1
Zeitlin, Maurice. L os deter deter mi nan tes social es de la democr democr acia pol í ti ca en en Chi C hi l e
En este texto el autor se pregunta sobre si es aún viable suponer que el equilibrio político logrado en el sistema político chileno, se mantendrá estable en el tiempo. En efecto, Zeitlin parte de la idea i dea que históricamente históricamente Chile ha sido una democracia políti ca estable, entendiendo esta última como “el ordenamiento institucional para alcanzar decisiones políticas, en el cual los individuos adquieren la facultad de decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo” (Schumpeter). (Schumpeter). El autor se pregunta por cuáles son los determinantes sociales que explican que Chile haya mantenido un sistema multipartidario estable, cuyos partidos políticos se extienden a lo largo del espectro ideológico desde la izquierda a la derecha. derecha. Esto, por cuanto, la significación teórica t eórica del caso chileno es que se trata de un “caso desviado” en el conte xto latinoamericano, dada su importante democracia parlamentaria, pero, sobre todo, porque es un caso que diverge de muchas teorías prevalecientes respecto a los requisitos sociales de la democracia política estable. Respecto a esto último, señala que estas teorías plantean que los requisitos sociales para la democracia política estable son las opuestas a aquellas en las cuales subsisten y se desarrollan los movimientos revolucionarios significativos (de hecho, la no existencia de estos movimientos revolucionarios o anticapitalistas en las democracias anglosajonas, suele explicarse porque existe una democracia parlamentaria estable y una clase obrera reformista). Sin embargo, con esto se oscurece el problema teórico respecto a por qué, entonces, puede existir, t al como sucede en Chile, una democracia política estable con partidos políticos que se proclaman socialistas revolucionarios de clase obrera (comunista y socialista). El caso chileno posibilita la entrega de datos adicionales a la teoría general de la democracia política, mostrado que existe una explicación subyacente subyacente tanto para los desviados como para los no desviados. La cuestión de la democracia política apunta a dos cuestiones: a) las condiciones que condujeron a la estabilidad política; y b) las que condujeron a una estabilidad política democrática. democrática. En este sentido, el autor señala que las explicaciones que en Chile se ha dado para esto han sido, más que explicaciones, descripciones descripciones que apuntan a “la existencia de una tradición democrática”, “la facilidad de los partidos para lograr coaliciones”, etc. Por el contrario, para Zeitlin la explicación está en los rasgos y aspectos de la estructura social en su conjunto que subyacen y determinan la estabilidad y la democracia del sistema político chileno. Por otro lado, Zeitlin critica la l a teoría de Martin Lipset, quien sostiene que la democracia política está enraizada en un alto nivel de desarrollo económico, económico, en la medida que esto es ahistorico, en tanto no se sabe a ciencia cierta cuándo un país es desarrollado, sino que se suman una serie de índices de desarrollo despojados de contenido histórico y de clase. En este sentido, Zeitlin plantea que Chile ocupa diferentes lugares al ser clasificada en diferentes índices, por lo que la respuesta no es unívoca. El autor critica que en esta teoría se le dé estatus de explicación a una simple correlación existente entre desarrollo económico y democracia, en la medida que no se especifica qué interrelaciones interrelaciones se supone existen entre estos dos fenómenos. Ahora bien, el abordaje que realiza el autor parte de la idea que lo esencial respecto al desarrollo económico, en lo que se refiere a sus efectos sobre la política, es su interrelación con 1
El texto es de mediados de los sesenta, con lo cual se entienden algunas tesis y las proyecciones que hace el autor respecto a ese momento histórico particular.
determinados tipos de pautas de conflictos sociales y su resolución. Es decir, para el caso chile, preguntarse por ¿qué luchas, entre qué grupos de intereses (regionales, de clase, intraclases, internacionales), en qué etapas del desarrollo del país, condujeron a la legitimación e institucionalización de la democracia política formal? Teniendo en cuenta esta interrogante, Zeitlin entrega 7 hipótesis, que si bien no buscan explicar completamente el fenómeno de la estabilidad democrática en Chile, sí anticipan reflexiones que pueden desarrollarse más adelante, sobre todo en términos de la investigación comparativa: 1. En el período posterior a la independencia chilena, se produce dentro de las clases dirigentes una división, en tanto una parte de ésta desarrolla una alianza con Inglaterra (O’Higgins), mientras que la otra lo hace con los Estados Unidos (Carrera). Lo importante de esta división interna en la clase dirigente – que fue motivo histórico de desavenencias continuas- es que este conflicto entre intereses británicos y norteamericanos, junto con la propia economía chilena, relativamente desarrollada, y la fuerza militar independiente, evitaron que el país se convirtiera en una colonia directa o protectorado político de cualquier potencia, lo que hubiera limitado el desarrollo democrático. En este sentido, se plantea que las clases gobernantes chilenas contaron con tiempo – luego de la independencia de España- y base económica para demostrar su eficacia y reforzar su legitimidad. De hecho, su legitimidad como gobernantes nunca habría estado puesta en duda, a diferencia de las clases dirigentes de los países del Caribe que, con frecuencia, en vez de gobernar se aliaban con gobiernos e industrias foráneas – además de que a menudo pasaron de ser colonias españolas a colonias norteamericanas, tal como sucedió en Cuba, país que luego tendría una revolución. Entonces, el orden legal en Chile pudo ser identificado con un gobierno nacional legítimo, que sirvió como fuente de autoridad, mientras que en países como Cuba, el orden legal fue identificado con los intereses del explotador capitalista. 