Dedicatoria A mis padres por su apoyo incondicional incondicional y a todas las personas que de una u otra forma me ayudaron durante toda mi carrera Universitaria.
INDICE DEDICATORIA ............................................................................................................... 1 INDICE............................................................................................................................ 2 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE UN PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL ........... 5 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ................ 6 Marco Teórico ................................................................................................................. 7 Principios de presunción de inocencia .......................................................................... 10 Conclusión .................................................................................................................... 12 Bibliografía .................................................................................................................... 13
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INTRODUCCIÓN El estado jurídico de inocencia, conocido por todos como "presunción de inocencia", es uno de los elementos esenciales que integran al garantismo procesal. Esta condición de derecho de la persona frente al ius puniendi del Estado ha sido tratada por los autores en el estudio del principio de inocencia y de sus repercusiones en los diversos ámbitos de la justicia penal, principio que es fundamento inmediato de otros y que junto con él conforman una de las principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento criminal, cual es, la garantía del proceso justo. En el presente trabajo se tocarán puntos como los antecedentes históricos del principio de presunción de inocencia en el entendido de que se pretende dar a conocer la evolución y el origen de este principio por la importancia que representa su contenido. De igual manera se plasman los conceptos y significados que el término como tal engloba, con el objetivo de dar un concepto claro de este principio en el ámbito del Derecho en general y en el campo del Derecho Procesal Penal en particular. Por la relevancia del tema planteado, se hace referencia a la naturaleza de la presunción de inocencia, considerando a la presunción de inocencia como: una garantía básica del proceso penal y del debido proceso, siendo, también una regla de tratamiento del imputado, una regla de juicio del proceso y finalmente considerando a este principio como una presunción Iuris Tantun. Es preciso resaltar los alcances que el principio de presunción de inocencia denota como tal, para poder delimitar a cabalidad el campo de acción del mismo. Asimismo, dado que la presunción de inocencia juega un papel importante en nuestro medio, y siendo Bolivia un país democrático en el que se propugna un Estado de Derecho, es de suma importancia analizar nuestra normativa vigente. Finalmente, se hace un estudio sobre la jurisprudencia constitucional, existente en nuestro país, en materia de presunción de inocencia. El artículo 2°.24. e) de la Constitución Política configura a la presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. Así señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima.
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE UN PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL Concepto. Un estudio sobre la presunción de inocencia, uno de los derechos fundamentales más importantes, establecido con el fin de cautelar la libertad, la dignidad y el honor de la persona sometida a un proceso penal. Se desarrollan, además, sus efectos, sus aspectos problemáticos, y los mecanismos procesales de protección. Se anexa jurisprudencia nacional y extranjera referente a este tema. El derecho a la presunción de inocencia (Nº 2) Autor: Fany S. Quispe Farfán Para Nogueira Alcalá, la presunción de inocencia es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2005): “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia” La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales de la persona y del proceso penal en cualquier Estado de Derecho. Es por ello, que, a toda persona imputada, debe reconocérsele el "Derecho subjetivo ser considerado inocente". La presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico, constituye hoy un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal insoslayable para todos; “es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio”. Catacora Gonzáles, Manuel; "De la presunción al principio de inocencia "; en: "VOX JURIS" Fundamento constitucional. El artículo 2°.24. de la Constitución Política configura a la presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. Así señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. SIGNIFICADOS Esta institución tiene tres significados:
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a) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. b) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso, fundamentando en este sentido la excepcionalidad de la prisión preventiva. c) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. Nuestra Constitución sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad -es un derecho subjetivo público- la cual puede limitarse o perderse por acción de los órganos penales. En consecuencia, los tres significados son plenamente aplicables a la interpretación de los alcances de dicho Derecho. Es claro que el ámbito probatorio es el más amplio, pero a ello no escapa toda la dinámica de la coerción procesal y la concepción y regulación integral del procedimiento, bajo unos supuestos sustancialmente liberales.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN MARCO TEÓRICO A. Naturaleza jurídica de la presunción de inocencia Hoy la presunción de inocencia que nació como reacción frente al exceso del sistema inquisitivo. "forma parte de la conciencia universal acerca del valor de la persona. Es ese sentido de justicia y de protección humana lo que ha llevado a la constitucionalización de la presunción de inocencia. A partir de la nueva ideología filosófico-humanista que penetra en las políticas penales a partir de fines del siglo XVIII. el imputado al ser considerado un verdadero sujeto de derechos en el proceso penal. adquiere esta simbolización garantista, materializada en la presunción de inocencia. Un proceso penal regido por el principio Acusatorio, confiere al Fiscal la facultad persecutoria y la carga de la prueba (onus probando) en este sentido es el órgano requirente el destinado a probar la culpabilidad del imputado y para tal fin, deberá acopiar suficientes medios de prueba incriminatorios susceptibles de poder enervar y destruir el estado jurídico de inocencia. La presunción de inocencia no es un mero principio informador, sino un auténtico derecho fundamental que como tal es de directa aplicación por todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, siendo reclamable incluso ante el Tribunal Constitucional. Jurisprudencia constitucional El Tribunal Constitucional ha señalado que las garantías constitucionales no sólo se respetan cuando las resoluciones se emiten dentro de un proceso judicial o por un juez competente, sino pág. 6
que tienen que haber sido expedidas con respeto de las garantías que comprenden el derecho al debido proceso. El Tribunal Constitucional con relación al principio de la presunción de inocencia y la carga de la prueba ha señalado: Frente a una sanción carente de motivación. tanto respecto de los hechos corno también de las disposiciones legales que habrían sido infringidas por los recurrentes, no puede trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación. pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el procedimiento, sino lo que el imputado no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia. El derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2° inciso 24 de la Constitución obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado. pues este no puede ser condenado sólo sobra la base de simples presunciones. El Tribunal Constitucional con relación al principio de la presunción de inocencia y el plazo razonable de la detención preventiva ha señalado: la presunción de inocencia se mantiene viva en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla. Mientras ello no ocurra dicho principio debe informar a todos y cada uno de los actos de la Judicatura, máxime si existe una medida de detención vigente.
