Año 1 Volumen 1
Julio / 2014
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL SOBRE DISPOSICIÓN DE UN BIEN SOCIAL POR UNO DE LOS CÓNYUGES
Actualidad Actua lidad
Jurisprudencia fundamental sobre disposición de un
Civil Área
Jurisprudencia Jurisp rudencia fundamental bien social por uno de los cónyuges
Contenido PRESENTACIÓN 1ª CASACIÓN 2ª CASACIÓN 3ª CASACIÓN 4ª CASACIÓN
5ª CASACIÓN
6ª CASACIÓN 7ª CASACIÓN 8ª CASACIÓN
l a t n e m a d n u f a i c n e d u r p s i r u j
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Cas. N.º 602-2002-Arequipa (Falta de voluntad de uno de los cónyuges cónyuge s para gravar un bien deviene en nulidad insalvable pese a la confirmación posterior del acto) Cas. N.º 1687-2003-Loreto (Nulidad del acto de disposición de un bien social cuando no intervienen ambos cónyuges) Cas. N.º 2896-2001-Lima (El adquirente que conocía que el bien social fue dispuesto por uno de los cónyuges no se encuentra amparado) amparado) Cas. N.º 372-2005-Arequipa (Las edificaciones realizadas sobre los bienes sociales para disponer o gravarlas se tienen que realizar por ambos cónyuges) Cas. N.º 111-2006-Lambayeque 111-2006-Lambayeque (La falta de legitimidad para contratar, por la falta de voluntad de uno de los cónyuges en la disposición o gravamen de un bien social) Cas. N.º 907-2008-Arequipa (La falta de intervención de uno de los cónyuges en la celebración de un acto jurídico constituye la ineficacia del acto jurídico) Cas. N.º 3437-2010-Lima (La falta de representación de uno de los cónyuges en la disposición de los derechos de propiedad sobre los bienes sociales) Cas. N.º 2893-2013-Lima (La ineficacia del acto jurídico celebrado por uno de los cónyuges en la disposición de un bien social)
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Presentación
El matrimonio es una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad, la cual se encuentra regulada a nivel constitucional, y relacionada con el deber del Estado de proteger a la familia y promover el matrimonio (conforme lo establecido en el artículo 4 de la Constitución). Una de las consecuencias jurídicas del matrimonio es la conformación de un régimen patrimonial especial para la nueva sociedad conyugal, conyu gal, integrada por el marido y la mujer; en el que los cónyuges pueden optar entre el régimen de la sociedad de gananciales o el régimen de la separación de patrimonios; sin embargo, en defecto de elección, se le atribuye atribu ye a la sociedad conyugal la primera opción. Asimismo, las reglas de administración y disposición de los bienes de la sociedad conyugal, también conocidos como bienes sociales, dependen del régimen patrimonial optado. Una de las situaciones patológicas de mayor relevancia, tanto por el número de casos que se presenta como por la impor tancia tanc ia o impa impacto cto dentr dentro o de la socie sociedad dad conyu conyugal, gal, es la disp disposic osición ión de un bien soci social al inmue inmueble ble por por uno de los cónyuges sin la intervención del otro. Si bien esta situación patológica pretende ser regulada en el artículo 315 del Código Civil, su falta de precisión en cuanto a la consecuencia jurídica del supuesto de hecho regulado ha determinado que la jurisprudencia sea la encargada de precisarlo, sin duda, con mucha dicultad. En esta sección de jurisprudencia relevante relevante presentaremos presentaremos dos tendencias jurisprudenciales jurisprudenciales respecto de la consecuencia jurídica del acto de disposición de un bien social inmueble por uno de los cónyuges sin intervención del otro; en suma, la interpretación jurisprudencial del art. 315 del CC. Considerando que, estas tendencias jurisprudenciales también podemos denominarla doctrina jurisprudencial o jurispr juri spruden udencia, cia, que como fuen fuente te del Der Derecho echo,, contri contribuye buye a la segur seguridad idad jurí jurídica dica de los just justicia iciables bles.. La primera tendencia jurisprudencial fue la de interpretar que el acto de disposición de un bien social inmueble por uno de los cónyuges sin intervención inter vención del otro es un acto inválido por causales de nulidad. Esta tendencia jurisprudencial se encuentra constituida por la Casación N.º 602-2002-Arequipa, la Casación N.º 1687-2003-Loreto, la Casación N.º 2896-2001-Lima y la Casación N.º 372-2005-Arequipa. La segunda y actual tendencia jurisprudencial es la que interpreta que, el acto de disposición de un bien social inmueble por uno de los cónyuges sin intervención del otro es un acto válido pero inecaz para el cónyuge no interviniente, o en suma, para la sociedad conyugal ; este cambio de criterio jurisprudencial comienza con la Casación N.º 111-2006 Lambayeque , y en el mismo sentido interpretativo la Casación N.º 907-2008-Arequipa, la Casación N.º 3437-2010-Lima y la Casación N.º 2893-2013-Lima.
Instituto Pacífico
Volumen Volum en 1 | Julio 2014
Actualidad Actua lidad
Jurisprudencia fundamental sobre disposición de un
Civil Área
Jurisprudencia Jurisp rudencia fundamental bien social por uno de los cónyuges
Contenido PRESENTACIÓN 1ª CASACIÓN 2ª CASACIÓN 3ª CASACIÓN 4ª CASACIÓN
5ª CASACIÓN
6ª CASACIÓN 7ª CASACIÓN 8ª CASACIÓN
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Cas. N.º 602-2002-Arequipa (Falta de voluntad de uno de los cónyuges cónyuge s para gravar un bien deviene en nulidad insalvable pese a la confirmación posterior del acto) Cas. N.º 1687-2003-Loreto (Nulidad del acto de disposición de un bien social cuando no intervienen ambos cónyuges) Cas. N.º 2896-2001-Lima (El adquirente que conocía que el bien social fue dispuesto por uno de los cónyuges no se encuentra amparado) amparado) Cas. N.º 372-2005-Arequipa (Las edificaciones realizadas sobre los bienes sociales para disponer o gravarlas se tienen que realizar por ambos cónyuges) Cas. N.º 111-2006-Lambayeque 111-2006-Lambayeque (La falta de legitimidad para contratar, por la falta de voluntad de uno de los cónyuges en la disposición o gravamen de un bien social) Cas. N.º 907-2008-Arequipa (La falta de intervención de uno de los cónyuges en la celebración de un acto jurídico constituye la ineficacia del acto jurídico) Cas. N.º 3437-2010-Lima (La falta de representación de uno de los cónyuges en la disposición de los derechos de propiedad sobre los bienes sociales) Cas. N.º 2893-2013-Lima (La ineficacia del acto jurídico celebrado por uno de los cónyuges en la disposición de un bien social)
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Presentación
El matrimonio es una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad, la cual se encuentra regulada a nivel constitucional, y relacionada con el deber del Estado de proteger a la familia y promover el matrimonio (conforme lo establecido en el artículo 4 de la Constitución). Una de las consecuencias jurídicas del matrimonio es la conformación de un régimen patrimonial especial para la nueva sociedad conyugal, conyu gal, integrada por el marido y la mujer; en el que los cónyuges pueden optar entre el régimen de la sociedad de gananciales o el régimen de la separación de patrimonios; sin embargo, en defecto de elección, se le atribuye atribu ye a la sociedad conyugal la primera opción. Asimismo, las reglas de administración y disposición de los bienes de la sociedad conyugal, también conocidos como bienes sociales, dependen del régimen patrimonial optado. Una de las situaciones patológicas de mayor relevancia, tanto por el número de casos que se presenta como por la impor tancia tanc ia o impa impacto cto dentr dentro o de la socie sociedad dad conyu conyugal, gal, es la disp disposic osición ión de un bien soci social al inmue inmueble ble por por uno de los cónyuges sin la intervención del otro. Si bien esta situación patológica pretende ser regulada en el artículo 315 del Código Civil, su falta de precisión en cuanto a la consecuencia jurídica del supuesto de hecho regulado ha determinado que la jurisprudencia sea la encargada de precisarlo, sin duda, con mucha dicultad. En esta sección de jurisprudencia relevante relevante presentaremos presentaremos dos tendencias jurisprudenciales jurisprudenciales respecto de la consecuencia jurídica del acto de disposición de un bien social inmueble por uno de los cónyuges sin intervención del otro; en suma, la interpretación jurisprudencial del art. 315 del CC. Considerando que, estas tendencias jurisprudenciales también podemos denominarla doctrina jurisprudencial o jurispr juri spruden udencia, cia, que como fuen fuente te del Der Derecho echo,, contri contribuye buye a la segur seguridad idad jurí jurídica dica de los just justicia iciables bles.. La primera tendencia jurisprudencial fue la de interpretar que el acto de disposición de un bien social inmueble por uno de los cónyuges sin intervención inter vención del otro es un acto inválido por causales de nulidad. Esta tendencia jurisprudencial se encuentra constituida por la Casación N.º 602-2002-Arequipa, la Casación N.º 1687-2003-Loreto, la Casación N.º 2896-2001-Lima y la Casación N.º 372-2005-Arequipa. La segunda y actual tendencia jurisprudencial es la que interpreta que, el acto de disposición de un bien social inmueble por uno de los cónyuges sin intervención del otro es un acto válido pero inecaz para el cónyuge no interviniente, o en suma, para la sociedad conyugal ; este cambio de criterio jurisprudencial comienza con la Casación N.º 111-2006 Lambayeque , y en el mismo sentido interpretativo la Casación N.º 907-2008-Arequipa, la Casación N.º 3437-2010-Lima y la Casación N.º 2893-2013-Lima.
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Disposición Dispos ición de un bien social por el cónyuge
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 6022002-Arequipa
1.ª CASACIÓN: Falta de voluntad de uno de los cónyuges para gravar un bien deviene en nulidad insalvable pese a la confirmación posterior del acto
Sumilla: El acto jurídico de constitución de garantía hipotecaria efectuada por uno solo de los cónyuges, adolecería de nulidad absoluta por falta de manifestación de voluntad de la cónyuge; causal prevista en el artículo 219 inciso inc iso 1 del Código Civil concordado con el artículo 1099 10 99 inciso 1) del Código Civil; por tanto, la citada hipoteca resulta un acto jurídico nulo; dado que por mandato expreso de la Ley no podría ser subsanada por la conrmación; con lo cual se podría concluir que constituye constitu ye un error jurídico del Superior Colegiado considerarlo consid erarlo subsanado en virtud a la escritura pública de reconocimiento de deuda y otorgamiento de poder.
