DISCURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Por: Vladimir Alfaro Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad me es grato hacer una corta y breve reflexión acerca de los Derechos humanos y de la importancia que tiene el conocerlos y de luchar por que se cumplan. Hablar de derechos humanos en un mundo globalizado es una UTOPÍA, pues el sistema injusto inequitativo y excluyente que rige en nuestra sociedad, viola permanentemente los más elementales derechos del ser humano, el derecho a una vida digna, a una alimentación adecuada, el derecho a una salud integral, a la educación, entre otros… Hoy en día, en este mundo con grandes avances científicos, producto de la revolución tecnológica, es paradójico que estén muriendo más de 25,000 niños/as de hambre al día, lo que al año equivale a un promedio de 5.6 millones de niños que mueren al año por falta de alimento… durante la última década, dos millones de niños fueron asesinados en guerras y 150 millones de niños son explotados laboralmente. 4 Millones de niños mueren en su primer mes de vida, 500.000 mujeres fallecen al año al dar a luz, el 82% de niños no reciben antibióticos y dos millones de menores de 14 años tienen Sida, 600 millones de niños en el mundo son víctimas de la pobreza, 100 millones viven en la calle, 150 millones de niñas y 73 millones de menores de 18 años son explotados sexualmente cada año y 1,8 millones han caído en el comercio sexual. ¿Dónde están los derechos humanos? Por otro lado… ¿Cuánto invierten los países poderosos en la guerras? Por ejemplo: La Guerra de Irak costó una gigantesca suma de recursos financieros de los Estados Unidos. Según estadísticas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, desde el incidente del 11 de septiembre de 2001 hasta diciembre de 2007, el gobierno norteamericano gastó en la guerra antiterrorista un total de 527.000 millones de dólares; un promedio de 20 millones de dólares por hora invertidos en la guerra… cuánto no se podría hacer por resolver el problema de alimentación de los niños y niñas en el mundo con ese dinero. Pero algunos estarán pensando, ¿Qué es la UTOPÍA?, hay muchas definiciones, pero por ahora me gustaría que la entiendan como el horizonte; Igual se preguntaran: ¿Para qué sirve la UTOPÍA?, sin dudas puedo decirle que sirve para caminar, igual se preguntaran… ¿Por qué para caminar?, pues por más que nos acerquemos, más se aleja, por lo tanto se vuelve una lucha constante por alcanzarla.
Similar son los derechos humanos, se vuelven en el horizonte por alcanzar. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un acto considerado histórico, fue adoptada y proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en esa ocasión, laAsamblea solicitó a los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios” La anterior proclama se resume en que, “…todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros…” Ahora, para poder construir un mundo y una sociedad justa y sin distinción de ninguna índole, debemos, poner en práctica el amor al prójimo, tal y como Jesucristo lo manifestó a sus discípulos cuando les dijo “Ámense los unos a los otros… esto permitiría, tener un amor hacia los demás, respetándonos todos, tratándonos de igual a igual. Aprendiendo a vivir todos de la mano como hermanos, siendo amigos, todos respetados; que nadie te tenga que hacer callar, tú tienes tu libertad, no debes sentirte inferior a los demás por el sexo, la raza o la edad. Eres libre de pensar lo que tú quieras, eres libre de ataduras, libre de maltrato, libre de opresión, de falta de expresión, libre para poder soñar. Ojalá todos pudieran soñar, soñar que no hay guerras, ni hambre, ni pobreza. Soñar que el mundo algún día llegará a cambiar, que pueda ser lo que tú quieras. Siéntete libre como los pájaros que vuelan por el cielo, piensa que todo dolor algún día se acabará, que no volverá a haber opresión, que pueden llegar a latir dos corazones como uno solo sin miedo, sin la duda de qué te harán pasar mañana. Siéntete afortunado de tu familia, de tus amigos, de la suerte que has tenido de haber nacido en un lugar así, un lugar tan perfecto. Pero piensa también en los niño-soldados que mueren cada día, los niños que caen desfallecidos en África por no tener nada que comer o personas que pasan hambre, miseria, soledad... por no tener a nadie a su lado que los ayude. Y ahora fíjate bien; mírate al espejo, mira todas las cosas que tienes y contesta sinceramente: ¿cuántas de ellas te hacen falta? Si enfermas puedes estar tranquilo, que te curarás; sin embargo, no todos tienen la misma suerte, hay gente que por un simple frío puede llegar a rozar la muerte. Piensa en tus estudios, cuántos libros y libretas que tienes para leer, estudiar, escribir... TÚ, AFORTUNADO, que muchas veces no quieres nada de ello y otras personas darían lo que fuera por simplemente aprender a leer o a escribir.
Ahora vuelve a mirarte en el espejo, piensa todo lo que podrías llegar a hacer por los demás y sin embargo nunca lo haces... intenta recapacitar darte la vuelta y poder gritar al cielo que fuiste tú ese grano de arena, esa oportunidad de la que muchos carecen, y siéntete bien siente que con muy poco puedes hacer mucho. Para construir una nueva sociedad, los jóvenes, adultos, profesionales, debemos estar con las manos abiertas, fraternas, sin odio ni rencores para alcanzar la reconciliación y la paz, pero con mucha firmeza, sin renuncia a la defensa de la verdad, la igualdad y la justicia. Ahí, en nuestro hogar, en el colegio, en nuestro salón de clase, debemos (y digo debemos porque es una tarea de maestros y alumnos) aprender a vernos como iguales, sin discriminar a nadie, sin marginar ni hacer a un lado a ninguno de sus compañeros, a nadie, por ningún motivo, solo porque es moreno, bajito, gordito, delgado, blanco o de color, debemos de reconocer que cada uno de nosotros es único tal como es, y eso nos hace especiales. Debemos respetarnos y ser solidarios los unos con los otros. Debemos luchar por la defensa de los derechos humanos en un emblema de paz y del trabajo en construcción de una verdadera democracia, se puede lograr si todos asumimos con esmero nuestras responsabilidades y si somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás. Ya van más de 60 años desde la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos, aún hay muchas voces que claman paz, respeto a la dignidad del ser humano, a la construcción de un mundo más justo, a un medio ambiente sano, entre otras cosas, les invito a sumar su vos a esas voces y acercarnos cada día más a ese horizonte de igualdad justicia y equidad para todos, no olvidando que es responsabilidad de todos, en particular del Estado, cuya finalidad es respetar y garantizar los derechos humanos sin distinción de ninguna índole… Quisiera concluir citando a Nelson Mandela, ex presidente y luchador contra la discriminación racial en Sudáfrica: “Como la esclavitud, la pobreza no es algo natural. Está hecha por el hombre y puede ser superada y erradicada por las acciones del hombre y superar la pobreza no es un acto de caridad, sino uno de los derechos humanos fundamentales, EL DERECHO A LA DIGNIDAD Y A UNA VIDA DECENTE, mientras pobreza exista, no habrá verdadera libertad” Muchas gracias.
