porque se suponía que dichos fondos (lecho y subsuelo) seguían la naturaleza jurídica del agua bajo la cual estaban. En
segundo lugar, porque aun no se había desarrollado la técnica necesaria para su debida explotación. En la segunda mitad del siglo pasado, el buque inglés "Challenger" descubrió la existencia de nódulos polimetálicos depositados en el lecho de los océanos. Dichos nódulos, al ser analizados, revelan una fuerte concentración de minerales: cobalto, cobre, níquel, oxido de hierro y de manganeso, vanadio. La mayoría se encuentran depositados a grandes profundidades de 4,000 metros en adelante, en las planicies del Atlántico, el Pacífico, el Indico y otros mares. Este descubrimiento no pasó de la categoría científica a la industrial sino en los últimos años, cuando países altamente industrializados como Estados Unidos, la URSS, Japón, Francia, RFA, se dedicaron a una prospección especializada de los fondos marinos. De la prospección se pasó a la recogida de nódulos, mediante succión o arrastre. Ahora estamos ad portas de su explotación masiva, aunque no puede indicarse con claridad y precisión ni su inicio, ni su rentabilidad. Como puede apreciarse, se conocía la existencia de estos nódulos desde hace mucho tiempo. Mas no era posible por esos tiempos aprovecharlos ni industrializarlos. Constituían una riqueza latente, a disposición del país o de los particulares que un día utilizando el principio de la libertad de los mares y, por consiguiente, de la libre explotación de la alta mar, puedieran conquistarla. En el transcurso del presente siglo, hemos venido a caer en cuenta que el principio de Grossio, hace décadas se encuentra seriamente cuestionado, ya que se basa en la presunción de que los recursos vivos del mar son inagotables. Al quedar el fondo de los océanos al alcance de la actividad humana, surgió simultáneamente el problema jurídico de su apropiación y/o de su explotación. Dicho problema no se reflejaba con tanta cambio, se han perfilado con toda claridad tanto en las áreas submarinas como la calificación que debe darseles. II. CONCEPTO Y CLASES Puede decirse que los fondos marinos y oceánicos están constituidos geográficamente por todo lecho marino existente a partir de la línea de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial. Geográficamente hablando, el lecho marino empieza en el momento en que las aguas invaden la tierra y finalizan cuando vuelven a emerger en forma de continentes o islas. Jurídicamente, sin embargo, el fondo marino aparece calificado hoy día en diversas formas (según sean las aguas suprayacentes) aunque pueden reducirse a dos grandes categorías: a. Fondos situados bajo mares o aguas sometidas a la jurisdicción de un Estado (fondos nacionales) b. Fondo situado bajo la alta mar (fondos internacionales) a. La primera categoría se compone de varias secciones: 1. La plataforma continental, ya estudiada, que se halla al margen del lecho de la alta mar y por esta circunstancia no corresponde que se le considere como integrante de los fondos oceánicos, sino como fondos nacionales. A la vez, el suelo y el subsuelo de
una plataforma pertenecen al Estado que loa ha reivindicado y declarado propio. Inclusive, aquella parte de la plataforma submarina nacional que por su naturaleza física se extendiere más allá de la dimensión declarada para la superficie de las aguas por un Estado ribereño, debe ser considerada como fondo o lecho nacional, aplicando lo establecido en el artículo 76 de Jamaica 82. 2. El lecho y el subsuelo del mar territorial, cuyo dominio es exclusivo del Estado ribereño y por lo tanto, cae bajo la soberanía de este. 3. El lecho y el subsuelo de las aguas interiores, sean estas mares, lagos, ríos navegbles, puertos, etc., por idéntica razón jurídica, puesto que el territorio de un Estado le pertenece en forma exclusiva. De esta forma, los fondos marinos nacionales o estatales corresponden a los respectivos lechos y subsuelos de las aguas que pertenecen a la jurisdicción de los Estados: aguas interiores, mar territorial, y Z.E.E. (que prácticamente coincide con la plataforma continental) Solo escapa a esta situación, por vía de excepción, el lecho de la plataforma excedida, conforme al artículo 76 de Jamaica 82. Aquí estamos en presencia de un fondo "oceánico" sometido al control nacional, que engloba un sector del fondo de la alta mar en razón de que una plataforma geográfica posee el borde exterior del margen continental a gran distancia de la línea de base desde la que se miden las jurisdicciones. b. La segunda categoría no tiene secciones. Se refiere tan solo al lecho y subsuelo de la alta mar, conocido como la Zona. Hoy día cae de pleno