REQUERIMIENTO FISCAL N°02-REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
Carpeta Fiscal N°: 506010149-2017-472-0 Imputado: Bruno Francesco Arellano Salazar (20) Delito: Contra la Salud Pública – – Tráfico Ilícito de Drogas – – Posesión de Cannabis Sativa con Fines de Comercialización. Agraviado: El Estado Asunto: Requerimiento de Prisión Prisión Preventiva.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIMA: OSCAR ANIBAL ZAVALLOS PALOMINO, Fiscal Provincial Titular de la Cuadragésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima, teléfono fijo 2085555 Anexo 5549, celular 965481681, correo electrónico
[email protected] señalando domicilio procesal en el Edificio del Ministerio Público, ubicado en la Avenida Abancay cuadra 05, oficina N° 700-séptimo 700-séptimo piso, cercado cercado de Lima, a usted digo: Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 268° del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 (vigente desde el 20 de agosto del 2013 en virtud a la Ley N°30076), solicito SE DICTE MANDATO
DE PRISIÓN PREVENTIVA, contra el imputado: Bruno Francesco Arellano Salazar (20) , identificado con DNI N°77680521, sexo masculino, nacido el 14 de abril de 1997, natural de Lima, hijo de don Samuel y doña Elsa Gladys, estado civil soltero, de estatura 1.65 mts, con grado de instrucción cuarto año de secundaria, ocupación obrero, con domicilio en la Avenida del Aire N°1025 – N°1025 – Condominio Condominio del Aire, Block I-1, Dpto. 301-Distrito de San Luis, con teléfono celular N° 946587041, sin correo electrónico, con abogado defensor, Dr. ___________________, C.A.L. N°_______, con correo electrónico:
[email protected] electrónico:
[email protected],, casilla electrónica N°_____ del Poder Judicial, con teléfono celular N°999999999, domicilio procesal: Jr. _________________________ __________________________. _.
Como presunto autor del delito contra la Salud Pública – Pública – Tráfico Tráfico Ilícito de Drogas – Posesión del Cannabis Sativa – Marihuana con fines de comercialización,
en agravio del Estado, en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:
I. IMPUTACIÓN: Se imputa a Bruno Francesco Arellano Salazar (20), haber sido intervenido en posesión de hierbas secas, semillas y tallos al parecer de Cannabis Sativa, presuntamente con fines de comercialización. Practicado el análisis químico a la droga incautada se ha determinado que corresponde a Cannabis Sativa con un peso neto de 160.0 gramos.
II. FUNDAMENTOS DE HECHO: Que, el denunciado Bruno Francesco Arellano Salazar (20), fue intervenido en posesión, en el interior de su pantalón jeans azul a la altura de sus genitales, de una bolsa de plástico, color negro, conteniendo en su interior hierbas secas, semillas y tallos al parecer de Cannabis Sativa, presuntamente con fines de comercialización, hecho ocurrido el día de 07 de junio de 2017, a horas 19:05 aproximadamente, en la intersección de la Av. Nicolás Arriola con la Av. San Luis – Distrito de San Luis.
III. CALIFICACIÓN JURÍDICA El hecho denunciado se encuentra debidamente tipificado como delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas – Posesión de Cannabis Sativa – Marihuana con fines de comercialización, se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 296° del Código Penal.
Sobre la autoría: La imputación contra el imputado es a título de autor, conforme el artículo 23° del Código Penal vigente, el cual establece que: “El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción.”
IV. FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO DEL MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA Siguiendo los lineamientos establecidos por la Casación N°626 – 2013/ Moquegua, dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2016, la misma que establece como Doctrina Jurisprudencia vinculante una serie de sus fundamentos, dentro de ellos el vigésimo cuarto, que
establece que el debate en torno al dictado de la prisión preventiva se dividirá necesariamente en cinco partes, la existencia: i) De los fundados y graves elementos de convicción, ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años, iii) De peligro procesal, iv) La proporcionalidad de la medida y v) La duración de la medida.
A) FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ESTIMAR RAZONABLEMENTE LA COMISIÓN DE UN DELITO QUE VINCULEN AL IMPUTADO COMO AUTOR O PARTÍCIPE DEL MISMO: 1. El mérito del Atestado N° 041 – 2017 – REGPOL – LIMA – DIVTER – ESTE.2 – CSL – SEINCRI procedente de la Comisaría de San Luis, suscrito por el SOT PNP Benjamín A. Núñez Tenorio, donde narra la forma, modo y circunstancias de cómo sucedieron los hechos. 2. Acta de Registro Personal e Incautación de fojas39, en la que se detalle que se encontró en poder del denunciado, en el interior de su pantalón jeans azul a la altura de sus genitales, una bolsa de plástico, color negro, conteniendo en su interior hierbas secas, semillas y tallos al parecer de Cannabis Sativa.
