ANALISIS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.CONSTITUCIONAL.EVOLUCION HISTORICA Y REFORMAS.Carranza se propuso un plan que le propiciara el apoyo de actores sociales que no estaban plenamente convencidos por el carrancismo. De manera que probablemente veía en la Ley Agraria, si no la salvación, sí un elemento importante para propiciar el apoyo de campesinos y desactivar frentes de ataque. La firma, en febrero de 1915, de un pacto con la Casa del Obrero Mundial también se enmarcaba en ese plan de alianzas.En ese contexto, y asesorado por Luis Cabrera, decidió emitir una Ley Agraria. Así, por la mañana del 6 de enero de 1915 fue presentada la iniciativa por la Sección de Legislación Social de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, se discutió todo el día y aprobó más tarde, siendo firmada por Carranza a las 9 de la noche en punto.La redacción de la Ley Agraria había sido encargada a Cabrera, quien hizo varios considerandos co nsiderandos en los que se reconocía la situación de malestar entre la población agrícola por los despojos sufridos desde tiempos lejanos. Se señala la iniquidad en los litigios por tierras, en contra de los pueblos y comunidades, por lo cual éstos se habían quedado sin sus propiedades sumiendo a los campesinos en la 'miseria, abyección y esclavitud'. Se concluía que era necesario devolver a los pueblos despojados sus terrenos, según se señalaba: 'Como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar b ienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres '. Por todo lo expuesto se expedía el decreto que estaba integrado por 12 artículos y uno transitorio. Entre las cuestiones más importantes se señalaba la nulidad de las enajenaciones provenientes de la Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856 y de las concesiones hechas durante el Porfiriato (artículo 1).El artículo 3 establecía que incluso los pueblos que no pudieran demostrar d emostrar la propiedad de sus tierras, tendrían derecho a la dotación mediante la expropiación por cuenta del gobierno nacional. Para llevar a cabo las expropiaciones y dotaciones se crearía una Comisión Nacional Agraria y comisiones locales, una por cada entidad. Con ello se generaba una estructura que tenía por intención garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.La Ley Agraria de Cabrera, signada por Carranza, era una clara expresión de lo que implica una revolución, en tanto rompimiento con el orden establecido, en este caso en materia agraria. La propuesta de expropiar tierras para restablecerlas a los campesinos era muy notoria tomando en cuenta que el tema había sido evitado por considerarlo peligroso, y porque la ley era emitida por Carranza, quien parecía lejano al credo agrarista.Los artículos 5 al 9 se referían de manera pormenorizada a los procedimientos que debían seguir los campesinos para solicitar tierras, las actividades que desempeñarían las comisiones agrarias y los gobernadores, etcétera. Sólo el artículo 10 era relativo a los derechos de los afectados, en cuanto a las posibilidades de inconformarse con las disposiciones de reparto. Finalmente los artículos 11 y 12 trataban la forma de aplicación de la ley.La Ley del 6 de enero presentó, debido a la situación de emergencia en que fue redactada, imprecisiones y vacíos que merecieron ser rectificados cuando se tomó en cuenta para la redacción del artículo 27. Con todo constituye el primer precedente legal y oficial por realizar un amplio reparto agrario, y en ello reside su importancia. ESTE ARTICULO HA SUFRIDO 15 REFORMAS QUE LO TRANSFORMARON SUSTANCIALMENTE. A CONTINUACION REALIZAREMOS UN BREVE ANALISIS DE CADA UNA DE ELLAS. Enero 10 de 1934.Mediante esta reforma se le incorpora la ley del 6 de enero de 1915, considerada como ley constitucional, que convierte innecesariamente este articulo en reglamentario de la materia, ya que incorpora diversos procedimientos agrarios, que serian los únicos de d e rango constitucional. También garantizo el respeto a la pequeña propiedad en explotación y estructuro la autoridad agraria.-
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULO PRIMERO. CAPITULO I. DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. REFORMADO, REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1934 Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto, se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación. ACLARACIÓN, D.O.F. 3 DE MARZO DE 1934 X.- Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con (terrenos) bosques, tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población; sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará por cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados. Diciembre 6 de 1937.Adiciona aspectos agrarios de importancia, como el derecho de los núcleos de población para el disfrute común de tierras, bosques y aguas que les correspondieran o que les hubieren sido restituidos. Además, señala que la federación es competente para resolver los conflictos limítrofes entre las comunidades indígenas. REFORMADA, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1937 VII.- Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales cualquiera q ue sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. El Ejecutivo Federal se avocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición presidencial. La ley fijará el procedimiento breve conforme el cual deberán tramitarse las mencionadas controversias. 9 DE NOVIEMBRE DE 1940 Establece al máximo nivel jurídico la exclusividad del Estado sobre el petróleo, como consecuencia directa de la expropiación de dicho recursos energético decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas.ADICIONADO (REFORMADO) D.O.F. 9 DE NOVIEMBRE DE 1940. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinara la forma en que la Nación llevara a cabo las explotaciones de esos productos.