CASACIÓN N.º 602-2002-AREQUIP 602-2002-AREQUIPA* A* Lima, dieciseis de septiembre del 2002 LA SALA CIVIL TRANSIT TRANSITORIA ORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA fe cha REPÚBLICA vista la causa seiscientos dos - dos mil dos, en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo a ley emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por María Claudia De La Gala Cárdenas, contra la sentencia de vista de fojas trescientos sesenta, su fecha ocho de Enero del dos mil dos, que conrmando la sentencia apelada de fojas trescientos catorce, fechada el treinta y uno de Julio del dos mil uno, declara declar a Infundada la demanda en todos sus extremos; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha dieciséis de Abril del dos mil dos ha estimado procedente el recurso por las causales de: a) aplicación indebida del artículo mil trescientos cincuenta y dos del Código Civil; y, b) la interpretación errónea del artículo doscientos diecinueve del mismo Código; expresando como fundamentos: a. I) que la Sala Civil incurre en aplicación indebida del artículo mil trescientos cincuenta y dos del Código sustantivo, cuando se pretende que en la constitución del acto jurídico representado por la hipoteca, en donde no existe manifestación de la voluntad del propietario, ello puede luego ser convalidado; dándole al acto la condición de anulable, cuando por Ley es un acto nulo; que además el citado artículo es aplicable para perfeccionar los contratos que son susceptibles a ello; entre los que no se encuentra la hipoteca de autos, por cuanto esta relación *
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 2 de enero de 2003.
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Actualidad Civil
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Actualidad
Civil
Jurisprudencia fundamental
jurídica que genera la garantía real, nace en el momento de su celebración, y si faltase en ese instante algún requisito de fondo, es nulo de pleno derecho, convirtiéndose el acto en inexis tente, lo que signica que es imposible que luego pueda ser convalidado; y, b. I) que se han interpretado de modo erróneo los artículos doscientos diecinueve del Código sustantivo, por cuanto se confunden los actos nulos con los anulables; el primero de los dispositivos, maniesta que un acto jurídico es nulo, cuando falta la manifestación de voluntad de una de las partes; en el caso materia de juzgamiento, se está solicitando la nulidad del acto jurídico porque uno de los propietarios del bien ganancial, no ha participado en la celebración del mismo, es decir, no ha autorizado el contenido del acto celebrado; por ello, al faltar la manifestación de la voluntad, el acto jurídico es nulo, tal como lo establece, el inciso primero del artículo doscientos diecinueve del Código material; y CONSIDERANDO: Primero.- Que este Supremo Tribunal en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido que de acuerdo a la Ley y a la doctrina, la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un patrimonio autónomo e indivisible que goza de garantía institucional, integrado por un universo de bienes, en el que no existen cuotas ideales las cuales son propias al instituto jurídico de copropiedad o condominio; Segundo.- Que, en efecto, los bienes gananciales o sociales son aquellos que adquieren los cónyuges a título común, lucrativo u oneroso, durante la vigencia del matrimonio, de conformidad con los artículos trescientos diez y trescientos once del Código Civil y tiene n cuando el régimen de sociedad de gananciales fenece, de acuerdo a los artículos trescientos diecinueve y trescientos veintitrés del mismo Código; distinguiéndose de la copropiedad, en tanto esta se dene como el dominio de un bien tenido en común por varios sujetos, quienes son titulares de cuotas ideales en igual proporción respecto del bien; Tercero.- Que, en tal virtud, para disponer bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, salvo que uno de ellos dé poder al otro para ese efecto, de acuerdo al artículo trescientos quince del Código Civil, por lo que están prohibidos los actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o los bienes muebles registrables sin intervención de ambos cónyuges; de modo tal que si, contraviniendo dicha norma, se practican actos de disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges se incurrirá en la causal de nulidad absoluta de acto jurídico prevista en el artículo doscientos diecinueve, inciso primero del Código material, por falta de manifestación de voluntad de los titulares del dominio del bien y por ser contrario a las leyes que interesan el orden público según el artículo Quinto del Título Preliminar del Código sustantivo; Cuarto.- Que asimismo, atendiendo a que la nulidad absoluta de los actos jurídicos tiene por principio la protección del interés público, los actos nulos no pueden ser subsanados por la conrmación, tal como lo prescribe el artículo doscientos veinte, in ne, del Código Civil; a diferencia de los actos anulables que tienen por objeto la protección de intereses privados, de modo tal que las personas legitimadas para accionar pueden optar por no hacerlo y proceder a la conrmación del acto viciado con nulidad relativa, conforme lo establece el artículo doscientos treinta del Código material; Quinto.- Que en el presente caso, el Superior Colegiado de acuerdo a sus considerandos primero y segundo ha estimado que, en aplicación del principio de publicidad registral previsto en el artículo dos mil doce del acotado, el Banco demandado conocía que el garante codemandado, Jaime De La Gala Najarro tenía la condición de casado con la codemandada, Nancy Cárdenas Núñez, y que por tanto, sabía que la referida cónyuge debía participar en el cues tionado contrato de Constitución de Garantía Hipotecaria; pero concluye la Sala, que dicho vicio se ha visto subsanado porque la citada cónyuge ha reconocido la hipoteca mediante Escritura Pública del veintiséis de Agosto de mil novecientos noventa y nueve; y, que en tal virtud, aquella está de acuerdo con el mencionado acto jurídico, quedando así perfeccionado el contrato en atención al artículo mil trescientos cincuenta y dos del Código Civil; Sexto.- Que conforme a los criterios jurídicos establecidos en los considerandos precedentes, el presente acto jurídico de constitución de garantía hipotecaria efectuada por uno solo de los cónyuges sobre un inmueble de la sociedad conyugal, sito en la calle Tacna y Arica número ciento 466
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Disposición de un bien social por el cónyuge veinte, Distrito del Cercado, Provincia de Arequipa, adolecería de nulidad absoluta por falta de manifestación de voluntad de la cónyuge; causal prevista, como ya se indicó, en el artículo doscientos diecinueve inciso primero del Código sustantivo, concordado con el artículo mil noventa y nueve inciso primero del mismo Código; por tanto, siguiendo con dicha hipótesis, al resultar, aparentemente, la citada hipoteca un acto jurídico nulo, este, por mandato expreso de la Ley no podría ser subsanada por la conrmación; con lo cual se podría concluir que constituye un error jurídico del Superior Colegiado considerarlo subsanado en virtud a la Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda y Otorgamiento de Poder de fecha veintiséis de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la que también ha intervenido el cónyuge demandado; Sétimo.- Que sin embargo, la referida hipótesis que en una situación distinta resultaría válida, no es aplicable en el presente caso, toda vez que, tal como lo ha discernido el Colegiado Superior, debe tenerse presente que a través de este último acto jurídico, Reconocimiento de Deuda y Otorgamiento de Poder, elevada a Escritura Pública, ambos cónyuges han manifestado indubitablemente en las cláusulas Primera y Segunda su voluntad de reconocer una deuda a favor del Banco demandado y de garantizarla mediante hipoteca sobre el inmueble submateria, es decir, no existe duda alguna que la sociedad conyugal reconoce su deuda con el Banco y expresa su compromiso de garantizar esta deuda y toda otra directa o indirecta asumida a favor del Banco mediante hipoteca haciendo suyas las cláusulas de la hipoteca original; Octavo.- Que siendo ello así, las conductas posteriores de parte de los cónyuges demandados de transferir el inmueble sub judice hipotecado, vía anticipo de legí tima, a la demandante, quien luego pretende la desafectación del mismo, vía la referida causal de nulidad de hipoteca e inscripción, cuando la voluntad de los codemandados, progenitores de la actora, expresa e indubitablemente ha sido la de garantizar las obligaciones contraídas a favor del Banco con el inmueble sub litis, implican evidentemente, el ejercicio abusivo del derecho, el mismo que traslada el actuar de las citadas partes de la esfera privada a la pública, esto es, lo torna de interés público, de allí que se encuentra previsto como principio constitucional en el artículo ciento tres in ne, de la Constitución, así como en el artículo segundo del Título Preliminar del Código Civil; Noveno.- Que por consiguiente, es evidente que el Colegiado Superior ha querido cautelar que el derecho no sea abusado en su ejercicio por las partes beneciadas, una de las cuales con aparente legalidad invoca la nulidad, más en justicia, en aplicación del referido principio constitucional, ella no puede prosperar; y, por el contrario, por esta vez, debe estimarse que el referido contrato de hipoteca ha sido perfeccionado mediante la también citada Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda y Otorgamiento de Poder; consecuentemente, estando entonces ajustado a derecho la parte resolutiva de la sentencia de vista, no hay lugar a casar la misma, conforme al artículo trescientos noventa y tres del Código Procesal Civil; Estando a las consideraciones que preceden declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Claudia De La Gala Cárdenas a fojas trescientos setenta y cinco; en consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas trescientos sesenta, su fecha ocho de enero del dos mil dos; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ocial El Peruano; en los seguidos por María Claudia De La Gala Cárdenas con el Banco Santander Central Hispano del Perú —sucursal Arequipa—; sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron.SS. ECHEVARRÍA ADRIANZÉN / MENDOZA RAMÍREZ / LAZARTE HUACO / INFANTES VARGAS / SANTOS PEÑA
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Civil
Jurisprudencia fundamental
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 16872003-Loreto
2.ª CASACIÓN: Nulidad del acto de disposición de un bien social cuando no intervienen ambos cónyuges
Sumilla: Para disponer de bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención de ambos cónyuges, salvo que uno de ellos otorgue poder al otro para ese efecto, de acuerdo al artículo 315 del Código material; por lo que están prohibidos los actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables sin intervención de ambos cónyuges; de modo tal que, si se practica actos de disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges se incurrirá en la causal de nulidad absoluta del acto jurídico prevista en el artículo 219 inciso 1º del Código Civil, por falta de manifestación de voluntad de ambos titulares del dominio del bien y por ser contrario a las leyes que interesan el orden público según el artículo V del Título Preliminar del Código Sustantivo.
