LA NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA Mejoramiento del funcionamiento de los tribunales de justicia en Guatemala En octubre de 1999 se puso en vigor la Carrera Judicial y en febrero se publicó su Reglamento. Como parte de dicha ley, se formó el Consejo de la Carrera Judicial que tiene a su cargo el reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del desempeño y disciplina judicial, aplicable a magistrados y jueces del Organismo Judicial. Gracias a que al simplificar los trámites, mejorar el sistema de notificaciones y la asignación de demandas, se han agilizado los procesos judiciales. La sociedad civil contribuye al fortalecimiento de la función judicial y acceso a la justicia. Se llama Sociedad Civil al conjunto de individuos que se unen por un interés común y de manera espontánea, como organización o grupo. No puede funcionar en un país que no sea democrático, porque es un grupo intersectorial y participativo, que se fortalece dentro de un ambiente de libertad para organizarse, tomar decisiones y realizar acciones.
EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN GUATEMALA
Es importante descentralizar los servicios de administración de justicia oficial a comunidades de difícil acceso, tomando en cuenta las características culturales y lingüísticas de cada lugar y en armonía con el fortalecimiento del derecho indígena. Diseñar, efectivamente la implementación de políticas públicas de carácter integral, orientadas a mejorar el acceso a la justicia, particularmente de las personas más desfavorecidas. Es necesario que las autoridades de las instituciones del sistema de justicia, además de voluntad política, estén dotadas de adecuadas asignaciones presupuestarias; correspondiendo correspondiendo a cada una de ellas velar por la optimización, transparencia y buena ejecución presupuestaria de sus recursos financieros. Combate contra la impunidad
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Institucional El Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Institucional se refiere a las tareas de la Secretaría vinculadas con la dotación -a la Administración Públicade enfoques conceptuales, metodológicos y técnicos que posibiliten a cada organismo la revisión crítica de su accionar y la adopción de modalidades de gestión eficaces.Eje de combate a la corrupción
Fortalecimiento de la función judicial y acceso a la justicia. El ejercicio ciudadano organizado
La sociedad civil está conformada por: • Asociaciones
Organizaciones comunitarias • Movimientos sociales • Sindicatos • Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) • Organizaciones de caridad • Fundaciones empresariales • Instituciones académicas • Grupos que representan diferentes etnias • Grupos religiosos laicos, asociaciones de mujeres, etc.
El acceso a los pueblos indígenas a la justicia es uno de los compromisos pendientes. Este tema incluye capacitación para los operadores de justicia en materia de cultura e identidad de los pueblos indígenas, normas y mecanismos que regulan su vida en comunidad.
Las reformas promovidas por los Acuerdos de Paz para favorecer el acceso a la justicia, se centraron principalmente en los aspectos siguientes: • • Ampliación de la cobertura geográfica de las instituciones de justicia. • • Impulsar servicios de asesoría gratuita par a personas de escasos recursos
económicos. Así también el establecimiento del servicio público de defensa penal. • • Funcionamiento de los servicios de justicia con pertinencia lingüística y
cultural: o sistema de capacitación y selección de intérpretes judiciales y operadores de justicia de y para idiomas indígenas; o aplicación del peritaje cultural; o programas permanentes de para operadores de justicia de sensibilización sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas
, en especial En el conocimiento de sus normas y procedimientos que regulan su vida comunitaria. • Respeto y conocimiento sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos
