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LÍNEAS JURISPRUDENCIALES JURISPRUDENCIALES
Juicio ejecutivo especial de Ley General de Bancos. Procedencia de cobro del total de la deuda por aplicación de cláusula de aceleración En las últimas semanas se han dictado sentencias contradictorias en cuanto a la aplicación de la cláusula de aceleración por parte de un acreedor banco y el cobro al deudor hipotecario. El artículo analiza las diversas posisiciones de las Cortes de Apelaciones, las que ha sostenido la Corte Suprema y las implicancias que traen consigo las diversas tendencias analizadas
En las últimas semanas se han dictado sentencias contradictorias en cuanto a la aplicación de la cláusula de aceleración por parte de un acreedor banco y el cobro al deudor hipotecario, conforme el procedimiento contemplado en los artículos 103 y siguientes del D.F.L. Nº 3, Ley General de Bancos, del total de la deuda. Así la Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia dictada el 7 de marzo de 2006, autos Rol Nº 583-2004, fijó una posición contraria al cobro del total de la deuda, por aplicación de la cláusula de aceleración, al sostener que: "#el procedimiento ejecutivo especial es para el cobro único y exclusivo de dividendos o cuotas atrasadas o impagas en el plazo estipulado, y si el deudor efectivamente paga aquellos, podrá seguir sirviendo su deuda en la forma y condiciones acordadas en el contrato respectivo. En consecuencia, en este procedimiento no puede tener cabida la ejecución de la cláusula de aceleración, porque es absolutamente ilusorio pretender que el deudor que no tuvo dinero para comprar su casa al contado, por lo que debió pactar el pago del precio en cuotas mensuales con los intereses del caso, y que, después, también tiene problemas para pagar éstos y se atrasa, pueda, realmente, en esas circunstancias pagar toda la deuda. Y como esto no se logra en prácticamente un cien por ciento de los casos, como lo demuestra la experiencia, hace que la ley en vez de un beneficio para el deudor, se transforme en su peor perjuicio porque pierde la vivienda y lo que por ella ya ha pagado, y, además, lo deja endeudado por el saldo que la ejecución del bien no alcanzó a cubrir. Mirado el problema desde el otro ángulo, el del acreedor, siendo plenamente válida la cláusula de aceleración pactada, si su decisión es hacerla efectiva, cobrando el total de la deuda, debe usar para ese fin el procedimiento ejecutivo ordinario que regula el Código de Procedimiento Civil, donde el ejecutado tendrá también el derecho a oponer todas las excepciones que le concede el Art. 464 de dicho cuerpo legal, para su defensa#". El mismo criterio sustentó la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en sentencia dictada el 7 de septiembre de 2006, autos Rol Nº 761-2006, al señalar que: "#el legislador estableció que sólo es justificativo de la demanda y, por lo tanto, constituye un presupuesto esencial, la circunstancia de que un deudor no hubiere satisfecho las cuotas o dividendos en el plazo estipulado, lo que ninguna relación tiene con la llamada #cláusula de aceleración#, ya que ésta representa una facultad discrecional del acreedor a partir del no pago de una o varias cuotas, para lo cual tiene asignado el procedimiento general del juicio ejecutivo y no este especialísimo, que no le permite al deudor un debido proceso frente a tan grave e intensa pretensión de pedir el pago total de una deuda hipotecaria, que ningún ciudadano en términos normales está en condiciones de solucionar.