CASACIÓN N.º 1687-2003-LORETO* Lima, veintidós de octubre del dos mil cuatro LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA, vista la causa en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por don Alfonso Beraún Cadenillas contra la sentencia de vista de fojas trescientos noventidós, su fecha catorce de abril del dos mil tres, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que conrmando la sentencia apelada, declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico por simulación absoluta e indemnización, asimismo improcedente la reconvención planteada por los codemandados, y la revocaron en los extremos que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico –por ser contrario a ley– y la cancelación de asiento registral, reformándola declara infundada la demanda por simulación absoluta de la compraventa sobre una motocicleta y la cancelación de inscripción de compraventa. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala la Suprema por resolución de fecha doce de enero del dos mil tres ha estimado procedente el recurso por la causal prevista en el inciso 1º del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la interpretación errónea de normas de derecho material, sustentada en la interpretación errónea de los artículos 190, 219 inciso 5º y 220 del Código Civil, acotando que el artículo 190 se encuentra también aplicado tácitamente y que la inter* 468
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 3 de mayo de 2005 Instituto Pacífico
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Disposición de un bien social por el cónyuge pretación errónea de las normas consiste en que la Sala Superior considera que la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la simulación no requiere de ánimo fraudulento, aunque en ciertos casos tal intento es tomado en cuenta por las partes y que en todo caso tal intento está relacionado con el interés de terceros y no con la estructura de la íntima relación; que de igual manera se dice que la simulación absoluta, debe estar vigente para demandarse en la vía de acción, lo que no se ha comprobado fehacientemente, por lo que en tal extremo la impugnada no se encuentra arreglada a ley señalando a ese respecto que aún no existe doc trina jurisprudencial de modo que no se da cumplimiento a los artículos 22 y 80 inciso 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y técnicamente resulta inapropiado hablar de la jurisprudencia nacional; asimismo, acusa que el artículo 190 del Código Civil prescribe que por la simulación se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo; el artículo 219 inciso 5º del Código Civil estipula que el acto es nulo cuando adolezca de simulación absoluta, y el artículo 220 del mismo texto legal prescribe por quiénes puede ser alegada dicha nulidad, en tal sentido debe señalarse que no hay simulación sin engaño, ya que este es el n mismo de la simulación; de otro lado señala que la Sala Superior invocó el artículo 193 del citado Código, conforme al cual la acción de simulación puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, y en autos el recurrente es tercero perjudicado, pues el cónyuge enajenó un bien sin su intervención, en contravención del artículo 315 del Código Sustantivo; que así es erróneo considerar que la simulación no está vigente, por lo que no debió demandarse en vía de acción, resultando errada la acotación efectuada en la sentencia de vista respecto la cita del doctor Vidal Ramírez, pues la acción de nulidad prescribe a los diez años conforme al artículo 2001 inciso 1º del Código Civil; asimismo denuncia la interpretación errónea del artículo 315 del Código Civil y el artículo V del Título Preliminar de ese mismo Cuerpo normativo, pues se dice que la motocicleta fue adquirida para uso de la emplazada, anotándose el nombre de soltera de esta en la tarjeta de propiedad, por lo que se habría conrmado una situación de hecho producto de la relación matrimonial, de modo que el orden público no se ve afectado, resultando dicha hipótesis una aberración jurídica, pues el matrimonio es una institución que interesa al orden público y sus normas son de interés social; consecuentemente, es contrario al orden público el acto en que una cónyuge enajena un bien que pertenece a la sociedad de gananciales sin la participación del otro cónyuge, por lo que tal acto se sanciona con la nulidad absoluta del artículo 219 inciso 8 del Código Civil acotado, que hay interpretación errónea del artículo 315 del Código anotado, pues se considera que no es necesario poder especial para enajenar un bien, por el hecho que el cónyuge no enajenante ha permitido que la cónyuge enajenante use su nombre de soltera. 3. CONSIDERANDOS: Primero: Que, la nalidad del recurso de casación es velar por la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unicación de a jurisprudencia nacional. Segundo: Que, respecto a la denuncia de que la impugnada no se encuen tra arreglada a ley, por cuanto aún no existe doctrina jurisprudencial, se advierte que si bien es cierto esta aún no existe con las características previstas en el artículo 400 del Código Procesal Civil, los juzgadores tienen las potestad de revisar y citar jurisprudencia así como doctrina, lo cual podrán realizar con motivo de efectuar la fundamentación de hecho y derecho de la resolución del caso concreto tanto más que el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en caso de vacío o defecto de las disposiciones de este Código, autoriza recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes en atención a las circunstancias del caso, por lo que la denuncia debe desestimarse. Tercero: Que, este Supremo Tribunal en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido que de acuerdo a la Ley y a la doctrina la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un patrimonio autónomo e indivisible que goza de protección constitu-
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Jurisprudencia fundamental
cional, integrado por un universo de bienes, en el que no existen cuotas ideales pues estas son propias del instituto jurídico de copropiedad o condominio. Cuarto: Que, en efecto, los bienes gananciales o sociales son aquellos adquieren los cónyuges a título común, lucrativo u oneroso, durante la vigencia del matrimonio, de conformidad con los artículos 310 y 311 del Código Civil y tienen n cuando el régimen de sociedad de gananciales fenece, de acuerdo a los artículos 319 y 323 del acotado; distinguiéndose de la copropiedad, en tanto esta se dene como el dominio de un bien tenido en común por varios sujetos, quienes son titulares de cuotas ideales en igual proporción respecto del bien. Quinto: Que, en tal virtud, para disponer de bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, salvo que uno de ellos dé poder al otro para ese efecto, de acuerdo al artículo 315 del Código material, por lo que están prohibidos los actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables sin intervención de ambos cónyuges; de modo tal que si, contraviniendo dicha norma, se practica actos de disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges se incurrirá en la causal de nulidad absoluta del acto jurídico prevista en el artículo 219 inciso 1º del Código Civil, por falta de manifestación de voluntad de ambos titulares del dominio del bien y por ser contrario a las leyes que interesan el orden público según el artículo V del Título Preliminar del Código Sustantivo. Sexto: Que, conforme a los criterios jurídicos establecidos en los considerandos precedentes y a lo establecido por el A’ quo en la sentencia de fojas doscientos ochenta y cinco, el acto jurídico de compraventa de bien mueble especícamente de la motocicleta de placa de rodaje número MY- sesenta y tres cero sesenta, celebrado el veinticuatro de mayo del dos mil entre la codemandada Fabiola Mesía Cárdenas de Beraún y los codemandados Wenceslao Mesía Vásquez y Kelly Cárdenas Mori de Mesía, padres de aquella, donde consigna como su estado civil el de soltera, siendo casada, se realiza sin la participación del actor –el cónyuge– por lo que la exigencia del mencionado artículo 315 del Código Civil al establecer “que para poder disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere de la intervención del marido y la mujer, empero cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro”; no se ha cumplido en el presente caso, por lo que al tratarse de un acto de disposición de un bien social, toda vez que la moto fue adquirida dentro de la sociedad conyugal conforme lo ha señalado la propia codemandada, la compraventa materia de litis resultaría nula por haberse efectuado por uno de los cónyuges; de lo que se desprende que el Colegiado Ad quem ha interpretado erróneamente los artículos 315 y V del Título Preliminar del Código Civil. Séptimo: Que, la nulidad por simulación absoluta amparada en el 219 inciso 5º concordante con el artículo 190 del mencionado Código opera cuando las partes no teniendo intención alguna de quedar jurídicamente vinculadas, ngen celebrar un negocio aparente; siendo que de conformidad con el artículo 220 del Código acotado el interés que faculta la ley para accionar la nulidad de un acto jurídico es el legítimo interés económico y moral y no el que algún tercero simplemente invoque sin existir tal; en el caso de autos al señalar el Colegiado de Loreto que no puede ser alegada por el actor al no ser tercero perjudicado, y porque la simulación no está vigente, por lo que no debió demandarse en vía de acción; se advierte la interpretación erróneamente de dicha norma, puesto que la misma señala que la nulidad del acto simulado puede ser ejerci tada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado según sea el caso; por lo que el demandante al verse perjudicado con la compraventa submateria demandó la nulidad, teniéndose en cuenta que la moto como se ha señalado pertenecía a la sociedad conyugal. Octavo: Que, sin embargo, estando a que el artículo 397 in ne, del Código Procesal Civil, establece que no se casará la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, en este caso se deberá hacer la correspondiente recticación de los fundamentos del fallo, sin declarar fundado el recurso de casación; siendo que 470
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Disposición de un bien social por el cónyuge en el caso subexamen no obstante vericarse la interpretación errónea las normas denunciadas ello no varía el hecho de que la demanda es infundada, al advertirse que ha existido sustracción de la materia, pues la compraventa materia de nulidad del acto jurídico de vein ticuatro de mayo del dos mil, por el cual doña Fabiola Mesía Cárdenas transere la moto sub litis a sus padres don Wenceslao Mesía Vásquez y a doña Kelly Ana María Cárdenas Mori de Mesía, dejó de tener ecacia al haberse efectuado la retroventa, esto es, que el veintisiete de junio del mismo año, antes de la interposición de la demanda ocurrida el veinticuatro de julio siguiente, la misma moto es transferida por aquellos a favor de la codemandada doña Fabiola Mesía Cárdenas de Beraún reingresando de tal modo la moto al patrimonio de la sociedad conyugal, conformada por ésta y el actor. 4. DECISION: a) Por las razones anotadas en los considerandos precedentes y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alfonso Beraún Cadenillas, en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas trescien tos noventidós, su fecha catorce de abril del dos mil tres, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto. b) CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal así como de las costas y costos originados en la tramitación del recurso. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ocial El Peruano , bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. ALFARO ÁLVAREZ / CARRIÓN LUGO / PACHAS ÁVALOS / ZUBIATE REINA / ESCARZA ESCARZA
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Civil
Jurisprudencia fundamental
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 28962001-Lima
3.ª CASACIÓN: El adquirente que conocía que el bien social fue dispuesto por uno de los cónyuges no se encuentra amparado
Sumilla: Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, como lo señala el Código Civil, sin embargo esta disposición debe armonizarse con los principios contractuales, operando la nulidad del acto de disposición de cualquiera de los cónyuges, siempre y cuando los adquirientes tengan pleno conocimiento que el bien por adquirir ostente la calidad de un bien de la sociedad de gananciales, conocimiento previo que importaría la mala fe de estos últimos.