indígenas, en especial de sus normas y procedimientos que regulan su vida comunitaria. • Ampliación y reconocimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. • Agilización de los procesos judiciales y excelencia profesional de los operadores de justicia. La COPRET en cumplimiento de los lineamientos y recomendaciones emanados de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción CNUCC- y la Convención Interamericana contra la Corrupción -CICC-, ratificadas Decreto número 91-2005 y Decreto número 15-2001, respectivamente, ha coordinado e implementa diversas acciones: • Firma de Convenio Interinstitucional a través de los Órganos de Control Superior: Organismo Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, y otras instituciones relacionadas con el combate a la corrupción, el cumplimiento de las Convenciones Internacionales. Para lo cual el 28 de noviembre de 2013 se firmó un Convenio Interinstitucional con dichas instituciones que tiene como objetivo establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir y sancionar la corrupción en Guatemala. • Entrega a la Organización de Estados Americanos –OEA- del Informe de País
a través del formato estándar de Cumplimiento del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción MESICIC. Marzo 2,014. • Entrega de la Autoevaluación de País a través del Software OMNIBUS del
cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción CNUCC. Agosto 2,014. • Instauración de la Mesa de Implementación de la Iniciativa de Recuperación
de Activos Robados STAR, conformada por delegados de Organismo Judicial, Ministerio Público, SAT, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, COPRET y otras instituciones. Logros importantes. • 63 Sanciones administrativas. • 98 Resoluciones con recomendaciones. • 3 sentencias sancionatorias,
• Participación en la capacitación para la recuperación de Activos Robados en
el extranjero. Iniciativa STAR • Entrega del informe de país con MESICIC-OEA en Marzo de 2014. • Cumplimiento con la auto evaluación de país a través del sofftware de
OMNIBUS sobre el cumplimiento de la .Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en Agosto de 2014. El Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada acreditada en el país, oficializó un aporte de US$4 millones para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a efecto de combatir la impunidad. En la actividad participó Stephen G. McFarland, embajador de Estados Unidos de América; Francisco Dall’Anese Ruiz, jefe de la CICIG, y René Mauricio Valdés, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. El embajador McFarland reiteró el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a la CICIG,debido a que esta entidad es fruto del largo trabajo de los guatemaltecos, quienes buscaban mejorar la situación de impunidad e inseguridad que afectaba al país. “El trabajo de la CICIG es de suma importancia, porque e n sus tres años de
funcionar en el país ha contribuido a investigar casos emblemáticos y afianzar con el Estado de Guatemala los mecanismos judiciales del Ministerio Público, Organismo Judicial y de la Policía Nacional Civil”, expresó el embajador McFarland. Uno de esos enfoques es la gestión por resultados, que apunta a la eficacia y, en forma central, aspira al logro de los propósitos y objetivos que son la razón de ser de las estructuras administrativas del sector público. Para ello, fomenta la planificación y la responsabilización de los funcionarios por los resultados de su gestión. Exige, a su vez, metas establecidas con claridad, buenos sistemas de comunicación interna, monitoreo, petición y rendición de cuentas por resultados y un sistema de incentivos acorde. Por ello, es necesario instrumentar el planeamiento estratégico como una herramienta ordenadora y sistematizadora de fines y medios para que éstos estén en una relación de correspondencia y hagan posible una gestión con unidad de concepción y de acción del conjunto de la Administración Pública. El aporte fundamental de la Secretaría se orienta a optimizar los sistemas transversales, también llamados sistemas administrativos comunes. Estos sistemas se refieren al conjunto de actividades (desde el planeamiento, hasta la evaluación y control) que se realizan indistintamente en todas las dependencias y jurisdicciones del sector público para administrar los recursos humanos, financieros, materiales, de servicios generales, de difusión o de revisión de legalidad de actos administrativos.
