INTRODUCCIÓN
La investigación es una actividad eminentemente creativa, mediante la cual se trata de superar un estado de incertidumbre, a través de la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la información que acabe con esa incertidumbre. Se trata pues, de la actividad que encuentra o detecta los medios que servirán de prueba. Pero ello no implica que dichos medios de prueba sean obtenidos mediante procedimientos no permitidos por la ley. El Fiscal como titular de la acción penal, y responsable de la investigación, debe reunir todos los elementos probatorios suficientes, a fin de poder sustentar su acusación no sólo ante el Juez de la Investigación Preparatoria, sino también ante el juez unipersonal o colegiado, en la etapa oral y contradictoria, toda vez que su función no sólo es denunciar y acusar, sino sostener y probar su acusación. Lo que se quiere es que el Fiscal tenga claro que la denuncia que él formule tenga peso
probatorio
suficiente
para
determinar
judicialmente
la
responsabilidad de la persona denunciada. El Fiscal no debe de denunciar cuando sólo tiene leves indicios y carencia de pruebas idóneas y suficientes de la comisión comisión del ilícito penal. El nuevo modelo procesal penal del 2004, sin embargo, cuyo texto entró en vigencia desde Julio del 2006, como centro piloto en Distrito Judicial de Huaura, ha significado un gran avance en la reforma procesal penal peruana. Este proceso tiene tres etapas que son la Etapa de la Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y la Etapa de Juzgamiento, gozando cada una de ellas de una persona persona que las dirija.
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LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 1.
CONCEPTO
La investigación preparatoria es la etapa dirigida por el Fiscal y está destinada a reunir elementos de convicción que le permitan a éste, decidir si formula o no acusación contra el imputado. La investigación preparatoria reemplaza en la práctica a la etapa de Instrucción del Código de Procedimientos Penales y constituye la fase siguiente de la investigación preliminar, de tal manera que culminada ésta el Fiscal dado el cumplimiento de los presupuestos que exige la ley da inicio formal del proceso mediante la expedición de una Disposición, continuando con su labor investigadora. 2.
FINALIDAD
La finalidad de la investigación preparatoria está delimitada en el artículo 321 del NCPP, así tiene finalidad reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si fórmula acusación o no; así la doctrina es unánime en considerar que los actos de investigación actuados por el Ministerio Publico, no tienen contenido jurisdiccional. Así todo material recogido durante la investigación preparatoria tiene un carácter provisional, no definitivo, y destinado a preparar el ulterior juicio oral. Los actos de investigación no constituyen pruebas, únicamente sirven para delimitar los hechos penales y sus circunstancias, pueden justificar la adopción de medidas limitativas de derechos; pero para quebrantar la presunción de inocencia es necesario actuar en juzgamiento pruebas necesarias e idóneas; en el mismo sentido el artículo 325 del Código Procesal Penal prescribe taxativamente que las actuaciones de la investigación preparatoria solo sirven para dictar resoluciones propias de la investigación y etapa intermedia, con las excepciones previstas en el citado artículo(5), ello trae como
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consecuencia,
que
el
juzgador
solo
podrá
establecer
la
responsabilidad penal del acusado en mérito de las pruebas actuadas en etapa de juzgamiento. Otra finalidad de la investigación preparatoria es determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración , la identidad del autor o participe y de la víctima; uno de los requisitos para la formalización de la investigación preparatoria es la debida identificación e individualización del imputado, pues dicho sujeto procesal, puede ser objeto de medidas de coerción procesal: detención, prisión preventiva , impedimento de salida del país, suspensión preventiva de derechos, embargo, entre otras medidas reales. Respecto de la delictuosidad de la conducta investigada, sin duda que la investigación preparatoria, juega un rol importante, pues a través de esta el fiscal dilucida si está investigando un hecho con relevancia penal, indagara los hechos precedentes concomitantes y posteriores al evento delictivo; así mismo; también identificara a la persona agraviada por el hecho delictivo, investigara el daño ocasionado, solicitando oportunamente su resarcimiento en caso que el propio agraviado no se haya constituido como actor civil en el proceso penal. 3.
DILIGENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
En el marco de las diligencias preliminares, tuvimos oportunidad de observar, aquellas pesquisas que efectúan los órganos de persecución, a fin de que el fiscal puedan formular su imputación delictiva, con arreglo al artículo 336; diligencias que no se agotan en dicha etapa pre procesal, sino que continúan en el ámbito de la investigación preparatoria. En efecto, si el fiscal pretende colmar los fines que se proponen en el artículo 321.1, según su estrategia
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de investigación, debe realizar las diligencias que sean necesarias, no cualesquiera, únicamente aquellas que se efectúen en respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales. El control efectivo de la criminalidad pasa por el ejercicio de una persecución penal eficaz y eficiente, dando lugar a restricciones legítimas de ciertos derechos constitucionales de los afectados. La persecución penal determina la configuración de una dialéctica, puesta en escena por la libertad del imputado y la Seguridad Ciudadana, que se pretende alcanzar con el proceso penal, por más que no se quiera reconocer ello en la lege lata. Y, esta tensión se vuelve más intensa cuando el legislador, a fin de satisfacer la demanda social por una mayor criminalización, acude a la inclusión de fi-guras procesales (delator, agente encubierto, etc.), que pueden no ajustar a las garantías de un debido proceso. No podemos postular una posición excesivamente "garantística", de que hayamos de rechazar cualquier institución novedosa que no parta de la esencia de un Estado de Derecho, puesto que la criminalidad hoy en día es compleja y sofisticada, por tales motivos, la política criminal debe ser también moderna y tecnificada, sobre todo, cuando se debe enfrentar asociaciones delictivas de gran envergadura (mafias del narcotráfico, asociaciones subversivas, etc.), dando lugar a una redefinición del sistema de persecución, mediando una serie de actos especiales de investigación, que son regulados en el Título IV. De forma resumida, diremos que estos actos de investigación deben seguir ciertas pautas, a fin de no desbordar su legalidad e intrínseca legitimada, de que su concreción siga al pie de la letra el contenido de la norma. Así, el artículo 337.1, al señalar que el fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la ley. Solo podrá adoptare aquellas
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diligencias que se encuentren comprendidas en la norma, pues de no ser así estaría ingresando a un campo de ilegalidad. El inciso 2) del artículo 337 dispone que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Procede su ampliación si dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción. Resulta claro que este nuevo corpus adjetivo reconoce el principio de "unidad en el sistema de investigación", pues las actuaciones que toman lugar en el marco de las diligencias preliminares se comprenden en una sola estructura investigativa, cuyo director es el fiscal; de tal modo que en la IP no pueden repetirse aquellas diligencias que fueron exteriorizadas en la fase preprocesal, pues ello atentaría contra los principios de "preclusión" y de "eficacia", a menos que se advierta que aquellas fueron realizadas de forma defectuosa o que deban ser completadas, de acuerdo a nuevos datos que a posteriori han sido objeto de conocimiento. Señala el inciso 3) del articulado que el fiscal puede: a) Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la fiscalía y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva; en este caso no estamos hablando propiamente de medidas de coerción procesal, pues estas requieren para su imposición de una orden jurisdiccional habilitante, sino de medidas que se ajustan a la