y absoluto derecho bajo control internacional y escapa, por tanto, a cualquiera reivindicación nacional aislada o conjunta. Así tenemos que los lechos marinos y oceánicos deben agruparse en dos grandes categorías: 1. Aquellos que por algún modo, título o circunstancia están sometidas a jurisdicción estatal; 2. Aquellos que se encuentran entregados a la comunidad internacional de los Estados. Las primeras ya las hemos visto, ya que forman parte de las aguas interiores, del mar territorial, de la Z.E.E., o posee un status jurídico propio como es el caso de la plataforma continental. Aparecen mencionados con el propósito de conceptualizarlos dentro de las clases de fondos que existen. La segunda, en cambio, esto es, todo el lecho y subsuelo que integran la Zona, son los que entramos a analizar
III. RIQUEZAS DE LOS FONDOS OCEANICOS INTERNACIONALES El motivo por el cual una serie de países empiezan a preocuparse del fondo de la alta mar, es debido a la cantidad de minerales que pueden encontrarse en el lecho y subsuelo de la Zona. La riqueza en petróleo y en gas, es por demás evidente. Hoy día esa riqueza representa casi el 25% de la producción mundial del petróleo. Asimismo, la riqueza en nódulos de manganeso, cromo, níquel, cobalto y cobre, se han calculado en 1.500.000 toneladas, solo para los fondos del océano pacífico (se calcula por ejemplo, una existencia de 43.000 millones de toneladas de aluminio, lo que daría una reserva de 20.000 años, mientras que las reservas terrestres no sobrepasan una centuria). Si bien el petróleo se explota actualmente en los fondos nacionales correspondientes a las
plataformas, nada impide que más adelante se le extraiga del fondo oceánico de la zona. Por lo demás, la riqueza de dicho fondo reside tanto en los nódulos polimetálicos que descansan sobre el lecho marino como en los minerales del subsuelo. El petróleo ya citado, el gas, hierro, azufre y otros. Se ha calculado que la extensión de la jurisdicción de los países costeros con razón de sus plataformas, no afecta mayormente a las riquezas del fondo oceánico internacional correspondiente a la Zona, pues la mayoría de los nódulos se encuentran en los fondos oceánicos de la alta mar. A este concepto económico debe sumarse el interés por utilizar los fondos oceánicos como centros de actividades ofensivas y defensivas. Por lo tanto, puede comprenderse la preocupación por los fondos oceánicos de la alta mar, por que si los ribereños tienen derechos exclusivos en su mar territorial, plataforma continental y Z.E.E queda todo el resto de los grandes fondos marinos con su compleja geografía de cordilleras sumergidas, de mesetas, de profundidades abisales por explorar, explotar, y por utilizar en muchos aspectos. IV. INTERVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS Se menciona como histórico el día 17 de agosto de 1967, en que el Embajador y representante de Malta, Alvid Pardo, solicitó a las Naciones Unidas que se preocuparan de estudiar la situación jurídica de los fondos oceánicos, solicitando una declaración y tratado sobre reserva exclusiva para fines pacíficos del lecho del mar y del subsuelo oceánico, bajo aguas no comprendidas en los límites de jurisdicción nacional, y sobre el empleo de los recursos en beneficio de la humanidad. En posteriores intervenciones, el mismo Embajador solicitó que los fondos oceánicos deberían considerarse herencia común de la humanidad y bajo un principio de uso razonable. Según este parecer los fondos oceánicos debían ser explotados y administrados por la comunidad de naciones, en forma reglamentada y con distribución equitativa de los beneficios entre todos los Estados, incluso los que no participaran en ella. De ello se sacaron dos conclusiones: 1. El fondo de la alta mar podía ya ser explotado 2. De serlo, convenía que lo fuera en beneficio de todos. Esa propuesta causó enorme interés y coloca a la N.U. ante la perspectiva de tener que legislar sobre el fondo oceánico. Tanta importancia concedió, que la declaración de principios sobre el fondo de los mares y la convocatoria a la Tercera Conferencia del Derecho del Mar, se debieron fundamentalmente a la trascendencia del lecho y subsuelo oceánicos. El 17 de diciembre de 1970, mediante resolución 2749, la Asamblea General de las Naciones Unidas formula una "Declaración de Principios que Regulan los Fondos Marinos y Oceánicos". En su numeral 1 declara: "Los Fondos Marinos y Oceánicos, lo mismo que sus subsuelos, fuera de los límites de jurisdicción nacional (en adelante denominada la Zona), así como los recursos de la Zona, son patrimonio común de la humanidad". En seguida, la Declaración establece que la Zona no puede ser objeto de apropiación por los Estados o por personas físicas o jurídicas: "Ningún Estado puede reivindicar o
