GradoCeroPress, Revista 2035, Fecha 01 11 15

Índice

No. 2035 • 1 de noviembre de 2015

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Foto portada: ro.com artoscu Iván Méndez / Cu

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TELECOMUNICACIONES

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Apagón analógico. Las torpezas del gobierno ensoberbecen a Televisa /Jenaro Villamil

CASO AYOTZINAPA

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Slim-Televisa. Una historia de la gran ruptura /Diego Enrique Osorno

DERECHOS INDÍGENAS

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La corrupta OHL trama nuevos despojos ejidales /Rodrigo Vera

JUSTICIA

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NARCOTRÁFICO

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Cientos de duranguenses huyen de la violencia de la Marina /Patricia Dávila

CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Francisco Álvarez Romero, Estela Franco Arroyo, Salvador Corro Ortiz, Rafael Rodríguez Castañeda, Julio Scherer Ibarra

semanario de información y análisis DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García † SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero † DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera

El caso Ayotzinapa trastocó los planes para reivindicar los Acuerdos de San Andrés /Álvaro Delgado

ECONOMÍA

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El Ejército hace lo que quiere con sus “manzanas podridas” /Jorge Carrasco Araizaga Un militar torturado por militares /Arturo Rodríguez García

Cerrojazo a la Comisión Especial /Jesusa Cervantes

Las nuevas leyes de Ingresos y Egresos, preludios de mayor crisis financiera /Juan Carlos Cruz Vargas

MIGRACIÓN

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Saña carcelaria contra inmigrantes /J. Jesús Esquivel

ANÁLISIS

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Civilidad y violencia. La prórroga /Sergio Aguayo Táctica eficaz /Hernández

REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Mathieu Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández; Tabasco, Armando Guzmán; Veracruz, Noé Zavaleta INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco , Alberto Paredes, Raquel Tibol , Florence Toussaint; [email protected] ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. [email protected] DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz

AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández

ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Héctor Tajonar, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega

CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Daniel González, Patricia Posadas

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Guerrero: las masacres que vienen /John M. Ackerman

/Raúl Díaz

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Lo Bronco no quita lo cobarde /Sabina Berman

MÚSICA II: Cuerdas sin corduras /Eduardo Soto Millán

MÚSICA I: Alexei Lubimov en blanco y negro

Linchamiento y lazo social /Marta Lamas

TEATRO: Señora Klein /Estela Leñero Franco CINE: El desconocido /Javier Betancourt TELEVISIÓN: Zacatecas estrena tv pública

Guatemala, la frágil esperanza /Olga Pellicer

/Florence Toussaint

INTERNACIONAL

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impresentable /Alejandro Gutiérrez

COLOMBIA: Prescripción de un magnicidio /Rafael Croda

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LIBROS: Todos /Jorge Munguía Espitia

POLÍTICA EXTERIOR: El cónsul

FESTIVAL DE MORELIA

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GUATEMALA: La improvisación al poder

Los Lumière están olvidados /Columba Vértiz de la Fuente

/Louisa Reynolds

CULTURA

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Las declaratorias de UNESCO, convertidas en franquicias /Judith Amador Tello Páginas de crítica

ARTE: Francisco Toledo: Duelo /Blanca González Rosas

DEPORTES

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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; Ma. Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000 FAX: 5636-2055, Palabra de Lector; 5636-2086, Redacción. AÑO 39, No. 2035, 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

agencia proceso de información EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087

BASQUETBOL: Castillo pone en riesgo el basquetbol /Raúl Ochoa

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DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Mercadotecnia: Lucero García, Norma Velázquez. Tel. 56362059. Karina Valle. Circulación: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Barbara López, Gisela Mares, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Publicidad: Ana María Cortés. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062. Eva Ángeles, Rubén Báez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 56362080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Benita González, Atención a suscriptores (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García, Rosa Morales.

El control antidopaje, una farsa /Beatriz Pereyra

Palabra de Lector Mono Sapiens /Calaveras reformadas de personas deslenguadas /Helguera y Hernández

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Dar por terminada la transmisión de televisión analógica y entrar de lleno a la digital es una política que se está aplicando en todo el mundo y tiene ventajas; entre otras, libera espectro utilizable para diversos servicios de banda ancha y abre la arena para la competencia. Pero este panorama le eriza los cabellos a Televisa, consorcio que ha puesto en marcha una campaña para retrasar el “apagón analógico”. Quien tiene la última palabra, el gobierno, parece no saber qué camino tomar, luego de que su fecha límite para ejecutar el apagón está siendo torpedeada desde varios frentes.

Apagón analógico

Las torpezas del gobierno ensoberbecen a Televisa JENARO VILLAMIL rrores en la operación del “apagón analógico” en Monterrey, medida que estaba prevista para aplicarse el 24 de septiembre último en esa ciudad, dieron pie a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y en especial el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, emprendieran una campaña mediática y un intenso cabildeo legislativo para postergar la fecha límite –el próximo 31 de diciembre–, establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, para ordenar el cese de las transmisiones analógicas de televisión y realizar el “encendido digital”. Dos meses y medio antes de ese plazo, el pasado 19 de octubre, la CIRT dejó de guardar silencio: señaló que el apagón de

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Monterrey no había sido exitoso, tal como lo habían anunciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Un estudio de la firma Nielsen-Ibope, responsable de medir los índices de audiencia o rating, afirmó que no fueron 472 mil sino 645 mil regiomontanos quienes se quedaron sin señal de televisión analógica. Es decir, 16% y no 10.3% como habían señalado un día antes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, y la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe. El 72% de esas personas son de nivel socioeconómico “muy bajo”, afirmó Roberto Vázquez, de Nielsen-Ibope, en conferencia de prensa convocada por la CIRT. Los datos de Nielsen-Ibope fueron la señal de arranque de la intensa campaña mediática.

Azcárraga Jean afirmó en entrevista con Radio Fórmula que la fecha límite para el apagón debía aplazarse unos meses para no afectar a la población de escasos recursos. “Estamos claros que el mandato constitucional habla del 31 de diciembre, pero lo que nos preocupa con los números arrojados en la ciudad de Monterrey es que miles de personas se quedaron sin televisión”, afirmó el presidente de Televisa, quien por primera vez hizo una declaración pública en sentido contrario a una política gubernamental peñanietista. Extrapolando la cifra de 16% de la población sin acceso a la señal televisiva –analógica ni digital–, Azcárraga afirmó que más de 7 millones de mexicanos no podrían ver televisión. En sincronía con la CIRT y la propuesta de Azcárraga, el 22 de octubre los sena-

www.info7.mx

TELECOMUNICACIONES en siete entidades, donde se han apagado 57 señales analógicas. Los titubeos pusieron en un predicamento a la bancada del PRI, cuyos votos son esenciales para lograr una reforma constitucional. Su líder nacional, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que eran “sensibles” al reclamo de la CIRT y de Televisa, pero en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada, metió el freno y señaló que escucharían a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, encargada del reparto de televisores digitales), el IFT y la SCT antes de tomar una decisión. El 30 de octubre, a nombre del PRI, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz anunció que su bancada escuchará a las autoridades del gobierno federal la próxima semana y abrió la posibilidad de que, “si fuera necesario”, los priistas aceptarían modificar la Constitución.

El gobierno sigue en lo suyo

Ruiz Esparza. Tropiezos

dores Javier Lozano, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, propusieron dos iniciativas de reforma al artículo 5 transitorio en materia de telecomunicaciones para aplazar el apagón: que sea el 31 de diciembre de 2016, propuso el panista; o el 30 de junio del mismo año, dijo el perredista. El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, declaró su apoyo al aplazamiento del apagón, sin tomar en cuenta que varios legisladores de su bancada se opusieron de inmediato, principalmente Dolores Padierna, Luis Sánchez y Angélica de la Peña. En la bancada del PAN, Javier Corral acusó a Lozano y Robledo de formar parte de un “nado sincronizado” para favorecer a las televisoras. En un memorándum dirigido a los legisladores de su bancada argumentó que modificar la re-

forma retrasará la competencia en televisión abierta, protegerá a las empresas de Televisa que ofrecen televisión por cable en la frontera y vulnerará el proceso de licitación de la “red compartida” en la banda de 700 Mhz. Fue más allá y acusó de mentiroso a Azcárraga. Afirmó que no es cierto que Televisa hubiera invertido para estar preparado para la transición de la tecnología analógica a la digital. Citando datos del IFT, el chihuahuense afirmó que del total de señales complementarias en televisión (846) sólo 67 operan bajo el sistema digital, 313 tienen solicitud de migración y más de 55% (466) ni siquiera han hecho esa solicitud. Advirtió que la iniciativa de reforma de Lozano no sólo propone posponer la fecha del apagón, sino suspender la medida

El 29 de octubre, tras una semana de presiones, la SCT y la Sedesol reiteraron que hay condiciones para cumplir “en tiempo y forma” la entrega de los 3.2 millones de televisores digitales faltantes antes de la fecha límite del apagón analógico. El IFT hizo pública una carta al senador Lozano en la cual le pregunta por qué había aprobado la reforma constitucional si no estaba de acuerdo con su fecha límite. En un comunicado, la SCT afirmó que hasta el pasado 25 de octubre se habían entregado 6.5 millones de televisores digitales en todo el país y faltan 3.2 millones por repartir de aquí al 31 de diciembre. La Sedesol sostuvo que se entregarán alrededor de 50 mil televisores diarios. Con esta posición, las dos principales dependencias responsables del reparto de televisores digitales rechazaron la propuesta de senadores del PAN y del PRD, así como de Televisa y de diputados locales del Congreso de Morelos, para aplazar el apagón analógico. Otro ingrediente apareció en el escenario. Versiones extraoficiales del Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, advirtieron acerca de la posibilidad de que el apagón conlleve consecuencias legales, pues afectaría el plan de inversiones de la nueva cadena de televisión digital licitada por el IFT. Este grupo pagó mil 808 millones de pesos por 123 frecuencias de televisión digital y planea invertir 10 mil millones de pesos para alcanzar en cinco años al menos 8.5% de la audiencia televisiva. Retrasar el apagón afectaría a la nueva cadena. Por otro lado, también se afectará el plan de inversiones de más de 7 mil millones de dólares de grandes trasnacionales de las telecomunicaciones para la lla2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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T E L E C OMUNICA CI ONES mada “red compartida” en la banda de 700 Mhz, donde se aloja parte de las señales de televisión analógica.

¿Pleito o desencuentro?

Lo que está en juego El apagón analógico representa cancelar señales de televisión analógica y “encender digitalmente” el país, además de liberar espectro muy valioso para servicios de banda ancha, convergentes con telefonía celular. En otras palabras, es una medida que impacta en todo el modelo de triple play: televisión restringida, internet y telefonía móvil. Así lo explicó De Swaan en la ponencia presentada en aquel foro el 27 de octubre. Hasta la fecha, abundó De Swaan, más de 40 países ya han culminado su transi-

Miguel Dimayuga

–¿Asistimos al primer pleito público entre dos aliados, como son el gobierno de Peña Nieto y Grupo Televisa? –pregunta el reportero a los senadores y especialistas asistentes al foro “El apagón analógico. Lo que está en juego”, convocado por el senador Corral el 27 de octubre. –No creo que haya un pleito entre Peña y Televisa –sentencia Corral–. Más bien han medido en el gobierno federal el mensaje de incertidumbre brutal que enviarían a la inversión extranjera si modifican una reforma constitucional. Este episodio es el colapso de todo poder cuando se cree definitivo. “Si no hay pleito, al menos hay un forcejeo intenso. La pregunta que surge tras este episodio es, ¿quién manda en México: Televisa o Peña Nieto?”, reflexiona en entrevista la senadora petista Layda Sansores. Para Manuel Bartlett, se trata de una “presión brutal de Televisa por sus intereses. Este es un asunto de poder”. El senador poblano recordó que hace unas semanas los intereses de Televisa forzaron al Senado y a la Cámara de Diputados a aprobar una ley de derecho de réplica que beneficiaba a los grandes medios electrónicos y no a las audiencias. La perredista Angélica de la Peña subrayó que no existían condiciones para lograr el voto de las dos terceras partes necesarias del Senado y de la Cámara de Diputados para hacer una reforma constitucional antes del 31 de diciembre de este año. Presente en el mismo encuentro, el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (la desaparecida Cofetel)

Mony de Swaan advierte: “estábamos ante la copia calca, el mismo modus operandi que observamos en Tijuana: un alcalde preocupado que exige postergar una ‘crisis social’ inexistente, dos senadores poblanos siempre listos a hacer suya la agenda de las televisoras y una guerra de cifras en contra del regulador”. Artífice de la primera política de televisión digital terrestre (TDT), De Swaan afirma: “Estamos ante la reacción, natural y entendible, de intereses particulares que se verán afectados por la transición y que en el camino intentan aplastar el interés general”. En medio de este debate político y legislativo, los defensores de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de Canal Once, de Canal 22 y del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión enviaron un comunicado para que se respete “en lo posible” el mandato constitucional, pero también para que se priorice el derecho “de acceder a una mayor oferta de canales, máxime cuando se licitó una tercera cadena de televisión digital abierta y se prevé la licitación de más canales como medida antimonopólica”.

