El capítulo de propiedad intelectual del TLC con Estados Unidos contiene disposiciones tanto de estándares sustanciales por cada área de la propiedad intelectual como de aspectos procedimentales y tratamientos transversales a todas las áreas. Comenzando por éstos últimos, las “disposiciones generales” del capítulo establecen principios como el de trato nacional o como la posibilidad de aplicar medidas para prevenir prácticas anticompetitivas derivadas de abusos de los derechos de propiedad intelectual así como c omo el principio del “estándar mínimo” según el cual, el estándar sustancial pactado es un piso pero los países están en libertad de aplicar estándar superiores si así lo consideran. En el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos respecto a los derechos de propiedad intelectual, las partes deben garantizar que no habrá un trato anticompetitivo y que éstos gozarán de los derechos de propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de éste.
Es interés de Colombia evitar la violación de las normas que regulan el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados a dichos recursos, por parte de investigadores, incluyendo usuarios del sistema de propiedad intelectual. Colombia encuentra en los Acuerdos Comerciales la oportunidad para que se implementen mecanismos que impidan la apropiación indebida de recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado a ellos, ya sea a través de la incorporación de normas sobre patentes en su legislación interna, o a través de mecanismos de cooperación para lograr la observancia del régimen andino. Con este fin: Se refleja la relación entre Biodiversidad y Propiedad Intelectual, principalmente en el campo de las patentes; Se reconoce la importancia y el valor de la biodiversidad, así como reconoce los derechos soberanos del país sobre los recursos naturales; Se sujeta la utilización del conocimiento tradicional asociado al recurso genético al consentimiento informado previo de las comunidades y a una distribución justa y equitativa de beneficios.
La propiedad intelectual les permite a las MIPYMES una identificación de su marca para que el cliente la reconozca en el mercado, generando un posicionamiento y mejor precio para cada uno de los productos. Tener el derecho exclusivo a utilizar la marca, evitando que otras empresas la imiten o copien, caso en el cual se puede ejercer los derechos frente a las autoridades administrativas. Conocer si ya existen patentes y marcas para no infringir la ley de propiedad intelectual de otros. Por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio se puede conocer si alguien ya tiene un registro o solicitud de registro de marca con un nombre similar o igual a la que se pretende registrar.
Posicionar sus empresas, sus productos o servicios cuando se han realizado los registros ya sea porque patente sus inventos o porque protege sus secretos industriales o porque adquirió derechos intelectuales y puede vender sus productos o servicios con total tranquilidad. Cuando la MIPYME realiza correctamente sus registros para la venta y comercialización de sus productos o servicios, tanto a nivel nacional como internacional, está dando un gran paso para penetrar mercados internacionales con grandes posibilidades de éxito. Las entidades ante las cuales se debe realizar el registro en Colombia son: Superintendencia de Industria y Comercio: si los trámites que quiere realizar son asuntos de propiedad industrial:
6. Protocolo de Kioto. (Cambio Climático).
reducir las emisiones de seis gases efecto invernadero causantes del Calentamiento global, En porcentaje aproximado de al menos un 5%, respecto de las emisiones generadas en un año base (1990) para los países anexo I o mayores emisores, dentro del periodo que se estableció desde el año 2008 al 2012.
ENSAYO TENIENDO EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOBERANIA AMBIENTAL EXPUESTOS EN EL TLC COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS Y EL P ROTOCOLO DE KYOTO
El medio ambiente y el comercio, durante los últimos 15 años, han sido dos temas de discusión y debate, al punto de que en algunos casos se llega a considerarlos excluyentes. El debate se acentúa cuando se trata de los tratados de libre comercio, donde la discusión gira en torno a intereses económicos, políticos e ideológicos, d ejando a un lado los temas ambientales. Aquellos sectores que enarbolan la bandera pro ambiental tienden a pensar que “la liberalización del comercio y la protección ambiental son parte de un conflicto inexorable.” Se parte del supuesto de que la globalización y la consecuente firma de tratados de libre comercio generarán una mayor degradación ambiental en los países en vía de desarrollo, que se debilitará la legislación ambiental y se d ará vía libre al ingreso de industrias contaminadoras sobre las cuales no habrá ningún control. Por su parte, los partidarios de la apertura de m ercados consideran que la liberalización comercial conlleva a una mejor protección ambiental en cuanto genera un mayor desarrollo de los países y por ende más recursos para la protección ambiental. El libre mercado fomenta un mayor uso racional de los recursos naturales, generando de esta forma una protección ambiental. Estas posiciones no han estado ausentes del debate en torno al impacto ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia (TLC). Mutuamente se hacen cuestionamientos, críticas y posiciones en ocasiones, apocalípticas. Cada un a de las partes percibe el problema desde ángulos diferentes. El medio ambiente es producto de una percepción social que varía de acuerdo a las diversas esferas del orden social. Los problemas ambientales y comerciales no son vistos desde la misma óptica por todos los grupos involucrados en la discusión. Estos son percibidos de acuerdo a los valores culturales, políticos, sociales, legales, y éticos los que constituyen una determinada percepción del mundo, en palabras de algún filósofo “a inteligibilidad del mundo”. El medio ambiente y el comercio, durante los últimos 15 años, han sido dos temas de discusión y debate, al punto de que en algunos casos se llega a considerarlos excluyentes. El debate se acentúa cuando se trata de los tratados de libre comercio, donde la discusión gira en torno a intereses económicos, políticos e ide ológicos, dejando a un lado los temas ambientales. Aquellos sectores que enarbolan la bandera pro ambiental tienden a pensar que “la liberalización del comercio y la protección ambiental son parte de un conflicto inexorable.”
Se parte del supuesto de que la globalización y la consecuente firma de tratados de libre comercio generarán una mayor degradación ambiental en los países en vía de desarrollo, que se debilitará la legislación ambiental y se d ará vía libre al ingreso de industrias contaminadoras sobre las cuales no habrá ningún control.
Por su parte, los partidarios de la apertura de m ercados consideran que la liberalización comercial conlleva a una mejor protección ambiental en cuanto genera un mayor desarrollo de los países y por ende más recursos para la protección ambiental. El libre mercado fomenta un mayor uso racional de los recursos naturales, generando de esta forma una protección ambiental. Estas posiciones no han estado ausentes del debate en torno al impacto ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia (TLC). Mutuamente se hacen cuestionamientos, críticas y posiciones en ocasiones, apocalípticas. Cada un a de las partes percibe el problema desde ángulos diferentes. El medio ambiente es producto de una percepción social que varía de acuerdo a las diversas esferas del orden social. Los problemas ambientales y comerciales no son vistos desde la misma óptica por todos los grupos involucrados en la discusión. Estos son percibidos de acuerdo a los valores culturales, políticos, sociales, legales, y éticos los que constituyen una determinada percepción del mundo, en palabras de algún filósofo “a inteligibilidad del mundo”. El análisis que incluye recomendaciones concretas, se enfoca en tres cadenas productivas: las de confecciones, cuero y manufacturas de cuero, y ganado bovino. La selección de dichas cadenas se realiza considerando las posibilidades de cambio o crecimiento en la estructura productiva del país frente a los distintos escenarios de apertura co mercial y en particular aplicando cuatro criterios: los indicadores de competitividad, las tendencias comerciales, los factores sociales y los factores ambientales. A partir de la selección de las cadenas, se hace una evaluación ambiental para diagnosticar la capacidad de respuesta del marco legal e institucional del país ante un eventual incremento en la demanda de productos nacionales en el exterior que podría generar un aumento en la demanda de recursos naturales en la cadena productiva.