3. La manifestación policial del CAP PNP Javier Miñano Rodríguez (39) de folio 16/17, quien refiere que el día 07 de junio de 2017, a horas 19:05 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba al mando de dos sub – oficiales de la oficina de inteligencia Divter E2 a bordo de un vehículo particular, divisó en las inmediaciones de la intersección de la Av. Nicolás Arriola con la Av. San Luis – Distrito de San Luis, observó al denunciado Bruno Francesco Arellano Salazar (20) abordar raudamente el vehículo, station wagon, color guinda, de placa de rodaje D4Y – 667, por lo que logran interceptar a dicho automotor en la intersección de la Av. San Luis con la Av. Nicolás Arriola, por lo que al realizar el registro personal al denunciado se encontró en posesión, en el interior de su pantalón jeans azul a la altura de sus genitales, de una bolsa de plástico, color negro, conteniendo en su interior hierbas secas, semillas y tallos al parecer de Cannabis Sativa.
4. La manifestación policial del efectivo policial Pablo Yncio Espinoza (51) de folios 18/19, sub – oficial de la oficina de inteligencia Divter E2, quien refiere que el día 07 de junio de 2017, a horas 19:05 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba a bordo de su vehículo particular en compañía de Fernando Brenghy Puma Blas y del CAP PNP Javier Miñano Rodríguez, divió en las inmediaciones de la intersección de la Av. Nicolás Arriola con la Av. San Luis – Distrito de San Luis, observó al denunciado Bruno Francesco Arellano Salazar (20) abordar raudamente el vehículo, station wagon, color guinda, de placa de rodaje D4Y – 667, por lo que logran interceptar a dicho automotor en la intersección de la Av. San Luis con la Av. Nicolás Arriola, por lo interior de su pantalón jeans azul a la altura de sus genitales, de una bolsa de
plástico, color negro, conteniendo en su interior hierbas secas, semillas y tallos al parecer Cannabis Sativa.
5. La manifestación policial del efectivo policial Fernando Brenghy Puma Blas (24) de folios 20/21, sub – oficial de la oficina de inteligencia Divter E2, quien refiere que el día 07 de junio de 2017, a horas 19:05 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba a bordo de un vehículo particular en compañía de Pablo Yncio Espinoza y del CAP PNP Javier Miñano Rodríguez, divisó en las inmediaciones de la intersección de la Av. Nicolás Arriola con la Av. San Luis – Distrito de San Luis, por lo que al realizar el registro personal al denunciado se encontró en posesión, en el interior de su pantalón jeans azul a la altura de sus genitales, de una bolsa de plástico, color negro, conteniendo en su interior hierbas secas, semillas y tallos al parecer de Cannabis Sativa. Asimismo, afirma haber elaborado el Acta de registro personal del denunciado Bruno Francesco
Arellano Salazar (20) 6. A folios 43, corre el Resultado Preliminar de Análisis Químico de Drogas N° 7166/17, practicada a la droga incautada a Bruno Francesco Arellano Salazar (20), el mismo que arroja un peso neto de 160.0 gramos de Cannabis Sativa.
7. La manifestación policial del imputado, Bruno Francesco Arellano Salazar (20), de fojas 26/29, contando con la participación del representante del Ministerio Público, refiere que el día de los hechos se encontraba caminando por el Colegio Vallejo con dirección a su domicilio y su padre Samuel Arellano Hidalgo fue a recogerlo en su vehículo, para luego al pasar por la intersección de la Av. México y Av. San Luis un auto blanco les cerró el paso y el realizar el registro personal le encontraron una bolsa que contenía marihuana y que tenía escondida dentro del pantalón a la altura de los genitales. Asimismo, afirma que dicha droga la adquirió por un valor se sesenta soles de un sujeto conocido como “gordo” para su consumo personal ya que señala ser consumidor habitual de marihuana; y, niega dedicarse a la comercialización de droga.
B) LA SANCIÓN A IMPONERSE RESULTA SUPERIOR A CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Teniendo en cuenta que el delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas – Posesión de Cannabis Sativa – Marihuana con fines de comercialización, previsto en el segundo párrafo del artículo 296° del Código Penal, establece como sanción “pena privativa de la libertad no menor de SEIS (06) años ni mayor de DOCE (12) años.” En el presente caso los cuatro años de pena privativa de la libertad exigidos por la norma procesal penal son superados en demasía, si tenemos en consideración el mínimo legal establecido en el mencionado tipo penal. Que, a pesar que el detenido contaba con veinte años de edad al momento de la comisión de los hechos, no es posible la aplicación del
artículo 22° del Código Penal, en tanto que en el segundo párrafo del mismo artículo lo excluye por tratarse del delito de tráfico ilícito de drogas.