DERECHOS HUMANOS, MÁS QUE UN DISCURSO
POR: EDITORIAL VANGUARDIA EditorialMÁS ENTRADAS > lunes, 11 de marzo del 2013
Pintere 0 st Ema il Defender los Derechos Humanos implica la transformación cultural necesaria para erradicar los vicios y las tentaciones despóticas que caracterizan a nuestra sociedad Que un gobierno, de cualquier extracción ideológica, asuma como uno de los compromisos más importantes de su agenda el respeto, la promoción y expansión de los Derechos Humanos no es poca cosa. Se trata de uno de los compromisos más relevantes que cualquier administración pueda hacer en nuestros días. Pero asumirse como un gobierno plenamente respetuoso de los derechos fundamentales implica más -mucho más- que dedicarle encendidos discursos al tema o realizar esfuerzos aislados para garantizar el acceso de todo individuo al disfrute del catálogo de derechos que la ley le reconoce. Defender los Derechos Humanos implica, sobre todo, emprender la transformación cultural que se necesita -especialmente en el sector público- para erradicar los vicios y las tentaciones despóticas que caracterizan a nuestra sociedad y representan el obstáculo más importante para construir una cultura de respeto a los derechos fundamentales.
Y el principal vicio que es preciso erradicar del sector público es la ausencia de políticas públicas orientadas a garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos, por encima de cualquier otra consideración, excepción hecha de aquellas circunstancias en que debe colocarse por encima de ellos el interés público. Es preciso subrayar, por supuesto, que las ocasiones en las cuales los derechos de los ciudadanos pueden ser soslayados tienen que ser la excepción, no la regla. El comentario viene al caso a propósito de la información que publicamos en esta edición, relativa al incremento recién autorizado al tabulador de los servicios que presta la Secretaría de Salud de Coahuila. De acuerdo con los datos a los cuales VANGUARDIA tuvo acceso, la Junta de Gobierno de la citada dependencia -de la cual forman parte los titulares del Poder Ejecutivo y las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Finanzas, Fiscalización y Rendición de Cuentas, entre otrosvotaron por incrementar 26 por ciento el costo de los servicios que presta dicha dependencia. ¿Qué criterios se utilizaron para tomar la decisión? ¿Qué peso tuvo en la decisión tomada el hecho de que incrementar el costo de los servicios de salud restringe el acceso de los ciudadanos a uno de los derechos fundamentales como es el de la salud? Más allá todavía: ¿figurará en el catálogo de preocupaciones de quienes integran la Junta de Gobierno de la Secretaría de Salud, alguna concepción mínima sobre el respeto y promoción de los Derechos Humanos? La pregunta no es trivial y demanda una respuesta concreta, sobre todo porque la actual administración estatal ha dicho reiteradamente que uno de sus signos distintivos es el respeto a los Derechos Humanos y para lograrlo hace falta mucho más que discursos. Lo que hace falta, sobre todo, son políticas públicas orientadas a garantizar el disfrute de tales derechos. E incrementar los costos de los servicios de salud ciertamente no es una medida que reme en la dirección correcta.
Es un gusto estar hoy con todos ustedes. Agradezco al gobernador Rafael Moreno Valle por la hospitalidad que nos ha brindado en el inicio de esta intensa gira de trabajo. Su presencia habla de su compromiso por fortalecer los derechos humanos en Puebla. Este día nos reunimos para inaugurar el foro “La Impartición de Justicia con Perspectiva de Género: Retos y Desafíos”. La finalidad de este Foro es promover una impartición de justicia libre de prejuicios y estereotipos de género sexistas y discriminatorios. Lograr que en las estructuras de la administración de justicia se asuma a cabalidad la igualdad plena y sustantiva entre mujeres y hombres. El Poder Judicial en México tiene el desafío de promover la aplicación del marco jurídico nacional armonizado con los instrumentos internacionales para que las juezas, jueces y magistrados contribuyan a desterrar las conductas que generan la desigualdad de género. Esto implica que las instancias de impartición de justicia cumplan con el mandato legal de incorporar en su estructura, organización y políticas, la perspectiva de igualdad de género establecida en diversos marcos normativos como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la legislación en la materia a nivel estatal.
Queremos que las y los juzgadores asuman que el concepto de igualdad de género consiste en un derecho humano conformado por los principios de no discriminación, de responsabilidad estatal y de igualdad de resultados o igualdad sustantiva Para garantizar la vigencia y el ejercicio de estos principios se necesita la creación de mecanismos que posibiliten realmente a que las mujeres accedan a la justicia con las mismas oportunidades que los hombres. Además, se establezcan las sanciones para los actos públicos y privados de discriminación, así como que se deroguen las leyes manifiestamente discriminatorias. 3
Esto requiere de funcionarios públicos preparados, capacitados y sensibilizados en los temas de igualdad, no discriminación y eliminación de la violencia contra las mujeres, a fin de reducir las brechas de género en el aparato de justicia y procurar servicios jurídicos en condiciones de igualdad y no exclusión.