Comisionados del IFT. Incumplimiento

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ción. El primero fue Holanda, en 2006; Estados Unidos lo hizo hace seis años y 10 países más lo harán antes de que acabe 2015. La disputa con las televisoras se inició en 2004, cuando el gobierno de Vicente Fox fijó un estándar para la TDT, pero no puso una fecha límite para el apagón. A cambio, les otorgó a las televisoras 294 Mhz en los llamados “canales espejo” –cuya concesión vence en 2021–, 70% de ellos a Televisa y TV Azteca. En un decreto de 2010, el gobierno de Felipe Calderón estableció la fecha límite para el apagón: 31 de diciembre de 2015. Las dos grandes televisoras se inconformaron también, pero la Suprema Corte le dio la razón al Ejecutivo. En 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones, se marcó la misma fecha y se fijó un “umbral” de al menos 90% de cobertura. Paradójicamente, la propia reforma le quitó el control al IFT del reparto de decodificadores y estableció que la SCT entregaría televisores digitales en todo el país. De ahí surgió el gran negocio de comprar y repartir casi 10 millones de televisores, varias veces más caros que los decodificadores (Proceso 1947 y 2005). Pero el verdadero negocio está en acaparar el espectro actualmente asignado a la televisión abierta. De Swaan expone que los servicios de televisión tienen un total de 402 Mhz de espectro, de los cuales 306 se desperdician, ya sea porque se utilizan para transmisiones de canales espejo (294) o porque son “guardabanda” (mecanismos para impedir que una transmisión invada a otra) en tecnología analógica. “Para darnos una idea del desperdicio que esto representa, el espectro concesionado para servicios de telefonía móvil asciende a 250 Mhz, es decir, 50 menos que el que estamos desperdiciando todos los días al no transitar a la televisión digital terrestre”, subrayó. De Swaan afirma que postergar el apagón analógico permitirá que Televisa y TV Azteca mantengan sus transmisiones analógicas y digitales “en clara desventaja competitiva frente al nuevo entrante”, que es Grupo Imagen; se frenaría la pluralidad de canales en televisión abierta, ya que se podrían tener 35 canales adicionales de televisión digital; se afectarán los servicios de internet en banda ancha, particularmente el proyecto de la red compartida en la banda de 700 Mhz, y en menor medida en la de 600 Mhz. Para el expresidente de la Cofetel, sería “un golpe mortal a la credibilidad del país” si se posterga el proyecto de la red compartida en la banda de 700 Mhz. Un estudio elaborado por Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, calculó que se perderán entre mil 330 y mil 995 millones de dólares si se aplaza la adquisición e inversión en la banda de 700 Mhz. O

Benjamín Flores

Slim-Televisa

Una historia de la gran ruptura Largos son la historia y los desencuentros del empresario Carlos Slim con Televisa. Sin embargo, las desavenencias se intensificaron durante la gestión de Emilio Azcárraga Jean hasta llegar a la ruptura. Hoy El Ingeniero Slim es uno de los principales competidores de Azcárraga en el terreno de las telecomunicaciones. Los entretelones de ese diferendo los relata el autor del libro Slim. Biografía política del mexicano más rico del mundo, que comenzará a circular en los próximos días. Con autorización del sello editorial Debate, Proceso adelanta partes sustanciales relativas a la batalla entre Slim y Televisa. 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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DIEGO ENRIQUE OSORNO las nueve y media de la noche del domingo 19 de agosto de 2012, la Policía Nacional de Nicaragua fue alertada mediante una llamada telefónica de la operación ilegal que estaba realizando una banda mexicana en su país. Poco antes de las 10 de la mañana del lunes siguiente, 18 personas que se ostentaban como empleados de Televisa y viajaban a bordo de seis camionetas equipadas con los logotipos azules de la televisora de habla hispana más importante del mundo eran detenidos en un cruce fronterizo de Nicaragua y Honduras, conocido como Las Manos. La detención se mantuvo en secreto por tres días, durante los cuales la embajada de México en Nicaragua informó al gobierno centroamericano que Televisa se deslindaba de los detenidos y de los vehículos, donde se habían encontrado 9.2 millones de dólares en efectivo escondidos en compartimentos secretos. Finalmente… se dio a conocer la noticia, que corrió como pólvora durante las semanas siguientes, en las que se desataron variadas acusaciones contra la compañía dirigida por Emilio Azcárraga Jean. De acuerdo con registros nicaragüenses, Raquel Alatorre, señalada como líder de la banda, donde había expolicías de Durango y Tamaulipas, había cruzado 45 veces el país en años recientes y en su teléfono celular tenía registrados los nombres de algunos directivos de la televisora mexicana. Pronto los hechos se convirtieron en un escándalo. Unas horas antes de que estas detenciones se dieran a conocer, de acuerdo con Televisa, el periodista Joaquín López-Dóriga, conductor de su noticiero estelar, recibió una llamada de Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenido de América Móvil. El directivo, quien también es yerno de Carlos Slim, le dijo que tenía un recado de parte del Ingeniero, como suelen llamar sus colaboradores al magnate. A López-Dóriga no lo sorprendió del todo que Slim, con el que tenía una estrecha relación desde la década de 1980, le mandara una mensaje a través de Elías Ayub, con el que tenía una relación aún más cercana, incluso a nivel de familias, pero sí el tono de premura y urgencia. Le pidió a Elías Ayub que le comentara vía telefónica el recado, pero éste le respondió que era mejor que se vieran en persona y de inmediato. El periodista estaba por salir a su programa vespertino en Radio Fórmula, de modo que acordaron reunirse en un Starbucks frente a la Cruz Roja que le quedaba de paso.

Gustavo Graf

A

Ahí, de acuerdo con Televisa, Elías Ayub le soltó a bocajarro: –El ingeniero está muy preocupado porque le informaron que tú habías enviado un equipo de seis unidades de control remoto a Centroamérica para investigar operaciones de lavado de dinero del ingeniero. López-Dóriga no creía lo que acababa de oír e incluso pidió que se lo repitiera. Cuando Elías Ayub volvió a decirlo, el periodista reclamó: –¿De verdad me estás diciendo eso a mí? ¡No puedo creer que Carlos tenga esa duda conmigo! Elías Ayub le comentó que un presidente centroamericano le había avisado a Slim de esto y se negó a decir exactamente quién. Más tarde se sabría que fue el sandinista Daniel Ortega. López-Dóriga le dijo a Elías Ayub que eso era “una pendejada y un agravio”, porque Noticieros Televisa no tenía en la Ciudad de México, disponibles para mandar a ninguna parte, siete unidades de control remoto, que incluirían a siete reporteros, siete camarógrafos, siete ayudantes, siete ingenieros, siete productores, siete choferes y siete asistentes. En una entrevista que me dio Bernardo Gómez, vicepresidente adjunto de Televisa, consideró este hecho como el mayor ataque público que haya recibido Televisa por parte de Slim: –Eso en el foro público, porque en lo empresarial nos ha tupido: nos ha tirado sistemas, nos ha contaminado, pero así es la práctica y eso. Arrieros somos y nos defendemos, y no vamos a chillar y vamos a seguir hacia delante, pero en lo público ha sido –lo de las camionetas– lo más grave que se ha aventado. Pero dijeras tú: lo hicieron bien. Pero ¿de narcotráfico? Ora sí que me rindo. Ve bien, no te pierdas. Fíjate en lo que controla este hombre –Slim–. A él nadie lo toca y a Televisa, si tú abres una síntesis informativa, todos los días critican a Televisa. ¿Eso es poder? Me rindo. Si es poder, me rindo. ¿Poder? Carlos Slim. ¿Quién lo toca con el pétalo de una rosa? Eso es poder. Finalmente, los 18 miembros de la red de lavado de dinero detenidos en Nicaragua fueron extraditados a México en diciembre de 2013, sin que nunca se aclarara públicamente a qué organización pertenecían. La PGR no informó más del caso, pese a solicitudes que hice, al mismo tiempo que la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación no informó hasta el cierre de este libro sobre los centros penitenciarios donde se encontraban los 18 detenidos.

Azcárraga y Gómez. Eufemismos

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XXX De Angoitia resume así la participación de Slim en el momento crítico de Televisa: –Creo que él pensaba: “Si les va mal, me puedo quedar con la compañía”, y, además eso, en ese escenario, le hubiera dado la posibilidad de decir: “Es que me tuve que quedar con la compañía, no me pagaron”, porque de otra forma, si él hubiera querido comprar Televisa, hubiera sido imposible. Pero dicho de otra forma: “No me pagaron, ¿qué quieren que haga? Me quedé con la compañía”. Éste era el escenario si le iba mal a Azcárraga y a su equipo. Y si nos iba bien, que afortunadamente fue lo que pasó, pues ganó muchísimo dinero. Yo creo que así la vio. Y que además estaba ayudando a Emilio. Pese a la diferencia de edades, Slim logró llevar una relación muy cercana con Azcárraga Jean, en la que también se fueron involucrando los hijos del mexicano más rico del mundo. –¿El desacuerdo por qué vino? –se pregunta De Angoitia, para luego explicar su versión –: Porque la tecnología, que no la controla nadie, se va moviendo. Desde sus inicios Televisa ha enfocado sus nego-

TELECOMUNICACIONES cios en dos rubros: contenidos y distribución. El primero de la dinastía, Emilio Azcárraga Vidaurreta, era propietario de la XEW, la estación de radio más importante del país, donde participaban leyendas como Pedro Infante, pero al surgir la televisión como nuevo canal de distribución tuvo que aprender a proyectar sus contenidos en la entonces llamada “caja mágica”. A Azcárraga Milmo, el segundo de la dinastía, le tocó el surgimiento de los satélites y se aventuró a comprar Panamsat, lo mismo que para hacer una alianza con un direct home como Sky, que para crear un efímero pager llamado Skytel. –¿Por qué se metía El Tigre? Porque eran canales de comunicación. A telefonía no se metió antes porque nunca lo dejaron. Sin embargo, en los años recientes la llamada convergencia digital resultó inevitable y los teléfonos se convirtieron en distribuidores masivos e instantáneos de contenido. He aquí el corazón de la batalla contra Slim, quien posee el mayor canal de distribución de aparatos móviles. En 2009 el cuarteto de Televisa acudió ante el dueño de América Móvil para plantearle el escenario: –Nosotros no fuimos un día, de la noche a la mañana, con el ingeniero para decirle: “Tenemos un banco y queremos competirle”. No somos banqueros. Sólo sabemos hacer una cosa, y Joaquín López-Dóriga no me va a dejar mentir, se le propuso a él: “Usted marque las condiciones”. La cita textual que le dijo Gómez a Slim en esa comida fue: “Ingeniero, éste es el barco de todos, póngase en el timón. Usted es el capitán; nosotros somos la tripulación”, a lo que el magnate de las telecomunicaciones respondió: “No, yo ya estoy cansado, ya soy mayor y estoy dedicado a las fundaciones. Hablen con mis hijos”. Por esas mismas fechas, el holding Televicentro había sido disuelto debido a una obligación de Televisa con Aramburuzabala de hacer líquida su inversión. De Angoitia coordinó una operación muy delicada en la que al final del día a todos los socios les tocaban acciones directas de Televisa y Azcárraga Jean tomaba el control directo de la compañía. Con este movimiento Slim tomaba acciones del mercado y su relevancia era la misma que la de cualquier otro inversionista, así que cuando vino la convergencia de Cablevisión para que ofreciera telefonía, Slim dijo: “No estoy de acuerdo”. –Otra versión de la separación de Televisa con Slim es que él estaba en desacuerdo con los contenidos. ¿Es cierto? ¿Fue tema? –pregunto a Gómez. –Joaquín López-Dóriga tiene una larga amistad personal con Carlos Slim. ¿Cuándo le dijo algo? Nunca. Ni le interesaba. Cero. ¿Tú crees que se mete en el contenido editorial de The New York Times? Claro que no. Lo que quiere es que no hablen de él, por favor. –Otra versión esparcida por algunos de sus cercanos es de ingratitud por parte de ustedes después de que los había ayudado. –Esa historia es lógica que la cuenten y creo que él está en esa dinámica: “¿Cómo? Yo los ayudé, ¿y ahora me están atacando?” No. Lo único que había de diferencia, y se lo explicamos, efectivamente hablando de la generación, y se lo explicamos mucho Alfonso y yo: “¿Qué mejor aliado van a tener sus hijos, ingeniero? ¿Qué le tiene que heredar a sus hijos aparte de dinero? Relaciones. Porque cuando usted falte, se les van a venir enci-

ma y Emilio Azcárraga Jean tiene algo que no tienen los demás: Emilio Azcárraga no quiere ser usted, no quiere ser el hombre más rico del mundo. Él quiere tener un negocio próspero y hasta ahí. El Tigre, pues sí, quería ser El Tigre. Pero Emilio no es eso. Emilio lo único que quiere es poder tener su negocio y que le vaya bien”. Joaquín López-Dóriga estuvo en medio y él oyó, escuchó cómo le dijimos. –¿La separación de Televisa y Slim se da estrictamente por el tema de la convergencia digital? –En ese momento –responde De Angoitia– Televisa tiene que hacer lo que tiene que hacer por supervivencia. Entonces empieza a meterse en telecomunicaciones y al ingeniero cada vez le va dando más y más roña, hasta que empieza a apretar y dice: “¿Para qué les voy a dar yo dinero? Le estoy metiendo lana para que ellos compren cableras y me compitan. Pues de pendejo”. Entonces él dice: “No, la verdad ustedes me tratan muy mal y Telmex ya no se va a anunciar”. En 2014 se vislumbró con mayor claridad el enfrentamiento, durante la aprobación de la reforma de telecomunicaciones. En ese momento Slim pujó para que Telmex recibiera la autorización oficial para distribuir video, pero no lo consiguió. De acuerdo con Televisa, su postura era a favor de la entrada de dos nuevas cadenas de televisión, pero a cambio pedían “nivelar la cancha de telecomunicaciones, porque está dispareja y así no se puede competir”. El principal señalamiento era que las tarifas aún eran reguladas por Telmex. Slim ha buscado obtener el permiso para distribuir video desde 2007, y desde el punto de vista de Televisa su cabildeo ha sido intenso. –Es de una astucia brutal, porque recibe a tres periodistas, recibe a los líderes del partido, y porque los reciba el ingeniero ya estos cuates dicen: “¡Me recibió el ingeniero!” Obviamente los flashea. López-Dóriga suele comentar que, si Slim te da una cita, es casi el equivalente a que te dé una la reina Isabel o el papa. En 2011, tres años antes de la aprobación de la reforma de telecomunicaciones, Grupo Carso dio a conocer que dejaría de anunciarse en Televisa y Tv Azteca, asegurando que las televisoras lo habían vetado. –El veto es de él, nunca de nosotros, porque nos estaríamos dando un balazo si lo hiciéramos. Imagínate que le dijéramos: “No, no le recibimos lana de publicidad” –explica Gómez. –Es absurdo. No tiene sentido. Si nuestro principal negocio es vender publicidad –concluye De Angoitia. Para la primavera de 2015 Grupo Carso decidió volver a anunciarse en Televisa y Tv Azteca, ante la nueva entrada de AT&T al mercado de telefonía. –En los negocios –explica De Angoitia– algunos salen bien y algunos no. El tema es el promedio. Televisa llegó a valer 3 mil 700 millones de dólares y hoy vale 22 mil millones. Igual y en algunos negocios te equivocas. Otra cosa segura es que la batalla entre Slim y Televisa continuará, coinciden. –Cuando dicen: “Es una guerra de titanes”, dices: “¡Qué ternura! ¿Cómo titanes? ¿No te has dado cuenta de que el señor vale 70 mil u 80 mil millones (de dólares) y Emilio, 2 mil millones? –¿Cómo representarían en una imagen la batalla de ustedes contra Slim? –David y Goliat –responde De Angoitia. –David y Goliat, pero con cerebro –añade Gómez. 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Para ensanchar el Circuito Exterior Mexiquense, que el otrora gobernador Enrique Peña Nieto publicitó como la obra carretera más importante del país, la compañía OHL, envuelta en interminables escándalos de corrupción en México y el extranjero, no se detiene ante requisitos legales ni ante los derechos de los dueños de las tierras afectadas por sus proyectos. Con ello, los gobiernos del Estado de México y el federal parecen premiar la cauda de irregularidades y abusos del consorcio español, hoy hundido en el desprestigio nacional e internacional.

