“AÑO DEL BUEN SERVIIO AL CIUDADANO”
MONOGRAFIA TÍTULO: “CORRUPCIÓN EN EL PERÚ”
INTEGRANTES
DOCENTE:
LIMA - PERÚ 2017
DEDICATORIA
Queremos dedicar el presente trabajo de investigación a Dios quien guía nuestros pasos, y a nuestros padres que siempre nos acompañan apoyan e incentivan para que podamos
realizar
nuestras
metas,
esperamos poder retribuirles su sacrificio cumpliendo nuestras metas académicas
Páá giná 2
INDICE GENERAL
DEDICATORIA..............................................................................................................2 INTRODUCCIÓN..........................................................................................................4 MARCO TEÓRICO.......................................................................................................5 CORRUPCIÓN: ESTUDIOS Y ENFOQUES................................................................5 1. DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN...........................................................................5 2. CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN...........................................................................8 3. CORRUPCIÓN EN EL PERÚ: ASPECTOS HISTÓRICOS.................................11 4. SITUACIÓN ACTUAL..........................................................................................16 5. EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA : (PRIMER GOBIERNO: 1980-1985)..........18 6. EL DECENIO DE FUJIMORI-MONTESINOS......................................................21 7. CASO DE CORRUPCION EN EL GOBIERNO DE TOLEDO.............................29 CONCLUSIONES.......................................................................................................31 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................32
Páá giná 3
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación observaremos un tema muy importante en nuestra sociedad ya que vivimos rodeados de ella, y es la corrupción que afecta de diferentes maneras nuestra vida como nación ocasionando muchos problemas al libre desenvolvimiento de nuestro país en diferentes esferas, tanto políticas, económicas, sociales, etc. Los problemas sociales son diversos y se presentan de diferentes maneras, algunos se manifiestan en la misma sociedad, otros tienen fuerte incidencia en el Estado. Actualmente y desde hace más de dos décadas el problema de la corrupción se ha evidenciado en su máxima expresión en la mayoría de los países del planeta. Dicho problema considerado por las investigaciones académicas como fenómeno social complejo se ha entretejido fuertemente en los diversos niveles de la administración pública, con repercusiones negativos en el ámbito político y social. Para comprender el fenómeno de la corrupción en el nuestro país, se ha hecho trabajo de investigación en el cual se enfoca este tema en el paso del tiempo resaltando los más importantes hechos de corrupción. En el que se ha identificado diversas prácticas y formas de corrupción puestas en escena, cuyos actores se concentran en primera instancia en el sistema burocrático: funcionarios públicos directivos, funcionarios públicos de niveles intermedios y bajos, etc.
Páá giná 4
MARCO TEÓRICO CORRUPCIÓN: ESTUDIOS Y ENFOQUES
Antes de iniciar a comentar aspectos relacionados a la corrupción en el Perú en el paso de la historia, debemos conocer algunos conceptos básicos sobre el tema. 1.
DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN A partir de mediados de los años noventa el problema de la corrupción ha irrumpido impetuosamente en la agenda de la comunidad internacional. Desde aquella fecha las principales organizaciones transnacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional otorgaron un espacio privilegiado en la lucha contra este problema. Transparencia Internacional también se ha sumado a la campaña anticorrupción. Iniciativas que han sido acompañadas con una producción académica sobre todo desde las ciencias económicas y políticas. Como resultado de las acciones promovidas se acuña la definición de corrupción como “abuso de un cargo público para beneficio privado”, afirmación realizada por el Banco Mundial que enfoca el problema al sector público, que supone la disfunción de funcionarios que responden a una estructura de incentivos económicos (Huber 2005: 3).
Páá giná 5
Asimismo, Transparencia Internacional señala a la corrupción como “uso indebido del poder otorgado para beneficio privado”, definición que extiende el problema al sector público y privado, es decir, cualquier funcionario público o privado podría utilizar su cargo para su propio beneficio. Los beneficios no siempre pueden ser económicos, sino también ventajas institucionales o políticos (Ugaz 2013). En este sentido, si bien es cierto que la corrupción es un problema en el que todo se mueve por intereses económicos y por la obtención del poder, pero esta afirmación reduce al problema a una de sus variantes, sin embargo, la corrupción es también la estrategia puesta en práctica y el modo de relacionarse con la Ley, sobre todo con los otros actores sociales (Mujica 2005: 5). El problema se hace más complejo, se incluye las modalidades puestas en escena y, actores que desde luego son servidores públicos, pero también se hace referencia a sujetos externos que podrían ser ciudadanos comunes. La corrupción ha sido estudiada generalmente desde las disciplinas económicas y del derecho, lo que reduce al problema a una resta y suma de cifras (Mujica 2005: 3). Y “son demasiado limitados para explicar el fenómeno” (Huber 2005: 24). No se pregunta de los actores ni de las prácticas y formas de funcionamiento, solo se limita a explicar de qué manera afecta a la economía y, se indica que los motivos de existencia de la corrupción son los bajos salarios
Páá giná 6
que perciben los servidores públicos y la falta de mecanismos punitivos (Mujica 2005: 3-5). Sin embargo, los estudios antropológicos que por cierto refutan a los enfoques normativos y económicos, sostienen que la corrupción es un fenómeno social complejo con variaciones locales, para su comprensión es importante tomar en cuenta el contexto sociocultural en el que se desarrolla. Lo que para una cultura la propina puede ser considerada como una coima, en otra no, además, la antropología entiende la corrupción como “categoría cultural” que tiene diferentes significados, para gente distinta, por razones diferentes y que varían con el tiempo, es decir, el problema no existe en el vacío social, para comprenderla hay que hacer un estudio desde el contexto sociocultural (Huber 2005: 24). La corrupción no solamente es un problema jurídico y policial, también es un fenómeno cultural (Mujica 2005: 5). Asimismo, el fenómeno ha sido considerado como un problema de las altas esferas del Estado, lo que impide observar la cotidianidad del problema, es decir, la
corrupción se
puede
observar en
los diferentes espacios
institucionales y en la vida cotidiana de las personas, que funciona como un lenguaje, con una gramática, una pragmática, un lenguaje no verbal y una actividad performativa, que presenta varias posibilidades puestas en escena. Al tomar la noción de lenguaje es también una relación social y una forma de comunicarse, por tanto, toda acción social es también un acto comunicativo (Mujica 2005: 10-12).