También, impulsar una mayor paridad de género en el personal del aparato judicial. Algunas cifras nos revelan que de cada diez puestos de Ministros, Magistrados y Jueces, sólo dos son ocupados por mujeres. La mayor presencia de mujeres en el máximo nivel se ubica entre los Jueces de Distrito, donde la juezas representan el 25.1%, su participación más baja es en los Tribunales Unitarios con el 18.2%. La tutela efectiva de los derechos de la mujer depende de estos planteamientos y muchos otros aspectos plasmados en las leyes y en las políticas públicas. Desaparecer los patrones culturales discriminatorios que predominan en los tribunales y juzgados, que
dejan en situación de indefensión y de vulnerabilidad a muchas mujeres, debe ser una prioridad si queremos hacer realidad el Estado democrático de derecho. Dicho Estado sólo es posible cuando las instituciones, las autoridades y la sociedad se rigen única y exclusivamente por el imperio de la ley. Es un asunto que nos compete a todos; de asumir los derechos y los deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. Esto es lo único que nos permitirá abrir camino a una cultura de la legalidad y con ello, cerrarle el paso a los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas contra los grupos en situación en alta vulnerabilidad como son las mujeres. En síntesis, para afrontar los desafíos de los derechos humanos en el siglo XXI debemos generar una convivencia pacífica con base en acuerdos sociales respetuosos de las diferencias y con puentes de entendimiento que tengan como eje la igualdad y la inclusión. Sólo de esta manera se podrán fijar las estructuras para edificar una nación donde todas las personas puedan gozar y disfrutar sus derechos humanos a plenitud. Señoras y señores: Los derechos humanos de las mujeres nos muestran un panorama de contrastes. Podemos contemplar un significativo proceso de empoderamiento que le ha dado acceso a mujeres dinámicas y modernas que reclaman cada vez más espacio en la vida pública. Sin embargo, hay muchas mujeres que se ven en la necesidad de luchar por sus derechos más elementales como la libertad, la no discriminación, el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y
al empleo entre otras prerrogativas inherentes a la condición humana. Inclusive para muchas lograr obtener una vida libre de violencia, tanto en sus hogares como en sus comunidades es una cara aspiración sin colmar. Hoy los poblanos demuestran su voluntad de hacerle frente a estas adversidades con la organización de este Foro. Por ello, quiero felicitar al Magistrado Roberto Flores Toledano por coordinarse con el equipo de trabajo de la Comisión Nacional a fin de llevar a cabo este 5
importante evento. Una actividad que estoy seguro tendrá un impacto positivo para los derechos de la mujer en la estructuras de la impartición de justicia en Puebla y la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres. Por último, quiero ratificar que siempre cuenten con la CNDH a la hora de combatir la indiferencia y el silencio cómplice, y hacer que los derechos humanos, especialmente de las mujeres, sean una realidad en nuestro país y así construir una nación de igualdad, libertad y tolerancia. Muchas gracias.
Presentación del Informe Anual 2012 por el Presidente de la CIDH ante la XLVI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Antigua, Guatemala, 6 de junio de 2013 Excelentísimas y excelentísimos delegados de los Estados Miembros y Estados Observadores Distinguido Secretario General Distinguidas y distinguidos voceros de la sociedad civil;
En cumplimiento del mandato principal que le otorga la Carta de nuestra organización, la Comisión presenta su informe anual, el cual ofrece una revisión del estado de los derechos humanos en el continente americano. Hay motivos para experimentar satisfacción por la obtención de relevantes logros en el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y, al mismo tiempo, reconocer la persistencia de importantes retos en el contexto de nuestras democracias para asegurar su plena vigencia. Cito algunos ejemplos del catálogo de asuntos que la Comisión reconoció durante el 2012: Se aprobaron reformas constitucionales y legales en diversos países para salvaguardar la identidad de género; se implementaron mecanismos nacionales de prevención de la tortura y protección de defensoras y defensores de derechos humanos; se establecieron alternativas al servicio militar obligatorio, así como políticas en beneficio de solicitantes de asilo; se otorgaron mayores garantías del derecho de circulación y residencia, así como modernizar el sistema de justicia e impulsar el control de la convencionalidad en sede interna. La Comisión también tomó nota de políticas públicas promovidas por diversos ejecutivos del continente para asegurar la vigencia de los derechos de la persona humana. En particular, destacan avances en la lucha contra la pobreza y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la eliminación de barreras a la justicia y la provisión de reparación cuando ésta no fue efectiva. La Comisión saluda estas medidas, pues la resolución de conflictos requiere justicia, verdad y reparación. Estos avances deben inspirar el desmonte de cualquier remanente de impunidad sistémica en el continente, lo cual constituye una tarea principal todavía pendiente. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional, a la cual los Estados se encuentran obligados a ajustar sus leyes y prácticas. En el contexto del acceso a la justicia, uno de los elementos esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de los órganos del Estado es el funcionamiento adecuado e independiente del Poder Judicial, como contralor de la constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Judicial y como órgano encargado de impartir justicia y defender los derechos humanos. Quiero rendir homenaje, en este contexto, a las y los valientes jueces que, en su labor diaria, dan ejemplo de dignidad al ejercer la delicada y, en algunos casos, peligrosa labor de impartir justicia en forma imparcial e independiente en nuestro continente. Las juezas y los jueces son y serán objeto de especial protección por la Comisión Interamericana, dada su relevante función de defensa de los derechos humanos. Excelencias Invito ahora a dirigir su mirada hacia la agenda pendiente. Los enfoques especializados en sus diferentes relatorías, a través de las cuales la Comisión da seguimiento a la situación de las personas, grupos y poblaciones históricamente sometidos a discriminación en los 35 Estados Miembros de nuestra Organización, se reflejaron, entre otras formas, en la publicación de diez informes temáticos, incluido el relativo a la pena de muerte en el sistema interamericano, “De la restricción a la abolición”. Asimismo, el trabajo de las Relatorías permite identificar y exponer dicha agenda. Durante el 2012, la Comisión renovó su llamado para que los Estados de nuestra América pongan en vigencia mecanismos que permitan proteger efectivamente los territorios y recursos naturales ocupados históricamente por los pueblos indígenas, a través del reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de tierras de su propiedad colectiva. Persisten situaciones de exclusión estructural y grave violencia. Asimismo, la Comisión exhortó a dar cumplimiento efectivo a los estándares del sistema interamericano relativos al derecho a la consulta previa, libre e informada, e instó a los Estados a terminar con el flagelo de la desnutrición de niñas y niños indígenas.