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dirección material del proceso, de que los sujetos involucrados cumplan con asistir a las diligencias que tenga por bien el fiscal determinar a lo largo de la investigación preparatoria. Disposición que no solo alcanza al imputado, sino también al resto de sujetos procesales que tienen la obligación de acatar las disposiciones del Ministerio Público; deber que se ajusta al principio de legalidad. Si el sujeto procesal requerido no asiste a su llamamiento, el fiscal podrá, en este caso, disponer su conducción compulsiva, dando orden a la policía para que ejecute dicha orden, la cual deberá efectuarse sin acudir a métodos que lesionen los derechos fundamentales, más aún si se trata del agraviado. Coacción jurídico-pública que ha de concluir ni bien el sujeto procesal haya cumplido con la diligencia. b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso, concordante con lo previsto en el artículo 332.2. El fiscal, como director de la investigación preparatoria, cuenta con plenas facultades para dirigirse a otros funcionarios públicos y/o particulares, amén de que estos cumplan con oficiar las informaciones que el primero les requiera, siempre que no se vea vulnerada la intimidad y el honor de las personas. No perdamos de vista que constituye un deber jurídico-público colaborar con las autoridades encargadas de la investigación criminal. El artículo 337.4 estipula que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. El fiscal, como
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órgano sobre el cual recae la carga de la prueba, si bien es el principal interesado de que se pueda acreditar en el juzgamiento, la punibilidad de la conducta y la responsabilidad penal del imputado según su posición de parte en el proceso, no es menos cierto que su actuación se rige por los principios de "imparcialidad" y "objetividad", según se desprende del artículo IV del Título Preliminar del CPP del 2004, por lo que no solo ha de buscar aquellas
evidencias
que
puedan
fundar
la
hipótesis
de
incriminación, así como aquellas que puedan sostener las circunstancias delictivas de agravación, sino también aquellas que tiendan a demostrar la inocencia y/o factores de atenuación a favor del imputado. Para tales efectos, la defensa podrá dirigirse al persecutor público para que realice diligencias que apunten a los factores antes mencionados, lo cual resulta plausibles en el marco de una investigación en puridad objetiva. No es, por lo tanto, que el fiscal deba buscar las pruebas que puedan sustentar la inocencia del imputado, sino que su defensa pueda aportarlas y este tendrá el deber de comprobar su veracidad. Lo dicho no solo con respecto al imputado, sino también con respecto a la víctima (agraviado=actor civil), quien interesado en la pretensión indemnizatoria, buscará la obtención de pruebas que puedan dar lugar a una acreditación de su estimación reparatoria, en cuanto al daño causado por efecto de la conducta criminal, en cuanto al lucro cesante, al daño emergente y al daño moral; aunque lo dicho no obsta para que pueda también solicitar al fiscal la realización de diligencias que tengan que ver con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, como se pone de relieve en el artículo 105 del CPP del 2004. En el caso del tercero civil responsable, se referirá a aquellas diligencias dirigidas a desvirtuar su responsabilidad civil,
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determinadas
por
el
cuestionamiento
hacia
la
supuesta
vinculación legal y/o contractual que lo une con el imputado. Apuntará también a la defensa de sus intereses patrimoniales, de que no se grave bienes más allá de lo estrictamente necesarios, conforme con lo previsto en el artículo 113.1. Así también, en el caso del asegurador, que estará interesado en acreditar que concurre una causal de exoneración de responsabilidad u otro que enerve su calidad de responsable solidario. Todo lo dicho, no imposibilita que pueda también dirigir su requerimiento en lo que respecta a los factores de imputación delictiva. El artículo 337.5, establece que si el fiscal rechazare la solicitud, instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal. El juez de la investigación preparatoria es, sin duda, "garante" de los derechos fundamentales de las partes, que ha de intervenir siempre que se advierta cierta dosis de parcialidad del fiscal o falta de solidez argumentativa, cuando deniega una solicitud de los sujetos legitimados, de importancia, para poner equilibrio entre las partes en conflicto. Por tales motivos, la parte afectada con la decisión fiscal cuenta con el camino expedito para acudir al juez de la investigación preparatoria, a fin de que analice su pedido; para ello, el sujeto legitimado deberá fundamentar debidamente su solicitud, respuesta jurisdiccional que deberá ser emitida con prontitud, dada la naturaleza del pedido. 4.