El derecho a la Presunción de Inocencia desde un punto de vista constitucional MARCO TEORICO La sociedad en busca de seguridad frente al crimen, así como la estimación social, ha invertido el fundamento del derecho a la presunción de inocencia. En la actualidad muchas veces el investigado y el acusado son quienes deben de probar su inocencia, vulnerándose así también su derecho al silencio. Es decir, la carga de la prueba se ha invertido, lo cual es contrario a los enunciados constitucionales. Por otro lado, es el imputado quien tendrá únicamente la c arga de la argumentación de la duda razonable, es decir, la sustentación de que existe otra hipótesis razonable en su defensa que explique los hechos del caso. Por último, señala el autor que, la solución no es rebajar el estándar de prueba, criterio decisor para condenar, sino mejorar los mecanismos de investigación de los delitos y otorgar mayores recursos a los órganos de investigación. El derecho a la presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales sobre los cuales se construye el derecho sancionador tanto en su vertiente en el Derecho Penal como en el Derecho Administrativo Sancionador. Este derecho tiene como objeto garantizar que sólo los culpables sean sancionados y ningún inocente sea castigado. Sin embargo, en la realidad, el derecho a la presunción de inocencia ha sido frecuentemente vulnerado. Así, por ejemplo, en la década de los 90, producto de la violencia interna que vivía el país, muchas personas fueron condenadas sin que exista prueba fehaciente de su culpabilidad o su responsabilidad en los hechos esté demostrada más allá de toda duda razonable.
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La sociedad prefirió privilegiar la seguridad. Años después, cuando la violencia terrorista disminuyó, se revisaron varios procesos vía una comisión de indultos, liberándose a muchos inocentes, o si se quiere a muchas personas cuya participación en actos terroristas no estuvo demostrada más allá de toda duda razonable. Estos excesos se justificaron en nombre de la seguridad y la paz. Se nos puso ante una (falsa) disyuntiva, había que rebajar las garantías procesales si se quería acabar contra el terrorismo. La situación actual ha mejorado en algo, pero no lo suficiente. Si una persona es investigada por un delito ya se cierne sobre él un halo de culpabilidad, y si su caso es ventilado ante la prensa, él va a tener que demostrar su inocencia si es que no quiere sufrir el estigma que significa ser acusado de un delito. Esto es lo contrario a lo que garantiza la Constitución, toda vez que es el órgano acusador el encargado de demostrar su inocencia. El acusado tiene incluso el derecho a guardar silencio y no a colaborar con la investigación. Mas, si no quiere ser estigmatizado por la sociedad va a tener que demostrar su inocencia, lo cual incluso puede constituir la prueba diabólica: ¿cómo demuestro que no he cometido un delito? Esto nos permite apreciar que si bien el reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental para la protección de la libertad de las personas, el goce efectivo de este derecho sólo se dará dentro de un sistema de justicia orientado a minimizar el error de condenar a un inocente, y donde cada actor del sistema tenga en cuenta ese objetivo (policías, fiscales, jueces, abogados, entre otros). En este artículo sólo nos hemos propuesto a analizar el derecho constitucional a la presunción de inocencia y sus repercusiones sobre la carga y el estándar de prueba necesario para condenar a una persona por la comisión de un delito o infracción. Para efectos de desarrollar este análisis se seguirá el siguiente esquema: 1. Finalidad del proceso sancionador y su relación con el derecho a la presunción de inocencia 2. Definición del derecho a la presunción de inocencia 3. Justificación del derecho 4. Situaciones jurídicas concretas que se derivan del derecho a la presunción de inocencia 4.1. Derecho a que la carga de la prueba recaiga en el acusador 4.2. Derecho a que la acusación se encuentre probada más allá de toda duda razonable. La finalidad del proceso