Páá giná 7
La corrupción es una determinada relación entre sociedad y Estado. Una relación que implica un acuerdo, un trato, un dialogo de dos personas que por lo general ocurre en la clandestinidad, en la sombra y es difícil detectarlo y medirlo en su real dimensión, solo es observable cuando uno de los actores sale perjudicado. Además, es un delito en el que normalmente dos o más actores se ponen de acuerdo para perjudicar o para sacar ventaja en desmedro de los demás (Huber 2012). Quiroz.(2013) define la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones. Es decir, corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos, involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y al privado y su efecto en políticas, instituciones y en el progreso del país.
2.
CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN Las investigaciones llevadas a cabo señalan muchas causas, desde el factor cultural, el nivel de desarrollo, los conflictos sociales, la estructura de incentivos. (Labaqui 2003: 163). Otras agregan factores como la pobreza, los decrecientes sueldos en la administración pública y reducido mercado laboral (Gray y Kaufmann 1998: 9).
Páá giná 8
Los que asignan a la cultura como un factor determinante de la corrupción, se sostienen en los valores culturales de una sociedad, en el que algunas acciones como los regalos y las propinas se consideran como gestos de solidaridad o de reciprocidad, en otras sociedades esa misma acción se consideran como actos que contravienen las normas (Labaqui 2003. 163). Además, “‘lo que es considerada una coima en una cultura puede ser una propina en otra’ (Qizilbash 2001: 273)” En el caso peruano la colonización jugó un rol preponderante en la instauración de los actos corruptos. Así, para tener una atención del Rey, uno llegaba mediante muchos regalos o sobornos para conseguir algunos beneficios (Huber 2005: 36). Prácticas que se han mantenido hasta la actualidad. El nivel de desarrollo de un país es otro factor que fomenta la corrupción, que implica la falta de una burocracia profesional y eficiente, con una remuneración adecuada que no motive al funcionario público a obtener ingresos extras por vías ilegales, además, de la inestabilidad institucional y el alto grado de patrimonialismo (Labaqui 2003: 164). El desarrollo de un país se sostiene en la creación de empleos para sus habitantes, sin embargo, la falta de mercado laboral obliga a muchos ciudadanos formar parte de movimientos políticos, en el que ven una opción de empleo a cambio de favores electorales, para después ocupar cargos públicos con poca o nula profesionalización.
Páá giná 9
Entonces, el interés egoísta de los agentes económicos son los motivos básicos de las transacciones económicas orientados en la maximización de sus ingresos (Begovic 2005: 5). Los bajos incentivos de los empleados públicos están asociados al nivel de desarrollo de un país, lo que conlleva al funcionario público a intentar maximizar sus ingresos a través de vías no permitidas. Sin embargo, existen también otras formas de corrupción que no siempre están vinculadas a la obtención de utilidades (Begovic 2005: 5). A nivel micro, la corrupción no necesariamente podría tener implicancias monetarias sino otro tipo de estrategias puestas en escena: por ejemplo, favores sexuales. Panfichi y Alvarado, (2011: 15). Insisten que la corrupción no siempre implica ganancias monetarias, un acto corrupto también permite obtener una ventaja política o social, incluso el beneficiado no siempre es el funcionario público, sino personajes de su grupo Siguiendo la misma línea, la pobreza suele jugar un rol protagónico en la inclinación a actividades corruptas. El factor pobreza y falta de empleo también se visibiliza en el país, las constantes denuncias de tráfico de influencias en la contratación de los profesionales sin que cubra los requerimientos necesarios para cubrir una plaza vacante, suele ser noticia de primera plana en los medios de comunicación local y regional. Además, Transparencia Internacional, sostiene que el problema de la corrupción se debe al debilitamiento de valores sociales, falta de transparencia
Páá giná 10
en el sector público, leyes inadecuadas, instituciones ineficientes, falta de control y a deficiencias en la conducta de los funcionarios públicos (Citado por Huber 2005: 18).
3.