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Tampoco es factible utilizar la norma del artículo 103, porque la cláusula de aceleración tiene que discutirse en un procedimiento ejecutivo donde puedan oponerse todas las excepciones dispuestas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y no las que en forma limitada señala el citado artículo 103. Por lo demás, esta disposición que pretende se regularice una deuda hipotecaria, en forma rápida y eficaz, con el objeto que la entidad bancaria no sufra las consecuencias de la morosidad y quede desprotegida frente a la actividad comercial#". Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia de 25 de agosto de 2006, autos Rol Nº 3.840-2004, sostuvo la tesis contraria, esto es, que el banco puede cobrar el total del crédito hipotecario acelerado, mediante el procedimiento que contemplan los artículos 103 y siguientes del aludido D.F.L. Nº 3, Ley General de Bancos. Los argumentos de esta sentencia son que: "#no es efectivo que el artículo 103 de la Ley de Bancos no autorice a utilizar el procedimiento especial allí previsto para el cobro de la totalidad del crédito pactado conforme a las normas del Título XIII de la misma ley, es decir con letras hipotecarias, una vez que haya operado la cláusula de caducidad convencional, también llamada de caducidad. Sostener que esa regla por su letra sólo permite el cobro de cuotas o dividendos no pagados en el plazo estipulado y, por ende, no las cuotas no vencidas aunque se haya pactado aquella cláusula, es una petición de principios puesto que, precisamente, el efecto de esa cláusula es hacer vencidas las cuotas para las que originalmente aún había plazo. Para acoger entonces aquel razonamiento habría que prescindir del pacto convenido por las partes al encontrarse el crédito, en el cual se ha estipulado que la falta de pago de alguna cuota haga exigible las demás. Es por ello que la Excelentísima Corte Suprema ha podido resolver, precisamente sobre esta cuestión que el procedimiento especial hipotecario del Título XIII de la Ley General de Bancos no excluye la estipulación de la aceleración del plazo, pues si bien el artículo 103 se refiere a las cuotas o dividendos en el plazo estipulado, esta última referencia se remite a lo convenido por las partes, por lo cual si pactaron aceleración y el acreedor la hace efectiva, todas las cuotas o dividendos no están satisfechos en el plazo estipulado y por ello se cobra íntegramente en este procedimiento simplificado (sentencia de 3 de enero de 2006, autos Rol Nº 4.071-03). Y la posibilidad de cobrar mediante el procedimiento regido por el artículo 103 de la Ley General de Bancos ha venido siendo reiterada por otras sentencias (por ejemplo, Corte Suprema, 6 de junio de 2005, autos Rol Nº 3.795-2003 y Corte de Santiago, 31 de agosto de 2005), desde que otra solución implicaría además infringir lo pactado por las partes, es decir la denominada ley del contrato (artículo 1.545 del Código Civil) y la buena fe con que deben obrar las partes en la ejecución de sus convenios (artículo 1.546 del Código Civil). Por último, no podrá olvidarse que el sistema de crédito mediante la emisión de letras garantizadas con hipoteca, que es el del cobrado en autos, debe considerar en especial la facilidad de cobro en caso de infracción, pues toda su operación depende de la confianza que se entregue a quienes invierten en la adquisición de tales instrumentos financieros y esa es la razón fundamental de la existencia del procedimiento especial de cobro establecido en el artículo 103 de la Ley General de Bancos#".
POSICIÓN DE LA CORTE SUPREMA 1.- La Corte Suprema se pronunció sobre esta materia en sentencia que dictó el 3 de enero de 2006, autos Rol Nº 4.071-03, pronunciada por la Primera Sala integrada a la sazón
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por los ministros Jorge Rodríguez, Domingo Kokisch y Adalis Oyarzún y los abogados integrantes René Abeliuk y Enrique Barros. En dicho fallo se señaló que: "#la escritura pública de mutuo e hipoteca, de primero de diciembre de 1995, es el título que el banco esgrime en contra del demandado, pretendiendo ejecutar la hipoteca para así pagarse su crédito. En el título de que se trata se pactó la exigibilidad anticipada del crédito, de no pagarse lo adeudado, en la oportunidad establecida, por el ejecutado# de lo dicho resulta que el procedimiento aplicable en la especie es el establecido en la Ley General de Bancos, como reiteradamente lo ha resuelto esta Corte. En efecto, el procedimiento especial hipotecario del Título XIII de la Ley General