La corrupta OHL

trama Eduardo Miranda

nuevos despojos ejidales

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RODRIGO VERA ULTEPEC, EDOMEX.- Don Santiago Rodríguez Rangel, presidente del comisariado del Ejido Tultepec, comenta indignado: “A nuestras tierras ya empiezan a llegar topógrafos de la empresa OHL. Vienen con sus equipos a tomar medidas a los costados del Circuito Exterior Mexiquense que cruza arbitrariamente por nuestro ejido. Ahora van a meterle más carriles porque esta autopista conectará con el nuevo aeropuerto de Texcoco.” Acompañado por otros campesinos, don Santiago camina en medio de las milpas ejidales y la autopista de cuatro carriles protegida por alambradas de púas. Prosigue su relato: “Antes de que tendieran el circuito también llegaron primero los topógrafos. Luego vinieron las maquinarias y los trabajadores que asfaltaron sobre nuestras

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tierras. Hoy OHL gana mucho dinero por el peaje de vehículos y a nosotros jamás nos indemnizó. Llevamos años peleando en tribunales una indemnización, ¡y nada! Ahora vuelven a llegar los topógrafos… ¡mala señal!” –¿OHL ya les informó que ensanchará su autopista y que ocupará más tierras de ustedes? –No, para nada. Eso lo sabemos por los rumores que corren. Y por los técnicos de OHL que empiezan a llegar un poco a escondidas. Hace poco pusieron una hilera de estacas a lo largo de la autopista para señalar los nuevos carriles que planean construir. Don Santiago apunta a la autopista que se pierde rumbo a Texcoco, donde se levantará el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y dice: “OHL planea ampliar el Circuito Exterior Mexiquense despojando de tierras a los ejidos y comunidades que le quedan a su paso, como siempre lo ha hecho. Pero nosotros nos vamos a defender.”

Así, pese a los recientes escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta, la empresa española OHL ya se prepara a fin de ensanchar su controvertido Circuito Exterior Mexiquense (CEM), construido durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, quien durante su gestión como gobernador publicitó la autopista como la más importante obra carretera del país a fin de promoverse para la Presidencia de la República. Pero al realizar el tendido de los 113 kilómetros de longitud de la autopista, OHL lo hizo ilegalmente, pues no efectuó los procesos expropiatorios correspondientes con los ejidos que arrasó, como los de Tultepec, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextlalpan, entre otros, además de que afectó muchas propiedades privadas y dejó incomunicados y cercenados a varios municipios (Proceso 1802). Por ser un circuito que conecta a los estados de México, Querétaro, Hidalgo y Puebla, sin tocar el Distrito Federal, el CEM ahora comunicará al centro del país con el aeropuerto internacional que se construirá en Texcoco, por donde también pasa la autopista. Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, señala: “Desde la administración del presidente Vicente Fox ya estaba proyectado el nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, sólo que entonces había bastante oposición, sobre todo de los ejidatarios de San Salvador Atenco, a quienes Peña Nieto, siendo gobernador, mandó golpear y encarcelar. Poco a poco han ido intimidando a los inconformes de la región y comprando sus tierras. “También desde hace años ya estaba proyectado que el Circuito Exterior Mexiquense sería la autopista que conectaría al aeropuerto con los estados del centro del país, para beneficio económico de OHL y de los empresarios ligados al Grupo Atlacomulco. Es un esquema empresarial bien diseñado y de largo plazo. “Ahora que la construcción del aeropuerto es prácticamente un hecho y que se necesita ampliar el aforo vehicular para acceder a esta importante terminal aérea, OHL planea ampliar los carriles de su costosa autopista de cuota, valiéndose nuevamente del despojo de tierras y de todo tipo de atropellos y corruptelas.” –¿No podrá ser otra constructora la encargada de la ampliación, toda vez que OHL está marcada por escándalos de corrupción? –No, de ninguna manera. Tiene que ser OHL porque es la empresa que tiene la concesión para explotar la autopista por varios años. ¡No hay más! Una concesión implica mantenimiento, ampliación y obra nueva. Claro, OHL podrá poner a otras empresas

Eduardo Miranda

I NFRAES TR U C T U R A

Proyecto arbitrario

para que hagan la ampliación, pero siempre estarán en calidad de filiales o subcontratistas suyas. “Aparte de la ampliación de carriles, el Circuito Exterior Mexiquense requerirá de brazos asfaltados que lo conecten con el aeropuerto y otros puntos. Es casi seguro que estas nuevas carreteras también serán construidas por OHL. El gobierno federal y el estatal ya tienen bien definidas todas estas obras y sus costos, pero hasta el momento sólo han dicho que ampliarán el circuito, en términos muy generales.” En efecto, en septiembre del año pasado, cuando formalmente se dio a conocer la construcción del aeropuerto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mencionó “las obras” que se realizarán para “mejorar su conectividad y movilidad”. Entre las 12 “obras viales” enumeradas, destacó la “ampliación” y “modernización” del CEM, encaminada a lograr una mayor “conexión” para los pasajeros provenientes de los estados de Puebla y Veracruz, así como mejorar el “enlace” con el “eje metropolitano”. Fue todo lo adelantado por la dependencia. Luego mencionó otras obras viales en Naucalpan, Ecatepec y el Distrito Federal que tendrán igual objetivo, y ampliaciones y mejoras en el “transporte público”, principalmente en líneas del Metro y del Metrobús. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo entonces que el nuevo aeropuerto y sus vialidades conexas son “el esfuerzo en infraestructura más grande de los últimos años”. Chavarría indica: “Antes de ampliar el Circuito Exterior Mexiquense deberían acordar con los ejidatarios o pequeños propietarios afectados, a fin de que se les indemnice y se libe2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Engaño de 29 mil millones JENARO VILLAMIL n el proceso de investigación y de sanción que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el pasado 23 de octubre en contra de OHL están en juego hasta 29 mil 471 millones de pesos, equivalentes a 75% de la deuda pública del Estado de México y considerados como el pago irregular de “rentabilidad garantizada” por el erario mexiquense y federal a la filial mexicana de la constructora española. Ese día, cinco meses después de anunciar una investigación sobre la contabilidad y los informes al mercado bursátil de la empresa, la CNBV informó que detectó anomalías en las cláusulas de “rentabilidad garantizada” del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) –la obra carretera más importante y de la que depende más del 40% de los ingresos de OHL–, así como de Viaducto Bicentenario y la Autopista Urbana Norte, esta última en el Distrito Federal. En un comunicado que envió desde Madrid al mercado bursátil, OHL negó que haya incurrido en esas irregularidades, las cuales pueden derivar en sanciones contra la firma y sus directivos, especialmente el director de la filial mexicana, Sergio Hidalgo, y contra los directores económico, Raúl Revuelta Musa-

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lem, y jurídico, Gerardo Fernández Reyes. La notificación de la CNBV prácticamente le da la razón a la mayoría de los argumentos y demandas que ha ventilado públicamente la empresa Infraiber, cuyo abogado y principal vocero, Paulo Díez Gargari, fue detenido el 7 de septiembre último para ser presentado en calidad de “testigo” por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones, en un claro intento de responsabilizarlo por más de seis audios que circularon en YouTube donde se presume una complicidad entre directivos de OHL y funcionarios mexiquenses y federales. La detención de Díez Gargari derivó en otro escándalo mediático porque los agentes de la PGR le sembraron un arma y luego lo acusaron de posesión ilegal de esa misma arma. Un video confirmó esta acción, al tiempo que las instalaciones de Infraiber fueron cateadas el viernes 10 de septiembre como parte de un operativo para localizar “equipo de espionaje”. La PGR actuó a la vez que OHL anunciaba a la Bolsa Mexicana de Valores que había interpuesto una denuncia penal en contra de Infraiber y “terceras personas físicas” por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y ma-

ren los terrenos conforme a derecho, con la participación de las autoridades agrarias. Pero nada de esto se ha hecho. OHL recurrirá nuevamente al despojo en complicidad con el gobierno, como ya quedó demostrado en las recientes grabaciones filtradas a los medios.” Chavarría alude a los audios en los que altos ejecutivos de OHL mencionan los sobornos y las negociaciones que han realizado con funcionarios públicos a fin de continuar con sus negocios. De acuerdo con estas intercepciones telefónicas, en dichos actos están implicados el presidente Peña Nieto y Ruiz Esparza. Por cierto, en una de estas grabaciones –divulgada en mayo pasado–, Pablo Wallentin, entonces director de Relaciones Públicas de OHL México, y Gerardo Fernández, director jurídico de la misma empresa, acuerdan pagar sobornos a magistrados para arreglar precisamente un conflicto en “Tultepec” por el tendido del CEM. “–¿Cuánto hay que darle a los magistrados?” –pregunta Wallentin. “–Pues, yo creo, este, una manita, ¿no?... no hay otra forma, como se hace siempre” –le responde Fernández, valiéndose del argot jurídico en el que una “manita” equiva-

le a los cinco dedos, es decir, 5 millones o 500 mil pesos. En su conversación, ambos ejecutivos se refieren concretamente a un tramo del CEM, construido a la altura del pueblo de Santiago Teyehualco, que arrasó con una propiedad privada conocida como Granja Mayté, motivo por el que sus dueños, la familia Schievenini Zanella, interpusieron un amparo contra OHL (Proceso 2013).

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Protección total El abogado Manuel Andrade, quien lleva la defensa de los ejidatarios de Tultepec, señala que a éstos OHL los presionó y amenazó para que, de manera individual, le fueran vendiendo sus respectivas parcelas a precios bajísimos y sin ningún acuerdo de la asamblea ejidal. Agrega: “Aparte de estas irregularidades, no hubo ningún decreto expropiatorio y OHL todavía alcanzó a apropiarse de 90 mil metros cuadrados más pertenecientes al ejido. Fue un abierto despojo. Llevamos años pidiendo una indemnización. “En la misma situación se encuentran varios ejidos por los que cruza la autopista. El Tribunal Superior Agrario ya les dio

nipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”. El ataque a Infraiber, firma especializada en la medición del aforo vehicular de las carreteras concesionadas del Estado de México, ocurrió un año después de que esa compañía documentó que OHL ha recaudado de manera irregular, desde enero de 2013, 50 centavos por cada automóvil que transita en el Circuito Exterior Mexiquense. Ifraiber denunció también que las ampliaciones al título de concesión a OHL han sido igualmente irregulares, pues le han permitido cobrar 50 centavos extra a cada automovilista, y calculó que desde enero de 2013 hasta agosto de 2015 OHL había recaudado de esa forma más de 113 millones de pesos. El reporte de la CNBV provocó que las acciones de OHL cayeran drásticamente al inicio de la semana pasada, pero se recuperaron con inyección del fondo de recompra del mismo consorcio. Según el documento de la Bolsa Mexicana de Valores, fechado el 26 de octubre, desde el 12 de junio pasado OHL México ha recomprado 19 millones 201 mil acciones propias y ha utilizado 457.6 millones de pesos de su fondo de recompra. Sólo le quedan 92.3 millones de pesos. A este ritmo, podría quedarse sin recursos ante la repercusión de la investigación de la CNBV en el mercado bursátil. En su citado reporte, la CNBV considera incorrecto que los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal deban pagar lo

la razón al invalidar todas las adquisiciones de tierras que OHL realizó al margen de acuerdos de asamblea.” El abogado muestra el expediente de dicha sentencia, emitida el 2 de abril de 2013, en el juicio agrario 152/2010. Ahí se dice que OHL actuó ilegalmente por comprar tierras a cada “ejidatario en particular”, ya que “el derecho de propiedad sobre esos bienes es de naturaleza colectiva”, por lo que la venta debió aprobarse en asamblea. Por tal motivo, el tribunal le pide a OHL la “restitución” de sus tierras a los ejidatarios. Comenta Andrade: “El fallo está alentando a varios ejidatarios a realizar protestas, tomar casetas de cobro o colocar mantas a lo largo de la autopista para pedir sus indemnizaciones, exigencia más viable que la restitución de tierras. Pero lejos de dialogar con los inconformes, OHL ahora planea quitarles más terreno para ampliar su autopista”. Y señala al ingeniero Jorge Rubio Díaz, director de Concesionaria Mexiquense (Conmex) –la filial de OHL encargada de manejar el CEM– como el operador principal que llevará a cabo la ampliación. Proceso solicitó una entrevista con Rubio pa-

I NFRAES TR U C T U R A

ra conocer su postura, pero no obtuvo respuesta. Cada vez son mayores las evidencias del poder corruptor de la constructora española y sus nexos con el Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Peña Nieto y que lleva años otorgándole a la empresa concesiones de obra en condiciones muy ventajosas. En diciembre de 2012, por ejemplo, el gobierno mexiquense le extendió el plazo hasta 2051 para explotar el CEM, siendo que originalmente era hasta 2030. Y además le autorizó, de manera irregular, el cobro de incrementos adicionales a las tarifas de peaje entre 2013 y 2021, según denunció Infraiber, empresa que actualmente lleva un litigio contra OHL. En medio del creciente descrédito de la constructora, a mediados de octubre dimitieron tres miembros de su consejo de administración: Valentín Diez Morodo, Jesús Reyes Heroles y Carlos Ruiz Sacristán. OHL explicó que esas medidas obedecen a una recomendación hecha por los auditores externos que actualmente revisan sus operaciones. Los tres puestos vacantes fueron ocupados por Carlos Cárdenas Guzmán, ex-

Además, le recuerda al gobernador que el monto reclamado por OHL (29 mil millones de pesos) es muy superior a los 12 mil millones de pesos de rentabilidad garantizada que reconoció y aprobó el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en los registros semestrales de inversión firmados por el propio SAASCAEM y OHL”.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitió el 31 de marzo de 2015 una garantía a favor de OHL hasta por 773.9 millones de Udis, equivalentes a 4 mil 99 millones de pesos. Fueron colocados como certificados de Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI). La operación fue denunciada por Díez Gargari en este semanario (Proceso 2029). En una carta de réplica, el gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Banobras, Jorge Andrés Gómez Pineda, negó que tal crédito constituyera deuda pública “por tratarse de operaciones bancarias activas”, y afirmó que en su autorización no intervinieron ni el Consejo Directivo de Banobras ni el secretario de Hacienda (Proceso 2030). En respuesta a esta réplica y en una carta enviada el 26 de octubre al titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, Díez Gargari le recordó que la garantía Banobras “es una operación constitutiva de deuda pública” en los términos de ley, ya que Banobras “asume una obligación

incondicional de pago de dinero, es decir, un pasivo”. El abogado de Infraiber le advierte a Videgaray que los recursos derivados de los certificados OPI fueron destinados a pagar anticipadamente “cierto crédito otorgado por Goldman Sachs a favor de OPI hasta por 300 millones de dólares. Con parte de estos recursos, OPI otorgó a su vez un crédito a Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (OHL) como parte del refinanciamiento llevado a cabo por OHL en diciembre de 2013, con cargo al Circuito Exterior Mexiquense”. Díez también subraya que en caso de que “Banobras se vea obligado a realizar cualquier pago al amparo de la Garantía Banobras, su única fuente de reembolso está constituida por esos mismos supuestos (pero altamente improbables) derechos residuales de OPI”, los mismos que la CNBV considera irregulares. Dicha garantía “debió ser autorizada por el Consejo Directivo de Banobras (que usted preside) en términos de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Deuda” y “también debió ser autorizada por la secretaría, de conformidad con lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 19 de la Ley de Deuda”. “Inexplicablemente, ni el Consejo Directivo de Banobras ni la Secretaría autorizaron la Garantía Banobras, por lo que esta última está afectada de nulidad absoluta”, afirma Díez Gargari en su carta, de la que Proceso tiene copia. O

presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; José Guillermo Kareh Aarun, quien ha trabajado en corporativos multinacionales como Dupont y Procter & Gamble, y Antonio Hugo Franck Cabrera, quien participó en la constitución de Banco Azteca, Banco Multiva, Banco Finterra y BanCoppel.