CASACIÓN N.º 2896-2001-LIMA* Lima, veintiuno de octubre del dos mil tres.LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, Vista la causa en el día de la fecha; integrada por los Señores Vocales; Vásquez Cortez, Loza Zea, Egúsquiza Roca, Zubiate Reina y Miraval Flores; luego de vericada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO. Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Felipa Leonor Quispe Miranda, contra la resolución de vista de fojas ciento noventa y ocho, su fecha dieciséis de marzo del dos mil uno, expedida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, que conrmando la sentencia apelada de fojas ciento sesenta y seis, su fecha catorce de agosto del dos mil, declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico. 2.- FUNDAMENTO DEL RECURSO. El recurrente invocando los incisos segundo y tercero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, denuncia como agravios: a) La inaplicación del artículo trescientos quince del Código Civil, argumentando que se ha omitido aplicar al caso de autos la citada norma, la que señala que para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, empero cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro; b) La infracción de las formas esenciales para la ecacia y validez de los actos procesales. 3.- CONSIDERANDO: Primero: Que, por Resolución Suprema de fecha tres de abril del dos mil dos, el recurso de casación ha sido declarado procedente solo por la causal de inaplicación de una norma de derecho material. Segundo: Que, por escrito de fojas cinco, doña Felipa Leonor Quispe Miranda, solicita se declare la nulidad del acto jurídico contenido en el contrato privado de * 472
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 1 de junio de 2004. Instituto Pacífico
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Disposición de un bien social por el cónyuge fecha diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por el cual su cónyuge don Hilario Arenas Catalán transere en propiedad a los codemandados Mario Montalvo Espinoza y Elsa Ríos Salazar de Montalvo, el predio rústico signado con el Lote treinta y ocho, ubicado en la Zona Agropecuaria de Villa Ria, de una extensión de una hectárea, argumentando que dicho bien es parte de la sociedad de gananciales conformada por la recurrente y su cónyuge con quien contrajo nupcias el doce de febrero de mil novecientos setenta y dos, y en atención a lo dispuesto en el artículo trescientos quince del Código Civil. Tercero: Que, conforme a lo dispuesto por los artículos mil trescientos sesenta y uno y mil trescientos sesenta y dos del Código Civil, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, debiéndose estos negociar, celebrar y ejecutar según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Cuarto: Que, si bien el artículo trescientos quince del anotado Código precisa que para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, sin embargo esta disposición debe armonizarse con los principios contractuales antes referidos, operando la nulidad del acto de disposición de cualquiera de los cónyuges, siempre y cuando los adquirientes tengan pleno conocimiento que el bien por adquirir ostente la calidad de un bien de la sociedad de gananciales, conocimiento previo que importaría la mala fe de estos últimos. Quinto: Que, en el presente caso, tal como lo ha establecido la sentencia de vista impugnada al declarar infundada la demanda, si bien la accionante acreditó haber contraído matrimonio civil con el codemandado Hilario Arenas Catalán, con anterioridad a la rma del contrato privado materia de nulidad, que data del diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, sin embargo no ha demostrado en modo alguno que a la fecha de su celebración, los compradores hayan tenido conocimiento que el vendedor tenía la condición de casado, ni mucho menos que este hecho les haya sido comunicado por la demandante como se sostiene en el escrito de demanda, lo cual denota la buena fe con la que actuaron los compradores del inmueble, no resultando por tanto de aplicación al caso sub litis el artículo trescientos quince del Código Civil. 4.- RESOLUCIÓN: Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos seis por doña Felipa Leonor Quispe Miranda; en consecuencia NO CASARON la resolución de vista de fojas ciento noventa y ocho, su fecha dieciséis de marzo del dos mil uno; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el diario ocial El Peruano ; en los seguidos con don Hilario Arenas Catalán y otros, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. S.S. VÁSQUEZ CORTEZ / LOZA ZEA / EGÚSQUIZA ROCA / ZUBIATE REINA / MIRAVAL FLORES
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Jurisprudencia fundamental
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 3722005-Arequipa
4.ª CASACIÓN: Las edificaciones realizadas sobre los bienes sociales para disponer o gravarlas se tienen que realizar por ambos cónyuges
Sumilla: En este caso estamos ante un inmueble con edicaciones construidas, que tenía la calidad de bien social y que por ende, para disponerlo o gravarlo se necesitaba del consentimiento de ambos cónyuges y ante la ausencia de manifestación de voluntad de uno de ellos, el acto jurídico de constitución de hipoteca resultaba nulo.
CASACIÓN N.º 372-2005-AREQUIPA* Lima, diecisiete de enero del dos mil seis.LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Vista la causa en la audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia MATERIA DE RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú debidamente representado por Eduardo Misael Villamar Pinto, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y uno su fecha ocho de noviembre del dos mil cuatro, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que conrma la sentencia apelada que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico en los seguidos por Santuosa Isabel Huaytía de Chulto contra Banco Santander Central Hispano del Perú, ahora Banco de Crédito del Perú y otros; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Este Supremo Tribunal por resolución de fecha catorce de abril del dos mil cinco, obrante a fojas treinta y dos del presente cuaderno, ha declarado procedente el recurso por la causal prevista en el inciso segundo del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, relativa a la inaplicación de una norma de derecho material contenida en articulo trescientos tres del Código Civil. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurrente alega la inaplicación del artículo trescientos tres del Código Civil, el cual regula la administración y disposición de los bienes propios. Sostiene que al encontrarse registrado el inmueble en calidad de bien propio a favor de Bartolomé Chullo Arhuire, este contaba con la exclusiva facultad de gravarlo; toda vez que el hecho de ser casado, en nada enervaría dicha calidad, pudiendo haber dispuesto del inmueble conforme a la información registral; Segundo.Que, de la revisión del expediente, se ha establecido lo siguiente: a) que, el codemandado * 474
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 31 de julio de 2006 Instituto Pacífico
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Disposición de un bien social por el cónyuge Bartolomé Chullo Arhuiere, siendo soltero adquirió de propiedad de lote numero diecinueve manzana tres, zona A del Pueblo Joven Miguel Grau, Distrito de Paucarpata, Provincia y Región de Arequipa mediante contrato de compraventa de fecha veintiséis de diciembre del mil novecientos setenta y seis obrante a rojas trescientos ochenta y dos; el cual fue inscrito en la Partida número P cero seis cero dos cinco ocho cuatro nueve del Registro Predial Urbano de Arequipa (antes Ficha cuatro ocho dos cinco nueve), conforme se aprecia a fojas doscientos sesenta y cinco; b) que, el codemandado Bartolomé Chuilo Arhuire, conforme se puede ver a fojas diez, contrajo matrimonio civil con la demandante Santusa Isabel Huaylla de Chullo el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y c) que, el codemandado, conforme se aprecia de fojas trescientos ochenta y tres, con fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, otorgó a favor del Banco del Sur del Perú (ahora Banco de Crédito del Perú) una escritura pública de constitución de hipoteca sobre el inmueble antes descrito, como garantía de la deuda contraída por Fernando Vizcarra Tapia con dicha entidad nanciera; esta hipoteca, conforme se ha descrito en el documento que la contiene, comprendía el área del inmueble descrito y sus construcciones; además, en la parte introductiva de la escritura pública, se precisó que el codemandado Bartolomé Chullo Arhuire se encontraba casado con doña Santusa Isabel Huaylla de Chullo; Tercero.- Que, no existe duda, que a la fecha de constituirse la hipoteca del inmueble con las edicaciones construidas, el codemandado se encontraba casado con la demandante, por lo que, resulta aplicable la regla establecida en el inciso primero del artículo trescientos once del Código Civil el cual prescribe que “todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario”; Resulta necesario señalar lo expresado por Max Arias-Schreiber Pezet1 respecto a este articulo pues, se trata de una presunción relativa que opera en caso de duda o ante la falta de prueba para calicar un bien como propio de uno de los cónyuges. De ocurrir ello, se considera al bien corno social; presunción juris tantum que se sustenta en la solidaridad que gobierna todo el proceso económico de la sociedad de gananciales. Es decir, que si bien el codemandado Bartolomé Chullo Arhuire adquirió el lote descrito en el literal a) del considerando precedente de la presente resolución, es presumible entonces que la demandante Santusa Isabel Huaylla de Chullo, al haberse casado con él, edicó la construcción de todo aquello que forma parte del inmueble; situación que no ha sido negado por el codemandado Bartolomé Chullo Arhuire en su escrito de contestación de demanda de fojas cuarenta y cinco; Cuarto.- Que, en tal sentido, al haberse aplicado la presunción respecto a que las edicaciones son un bien social, es pertinente también la aplicación del segundo párrafo del artículo trescientos diez del Código Civil, el cual establece, que también tienen la calidad de bienes sociales los edicios construidos a costa del caudal social en el suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso; Quinto.- Que, asimismo, o antes expuesto debe ser concordado con el articulo trescientos quince del Código Civil, el cual señala que, para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Consecuentemente, durante el transcurso del proceso se ha acreditado que la cónyuge demandante no intervino en la celebración de la constitución de la hipoteca, pese a que el Banco demandado tenía conocimiento que el codemandado Bartolomé Chullo era casado y que el inmueble que se iba a hipotecar con tenía edicaciones, por lo cual, tenía la calidad de bien social; Sexto.- Que, de lo expuesto, se concluye que la norma sustantiva que se denuncia como inaplicada, no resulta pertinente para dirimir la presente controversia, toda vez, que la misma se reere a la administración de bienes propios, mientras que, como ya se ha explicado en los considerandos precedentes, en el presente caso, estamos ante un inmueble con edicaciones construidas, que tenía la calidad 1 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984 , Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p. 243. Volumen 1 | Julio 2014
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de bien social y que por ende, para disponerlo o gravarlo se necesitaba del consentimiento de ambos cónyuges y, ante la ausencia de manifestación de voluntad de uno de ellos el acto jurídico de constitución de hipoteca resultaba nulo; Sétimo.- Que, en consecuencia, no puede ser amparada la denuncia invocada por el banco recurrente sobre inaplicación de normas de derecho material, prevista en el inciso segundo del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil. Por los considerandos expuestos y en aplicación de lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos ochenta por el Banco de Crédito del Perú debidamente representado por Eduardo Misael Villamar Pinto; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas Cuatrocientos sesenta y cinco, su fecha ocho de noviembre del dos mil cuatro; y, CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del presente recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; en la causa seguida por Santusa Isabel Huaylla de Chullo contra el Banco de Crédito del Perú (sucesor procesal de Banco Santander Central Hispano) y otros sobre nulidad de acto jurídico; ORDENARON se publique la presente resolución en el diario ocial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. CARRIÓN LUGO / FERREIRA VILDOZOLA / PALOMINO GARCIA / HERNANDEZ PEREZ / MIRANDA CANALES
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Disposición de un bien social por el cónyuge
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 1112006-Lambayeque
5.ª CASACIÓN: La falta de legitimidad para contratar, por la falta de voluntad de uno de los cónyuges en la disposición o gravamen de un bien social
Sumilla: Para disponer o gravar un bien social se requiere de la intervención de ambos cónyuges, sin que ello no signique la posibilidad de otorgar poder al otro. De allí que la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para contratar.