La Comisión saludó los avances de la región en la adopción de leyes y políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres, pero advirtió sobre la distancia significativa entre la legislación y su aplicación práctica. Señaló también que persisten intolerables tasas de diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la política, la educación, el empleo, la salud, la doméstica y la justicia. En general, las mujeres son más afectadas por la pobreza que los hombres; tienen menos acceso a vivienda y a servicios de salud, y son sujetas a violencia física y sexual en mayor proporción que los hombres. Durante el año que se informa la Comisión publicó seis informes temáticos, en los cuales recogió diferentes dimensiones de esta problemática y formuló recomendaciones específicas para coadyuvar a los Estados a ajustar los compromisos internacionales con la práctica. En general, durante 2012 la Comisión lamentó la muerte y secuestro de migrantes en distintos países, reiterando su preocupación por la tendencia de algunos Estados a criminalizar la migración irregular o, incluso, a las personas que les asisten: cruzar una frontera sin la documentación requerida o permanecer más allá del tiempo que autoriza un visado no es un crimen en sí mismo, sino, a lo sumo, una infracción administrativa. Entre otros abusos, se observó también el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante operativos de control migratorio; la detención de migrantes en situación migratoria irregular y en condiciones deplorables, así como deportaciones sin apego a las garantías del debido proceso, y declaraciones xenófobas en las que autoridades y medios de comunicación fomentan la estigmatización en contra de migrantes. Los Estados también deben mantener en su agenda la preocupante situación del derecho a la libertad de expresión. El informe rendido a la Comisión Interamericana por su Relatora Especial en esta materia revela la crítica situación de riesgo en la que están periodistas que, durante 2012, continuaron siendo víctimas de asesinatos, agresiones y amenazas. Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así como de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, no sólo para reparar a las víctimas y sus familiares sino para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación. La Relatora Especial, cuyo valioso trabajo respaldamos y agradecemos, también llamó la atención sobre otros aspectos de la libertad de expresión en las Américas, como la aplicación de la legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a funcionarios públicos, la existencia de buenas prácticas, y la importante expedición y puesta en práctica de leyes de acceso a la información. Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes del continente también constituyen una agenda pendiente de particular urgencia. Por ejemplo, la Comisión está preocupada por la situación de la niñez en situación de internamiento, así como los problemas que enfrentan las adolescentes cuando intentan acceder a la justicia en casos de violencia sexual, así como los altos índices de homicidios y desaparición forzada de adolescentes en contextos con la violencia de pandillas. Otro grupo sometido a particular riesgo son los defensores y las defensoras de derechos humanos en la región, y a cuya dedicada y extraordinaria labor quiero rendir homenaje. Durante el año que se informa la Comisión publicó su segundo informe sobre la situación de estas personas. Como en el 2006, en este informe se constató que las defensoras y los defensores son víctimas de asesinatos; ejecuciones y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos, así como de criminalización e injerencias ilegales, arbitrarias y abusivas en sus actividades. La Comisión recuerda a los Estados su obligación de proteger a las defensoras y los defensores en su relevante labor de coadyuvancia en la vigencia de los derechos humanos.
En las cárceles de nuestro continente, que se analiza en el informe temático impulsado por el actual Relator, continúa existiendo una gravísima situación. La Comisión hace un urgente llamado a la adopción de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para asegurar los derechos de las personas privadas de libertad, que contengan los siguientes cuatro elementos fundamentales, que se analizan en el informe impulsado por el actual Relator: continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. La Comisión observa con grave preocupación que la violación a los derechos humanos de esta población se tradujo en centenares de muertes violentas bajo la custodia del Estado. . La Comisión también publicó su informe sobre la situación de las personas afrodescendientes de las Américas y constató en detalle que continúan siendo víctimas de exclusión, racismo y discriminación, habiendo sido invisibilizadas aun cuando sean la mayoría poblacional de algunos Estados de la región. Como consecuencia de la discriminación estructural existente, estas personas habitan, en general, en las zonas más pobres y con menor infraestructura, encontrándose más expuestas al crimen y la violencia. Asimismo, enfrentan serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y educación, obtener una vivienda y conseguir empleo. Durante el 2012 la Comisión continuó con su enfoque sistemático respecto de los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex, lo cual incluyó el impulso de planes de acción para el desarrollo de estándares y mayor visibilidad de los graves niveles de violencia a que están sometidas estas personas. Basta ejemplificar que, durante los meses de octubre y noviembre de ese año, la Comisión recibió información sobre 54 homicidios de personas bajo estas identidades, así como ataques contra la integridad personal, incluyendo graves actos de violencia por parte de particulares; actos de violación sexual de mujeres lesbianas, así como situaciones de abuso policial y detenciones arbitrarias, en particular de mujeres trans. Por último, durante el multicitado año, en atención a su compromiso con el fortalecimiento de su trabajo en derechos económicos sociales y culturales, como respuesta a las sugerencias de Estados y la sociedad civil, la Comisión decidió crear una Unidad específica para dar seguimiento a los importantes desafíos que persisten en esta materia como resultado de las graves desigualdades en nuestras sociedades. Honorable Asamblea General, La Comisión desea reconocer el cumplimiento total por los Estados de las medidas de reparación recomendadas por ella en aquellos casos que se reseñan en su informe. Con respecto a lo que está pendiente de cumplimiento, no se trata de materias sobre las que pueda existir mayor controversia: en su gran mayoría, la agenda pendiente es la de investigación y sanción de violaciones constatadas por la Comisión. Una vez más, surge el persistente tema de la impunidad. Lamento reportar que las acciones de justicia están pendientes en más de un centenar de casos emitidos respecto de 24 Estados del continente; quiero transmitirles el urgente llamado de la Comisión para que esta Honorable Asamblea cumpla con su responsabilidad de pronunciarse vigorosamente sobre la necesidad de que se dé cumplimiento integral de sus recomendaciones, que son reflejo de las obligaciones de los Estados establecidas en la Convención y la Declaración. Como dijo la defensora de derechos humanos Gizela Ortiz en su lacerante testimonio durante una de las audiencias hemisféricas celebradas por la Comisión en el año 2012: ¿Por qué no se buscan hasta ahora a nuestros familiares desaparecidos? ¿Por qué no se investigan las violaciones a derechos humanos que persisten en nuestros países? ¿Por qué las sentencias de la Corte Interamericana, que con tanto sacrificio alcanzamos los familiares, ya vencieron todos los plazos y nuestros
Estados, después de siete años, no la cumplen? ¿Cuántos años más tenemos que esperar los familiares? En adición a los casos con cumplimiento pendiente ante la Comisión, durante el mismo año la Comisión decidió elevar a la jurisdicción de la Corte Interamericana casos contra nueve Estados Miembros. Excelencias, Una de nuestras relevantes decisiones en materia de política institucional ha sido la labor de acercamiento con los Estados Miembros del Caribe. Durante 2012 se organizaron en esta región más eventos y actividades que en varios años anteriores. La Comisión continuará comprometida con hacer más accesible el sistema a la población caribeña. En este contexto, la Comisión emitió su informe de visita in loco a Jamaica, en el cual constató una difícil situación de violencia, inseguridad y falta de acceso a la justicia y a los servicios básicos, que afecta de manera desproporcionada a los sectores más pobres de la sociedad y a aquellos que son más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las personas expuestas a la discriminación por motivos de su orientación sexual o identidad de género, y esbozó una serie de recomendaciones tendentes al mayor goce y promoción de los derechos en este contexto. Por otra parte, la Comisión realizó en diciembre de 2012 una visita in loco a Colombia, al término de la cual reconoció las importantes políticas públicas para hacer frente a la realidad compleja que implica el conflicto armado interno que ha vivido el país por más de cinco décadas de violencia y los desafíos relacionados con el impacto que históricamente ha tenido el conflicto armado en el país y con asegurar justicia, verdad y una reparación adecuada a las víctimas del conflicto. En el transcurso del año 2013 la Comisión considerará el informe de país relacionado con esta compleja situación. Excelencias, En el Capítulo Cuarto de su Informe Anual, según su estructura previa a la reforma, la