CONDICIONES DE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN
Las diligencias que se efectúan en el marco de la investigación preparatoria son esencialmente reservadas, en mérito a su propia naturaleza, así como los objetivos que se pretende garantizar; mas
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ello no es óbice para que en la medida de lo posible puedan cautelarse los derechos de defensa y contradicción de las partes, tomando en cuenta que las diligencias que hayan de ser exteriorizadas generan efectos de trascendencia para con su situación jurídica. El artículo 338.1 dispone que el fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizara salvo las excepciones previstas por la ley. Esta participación está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no impida una pronta y regular actuación. La presencia de los sujetos legitimados en las diligencias se podrá dar siempre y cuando no resulte perjudicial para los cometidos a ser alcanzados por la investigación. Concurrencia que está subordinada a lá Utilidad que pueda esta reportar, en lo que respecta al esclarecimiento de los hechos; v. gr. si se trata del imputado, la inspección de un domicilio; pero vaya que en ciertas circunstancias su presencia puede poner en peligro el éxito de la diligencia, cuando, por ejemplo, se orienta a la comprobación delictiva (allanamiento domiciliario, intervención de documentos, entrega vigilada de bienes, etc.). La intervención del imputado se fundamenta en la plena vigencia en la fase de instrucción de los principios de publicidad y contradicción que se garantizan mediante la plena vigencia de los derechos de audiencia, asistencia y defensa del inculpado en el proceso penal, que debe conocer cuanto antes su condición de parte acusada y los hechos que se le imputan, para no ver mermado su derecho de defensa.
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Por lo general, no será posible la presencia de los sujetos procesales, pues la mayoría de dichas diligencias se sujetan al principio de inmediatez y de inaudita parte; dar aviso al afectado importa el riesgo de pérdida de eficacia. En este caso, en aquellas diligencias que se dirigen a la comprobación del delito y a la identificación de los presuntos responsables. Entonces, el fiscal deberá valorar de forma pormenorizada si es que procede la concurrencia de las partes en las diligencias a realizar, ponderando el principio de eficacia de la investigación con el de defensa de las partes. El inciso 2) del artículo 338 dispone que el fiscal velará porque la concurrencia de las personas autorizadas no interfiera en el normal desarrollo del acto e impartirá instrucciones obligatorias a los asistentes para conducir adecuadamente la diligencia. Está facultado a excluirlos en cualquier momento si vulneran el orden y la disciplina. Conforme lo anotado en el dispositivo anterior, la presencia del sujeto procesal se autorizará siempre y cuando se despeje toda duda acerca de un presunto riesgo, para con los fines de la investigación en tal sentido, el persecutor público deberá cautelar que
dicha
concurrencia
no
propicie
interferencia
y/o
obstaculización del desarrollo normal de la diligencia. En tal virtud, el fiscal podrá impartir ciertas órdenes a los concurrentes, cuyo incumplimiento puede dar lugar a su exclusión, siempre que se advierta una desestabilización del orden y la disciplina, que debe regir en este tipo de actuaciones. El artículo 338.3 prevé que el fiscal, en el ejercicio de sus funciones de investigación, podrá solicitar la intervención de la policía y, si es
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necesario, el uso de la fuerza pública, ordenando todo aquello que sea necesario para el seguro y ordenado cumplimiento de las actuaciones que desarrolla. La naturaleza misma de las diligencias, así como los incidentes que puedan suceder, requiere de una fuerza pública que pueda ejecutar las órdenes impartidas por el fiscal; por ello, la presencia de los efectivos policiales resulta fundamental para resguardar los objetivos de la investigación, facultándose a los órganos policiacos a ejecutar actos de coacción, siempre que sean necesarios para el cumplimiento. Intervención policial sujeta a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, que si bien puede ser penalmente típica, no será penalmente antijurídica, al plasmarse en mérito a un precepto permisivo (causa de justificación). Finalmente, el inciso 4 del artículo 388 señala lo siguiente: "Cuando el Fiscal, salvo las excepciones previstas en la Ley, deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente". La investigación penal constituye toda una unidad estructural, que se inicia cuando el fiscal, ni bien toma conocimiento de la noticia criminal, dispone la realización de las diligencias preliminares, que llega a su culminación cuando el persecutor público formula la disposición correspondiente, ora formulando la acusación ora solicitando
al
juez
de
la
investigación
preparatoria
el
sobreseimiento de la causa. En todo este ínterin, pueden producirse una serie de actos de injerencia estatal, que afectan, limitan y/o restringen derechos fundamentales del imputado, legítimos en cuanto a la cautela de un interés jurídico de carácter