CASACIÓN N.º 111-2006-LAMBAYEQUE* Lima, treinta y uno de octubre de dos mil seis. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista la causa ciento once - dos mil seis, con los acompañados, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Aldo Antonio Zeballos Picco contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos veintidós, su fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, que revocando la sentencia apelada que declaraba fundada la demanda y declaraba nulo el acto jurídico y el contrato de garantía hipotecaria contenido en la escritura pública del diez de agosto del año mil novecientos noventa y ocho, así como el documento que lo contiene, con lo demás que en ella contiene; y reformándola declara infundada la demanda en todos sus extremos. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Corte por resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil seis, ha estimado procedente el recurso de casación por las causales previs tas en los incisos 2 y 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil: a) Inaplicación del artículo 315 del Código Civil, ya que teniendo conocimiento el banco, que la demandada Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui tenía la condición de casada, requería necesariamente para la constitución de la hipoteca de su intervención, en su calidad de cónyuge; por lo que, al haberse celebrado un acto jurídico de gravamen respecto de un bien inmueble social, sin la intervención conjunta de los cónyuges, no resulta oponible la publicidad registral por el conocimiento previo de la inexactitud del registro; b) Aplicación indebida de los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código Civil, pues al momento de la celebración del acuerdo hipotecario *
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 31 de enero de 2007
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no concurrían “los elementos objetivos ni subjetivos de la buena fe registral como es la exac titud registral y la buena fe” (sic), pues al tenerse conocimiento de la situación jurídica de casada de la demandada, se desvanece la presunción juris tantum del artículo 2014 del Código sustantivo; asimismo, señala que los magistrados no han reparado que existe inexactitud en el registro, esto es, discordancia entre el registro y la realidad jurídica. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la inaplicación de una norma sustantiva se presenta cuando el juzgador, luego de haber identicado los hechos del caso, al momento de buscar la subsunción, no logra identicar la norma pertinente, por lo que no la aplica. Segundo.- Que, se ha denunciado la inaplicación del artículo 315 del Código Civil, buscando con ello en el fondo, tal como lo estableció la sentencia de Primera Instancia, establecer que en los de autos se está ante un supuesto de nulidad del acto jurídico, y así, buscar que el banco beneciario con la garantía hipotecaria, al conocer de la naturaleza social del bien inmueble hipotecado, no se benecie con la publicidad registral. Tercero.- Que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el artículo 315 del Código sustantivo, siendo que con esta sentencia suprema, se procede a variar criterios anteriormen te establecidos, a n de concluir que, el supuesto previsto en la referida norma sustantiva no recoge un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino uno de inecacia, el mismo que origina que el acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad de gananciales. Cuarto.- A mayor abundamiento, conforme lo establece el artículo 292 del Código Civil, la sociedad conyugal se encuentra representada por los dos cónyuges, la misma que además debe ser ejercida de manera conjunta; atendiendo a ello, el artículo 315 del Código en mención establece que, para disponer o gravar un bien social se requiere de la intervención de ambos cónyuges; supuesto que no descarta la posibilidad que uno de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal que se encuentra recogida tanto en el artículo 315 como en el artículo 292 del Código glosado, lo cual lleva a concluir que, la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para contratar. Quinto.- Es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de ecacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica” (Massimo Bianca. Diritto Civile. Tomo tres. II Contratto. Giuffrè Editore. Milán, mil novecientos noventa y ocho. Páginas sesenta y cinco-sesenta y seis). Tal supuesto resulta plenamente reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede ser encontrado también en el artículo 161 del Código Civil, a propósito de los efectos realizados por el denominado falsus procurator. La diferencia con el caso materia de autos es que, en la celebración del contrato de constitución de garantía hipotecaria, la demandada doña Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui se presentó ante el banco demandado como única propietaria del bien inmueble y además declarando su calidad de soltera. Sexto.Siendo así, atendiendo a que se ha demandado la nulidad de un acto jurídico, la norma sustantiva materia de análisis, al no recoger un supuesto de nulidad, no resulta aplicable a los autos, por lo que esta primera denuncia debe ser desestimada. Sétimo.- En cuanto a la aplicación indebida del artículo 2012 del Código Civil, tal dispositivo recoge el denominado principio de publicidad, en virtud al cual se presume que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones, sin admitirse prueba en contrario. Al respecto se aprecia que, tal norma resulta pertinente a los de autos, al recoger un principio registral necesario de ser analizado ante el pedido de nulidad de un acto jurídico inscrito, por tanto, esta denuncia también debe ser desestimada. Octavo.- En cuanto a la denuncia de aplicación indebida del artículo 2013 del Código Civil, esta norma recoge el denominado principio de legitimación, en virtud al cual, el contenido de las inscripciones se presume cierto, mientras no se rectique o se decla478
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Disposición de un bien social por el cónyuge re judicialmente su invalidez. Conforme se aprecia de su texto, tal dispositivo recoge un mecanismo de seguridad a favor de quienes contratan en base a la información registral, pero, ofrece una protección relativa, ya que en caso se demostrara la inexactitud del registro, respecto de quien contrató en base a su información, el efecto de la invalidez o inecacia le alcanzará también al adquirente. A n de establecer su contenido de manera concreta, se debe apreciar que, aquel que contrata basándose en la información registral y luego inscribe su derecho, goza de una protección relativa (dada la presunción iuris tantum contenida en el dispositivo materia de análisis), debiendo indicarte también que, el hecho de la inscripción registral no implica la desaparición de las causales de invalidez o inecacia en las que se pudiera encontrar el acto jurídico en cuestión. Noveno.- Conforme se aprecia, esta presunción resulta aplicable a los autos, en la medida en que la situación jurídica existente entre el banco demandado y quien ha otorgado en garantía un inmueble viene siendo cuestionada, manifestándose así la presunción relativa, pues de determinarse el supuesto de nulidad que se ha denunciado, sus efectos alcanzarán al banco demandado, dado que respecto de él no se rompe la “cadena de arrastre de la nulidad”; empero, conforme se ha expuesto, al haberse demandado la nulidad del acto jurídico, y al no haberse declarado esta, la aplicación del artículo 2013 del Código Civil en nada va a afectar el sentido de la decisión nal, entonces, esta denuncia también debe ser desestimada. Décimo.- En cuanto a la aplicación del artículo 2014 del Código Civil, esta norma recoge el denominado “principio de buena fe registral”, en virtud al cual, a diferencia del supuesto anteriormente analizado, al tercero registral se le otorga una protección absoluta, de tipo jure el de jure, es decir, donde no cabe prueba en contrario, principio que benecia a un sujeto particular al que se le denomina tercero registral, quien para recibir tal calicación y protección debe encontrarse dentro del supuesto de hecho de la norma en análisis, lo cual supone establecer: a) Que exista una adquisición válida a tí tulo oneroso; b) Que la adquisición del derecho se haya realizado, de persona que aparece en el registro con facultades para otorgarlo; c) Que exista buena fe en el adquirente, es decir, que ignore los motivos de nulidad, rescisión o resolución que afectan el contrato anteceden te en el que confía el tercero; d) Que no debe constar en el registro público las causales de nulidad o inecacia del contrato antecedente; y, e) Que el tercero haya inscrito su título. Undécimo.- Conforme se desprende de lo establecido en el artículo 2014, el tercero registral al que hace referencia la norma, es el sujeto de derecho que no interviene, es decir que no es parte, en el acto jurídico que es materia de anulación, rescisión o resolución. Este supues to no ocurre en los de autos, ya que es el recurrente quien argumenta que el acto de gravamen realizado por su cónyuge no se encuentra amparado bajo el principio de la fe pública registral, pero, tal acto de gravamen es especícamente aquel cuya validez viene siendo cuestionada en autos; de manera que, el banco demandado no es tercero registral bajo los alcances previstos en la norma bajo análisis; siendo así, dado que la aplicación del artículo 2014 del Código Civil, según alcances que se le ha dado, en nada va a afectar el sentido de la decisión nal, entonces, esta denuncia tampoco debe ser estimada. Duodécimo.- Que, conforme a los argumentos expuestos, el recurso de casación debe ser declarado infundado, frente a lo cual este Supremo Tribunal no pude dejar de apreciar que, el acto de constitución de hipoteca, materia de nulidad fue constituido por doña Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui, a n de garantizar las deudas que tuviera la rma Diseños Exclusivos Sociedad Responsabilidad Limitada, la misma que mantiene una deuda de dieciséis mil novecientos doce dólares americanos con el banco demandado (según mandato de ejecución de fojas cuarenta y dos del expediente acompañado), lo cual dio lugar al inicio de un proceso de ejecución de garantía, conforme se advierte del expediente acompañado; apreciándose también que, en tales autos, a fojas ciento veintinueve, la rma Diseños Exclusivos Sociedad Responsabilidad Limitada, se
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ha apersonado a tal proceso, actuando representada por su Gerente, don Aldo Antonio Zeballos Picco (cónyuge de doña Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui y demandante en los de autos), advirtiéndose también que, a fojas doscientos noventa y cuatro del referido expediente, se ha dispuesto la suspensión del proceso de ejecución, en virtud a la tercería de propiedad interpuesta por doña Liliana Carmen Julia Márquez Mori, quien ha señalado haber adquirido el inmueble sub litis antes de la constitución de la hipoteca; lo expuesto se indica para efectos de advertir que, conforme al artículo 109 del Código Procesal Civil, las partes tienen el deber de proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en sus intervenciones en el proceso. 4. DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas; estando a lo establecido en el artículo 397, 398 y 399 del Código Procesal Civil: declararon a) INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Aldo Antonio Zeballos Picco, mediante escrito de fojas cua trocientos treinta y dos; en consecuencia NO CASAR la resolución de vista de fojas cuatrocientos veintidós, su fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. b) CONDENARON a la parte recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación de este recurso, así como al pago de multa de una Unidad de Referencia Procesal; en los seguidos con Banco Santander (hoy Banco de Crédito del Perú) y otra, sobre nulidad de acto jurídico. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ocial El Peruano , bajo responsabilidad; interviniendo como Vocal Ponente el Dr. Miranda Canales, y los devolvieron. SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA / SANTOS PEÑA / MANSILLA NOVELLA / HERNÁNDEZ PÉREZ / MIRANDA CANALES
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Disposición de un bien social por el cónyuge
JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 9072008-Arequipa
6.ª CASACIÓN: La falta de intervención de uno de los cónyuges en la celebración de un acto jurídico constituye la ineficacia del acto jurídico
SUMILLA: Al carecer el cónyuge que celebra el acto jurídico de falta de representación de la sociedad conyugal, este acto jurídico se constituye en uno de representación sin poder de acuerdo al artículo 161 del Código Civil; de esa manera, dicho acto deviene en inecaz, au nque sea pasible de ser raticado por el otro cónyuge de acuerdo con el artículo 162 del Código Civil.