Comenta Chavarría que estos movimientos “son puros cambios cosméticos para aparentar una transformación de fondo; y también para proteger a los funcionarios salientes, quienes participaron en la adjudicación de varias concesiones amañadas. Se van llevándose muchos secretos y en la total impunidad”.

Videgaray y Banobras

Eduardo Miranda

que OHL alega como cumplimiento por un aforo vehicular mínimo que le permita recuperar su inversión y obtener una ganancia neta libre anual de entre 10 y 7%. La comisión entiende “que en dichas concesiones no existe una obligación incondicional de pago en el sentido que la define el Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC 12, por sus siglas en inglés)”. OHL tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para responder a las observaciones de la CNBV antes de que procedan las sanciones. Para Díez Gargari, el engaño de OHL radica en hacer creer que tiene una “cuenta por cobrar” en contra del erario mexiquense por el monto de la “rentabilidad garantizada”, que tan sólo en el caso del CEM asciende a 29 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2014; “algo así como 75% de la deuda pública del estado”. Díez Gargari envió el 29 de octubre una carta a Ávila en la que expone: “¿Va a litigar el gobierno del Estado de México del lado de OHL, en contra de la CNBV, de los mexiquenses y de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense?... Si el gobierno del Estado hubiera asumido una obligación incondicional de pago de dinero a favor de OHL sin contar con la autorización previa de la Legislatura estatal, el gobernador del Estado de México, como autoridad en materia de deuda pública, habría incurrido en violaciones graves a la Constitución”.

Comuneros de Tultepec. Resistencia


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Especial

Prisión del Campo Militar Número 1

El Ejército

hace lo que quiere con sus “manzanas podridas” JORGE CARRASCO ARAIZAGA l movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos. Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR). La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales. Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defen-

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Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército. sa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión. Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan. Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-

na) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan. El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar “las manzanas podridas” y, obedientes al mando, “aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos”, dice a Proceso un militar bajo proceso penal. La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no

JU S T IC IA

Traslados inconstitucionales Poco antes, la primera Sala de la SCJN había definido otros criterios respecto a la reclusión de personal de esa dependencia. En marzo de ese año, concedió un amparo a tropas acusadas de delincuencia organizada para evitar su remisión a un reclusorio de máxima seguridad, a menos de que hubiera la autorización del juez militar que instruyó la causa penal. A propuesta del ministro José Ramón Cossío, los ministros resolvieron que ese tipo de traslados sólo puede hacerse con autorización de un juez castrense y no por orden del director general de Justicia Militar, que es una autoridad administrativa. Precisaron que la orden de traslado debe estar “debidamente fundada y motivada”, garantizando condiciones para una adecuada defensa del procesado. Entre los afectados, algunos tenían amparos en sus procesos, pero el argumento de la justicia castrense para cambiarlos fue que el movimiento es un acto de autoridad distinto. La propia SCJN emitió un criterio, apenas el pasado 7 de octubre, según el cual el cambio de un centro de reclusión a otro es impugnable mediante amparo indirecto en un plazo de 15 días. Algunos oficiales ya han comenzado a impugnar su traslado. El operativo policiaco militar del pasado 16 de octubre fue similar al realizado por el gobierno federal el 30 de septiembre pasado, cuando efectivos de la Marina Armada de México, también con el apoyo de fuerzas federales, ingresaron a penales federales de máxima seguridad para extraditarlos a Estados Unidos o enviarlos a otros Ceferesos, a pesar de la existencia de amparos. El movimiento más significativo de septiembre fue la dispersión de los narcotraficantes que compartieron con Joaquín El Chapo Guzmán el área de Tratamientos Especiales del Cefereso número 1 del Altiplano, y que fueron testigos de las actividades previas a la fuga del sinaloense (Proceso 2031). Entre los encarcelados en las prisiones del Ejército por cargos de delitos contra la salud existe el temor de que también sean transferidos. Sólo podría ser cuestión de tiempo, dicen sus familiares y litigantes. El 28 de octubre, por la mañana, incluso se reunieron en distintos puntos de la Sedena en el Campo Militar número 1 para protestar contra el operativo del día 16 de ese mes, que calificaron de inconstitucional. Los manifestantes fueron acompañados por el movimiento Yosoy26, organización dedicada al apoyo de militares presos. A pesar del temor de represalias con-

tra los procesados, llegaron familiares de los afectados. Algunos integrantes de la Federación de Militares Retirados (Femirac) se concentraron por casi dos horas en Avenida Industria Militar y Periférico, en la entrada principal de la Sedena, según informó la propia organización. Frente a la puerta 3 del Campo Militar número 1, algunos de los participantes en esa movilización colgaron una manta que decía: “Cienfuegos, queremos que regreses a nuestros militares a sus prisiones, aya (sic) en las prisiones civiles los están matando, ¡¡Responde por tus soldados!!”. Encabezados por Ana Zavala, directora de la Organización Humanista por el Progreso Social e integrante de YoSoy26, los familiares de los presos entregaron un pliego petitorio al coronel de infantería Rolando Domínguez, en el que le piden al general Cienfuegos respetar el proceso penal de los trasladados. El escrito fue entregado también al Senado de la República, a la Organización de Naciones Unidas y a Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, a las que pidieron intervenir ante la Sedena para esclarecer la situación de los trasladados. Los organizadores pretenden que la reunión sea la próxima semana en la secretaría de Gobernación y no en la institución castrense. “Queremos un lugar neutral”, comenta Zavala a este semanario. “Necesitamos saber en qué situación se encuentran. No nos han informado oficialmente a dónde fueron enviados, aunque hemos podido establecer que fueron 99 los trasladados”, añade. Según la activista, 30 de ellos estaban amparados para no ser cambiados de prisión.

Más arbitrariedades Los familiares buscan también que se

aceleren los procesos penales, pues hay casos de soldados con varios años de prisión sin que hayan recibido sentencia ni en primera instancia. En las prisiones de la Sedena hay molestia sobre todo entre quienes enfrentan delitos del fuero común. Al no enfrentar delitos del orden militar, también temen ser enviados a prisiones civiles, pues corren el riesgo de tener contacto con delincuentes que tropas de la dependencia detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público para ser encarcelados. “Los están enviando al matadero”, insiste Zavala. En conversación con Proceso, militares presos aseguraron que el general Cienfuegos ya había manifestado su interés en que los elementos acusados de delitos contra la salud fueran separados del resto de quienes están acusados de delitos netamente castrenses, como desobediencia, deserción o abuso de autoridad. Pero la idea de “separar a las manzanas” no toma en cuenta que muchas de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) son por consigna. “Las averiguaciones de la PGJM llegan a ser ridículas o manipuladas. Parten de dichos o sospechas, anónimos telefónicos o manuscritos en pedazos de papel. Dicen que tienen informes o sospechas de que alguien se dedica a pasar información o a la protección de narcotraficantes. Y no siempre presentan pruebas”, aseguran. Notan además que la mayoría de los detenidos son elementos de bajo rango, contrario a que muy pocos jefes o mandos de la Sedena han sido procesados por narcotráfico. Uno de los casos más conocidos fue el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien después de siete años –durante el gobierno de Felipe Calderón– fue absuelto cuando el titular de la dependencia era el general Guillermo Galván, su compañero de Especial

estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena.

Mensaje al titular de la Sedena 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Distrito Federal. La cárcel castrense

generación en el Colegio Militar. Poco antes de que acabara ese sexenio, en abril de 2012, fue asesinado en la Ciudad de México. Muy distinto es el caso de Ricardo Martínez Perea, el último general táctico del Ejército; es decir, hecho en el campo de operaciones y que no pasó por la Escuela Superior de Guerra, por lo que no es Diplomado de Estado Mayor. En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, fue acusado de proteger a Gilberto García Mena, El June, líder del Cártel del Golfo. Fue condenado a 15 años de prisión, sin pruebas, a pesar de haber sido reconocido por sus logros en el combate al narcotráfico. Otro mando que tampoco recibió la gracia de la justicia castrense fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, exdirector del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, quien fue detenido en 1997, condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada, en particular por proteger al Cártel de Juárez. Murió en diciembre de 2013. Su hijo, César Gutiérrez Priego, ahora defensor del general Martínez Perea, litiga también a favor de los oficiales que fueron cambiados de prisión el pasado 16 de octubre y enviados al Cefereso número 4 de Nayarit, cuando no habían sido sentenciados ni siquiera en primera instancia. Ambos están acusados de delitos contra la salud, pero sus causas penales siguen abiertas en juzgados militares; aunque ahora están en penales civiles. Insiste en que, de acuerdo con lo resuelto por la SCJN el año pasado, los soldados procesados en casos donde no haya civiles no pueden ser procesados por causas federales. El 16 de octubre, los familiares de los soldados confinados en Zapopan, en la Quinta Región Militar, detallaron en Facebook que luego del ingreso de la policía castrense, poco después de las cinco de la mañana, los internos fueron separados de acuerdo con una lista elaborada por la Sección de Política Criminal de la Dirección de Justicia Militar. Según el relato, ingresaron más de 70 elementos de seguridad, entre agentes de la Policía Federal y elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; tomaron posiciones estratégicas y acordonaron la zona para facilitar el ingreso de un grupo de 40 elementos de la Policía Militar. De ahí sacaron a 18 internos sujetos a procesos por delitos contra la salud: dos tenientes, un subteniente, un sargento, cuatro cabos y 10 soldados, y los entregaron a los agentes del Ministerio Público. El personal de la Sedena formó un convoy hasta la base aérea militar de Zapopan. Ahí, tres aeronaves tipo Boeing 727 de la Fuerza Aérea Mexicana y una similar de la Policía Federal ya los esperaban con otros reos. O

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Un militar

torturado por militares

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA l teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar. El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto. Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Vera-

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cruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla. En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas. La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción.

Especial

JU S T IC IA

El teniente Julián Castilla fue detenido en 2011 con base en una acusación realizada bajo tortura. Personal militar lo sometió a tratos inhumanos. De otras personas acusadas por el mismo presunto delito, los civiles ya están libres pero los militares no. Por temor a quedar expuestos, los mandos han alargado el juicio de Castilla y lo trasladaron recientemente a una prisión civil, con la amenaza de que otros reos lo atacarán ahí. Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843). En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes. También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles. El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los mi-

litares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.

Fracaso ejemplar De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho. El documento establece que éste último confesó espontáneamente: “Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con

él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”. Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones. A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales. En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades. Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos. Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó. Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar. Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía. Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla. Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles. La descripción de la tortura a la que fue 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Especial

El coronel Pérez Reséndiz. Procesado

En Zacatecas, juicio civil a cuatro soldados VERÓNICA ESPINOSA

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ACATECAS, ZAC.- La obtención de pruebas en el proceso judicial contra el coronel Martín Pérez Reséndiz y sus tres elementos de ordenanza por la desaparición forzada y el homicidio de siete jóvenes en Calera, el pasado 7 de julio, ha obligado a ampliar en tres meses la investigación complementaria. El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal, ubicado en Ciudad Gobierno, el enorme complejo administrativo estatal y federal construido en el sexenio de la gobernadora Amalia García en la ciudad de Zacatecas.

sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas. Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”. Según Toga Lara, cuando por fin lo ali-

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La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y estuvieron presentes los cuatro militares indiciados: el coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, así como los cinco abogados particulares que los defienden. También asistieron –en una sala para testigos protegidos, a fin de no mostrar sus rostros– algunos familiares de las víctimas. Germán Martín García González, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Guillermo García Murrieta, Víctor Hugo González Cisneros, David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes y Beatriz Fernández Hernández, fueron sacados de una vivienda

mentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez.

Amenaza cumplida Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido. Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo.

en Calera por efectivos del 97 Batallón de infantería con sede en Fresnillo, al mando de Pérez Reséndiz, quienes posteriormente los torturaron y asesinaron (Proceso 2021). Sus esposas, padres y hermanos se enteraron del operativo del Ejército en la casa de la calle Francisco I. Madero 106, de Calera, y comenzaron a buscarlos. Desde el principio supieron que el jefe del batallón iba al frente. Tocaron a las puertas de la base militar, visitaron hospitales, el Servicio Médico Forense y las oficinas de la procuraduría estatal, la delegación de la PGR y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 15 de julio se plantaron con pancartas afuera del domicilio allanado, donde colgaron una manta y denunciaron ante los medios al coronel y su tropa. Luego viajaron a la ciudad de Zacatecas y entraron al Congreso, donde se entrevistaron con diputados locales y algunos activistas de derechos humanos. Sólo después de eso personal de PGR acudió a la casa, recabó declaraciones y realizó peritajes. Había ropa y objetos desperdigados, se llevaron televisores y el estéreo. Dos días después, la procuradora zacatecana Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos en una casa cerca de la presa El Tesorero, en una brecha por la carretera Jerez-Fresnillo. Horas más tarde se localizó a los tres restantes. Todos tenían un disparo en la cabeza, signos de tortura y evidencia de haber muerto varios días atrás. Las autopsias e informes forenses certificaron que las siete personas fueron asesinadas horas después de que los militares las sacaran de la casa mencionada. En filtraciones a portales digitales y medios locales, tres de las siete víctimas (entre ellos Germán Martín García, un exmilitar que estuvo a las órdenes de Reséndiz) fueron señaladas como integrantes de grupos delictivos contrarios. Para ese momento, el Ejército ya realizaba su propia investigación. Según fuentes

La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO. La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO. Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se

JU S T IC IA militares, en medio del descrédito por casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se enojó por los excesos del coronel Reséndiz y la ostentación que éste hacía de su amistad, así que decidió ponerlo como ejemplo de que el Ejército “no toleraría violaciones a la ley ni a los derechos humanos”. En un comunicado, la Sedena confirmó la detención de los cuatro militares y anunció que serían entregados a las autoridades civiles para ser procesados penalmente. El 31 de julio, los cuatro militares fueron vinculados a proceso en el Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al concluir el juez que se presentaron elementos para señalarlos probables responsables de delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y homicidio calificado. Una vez vinculados a proceso el 31 de julio, el juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que venció el 30 de octubre. Así empezó el juicio 43/2015, del cual formó parte la audiencia del mediodía del 28 de octubre, cuyo único propósito era registrar el cambio de asesores jurídicos de los familiares de las víctimas. Por primera vez desde mediados de julio, cuando se hizo pública la desaparición de las siete personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición, enviando a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara, para fungir como asesores jurídicos. Minutos antes de la audiencia personal de la CEAV obtuvo la autorización de los familiares para representarlos, y después solicitó al juez Barreto copias de los audios, videos e informes escritos de las audiencias previas, para enterarse de los pormenores del caso. Antes de que acabara la audiencia, la Fiscalía de la PGR pidió al juez que ampliara

solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO. De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia. Le aplicaron el tehuacanazo, consis-

el plazo de la investigación complementaria por tres meses, es decir, hasta el 30 de enero de 2016, pues tiene pendientes muchas diligencias para recabar pruebas. La defensa de los militares se opuso, pero el juez Barreto aprobó la solicitud de la fiscalía. Mientras tanto, varios integrantes del 97 Batallón de Infantería fueron reasignados a otras instalaciones. Días después de la detención del coronel Pérez Reséndiz, fue nombrado como nuevo comandante Alfredo Alvarado Rojas, coronel de infantería diplomado del Estado Mayor y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército.

