Carrera: Abogacía Materia: Derecho Penal Económico Exámen: Parcial Nº 2 Pregunta 1: HAY VERDES QUE CUENTAN MÁS QUE EL DÓLAR. Usted es
legislador José Ágora e integra la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Tomando como base la primer actividad del módulo 1, en la que se alude a la visita de una organización ecologista que, luego de exponer un importante estudio realizado sobre la carencia de agua potable en el país, presenta la propuesta de crear una figura penal que imponga penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo a las industrias que contaminen ríos y espejos de agua. Puesto en la posición de legislador Ágora diseñe los proyectos de leyes que contengan tipos penales tuitivos del medio ambiente (con objetos de protección a su elección, por ejemplo aguas, aire, sonoridad, radiactividad, etc.) que reúnan los siguientes caracteres A) Dolosos y culposos. B) De acción, omisión y comisión por omisión. C) De daño, de peligro concreto, de peligro abstracto y de aptitud. D) Ley penal en blanco. Se aclara que las normas penales que se redacten deberán reunir al menos uno de los rasgos de cada una de las categorías anteriores (A, B, C y D) Respuesta 1:
Córdoba, Marzo 15 de 2013. Proyecto de Ley de Proteccion del Medio Ambiente. Articulo 1: Sera reprimido con prisión o reclusión de 4 a 10 años quien conta-
mine dolosamente napas de aguas artificiales o naturales en todo el territorio de la nación (Categoría A - Delito Doloso). Articulo 2: Sera reprimido con prisión de 3 a 6 años e inhabilitacion absoluta
por el doble de la condena para ejercer cargos públicos, el funcionario que por incumplimiento de sus funciones no impida en funcionamiento de empresas contaminantes del ambiente en sus distintas fases, tanto atmosférica, sonora, o en relación a los cursos de agua subterráneos o superficiales (Categoría B Delito por Omisión). Articulo 3: Quien por su culpa o negligencia ocacionare un daño ambiental
radioactivo jurídicamente relevante, sera reprimido con una pena de 5 a 8 años de prisión o reclusión (Categoría A - Delito Culposo) Articulo 4: Será reprimido con prisión de 4 a 6 años de prisión que con su ac-
cionar ponga en peligro la salud de la población por contaminacion sonora, con independencia de los daños concretos ocasionados (Categoría C - Peligro Concreto).
Articulo 5: Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 8 años, el que cazare
animales silvestres dentro de los Parques Nacionales sin la debida autorización, y en función a las especies protegidas o que se protejan en el futuro, y cuyo listado se publicará por anexo, que oportunamente elaborará el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación A los fines de lo dispuesto precedentemente, se entiende por animales salvajes, a aquellos originalmente domésticos que por cualquier circunstancia vuelvan a la vida salvaje, quedando excluidos del régimen de la presente ley los animales comprendidos en las leyes sobre pesca. La autoridad de aplicación acordará con la Secretaría Marítima los casos dudosos. (Categoría D - Ley Penal en Blanco). Pregunta 2: El bien jurídico tutelado (Tenga en cuenta, para responder, la
previsión constitucional relativa a los nuevos derechos y garantías en los arts. 42 y 43 de la Carta Magna.) a) El medio ambiente ¿es un derecho subjetivo, un interés colectivo o un interés difuso? Fundamente su respuesta caracterizando la opción que elige y distinguiéndola de las restantes. Derecho Subjetivo: Es la facultad que posee cualquier persona física o jurídica de peticionar a las autoridades, en función a la protección de sus derechos que le son propios. Derecho de Incidencia Colectivo: Son aquellos derechos que afectan a un con junto determinado de personas, en función de un parámetro objetivo. Por ejemplo: el derecho que afectaría a los titulares de cuentas corrientes activas en determinada entidad bancaria, y durante determinado periodo. Es decir, dicho universo de personas, podrían haberse visto afectadas por determinada medida que afectara sus intereses. Tambien son denominadas acciones de clase. Tal como lo sostiene Jorge A. Carranza, en su obra “ "Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental", Jurisprudencia Argentina Nº 5642 del 18/10/1989), cualquier titular de un interés colectivo puede peticionar en su propio beneficio y en el de los otros derechos fragmentados. Tal es el caso de la sentencia dictada en los autos caratulados "MOLINA, OSVALDO HUGO GABRIEL c/ RED MEGATONE -CARSA S.A. s/ ACCIÓN DE AMPARO", Expte. Nº 19.612/02, que tramito ante la Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 6º Nominación de Resistencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley Provincial 3.911 de Intereses Difusos y Colectivos, donde se dispuso hacer lugar a la acción de amparo, incoada por los Sres.Osvaldo Hugo Gabriel Molina, Delia Ponce y Ramona Libertad Frutos ordenando a la firma Red Megatone Carsa S.A., con domicilio en calle Juan Domingo Perón Nº 43, ciudad, y sus sucursales abstenerse de aplicar el C.E.R. a las cuotas pendientes de pago y/o por vencer, declarando la inaplicabilidad del C.E.R. a los accionantes y a los clientes y consumidores de la firma Red. Megatone Carsa S.A., que tengan domicilio dentro de esta primer circunscripción de la Provincia del Chaco, y en tanto no hayan sido alcanzados por otra resolución judicial en caso de que hayan iniciado acciones con carácter individual para la defensa de sus derechos .