CASACIÓN N.º 907-2008-AREQUIPA* Lima, veinticuatro de julio del dos mil ocho.LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS; con los acompañados, vista la causa llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Rodríguez Mendoza, Gazzolo Villata, Pachas Avalos, Ferreira Vildózola y Salas Medina; se emite la siguiente sentencia: 1.MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos sesenta y ocho por doña Katty Ninoska Oviedo Barrios, en representación de don Rómulo Lorenzo Herrera Centti, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y uno emi tida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa el treinta y uno de enero del dos mil ocho, que revocando la apelada de fojas cuatrocientos siete de fecha treinta y uno de mayo del dos mil siete declara improcedente la demanda en todos sus extremos. 2.FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema por resolución de fecha diecinueve de mayo del dos mil ocho obrante a fojas cuarenta y siete del cuaderno de casación ha declarado procedente el recurso por la causal del inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida a la interpretación errónea de una norma de derecho material. 3.- CONSIDERANDO: Primero: Que, en el caso de autos don Rómulo Lorenzo Herrera Centti pretende se declare la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública de constitución de hipoteca del diez de junio de mil novecientos noventa y seis y su modicatoria del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, mediante los cuales su cónyuge, doña Rina Rueda de Herrera, afecta a favor del Banco de Crédito del Perú la parcela tres del fundo rústico denominado Jesús María del sector de la Rinconada *
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 1 de diciembre de 2008.
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Jurisprudencia fundamental
del Valle, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, argumentando en síntesis que dicho inmueble es un bien social por haber sido adquirido dentro del matrimonio y que, pese a que el banco conocía la condición de casada de la hipotecante, no se pidió su consentimiento. Segundo: Que, por sentencia de fojas cuatrocientos siete, el Juez de la causa declaró infundada la demanda al concluir, en base a su valoración probatoria, que el inmueble dado en hipoteca constituía un bien propio de la codemandada Rina Rueda, razón por la que concluye no se requería la intervención del recurrente para gravar el bien. Tercero: Que, habiéndose apelado por el demandante, la Sala Superior ha declarado la improcedencia de la demanda señalando que el argumento en que se sustenta don Rómulo Herrera, esto es, que no se pidió su consentimiento en la constitución de la hipoteca y su modicatoria pese a ser casado de acuerdo al artículo 315 del Código Civil, no es uno que se reera a un supuesto de nulidad sino a uno de inecacia tal como fuera señalado en la ejecutoria de casación de la Sala Civil Permanente N.º 111-2006 del treinta y uno de octubre del dos mil seis , pues la presencia
de ambos cónyuges en el acto de disposición o gravamen a que reere el artículo 315 no supone un requisito de validez del acto jurídico sino una adecuada legitimidad para contratar. Cuarto: Que, el impugnante ha denunciado la interpretación errónea del artículo 315 del Código Civil cuestionando la interpretación del Colegiado Superior de que el supuesto de dicha norma no recoja la nulidad del acto jurídico sino su inecacia. Quinto: Que, el artículo 315 de nuestro Código Civil señala: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro”. Sexto: Que, como se aprecia de la lectura integral de dicho texto el supuesto que regula la norma es uno por el cual uno de los cónyuges grava o dispone de un bien social sin que haya intervenido el otro, no obstante la norma no precisa cuál es la consecuencia de la falta de intervención del otro cónyuge , que es lo que corresponde analizarse. Sétimo: Que, así en principio debe destacarse que la norma en referencia no precisa el momento de la intervención del cónyuge para disponer o gravar el bien, y sólo a renglón seguido señala que cualquiera de los cónyuges puede hacerlo si tiene poder especial del otro, esto a n de poder actuar por la sociedad conyugal que ambos conforman, aspectos ambos que conducen a entender que el conicto incide en un primer supuesto en la falta de representación, esto es, al carecer el cónyuge que celebra el acto de la representación de la sociedad conyugal su acto se constituye en uno de representación sin poder de acuerdo al artículo 161 del Código Civil, acto que de acuerdo a tal artículo resulta inecaz, siendo siempre pasible de ser raticado por el otro cónyuge de acuerdo con su artículo 162, lo que no sucede con el acto nulo. Octavo: Que,
aún más, las normas que regulan el acto jurídico no exigen como requisito para su validez la intervención de ambos cónyuges ni el artículo 315 del Código Civil se pronuncia en tal sentido, presentándose en el acto de disposición de uno de los cónyuges con exclusión del otro un supuesto de falta de legitimación, pues quien celebra el acto no goza del poder de disponer o gravar el bien, que es lo mismo que ocurre (falta de legitimación) en los casos de compraventa de bien ajeno, de modo tal que el acto celebrado no surtirá efecto - en línea de principio - respecto a quien sí goza de ese poder de disposición, para el caso del artículo 315, la sociedad conformada por ambos cónyuges, en relación a la cual el acto es inefcaz y no nulo, resultando oportuno señalar, no obstante, que la excepción puede presentarse en el caso del tercero registral al que reere el artículo 2014 del Código Civil, cuyo derecho queda supeditado a la celebración del acto conforme a las exigencias que dicha norma establece; Noveno: Que, siendo así, dado que la legitimación no es un requisito de validez contemplado en nuestro ordenamiento civil, sino uno de ecacia, no se congura la interpretación errónea denunciada; por lo que resulta de aplicación el artículo 397 del Código Procesal Civil. Décimo: Que, debe exonerarse al recurrente de las costas y costos y de la multa del recurso 482
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Disposición de un bien social por el cónyuge por gozar de auxilio judicial de conformidad con el artículo 413 del Código Procesal Civil, y en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional número 1223-2003-AA/TC de fecha veinticuatro de junio del dos mil tres. 4.- DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos sesenta y ocho por doña Katty Ninoska Oviedo Barrios, en representación de don Rómulo Lorenzo Herrera Centti, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y uno su fecha treinta y uno de enero del dos mil ocho; EXONERARON al recurrente del pago de la multa así como de las costas y costos del recurso por gozar de auxilio judicial; MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ocial El Peruano; en los seguidos contra el Banco de Crédito del Perú y otra sobre Nulidad de Acto Jurídico; señor Vocal Ponente: PACHAS AVALOS; y los devolvieron.SS. RODRÍGUEZ MENDOZA / GAZZOLO VILLATA / PACHAS AVALOS / FERREIRA VILDOZOLA / SALAS MEDINA
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JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 34372010-Lima
7.ª CASACIÓN: La falta de representación de uno de los cónyuges en la disposición de los derechos de propiedad sobre los bienes sociales
SUMILLA: Ninguno de los cónyuges puede disponer de derechos de propiedad sobre los bienes sociales (salvo el caso excepcional), que cuando uno sólo de ellos se compromete a gravar o disponer el patrimonio de la sociedad de gananciales, nos encontramos ante un acto jurídico que se opone a una norma imperativa, en la que existe una falta de representación de uno de los cónyuges o de la disposición de derechos del uno de ellos, como ocurre en el presente caso.
CASACIÓN N.º 3437-2010-LIMA * Lima, nueve de junio de dos mil once.LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, vista la causa número tres mil cuatrocientos treinta y siete - dos mil diez, en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandan te Nelly Argelia Aguirre de Ruiz contra la sentencia de vista su fecha seis de abril de dos mil diez, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas cuatrocientos trece, que revoca la sentencia apelada de fecha diez de setiembre de dos mil ocho, que obra a fojas doscientos sesenta y cuatro, que declaró fundada la nulidad del acto jurídico contenido en el mutuo con garantía hipotecaria, y reformándola declaró improcedente la nulidad del mismo.2 FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Suprema Sala mediante resolución del veinticuatro de enero de dos mil once, ha declarado procedente el recurso de casación por infracción normativa sustantiva de los artículos 4 de la Constitución Política del Perú y 219 inciso 1 del Código Civil, alega la recurrente que la Sala Superior concluye que los hechos aluden al supuesto de inecacia regulado en el artículo 161 del Código Civil y no con lo dispuesto en el articulo 219 inciso 1 del mismo Código, sobre nulidad del acto jurídico; señala que el preci tado artículo 161 no se aplica al presente caso ya que se reere a la representación sin poder o cuando el apoderado se excede de las facultades otorgadas, sin embargo, en el presente caso para disponer de los bienes sociales se requiere la participación del marido y la mujer * 484
Publicado en el diario ocial El Peruano, el 10 de abril de 2012. Instituto Pacífico
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Disposición de un bien social por el cónyuge que conjuntamente constituyen un patrimonio autónomo, por tanto, el agente es la sociedad conyugal y no uno sólo de sus partícipes; expresa que el artículo 4 de la Constitución Política protege a la familia y promueven el matrimonio, reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad; indica que el artículo 323 del Código Civil señala que los bienes de la sociedad de gananciales son de naturaleza autónoma con garantía institucional, por cuanto sus normas son de orden público sin que puedan ser modicados por la sola vo luntad de los cónyuges; agrega que los bienes sociales no constituyen copropiedad de los cónyuges sino un patrimonio autónomo regulado por el artículo 65 del Código Procesal Civil, por tanto, no pueden confundirse las reglas aplicables a los bienes sociales con las correspondientes a la copropiedad; nalmente, señala que respecto de los bienes sociales, cada uno de los cónyuges no es titular de derechos y acciones como los reconocidos para cada copropiedad en los artículos 969 y siguientes del Código Civil. 3. CONSIDERANDO : Primero.- Que, el recurso de casación tiene como nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unicación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, en principio corresponde efectuar previamente un resumen de la controversia suscitada materia del presente recurso; que en ese sentido, a través de la demanda de fojas treinta y tres, Nelly Argelia Aguirre Albán pretende se declare la nulidad del contrato de compra-venta y mutuo con garantía hipotecaria, contenido en la escritura pública de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, celebrado por el Banco Continental como mutuante y Brito Ruiz Maldonado y María Marcela Guevara Pérez como mutuatarios, la última de las nombradas suscribe la escritura pública en calidad de cónyuge de Ruiz Maldonado, las partes convienen en que el mutuo a favor de los mutuatarios asciende a la suma de sesenta mil dólares americanos. En ese marco, la demandante pretende la nulidad del referido acto jurídico por la causal contenida en el artículo 219 incisos 1) y 7) del Código Civil, esto es, falta de manifestación de voluntad del agente y cuando la ley lo declara nulo, reere que Brito Ruiz Maldonado asume una deuda, disposición patrimonial, a nombre de la sociedad de gananciales conformada por la recurrente y el referido codemandado, sin contar con la manifestación de voluntad de la recurrente quien es su cónyuge. Para tal efecto los codemandados Brito Ruiz Maldonado y María Marcela Guevara Pérez maliciosamente declaran formar parte de una sociedad conyugal, cuando lo cierto es que el codemandado Brito Ruiz Maldonado se encuentra casado con la recurrente Tercero.- Que, al contestar la demanda a fojas sesenta y ocho, el codemandado Banco Continental solicita que la misma sea declarada infundada, alegando que celebraron el acto jurídico de mutuo con garantía hipotecaria sub judice, conando en la fe pública notarial, pues los codemandados Brito Ruiz Maldonado y María Marcela Guevara Pérez declararon formar parte de una sociedad conyugal, celebrando la hipoteca con quienes aparecían con derechos inscritos registralmente para hacerlo, además advierte colusión para perjudicar al Banco entre la demandante y los codemandados, pues señalan el mismo domicilio procesal. Cuarto.- Que, mediante sentencia de primera instancia de fojas doscientos sesenta y cuatro, el Cuarto Juzgado Civil de Lima, declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, en consecuencia nulo el acto jurídico de mutuo con garantía hipotecaria, contenido en la escritura pública de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve; por considerar que entre la demandante y el codemandado Brito Ruiz Maldonado existe una sociedad conyugal desde el veintiséis de julio de mil novecientos setenta y siete, siendo así, conforme al artículo 315 del Código Civil, para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere de la intervención del marido y la mujer, empero cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. En ese marco, para los efectos de poder asumir una deuda a nombre de la sociedad conyugal se