ejercer la soberanía o derechos soberanos en ninguna parte de ella". Tampoco pueden las personas físicas o jurídicas tener o adquirir derechos en la Zona, que sean incompatibles con el régimen internacional que se pretende establecer, y tanto la exploración como la explotación deberán someterse a ese régimen futuro y en beneficio del interés de toda la humanidad. Igualmente declara que la Zona solo podrá utilizarse para fines "exclusivamente pacíficos", enunciando el deseo de excluir los armamentos del lecho y subsuelo marinos. Además se consigna expresamente que esta declaración no afecta en nada al estatuto de régimen jurídico de las aguas suprayacentes o del espacio aéreo, a la vez que se salvaguardan los derechos del Estado ribereño para tomar medidas que impidan una "contaminación o amenaza de contaminación" provenientes de actividades de la Zona. Por último, en la Resolución 2660 (XXV) de 1970, las N.U. habían acordado: "No implantar o reemplazar en el suelo marino u oceánico ningún tipo de armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción en masa, así como estructuras, instalaciones de lanzamiento o cualquiera otras facilidades diseñadas específicamente para el almacenamiento, prueba o el uso de tales armas. Si la intención general de los Estados se encaminaba a la utilización en beneficio común de la Zona, así mismo se proponía dejarla al margen de actividades bélicas. Debía ser un área del globo terrestre beneficiable en forma proporcionada y equitativa a todos los países del mundo, carente de elementos destructivos y solo concretada a la explotación de sus recursos por intermedio de una "autoridad" a cargo de velar por el "patrimonio común de la humanidad". Así, en el breve lapso de pocos años, se dio un nuevo paso en el Derecho del Mar. V. SENTIDO DE LA DECLARACION La Declaración sobre fondos marinos gira alrededor de un concepto que ha motivado las más fuertes discusiones: "patrimonio común de la humanidad". Conforme con las leyes del derecho, no puede haber un patrimonio respecto a nada sin que exista un titular del mismo, y la humanidad como tal no es real, ni persona jurídica. Si las Naciones Unidas hubieran dicho que los fondos marinos eran "res communis", se habría situado a la Zona dentro del concepto que por siglos imperó en cuanto al uso de la alta mar. La declaración 2749 expuso cuales eran los bienes que constituían el patrimonio, pero calló quién o quiénes eran sus t itulares. Ahora bien, la humanidad es el conjunto de los hombres, todos personas físicas. Son estos, los hombres, quienes se asocian para formar personas jurídicas. Para los efectos del Derecho Internacional, están agrupados y organizados por los Estados o por instituciones de rango internacional (ONU). Son los Estados los que integran las N.U. y son los Estados los que determinan las grandes líneas de su política internacional. Incluso las personas jurídicas o físicas que quieran explotar los fondos oceánicos, deberán hacerlo a través o con el consentimiento de los Estados, puesto que ellos han acordado una forma de organismo en el texto de Jamaica, cuya autoridad brota, en el fondo, del consentimiento estatal. Existe pues, el problema del "patrimonio", y son grandes las discusiones jurídicas surgidas y vividas en el seno de las N.U. que se inclinan por el "res nullius", por el "res
communis", por el rechazo de ambas, por el dominio público internacional, por la justicia social internacional, hasta quedar en el patrimonio común de la humanidad, recogido en el artículo 136 de Jamaica 82. Se demuestra lo difícil de traducir en lenguaje jurídico apropiado algo que hacía 2000 años se había acuñado en el derecho romano bajo el nombre de "uso común". ¿Qué valor vinculante para los Estados del mundo entero implicaba la declaración 2749? Al respecto hay dos posiciones: los que creen que ella era plenamente obligatoria para todos los pueblos, mientras otros pensaban que carecía de tal valor. La primera posición puede sintetizarse así: La declaración de principios refleja el consenso de la humanidad sobre los elementos esenciales del nuevo régimen jurídico aplicable a los fondos marinos y oceánicos. Si bien esos elementos encontrarán una expresión concreta en el régimen internacional que habrá de establecerse mediante una convención internacional, no significa que su validez u obligatoriedad esté condicionada a este régimen. Ella existe desde el momento mismo de la aprobación de la resolución, siendo suficiente para que se pueda exigir a cada Estado la obligación de abstenerse de actividades incompatibles.