2. La precoz envergadura y el rápido ritmo de crecimiento del desarrollo económico chileno otorgaron a las clases dirigentes una ilimitada confianza en sí mismas, aumentando su capacidad de gobernar en un nivel subjetivo y objetivo. A su vez, las propias políticas imperialistas de Chile (Guerra del Pacífico) tuvieron un carácter de reforzamiento tanto de su desarrollo económico como de refuerzo para su institucionalidad política. Esto, porque los gobernantes demostraron capacidad para gobernar eficazmente “en interés de la nación”, manteniendo el orden interno y dirigiendo una guerra victoriosa que, además, le permitió enriquecerse. Por otro lado, los gobernantes civiles fueron capaces de subordinar a la élite militar, sin que esta pudiera constituirse en una amenaza competitiva a su prestigio y poder, subordinando la autoridad militar a la civil. Por último, la guerra imperialista amplió el desarrollo de la identidad nacional y de “destino” nacional y renovó el celo por la independencia. 3. La inversión económica extranjera nunca fue predominante en el sector agrícola chileno, de modo que la aristocracia chilena no fue debilitada o desplazada por una clase propietaria-ausentista, tal como sucedió en Cuba con la inversión norteamericana. De hecho, el tipo de desarrollo económico chileno nunca puso en peligro la estructura social agraria y por lo tanto la base de los terratenientes se mantuvo casi intacta en el tiempo, constituyéndose los campesinos e inquilinos en una base seguro de poder terrateniente. Por otro lado, si bien en Chile las minas se constituyeron en importantes
centros de poder de la clase obrera y ejercieron influencia en la militancia de ciertos campesinos (sobre todo el campesinado comunal del norte), esta estuvo particularmente aislada del campesinado y no plantearon amenazas para el orden social. Por el contrario, en Cuba los trabajadores agrícolas e campesinos se mezclaron rápidamente con los trabajadores industriales que laboraban en las centrales azucareras. En otro aspecto, las importantes inversiones primitivas en Chile, las minas de cobre y nitrato, proveyeron estabilidad a la clase de empresarios-industriales, profundizando su ideología nacionalista y anti-imperialista, lo cual redunda en una lealtad a la soberanía y al sistema político chileno. 4. Se plantea que la pauta del primitivo desarrollo económico chileno fue de tal índole que, poco después de obtenida la independencia, apareció una auténtica clase obrera industrial – en el sur y el norte, centradas en las minas de cobre, carbón y nitrato- que estimuló la legitimación de la clase obrera a organizarse, contrarrestando el poder de las clases dirigentes. Sin embargo, la dispersión de esa fuerza de clase obrera, si bien f ue un poder contrabalanceador, nunca planteó una amenaza al poder dirigente. Por el contrario, en Cuba la proporción de obreros implicada o dependiente de la industria azucarera fue tal que pudo constituirse en fuerza nacional, en contraste al minoritario número que significaba la clase obrera minera de Chile. Por último, se destaca que, en la lucha entre los industriales mineros y la vieja aristocracia terrateniente, los obreros de las minas sirvieron como fuerza electoral que le permitió a los industriales mineros integrarse a las clases dirigentes, mientras que los obreros tendieron a la politización. 5. La legitimidad aristocrática (nombres antiguos) y la riqueza de los nuevos industriales tendieron a apoyarse una a otra, estabilizándose una nueva clase dirigente. Asimismo, si bien se aseguró la estabilidad de la nueva clase dirigente, la permanencia de divisiones y centros de poder basados en conflictos anteriores contribuyó a reforzar una ideología del compromiso y la competencia política para ganarse el poder político. Esto debe haber elevado las consideraciones que se tenían sobre la carrera política, a diferencia de lo sucedido en Cuba, en donde existía poco respeto por los cargos públicos, en la medida que significaban poco poder real, y más bien servían para ejercer la corrupción y el gansterismo. 6. La diferenciación económica regional entre los sectores de la clase dirigente debe haber favorecido el dejar vivir políticamente, en tanto en estas zonas podían gobernar diversos sectores de las clases dirigentes, aunque apoyándose para mantener sus privilegios. Asimismo, las lealtades zonales y regionales se entrecruzaron con las líneas de clase, reforzando las bases de los partidos políticos y sus facciones internas. 7. Algo clave es que en Chile las pautas institucionales para la resolución y contención de los conflictos sociales estaban establecidas antes de que la clase obrera se convirtiera en una fuerza política independiente con sus propios líderes que articularon una ideología revolucionaria. De este modo, la ideología política de la lucha pacífica predominaba, siendo lo suficientemente fuerte como para que los gobernantes fueran flexibles, en algún grado, con las demandas de la clase obrera. De hecho, la fuerza de la ideología de la lucha pacífica fue tan grande, que el Frente Popular inauguró una época de participación de la izquierda en el conflicto social institucionalizado, y de socialismo parlamentario, con lo cual se contuvo el conflicto sobre canales aceptables. Más aún,
una forma de estabilizar el dominio de la clase dirigente y la democracia parlamentaria fue la relación institucionalizada que se dio entre l os partidos revolucionarios (PC y PS) y el partido representante de los elementos más nuevos de la clase capitalista (PR). Esto permitió contener las demandas de la clase obrera, en favor de las políticas de desarrollo nacional que se negociaron. A esto se suma, que la índole esencialmente parlamentaria de la izquierda chilena, se basa en una clase obrera fragmentada desde el punto de vista de la organización y que, por lo tanto, nunca pudo ser más que una base electoral (menos del 5% de la fuerza de trabajo se hallaba organizada hacia los sesenta). En definitiva, la democracia política chilena se ha basado en un equilibrio de fuerzas sociales más o menos estancadas y dispuestas a actuar una con respecto a la otra, pero bajo el supuesto tácito de que cada una respetará los “derechos” de las demás en sus intereses fundamentales. Es decir, que nunca se ha puesto en jaque el orden establecido.