Ricardo Bermeo, integrante de la organización Zacatecanos por la Paz, dice a Proceso que el expediente de este caso debió presentarse ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias efectuadas hace semanas en varias ciudades del país. Bermeo acudió a la del 29 de septiembre, que se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y llevó un caso similar ocurrido en 2012, en Estancia de Ánimas, comunidad del municipio de Villa González Ortega. Lo acompañaron dos familiares de cinco desaparecidos, a quienes se presume víctimas de elementos de la Policía Federal (PF). El activista explica que su organización no tuvo acceso al expediente del caso de Calera –que equipara por su gravedad con los de Tlatlaya y Ayotzinapa–, y “aunque insistimos con familiares no obtuvimos respuesta. Su aprobación y participación es fundamental para que nosotros podamos entrar al proceso y acompañarlos”. En la audiencia de Monterrey, Bermeo y los familiares de los desaparecidos narraron ante la comisionada Tracy Robinson que, la tarde del 7 de agosto del 2012, siete jornaleros fueron sacados violentamente por po-

licías federales del rancho Los Pirules, en Estancia de Ánimas, donde trabajaban. La corporación buscaba a integrantes de la delincuencia organizada con un helicóptero y 10 camionetas. Dos de los detenidos fueron hallados después, cerca del municipio de Pinos. Según el expediente, sus captores recibieron una llamada con la orden de soltarlos “porque no les servían para nada y al cabo les daban 30 mil por cada persona que agarraran, delincuente o no”. Decenas de pobladores de la zona vieron pasar el convoy de federales hacia San Luis Potosí, pero no se ha vuelto a saber de los otros cinco jornaleros: los hermanos Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez, así como Ismael Rodríguez Muñoz y José Castillo Aguayo. Sus familiares los buscaron en la delegación de la PGR. En los hoteles donde se hospedaban los federales asignados a Zacatecas, les dijeron que fueran a la entonces SIEDO (ahora SEIDO) en la Ciudad de México. Hasta el 29 de agosto se admitió su denuncia en la procuraduría estatal. La averiguación rebotó entre esta dependencia y la PGR en distintos momentos. Finalmente quedó en manos de la estatal, pero desde mediados de 2013 no hay avances. Cuando Zacatecanos por la Paz preparaba un informe sobre tortura, ejecuciones y desapariciones para la CIDH, pidió reunirse con la procuradora Leticia Soto. Como la funcionaria no respondía y urgía asistir a la audiencia con la CIDH, el 29 de septiembre, los activistas no presentaron dichos informes, que siguen elaborando. Pero ahora, dice Bermeo, “ya tuvimos la reunión con la procuradora y le expusimos nuestro interés. Su respuesta fue positiva. Esperamos tener los datos. Es importante, ahora que ya el caso de Estancia de Ánimas fue presentado ante la CIDH y no lo vamos a soltar”. O

tente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas. Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván. El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A. El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítu-

lo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar. La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia. En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.

Expediente Zacatecas, a la CIDH


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Cientos de duranguenses

huyen de la violencia de la Marina

PATRICIA DÁVILA los más de 1 millón de mexicanos que en los últimos ocho años se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, domicilios, tierras y animales a causa de la violencia, se sumaron en octubre de este año alrededor de 600 personas que experimentan una situación peculiar: han sido desplazadas también por la violencia, pero en este caso por la que ejerce la Secretaría de Marina-Armada de México: la Semar mantiene sitiadas las 13 poblaciones de la sierra de Durango en las que irrumpió el pasado 6 de octubre en busca del Chapo Guzmán. La causa: que la dependencia acusa a los pobladores de esos sitios del municipio de Tamazula, Durango, de proteger al capo, y les impide regresar a sus hogares. “La evidencia del desplazamiento en México es clara: Existen miles de casas abandonadas y destruidas en los lugares afectados por la lucha contra la delincuencia organizada. El problema es que el Estado mexicano ha sido indolente, no reconoce la dimensión del problema, generando una crisis humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS).

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Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, más de 1 millón de mexicanos han sido desplazados por la violencia y la inseguridad. Hoy, a ellos se suman alrededor de 600 personas procedentes de las poblaciones de Durango que elementos de la Marina mantienen sitiadas, disparando a diestra y siniestra con un supuesto objetivo: detener al Chapo Guzmán. Mientras tanto, el gobierno desoye los llamados de urgencia que hacen por los desplazados la ONU, legisladores y organizaciones de derechos humanos. Aguirre Meza y Óscar Loza Ochoa –encargado de Enlace del organismo no gubernamental– apoyan a las víctimas de los estados de Sinaloa y Durango desde que se generalizó la violencia armada en dichas entidades. En la recomendación 03/2015 que la CDDHS emitió el pasado 22 de octubre, señala sobre el operativo de la Semar: “Cuando menos lo esperábamos, el desplazamiento de personas volvió a presentarse, y de mano de la acción de una autoridad. El martes 6 de octubre varios elementos de la Armada de México (Marina) sobrevolaron en helicópteros y avionetas los poblados de El Verano, Río de los

Barraganes, La Iguana, La Pedregosa, El Limón, El Águila, entre otras comunidades”. De acuerdo con vecinos de dichas localidades, se lanzaron ráfagas de disparos sobre las viviendas y calles de las poblaciones, y luego arribaron por tierra grupos de efectivos de la Marina que revisaron las casas y exigieron a la gente no irse de sus moradas. Ante ello, habitantes de El Verano, Tamazula, pidieron a la CDDHS gestionar que se les permitiera abandonar el sitio. El sábado 11, los activistas organizaron una caravana en la que 32 personas salieron de ese punto. Luego, todas las poblaciones atacadas en esa porción duranguense del Triángulo Dorado quedaron desiertas.

Juan Carlos Cruz

NARC OTRÁ F IC O El viernes 23 de octubre los activistas Meza y Loza, acompañados de medios de comunicación, trataron de ingresar a las comunidades, pero estaban sitiadas por elementos de la Marina. A El Limón sólo les permitieron el acceso a ellos dos, y los oficiales les indicaron que el poblado está resguardado por el gobierno federal y que no pueden dar más explicaciones, que nadie podía regresar a la localidad y que ésta seguiría sitiada. Insistían en que se trataba de La Pedroza, lugar en el que supuestamente se refugiaba El Chapo. Sin embargo, los lugareños insisten en que la población en realidad se llama Los Limones, señala a Proceso Aguirre Meza. Un factor que ha contribuido a que la carga que hoy presenta el municipio colindante de Cosalá no sea aún mayor es que muchos de los desplazados tienen familiares en la ciudad y en las comunidades vecinas de la cabecera municipal. Sin esa afortunada relación de sangre, muchas familias estarían en situación de calle, indican en la recomendación.

Impacto preocupante

Triángulo Dorado

Juan Carlos Cruz

Hasta el domingo 12, se estimaba que los desplazados llegaban a 200. Para el viernes 16 la cifra era superior a las 300 personas y, según declaraciones del alcalde de Cosalá, Sinaloa, Samuel Lizárraga Valverde, publicadas el domingo 17, ya eran 600 los desplazados.

Ante el alarmante crecimiento del fenómeno de los desplazados en México, que mantiene la atención de la ONU, el pasado 19 de octubre, durante una visita oficial al país, la subsecretaria general adjunta para Asistencia Humanitaria y subcoordinadora de Alivio de Emergencia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), Catherine Bragg, declaró: “Conocemos las dimensiones de la violencia y su peso como factor de desplazamiento humano. Nos hemos acercado a las autoridades mexicanas para promover el cese de la violencia en el te-

rritorio nacional. La ONU está lista para intervenir y proporcionar ayuda humanitaria en caso de que el Estado mexicano lo solicite. Estamos monitoreando la situación de los desplazados por efecto de las actividades del crimen organizado, y es preocupante el impacto que tiene sobre las víctimas.” A su vez, Aguirre Meza plantea que la renuencia del gobierno a solicitar asistencia internacional está volviendo el problema más complejo, sobre todo desde que el Estado mexicano es el que incursiona violentamente en las poblaciones y provoca el temor de los lugareños, como ha ocurrido en Durango. De acuerdo con la recomendación 01/2012 de la CDDHS, “desde 2007 al menos 1 millón de mexicanos fueron obligados a dejar su hogar a consecuencia de los enfrentamientos armados. La mitad cruzó a Estados Unidos. El resto se movió internamente en Nuevo León, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, y en 2013 se sumaron Guerrero y el Estado de México. Este país destacó entre los cinco con más desplazados por violencia en América Latina en 2010, cuando al menos 120 mil personas abandonaron su lugar de origen”. En este aspecto México únicamente es superado por Colombia, donde se estima que la magnitud del problema oscila entre los 3.5 y 5 millones de desplazados. Los otros países del grupo son Perú, El Salvador y Guatemala. El Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) de Noruega expone que en la estrategia que ha seguido México en la lucha contra el crimen organizado destaca el aumento de la violencia y el alto número de desplazados que ello provoca. A su vez, Aguirre Meza señala: “El monitoreo del IDMC establece que la evidencia del desplazamiento es clara, miles de casas abandonadas y destruidas en las ciudades afectadas por la lucha contra la delincuencia organizada. Chihuahua y Tamaulipas son los más violentos y con más desplazados”. La situación se pudo documentar en parte y refleja lo que vive la sociedad en la frontera norte: El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez calcula en 116 mil las casas abandonadas en esa urbe, y la American Chamber of Comerce of México considera que son al menos 11 mil los negocios cerrados allí.

Emergencia desatendida Protestas contra los abusos

A finales del sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró “imprescindible la inme-


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Juan Carlos Cruz

Ataques de la Armada

diata atención a quienes cambian de lugar por la violencia”, y solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los avances en el cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, aprobados por la ONU, así como en torno a la atención que se da a los desplazados. No se hizo nada. Señaló a los gobernadores del país: “Las consecuencias para la población desplazada son más graves y trascendentes en la medida en que no hay una política

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pública ni instancia oficial que atienda sus necesidades elementales. “No podemos seguir cerrando los ojos ante un fenómeno que golpea. Hay que documentar cuántos niños abandonaron sus escuelas –desde kínder hasta preparatoria–, adultos mayores que no reciben atención médica, jornadas perdidas, propiedades abandonadas, casas, ganado y parcelas abandonadas. “Si tomamos en cuenta lo que dejó el fenómeno de los desplazados en Colom-

bia, estamos incubando un problema no menos complejo y profundo. Cuando llegue el momento de reclamar y buscar el regreso, ¿en manos de quién o quiénes estarán aquellas propiedades que quedaron yermas, y el ganado que fue abandonado por la situación de emergencia?” El documento, fechado en 2011, prosigue: “¿Responderá el Estado por los que perdieron propiedad, casa y animales? Para quienes en México pierden su arraigo, sus muertos, trabajo y bienes, ¿qué les espera enseguida? ¿Habrá una ley de restitución de bienes? Hay quienes han intentado regresar a sus pueblos, al menos para vender sus animales, y les costó la vida. “Cuando el regreso fue teóricamente posible en Colombia, se promulgó un Ley de Restitución de Tierras a los desplazados, con un fondo para comprarlas y devolverlas a los afectados. La realidad es que no hay paz en esas zonas, que los desplazados no pueden regresar porque quienes se quedaron con sus tierras no eran ajenos a la situación violenta.” Pero Meza y Loza aseveran que el gobierno mexicano carece de una estadística sobre el fenómeno. Según el Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno Forzado en México, hay poco más de 280 mil desplazados, en tanto que un estudio del INEGI realizado entre agosto y septiembre de 2014 registró que en el último quinquenio, por motivos de violencia e inseguridad cambiaron de lugar de residencia 236 mil 800 personas. Sólo que para los activistas hay un problema en la información oficial: La encuesta del INEGI no cubrió tres años caracterizados por el inicio de “la guerra” contra el crimen organizado, por lo que, insisten, las cifras de desplazados fácilmente llegan a 1 millón. En la recomendación establecen como necesario reclamar a la Federación un programa de asistencia humanitaria, pedir a la ONU y a la Cruz Roja Internacional asistencia humanitaria para los desplazados, cumplir los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU con el fin de evitar la violación a los derechos elementales, iniciar una legislación en la materia y presentar un plan de retorno a las comunidades. Esto, advierte Óscar Loza, porque “hay un futuro incierto para aquellos que han sido desplazados. En primer lugar resalta el derecho humano al arraigo en la tierra donde se nace, donde se forma el patrimonio familiar, para que de la noche a la mañana las personas tengan que volverse desplazadas en medio de una incertidumbre jamás vivida. Este es un problema de crisis humanitaria”. O

NARC OTRÁ F IC O


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Eduardo Miranda

Cerrojazo a la Comisión Especial

JESUSA CERVANTES nesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa, encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso. En su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina,

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almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y con el exfiscal de esa entidad, Iñaky Blanco. De esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a los normalistas. Aguirre Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida, según expusieron. Luego de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle

que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario. La diputada Araceli Damián González, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el cerrojazo: “Quienes consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la posibilidad de negarnos la información.”