CORRUPCIÓN EN EL PERÚ: ASPECTOS HISTÓRICOS En el Perú el fenómeno de la corrupción no es reciente, es un problema que se arrastra de muchos años atrás. Historiadores como Alfonso Quiroz, sostienen que la corrupción tuvo un rol central en la administración colonial y fue la base para los actuales sistemas de corrupción (2013: 104). Sin embargo, no necesariamente se utilizaba el término corrupción, se hablaba de “abusos”, “alcances” y “contrabando” por malos funcionarios de la corona española que atentaban contra la Real Hacienda y los intereses del Rey (Quiroz 2000: 685) (citado por Huber 2005: 44). Para tener una atención del Rey o de alguno de sus delegados se utilizaban muchos regalos o sobornos como escalando peldaño tras peldaño, para conseguir algún beneficio (Huber 2005: 36). Y, dio origen a la ‘institucionalización del favor’ en América Latina, según García C. (1989: 73) El Estado colonial se instauró como una tradición patrimonialista que se consideraba a los bienes públicos como propiedad de quienes los controlaban, como una prolongación de sus propiedades y no existía la idea de bienes públicos, y era común que muchas autoridades y funcionarios públicos realizaran cobros ilegales. En aquellos años parece arraigarse el clientelismo, el tráfico de influencias y el nepotismo (Willaqniki 2013: 8). Páá giná 11
La relación de orden patrimonial entre el Rey y sus vasallos, se establecía mediante la obtención y retribución de favores de todos los recursos económicos que existían en las nuevas tierras conquistadas, “los funcionarios reales eran convertidos en cuasi propietarios de los bienes que administraban en favor del Rey. El clero, los miembros de la inquisición y del Tribunal del comercio colonial, los poseedores de minas, los propietarios de inmuebles, los corregidores, consideraban que sus obligaciones públicas eran en realidad derechos privados. Una sociedad caracterizada por una relación de orden patrimonialista que se sigue reproduciendo hasta la actualidad en algunos sectores de la administración pública. El periodo de las guerras de independencia fueron financiadas por capitales extranjeros sobre todo ingleses y la otra parte por un sector de la población y, se hacía mediante la confiscación de bienes y la imposición de contribuciones económicas a determinados sectores de la población por el ejército libertador. Una vez terminado el proceso de la independencia, el valor de los bienes expropiados fue reconocido como deuda interna por el nuevo gobierno republicano. Para cumplir con dicha deuda el gobierno tuvo que recurrir a créditos extranjeros, de modo que, la deuda interna se transformó en deuda externa.
Páá giná 12
Asimismo, la reparación de los bienes confiscados tuvo como consecuencia la distribución indebida de recursos naturales de la nación, que terminaron en casos escandalosos de corrupción (Du Puit s/a). Después de la caída del Estado colonial “resultó imposible encontrar una autoridad sustituta que tuviera el reconocimiento general, de modo que sobre las ruinas de la administración colonial se erigieron ‘repúblicas independientes al amparo de las ambiciones o de los intereses de los caudillos’ (Basadre 1981: 38). Todos los historiadores coinciden que, el Perú, desde su formación colonial y sobre todo en la República, sufre como uno de sus grandes problemas, el flagelo de la corrupción. Contreras (2013 p.3) sostiene que “todo el proceso de la Independencia supuso una gran corrupción, pues la fortuna de la aristocracia colonial fue expropiada y no fue entregada al Estado de acuerdo con los procedimientos adecuados”. Este es solo el inicio, puesto que en realidad todo el siglo XIX estuvo marcado por la nefasta corrupción, cuyo punto culminante es la cancelación de la deuda interna durante el gobierno de José Rufino Echenique, origen de la férrea oposición que finalmente lo llevó a ser depuesto por el mariscal Esto quizás reforzó la idea de que el acceso a los recursos públicos depende más de la buena voluntad del líder” (Willaqniki 2013: 9). Durante el periodo republicano la explotación de recursos naturales como el guano y el salitre fueron imprescindibles para el enriquecimiento de una clase minoritaria en detrimento de la población mayoritaria. El sistema de explotación fue mediante concesiones otorgadas a particulares, donde estaba presente el Páá giná 13
favoritismo, influencia política, los vínculos de parentesco. Criterios que determinaban el derecho de obtener la explotación de los recursos naturales de la nación, lo cual fue aprovechado por una clase minoritaria para su enriquecimiento y, que no permitió al Estado peruano a desarrollar la industria, el agro y el comercio, sino por el contrario el empobrecimiento de la gran mayoría de la población peruana (Du Puit s/a). Observemos más ejemplos de corrupción institucionalizada en el Perú del siglo XX. En los años 70, gracias a la corriente marítima de Humboldt rica en plancton, el mar peruano contenía una enorme riqueza pesquera. La explotación del mar y la fabricación de la harina de pescado se convirtieron en una gran industria, que permitió al estado peruano a convertirse en el primer productor a nivel mundial. Los industriales nacionales y extranjeros se enriquecieron enormemente y el Estado peruano obtuvo grandes ingresos, sin embargo, estos fueron dilapidados por los gobernantes de aquellos años como si se tratara de un patrimonio inagotable. Los recursos solo sirvieron para conceder ventajas, satisfacer a los partidarios y militares, mas no para el desarrollo sostenido de la nación. La industria pesquera al no respetar el ciclo de reproducción de los peces, determinó la extinción de estas y, el asesinato de la industria de harina de pescado, que culminó con escándalos políticos y financieros (Du Puit s/a). Periodos de bonanza económica que terminaron en despilfarros de dinero, enriquecimientos de grupos poblacionales privilegiados, en perjuicio de las grandes mayorías. Páá giná 14