Comisión examinó y relató la situación particular de tres Estados que fueron objeto de especial atención de la Comisión. En el primero de ellos, Cuba, no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y persisten situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la citada Declaración. Las restricciones a los derechos políticos, de asociación y a la libertad de expresión; la falta de elecciones y de independencia del Poder Judicial, así como las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de sus habitantes. En el transcurso de 2012, la información disponible llevó a la Comisión a la conclusión de que la situación general de derechos humanos no ha variado. Respecto del Estado de Honduras, la Comisión relató la preocupante situación de seguridad ciudadana, la falta de independencia del Poder Judicial y las debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de impunidad, así como la discriminación y marginación de sectores de la sociedad. Asimismo, parte de la información se relaciona con los efectos o consecuencias del golpe de Estado de 2009, en especial, en lo referente al derecho a la libertad de expresión y a la situación de las defensoras y los defensores que dan seguimiento a situaciones heredadas del golpe de Estado, entre ellas, la participación de militares en materia de seguridad interna y temas vinculados con la separación de poderes. En este ámbito, la Comisión observa con preocupación el alto grado de incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Por último, con relación al Estado de Venezuela, la Comisión considera que situaciones estructurales, como las modificaciones normativas que implican restricciones legales y administrativas, afectan severamente el goce y disfrute de los derechos humanos. Al respecto, la Comisión ha reportado, por ejemplo, la adopción de leyes en el marco de la ley conocida como “Ley Habilitante”, la provisionalidad de los jueces y fiscales, el uso abusivo del derecho penal, los obstáculos para los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor, y la afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de especial interés para la Comisión. En septiembre de 2012, Venezuela denunció la Convención Americana. La Comisión invita respetuosamente al Ilustre Estado de Venezuela a reconsiderar esta decisión que opera únicamente en detrimento de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Honorable Asamblea General, En la Comisión enfrentamos un atraso procesal de dimensiones importantes, aunque no insuperables, ante el constante incremento de peticiones y casos, dada la mayor visibilidad del sistema interamericano en democracia. Estamos trabajando cada vez más con avances en la tecnología y metodología que nos puedan hacer más eficiente el trabajo. En un contexto de grandes oportunidades y riesgos, el sistema está lejos de contar con los recursos necesarios, y depende en un nivel preocupante de la captación de recursos externos para cumplir con su mandato de protección y promoción. La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales y otras entidades. Una vez acuñada la reforma al Reglamento, políticas y prácticas de la Comisión, generada con el esmero y valiosas aportaciones de Estados y sociedad civil, la tarea inmediata es implementarla para hacer más eficaz y eficiente la promoción y protección de los derechos humanos, abonando en seguridad y certeza jurídicas, previsibilidad, transparencia y rendición de cuentas. La Comisión espera que el compromiso de los Estados Miembros con el fortalecimiento del Sistema y, en particular, la labor de la propia Comisión, expresado en la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de 22 de marzo del año en curso, se reflejará en la asignación de recursos adicionales para sus operaciones, en la ratificación de todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y, más particularmente, en el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del sistema, en beneficio de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas de nuestra América. Muchas gracias.
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Discurso del Presidente en la Presentación del Informe Anual 2011 PALABRAS DEL COMISIONADO JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ, PRESIDENTE DE LA CIDH PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2011 ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Washington, D.C. 9 de abril de 2012 Excelentísima Señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos; Excelentísimas y excelentísimos Representantes de los Estados Miembros; Excelentísimos Representantes de Estados Observadores; Distinguidas y distinguidos Representantes de organizaciones de la sociedad civil; Señoras; Señores; En la calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me complace presentarles y, por su intermedio, al Consejo Permanente, el Informe Anual de la Comisión para el año 2011. Me acompañan el día de hoy el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el personal de la Secretaría Ejecutiva. El informe que les presento fue aprobado por la Comisión al finalizar el año 2011, tras ser preparado de acuerdo con las pautas establecidas por la Asamblea General y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento de la Comisión. El informe refleja actividades ejecutadas primordialmente bajo la presidencia de la Comisionada Dinah Shelton, cuya destacada gestión quisiera resaltar y agradecer. También dejo constancia del agradecimiento de la Comisión a las Comisionadas María Silvia Guillén y Luz Patricia Mejía, quienes nos dieron su valioso aporte durante varios años y terminaron su mandato en el año 2011, así como al Comisionado Paulo Sergio Pinheiro, quien dejó la Comisión ese año después de servirla desde 2004. Las actividades de la Comisión incluyen, entre otros, la celebración de tres períodos de sesiones, la recepción y registro de más de 1600 peticiones nuevas
y, en conexión con ésta, la aprobación de 67 informes sobre admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, ocho de solución amistosa, 54 de archivo, 25 de fondo, la publicación de cinco sobre el fondo, y el sometimiento de 23 casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluye también el conocimiento y decisión respecto de más de 400 solicitudes de medidas cautelares, la celebración de 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, la realización de más de 30 visitas de trabajo y promoción lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de País o Relatores Temáticos, la emisión de 138 comunicados de prensa, y la realización de 5 seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de promoción. Lo anterior refleja el gran número y la diversidad de exigencias que enfrenta la Comisión y las distintas maneras como protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio. En el Capítulo I de su Informe, la CIDH deja constancia de importantes avances realizados por Estados Miembros a través de Reforma Legislativa. Entre ellos se anota la promulgación de la ley que declaró imprescriptibles los crímenes cometidos durante la dictadura en Uruguay; la ley de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú; la inclusión de derechos humanos recogidos en tratados internacionales en el nivel constitucional en México, y la emisión de un decreto que implementa el diseño de medidas de protección en Colombia un enfoque diferencial con base en edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y proveniencia urbana o rural. En el campo de la Política Pública, la Comisión tomó nota de programas de seguridad en Haití y reconoció importantes actos de aceptación de responsabilidad y disculpa pública en Colombia, El Salvador y México. Por último, en materia de Acceso a la Justicia la Comisión observó con beneplácito la emisión de sentencias condenatorias contra perpetradores de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas bajo regímenes dictatoriales en Argentina, Chile, Guatemala y Perú. Asimismo, reconoció que en México fuera incorporado el control de la convencionalidad como una obligación a cargo de todas y todos los jueces. Sin perjuicio de estos importantes avances y otros reseñados a lo largo del Informe, la Comisión subrayó los desafíos que persisten para el goce pleno de los derechos humanos de quienes están bajo la jurisdicción de los Estados americanos. Observó, por ejemplo, la continuidad de graves obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia y discriminación, señalando la situación particularmente difícil de mujeres afrodescendientes e indígenas, víctimas de triple discriminación histórica por género, pobreza y raza. En conexión con este tema, la CIDH publicó en el año 2011 un informe relacionado con la Participación Política de las Mujeres en las Américas, y adoptó cuatro adicionales: El Trabajo, la Educación y los Recursos de las Mujeres; Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos; Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres, y Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica. Durante el año 2011, el cual fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de los Afrodescendientes”, estas personas continuaron sufriendo exclusión y discriminación. En su trabajo, la Comisión y su Relatoría sobre los Derechos de Afrodescendientes y Discriminación Racial han constatado que de manera sistemática habitan en las zonas más pobres y con menor infraestructura y se encuentran más expuestas al crimen y la violencia. Estos y otros hallazgos de la CIDH fueron recogidos en su Informe sobre la Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas, que incluye recomendaciones importantes para que los Estados implementen medidas efectivas para remediar esta situación.