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público, injerencias que pueden responder a una serie de finalidades, las que se ejecutan en el marco de las diligencias preliminares despliegan fines distintos a las que se materializan en la investigación preliminar. De forma específica, la diligencia especiales de la investigación, las medidas restrictivas de derechos fundamentales y las medidas de coerción procesal. Tanto las segundas como las últimas de las mencionadas requieren para su adopción de la resolución jurisdiccional habilitante, salvo las excepciones previstas en el artículo 203.3 en el caso de las medidas limitativas de derechos fundamentales, pues las medidas de coerción procesal no pueden imponerse, si es que previamente no se ha expedido la resolución judicial correspondiente. No solo ante los supuestos nombrados, sino también cuando a prueba anticipada se refiere, el fiscal está obligado a formalizar la investigación preparatoria, a menos que ya lo haya hecho, pues para que puedan adoptarse dicha clase de medidas o de práctica anticipada de pruebas se debe haber iniciado formalmente: el proceso penal, con arreglo a lo previsto en el artículo 253.1 del CPP del 2004, garantía que se adscribe a los principios rectores de los tratados internacionales sobre la materia, puesto que con la imputación formal de los cargos se da irrestricta vigencia a los derechos fundamentales, lo cual no quiere decir que en su etapa previa estos no rijan, solo que su vigencia está relativizada. 5.
FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Dentro del abanico de alternativas con que cuenta el fiscal, qué duda cabe que una de las más importantes resulta de la formalización
de
la
investigación
preparatoria,
cuando
el
persecutor público es de la firme convicción de que se cuenta con los elementos de cognición suficientes para poder pasar a un
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proceso penal en el sentido de que toma lugar los elementos referidos a la materialidad delictiva y, así también con los presupuestos de orden procesal (vigencia de la acción penal y el cumplimiento de un requisito de procedibilidad). Trascendental cambio se avizora en el CPP del 2004, pues ya no está en las facultades del juzgador abrir la instrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del C de PP, sino que será el mismo fiscal -como conductor de la investigación penal, quien formalice la investigación preparatoria y, para ello deberá tomar en cuenta los presupuestos que se des-prenden del artículo 336. Importa el acto formal, por el cual el fiscal formula una imputación delictiva sobre un individuo (imputado), a quien la ley le reconoce de forma inmediata los derechos consustanciales a la máxima del debido proceso. La formalización de la investigación preparatoria, por parte del persecutor público trae consigo consecuencias jurídicas muy importantes: primero, faculta a los sujetos legitimados solicitar su constitución de partes; segundo, faculta a las partes a que puedan solicitar la adopción de medidas correctivas, así como a la práctica de prueba anticipada; tercero, delimita el contenido de la imputación delictiva, en cuanto a los cargos que han de sostenerse sobre las figuras delictivas que son recogidas en la disposición respectiva; cuarto, los plazos de prescripción son interrumpidos, según lo previsto en el artículo 83 del CP no obstante que en el artículo 339.1 el legislador ha empleado el término de "suspensión", el cual no resulta correcto conforme a la naturaleza de una y otra institución y; quinto, toma lugar la relación adversaria! entre el persecutor público y la defensa del imputado. A decir de Carocca Pérez, su efecto más importante es el de impedir que la persona pueda ser acusada por un hecho distinto al que ha
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sido objeto de formalización de la investigación, ni condenada por un hecho por el que no se le ha acusado(2ü8). La formalización de la investigación tiene por objetivo central dejar en evidencia el hecho de llevarse a cabo una investigación de orden criminal por un hecho determinado, respecto de una o más personas, también determinadas. El artículo 336.1 establece que si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Por lo dicho en este precepto, queda claro, que la formalización de la investigación preparatoria, por parte del fiscal se encuentra condicionada a una serie de presupuestos, tanto de orden formal como material en el sentido de que se haya recogido indicios suficientes de apariencia delictiva (fomus comissi delicti), en cuanto a la posible concurrencia de un injusto penal, de que se hayan individualizado a los presuntos autores del hecho punible, siendo imprescindible que se efectúe una debida identificación de los sospechosos, conforme su grado de aportación delictiva, sea en calidad de autores (coautor, autor mediato) o de partícipes (cómplices e instigadores), lo cual resulta fundamental, para que la imputación delictiva cuente con consistencia jurídica y más adelante no se pueda condicionar una serie de aspectos (delitos especiales propios), que puedan traer abajo la teoría del caso presentada por la fiscalía. Si fuese posible identificar el grado de perfección delictiva (iter críminis), perfecto, en orden a asegurar también la admisión de formas de participación.