Así, el “Estado peruano, en vez de una división funcional de trabajo entre las instituciones públicas, se sustentó en vínculos personales y clientelísticos de la oligarquía con el capital extranjero por un lado y con los sectores subalternos de la población por el otro” (Huber 2005: 39). El panorama no ha cambiado mucho desde el tiempo de los Borbones. Los “favores” de entonces, hoy son teóricamente “derechos”, pero en la práctica, se sigue tratando a los ciudadanos como si fueran suplicantes. Si bien muchos de los abusos de la época colonial han ido desapareciendo a lo largo del siglo XX, otros habitualmente se han institucionalizado, como la “propina” para evitar u omitir una multa, el nepotismo para recibir atención preferencial o para ocupar un cargo público. Costumbres que han sobrevivido hasta la actualidad. Todos los intentos de reformas institucionales ejecutadas por los gobiernos no han podido controlar estas prácticas (Huber 2005: 39). El historiador Alfonso Quiroz, autor del libro “Historia de la corrupción en el Perú” y de artículos sobre el tema, identificó varios períodos de corrupción en nuestra etapa republicana. Por ejemplo, las décadas de 1990, en el período de Alberto Fujimori; de 1920, durante el mandato de Augusto Leguía; y de 1850, época de la consolidación y conversión de la deuda interna y de la manumisión de los esclavos. Quiroz (2013), Quiroz (2013), también determinó que, después de ciclos de muy alta corrupción, lapsos de unos 10 años en los que el dinero desviado a la corrupción oscilaba entre 4% y 7% del PBI, se daba una reacción ciudadana de rechazo, aunque pasajera. Páá giná 15
“Al pasar u olvidarse esa reacción, según el principio de ‘borrón y cuenta nueva’, se vuelven a presentar los incentivos altos y las inhibiciones laxas que generan un nuevo ciclo de creciente corrupción”, señalaba Quiroz en el texto que escribió para el libro “El pacto infame, estudios sobre la corrupción en el Perú”. El último gran episodio de corrupción descrito por Quiroz fue el del gobierno de Fujimori. El presidente ejecutivo de Proética, Walter Albán, recordó que, “después de lo ocurrido con Fujimori, los partidos que eran de oposición y defendieron la democracia juraron trabajar contra la corrupción, pero todos decepcionaron”. Para el sociólogo Gonzalo Portocarrero, estamos ante una nueva crisis por escándalos como el de Odebrecht o Lava Jato, en la que están implicados los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Pero también cree que estamos frente a una nueva oportunidad en la que “se puede tomar en serio a la corrupción como problema”.
4.
SITUACIÓN ACTUAL Ante la imposibilidad de describir, aun de manera esquemática, la amplitud e intensidad, actuales, de la corrupción en la sociedad y Estado peruanos, nos limitaremos a señalar algunos de sus aspectos. Respecto a la administración pública y en razón al origen y evolución del aparato estatal, no sorprende que los empleados y funcionarios públicos sean considerados como personas incapaces
de
solucionar
los
problemas
nacionales
y
que
actúen
frecuentemente motivados por la obtención de beneficios indebidos. Los ejemplos de corrupción en la administración pública son numerosos. Páá giná 16
Tienen relación con el funcionamiento de las licitaciones y adjudicaciones; la defraudación de los fondos públicos o de los recursos humanos y materiales del Estado, así como con el fraude fiscal. Un caso notorio de corrupción institucionalizada es el de la administración de justicia. Todo empleado, funcionario o juez es considerado susceptible de ser sobornado. Lo mismo, a todo procedimiento o decisión se le atribuye un precio determinado. En las zonas rurales, la administración de justicia está estrechamente ligada al poder local. Los campesinos e indígenas no tienen las mismas posibilidades de acceder a la justicia. En la administración de justicia, no se distinguen claramente los pagos ilícitos de los que no lo son; el abogado es un intermediario necesario para encontrar una "solución" y no un auxiliar de la justicia; los peritos son pagados por las partes interesadas ya que el Estado no tienen los medios para hacerlo. La descomposición moral de la policía es probablemente uno de los hechos que más ha marcado la conciencia social. Actualmente la población tiene la sensación que la policía no cumple su función de proteger a las personas, los bienes y la seguridad pública. En efecto, no solamente ésta es ineficaz sino que sus miembros son con frecuencia autores de delitos graves (tráfico de drogas, robos, secuestros, chantajes, lesiones, homicidios, etc.). Es frecuente, por ejemplo, que los campesinos y comerciantes paguen gratificaciones a los policías para asegurar su protección o evitar amenazas. La crisis económica, el tráfico de drogas y el terrorismo han agravado la situación. Los bajos sueldos favorecen la corrupción no sólo de los agentes o subalternos sino también de los mandos superiores. El ejemplo más claro es el de la colusión de oficiales de alta graduación con malhechores y traficantes de
Páá giná 17
drogas. Estos han logrado infiltrar a la policía así como a otros sectores del Estado. Esta revisión esquemática, nos permite confirmar que la corrupción es un fenómeno social de orden político y económico. Su explicación no puede hacerse sin indagar sus orígenes en la historia de cada sociedad. No se puede pretender darle una respuesta única. 5.
EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA : (PRIMER GOBIERNO: 1980-1985) Los Aviones Mirage El once de octubre de 1982 se autorizó la compra de los 26 Mirage por un valor de 4,564'000,000 de francos franceses. En diciembre de ese año, con los convenios Júpiter 1 y II se mandó a fabricar a las empresas francesas Dassault, SNECMA y Thomson un total de 26 aviones Mirage 2000. Dos años después, El 28 de diciembre de 1984, se elevó el valor de los aviones a 4,960'000,000 de francos franceses, mediante un convenio denominado Júpiter III. El presidente electo, Alan García Pérez, conoció o se conectó con Abdul Rahman El Assir en su periplo por Europa del mes de junio de 1985. Luego lo invitó a la transmisión de mando de ese mismo año, aunque ese no sería su único viaje en el primer año de gobierno de García. Está probado que este personaje es un conocido traficante de armas que opera principalmente en el mundo árabe. Atan García tomó la decisión de reducir el número de aviones Mirage adquiridos antes de asumir la presidencia, sin previa consulta a los mandos de la F.A.P. Las dos comisiones negociadoras que se enviaron a Paris, con respecto de los Mirage, se reunieron con Abdul Rahman El Assir, quien inclusive los invito a viajar a España en su avión particular. Surge la figura de la reventa. El Perú compraría los 26 aviones y luego los revendería a otros países. Páá giná 18
Con el convenio Júpiter IV, el Perú adquirió oficialmente sólo doce aviones y un "simulador de vuelos". Cada uno le costó 32'833,000 dólares, un precio superior al consignado en los anteriores convenios. Al sugerir la hipótesis de que la reventa sí se efectuó, miembros de las comisiones negociadoras dijeron que era imposible, puesto que el Perú no poseía los aviones: los aviones no estaban construidos. Estas afirmaciones resultan totalmente falsas si se consideran las fechas de llegada de los aviones, así como los números de serie de sus reactores. La operación dé reventa de los restantes 14 Mirage les significó una utilidad de unos 200 millones de dólares que fueron repartidos entre Atan García y sus amigos, los intermediarios árabes, funcionarios de las empresas fabricantes y funcionarios franceses, egipcios e irakíes. EL CASO MANTILLA En 1979, Agustín Mantilla se convirtió en el secretario personal y asesor de Alan García, quien por entonces empezaba a destacar por su inteligencia su capacidad oratoria y su histrionismo en la Asamblea Constituyente. A partir de entonces ambas figuras apristas se volvieron inseparables. Por ello Mantilla siguió en ese cargo de absoluta confianza hasta que García ganó las elecciones de 1985. Durante el gobierno aprista, Mantilla fue primero vice-ministro y luego ministro del interior. En los cinco años, tuvo una relación fluida con el presidente que lo seguía teniendo en su entorno más personal e inmediato. Diversos medios periodísticos vincularon a Mantilla con grupos de choque aprista que él auspiciaba, además de ser señalado como el responsable, junto con García, de crear y dirigir al grupo paramilitar Rodrigo Franco, autor de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos.
Páá giná 19
Luego del autogolpe de abril de 1992, García se escapó de forma sospechosa "saltando por los techos de las casas". Mantilla fue recluido durante quince meses en el Hospital Militar. Tras su liberación fue visto con simpatía por los militantes apristas, por lo que accedió a la secretaría general del partido. En 1995 fue elegido congresista y en ese cargo no perdió oportunidad para plegarse a la bancada fujimontesinista en diversos acuerdos relacionados a no investigar determinados casos. En marzo del 2000, en plena campaña electoral, Agustín Mantilla, entonces jefe de campaña del partido aprista, recibió de Vladimiro Montesinos 30,000 dólares para gastos proselitistas. La dirigencia aprista no tardó en separarlo "indignada" por la actitud de su ex compañero. Mantilla dice que actuó solo, sin el conocimiento de nadie ¿Se le puede creer eso? El video que reveló dicha entrega se difundió a los pocos días que García iniciaba su campaña electoral. El ex presidente dijo que lo hecho por Mantilla había sido "una cuchillada por la espalda" y reiteró que la dirigencia del APRA ignoraba este siniestro trato. Pocos días después se hizo de conocimiento público la existencia de unas cuentas en el Unión Bank of Switzerland (UBS) de 2.5 millones de dólares a nombre de Agustín Mantilla. Este no tiene como explicar la posesión de una suma tan cuantiosa. A esto hay que agregar lo sugestivo de las fechas en que se le abrieron dichas cuentas: diciembre de 1990 y enero de 1991. Nada menos que tan solo cinco y seis meses después de haber culminado el gobierno de Alan García Pérez. 6.
