Autor/es: Gagliardo, Mariano El Derecho 264-354 [2015] Obligación de seguridad y factor de garantía (a propósito de la responsabilidad de los establecimientos educativos)(*) educativos)(*) I Introducción al tema 1. En el mundo jurídico existe un principio que asigna orden y certeza a la convivencia humana, dominado por la regla moral que prohíbe hacer daño a los semejantes. Es que los actos del hombre en la esfera jurídica son valorados no por su significado interior, sino por el resultado extrínseco que producen: quien transgrede una norma, asume un comportamiento perjudicial para otros y justifica su ulterior reparación. Porque el derecho descansa en la idea de que el hombre es responsable de sus actos y, por consiguiente, el autor de un acto perjudicial no puede ampararse en una concepción determinista de la existencia para librarse de las consecuencias de su actuación. Y, así, es posible que el hombre lesione intereses generales o particulares, dignos de tutela, reaccionando el orden jurídico con variadas soluciones, según la entidad y naturaleza del daño. De esta manera, queda delineada la índole y sustrato de la responsabilidad r esponsabilidad jurídica que conlleva un responder patrimonial. Sin embargo, en el vasto y pormenorizado campo de la responsabilidad, nada hay en la esfera del derrotero humano que no sea susceptible de ser alcanzado por aquella disciplina: donde quiera que la actividad del hombre se ejercite en relación con el prójimo, allí debe acompañarle su responsabilidad. 2. Así y todo, caben ciertas aclaraciones y otras precisiones: en primer lugar, decir que un sujeto es jurídicamente responsable responsable no significa que resulte el autor material y moral moral del daño (arts. 1113, cód. civil y 1117, ref. ley); en segundo término, aducir que una persona es responsable cuando soporta definitivamente un daño es decir algo solo parcialmente verdadero, en el sentido de que el sustento definitivo del daño debe significar únicamente la obligación de resarcir la lesión sufrida por un tercero(1); como tercera cuestión, cualquiera que sea el concepto de daño que se admita, su relevancia jurídica dependerá de la posibilidad de aceptar un criterio que permita atribuirlo a un sujeto: en ausencia de tal posibilidad, el evento dañoso quedará como un hecho natural; en cuarto término, actualmente la responsabilidad puede asumir diversos sentidos y contenidos, según los valores, hechos y circunstancias que se encuentren involucrados; y sin agotar este inventario, la enorme difusión de eventos dañosos –en gran parte ajenos a la acción del hombre–, aptos para generar responsabilidad, aparecen vinculados a los riesgos creados por el progreso técnico-social y, cuando no, a hechos de la naturaleza.
II Antecedentes Antecedentes del caso 3. El pleito que motivara la sentencia, brevemente en comentario, analizó una cuestión que se vincula con una controversia que en, nuestro medio, es particularmente delicada, en oportunidades compleja y de actualidad: se trata de un tema relacionado con la educación, específicamente en el área estatal, a raíz de un daño irrogado a un alumno.
La esfera de la obligación de responder quedó circunscripta “al ámbito espacial de un establecimiento educativo del gobierno de Córdoba, en circunstancias que ciertos menores estaban sin el debido control de las autoridades docentes o dependientes del establecimiento citado”; se señaló también que, cuando los padres confían sus hijos a instituciones encomendadas a su educación y guarda, resulta esperable de estas últimas una vigilancia activa y eficaz para evitar peligros que deriven en daños. Los rubros del reclamo versaron acerca del lucro cesante, daño psiquiátrico y daño moral. Una afirmación del pronunciamiento oportuna, mas no siempre exacta, sobre la que se volverá es aquella según la cual “toda lesión invalidante es jurídicamente grave, pero no toda lesión médicamente grave es incapacitante”.