Bloqueo priista Desde su creación, el 15 de septiembre último, la segunda comisión especial –la primera se creó en la pasada Legislatura fe-

CAS O AYOTZIN A PA La bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro. Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma... Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.

deral– también provocó malestar entre los priistas: el 29 de septiembre, la víspera de su primera reunión formal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priista César Camacho Quiroz, bloqueó la reunión. “Por reglamento”, les dijo, ninguna comisión puede sesionar cuando hay reunión del pleno de San Lázaro. Y aunque el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo anterior, aclara que sí puede hacerlo de manera extraordinaria y con el permiso de la Jucopo; la diputada Murguía Gutiérrez informó que cuando solicitó el permiso, le fue negado. La sesión se pospuso para el 2 de octubre, que finalmente resultó fructífera. Ese día los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa dialogaron con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez. Tres días después lo hicieron con el general Cienfuegos.

representación popular que nosotros tenemos. Se nos retiraron los teléfonos, se nos impidió tomar fotografías, y también la entrada a los asesores”. Alarmado por las inconformidades, el priista Manuel Silva Tejada propuso que la Jucopo dirimiera el caso. El presidente de esta instancia, Camacho Quiroz, recurrió a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que fuera esa instancia y no el área Jurídica de San Lázaro la que determinara si la comisión podía o no llamar a comparecer. Mientras llegaba la respuesta, la Comisión Especial de Ayotzinapa siguió sus encuentros con diversos funcionarios. El 14 de octubre acudieron a San Lázaro el exgobernador Aguirre y el exfiscal de Guerrero. Ambos comentaron que pidieron apoyo al Ejército y a los elementos de la Policía Federal, sin que sus solicitudes fueran atendidas. Eduardo Miranda

Dudas y protestas, desoídas

Los diputados aprovecharon las dos oportunidades para increpar a sus invitados por la inacción del gobierno durante la agresión a los normalistas de Ayotzinapa; también les dijeron que desde hace años las dependencias que encabezan sabían que el crimen organizado se había infiltrado en los cuerpos policiacos de algunos municipios de Guerrero y existía la presunción de que algunos alcaldes estaban coludidos. Tras las revelaciones obtenidas en los encuentros informales, en los cuales no se grabaron los diálogos, no hubo fotos ni periodistas ni asesores legislativos, Munguía y sus compañeros convinieron en que los encuentros futuros fueran comparecencias, con todo lo que éstas implican; es decir, que los invitados declararan bajo protesta de decir la verdad. Morena reclamó que los encuentros con altos funcionarios fueran siempre “reuniones de trabajo” y no de “comparecencia”, toda vez que este último carácter les da soporte legal a sus dichos y les confiere mayor fuerza. Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, cuestionó la manera en que se efectuaron las reuniones con la PGR y la Sedena, pues, dijo, carecieron de propósitos claros: parecían entrevistas deshilvanadas; parecía que la funcionalidad política era salir del paso y dar por hecho que hubo una cooperación entre las autoridades federales y los integrantes de la comisión especial, indicó. Exigió que los encuentros se realicen en San Lázaro, por respeto al Poder Legislativo, y resaltó que la comisión sí está facultada para “solicitar comparecencias de funcionarios, según se desprende del artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Su colega perredista Cristina Gaytán Hernández denunció que los encuentros fueron a modo: “Lo quiero dejar claro: hubo un maltrato, una falta de atención a la

Camacho. Razón de Estado


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Benjamín Flores

Dos días después, el almirante Soberón Sanz les dijo que, el mismo día que la PGR atrajo el caso de los normalistas desaparecidos, él pidió la participación de buzos de la Marina. Un día después encontraron la bolsa con los supuestos restos calcinados de los jóvenes en el río Cocula. Sin embargo, aclaró que sus subordinados la entregaron a miembros de la Sedena y a peritos de la PGR. El día 20, Osorio Chong tuvo un encuentro con los legisladores de la comisión. Dijo que él e Ímaz Gispert se enteraron de la agresión a los normalistas “en tiempo real”. Al siguiente día, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios decidió que la Comisión Especial de Ayotzinapa no puede llamar a comparecer a funcionarios.

La mano negra de la Jucopo Cuando la Jucopo pide una opinión para dirimir controversias sobre facultades o alcances de ciertos órganos parlamentarios, por lo general recurre al área jurídica de San Lázaro, que en esta LXIII Legislatura está en manos del PAN. Pero esta vez su presidente, el priista Camacho Quiroz, solicitó la opinión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, instancia que también está facultada para emitir opinión respecto a las comisiones y está encabezada por Juan Carlos Delgadillo Salas, “un priista embozado”, dicen quienes lo conocen. Cuando el priista Emilio Gamboa Patrón encabezó la Jucopo, Delgadillo Salas era su secretario técnico; cuando se fue al Senado, Delgadillo lo siguió. Luego, éste regresó a San Lázaro, esta vez como asesor de la fracción del PRI, que encabezó Manlio Fabio Beltrones Rivera en la LXII Legislatura. Ahora, Delgadillo es el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, considerada como “el centro de espionaje” de San Lázaro. Delgadillo realizó un “sesudo” análisis de la petición de Camacho Quiroz. Consultó el Diccionario de la Real Academia para conocer la etimología de la palabra “comisión” y concluyó que el caso de la instancia que preside la panista Murguía Gutiérrez se trata de una simple comisión ordinaria; por lo tanto, no está facultada para llamar a comparecer a funcionario alguno. Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la primera Comisión Especial de Ayotzinapa y actual presidente de una comisión espejo en el Congreso de Guerrero, lamenta “la opinión solicitada” a Servicios Parlamentarios: “A nosotros nunca se nos limitó, ni menos aún se nos exigió una secrecía más allá de la averiguación previa, pues

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lo que gravitaba en ese tiempo es que se trató de un evento local. Pero ahora esta comisión ha avanzado en la responsabilidad federal y en la del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que ahora el gobierno trate de blindar a sus funcionarios, al Ejército, al titular de Gobernación, a la Policía Federal… a todos.”

“Una simple opinión” Víctor Sánchez, diputado de MC, comenta que no duda de la animosidad de algunos miembros de la comisión especial para evitar que avance. “Pero veo difícil que se detenga. Lo que hemos logrado en este primer mes –las revelaciones del exgobernador Aguirre, las contradicciones con el general Cienfuegos, la insistencia del secretario de Gobernación de que no se toque al Ejército–, todo ello sólo nos lleva a pedir más información”. Y puntualiza: “Nosotros sí estamos facultados para demandar toda la información que necesitemos, y aunque no deseen que comparezcan los funcionarios, sí podemos solicitar documentos”. Es facultad de todo legislador pedir información y exigir la comparecencia de algún funcionario, insiste Sánchez. Además, por la importancia de lo que se está investigando y la presencia de organismos internacionales en el caso, es imposible que nos limiten con una “simple opinión” de servicios parlamentarios. A la comisión, dice, ya nadie la detiene. Muestra de ello, agrega, es que ésta ya solicitó una relación de todas las llamadas realizadas por los funcionarios estatales de Guerrero, así como de exfuncionarios, elementos del 27 Batallón de Infantería de la Sedena, de la Policía Federal y de la Zona Regional Militar, además de alcaldes y policías municipales. “Con ello veremos quién está mintiendo: Si el Ejército, que niega haber recibido solicitudes de apoyo por parte de autoridad civil alguna; el secretario de Gobernación, quien lo defiende; la Policía Federal o el exgobernador Aguirre y el exfiscal Blanco. Estos últimos incluso proporcionaron la hora de la llamada”, según Sánchez. La comisión también solicitó a la Segob la autorización para entrevistarse con el exalcalde de Iguala José Luis Abarca; la geolocalización de los celulares de los jóvenes desaparecidos –el del militar en activo que está entre los estudiantes apareció dos días después del 26 de septiembre en las instalaciones del 27 Batallón, según revelaron sus padres de familia–, y la fecha para el encuentro con los integrantes del Ejército que estuvieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. O

ÁLVARO DELGADO unos meses de que se cumplan 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que Ernesto Zedillo desconoció, existen condiciones políticas y el compromiso expreso del presidente Enrique Peña Nieto para honrar ese pacto con los pueblos indígenas, que sufren la misma miseria que provocó la rebelión armada. Al hacer este diagnóstico, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela que el año pasado el gobierno había encauzado el proceso de cumplimiento de esos acuerdos, pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa modificó los planes y ahora se pretende su relanzamiento. “Va a estar difícil”, le advirtió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al comisionado, pero el compromiso del gobierno de cumplir con los Acuerdos de San Andrés se expresó, primero, en el Programa Sectorial 2013-2018 de esa dependencia, que prevé “impulsar la armo-

A

DEREC HOS I NDÍ GE N A S El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela en entrevista con Proceso que el año pasado el gobierno se disponía a encauzar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero el caso Ayotzinapa “modificó los planes”. Advierte: “Si logramos construir un acuerdo que beneficie a los pueblos y reivindique el proceso de San Andrés, vamos a abrir una puerta a la reconciliación social”.

El caso Ayotzinapa

trastocó los planes para reivindicar los Acuerdos de San Andrés nización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena”. Y luego, el 22 de septiembre de 2014, Peña Nieto prometió, ante la Asamblea General de la ONU, armonizar las leyes nacionales “siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro”. Martínez Veloz, quien como presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) firmó también los Acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, afirma que el programa sectorial de la Segob y el discurso de Peña ante la ONU son “la fuente fundamental” para la elaboración del anteproyecto de reforma constitucional que honre ese pacto. “Son compromisos públicos y son compromisos institucionales”, puntualiza el comisionado del gobierno, quien asegura que los integrantes de la Cocopa, que atestiguaron la firma de los Acuerdos de San

Andrés, se han reunido dos veces este año para respaldar el anteproyecto que –dice– “rescata los contenidos de los Acuerdos de San Andrés, la iniciativa elaborada de la Cocopa, e incorpora los conceptos del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONU”. A excepción de Luis H. Álvarez, quien no asistió por enfermedad, los panistas Rodolfo Elizondo y Benigno Aladro, el perredista José Narro, los priistas Marco Antonio Michel y Oscar López Velarde, así como el secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, han discutido estrategias para que por fin se cumplan los Acuerdos de San Andrés. –¿Realmente el año pasado se perfilaba esa armonización legislativa? –La declaración del presidente en las Naciones Unidas es una expresión que, desde nuestro punto de vista, nos abría el panorama para impulsar una iniciativa de esta naturaleza. El titular del Ejecutivo estableció en el máximo órgano internacional un compromiso de esta envergadura. Desgraciadamente, cuatro días después se dan los hechos de Iguala. Y subraya: “El compromiso que esta-

blece el presidente en la ONU ya no es un acuerdo en lo oscurito, tras bambalinas, es una definición amplia. Naturalmente, si no hubiera cumplimiento de estos compromisos, todos los que estamos en el gobierno, incluyéndome, estaríamos retando a la historia: todos nos van a criticar y a evidenciar”. Pero además de la voluntad del gobierno, aclara, la reforma requiere respaldo social. “Hay que decirlo con toda claridad: esto va a depender de la capacidad que tengamos para construir, a lo largo y a lo ancho del país, una correlación de fuerzas favorables a este proyecto”. De enviarse la iniciativa al Congreso, quien la dictaminaría en la Cámara de Diputados sería la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana de Sebastián, identificado por el gobierno como el Subcomandante Marcos.

La traición zedillista y panista Y es que Martínez Veloz prevé la oposición de los mismos actores políticos que, hace dos décadas, rechazaron la autonomía in2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Eduardo Miranda

Martínez. Contra la fractura social

dígena con el argumento de que atentaría contra la unidad nacional y habría una balcanización, como alegó el entonces presidente Zedillo para incumplir los acuerdos firmados por su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. “Zedillo nos planteaba que la iniciativa iba a balcanizar el país, a fragmentar la unidad nacional, y después aparece como empleado de una empresa de ferrocarriles que él privatizó, inaugurando un esquema que ha sido dañino para el país y que le quita legitimidad a muchas reformas que, siendo necesarias, la gente las ve con reserva porque quienes las han promovido, en muchos casos, pasan a formar parte de las empresas que fueron beneficiarias.” La cúpula del PAN también se opuso hace dos décadas a la autonomía de los pueblos indígenas, con el litigante Diego Fernández de Cevallos al frente, y luego los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón rechazaron cualquier reconocimiento. –¿Prevé que los panistas se vuelvan a oponer ahora? –Claro. Nada más que hoy ya tenemos hechos reales que demuestran cuáles eran los propósitos escondidos de aquella oposición. Los que decían que la iniciativa iba a fragmentar la unidad nacional son los que entregaron, de forma irresponsable, millones de hectáreas a empresas mineras. Basado en cifras oficiales, Martínez Veloz informa que en el territorio nacional hay 36 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras, nacionales y extranjeras, 32 millones de las cuales las entregaron los dos gobiernos del PAN: Fox, 8 millones; Calderón, 24 millones. La superficie concesionada a las mineras es casi del tamaño del estado de Puebla, cuyo territorio mide 34 mil kilómetros cuadrados, equivalente a 34 millones de hectáreas. “¿Y qué ha pasado? Se ha generado un

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volumen económico muy alto. ¿Esa riqueza que ha sido explotada tiene repercusiones en la elevación de los niveles de las comunidades? Ya vimos que no. Las comunidades han sido destruidas, su participación es muy marginal y en muchos casos los patrones de negociación se establecen a partir de cooptación de dirigentes y, cuando no pueden ser cooptados, les fincan cargos y en algunos casos los asesinan”, dice el comisionado. No sólo eso: Calderón promulgó en 2007 un convenio entre México y Canadá para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal de las empresas mineras de ese país –que tiene el mayor número de concesionarias–, totalmente favorable a ellas. “Se llevan el oro y los impuestos los pagan allá, como si nos sobraran recursos”, subraya Martínez Veloz, y dice que la Auditoría Superior de la Federación acreditó que, entre 2007 y 2012, el valor de producción minera fue de 639 mil millones de pesos, pero sólo ingresaron a las arcas nacionales 15 mil millones, equivalente al 2.2% del valor total. Esto, comenta, es traición a la patria: “Calderón entrega territorio a los extranjeros y firma un convenio para que los impuestos los paguen en su país de origen. ¿Y qué se queda aquí? La contaminación y el deterioro del tejido social. Porque a la par de esa entrega desmedida de tierras, se fortalecen las organizaciones criminales. Hay declaraciones de gerentes de las empresas que dicen que ellos se entienden bien con el crimen organizado”. En efecto, el presidente y director de McEwen Mining Inc., empresa canadiense con sede en Toronto, Rob McEwen, admitió en entrevista periodística, en abril pasado, que tiene una “buena relación” con los cárteles de la droga en Sinaloa. De Fernández de Cevallos, Martínez Veloz asegura que ha sido abogado de algunas de las empresas mineras: “Ahora sabemos que sus opiniones jurídicas escondían un interés: son sus clientes”.