EL DECENIO DE FUJIMORI-MONTESINOS Primer gobierno A comienzos de 1990 llegaba a su fin el que se caracterizó por violaciones a los derechos humanos, corrupción y una hiperinflación en lo económico. La Páá giná 20
agresiva contienda electoral enfrentó en la segunda vuelta al prestigioso literato Mario Vargas Llosa, tenaz opositor al régimen, con el hasta entonces desconocido ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el cual contaba con el apoyo del gobierno a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La campaña de desprestigio desatada contra el candidato opositor y las promesas electorales de Fujimori ("honradez, tecnología y trabajo", "no shock") favorecieron a este último, que salió vencedor en las elecciones. Sin plan de gobierno y bajo sospechas de haber evadido impuestos, el nuevo presidente cayó
prontamente
bajo
la
influencia
del
ex-capitán
expulsado
del
ejército Vladimiro Montesinos Torres, que pasó a ser su asesor al desaparecer las pruebs de su evasión tributaria. Una vez en el poder, Fujimori incumplió su promesa electoral y aplicó un severo shock económico. Tras una campaña de desprestigo contra el Poder Judicial y el Congreso, al cual se acusaba de "no dejar gobernar" (pese a que el Congreso aprobó la mayor parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, excepto únicamente aquéllas que otorgaban un poder desmesurado al SIN), Fujimori y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dieron un golpe de estado el 5 de abril de 1992, aboliendo la Constitución de 1979, cerrando el Congreso e interviniendo el Palacio de Justicia, de donde fueron extraídos muchos expedientes incómodos para los golpistas. El golpe se había inspirado en el llamado "Plan Verde" documento elaborado en 1988 por un grupo de militares descontentos con el gobierno de García. Poco antes del golpe, la esposa de Fujimori, Susana Higushi, había denunciado que la hermana del presidente, Rosa Fujimori, comercializaba la ropa que donaba el Japón para los pobres, a través de la empresa Apenkai; la
Páá giná 21
denuncia fue archivada poco después del golpe y Higushi fue encerrada en Palacio de Gobierno. La población, ilusionada con el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" y ante la creciente amenaza de los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), apoyó en su gran mayoría la medida. Tras unas tímidas protestas, la OEA aceptó rápidamente la situación y no puso mayores objeciones al gobierno golpista. Se conformó entonces el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD), el cual elaboró la Constitución de 1993, que permitía la reelección presidencial inmediata para un periodo, a diferencia de la anterior, que la prohibía. La captura del líder de SL, Abimael Guzmán Reynoso, en septiembre de 1992, producto de la paciente labor del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía, que venía trabajando al mando del coronel Benedicto Jiménez desde 1988, significó el inicio del derrumbe de este grupo subversivo, lo cual incrementó la popularidad del gobierno de Fujimori. En noviembre de 1992 fue abortado un intento de golpe protagonizado por un grupo de militares liderados por el general Enrique Salinas Sedó, que buscaban restablecer la institucionalidad democrática. Al enterarse del hecho, Fujimori había intentado esconderse en la embajada del Japón. Las denuncias por los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta, llevadas a cabo por el grupo Colina, dependiente del SIN, culminaron en la "Ley de Reconciliación Nacional" (Ley 26479) aprobada en junio de 1995 por el Congreso, que amnistiaba a todos los militares acusados por violaciones a los derechos humanos. Ese mismo año, Fujimori resultó vencedor en las
Páá giná 22
elecciones
presidenciales,
tras
derrotar
al
ex-Secretario
General
de
la ONU Javier Pérez de Cuéllar en un cuestionado proceso electoral. Segundo gobierno En agosto de 1996, la mayoría oficialista del Congreso aprobó la ley 26657 denominada "Ley de Interpretación Auténtica", que pretendió justificar la postulación de Alberto Fujimori a un tercer periodo presidencial. Esta ley, sin embargo, fue muy cuestionable por las siguientes razones: La Constitución de 1993, promulgada por el mismo gobierno de Fujimori, prohíbe la segunda reelección inmediata en su artículo 112, y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Esta ley pretende hacer pasar el segundo gobierno de Fujimori (1995-2000) como si fuera el primero, basándose en la no retroactividad de las leyes, lo cual equivaldría a decir que el primer gobierno de Fujimori (1990-1995) no existió. Aun si aceptáramos que el primer gobierno de Fujimori no entra en el cómputo, este gobierno se habría dado bajo la vigencia de la Constitución de 1979, que en sus artículos 204 y 205, prohibía todo tipo de reelección inmediata. Es más, en 1995, luego de resultar electo para un segundo periodo presidencial, a Fujimori se le preguntó si podía ser reelegido otra vez. Su respuesta fue clara: "De acuerdo a la Constitución, no". En octubre de 1996, Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera (a) "Vaticano", declaró durante el juicio que se le seguía por narcotráfico, que el asesor presidencial y jefe real del SIN Vladimiro Montesinos, lo había mandado detener por haberse negado a aceptar el aumento en el cupo que le cobraba (de US$ 50 a 100 mil) por permitirle realizar sus vuelos en la selva. Los
Páá giná 23