En este sentido, propiciamos la instrumentación de herramientas innovadoras de la gestión y brindamos asistencia técnica para informar, difundir, asistir y transferir al sector público nacional las metodologías que han tenido comprobada eficacia para mejorar las acciones que realizan las diferentes áreas de la Administración Pública Sistema de Justicia Indígena. El sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos Jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas en acceso a la jurisdicción del estado en materia de justicia, sustentando en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su comunidad. Todo el procedimiento se realiza de manera oral, a excepción de un acta transaccional, esto se hace solamente por hacer constar los compromisos de las partes y como memoria de la asamblea. La Justicia indígena, sin embargo no existe como resultado de una decisión de política legislativa motivada en criterios técnicos o de eficiencia, sino que nace del reconocimiento de un derecho, cuyo titular es un ente colectivo: el pueblo indígena “el pueblo indígena”. Es un producto de un pueblo o comunidad
indígena que por muchos años ha reservado su sistema de administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. La justicia indígena es un conjunto de elementos inherentes a la existencia y aplicación de las normas de origen consuetudinario, que busca reestablecer el orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios comunitarios; Principios Fundamentales: ama killa, ama llulla, ama shua; Solidaridad, Reciprocidad y Colectividad. 2.- La administración y aplicación de la Justicia Indígena La Justicia Indígena, tiene su origen legal en la nueva constitución Política del estado de 1998. A partir de este año, la Constitución Política del Estado da un giro de trascendental importancia en cuanto a reconocimiento de derechos a favor de los diversos pueblos indígenas. Es asi como reconoce a un sujeto distinto, que es el colectivo, como entidad u organismo que vida propia y han reivindicado derechos a lo largo de las últimas décadas, en aras de lograr un trato distinto del Estado y tener una administración de justicia propia de acuerdo a sus usos y costumbres. En las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas existe el derecho indígena, de transmisión oral, que responde más a un código moral de justicia y está basado en las costumbres y tradiciones”. Estas comunidades indígenas, a
través de sus autoridades de las comunidades, pueblos o nacionalidades practican la justicia indígena y la mediación, basados en sus costumbres y tradiciones. Las prácticas de la administración y aplicación de la justicia indígena se realizan recordando la memoria de nuestros antepasados, como lo hacían cuando alguien cometía algún daño o causaban problemas dentro de la familia o dentro de la comunidad o de la colectividad indígena. La administración de
justicia indígena varía en cada comunidad, pueblo o nacionalidad. La función Judicial, no garantiza la justicia social, mas bien aumenta la desconfianza, la corrupción y la delincuencia. Hoy en día, la aplicación de la justicia indígena ha dado muchísimo resultado, por conseguir en la conducta de la persona y han logrado solucionar los problemas en corto tiempo. Es mas, actualmente no hay ni la Corte Suprema de Justicia. En el pueblo Maya, “durante las noches se realizaba en encuentro alrededor
del fuego,cuando los nietos escuchaban atentamente los consejos de los abuelos, de cómo regir la vida, de cómo comportarse con los otros, de la necesidad de respetar de respetar a los otros, por qué el respeto hacia unos mismo: la necesitad de respetar y cuidar el universo, la Madre Naturaleza. Por qué es la garantía de vivir”. El respeto es el principio fundamental en las
comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, transmitida oralmente de generación en generación hasta nuestros días. Fortalecimiento Judicial Recientemente fue aprobado por el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un acuerdo para crear una comisión de carácter internacional, cuya responsabilidad sería investigar el fenómeno de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan con total impunidad en el país. El texto deberá ser firmado por las partes y remitido al Congreso de la República para su discusión y aprobación. Éste constituye el segundo intento del Gobierno y la ONU de crear una comisión de esta naturaleza. El primero de ellos, la propuesta de conformar la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), culminó sin éxito en el 2004, luego de que la Corte de Constitucionalidad, en atención a una opinión consultiva solicitada por el Presidente de la República, declaró inconstitucional algunos elementos de la propuesta original. Más allá de los problemas de orden constitucional, la CICIACS se había configurado como un instrumento para investigar y perseguir a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que generan violencia política, a partir de la definición de los sujetos pasivos que sufrían estos hechos al momento de la formulación de la propuesta, en el año 2002. Desde entonces se ha constatado que las víctimas de este tipo de violencia varían en función de las coyunturas políticas y los procesos que se desarrollan en el país 2 , lo cual no implica que estas manifestaciones respondan a fenómenos distintos. En el fondo, lo que persiste es un patrón sistemático de violencia política generado por estructuras que operan desde la clandestinidad y que se activa o desactiva según sea el caso. En tal sentido había una clara necesidad de reinterpretar el fenómeno de la violencia 1 Entre estos aspectos destacaban la facultad otorgada a la CICIACS
de perseguir penalmente a miembros de los CIACS, atribución conferida por la Constitución Política de la República exclusivamente al Ministerio Público; y las inmunidades concedidas al personal nacional que formara parte de la CICIACS, lo cual erosionaba el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 2 En el 2003 repuntó la violencia contra miembros y líderes de partidos políticos, debido al evento electoral que estaba en curso. En el 2005, las víctimas fueron jueces, fiscales, defensores públicos y abogados litigantes, presumiblemente por el impulso de algunos procesos penales de alto impacto que se ventilaban en el sistema de administración de justicia.