Derecho de Interes Difuso: Son aquellos derechos que afectan la protección, mantenimiento y defensa del medio ambiente, y los recursos naturales, asi como también el resguardo de obras artísticas, arqueológicas, urbanísticas y paisajisticas, entre otras. Sentado ello, podemos afirmar que la protección del medio ambiente, es un interés difuso. b) ¿Cuál ha sido la recepción constitucional y legislativa de la protección del medio ambiente? Conforme lo dispone el art.41 de la Constitución Nacional, los habitantes de la Nación Argentina, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es así que prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos radioactivos o potencialmente peligrosos para el desarrollo humano. Independientemente de la recepción constitucional mencionada, los estados provinciales, en función de los derechos no delegados a la Nación, han dictado normas de protección del medio ambiente. Tal es el caso de la Ley Provincial 3911 de la Provincia del Chaco, de Proteccion de Intereses Difusos y Colectivos que ha recepcionado la protección del medio ambiente y ha delimitado la legitimidad activa de los demandantes, en protección de los intereses de clase. La acción que derive de la aplicación de la defensa de los intereses difusos o de incidencia colectiva podrá disponer, entre otras medidas: a) La prevención de un daño inminente y grave o el cese de perjuicios actuales; b) Suprimir los efectos dañosos incluso los susceptibles de prolongarse o reaparecer; c) Restablecer las cosas al estado anterior a su af ectación y d) Reparación o indemnización de los daños producidos. c) ¿A quiénes se reconoce legitimidad procesal para ejercer una acción de amparo en defensa del medio ambiente? De conformidad con lo normado por el art.43 de la Constitucion Nacional, toda persona se encuentra facultada para interponer acción de amparo en lo relativo a la protección del medio ambiente y en relación a la protección de los derechos de incidencia colectiva, tendrán acción el afectado, el Defensor del Pueblos y las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas por el Estado. Respuesta 2: Pregunta 3: La protección penal
a) ¿Cómo podría definir el proceso reciente por el cual el Derecho Penal se ha interesado en “nuevos” bienes
La consulta debe ser respondida recurriendo a los contenidos del módulo 1 en los que se alude al proceso de expansión del derecho penal en las sociedades postmodernas o sociedades de riesgo
jurídicos mediante la creación de figuras que castigan su vulneración? Defina causas y efectos dogmáticos del mismo.