Otro de los temas que han sido ampliamente desarrollados por los órganos del sistema interamericano se refiere a la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. La CIDH considera importante recordar que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Por ello, los Estados tienen la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas y tribales, así como garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios. Durante 2011, la CIDH publicó el Informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, en el cual señala problemas, guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales del continente. En 2011 la CIDH publicó su Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, que refleja la grave situación de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, en tanto que en los distintos Estados de la región no están protegidos con un marco jurídico acorde a los estándares internacionales ni se cuenta con instituciones adecuadas que les permitan reintegrarse a la sociedad; la CIDH también manifestó su preocupación por la aplicación de leyes antiterroristas a niños, niñas y adolescentes, e instó a los Estados a dar pleno cumplimiento a sus derechos. La Comisión se mantuvo igualmente atenta a la situación de las personas migrantes en el hemisferio, en particular debido a las alarmantes denuncias sobre actos de violencia cometidos durante este año. La Comisión también reiteró su posición en cuanto a la utilización de la privación de libertad solamente en casos excepcionales para las personas migrantes indocumentadas. Este año se publicó el Informe sobre Inmigración en Estados Unidos, en el cual manifestó su preocupación por el creciente uso de la detención de personas migrantes y formuló detalladas recomendaciones a este Estado Miembro para la implementación de los derechos internacionalmente reconocidos de éstas. Asimismo, la CIDH aprobó en diciembre de 2011 su Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que destaca la fundamental importancia de adoptar políticas públicas a mediano y largo plazo y de medidas inmediatas para hacer frente a situaciones que afectan gravemente los derechos fundamentales de la población reclusa. La Comisión espera que su informe cumpla con el objeto de cooperar con los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y de proveer de una herramienta útil para el trabajo de aquellas instituciones y organizaciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. En materia de libertad de expresión, entre los principales desafíos que enfrentan los Estados de la región durante 2011 se halla el de los asesinatos, agresiones y amenazas contra los periodistas. Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así como de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, no sólo para reparar a sus víctimas y familiares sino también para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación. Asimismo, entre los aspectos destacados por la Relatoría Especial cabe mencionar la alerta sobre la aplicación de sanciones penales a quienes hacen declaraciones que ofenden a funcionarios públicos, y el reconocimiento de buenas prácticas como la importante expedición y puesta en práctica de leyes de acceso a la información. Por otra parte, en los últimos años la Comisión ha comprobado la grave discriminación de hecho y de derecho que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexuales en los países de la región. Entre otras violaciones, la CIDH ha recibido información sobre asesinatos, violaciones y
amenazas, así como un calamitoso estado de discriminación y exclusión social para amplios grupos de personas que pertenecen a la diversidad sexual. En su 143º período de sesiones, la Comisión decidió crear una Unidad para sus derechos, y ha emprendido la labor de preparar un informe hemisférico sobre la materia. Señoras; Señores; Algunas de las personas que he mencionado ejercen la reivindicación de sus derechos individuales; algunas con el objeto de reivindicar los derechos de muchos otros. Todas tienen en común que, al promover o procurar la realización de los derechos fundamentales, son defensoras y defensores de derechos humanos y, en esta calidad, pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias. Lastimosamente, las defensoras y los defensores de derechos humanos también tienen en común ser víctimas de asesinatos y agresiones, y muchas de ellas sufren señalamientos por parte de autoridades que desprestigian y estigmatizan su labor, enfrentan acciones penales sin fundamento, ven sus fuentes de financiamiento restringidas, y no cuentan con mecanismos adecuados y efectivos para su protección. Durante este año, para dar énfasis al enfrentamiento de esta problemática, la Comisión decidió transformar su Unidad de Defensores y Defensoras en una Relatoría, y me honró con el encargo de ser Relator para las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos. La Comisión aprobó también su Segundo Informe sobre la situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, en el cual se presenta información actualizada sobre la materia y los estándares de derecho internacional aplicables, concluyendo que algunos Estados han realizado importantes esfuerzos dirigidos a cumplir con las recomendaciones del primer informe de la Comisión. No obstante, persisten los obstáculos señalados en el primer informe de 2006, y en algunos casos se han intensificado. Además, existe una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. El Capítulo II del Informe Anual contiene una reseña de las actividades más relevantes desempeñadas en el 2011 y, en particular, señala las visitas de trabajo y actividades realizadas por Comisionadas y Comisionados en Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Durante 2011, la Comisión también adoptó su Informe sobre la situación de derechos humanos en Jamaica, el cual se emitió como resultado de la visita in loco que, a este país, realizase en su momento. Muchos otros Estados de la región también extendieron invitaciones que la Comisión no ha podido materializar todavía. La Comisión desea agradecer a los Estados Miembros que la han invitado a visitarlos y a los que mantienen invitaciones abiertas, ya que estas visitas desempeñan un papel fundamental para su labor de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. Como es de su conocimiento, una de las funciones principales del trabajo de la Comisión es el sistema de peticiones y casos individuales. Las funciones que se desarrollan en el contexto de ese sistema han asegurado la reparación de múltiples y graves violaciones de derechos humanos, la corrección de deficiencias sistémicas en las políticas públicas y en la legislación y la promoción de cambios significativos en la comprensión hemisférica del contenido y los alcances de los derechos humanos. El Capítulo III del Informe contiene las decisiones de la Comisión sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos en los Estados Miembros. Este capítulo incluye información estadística muy detallada, que tiene el propósito de brindar una visión general sobre las diferentes actividades de la Comisión, y que está