Creció la desigualdad Actualmente, expone el comisionado, la minería en México está en manos de tres familias cuya fortuna se ha disparado en dos décadas: Carlos Slim Helú, de Grupo Frisco, pasó de 6 mil 100 millones de dólares en 1996 a 73 mil 800 el año pasado, mientras que la de Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, pasó de mil 100 en el año 2000 a 13 mil 900 millones de dólares en 2014. Lo mismo ocurre con la familia de Alberto Bailleres González y su Grupo Ball –a quien el PRI quiere entregar la medalla Belisario Domínguez–, cuya fortuna era de mil 200 millones de dólares en 2000 y se disparó a 10 mil 800 millones en 2014.

Así, mientras en los más recientes 20 años el salario mínimo real tuvo un decremento de 27%, las fortunas de las nueves familias más ricas del país han crecido casi 10 veces, al pasar de un total de 13 mil 300 millones de dólares en 1996 a 131 mil 700 millones en 2014. “Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza”, subraya Martínez Veloz. Expone que, mientras hubo “toda una estrategia para fortalecer a grupos económicos nacionales y extranjeros”, no se construyeron mecanismos para hacer justicia a la población indígena, que en los hechos padece las condiciones que motivaron el alzamiento armado. “En 1994 el EZLN se levantó en armas enarbolando las causas que hoy documenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval)”, indica, y admite que se han hecho esfuerzos, pero en términos reales la pobreza sigue siendo tan vigente como ese año. Más aún, entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de la pobreza y pobreza extrema: la población indígena en pobreza pasó de 72.3% a 73.2%, o sea 8.7 millones de personas, medio millón más que en 2012. Y en pobreza extrema el índice pasó de 30.6% a 31.8%, es decir, 3.8 millones de indígenas: 300 mil más que en 2012. Esto pese a que, en el periodo 20022014, se gastaron 630 mil millones de pesos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, el equivalente a transferirle 57 mil pesos a cada uno de los 11.13 millones de indígenas que había en México en 2010. Resume: “Entonces tenemos que entender que el problema no es solamente de inversión, sino la construcción de una estrategia que permita a los pueblos indígenas tener los derechos que hasta ahora les han sido escamoteados dentro de la Constitución y eso les permita establecer una reacción de diferente tipo con el Estado y con los diferentes actores sociales”. –¿Confía en que, tras 20 años, pueda darse esto? –Es un momento de definición política para el país y para todos los actores. Si como país no tenemos capacidad, disposición y voluntad para honrar lo que se firmó hace 20 años en San Andrés Larráinzar, entonces la complejidad que hoy enfrentamos se va a dimensionar a otros niveles. “Creo que es un momento crucial para el país. Si logramos construir un acuerdo que beneficie a los pueblos y reivindique el proceso de San Andrés, vamos a abrir una puerta para impulsar múltiples mecanismos de reconciliación social. Si se impone la otra línea, la que esconde su negativa con la descalificación y que ha fortalecido a un núcleo muy pequeño de familias, este país va a tener grandes dificultades en el futuro.”

Las nuevas leyes de Ingresos y Egresos,

preludios de mayor crisis financiera

Las leyes de Ingresos y Egresos para 2016 adelantan la política económica del presidente Enrique Peña Nieto para los tres años que restan de su sexenio: apostará a la deuda para tapar los huecos en la recaudación y el desplome del precio de petróleo, recortará la inversión pública, utilizará los remanentes del Banco de México para ocultar la poca rentabilidad de las “reformas estructurales”, apenas moverá el PIB, y aguantará todo lo posible para que sea el siguiente gobierno federal el que emprenda una reforma fiscal de gran calado, pronostican expertos. JUAN CARLOS CRUZ VARGAS ejos de impulsar el crecimiento económico, la reciente aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación sólo alcanza para sostener el reducido crecimiento inercial del Producto Interno Bruto (PIB) y no resuelve el problema estructural de la recaudación. Lo peor: ordena contratar más deuda, lo que meterá en mayores aprietos a las finanzas públicas durante los tres años que restan del sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, ante la caída de los ingresos petroleros, el gobierno echará mano de 70% de los remanentes del Banco de México (Banxico) para pagar sus obligaciones; sacrificando el gasto en inversión –que pretende reducir a 2.1% del PIB, cuando el propuesto para el presente año fue de 2.8%– y que según los especialistas, es el factor que puede detonar el crecimiento del país.

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La inversión sacrificada El director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP),

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Héctor Juan Villarreal Páez, asegura en entrevista: “Uno de los problemas con este tipo de presupuestos es que uno de los rubros más afectados es la inversión pública. Si se empieza a bajar este tipo de inversión, esto le puede pasar la factura en términos de crecimiento al país”. El doctor en microeconomía aplicada por la Universidad de Wisconsin y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) advierte que esa reducción se puede convertir en una debilidad estructural. “El problema es que, de acuerdo con proyecciones del CIEP, creemos que vienen muchos años de astringencia económica, por lo menos tres… Uno de los grandes retos para el gobierno es que en este periodo la inversión pública no caiga demasiado”, indica. Sin embargo, el presupuesto no apunta en esa dirección. De acuerdo con el documento Implicaciones del Paquete Económico 2016, elaborado por el CIEP, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que aún se

discute en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total en inversión de 404 mil 950 millones de pesos, que equivalen a 2.1% del PIB, 0.7 puntos porcentuales menos que este año. La iniciativa se propone no contabilizar, para “efectos del equilibrio presupuestario”, un máximo de 2.5% del PIB para destinarlo a gastos de inversión de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a “inversiones de alto impacto”. Sin embargo, el término de “inversiones de alto impacto” no está definido en la ley, por lo que su aplicación, contabilidad y fiscalización quedan en la opacidad. Es decir, de los 404 mil 950 millones de pesos propuestos para inversión pública en 2016, 74.7% está asignado en los ramos de CFE y Pemex (302 mil 692 millones de pesos). Este monto se asigna a través de 13 programas presupuestarios y equivale a 1.6% del PIB. “Hay un margen de 0.9% del PIB que no pudiera ser contabilizado para efectos del equilibrio presupuestario, bajo el concepto de inversiones de alto impacto, como

Benjamín Flores

EC ON O M ÍA

Zambrano y Videgaray. Entrega del paquete fiscal

de pesos en la parte de inversión física e infraestructura. Se hizo un recorte en el gasto menos productivo, que es el gasto corriente. La señal que nos manda es que la economía va a tener menos dinero porque los ingresos adicionales básicamente se van a ir pagando con deuda.” El también presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) adelanta: “Esta situación de bajo crecimiento económico, de mayor precarización de empleo, de marginación, en esencia se va a mantener al menos un año más. Esto es delicado para la economía, que en los últimos tres años no ha tenido el desempeño que se estimaba con las reformas estructurales”. alcaldesdemexico.com

nuevos hospitales y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, precisa el documento del CIEP. José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), explica: “En la propuesta de egresos se plantean recortes de más de 160 mil millones

La tenaza de la deuda De la Cruz Gallegos. Señal ominosa

Según el CIEP, desde la pasada crisis financiera internacio-

nal de 2009, el sector público empezó a endeudarse para solventar sus compromisos y para paliar la caída de la recaudación. Si bien la tributación se recuperó, ahora las arcas se ven presionadas por la caída de los ingresos petroleros, que en el tercer trimestre se derrumbaron 36.7% respecto del mismo periodo del año anterior. Así, la búsqueda del “equilibrio presupuestario” se ha ido postergando ante el aumento de los llamados Requerimientos Financieros del Sector Público o la deuda total, que se ha comportado de la siguiente manera: En la Ley de Ingresos de la Federación de 2011 se estimaba que dichos requerimientos financieros para 2016 representarían 33.95% del PIB; mientras que en la actual ley se proyecta que sean 47.8%. No es todo: el director del CIEP espera que, en realidad, el gobierno de Peña Nieto termine con una deuda total de alrededor de 50% del PIB. Para Villarreal Páez, endeudarse no es malo. Inclusive la Organización para


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adnpolitico.com

ner un monto fijo para los diferentes tipos de combustibles nos parece una idea muy buena. Este impuesto ya supera 1% del PIB y no hay que perderlo, pero sí transparentarlo. Ahora bien, justo esa parte fue la más polémica en el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos, ya que según el CIEP el precio de las gasolinas se incrementaría hasta 18% en 2016. Sin embargo, Hacienda señaló que no se crea ni incrementa el impuesto, ya que el IEPS de las gasolinas y diésel ya existe pero será aplicado con otra estructura: El precio Villarreal Páez. Advertencia se reflejará de acuerdo con los precios internacionales, con la la Cooperación y el Desarrollo Económi- posibilidad de que disminuya en los primecos (OCDE) sugiere una deuda hasta de ros meses de 2016 y que el costo fluctúe en 60% del PIB para los países desarrollados. una banda de 3%, acordé con la inflación. No obstante, las condiciones que atravieEn la llamada miscelánea fiscal tamsa México no son las indicadas para su- bién se instauran otra medidas, como bir el débito. la excepción del IVA e IEPS entre aqueEl exdirector general del Centro de llos contribuyentes del Régimen de InEstudios de las Finanzas Públicas de la corporación Fiscal (RIF) con ingresos Cámara de Diputados señala que el pro- menores a 300 mil pesos anuales; se inblema es que los ingresos tributarios son crementa el límite de inversión en aumuy bajos. tomóviles deducibles, de 130 mil a 175 “Con todo y la reforma fiscal y el Im- mil pesos; y se aumenta el límite global puesto Especial sobre Producción y Ser- de las deducciones personales a 15% del vicios (IEPS) a combustibles, que se ha ingreso total, con un máximo de cinco convertido en un impuesto muy impor- salarios mínimos anuales. tante, en México hay una recaudación que ronda los 12.2 puntos del PIB. Si mete- Remanentes al quite mos las contribuciones a la seguridad social se queda por debajo de los 14 puntos. Para el especialista, el hecho de que los reEs muy poquito. El problema es que una manentes del Banco de México (Banxico) deuda superior a los 50 puntos del PIB im- se utilicen en el pago de deuda también plicaría mucho tiempo de recaudar ingre- es correcto, aunque legisladores de oposición critican no invertirla en proyectos sos”, alerta. Héctor Juan Villarreal Páez declara: productivos. Villarreal Páez detalla que este año “No es lo mismo un país que dice ‘yo tengo una deuda de 50%, pero recaudo 30% hay un ejercicio muy peculiar, porque al año’, que un país que recauda 14%. No Banxico compró dólares baratos y ahora se puede sostener un Estado moderno con los está vendiendo caros. Entonces habrá excedentes que rondarán los 70 mil millouna recaudación de 14 puntos del PIB”. –¿Cuánto tendría que recaudar México nes de pesos. “El argumento del Ejecutivo, que en para sostener esos niveles de deuda? –se le mi opinión es muy sensato, es que como pregunta al director del CIEP. –Los ingresos petroleros son muy in- esta fuente de ingresos no es recurrenciertos y van a la baja. Nosotros pensamos te y la deuda es creciente se tratará de que para que se tenga una viabilidad y sos- bajarla. Es una cantidad enorme, pero los tenibilidad a largo plazo tenemos que estar remanentes normales del Banco de Mépensando en unos ingresos no petroleros, xico en un año estarían rondando los 15 incluyendo las cuotas a la seguridad social, mil millones de pesos”, plantea el director del CIEP. que ronden al menos 20% del PIB. Por su parte, José Luis de la Cruz Ga–¿Qué papel juega la miscelánea llegos señala que usar así los remanentes fiscal? –La gran mayoría de los pedimentos empieza a representar un problema, pues fueron caramelitos. La gran excepción es es cierto que se pudieron emplear en proel IEPS en combustibles. Esta idea de po- yectos productivos, y se denota que el go-

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bierno empieza a tener problemas para financiar aspectos básicos. Así, con la Ley de Ingresos aprobada y modificada, el gobierno plantea un crecimiento económico de entre 2.6% y 3.6%; un déficit de 0.5% del PIB; una inflación de 3%; el precio del barril del petróleo en 50 dólares, y un tipo de cambio de 16.40 pesos por dólar. Con estos números, los ingresos totales para 2016 ascienden a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos. De esta cantidad, 3 billones 102 mil 440.3 millones de pesos corresponden a ingresos del gobierno federal, 1 billón 52 mil 193.1 millones a ingresos de organismos y empresas, y 609 mil 240.6 millones a financiamientos. Asimismo, se proyecta una recaudación federal participable de 2 billones 428 mil 227.8 millones de pesos. Los ingresos son mayores que el año pasado, pero según los especialistas esto no es suficiente para que México alcance tasas de crecimiento cercanas a 5%, como lo planteó el propio gobierno para lograr la aprobación de reformas estructurales. Aún más: las finanzas públicas se ven comprometidas para los siguientes tres años, lo que obligará al gobierno entrante a realizar de manera urgente una reforma fiscal de fondo y no misceláneas. José Luis de la Cruz, quien fue director del Centro de Investigación en Economía y Negocios y del Departamento de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, de plano adelanta: “Es difícil que la economía tenga un desempeño más vigoroso de lo logrado en administraciones pasadas. Aún persisten los riesgos de que la economía no tenga el desempeño deseado por la sombra de la volatilidad financiera provocada por la eminente alza de tasas de interés. El menor crecimiento de China, la Unión Europea y la desaceleración industrial de Estados Unidos son elementos que estarán presentes.” Entonces, precisa, el crecimiento económico mexicano, aún en un escenario positivo, difícilmente podría rebasar 2.5% o 3%. Villarreal Páez coincide y suelta: “Estamos viendo periodos de crecimiento económico muy acotados, pues en general es muy difícil que al reducir el gasto público no haya un efecto económico. El gobierno está esperanzado en que sea el ciclo económico el que saque a la economía a flote, pero es muy difícil que haya una recuperación económica fuerte. Y advierte: “Este gobierno va a seguir la estrategia de aguantar, preparar el terreno, para que el próximo que llegue al poder, sea del color que sea, pueda partir con una reforma fiscal a fondo”. O

J. Jesús Esquivel

Saña carcelaria

contra inmigrantes

J. JESÚS ESQUIVEL LOY, ARIZONA.- En el Centro de Detención Migratorio Eloy, ubicado en este pequeño poblado homónimo de Arizona, las autoridades estadunidenses dan a los inmigrantes indocumentados un trato inhumano, como si fueran

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los peores y más desalmados criminales. Quien denuncia lo anterior es Juan Miguel Cornejo. “A mí me castigaron por denunciar el trato que nos dan. Me trataron como al peor criminal, cuando yo no he cometido más que el delito de trabajar para buscar un futuro mejor para mi familia”, relata mientras abraza a su hija. Eloy, una pequeña población localiza-

da entre Phoenix y Tucson –a 96 kilómetros de la primera y a 84 de la segunda–, alberga uno de los centros de detención migratoria más grandes y, según sus internos, más crueles de Estados Unidos. Manejado por el Buró de Cumplimiento Migratorio y Aduanal (ICE, por sus siglas en inglés), el Centro de Detención Migratorio Eloy alberga actualmente a mil