En cambio, el parecer diametralmente opuesto se expresa en la siguiente forma: Apenas transcurridos algunos años, la disolución es grande, en la medida de las esperanzas que había hecho nacer. Se puede preguntar si la propuesta de Alvid Pardo a la comunidad internacional (que la declaración de Principios del 17 de diciembre de 1970 confirma), no era prematura incluso más, si era una necesidad. A nuestro parecer, la declaración de principios no tuvo otro valor que el de su título, ser una Declaración. Subsiguientemente, sobrevino el esfuerzo colectivo por convertir dicha declaración en algo jurídico de mayor envergadura: un tratado. Esto se obtuvo en la III Conferencia sobre Derecho del Mar, que analizaremos en seguida. Por último, falta una tercera etapa: traducir lo que trata el texto, o mejor, lo que establece el texto de Jamaica en una realidad internacional, y dar nacimiento a costumbres que ratifiquen lo señalado en esos artículos. VI. LA ZONA EN LA III CONFERENCIA DE DERECHO DEL MAR La Zona ocupa lugar especial en la III Conferencia sobre Derecho del Mar. Desde luego, por la novedad jurídica que implicaba y por la suma de intereses contrapuestos. Finalmente, de su artículo que va del 133 al 191, conformando la parte XI del texto definitivo. El proceso de elaboración de este régimen no fue nada fácil. No existía antecedente alguno en el Derecho Internacional, y fue necesario contruir todo un conjunto de reglas nuevas, aprovechando en la medida de lo posible, las experiencias nacionales de diferentes Estados en materia de minería. Nada tiene de extraño, en consecuencia, que la redacción sea deficiente, el equilibrio de los artículos desigual, y la precisión de los conceptos fluctuante. Comparada esta sección con las que tuvieron como punto de apoyo los textos de Ginebra 58, se aprecia claramente lo difícil de lograr un concenso (que al final no se obtuvo) y entregar una redacción justa y sobria.