conectada con todos los resultados que la CIDH ha decidido priorizar en su planificación estratégica. La sección C consta de dos partes: la primera contiene una reseña de las medidas cautelares otorgadas o extendidas por la CIDH durante el año 2011 con relación a los Estados Miembros, con base en lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, y subrayo que esta sección contiene una detallada descripción de la historia y el marco jurídico de las medidas cautelares y los criterios que la CIDH aplica para la consideración de las solicitudes respectivas. La parte C.2 incluye todos los informes mediante los cuales la Comisión adoptó una decisión de admisibilidad, inadmisibilidad, fondo, solución amistosa o archivo durante el período cubierto por el presente informe. Esta sección contiene un total de 165 informes que incluyen 67 casos declarados admisibles; 11 informes sobre peticiones declaradas inadmisibles; 8 informes de solución amistosa; 54 informes de archivo y 25 informes de fondo. En la sección D se incluye un análisis relativo al cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones contenidas en los informes sobre casos individuales publicados en los Informes Anuales desde el año 2000, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la CIDH. El cumplimiento con las decisiones de la Comisión y, en un sentido más amplio, la adopción de todas las medidas necesarias para dar efecto a sus compromisos en materia de derechos humanos, son obligaciones fundamentales e impostergables. La CIDH está convencida que esta información estadística constituye una detallada rendición de cuentas sobre la gestión del Sistema de Peticiones y Casos Individuales y sus resultados. Respecto de la duración del procedimiento, por ejemplo, para el año 2007 la media de duración del proceso de evaluación inicial era de 50.2 meses, para 2008 era de 45.2, para el 2009, 39.7, y para el 2010, 36.2 meses. Hoy día la Comisión está en una duración media de 27 meses para el proceso de examen inicial de peticiones. Esta reducción es el resultado de una estrategia deliberada con el propósito de priorizar la primera respuesta que obtiene un peticionario sobre su denuncia, en virtud de lo importante que es el deber de poner al Estado concernido en conocimiento de las posibles violaciones que la Comisión reconoce sobre un estándar prima facie. Es a partir de ese momento que existe una oportunidad real impulsar la resolución del tema, inclusive a través de la solución amistosa. Estamos trabajando constantemente en la consecución de los recursos necesarios. En este sentido, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas durante el 2011, en particular las destinadas al apoyo de su Plan Estratégico. Realizaron contribuciones a la CIDH los siguientes Estados Miembros de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México; los siguientes Observadores Permanentes Azerbaiyán, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Fondo de Población de Naciones Unidas, la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, International Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Save the Children/Suecia y la Universidad de Notre Dame. El Capítulo IV del Informe Anual de 2011 contiene una detallada reseña de historia, marco jurídico y metodología aplicada en la preparación de este capítulo y un análisis particular de la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela. Para la aprobación del presente informe anual, la Comisión ha realizado un proceso de reflexión sobre el perfeccionamiento de la metodología de elaboración de dicho capítulo, el cual ha continuado avanzando en las discusiones internas de la CIDH y se ha alimentado de las observaciones y sugerencias manifestadas por Estados y sociedad civil. En especial, se ha profundizado el análisis en dicho capítulo sobre la situación de los derechos civiles y políticos y de los avances en la garantía de los derechos económicos,
sociales y culturales; la situación de grupos de personas en particular situación de riesgo o en situación de discriminación; la ratificación de instrumentos interamericanos, y las buenas prácticas adoptadas por el Estado para la protección de personas en riesgo, entre otros indicadores que han sido aplicados de manera igual para los Estados analizados en el capítulo. Colombia Con base a los criterios elaborados por la CIDH en 1997 para identificar los Estados cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial, la Comisión concluyó que la situación de los derechos humanos en Colombia se enmarcaba dentro del criterio quinto, que se refiere a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana. La CIDH es consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia, su impacto sobre la población civil, y del efecto que continúa teniendo el negocio del narcotráfico en la violencia y de los esfuerzos estatales para combatir ese fenómeno. Las afectaciones a derechos humanos en Colombia provienen tanto de su pasado no superado como de situaciones coyunturales y estructurales vigentes en su presente y que afectan grave y seriamente el goce de los derechos humanos. En este sentido, la CIDH observa que continúa el grave problema del desplazamiento interno y que, a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia (“AUC”), grupos armados ilegales continúan involucrados en actos de hostigamiento y violencia que afectan especialmente a las poblaciones, pueblos, grupos y personas históricamente sometidos a discriminación o que están en situación de especial vulnerabilidad; ejemplos son las mujeres, la niñez y los y las defensores de derechos humanos. La CIDH ha tomado nota de que Colombia ha impulsado una serie de medidas tanto de índole legislativa, administrativa y judicial para intentar superar las muy graves situaciones violatorias de derechos humanos derivadas del paramilitarismo y actividades ilegales de inteligencia. Sin embargo, estas medidas aún adolecen en algunos extremos de ineficacia o no se encuentran en entera concordancia con estándares interamericanos. La CIDH nota en su Informe para 2011, por ejemplo, que continúa recibiendo denuncias por la utilización del fuero militar para situaciones de violación de derechos humanos y deficiencias en el acceso a los registros de inteligencia y que, tras seis años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, únicamente se ha proferido una sentencia firme. Adicionalmente, la persistencia de bandas criminales que pudieran actuar en colusión, tolerancia o aquiescencia de algunos funcionarios públicos y su progresiva evolución a estructuras emergentes de violencia continúan impactando gravemente a la sociedad colombiana a pesar de que el Estado ha adelantado esfuerzos por eliminar dichos grupos. La CIDH también nota que la disminución de información recibida sobre la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”; sin embargo el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y que es fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra denunciantes de violaciones y sus familiares. A pesar de los desafíos, el Estado colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos. Entre estos esfuerzos destaca que el 10 de junio de 2011 se sancionó la Ley 1448 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, también denominada “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.