C) PELIGRO PROCESAL: QUE EL IMPUTADO, RAZÓN A SUS ANTECEDENTES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO PARTICULAR, PERMITA COLEGIR RAZONABLEMENTE QUE TRATARÁ DE ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA (PELIGRO DE FUGA) U OBSTACULIZAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD (PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN): PELIGRO PROCESAL “STC EXP. 3629 – 2005 – PHC/
TC Puno, David Anibal Jiménez
S ardón, F. J . 6 “Este Tribunal considera que la existencia o no del peligro procesal debe determinarse a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso y que están ligadas, fundamentalmente con los antecedentes del procesado, su situación profesional, el cargo que detenía, su situación familiar y social dentro de la comunidad con las actitudes y valores morales del procesado, su ocupación, sus bienes sus vínculos familiares y todo otro factor que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la libertad del inculpado, previa a la determinación de su eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de la labor de investigación y la eficacia del proceso, además deben existir elementos que permitan prever que el imputado cometa actos que perturben la actividad probatoria.” En ese sentido, para calificar el peligro de fuga, el artículo 269° del citado cuerpo normativo, establece que el juez tendrá en cuenta:
Peligro de Fuga: El arraigo del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, as iento de la familia y de s us neg ocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
1. Arraigo Domiciliario.En su manifestación policial (fojas 26) señala como su domicilio: Avenida del Aire N° 1025 – Condominio del Aire, Block I – 1, Dpto. 301 – Distrito de San Luis; sin embargo, al realizarse la comprobación domiciliaria (fojas 54), diligencia en la que participó Zelaida Felicia Salazar Peredes, con DNI 07434740, tía del imputado, no obstante, no ha demostrado documentalmente si se encuentra viviendo en calidad de poseedor o propietario del mismo; situación que perite concluir a este Ministerio que el imputado no cuenta con arraigo domiciliario.
Por lo que, teniendo en cuenta la Resolución Administrativa N°325 2011-P J ; (Circular de Prisión Preventiva), de fecha 13 de setiembre del 2011, la misma que en su considerando séptimo, establece en términos generales: “No existe ninguna razón jurídica no legal para entender que la presencia de algún tipo de arraigo descarta la utilización de la prisión preventiva… el arraigo no es un concepto o requisito fijo que pueda evaluarse en términos absolutos… toda persona, aun cuando se está frente a un indigente, tiene algún tipo de arraigo… Por ejemplo, es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia, etcétera. Tal razonamiento no se sostiene desde la perspectiva del Derecho Procesal, pues la norma no exige evaluar la existencia o inexistencia de un presupuesto sino importa ponderar la calidad de arraigo. Es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de intereses, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado…”
2. Arraigo Familiar.En su manifestación policial (fojas 26) señala laborar como ayudante de puntura en una imprenta de forma esporádica; sin embargo, no ha acreditado de forma documentaria; situación que permite concluir a este Ministerio que el imputado no cuenta con arraigo laboral a la fecha de ocurridos los hechos. Por lo que no se desprende que pueda ser localizado cuando sea requerido por la autoridad policial y/o judicial, por el contrario denota que es una persona al margen de la ley, por lo que este arraigo tampoco se encuentra probado, asimismo se debe tomar en cuenta la gravedad del delito cometido, por lo que carece de arraigo laboral.
D) GRAVEDAD DE LOS HECHOS 1. La magnitud del daño caus ado y la aus encia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo . Aquí debe tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad del delito de tráfico ilícito de drogas, en tanto que el denunciado fue intervenido en posesión de ciento sesenta gramas de peso neto de cannabis sativa, con lo cual se demuestra la magnitud del daño causado, por la repercusión que produce la droga.
2. E l comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proc edimiento anterior, en la medida que indique s u voluntad de someters e a la pers ecución penal. Que en el presente caso el denunciado no cuenta con antecedentes ni requisitorias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a pesar de la cantidad de droga incautada (ciento sesenta gramos de cannabis sativa) al denunciado, este niega que se dedique a la comercialización, por lo que se desprende que intentara a negarse al sometimiento de la persecución penal.
Peligro de Obstaculización: Respecto al peligro de obstaculización, regulado en el art. 270° del Código Procesal Penal, el Juez debe tener en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:
1. Des truirá, modificará, ocultará, s uprimir á o falsificará elementos de prueba. 2. Influirá para que coimputados , testig os o peritos informen falsamente o se comporten de manera des leal o reticente. 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos .
En estos aspectos, resulta evidente que el denunciado por su actual situación, se encuentra en posibilidad de obstaculizar la acción de la justicia, en tanto este niega que la droga incautada sea para comercialización y que era para su inmediato consumo toda vez que sería consumidor habitual y que habría estado internado en un centro de rehabilitación, sin embargo al no haber presentado documentación que acredite ello, es probable que presente documentación fraudulenta o testigos inducidos para acreditar dicha versión. Al respecto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitió la Resolución Administrativa N°325-2011-P-PJ (Circular sobre Prisión Preventiva), de fecha 13/09/11, y estableció que la prisión preventiva sólo puede tener fines procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo, la presencia del imputado y el resultado del proceso penal.
S TC E xp. 0019 – 2005 –PI/TC Li ma del 21 de julio del 2005. F.J . 7 “La detención preventiva es una medida cautelar limitativa del derecho fundamental a la libertad personal, válida en la medida de que se encuentre en riesgo el éxito del proceso penal, sea porque existe certeza o presunción fundada y razonable de que se pretende obstruir la actividad probatoria, sea porque se tienen los mismos elementos para tener la evasión en la aplicación de un eventual sentencia condenatoria; y siempre que su dictado resulte compatible con los
principios de subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad (Caso Silva Checa. STC 1091 – 2002 – HC, Fundamento y 5 y siguientes)”
E) PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA El derecho a la libertad es una garantía fundamental reconocida constitucionalmente en el artículo 20° y el artículo 7.1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo este derecho no es de carácter absoluto irrestricto, pues se admite que en ciertas circunstancias pueda ser restringido, en salvaguarda de intereses sociales de mayor valor. El Principio de Proporcionalidad en la Constitución Política de 1993, está regulado en su artículo 2° inciso 24, parágrafo “a” y “e”; en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 3° y 11°; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9° inciso 3° y 14° inciso 2° y en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Artículo 7° Inciso 2° y 8° inciso 2. Una medida que respete este principio debe ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto; esto es que supone llevar a cabo un juicio de ponderación en el caso concreto, entre la gravedad o intensidad de la intervención y el peso de las razones que la justifican. Para respetar la exigencia de proporcionalidad strictu sensu, la medida cautelar adoptada no podrá suponer una injerencia (ni cualitativa ni cuantitativa) superior a la pena prevista para el hecho enjuiciado. Es decir, la medida cautelar no puede tener como objeto la injerencia en un derecho “más valorado” que el derecho que se restringe con la pena, ni por un tiempo superior al que pueda durar la misma. Para el análisis de la proporcionalidad strictu sensu ha de entenderse como límite la pena legalmente prevista para el hecho enjuiciado y, además el límite inferior de la misma. La proporcionalidad en sentido estricto de la medida cautelar, tiene diversos pasos a seguir: determinar las magnitudes que deben ser ponderadas en caso de los derechos fundamentales en pugna; comparar dichas magnitudes a fin de determinar cuáles de ellas son más importantes en su realización; y construir una relación de procedencia condicionada entre las magnitudes en juego en este caso entre los derechos fundamentales con base en el resultado de la comparación llevada a cabo en el segundo paso. Si el dictado de la prisión preventiva supera el primer test su objeto posibilita que se cumplan con los fines constitucionalmente perseguidos por el proceso penal. En segundo nivel solamente será superado si la
prisión preventiva es el medio más idóneo para asegurar que se cumpla con el proceso penal. El tercer nivel se verifica en la mediad en que la prisión preventiva sea la última ratio del sistema en aquellos casos en donde es ostensible que la libertad del acusado implica un peligro procesal. En el presente caso, al analizar la prognosis de pena hemos establecido que el límite inferior de la pena prevista para el delito denunciado, Tráfico Ilícito de Drogas – Posesión de Cannabis Sativa – Marihuana con
fines de comercialización (06 años), en consecuencias se supera largamente el requisito de la pena superior a cuatro años de pena privativa de libertad. Y si se tiene en cuenta que el delito es consumado y que la pena del tipo penal es de un máximo de doce años, situación que aunada al peligro procesal ya advertido y al aseguramiento de la presencia del imputado en el proceso, tanto en la fase de instrucción judicial como en la etapa de juzgamiento, hacen idónea y necesaria la medida de prisión preventiva solicitada.
F) DURACIÓN DE LA MEDIDA En cuanto a la duración de la medida, teniendo en cuenta que el presente caso se encuentra sujeto a las reglas del proceso ordinario, y que la presencia de los imputados tiene que ser garantizada en la etapa de instrucción y también en la etapa del juzgamiento, este Ministerio solicita que la prisión preventiva se dicte por el plazo de 9 MESES.
POR LO TANTO: Solicito
a
Usted
señor
Juez
se
sirva
DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTICA contra el denunciado, Bruno Francesco Arellano Salazar (20), por el TÉRMINO DE NUEVE MESES, previa la audiencia que se deberá señalar.
Lima, 14 de junio de 2017