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requiere de la intervención de ambos cónyuges, lo que no sucede en el contrato de mutuo contenido en la escritura pública del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ya que, ha sido celebrado por el Banco Continental a favor de Brito Ruiz Maldonado y su esposa María Marcela Guevara Pérez, sin contar con la intervención de la demandante quien tiene la calidad de cónyuge del codemandado Brito Ruiz Maldonado, por lo que dicho acto jurídico está viciado de nulidad por la no existencia de manifestación de voluntad de uno de los consortes. No habiendo existido, en la suscripción de la escritura pública antes referida, buena fe registral, pues si bien en esta se señala la condición de cónyuges de los codemandados Brito Ruiz Maldonado y María Marcela Guevara Pérez, el Notario Público que certica el acto no ha dado fe notarial a la condición de cónyuges de los referidos codemandados. Tampoco se puede aducir la buena fe registral, por cuanto, el Banco demandado no celebró contrato de mutuo con garantía hipotecaria con quienes contaban con derecho para disponer del bien. Quinto.- El Banco Continental apeló la sentencia de primera instancia aduciendo que el juzgado no puede avalar la mala fe de los codemandados Brito Ruiz Maldonado y María Marcela Guevara Pérez los introdujeron datos falsos al contrato de mutuo con garantía hipotecaria materia de litis, pues el Banco ha actuado de buena fe contractual conforme se regula en el artículo 1362 del Código Civil, por lo que no se puede exigir mayores diligencias para la celebración del acto jurídico cuestionado. Sexto.- La Tercera Sala Civil de Lima, mediante sentencia de vista de fojas cuatrocientos trece, materia del presente recurso de casación, revocó la sentencia apelada en el extremo que declara fundada la demanda y reformándola declaró improcedente la misma, por considerar que para atacar el acto jurídico de mutuo con garantía hipotecaria, no se debe ejercer la acción de nulidad de acto jurídico, sino la de inecacia del acto jurídico, pues uno de los cónyuges celebró el acto jurídico con representación defectuosa o inexistente del otro, por lo que resulta de aplicación el artículo 161 del Código Civil. Sétimo.- Que dentro de los alcances del artículo 315 del Código Civil, los bienes sociales constituyen un “patrimonio autónomo”, que no pertenece ni al marido ni a la mujer, ni en forma material, ni en cuotas ideales y para el cual el ordenamien to jurídico establece reglas especiales que permiten el ejercicio de los atributos inherentes al derecho de propiedad, con determinadas características particulares, y para enajenar o gravar, sólo puede ser ejercido con la intervención conjunta de ambos cónyuges, excepcionalmente, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, siempre que tenga un poder especial del otro cónyuge. octavo.- A partir de la premisa de que ninguno de los cónyuges, en norma individual, puede disponer de derechos de propiedad sobre los bienes sociales (salvo el caso excepcional), podemos concluir que cuando uno sólo de ellos se compromete a gravar o disponer el patrimonio de la sociedad de gananciales, nos encontramos ante un acto jurídico que se opone a una norma imperativa, en la que existe una falta de representación de uno de los cónyuges o de la disposición de derechos del uno de ellos, como ocurre en el presente caso, en que la hipoteca celebrada sobre el inmueble adquirido por la sociedad conyugal conformada por Brito Ruiz Maldonado y Nelly Argelia Aguirre de Ruiz, no fue autorizada por ésta última, pues no consta su rma en dicho documento, ni otorgó poder especial a su cónyuge para que la represente, lo que no signica que el acto jurídico en si sea nulo, dado que es susceptible de ser raticado por el cónyuge que no participó en la celebración del acto jurídico, situación que no es posible de ser convalidada de declararse nulo dicho acto; en consecuencia, tal como lo ha establecido la sentencia de vista, el petitorio de la demanda alude al supuesto de inecacia regulado por el artículo 161 del Código Civil, y no a la causal invocada por la recurren te. Por lo tanto, la sentencia impugnada no incurre en la infracción normativa del artículo 219 inciso 1 del Código Civil y del artículo 4 de la Constitución Política del Estado. 4. DECISIÓN: Por estos fundamentos, de conformidad con lo regulado por el artículo 397 del Código Pro-
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Disposición de un bien social por el cónyuge cesal Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandan te Nelly Argelia Aguirre Albán a fojas cuatrocientos treinta y cinco, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Jus ticia de Lima, obrante a fojas cuatrocientos trece, su fecha seis de abril de dos mil diez, que revoca la sentencia apelada que declara fundada la demanda, y reformándola la declara improcedente. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Ocial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Nelly Argelia Aguirre de Ruiz con el Banco Continental y otros sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor Vinatea Medina.SS. ALMENARA BRYSON / DE VALDIVIA CANO / WALDE JÁUREGUI / VINATEA MEDINA / CAS TAÑEDA SERRANO
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JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL Cas. N.º 28932013-Lima
8.ª CASACIÓN: La ineficacia del acto jurídico celebrado por uno de los cónyuges en la disposición de un bien social
Sumilla: El acto jurídico de disposición de un bien social celebrado por uno de los cónyuges sin autorización del otro es inecaz por ausencia de facultades de representación respecto a la sociedad de gananciales y por la falta de legitimación para cont ratar del cónyuge celebrante; por tanto, la demanda de nulidad de dicho acto jurídico es infundada.
CASACIÓN N.º 2893-2013-LIMA Veintinueve de noviembre de dos mil trece.SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil ochocientos noventa y guión dos mil trece, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el presente proceso de nulidad de acto jurídico, la parte demandante ha interpuesto recurso de casación mediante escrito de fojas ochocientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, expedida por la Tercera Sala Civil de La Corte Superior de Justicia de Lima que revoca la sentencia que declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta por Nora Victoria Mora Palacios de Arrieta y, reformándola la declara infundada. II. ANTECEDENTES: DEMANDA: Según escrito de fojas diecinueve, Nora Victoria Mora Palacios interpone demanda de nulidad de acto jurídico contra Enrique Arrieta Flores, Clementes Blas Quenaya y Lucía Aquilina Curi Loayza de Blas, con la nalidad que se declare judicialmente la nulidad del contrato de compraventa de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, mediante el cual el primero transere la propiedad del inmueble ubicado en la Manzana L Lote 1-5 edico Ñ, Departamento 402 de la Urbanización Pando Octava Etapa - Cercado de Lima. La demandante fundamenta su pretensión en que con fecha ocho de enero de mil novecientos sesenta y seis contrajo matrimonio con Enrique Arrieta Flores ante la Municipalidad de la Victoria, y que, dentro del régimen de sociedad de gananciales adquirieron, con fecha dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y siete, la propiedad del inmueble materia de litis, de su anterior propietaria Cooperativa de Empleados Bancarios de Lima Limitada 531. Señala además que por desavenencias se separó de hecho de su cónyuge, el demandado Enrique Arrieta Flores, quien, aprovechando esas instancias vendió, sin su autorización, el inmueble de propiedad de la sociedad conyugal a favor de sus codemandados Clemente Blas Quenaya y Lucía Aquilina 488
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Disposición de un bien social por el cónyuge Curi Loayza de Blas mediante el contrato de compraventa de fecha veinticuatro de marzo de dos mil uno. Menciona que recién tomó conocimiento de dicha venta el día dos de noviembre de dos mil seis y que, dicho acto jurídico se encuentra viciado de nulidad porque no se han observado las normas imperativas, y porque se ha incurrido en las causales de nulidad de falta de manifestación de voluntad del agente, objeto física o jurídicamente imposible y porque no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad, previstas en los incisos 1, 3 y 6 del artículo 219 del Código Civil. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Según escrito de fojas setenta y siete, los demandados Clemente Blas Quenaya y Lucía Aquilina Curi de Blas contestan la demanda sosteniendo que adquirieron el inmueble cuando el codemandado Enrique Arrieta Flores se encontraba en posesión y que no sabían que el vendedor era casado porque rerió ser soltero, lo que aparecía en su DNI, reriendo que su conviviente había fallecido. Al enterarse de dicha situación, el vendedor se lo prometió a regularizar la situación solicitando la autorización de la cónyuge y otorgar los documentos privados y públicos correspondientes; sin embargo, no ha cumplido con lo ofrecido porque la Cooperativa no emite la documentación pertinente debido a que la demandante no está de acuerdo con transferencia. Mediante resolución de fecha catorce de mayo de dos mil ocho, obrante a fojas ciento treinta y uno, el demandado Enrique Arrieta Flores fue declarado rebelde debido a que no cumplió con subsanar los defectos advertidos en su atestación de demanda. PUNTOS CONTROVERTIDOS: Según consta de la resolución de fecha quince de julio de dos mil ocho de ciento treinta y siete se establecieron los siguientes puntos controvertidos: 1. Determinar si procede se declare la nulidad del contrato de compraventa del bien inmueble sito en la Manzana L 1-5 Edicio Ñ Departamento 402 de la Urbanización Pando Octava Etapa, suscri to por Enrique Arrieta Flores y Clemente Blas Quenaya y Lucía Aquilina Curi Loayza de Blas de fecha veinticuatro de marzo de dos mil uno. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Luego del trámite procesal correspondiente, el señor Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, mediante resolución de fecha veintidós de abril de dos mil diez emitió sentencia declarando fundada la demanda y en consecuencia, declara la nulidad del contrato de compraventa respecto del inmueble ubicado en la Manzana L, 1-5, edicio Ñ, departamento 402 de la Urbanización Pando Octava Etapa - Cercado de Lima. El Juez de Primera instancia argumenta que con la partida de matrimonio se ha de establecer que el inmueble litigioso fue adquirido en propiedad por la sociedad conyugal de Enrique Arrieta y Nora Mora Palacios, sin embargo, el cuatro de marzo de dos mil uno el inmueble fue transferido en compraventa a los demandados Clemente Blas y Lucía Aquilina Curo en único acto jurídico donde participó como vendedor únicamente el codemandado Enrique Arrieta, sin la participación de su cónyuge, la demandante; por lo que se ha incurrido en causal de nulidad de falta de manifestación de voluntad y contravención al orden público previstas en los incisos 1 y 8 del artículo 219 del Código Civil. Por otro lado, el A-Quo alega que se advierte que los compradores han celebrado el acto jurídico con buena fe y en la creencia de la soltería de su demandado; pero, esta existencia de buena fe no es suciente para desestimar la pretensión. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil once, de fojas seiscientos sesenta y cuatro, revocó la apelada y reformándola declaró improcedente la demanda, argumentando que debió demandarse la inecacia del acto jurídico y no la nulidad. Empero, dicha sentencia de vista fue declarada nula a través de la sentencia casatoria de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, de fojas setecientos doce que, además, ordenó al Ad Quem la emisión de una nueva resolución de vista. En cumplimiento del mandato Supremo, el Ad-Quem emite la sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, de fojas setecientos ochenta, mediante la cual revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y, reformán Volumen 1 | Julio 2014