congresistas del oficialismo salieron inmediatamente a defender al asesor, negando las versiones de "Vaticano". El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, sugirió un "control de calidad" para la prensa que informó del hecho. Poco después, "Vaticano" apareció visiblemente turbado (se comentó que por efecto de electrochoques) y demacrado, retractándose de sus afirmaciones. Montesinos no fue investigado por el Congreso ni por la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán Maguiño. Años después, tras la fuga de Montesinos, "Vaticano" se reafirmó en sus declaraciones. En diciembre de 1996, un comando del MRTA liderado por Néstor Cerpa Cartolini e integrado por 14 subversivos (entre ellos 2 mujeres), tomó la casa del embajador japonés durante una fiesta a la que habían sido invitados cientos de personas, que quedaron como rehenes. La gran mayoría de los rehenes fueron liberados en los días siguientes, quedando 172 personas. Cuatro meses después, y tras extensas negociaciones, un comando del ejército liberó a los rehenes, muriendo 1 de ellos (el vocal Carlos Giusti), 2 militares y todos los subversivos. Según ciertas versiones, algunos de los subversivos habrían sido ejecutados luego de haberse rendido. Durante la primera mitad de 1997, el programa Contrapunto de Frecuencia Latina de TV, realizó una serie de denuncias contra el gobierno de Fujimori, que incluían la tortura de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Leonor La Rosa, a manos de sus compañeros, las cuentas millonarias de Vladimiro Montesinos y la masiva interceptación telefónica que realizaba el SIN. El accionista mayoritario de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher Bronstein, fue víctima entonces de una campaña de desprestigio. A través de las revistas Sí y Gente, se le acusó de traficar armas para el Ecuador, país con el que Páá giná 24
existía un conflicto territorial; se le retiró la nacionalidad peruana que había obtenido en 1984 mediante Resolución Suprema, con una Resolución Directoral; Frecuencia Latina pasó a manos de los socios minoritarios, Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, los cuales inmediatamente cambiaron la línea informativa del canal hacia una abiertamente favorable al gobierno; la empresa de colchones Paraíso, también propiedad de Ivcher, fue objeto de presiones tributarias por parte de la SUNAT. En junio de 1997, 3 magistrados del Tribunal Constitucional (Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry) que habían declarado inconstitucional la "Ley de interpretación Auténtica", fueron arbitrariamente destituidos por la mayoría oficialista del Congreso. En julio de 1998, tras una serie de desavenencias con Fujimori, fue relevado de su cargo el Comandante General de las FF.AA. general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, socio de Fujimori y Montesinos en el golpe de 1992, y que permanecía en el cargo desde 1991. Con la caída de Hermoza, el poder de Montesinos al interior del ejército se incrementó aún más. En 1999, 13 miembros de su promoción (1966) llegaron al grado de general de división. En diciembre de 1999 el diario Liberación, de César Hildebrandt, denunció la existencia de una cuenta millonaria de Montesinos en el Banco WieseSudameris. El Fiscal de la Nación Miguel Aljovín Swayne no lo investigó y Fujimori dijo: "Montesinos es abogado supongo que tiene un buen número de clientes". Poco después, Fujimori anunció su candidatura para las elecciones presidenciales del 2000. El fraude del 2000 y la caída de la dictadura Como si no hubiese sido suficiente la ilegalidad de la candidatura de Fujimori para una tercera elección presidencial, el proceso electoral del 2000
Páá giná 25
estuvo plagado de irregularidades, tales como la falsificación de un millón de firmas para inscribir la candidatura de Fujimori, el uso de donaciones de alimentos como medio de presión a personas de escasos recursos a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), los continuos e infames ataques a los candidatos opositores desde la prensa "chicha" y la TV de señal abierta (controladas por el gobierno) y el uso de recursos del Estado para financiar la ilegal candidatura, todo con la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Poder Judicial, igualmente controlados por el gobierno. El mismo día de las elecciones (9 de abril del 2000) se dio un primer resultado de las encuestadoras que favorecía al candidato opositor Alejandro Toledo Manrique con 48% versus Fujimori con 42%, resultado que fue alterado sólo 2 horas después, invirtiéndose radicalmente las cifras (47% para Fujimori y 42% para Toledo), aumentando el porcentaje del candidato presidente durante los siguientes días hasta llegar a 49.9%, en un obvio intento de tergiversación para otorgarle el "triunfo" en primera vuelta con más del 50% de los votos válidos. Sólo las movilizaciones de la ciudadanía y la presión de los organismos nacionales e internacionales pudieron detener la consumación del fraude en primera vuelta. Hubieron más de 1600 denuncias de irregularidades (150 del Foro Democratico, 690 de Transparencia, 200 de la Defensoría del Pueblo y 600 del Consejo por la Paz), como propaganda oficialista en los mismos centros de votación, cédulas recortadas en las que faltaba el candidato Toledo, obstáculos contra el trabajo de los observadores y el sorprendente exceso de un millón de votos con respecto al número total de sufragantes.
Páá giná 26
Por otro lado, los resultados de la investigación de las firmas falsificadas, a cargo de la fiscal Mirtha Trabucco, fueron programados para después de la primera vuelta, y luego de conocerse la fecha para la segunda vuelta, fueron postergados hasta después de la misma, en una clara maniobra de encubrimiento. Es más, pocos días antes de la fecha fijada por el JNE para la segunda vuelta, la fiscal Trabucco acusó a los mismos que habían denunciado la falsificación, sin tocar a los principales sospechosos. El JNE aceptó de inmediato los resultados de la ONPE, sin dar oportunidad a las tachas que pudieran presentarse, y fijó la fecha de la segunda vuelta para el 28 de mayo. La guerra sucia de la TV y los diarios "chicha" continuó y no hubo cambio de los cuestionados miembros de la ONPE y del JNE. Frente a esto, Alejandro Toledo decidió no participar en la segunda vuelta si es que no había una prórroga y un cambio radical de las condiciones electorales. El JNE, desoyendo el pedido de Toledo, de la Misión de Observadores Electorales de la OEA, del NDI - Centro Carter y otros organismos nacionales e internacionales se negó a postergar la fecha de la segunda vuelta, dejando así a Fujimori como único candidato para las "elecciones" del 28 de mayo, en las cuales se proclamó como "vencedor". 7.