Los dos aspectos jurídicos nuevos creados en Jamaica, son respectivamente, LA ZONA Y LA AUTORIDAD 1. La Zona comprende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de jurisdicción nacional, como dice el artículo 1 numeral 1. La Autoridad denominada "Autoridad Internacional de los Fondos Marinos" es una organización por cuyo intermedio "los Estados partes organizarán y controlarán las actividades en la Zona", según el artículo 157 numeral 1. Por lo tanto, la Zona es la dimensión física sólida del fondo de la alta mar, salvo aquellas partes de plataformas excedidas ya vistas. Los minerales sólidos, líquidos o gaseosos (art.133) se llaman recursos mientras no han sido explotados, y minerales una vez extraídos de la Zona. Desde luego, se afirma el principio de que la Zona no afecta la condición jurídica de las aguas suprayacentes, como tampoco el espacio aéreo situado sobre esas aguas (art.135). Dado que la Zona es patrimonio común de la humanidad, ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía y derechos soberanos (art.137). Por lo tanto, la Zona es inocupable e inapropiable. Además, la Zona solo podrá usarse para fines pacíficos (art.141). Su explotación se hará en beneficio de "toda la humanidad" y de todos los Estados. Sin embargo, no hay perfecta igualdad entre beneficiarios. El art. 140 indica que no hayan logrado la plena independencia. Se parte de la igualdad de Estados, pero se introducen pueblos que no constituyen Estados, y si bien forman parte de la humanidad, titular de la Zona que de hecho representa solo los Estados, vemos que aparece un elemento perturbador. Asimismo, la investigación científica marina será exclusivamente pacífica y en beneficio de la humanidad (art.143) Deberá señalarse que éste es un punto crucial en el texto y la causa de las mayores discrepancias habidas entre los países con gran tecnología y quienes carecen de ella. De hecho, el rechazo al texto de Jamaica se ha debido precisamente por estos aspectos donde nunca se logró concenso. 2. El texto propone que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos adquiera "tecnología y conocimientos científicos" y promueva la transmisión de tales tecnologías y conocimientos científicos a los Estados en desarrollo (art.144). La creación de la Autoridad equivale a un organismo internacional gigantesco, construido sobre el modelo de las N.U. Posee una Asamblea, un Consejo y una Secretaría (art.158) y, fundamentalmente, una Empresa para la actividad práctica de la exploración y explotación de la Zona. a. La Asamblea constituye el órgano supremo de la Autoridad, se integra por todos los miembros de la Autoridad (art.159), tendrá sesiones ordinarias con voto unipersonal y fijará la política general de la institución (art.160) b. Al Consejo lo componen 36 miembros designados por la Asamblea, en un procedimiento complejo que pretende dar representatividad a todos los Estados y tendencias del mundo, que es "el órgano ejecutivo de la Autoridad" y establece la política concreta que se deberá seguir (art.162). Sus órganos serán: una Comisión Jurídica y Técnica, de 15 miembros, y una Comisión de Planificación Económica asimismo de 15 miembros (art.163 a 165). c. La Secretaría tiene un Secretario General que es elegido por la Asamblea para un período de 4 años, y sus funciones son calcadas de las del Secretario General de la ONU (art.166 y siguientes).
d. La Empresa es el órgano de la Autoridad que realizará directamente las actividades en la Zona (art.170). Su sede es Jamaica (art.165), su funcionamiento se hará tomando como base la escala de retribuciones de las N.U. (art.160). Su personal gozará de inmunidad diplomática, lo mismo que todos los bienes y haberes de la Autoridad, archivos y recintos. Para completar este cuadro, existen dos anexos, el III dedicado a las condiciones básicas de la prospección, exploración y explotación; y el anexo IV, destinado a configurar el Estatuto de la Empresa. VII. LA EXPLOTACION DE LA ZONA Se propicia un sistema paralelo en el cual, bajo control de la Autoridad, actuarán tanto la empresa como Estados partes, o entidades estatales, o personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de los Estados partes o que estén efectivamente controlados por ellos...