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6.
EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La formalización de la investigación preparatoria no solo implica la formulación de cargos criminales sobre una determinada persona (imputado) sino también la legitimidad de las agencias de persecución de solicitar la imposición de medidas de coerción, así como la constitución de partes a instancia de los sujetos legitimados. Empero, la lege lata ha previsto otras consecuencias jurídicas importantes. El artículo 339.1 establece que la formalización de la investigación sus-penderá el curso de la prescripción de la acción penal. La validez de la persecución penal no solo está condicionada a factores de orden material sino que también de orden temporal: de que la acción penal al tiempo de su formalización se encuentre vigente, según los plazos de prescripción que se des-prenden de los artículos 80 y 82 del CP; de no ser así, se estarían iniciando causas innecesarias en desmedro de los principios de celeridad y de eficacia. Mas es sabido que los plazos prescriptorios de la acción penal pueden verse interrumpidos cuando acontecen actuaciones propias de los órganos de investigación, tal como se contempla en el artículo 83 del CP (interrupción de la prescripción). Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia. Como los plazos de prescripción no pueden ser interminables, indefinidos, debe ponerse un límite; en este caso, habiéndose fijado en el artículo 83, que la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de la prescripción,
dando
lugar
a
la
denominada
prescripción
extraordinaria. Si el delito tiene una pena ma¬yor de cuatro años,
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producida la interrupción por actos de investigación, este prescribe a los seis años. Dicho lo anterior, los efectos de la formalización de la investigación preparatoria, solo pueden provocar la interrupción de la acción penal y no la suspensión, tal como se ha propuesto en la redacción normativa, pues los efectos de una y otra son, en suma, diversos. Los plazos de prescripción se suspenden cuando el comienzo o la continuación del proceso penal dependa de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento; cuando en otra vía se está ventilado el hecho -presuntamente delictivo-, o se requiera de un pronunciamiento administrativo (antejuicio constitucional); así se desprende del artículo 84 del CP Por consiguiente, el legislador se ha equivocado enormemente al haber empleado el término "suspensión'. El inciso 2) del artículo 339, señala lo siguiente: 'Asimismo, el Fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial". En la etapa de las diligencias preliminares rige el principio de "investigación oficial", en virtud del cual el fiscal es el dueño de las actuaciones que allí se realizan, como ente persecutor del delito que debe realizar la comprobación del delito y la identificación de los presuntos sospechosos, por lo que la cesación de esta se encuentra sujeta a una decisión enmarcada en la función fiscal, sea para archivar la investigación o para declarar la abstención del ejercicio de la acción penal, conforme a los criterios de oportunidad. Empero, cuando el persecutor público formaliza la investigación preparatoria, desencadena el inicio del formal del proceso, por lo que el juez de la investigación preparatoria asume jurisdicción, de tal forma que toda decisión que implique el fin de la instancia o del
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procedimiento,
requiere
de
una
decisión
exclusivamente
"jurisdiccional". Ello en el caso de que el juzgador convalide los criterios de oportunidad, cuando dicta el auto de sobreseimiento, previa solicitud del fiscal, cuando ampara un medio de defensa técnico. En resumidas cuentas, el fiscal pierde toda potestad funcional parla declarar el cese de la persecución penal. 7.