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dola declararon infundada. El argumento de dicha sentencia de vista se centra en que la falta de consentimiento de uno de los cónyuges al momento de la celebración del acto jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil se orienta a denunciar la ausencia de un requisito subjetivo del acto jurídico, es decir, la ausencia de legitimidad para contratar del cónyuge interviniente en el negocio jurídico. La presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición no es un requisito de validez del acto jurídico, sino que supone una adecuada legitimidad para contratar, en tanto que la falta de este requisito subjetivo que no constituye un defecto estructural del negocio, impide desplegar sus efectos jurídicos. Consecuentemente, las causales de Nulidad de acto jurídico denunciadas no se han congurado, debiendo desestimar la demanda. RECURSO DE CASACIÓN: Contra la mencionada sentencia de vista emitida por la Sala Superior, la demandante interpuso recurso de casación, mediante escrito de fojas ochocientos ocho. Este Supremo Tribunal, mediante resolución de fecha cuatro de setiembre del año dos mil trece, declaró la procedencia del referido recurso por la causal de infracción normativa del artículo 315 del Código Civil. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer que la materia jurídica en discusión se centra en determinar si es que es posible declarar la nulidad del acto jurídico de disposición de un bien de la sociedad de gananciales celebrado por uno de los cónyuges, sin autorización del otro; o si por el contrario, dicho acto jurídico debería ser declarado inecaz. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 1. Corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función nomoláctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a las normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. 2. Según se advierte del auto calicatorio de fecha cuatro de setiembre de dos mil trece, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa al artículo 315 del Código Civil que, en su primer párrafo prescribe: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro”. Ateniendo a los nes del recurso de casación y teniendo en cuenta que se denuncia la infracción de una norma material debe señalarse que no se realizará una nueva valoración de medios de prueba, sino que se procederá a dilucidar una cuestión netamente jurídica, cen trándonos en la interpretación del mencionado artículo 315 del Código Sustantivo en cuanto a los efectos y consecuencias del acto jurídico de disposición de bien social celebrado por uno de los cónyuges sin autorización del otro, como ha acontecido en el presente caso pues, ha quedado acreditado ya que, a través del contrato de compraventa de fecha veinticuatro de marzo de dos mil uno, el codemandado Enrique Arrieta Flores transrió, sin autorización de su cónyuge (la demandante), la propiedad del bien social consistente en el inmueble ubicado en la Manzana L, I-5, edicio Ñ, departamento 402 de la Urbanización Pando Octava Etapa - Cercado de Lima. 3. El mandato legal requiere la intervención de ambos cónyuges en la celebración de un acto jurídico de disposición, o de uno de ellos con poder de su cónyuge. El tenor del citado artículo es claro; sin embargo, ha existido ardua controversia doctrinaria y jurisprudencial respecto a las consecuencias jurídicas del acto jurídico celebrado en violación de dicho artículo, lo que ha generado opiniones dispares, pues un sector alega que la sanción de dicho acto jurídico es la nulidad y otro sector considera que la sanción es la inecacia de dicho acto. 4. Cabe precisar que la nulidad y la inecacia de un acto jurídico son categorías jurídicas distintas en cuanto a sus efectos, toda vez que, la nulidad absoluta implica la exis tencia de un defecto intrínseco en la etapa de formación del acto jurídico, por lo que, ante un vicio de gran magnitud, el acto jurídico viciado no es capaz de generar efecto jurídico al-
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Disposición de un bien social por el cónyuge guno, ni entre los intervinientes ni frente a terceros. En efecto, el acto nulo, no puede ser opuesto ante ninguna persona, por tal motivo, cualquier persona con interés puede solicitar la nulidad de un acto jurídico. Empero, el acto jurídico inecaz es aquel que cuenta con los elementos esenciales y los presupuestos intrínsecos de validez, pero que no es ecaz por una causa extrínseca, es decir ajena a la estructura del negocio jurídico. Por tanto, el acto jurídico es perfecto en cuanto a su constitución al no contener ningún vicio en la formación de la voluntad, sin embargo, existe un defecto externo que impide que ese acto surta efectos ante determinadas personas. 5. En el caso del artículo 315 del Código Civil es evidente que el acto jurídico cuenta con elementos constitutivos de validez, pues, ambas partes han maniestan su voluntad de celebrar el acto jurídico, son agentes capaces, existe un n lícito y un objeto jurídicamente posible porque se procura la transferencia de la propiedad de un bien sobre el cual el vendedor también ostenta derechos reales (como parte de la sociedad de gananciales que conforma) aunque no exclusivos y, nalmente, tratándose de un contrato de compraven ta es netamente consensual, por lo que, no existe solemnidad que deba ser respetada. Por tanto, el acto jurídico de disposición cuenta con todo los elementos de constitución que lo hacen válido, sin embargo, el acto jurídico debidamente constituido presenta un defecto extrínseco relevante, esto es, la ausencia de legitimación para contratar que ostenta el cónyuge celebrante respecto al bien social, porque la legitimación para disponer del bien es de la sociedad de gananciales como patrimonio autónomo y no de determinado cónyuge. Al respecto cabe precisar que según el artículo 292 del Código Civil, la sociedad de gananciales se encuentra representada por ambos cónyuges (conjuntamente) y, de manera excepcional, por uno de ellos cuando existe poder del otro cónyuge para que aquel ejerza la representación total de la sociedad. Por tanto, es evidente que si uno de los cónyuges celebra un acto de disposición sin autorización el otro carecerá de facultades de representación expresas respec to al titular del bien, que es la sociedad de gananciales. Ergo, al celebrar el acto, el cónyuge culpable se atribuye una falsa representación. Por tanto, al carecer el enajenante de estas facultades de representación (respecto a la sociedad de gananciales) y de legitimidad para contratar, el acto jurídico es inecaz e inoponible respecto del cónyuge inocente, quien, de creerlo conveniente podría conrmar el acto jurídico. 6 Al determinarse que el acto jurídico de disposición de bien social celebrado por uno de los cónyuges es inefcaz y no nulo, es evidente que la presente demanda de nulidad de acto jurídico deviene en infundada, quedando a salvo el derecho de la actora de interponer la demanda correspondiente en la vía pertinente. Se advierte así que la recurrida ha sido emitida conforme a derecho, por lo que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 397 del Código Procesal Civil corresponde declarar infundado el recurso ere casación interpuesto por la parte demandante. V. DECISIÓN: Estando a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado en el artículo 397 del Código Procesal Civil; declara: INFUNDADO el recurso de casación de fojas ochocientos ocho, interpuesto por Nora Victoria Mora Palacios de Arrieta; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas setecientos ochenta, de fecha veinticinco de junio de dos mil trece. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ocial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Nora Victoria Mora Palacios de Arrieta con Enrique Arrieta Flores y otros, sobre nulidad de acto jurídico; intervino como ponente, la Juez Supremo señora Rodríguez Chavez. SS. ALMENARA BRYSON / HUAMANÍ LLAMAS / ESTRELLA CAMA / RODRÍGUEZ CHÁVEZ / CALDERÓN PUERTAS
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Forma de presentación de los artículos o comentarios El carácter de los artículos debe ajustarse a las siguientes características: • En la primera página de los textos enviados para publicar, debe aparecer el título del trabajo, el subtítulo (si lo tuviere) y el nombre completo del autor. Al pie de la página sus grados académicos, cargo e institución a la que pertenecen y su dirección electrónica. • Debe acompañarse de un resumen conciso que sintetice el trabajo realizado. • Debe presentarse tres o cuatro palabras clave que identiquen el campo y el área en que se enmarca el artículo. Citas bibliográfcas Las citas bibliográcas deberán consignar lo siguiente: • En el caso de libros APELLIDOS (en versalitas), nombre(s) de pila, título (y subtítulo) de la obra (en cursivas), número de la edición (solo a partir de la segunda), editorial, ciudad, año, tomo o volumen (si lo tuviera) y página. Ejemplo:
DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de derecho civil, 2.ª ed., Tecnos, Madrid, 1983,
vol. I, p. 494. • En el caso de artículos APELLIDOS (en versalitas), nombre(s) de pila, “título del artículo” (entre comillas, sin cursivas), la expresión “en”, nombre de la revista (en cursivas), número de la
revista, ciudad, año y página. Ejemplo: BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, “La parábola del mal samaritano: Apuntes sobre la lesión en el derecho de contratos”, en Thémis, N.º 43, Lima, 2001, p. 228. • En el caso de estudios o artículos incluidos en libros colectivos:
APELLIDOS (en versalitas), nombre(s) de pila, “título del artículo” (entre comillas, sin cursivas), la expresión “en”, APELLIDOS DEL RESPONSABLE (en versalitas), nombre
de pila del responsable, cargo (coord., ed., comp. [en modo abreviado]) del responsable entre paréntesis, título del libro colectivo (en cursivas), editorial, ciudad, año, tomo o volumen (si lo tuviera) y página. Ejemplo: CLAVERÍA GOSÁLBEZ, Luis H., “Notas para una revisión general de la denominada inecacia del contrato”, en DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (coord.), Las nulidades de los contratos: Un sistema en evolución , Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 60-62. Las referencias bibliográcas completas se incluirán al nal del artículo o comentario.
Extensión de las colaboraciones Los artículos deben tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 12, a espacio y medio, en tamaño de página A4. Los comentarios de jurisprudencia deben tener una extensión mínima de 8 páginas y máxima de 10, a espacio y medio, en tamaño de página A4. El estilo de fuente a utilizar es Times New Roman de 12 puntos.
Revisión de los artículos y comentarios Los artículos y comentarios recibidos serán sometidos a procesos de evaluación especializada y anónima. Los trabajos pueden remitirse a:
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Actualidad Civil se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2014
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