sancionador y su relación con el derecho a la presunción de inocencia La finalidad de los procesos penales y, en general, sancionadores consiste en determinar si al acusado le corresponde la sanción que el órgano acusador exige que se le imponga por haber cometido una infracción. Como presupuesto a la imposición de la sanción, el Juez debe determinar si el acusado cometió, o no, la infracción que se le imputa. El mecanismo institucional que han creado los ordenamientos jurídicos para determinar si una persona cometió una infracción es el proceso, en el cual se realizarán una serie de actos y actividades que permitirán determinar si el acusado es responsable de los hechos que se le imputan. Si bien el proceso sancionador tiene como objetivo determinar si el acusado cometió, o no, la infracción que se le imputa, las reglas que regirán el proceso deben respetar los derechos del
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acusado, en especial, el derecho a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad en la infracción que se le imputa. El derecho a la presunción de inocencia (en adelante, DPI) es un derecho complejo que abarca una serie de posiciones jurídicas básicas que funcionan como límites a cualquier actuación que puedan efectuar los órganos estatales, ya sea pare regular el proceso penal o en el funcionamiento mismo de un proceso. Antes de ingresar a determinar cuáles son el conjunto de posiciones jurídicas básicas que integran el DPI, estudiaremos cuál es el fundamento de este derecho, toda vez que ello nos permitirá, posteriormente, deducir las posiciones jurídicas básicas antes señaladas. Determinación de las posiciones jurídicas contenidas en el derecho a la presunción de inocencia 1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia? El literal e) del numeral 23 del artículo 2 de la Constitución Política establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. De este texto se puede extraer la siguiente norma: N1: Si un Juez no ha declarado la responsabilidad de una persona de la infracción que se le imputa (no p), entonces ésta es considerada inocente (q); La norma N1 contiene explícitamente una regla sobre cómo debe ser tratado el imputado por una infracción mientras no se declare su responsabilidad: inocente, esto es, como si no hubiera efectuado la infracción que se le imputa. N1 también establece implícitamente que un Juez es el competente para declarar la responsabilidad de una persona, lo cual debe ser concordado con lo establecido en el numeral 10 del artículo 139 de la Constitución, que establece el principio de no ser penado sin proceso judicial. Ahora bien, ¿es correcto considerar a una persona inocente mientras no se pruebe el delito que se le imputa? Desde un punto de vista lógico, no. El hecho que no se haya probado que una persona cometió el delito que se le imputa no significa que efectivamente no lo haya cometido por las siguientes razones: (i) El proceso tiene como objeto probar que el acusado es responsable de los delitos que se le acusa en función a la evidencia existente en el proceso. El proceso no tiene como objeto probar la inocencia del acusado sobre los delitos imputados. Además, esto último podría resultar, en muchos casos, o imposible o de muy difícil probanza, porque constituye la probanza de un hecho negativo: ¿Cómo pruebo que no he cometido el delito que me imputan? (ii) La probanza de la responsabilidad del acusado se tiene que realizar dentro de ciertos límites impuestos por el ordenamiento, motivo por el cual si una prueba no ha sido producida, admitida o actuada de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ésta no se tendrá por válida. Por ello, pueden existir medios probatorios que demuestren la responsabilidad del acusado; sin embargo, al no ser válidas, no podrá ser utilizada para condenar al acusado. (iii) El estándar de prueba exigido es el que la acusación se demuestre más allá de toda duda razonable, lo cual significa que, en ciertos casos, si la hipótesis de la defensa es razonable, no se podrá condenar al acusado, pese a que la hipótesis de la acusación sea más creíble.