(art.153). En esta forma, no sería solo la empresa la entidad explotadora del fondo oceánico, sino que también los Estados que lleguen a un acuerdo con la Autoridad, aunque bajo control de ésta. La explotación procederá por etapas. Los presupuestos presentados los examinará el Consejo, previo examen de la Comisión Jurídica y Técnica. El Consejo está encargado de vigilar la aplicación de los acuerdos de exploración o explotación. De este modo, el control superior recae sobre el Consejo, quien verá lo efectuado o por efectuar, tanto respecto a las explotaciones de la empresa, como a la de los Estados partes u organismos jurídicos autorizados para ello. La Asamblea será la indicada para "decidir la distribución equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos obtenidos de las actividades de la Zona" (art.160) La transmisión de tecnología deberá hacerse a la empresa por parte de los solicitantes que la posean (art.5 Anexo III) y cuya promoción está contemplada en los artículos 266 a 278. En el evento de tropiezos, dificultades o discrepancias, existirá una Sala de Controversias de los Fondos Marinos, en el Tribunal del Mar, que se propicia crear (art.186) Dos puntos cruciales afectan a la Zona y a ellos se refieren sendos preceptos. Uno es la duración del sistema de explotación convenido. Otro, el financiamiento de la Autoridad. Según el artículo 155, desde enero del año en que empiece la primera producción habrá un lapso de 15 años, pasados los cuales será revisado viendo en detalle la forma de todo lo realizado, si se cumplieron las finalidades propuestas, y si mejora la economía mundial, si se obtuvo una distribución equitativa, etc. Según el artículo 160 la Asamblea deberá determinar las contribuciones de los miembros, conforme la escala convenida para financiar las Naciones Unidas. Además, según el artículo 174 la Autoridad está facultada para "contraer préstamos" y será el Consejo en su nombre, quien lo concierte y obtenga. Por lo demás, como corresponde a toda persona jurídica, las deudas de la Autoridad no imponen responsabilidad alguna a los Estados partes. VIII. ALCANCE DE ESTOS PRECEPTOS ¿Qué se puede pensar de esta estructura burocrática administrativa que se pretende
establecer en la III Conferencia sobre Derecho del Mar? Por sus dimensiones, su estructura, por la inmensidad de la riqueza que puede llegar a manejar, por las implicaciones técnico-políticas que encierra, por la negativa manifestada por los Estados Unidos a participar en ella, y por otros hechos, estamos en presencia de una incógnita. Desde luego, se requieren dos elementos básicos para hacer andar el proceso: la tecnología y el financiamiento. Si ambas condiciones no son realizadas, la Autoridad, los organismos adjuntos, la explotación concertada, la empresa, la sala de controversias sobre fondos marinos, en una palabra, la estructura completa del organismo planeado durante tantos años, nunca tendrá existencia real. Jurídicamente, en cambio, puede reconocerse que la terminología del Derecho del Mar, ha ganado un nuevo nombre: la Zona. Asimismo, se ha adquirido la determinación jurídica de los límites de esa zona. Vale decir, el ámbito que ella comprende. La declaración 2749 encierra una basta visión jurídico-económica que Jamaica concretó. Pero su realización dependerá de los trabajos diplomáticos que se están verificando hoy día. Si ese patrimonio común logra ser administrado como se proyecta, podría representar un adelanto para el siglo XXI. Si ello no sucede, quedará en el sector de las posibilidades, las cuales no constituyen todavía un derecho, sino que aspiran a llegar a serlo. Todo ello por las profundas diferencias económicas entre los Estados, la divergencia política, el desacuerdo respecto la explotación de los fondos oceánicos y las suspicacias de los Estados sin litoral. IX. LOS FONDOS MARINOS NACIONALES Y LA ZONA Aun cuando estos fondos corresponden a sectores diversos (mar territorial, plataforma continental, o aguas interiores) y, por lo mismo, se analizaron en su momento, conviene anotar brevemente algunos aspectos comunes en contraposición a la Zona. En ellos, el Estado ribereño posee plenitud de autoridad, y por lo tanto, puede explotarlos, explorarlos, efectuar todo tipo de actividades científicas, industriales, económicas, y disponer de ellos, ya que le pertenecen por entero. Queda sin embargo por determinar, un aspecto que enlaza la Zona con la plataforma continental. No sería de extrañar que existan yacimientos submarinos de minerales que se prolongen más allá del término de la plataforma, y puedan ser explotados simultáneamente por autoridades distintas a lado y lado. Si el yacimiento es de mineral sólido, puede establecerse en teoría un límite divisorio, pero si se trata de petróleo, su separación no es posible. Además, no se conoce con exactitud, ni puede conocerse en el estado actual del problema, todas las dificultades prácticas que se van a derivar de la explotación de la Zona. En otras palabras, el patrimonio común de la humanidad, al sobrevenir su explotación ¿atenta o no contra el derecho nacional de cada Estado dueño de plataformas? ¿si el beneficio general exige la pérdida particular para un Estado?, si ya la explotación de los minerales terrestres significan complejas posiciones. Más todavía, no se sabe de los efectos que las perforaciones del lecho, los rastreos, etc., causen a la fauna y a la flora marinas, tanto de la Zona como de las plataformas. Nada se sabe de ello, ni de la influencia favorable o desfavorable que pueda tener respecto a la fauna y flora nacionales, de modo que sobrevenga responsabilidad de terceros Estados frente al