Cuba La CIDH siempre ha considerado al Estado cubano como “responsable jurídicamente ante la Comisión en lo concerniente a los derechos humanos” puesto que “es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos” y porque la Resolución VI de la Octava Reunión de Consulta “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano”. Con base en los criterios elaborados por la CIDH en 1997, la Comisión ha considerado que la situación de los derechos humanos en Cuba se enmarca dentro de los criterios primero y quinto, en cuanto a que no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y persisten situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la citada Declaración Americana. Las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. En el transcurso del 2011, la información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado. Persisten las situaciones de derechos humanos anteriormente señaladas, represiones severas hacia mujeres, restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos, represión a la protesta social pacífica, así como provisiones y prácticas que contravienen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Honduras La Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras, observando a través de sus informes una serie de preocupaciones estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes, y que se agudizaron a partir del golpe de Estado de 2009. Durante el año 2011, la Comisión continuó observando la situación de derechos humanos con especial énfasis en las consecuencias del golpe de Estado de 2009. De la información disponible se desprende que a partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron diversas violaciones a los derechos humanos que afectaron gravemente a la población hondureña, cuyos efectos o repercusiones en algunos casos se han mantenido. Por ello, evaluada la situación, la Comisión, durante su 143º período ordinario de sesiones, decidió incorporar al país en el capítulo IV de su Informe Anual porque considera que se enmarca en los criterios tercero y quinto, los cuales se refieren a graves y masivas violaciones de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables y a situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. En el informe, la CIDH da cuenta de las actividades realizadas durante el año 2011 con relación a la situación en Honduras y analiza la situación de derechos humanos en ese país, abordando temáticas específicas, inclusive el acceso a la justicia, y condiciones carcelarias, entre otros. Venezuela
La CIDH decidió la incorporación de Venezuela en el Capítulo IV de su Informe Anual para 2011 por considerar que la situación en ese Estado se enmarca dentro del criterio quinto que, como he manifestado, se refiere a situaciones coyunturales o estructurales presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana. En primer término, la Comisión ha identificado situaciones estructurales como las modificaciones normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Al respecto, la Comisión reporta, por ejemplo, la adopción de leyes en el marco de la “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan”, conocida como “Ley Habilitante”. Asimismo, la Comisión ha observado de manera reiterada en sus Informes anteriores sobre Venezuela, situaciones estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. La CIDH ha identificado también el uso abusivo del derecho penal y la afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de especial interés para la Comisión. En segundo término, la Comisión ha identificado situaciones coyunturales, como, por ejemplo, las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios, las cuales implican una afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de las y los venezolanos, entre otros. En reiteradas oportunidades desde 2003 la Comisión ha realizado una serie de gestiones para solicitar al Estado su anuencia para realizar una visita de observación. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita el sistema de protección creado por los Estados Miembros. La Comisión continúa valorando los avances alcanzados en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales por el Estado de Venezuela a través de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a amplios sectores de la población y los avances normativos en Venezuela con relación a la protección y garantía de estos derechos. La prioridad dada por el Estado a estas medidas resulta fundamental para garantizar una vida digna a la población y constituye una base importante para la estabilidad democrática. Señoras; Señores; Como parte de su proceso para fortalecer su transparencia, regularidad y predictibilidad, la Comisión llevó a cabo durante el año 2011 una reforma del Artículo 11 de su Reglamento, referente a la identificación y nombramiento de su Secretario Ejecutivo. En sus sesiones de marzo de 2011, la Comisión aprobó para su discusión un borrador de reforma, el cual abrió a amplia consulta en la cual participaron los Estados Miembros y organizaciones de la sociedad civil. En consideración a la decisión anunciada por Santiago Canton, actual Secretario Ejecutivo, de concluir su mandato próximamente, y de conformidad con el artículo 11 reformado, la Comisión abrió un proceso de búsqueda de una nueva persona para ocupar este cargo. Este proceso está en curso y en él se están aplicando los más altos estándares de transparencia e integridad. Está previsto que la selección definitiva tenga lugar en julio de 2012.
Quiero hacer referencia también a la consideración cuidadosa que la Comisión ha dado al informe del Grupo Especial de Trabajo para Reflexionar sobre los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fin al fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos durante su 144 periodo de sesiones. Al respecto, me permito informarles que la Comisión, el día de hoy ha enviado un primer documento de respuesta. Reconocemos la importancia de las recomendaciones dirigidas por el Grupo de Trabajo Especial tanto a la propia Comisión Interamericana como a los Estados Miembros y al Secretario General de la Organización, estando convencidos de que este proceso es una contribución importante a su trabajo. Durante su 144 Período de Sesiones, la CIDH decidió desencadenar una reflexión profunda y diligente sobre sus procedimientos y mecanismos a través de una consulta detallada con todos los usuarios del Sistema Interamericano; algunas de las características de este proceso se presentan en el documento de referencia. Con ese propósito y como un paso importante, la Comisión ha considerado la emisión de un cuestionario que podría ser distribuido pronto y realizar reuniones de consulta con todos los usuarios del Sistema (algunas de ellas con carácter regional) destinadas al estudio y la reflexión de las recomendaciones que ha recibido la Comisión. La Comisión desea reiterar su voluntad, apertura y compromiso para continuar la reflexión iniciada por la Asamblea General de la Organización, la cual apunta al fortalecimiento del Sistema. La Comisión estima importante, en este contexto, subrayar que los procesos de reflexión históricamente han estado seguidos de importantes reformas en el trabajo de la Comisión: estos precedentes se describen en todo detalle en el documento de la Comisión. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco cumplidamente el compromiso de los Estados Miembros con el fortalecimiento del Sistema Interamericano, que confiamos se vea reflejado en la ratificación de todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos, así como en la asignación de mayores recursos para el funcionamiento de sus órganos y en el cumplimiento de sus recomendaciones y decisiones. Igualmente, agradezco el apoyo que le han brindado a la Comisión en su determinación constante de cumplir fielmente su mandato en forma independiente y autónoma. La independencia y autonomía de la Comisión son la base de su credibilidad y ésta, como conocemos sobradamente, es la fuente imprescindible de su eficacia. Muchas gracias.