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Desde un punto lógico, resulta más preciso afirmar que el derecho a la presunción de inocencia consiste en que no se tratará como culpable a una persona mientras no se demuestre su responsabilidad en la comisión de los hechos imputados. Si lo anterior es cierto, ¿por qué se considera al acusado como inocente en vez de no culpable? Ello se debería al estigma o perjuicio que tiene en la reputación e imagen de las personas el ser sometido a un proceso penal. En efecto, a la sociedad no sólo le interesa tratar como no culpables a las personas, sino que también su reputación no se vea mellada. Debido al estigma que tiene el ser acusado por un delito, y las consecuencias que tiene en la vida del imputado, la sociedad prefiere tratar como inocentes a las personas, al menos jurídicamente, sin dejar atisbo alguno sobre su responsabilidad de los hechos que le imputaron, así no estemos seguros de que no han cometido el delito. Si ello es así, el ordenamiento debería plantear algunas limitaciones para que la investigación de un delito se mantenga en reserva hasta la etapa de la acusación, a efectos de no perjudicar ilícitamente la reputación de una persona frente a la sociedad. De esta manera, se puede aminorar en cierta medida la condena social de una persona antes del debido proceso, la cual puede tener graves repercusiones en la reputación, autoestima y condena social de los acusados. 2. Efectos procesales de la presunción de inocencia Tal como se ha visto, un Juez sólo puede condenar a una persona luego de un proceso judicial. Y para que haya un proceso judicial es necesario que existan dos partes: una, el acusador; y la otra, el acusado. Del texto del literal e) del numeral 23 del artículo 2 de la Constitución Política se puede deducir que el acusador tiene la carga de probar que el acusado es culpable del hecho que se le imputa. Además, éste tiene que demostrar que su hipótesis es la única explicació n posible de los hechos del caso. Ello, a efectos de no vulnerar el principio de dignidad recogido en el artículo 1 de la Constitución que, como hemos visto, dispone que cada persona debe ser tratada por el Estado en función a sus actos e intenciones. Si ello es así, entonces no podemos castigar a una persona si es que tenemos duda de que ella ha cometido el acto que se le imputa. Esta es una concepción aceptada en nuestro ordenamiento como veremos a continuación. A nivel legislativo, el artículo II del Código Procesal Penal establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad debe resolverse a favor del imputado.
Principios de presunción de inocencia a) Contenido SUMILLA: La presunción de inocencia se concreta cómo una regla de tratamiento de la persona y una regla del juicio.
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Este tribunal ha precisado afirmado que la presunción de inocencia es un principio y, a la vez, un derecho fundamental de todo proceso penalmente, cuya eficacia se despliega en diversas etapas del proceso penal, en un doble sentido: a) Por un lado, como una regla de tratamiento sobre la persona sometida al proceso penal, que exige de la idea de que el sometido al proceso es inocente. b) Por otro, como una regla de juicio, “es decir, (como) una regla referida al juicio de hecho” de la resolución que sanciona, que se pr oyecta en el ámbito probatorio, conforme al cual la “prueba completa de la culpabilidad debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución si la culpabilidad no quede suficientemente demostrada. SUMILLA: La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia que sea declarada firme. Esta rige desde el momento en el cual existe una imputación en contra del procesado. El artículo 2, inciso 24, de la Constitución establece que “Tosa persona es co nsiderada inocencia mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Al respecto, este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el expediente 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22, que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que a todo procesado se le considera inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, se dijo en la sentencia recaída en el expediente 2915-2004PHG/TC, fundamentos 12, que “la presunción de inocencia se mantiene “viva” en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logré desvirtuarla”. Por tanto, el derecho fundamental a la presunción de inocencia incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta, de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria; es por ello que en nuestro ordenamiento se admiten determinadas medidas cautelares personales como la detención preventiva o la detención provisional, sin que ellos signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”
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CONCLUSIÓN El principio de presunción de inocencia, consiste en el plano procesal en que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía de audiencia. En este sentido, la presunción de inocencia conforme a sus significados aplicables a la interpretación de los alcances de dicho Derecho, produce un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras, a quienes corresponde probar los elementos constitutivos de la pretensión acusatoria. Si todo acusado se presume inocente hasta que sea condenado, lógicamente la presunción de inocencia también ha de incidir en las reglas de distribución de la carga material de la prueba, produciendo un desplazamiento de la misma hacia la parte acusadora. En consecuencia, corresponde a la acusación, y no a la defensa la realización de la actividad probatoria del cargo necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo anterior, este principio se traduce en que el inculpado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito. La Constitución Política del Estado (art. 16.I) reconoce el principio de presunción de inocencia, que representa una insoslayable garantía a efectos de determinar la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad hasta que la conducta sea reprochada por condena penal. Lo que este principio fundamental de presunción de inocencia determina es que no se puede presumir a nadie autor de hechos o conductas tipificadas como delito, mientras la autoría y la prueba de la concurrencia de los elementos del tipo delictivo no sea acreditada por quienes, en el respectivo proceso penal, asumen la condición de parte acusadora. La presunción de inocencia garantiza, también, que en los procesos en que se enjuician acciones delictivas exista una prueba de cargo suficiente, realizada a través de medios de prueba constitucionalmente legítimos. La presunción de inocencia está presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y de todas sus instancias. La presunción de inocencia, deja de ser tal, en el instante en que la sentencia condenatoria cobra autoridad de cosa juzgada formal y material.
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BIBLIOGRAFIA – CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993. – TOMÉ GARCÍA, José Antonio, “Derecho Procesal Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999, pág. 498.
Penal ”,
colección Ceura, ed. Centro de
http://www.abogadoscarranza.com/content/el-derecho-fundamental-de-presunci%C3%B3nde-inocencia-carga-de-la-prueba
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