III Consideraciones jurídicas 4. El marco jurídico, sustento del responder patrimonialmente en la hipótesis que se considera, es el art. 1117 del cód. civil, cuya fuente era el art. 1384 del Código Civil francés, ref. por ley del 5-4-1937, y en nuestro medio fue actualizado por ley 24.830. Este dispositivo, en lo sustancial, dice: “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estables serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito”. La modificación legislativa significó un positivo avance, pues el derogado art. 1117 consideraba como sujetos pasivos del responder al “director del colegio” y a “maestros artesanos”, implementando los demás alcances con un complicado precepto con más incógnitas que soluciones claras. Ambas nociones eran muy limitadas(2) ante los vastos efectos del tema en cuestión, por lo que resultaba más adecuada la actual formulación legal. Es que la actividad comprometida tiene sustento en el riesgo de la empresa, y aquel que presta el servicio de manera organizada debe efectuarlo sin causar daños: quien contrae la obligación de realizar un servicio, lo debe concretar en condiciones aptas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causa su incumplimiento o su deficiente o irregular ejecución(3). En este panorama, la responsabilidad en la faz del “establecimiento educativo” a raíz de daños causados o sufridos tiene base objetiva y el sustento de aquella es el factor garantía ante obligaciones de resultado, que no admiten prueba en contrario, y solo el caso fortuito es causal de excusa. 5. La sentencia, cuando analiza la agravios, dice: “2. Los establecimientos educativos asumen contractualmente, junto con la obligación principal de prestar educación, la obligación de seguridad cuyo incumplimiento hace nacer su responsabilidad directa objetiva...”. Esta obligación de seguridad, iniciada por la Corte de Casación francesa allá por el año 1911, era una calificación que no siempre permitía alcanzar los resultados esperados(4), iniciativa que, no obstante, condujo a los tribunales a admitir en distintos contratos la existencia de un crédito de seguridad, la que se analizó respecto de los contratos de enseñanza, de juegos de feria, etcétera. Configura una obligación accesoria que coexiste con las otras obligaciones que el contrato impone a las partes.
Determinar si la referida obligación es de índole contractual o extracontractual requiere interpretar la voluntad de las partes. Y, en ausencia de circunstancias particulares que posibiliten precisar cuál ha sido la intención de los contratantes, cabrá ponderar si la seguridad de una de las partes –o de ambas– tiene –o no– un nexo con las obligaciones principales que la relación jurídica impone a la otra(5). Esta obligación de seguridad, inclusive tácita, que tantos aportes y pautas suministrara a través de los tiempos, parece destinada a la superación(6). De manera que en el estado actual, el propietario –en el sub lite el Gobierno provincial– responde contractualmente por el incumplimiento obligacional, ya que debe garantizar que el alumno egrese del establecimiento sano y salvo, de la misma manera que ingresara(7); en el supuesto de daño al alumno, la prueba de la culpa es independiente de la fuente de la obligación y la carga probatoria correspondiente pesa sobre el actor o demandado, según la diferente naturaleza de la prestación; al ser una obligación de resultado, está a cargo del accionado probar el caso fortuito o la fuerza mayor liberatoria. 6. La sentencia ponderó, además, de un modo amplio y luego específico, ciertos aspectos del daño moral y algunos alcances del daño psiquiátrico. Cabe aludir primero al daño moral, que es aquel que afecta a un bien de la personalidad o de la vida; es decir, el que implica quebranto, privación o vulneración de la categoría de bienes incorporales cuya tutela se cobija bajo los derechos de la personalidad. Es que el orden jurídico es algo vivo, pues lo real no son solo las cosas de la vida espacial y temporal, sino también las sensaciones anímicas, sustancias eficaces del espíritu objetivo, reconocidas en las relaciones de convivencia(8). La vasta materia que conforma el daño moral está inserta en el derecho de daños, cada día más explicitado y profundizado, pues la esencia del tema, precisamente, radica en lograr a través de su aplicación una tutela real y efectiva de la persona humana en su total naturalidad y dignidad. Al estar el ser humano dotado de espíritu, y ser este el sujeto en el que impacta el agravio moral, el avance de las ciencias y la necesidad imperiosa de adecuadas soluciones nos reconducen a aplicar una determinada psicología al derecho(9). La precedente afirmación no desatiende la heterogeneidad y multiplicidad de supuestos que abarca el daño moral, los que se renuevan constantemente de manera jurisprudencial y dogmática. De allí, pues, que deba aprehenderse la noción de daño moral relacionándola con una variedad de contenido. Y, tal como lo indica desde antiguo Giorgi(10), con un sentido elástico. Y como la vida de relación social es de la esencia misma de la persona humana, la realidad vivenciada de la vida psíquica nos demuestra cómo los distintos acontecimientos que impactan en el ser humano influyen en la personalidad. 7. El pronunciamiento a partir del punto 3 alude indistintamente a la “incapacidad psiquiátrica”, “psiquiátricas”, “psiquiátrico”, “trauma psiquiátrico”, “rehabilitación psiquiátrica” y, casi al concluir la sentencia, se refiere a “una incapacidad psiquiátrica sobreviniente consolidada e insusceptible de ser revertida con las terapias psicológicas adecuadas”. Cabe aquí un interrogante: ¿acaso la sentencia incurrió en un equívoco en el giro de las nociones o bien, ante la no procedencia de la terapia psiquiátrica, sugirió como hipótesis posible, mas no efectivizada, un tratamiento psicológico?