de Bancos no excluye la estipulación de la aceleración del plazo, pues si bien el artículo 103 se refiere a las cuotas o dividendos en el plazo estipulado, esta última referencia se remite a lo convenido por las partes, por lo cual si pactaron aceleración y el acreedor la hace efectiva, todas las cuotas o dividendos no están satisfechos en el plazo estipulado, y por ello se cobra íntegramente en este procedimiento simplificado. Sería, además, absurda la conclusión de que no podría recurrirse a él por la existencia de una modalidad como es el plazo, que sólo existe cuando las partes así lo han convenido, y además que un procedimiento dictado por el legislador para facilitar el cobro de una deuda contraída en letras de crédito en que está involucrado además el interés del inversionista, el banco acreedor se viera obligado a iniciar un nuevo juicio cada vez que el deudor deja de pagar una cuota o dividendo#". 2.- El mismo criterio había sustentado en sentencia dictada el 6 de junio de 2005, autos Rol Nº 3.795-03, pronunciada por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Hernán Álvarez, Enrique Tapia, Jorge Rodríguez y Domingo Kokisch y el abogado integrante René Abeliuk, al sostener que: "#el artículo 1.569 del Código Civil dispone que: #El pago se hará bajo todo respecto en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes#, agregando su inciso segundo: #El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida#. De esta norma se concluye que el pago debe hacerse con sujeción estricta a los términos convenidos, debiendo el deudor dar, hacer o no hacer precisamente aquello a que se obligó# Que en el caso sub lite, la obligación del deudor consistía en dar al acreedor una determinada suma de dinero, que originalmente podía pagarse en cuotas mensuales; sin embargo y atendida la mora del deudor en más de diez días en el pago de la cuota con vencimiento el 10 de octubre de 2000, el acreedor hizo uso de la facultad prevista en la cláusula de aceleración, e hizo exigible el total de la obligación, consistente en pagar la suma de dinero equivalente a 1.258,20 Unidades de Fomento, de suerte que la ejecutada, garante hipotecaria de la mencionada obligación, sólo pudo liberarse mediante la total solución de ésta y ningún abono o pago parcial hecho con posterioridad a la iniciación del juicio ha podido enervar la acción ejecutiva, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.591 del Código Civil, en relación al 1.545 y 1.546 del mismo texto legal. Estos pagos parciales sólo deben ser considerados como abonos, al momento de efectuar la liquidación del crédito. De este modo, la sentencia recurrida, al acoger la excepción de pago opuesta por la demandada, ha cometido error de derecho pues ha conculcado, además de las disposiciones antes señaladas, lo dispuesto en el artículo 1.568 del Código Civil, que entiende al pago como #la prestación de lo que se debe#, pues lo debido no es otra cosa que la cantidad de dinero mencionada en el considerando anterior, toda vez que ha operado la cláusula de aceleración a la que ya se ha hecho referencia; infringiendo la sentencia, además, el artículo 1.551 Nº 1 del Código Civil, por haber aplicado dicha norma al caso de autos y con ello, pasar por sobre las estipulaciones del contrato que determinan en forma específica como se constituye en mora al
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deudor#".
IMPLICANCIAS DE UNA Y OTRA TENDENCIA El procedimiento ejecutivo especial que se contempla en los artículos 103 y siguientes de la Ley General de Bancos, restringe significativamente respecto del deudor las excepciones que se pueden deducir, ya que sólo le permite deducir las excepciones de pago de la deuda, prescripción y no empecer el título al ejecutado. Por lo expuesto, no es irrelevante la tesis que sustentan las Cortes con relación a la aplicación del procedimiento ejecutivo especial de la Ley General de Bancos con relación a los deudores hipotecarios que incurren en mora de sus dividendos y se les acelera el crédito por parte del respectivo banco. El hecho de acogerse la tesis, consistente en que se debe haber incumplido el pago de las cuotas o dividendos, y por ello, sólo aquéllas son susceptibles de cobro por el aludido procedimiento compulsivo, debiendo por tanto el acreedor deducir la acción ejecutiva conforme el procedimiento ejecutivo del Código de Procedimiento Civil, implica, sin duda alguna, para los bancos la posibilidad de juicios en los que se debatan otras excepciones que pueda oponer el deudor y una mayor demora en el cobro de los dividendos adeudados.