Respuesta 3: Desde finales de los años setenta en Alemania y finales de los
ochenta y principios de los noventa en España, la legislación penal ha experimentado un extraordinario crecimiento cualitativo y cuantitativo, que desde entonces no puede observarse una detención, ni menos aún, un retroceso del trazado del perímetro de lo penalmente prohibido, sino que, por el contrario, tiende a ir en franco crecimiento. Este fenómeno, en su configuración políticocriminal, puede explicarse en diversas dimensiones, tanto en la ampliación del ámbito de lo prohibido, como el endurecimiento de las penas y la internacionalización del Derecho Penal. Así el Derecho Penal sufre una hipertrofia a las resultas de la aparición de nuevos intereses merecedores de tutela (medio ambiente, patrimonio histórico) y el empleo de nuevas tecnologías hace posible modalidades de ataques a bienes jurídicos hasta ahora desconocidas. De igual modo, la impotencia del Estado para combatir la delincuencia genera un endurecimiento de las penas en donde las garantías ceden ante la voluntad política de conseguir la máxima eficacia posible. El Derecho Penal, por último, alcanza nuevas órbitas de tutela ante el reconocimiento de intereses que son comunes a un conglomerado de países y ante la creación de tribunales internacionales con competencia para juzgar delitos de lesa humanidad, pero con la tendencia de ampliarse a otros más tales como el medio ambiente. Sin embargo la expansión del Derecho penal aún puede apreciarse dentro de la dogmática, donde algunas propuestas teóricas funcionalistas avalan una pronunciada flexibilización de las reglas de imputación objetiva y a nivel de culpabilidad. Ante todo, como puede advertirse, este no es un fenómeno absolutamente reciente, sino que, en sentido opuesto, vienen, desde hace algunos años, alzándose voces en la doctrina que procuran emitir juicios críticos respecto a la visión de este fenómeno inflacionario, de lo que se infieren tres posturas claramente reconocibles. En un primer orden de ideas, podríamos ubicar a aquellos juristas próximos a la Escuela de Frankfurt. Aquí se alimenta la posibilidad de retornar al viejo y buen Derecho penal liberal, rechazando todo tipo de manifestación que rebase las frontera de tutela de bienes fundamentales y tradicionalmente salvaguardados por esta rama del Derecho, comulgando con la alternativa que el Derecho penal sólo atienda a la protección de bienes jurídicos tradicionales, ya tutelados por el Derecho penal clásico (la propiedad, la vida, etc.). En el extremo opuesto, se ubican pensadores tales como Shünemann y Kuhlen en Alemania, y Gracia Martín en España, mostrándose complacientes con las modernas reformas legislativas que encuentran en la expansión del Derecho penal una asignatura orientadora. Por último, emerge una postura que intenta conciliar ambas vertientes de opinión, negando que toda manifestación expansiva sea nociva per se, sino sólo los desbordamientos de la pena privativa de la libertad. Silva Sánchez queda enrolado en esta tercera vía, siendo el mismo autor quien reconozca que “el problema no es tanto la expansión del Derecho p enal en general, sino específicamente la expansión del Derecho penal de la pena privativa de libertad”, agregando que “es esta última la que debe ser rea lmente contenida”. Puede advertirse, con todo, que la dogmática jurídico-penal como la Política criminal tienen el desafío de aportar herramientas teóricas suficientes para dilucidar qué materia puede ser contenida y cual otra, conforme a pautas directrices del Estado de derecho, resulta ser de inclusión intolerable. Pero aún, este desafío viene potenciado por la circunstancia de que esta ampliación del ius puniendi no se gesta en Estados totalitarios donde los derechos
y garantías se hallan en suspenso, sino que encuentran sustento en la voluntad de la ciudadanía de las diversas democracias. Así los retos de las Ciencias penales son evidentes, y que, pese a ser su solución para nada sencilla, estimamos que gran parte de los actuales cuestionamientos se dispersarían respetando principios tales como los de subsidiaridad, lesividad y proporcionalidad. Principios que nacieron al socaire de la concepción del ejercicio de la potestad punitiva conforme a los dictados de la Constitución. Pregunta 4: Tipos penales en blanco
a) Concepto. Clases. Posición jurisprudencial sobre la cuestión desde la óptica del principio de legalidad y reserva penal.
Recuerde los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exigen de las normas penales en blanco, en cuanto a la descripción de la conducta típica o enunciación del verbo típico, así como de la remisión que la norma disponga según la clase de que se trate
Respuesta 4: Para la doctrina las leyes penales en blanco son preceptos pe-
nales que no describen totalmente la conducta típica, sino que remiten a autoridades que complementan su determinación. Tal es el caso, de las normas de derecho económico, así como también la ley de estupefacientes, según la cual las sustancias prohibidas son publicadas por un listado que luego elabora el poder ejecutivo. La conformación prácticamente constante de los delitos económicos mediante el método legislativo de “ley en blanco”, no vulnera el principio de legalidad, siempre y cuando, el ámbito sobre el cual recae la remisión a la norma de complemento esté suficientemente determinado. Resulta admisible la utilización de leyes penales en blanco, siempre que se dé la suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal remite, resultando así salvaguardada la función del “ti po garantía”. ALMEIDA, MARIO DE LEGAJO 29.201