CASO DE CORRUPCION EN EL GOBIERNO DE TOLEDO Si bien durante el gobierno de Alejandro Toledo no s eregistraron casos agravantes o resaltantes de corrupcion durante su mandato en la actualidad si el ex presidente pisa el Perú será arrestado. En los últimos dos meses, el Poder Judicial ha dictados dos pedidos de prisión preventiva contra el ex presidente (2001-2006), cada uno de 18 meses. Uno es por el caso Odebrecht y otro por Ecoteva. En la Fiscalía están convencidos que se trata de un mismo caso, pero por ahora maneja cada uno separado. Páá giná 27
El caso Odebrecht. El ex director ejecutivo de la constructora brasileña, Jorge Barata, les dijo a las autoridades judiciales de Perú y Brasil que sobornó a Toledo con el pago de 20 millones de dólares. El dinero era para asegurar la construcción del tramo II y III de la Carretera Interoceánica. El testimonio coincide con la confesión que Marcelo Odebrecht dio al Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del año pasado. La entrega se habría realizado de manera escalonada entre 2005 y 2008. El diario Correo, citando fuentes judiciales, asegura que el pago se hizo a través de una cuenta del Citibank a nombre de Josef Maiman, empresario israelí y amigo de Toledo. En el esquema que plantea la Fiscalía, el dinero era dado a Maiman, quien luego lo entregaba al expresidente a través de distintas inversiones. La empresa brasileña Odebrecht admitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 29 millones de dólares a importantes funcionarios peruanos, entre 2005 y 2014, para ganar licitaciones en obras de construcción. El caso Camargo Correa - ECOTEVA. La fiscal Rosana Villar Ramírez está a cargo del caso de la supuesta entrega de sobornos de la constructora brasileña Camargo Correa para obtener el tramo IV de la Interoceánica. Según su investigación, la figura habría sido la misma que en el caso Odebrecht: el dinero fue depositado en una cuenta de un banco del Reino Unido, que está a nombre de Josef Maiman. Según la Fiscalía, el dinero era luego canalizado a través de ECOTEVA, una empresaoffshore fundada por el empresario en Costa Rica. Con esos fondos se compró a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, una casa en Las Casuarinas y una oficina en Surco. Ambas propiedades suman un valor Páá giná 28
de 5 millones de dólares. El dinero también se usó para pagar la hipoteca de la casa del ex presidente en Punta Sal. Maiman admitió este último pagó, pero le dijo al Poder Judicial del Perú que Ecoteva no es una fachada para lavar dinero. (procesos que continúan en la actualidad)
CONCLUSIONES
Sin duda, la corrupción alcanza todos los niveles en el Perú y es algo repetitivo que se puede observar en nuestra historia. El Estado se encuentra profundamente afectado por este flagelo: ex presidentes de la República, ex gobernadores de los gobiernos regionales, alcaldes, ex ministros de Estado, ex magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, militares y policías del más alto rango, entre muchos otros, han terminado procesados y condenados por graves actos de corrupción. Las causas u orígenes de la corrupción en la administración de justicia no sólo se dan en nuestro país, sino de cualquier país en el mundo y son tan complejas como lo es la propia naturaleza humana. Se ha demostrado que el ser humano alcanza niveles de desarrollo evolutivo o involutivo como consecuencia de largos procesos de aprendizaje y este aprendizaje es el resultado de la capacidad de imitación que tiene el hombre como ente social. La degradación de la política y el ejercicio del poder político nacional, regional o local, ha fomentado la aparición de infinidad de organizaciones ilícitas para delinquir bajo la mascareta de organizaciones o movimientos políticos. Esta es una de las Páá giná 29
razones fundamentales por las cuales los gobiernos son cada vez menos capaces de tomar decisiones necesarias para afrontar con eficacia los problemas 109 de corrupción generalizado en todo el país. La política entendida como ciencia, se ha deteriorado volviéndose un accionar que ha perdido todo valor humano y ético. El dinero se ha convertido en poder político. La ambición por el poder político fluye en quienes tienen más dinero, sea dinero adquirido en forma lícita o ilícita REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEGOVIC, Boris 2005 “Corrupción: conceptos, tipos, causas y consecuencias”. En Documentos CADAL. Año III, N° 26. Consulta: 11 de agosto de 2015. http://www.cadal.org/documentos/nota.asp?id_nota=1410 CONTRERAS, Carlos. La república: Siglo de corruptela, en PuntoEdu. Año 9, Nº 281, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, junio 2013, p. 3. DU PUIT, José S/A Corrupción: en el Perú: breve reseña histórica. Consulta: 03 de octubre de 2015. https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1995_06.pdf GRAY W. Cheryl y KAUFMANN, Daniel 1998 “Corrupcion y desarrollo”. Finanzas y desarrollo. Consulta: 10 de octubre de 2015. http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resourc es/gray_spanish.pdf HUBER, Ludwig 2005 Una interpretación antropológica de la corrupción. Lima: IEP. Fecha de consulta: 15 de octubre del 2015. http://www.cies.org.pe/files/documents/investigaciones/descentraliza cion/unainterpretacion-antropologica-de-la-corrupcion.pdf UGAZ, José 2013 “Presentación del libro: Historia de la corrupción en el Perú”. “Mesa redonda” presentada en la Feria internacional del libro: [videograbación]. Consulta 2 de octubre de 2015. Páá giná 30
IEP
< https://www.youtube.com/watch?v=XlaHqJsXR5I> LABAQUI, Ignacio 2003 “Las causas de la corrupción: un estudio comparado”. Colección. Año IX, N°14, pp 155-196. Consulta: 13 de setiembre de 2015. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2329000 MUJICA, Jaris 2005 Relaciones Corruptas: Poder Autoridad y Corrupción en los Gobiernos Locales. Fecha de consulta: 12 de octubre del 2015. http://siare.clad.org/fulltext/0052009.pdf PANFICHI, Aldo y ALVARADO, Mariana
2011 “Corrupción y gobernabilidad”.
Consorcio de investigación económica y social/Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Consulta: 15 de setiembre de 2015. http://elecciones2011.cies.org.pe/documentos-depolitica/corrupcion-
y-
gobernabilidad.html WILLAQNIKI 2013 Conflictos sociales y corrupcion en el Perú. Décima tercera edición. Lima. Consulta: 15 de agosto de 2015. QUIRÓZ, Alfonso 2013 Historia de la corrupción en el Perú. Lima. Biblioteca Nacional
Páá giná 31
Páá giná 32