Como fuere, el reclamo por este rubro no prosperó. Por último, se afirma –tal lo expuesto en el apart. 3º– que “no toda lesión médica grave es incapacitante”. Esta última afirmación, aun cuando se corresponde con el contexto del decisorio, tiene algunas resoluciones de causas judiciales recaídas en distintos fueros que atemperan tal criterio, en la medida en que el daño psíquico produce una alteración emocional(11); tiene incidencia en el cuerpo humano y es incapacitante, con una pérdida de aptitudes físicas(12) o bien, mediante un tratamiento psíquico, persigue la desaparición o mitigar las secuelas del hecho ilícito(13). 8. Un análisis en la tan difícil materia del reclamo por daños e intereses, cuando se trata de cuestiones relativas a la salud mental, demuestra que no todo reclamo, aun acreditado en la causa que fuere, prospera y que tampoco la lícita pretensión, por natural y obvia que fuere, siempre se admite. 9. A partir del 1º de agosto ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial (ley 26.994), que legisla la responsabilidad de los establecimientos educativos en el art. 1767, ubicado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1 –“Responsabilidad civil”–, Sección 9ª –“Supuestos especiales de responsabilidad”–. El nuevo Código determina la responsabilidad objetiva, que solo podrá eximirse con la prueba del caso fortuito, pues el titular de un establecimiento educativo responderá por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Además, el establecimiento educativo deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que determine la autoridad en materia aseguradora. Por último, el artículo indica que sus disposiciones no se aplicarán a los establecimientos de educación superior o universitaria(14). VOCES: DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL -
RESPONSABILIDAD CIVIL - EDUCACIÓN - ESTADO - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
* - Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: Responsabilidad del Estado por el hecho de los dependientes-docentes. El acto de altruismo de un menor. (Muerte por asfixia por inmersión), por Fernando A. Sagarna, ED, 171-13; La responsabilidad de los propietarios de Establecimientos Educativos en el nuevo artículo 1117 del Código Civil, por Eduardo A. Sambrizzi, ED, 176-853; La mutación de la obligación de seguridad o garantía: de una responsabilidad objetiva a otra subjetiva, por Jorge Mosset Iturraspe, ED, 186-1089; Concausas y responsabilidad objetiva, por Mariano Gagliardo, ED, 244-311; Relación de consumo y responsabilidad objetiva, por Mariano Gagliardo, ED, 245-460; El efecto expansivo del deber de reparar. Evolución y actualidad de la obligación de seguridad, por Marcelo O. Vuotto, ED, 255-816; El daño punitivo ante supuestos de responsabilidad objetiva, por Marcelo Quaglia, ED, 253-48; Reflexiones sobre la ley 26.892 contra el bullying, por Tomás I. González Pondal, ED, 256-730; De la presunción de culpa a la responsabilidad objetiva. Caso del propietario del establecimiento educativo público o privado, por Mariano Gagliardo, ED, 257-335. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar. 1 - Josserand, Louis, Cours de droit positif français, París, 1939, vol. II, pág. 235. 2 - Cfr. Cazeaux, Pedro N. - Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2010, t. V, pág. 156, nº 2662. 3 - Kemelmajer de Carlucci, Aída, La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en la Argentina, LL, 1998-B-1053. 4 - Viney, Geneviève, Tratado de derecho civil, Universidad de Colombia, pág. 389, nº 389.
5 - Savatier, René, La théorie des obligations. Vision juridique et économique, París, 1967, pág. 194, nº 132 bis. 6 - Cfr. Picasso, Sebastián, Réquiem para la obligación de seguridad en el derecho común, Revista Código Civil y Comercial, La Ley, Año 1, Nº 1, julio 2015, pág. 196 y sigs. 7 - Sagarna, Fernando A., Responsabilidad de los docentes y de los institutos de enseñanza, Buenos Aires, Depalma, 1996, pág. 142. 8 - Lersch, Philipp, El hombre en la actualidad, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1982. 9 - Muñoz Sabaté, Luis, Psicología del daño moral contractual, Revista Jurídica de Cataluña, Barcelona, 1978, Nº 1, pág. 317. 10 - Giorgi, Jorge, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, 2ª ed., Madrid, Reus, 1929, vol. V, pág. 25. 11 - LL, 1989-C-523. 12 - LL, 1994-A-270. 13 - LL, 1987-A-156. 14 - Código Civil y Comercial de la Nación –Texto aprobado por ley 26.994–, 1ª ed., Buenos Aires, El Derecho, 2015.