LÍNEAS RECTORAS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Como líneas rectoras de esta etapa se pueden señalar las siguientes: a) La unidad de la investigación fiscal, debido a que es el mismo representante del Ministerio Público que dirigió la investigación preliminar quien continúa a cargo de esta etapa preparatoria, además, como se ha dicho, también interviene en la etapa intermedia y en el juicio oral, si fuera el caso. Esta intervención directa del Fiscal en todas las fases del nuevo proceso permite una actuación fiscal con mayor conocimiento y concentración del caso y con posibilidades de cumplir debidamente con sus funciones. b) El Fiscal dispone de todas las diligencias que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines sobre la base de la estrategia de investigación que debe de elaborar a su inicio (declaraciones, pericias,
inspecciones,
informes,
confrontaciones,
etc.).
La
intervención de las partes y sus propuestas probatorias deberán ser consideradas en su plan de investigación. c) Dispone que la policía realice las investigaciones complementarias o las que sean necesarias. Si las diligencias preliminares han sido suficientes, complementará las que falten directamente o con el auxilio de la policía; si faltasen algunas, serán derivadas a la policía
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para su realización precisándose las diligencias e incluso el plazo de la investigación. d) Se dispone las medidas razonables y necesarias a fin de proteger los elementos probatorios, máxime si todos los elementos probatorios están bajo su control y pueden ser de suma utilidad para su decisión final. e) Se dispone la reserva de la investigación, así como se garantiza la imparcialidad de la misma. La reserva significa la ausencia de publicidad de los actos de investigación en la forma que prevé la ley, lo que no impide a las partes acreditadas el conocimiento de lo que acontece. La imparcialidad es un principio rector para todo órgano director de investigación e importa una actuación fiscal recta y exenta de favoritismo o inclinación a alguna de las partes. f) De manera excepcional, el Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto, por un plazo no mayor a 20 días (prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por igual término), sólo cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. El secreto supone que el imputado y su defensa no tomará conocimiento de la actuación o documento. g) Las actuaciones de la investigación, dada su finalidad preparatoria para el Juicio oral, sólo sirven para emitir resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Las pruebas anticipadas (de conformidad con el artículo 242) y las actuaciones objetivas e irreproducibles, conocidas como pruebas preconstituidas, tienen carácter prueba a efectos de la sentencia penal.
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h) Se garantiza el derecho de defensa para cada una de las partes intervinientes, pudiendo incluso, cualquiera de ellas, solicitar copia simple o certificada de lo actuado, pero guardando la reserva. En esencia, conforme a la lógica garantista del nuevo modelo procesal esta característica no es sino la continuidad del derecho de defensa desde la investigación preliminar. i) De todo lo actuado se deja constancia en acta, cuidando de las formas correspondientes y evitándose la formación de gruesos documentos conocidos antiguamente como "expedientes".
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CONCLUSIONES
1. El sistema procesal que introduce el Código Procesal Penal del 2004 es de carácter acusatorio con tendencia adversarial, donde predomina la contradicción, oralidad e igualdad de armas entre los sujetos procesales. 2. La investigación preparatoria la dirige el Ministerio Publico, quien debe actuar con objetividad indagando los elementos de cargo y descargo que permitan decidir su formula acusación o el sobreseimiento del proceso, consecuentemente el límite de dicha actividad fiscal es el respeto a los derechos fundamentales del imputado. 3. La investigación preparatoria tiene por objeto la individualización del autor, del partícipe del hecho delictivo, la identificación de la víctima, y las circunstancias precedentes concomitantes y posteriores del hecho delictivo. 4. El plazo de la investigación preparatoria es de ciento veinte días para el proceso común, pudiendo ser prorrogado por sesenta días adicionales, en caso de investigaciones complejas el plazo es de investigación es de ocho meses con una prórroga por el mismo periodo de tiempo.
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BIBLIOGRAFÍA
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