M I GRA C IÓ N Es uno de los centros de detención de indocumentados más grandes y crueles de Estados Unidos. Proceso logró platicar con uno de los internos del centro de Eloy, Arizona, quien fue confinado a una celda de castigo desde que denunció la brutalidad con que son tratados los migrantes. Juan Manuel Cornejo –quien de hecho entró a ese país solicitando asilo por la violencia en México– relata los pormenores del exceso de fuerza y las constantes violaciones a los derechos humanos de los retenidos, quienes –recuerda– no son criminales. centro de detención, y realizar una huelga de hambre para demandar mejores condiciones y trato. En la exprisión federal, que se transformó en centro de detención migratorio en 1994, presuntamente se “han suicidado” cinco inmigrantes en los últimos 10 años. El más reciente es José de Jesús Deniz Sahagún, mexicano de 31 años de edad. La muerte ocurrió el pasado 20 de mayo. Deniz fue detenido por agentes del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 15 de mayo de este año, cuando intentó meterse ilegalmente a Estados Unidos por el puente fronterizo de Douglas, Arizona. Tres días después de su detención, Deniz fue transferido a Eloy. Un día antes de su muerte fue llevado a una celda de observación, porque presuntamente padecía problemas sicológicos y tenía tendencias suicidas. En la mañana del 20 de mayo de este año, los custodios del centro lo encontraron muerto. De acuerdo con el Reporte Forense del Condado de Pima, la autopsia reveló que en el estómago Deniz tenía una cinta de plástico y, en la garganta, un calcetín y la mitad de un cepillo dental. La causa oficial de la muerte del inmigrante indocumentado fue suicidio, pero entre la comunidad de inmigrantes indocumentados de Eloy prácticamente nadie acepta dicha versión. “Tenía golpes en la cabeza cuando lo sacaron de la celda donde estaba. Lo Especial

550 inmigrantes indocumentados: mil 56 hombres y 494 mujeres. “Es como un centro de desquicio”, resume Juan Miguel: “Nos tienen aquí en supuesta espera de que se nos resuelva nuestro proceso migratorio, pero la verdad es que pretenden dejarnos aquí por tiempo indefinido hasta que tronemos, hasta que pidamos que por piedad nos deporten”. El Centro Eloy, que antes de convertirse en una especie de cárcel migratoria era una prisión federal, se maneja bajo las más estrictas medidas de seguridad; como si en lugar de tener tras sus celdas a gente sin papeles tuviera a asesinos. Para visitar a los detenidos, sus familiares son revisados minuciosamente. Antes de pasar por el detector de metales, mujeres, hombres y niños deben depositar en un armario sus cinturones, relojes, pulseras, cadenas, las agujetas de los zapatos y sus bolsas, y no se les permite entrar con ningún aparato electrónico, libretas, lápices ni lapiceras. Luego, bajo los gritos de los guardias de seguridad, pasan por la máquina detectora de metales y deben esperar varios minutos mas hasta que los guíen a la sala de reuniones donde pueden ver a sus familiares detenidos. “Sin ser criminales, porque somos personas honestas, tenemos que aguantar el mal trato que le dan a nuestras familias”, se queja Juan Miguel, a quien no le permiten ver a su familia en la sala general de visitas, sino en un pequeño cuarto custodiado por guardias, porque estaba castigado. A Cornejo, de 39 años de edad y originario del Distrito Federal, lo metieron al “hoyo” (la celda de castigo) el pasado 17 de agosto y ahí permaneció bajo condiciones inhumanas todo un mes. Su delito fue denunciar a los medios de comunicación de Estados Unidos las condiciones en las que el ICE tiene a los indocumentados en el

encerraron en el lugar donde murió porque desde que lo trajeron a Eloy expresó sus inconformidades con el trato; me lo dijo mi marido”, comenta la esposa de otro inmigrante preso. Por temor a represalias, ella no revela su identidad ni la de su cónyuge. Fue precisamente la sospechosa muerte de Deniz la que llevó a Juan Miguel Cornejo a denunciar con su huelga de hambre el trato inhumano en Eloy (donde está recluido desde el 6 de mayo de 2014), lo que a su vez propició que lo metieran al hoyo por un mes, de donde salió el pasado 17 de septiembre. A Juan Miguel los agentes del ICE lo arrestaron el 18 de agosto del año pasado en el estacionamiento de su casa, en Phoenix, Arizona. En su casa se quedaron su esposa, Sandra Ojeda, y sus dos hijos menores de edad: Joel y Sandra. Ocho horas después de su detención, Juan Miguel ya había sido deportado a Nogales, Sonora, mientras su familia se quedaba en Phoenix. Con la idea de volver a cruzar la frontera y reunirse con su esposa y sus dos hijos, Cornejo se quedó en la frontera, donde comenzó a trabajar como pintor. Pasó varios meses viviendo en Nogales y trabajando, hasta que fue secuestrado por miembros de una banda criminal. Con la ayuda de familiares y amigos pagó su rescate y, al quedar en libertad, cruzó la línea fronteriza y pidió asilo político en Cornejo y sus hijos. Dignidad


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Estados Unidos. Fue entonces cuando el ICE lo trasladó a Eloy. Ahí permanece en la incertidumbre total, esperando una resolución respecto de su caso. “Nos quieren desesperar, pero no a mí. Yo seguiré aquí hasta que me den el asilo, no pediré que me deporten”, sostiene Juan Miguel ante la mirada de su esposa y sus dos hijos. La huelga de hambre que realizaron Cornejo y algunos de sus compañeros por la muerte de Deniz pronto trascendió los muros de la exprisión y llegó a los medios. Bajo la presión de los periodistas, el Departamento de Seguridad Interior (del que depende el ICE) abrió las puertas de Eloy a la prensa el pasado 28 de julio, “para que vieran que eran falsas las versiones del trato inhumano a los indocumentados ahí detenidos”. Cornejo sostiene que, antes de que entraran los periodistas, los custodios –en su mayoría de la empresa privada Corrections Corporation of America, subcontratados por el Departamento de Seguridad Interior– les advirtieron que se “portaran bien” y que hablaran bien de la situación de vida dentro del centro. Al ser entrevistado, él no se calló y pese a las advertencias denunció la situación y el trato inhumano perpetrado por los custodios. Las represalias por la desobediencia no fueron inmediatas. Llegaron apenas se había diluido el golpe de los reportes periodísticos sobre la situación en Eloy. Así, el 17 de agosto, a Juan Miguel lo metieron al hoyo: una celda de cuatro por cuatro metros, aislada. Desde la visita de los reporteros, el ICE restringió la entrada de medios de comunicación y prohibió estrictamente las entrevistas a Cornejo. El corresponsal pudo charlar con este mexicano antes de que lo sacaran del hoyo; lo logró gracias a que ingresó al centro registrado como “amigo de la familia”, junto a la señora Sandra y sus dos hijos, un sábado de septiembre último durante la visita de 40 minutos permitida a los “presos castigados”. La sanción a la que Juan Miguel se hizo merecedor incluyó tener que quitarse el overol naranja y usar uno rojo, con el cual se distingue a los reos peligrosos en las prisiones federales de Estados Unidos. Dentro de la celda de castigo le prohibieron las llamadas telefónicas a su familia. Sólo tenía derecho a bañarse dos veces a la semana, le pusieron grilletes en los tobillos y lo mantuvieron esposado, además de que sólo lo sacaban media hora al patio para que le diera el sol y el aire. “Si estás en el hoyo, tienes también que someterte a la porquería de comida que dan, que es pésima; pero no hay alternativa, te la tienes que comer las dos veces que te la dan”, explica.

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El cuarto aledaño a la sala de visitas donde están Juan Miguel, su familia y “su amigo”, es sólo un par de metros más grande que su celda. –¿Cómo estás, mi amor? –le pregunta su esposa, tras abrazarlo y besarlo. –Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás, mi chiquita? –responde el detenido, llorando, dirigiéndose a su hija e hijo. –Vente para acá, mi hija –le dice Juan Miguel a su niña, quien se acerca a la banca donde está su padre. –¿Cómo te tratan? ¿Estás bien? –pregunta la pequeña Sandra a su papá. Éste se le queda mirando, y al responderle “estoy bien” no puede evitar que se le escurran las lágrimas. “Todos mis compañeros que están aquí adentro están muy inconformes con el trato que nos dan, pero después de lo que me pasó a mí ahora tienen miedo de denunciarlo, porque piensan que los pueden meter al hoyo”, afirma Cornejo. Este mexicano y su familia tienen la seguridad de que la Corte Migratoria fallará a su favor. “Por lo menos ahora estoy cerca de mi familia, que me viene a ver todos los fines se semana, ya que están aquí en Phoenix. Pero aquí en Eloy hay personas que fueron detenidas, por ejemplo en Massachusetts, y sus familiares se quedaron allá y no pueden venir a visitarlos”, explica. Los inmigrantes recluidos en Eloy que han sido separados de sus familias tienen otro temor respecto de sus parientes: “Muchos son indocumentados y piensan que al venir a Eloy los van a detener”, cuenta Cornejo. Consciente del paso de los minutos y de las limitaciones que tiene su esposo como “reo castigado”, Sandra interrumpe la conversación y les dice a sus hijos: “Déjenme ahora con su papá”. Se acerca a su marido, lo toma de la mano, le da otro beso en los labios y le dice con ternura; “Te amo, mi vida”. –Yo también te amo, mi amor –le responde Juan Miguel. A los pocos minutos una custodio abre la puerta y dice que “es tiempo”. A Juan Miguel lo esposan y lo regresan al hoyo. Su esposa, sus hijos y el reportero salen del cuarto y recogen sus pertenencias frente a los detectores de metal. Ya afuera del centro de detención, Sandra, la hija de Juan Miguel, levanta la mano y se despide de todos los indocumentados que alcanza a ver más allá de la malla ciclónica mientras son conducidos a sus celdas. –Mi hija siempre les dice adiós a todos y ellos también con la mano le dicen adiós. Entre ellos va mi esposo –dice la señora Sandra antes de subirse al auto en que regresará a su casa en Phoenix.

MATHIEU TOURLIERE

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HAHUITES, OAX.- Las heridas en los hombros de Néstor aún no cicatrizan y los recuerdos de los machetazos fastidian su sueño. Pero en el albergue de Chahuites, Oaxaca, el salvadoreño de 27 años guarda silencio. Piensa que no tiene caso abundar en su historia, pues muchos de los migrantes que descansan ahí también sufrieron agresiones en el camino. Suena paradójico, pero el asalto que sufrió Néstor el pasado 28 de septiembre y que llevó a uno de sus compañeros al hospital, moribundo, quizá le permita conseguir una visa “humanitaria” con la cual continuará –ahora de manera legal– su odisea rumbo a Estados Unidos. Las autoridades migratorias otorgan de vez en cuando la condición de visitante por razones humanitarias a los migrantes “ofendidos, víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio mexicano”. Entre enero y agosto de este año, 669 centroamericanos recibieron esta condición, 168 más que durante todo 2014, según datos oficiales. Es sábado 3, 16 migrantes de la treintena que reposa en el albergue espera que el Instituto Nacional de Migración (INM) dictamine si los asaltos que padecieron ameritan una visa humanitaria. Pero aún les faltan tres días de caminata para llegar al albergue más cercano, en Ciudad Ixtepec, a 150 kilómetros: la Casa Hogar Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde.

M I GRA C IÓ N

El Instituto de Migración, al servicio de Washington migratorios” y proteger a los migrantes, el gobierno federal multiplicó los operativos en el sur del país. El INM cercó con retenes las principales carreteras, intensificó los patrullajes y realizó operativos sistemáticos para impedir a los migrantes subir a La Bestia. De acuerdo con una información que Proceso obtuvo por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en los primeros ocho meses de 2015 el INM llevó a cabo 21 mil 886 “revisiones migratorias” en todo el país, un promedio de 90 por día, 65% más que el año anterior. En ese periodo el INM hizo más revisiones que durante todo 2012 –20 mil 786, 57 por día– o que en 2013 –20 mil 856–; al seguir en esta dinámica rebasará con mucho el número de operativos que llevó a cabo en 2014: 25 mil 383 o 69 al día. En Oaxaca, el INM incrementó su presencia de manera notable: en los primeros ocho meses del año llevó a cabo 2 mil 914 revisiones –12 diarias, en promedio–, con lo cual rebasó la suma de sus operativos en 2012 (mil 919), 2013 (2 mil 284) o 2014 (2 mil 342). Resultado de lo anterior, poco más de un año después de la aplicación del Plan Frontera Sur, México rebasó a Estados Unidos en el número de detenciones y deportaciones de centroamericanos. Según cifras oficiales, en los primeros nueve meses de 2015 el INM detuvo a más de 152 mil perso-

El asalto Si bien los migrantes más adinerados –los recién deportados de Estados Unidos o con familiares en ese país– pagan miles de dólares a las redes de coyotes que los trafican desde Centroamérica, a los más pobres ya no les queda más que caminar de albergue en albergue y, a veces, abordar una combi –que les cobra sobreprecios– para evadir los retenes. Ya en las zonas boscosas de Chiapas y del sur de Oaxaca, los migrantes bordean las vías. Saben que en algún momento llegarán a un pueblo. Nunca las pierden de vista. Orientarse entre los montes sería imposible sin ellas. Al percatarse de que reducidos y vulnerables grupos de migrantes recorren los rieles, grupos de pobladores de la zona empezaron a emboscarlos para robarles lo poco que traen. El pasado 28 de septiembre Néstor y sus tres compañeros llevaban 12 días viajando desde su salida de El Salvador. “Veníamos siguiendo las líneas. Nos dijeron que son las que llevan a uno hasta allá”, recuerda. Llegaron a un punto de las vías conocido como “el basurero”, a kilómetro y medio de Chahuites. “Veníamos fundidos. Teníamos todo el día caminando, los pies estaban cansados, ya no traíamos agua”, cuenta. De pronto un hombre se les apareció, machete en mano. “¡Alto!”, gritó. Otro apareció a su lado izquierdo y un tercero por atrás; todos con los rostros cubiertos. Tras un segundo de

Fotos: Jacciel Morales

Pasarán por los municipios Reforma, Unión Hidalgo y Juchitán, entre otros, en los cuales el albergue de Ixtepec documentó gran cantidad de asaltos, dice a este semanario el voluntario Alberto Donis. “La gran mayoría de los que se hospedan en el albergue fueron atacados en el camino, muchos en Chiapas pero también muchos en Oaxaca”, explica. “Llegan grupos de 20 o 30 personas por día. Están supercansados, picados por las abejas, deshidratados y con hambre, algunos resfriados por el frío de la noche y otros insolados. En algunas ocasiones llegan por tren, pero ya es muy raro y son muy pocos, no más de 10 personas.” Hasta mediados de 2014, los 11 mil habitantes del municipio de Chahuites, en el sur del Istmo de Tehuantepec, veían pasar a los migrantes centroamericanos encima de los vagones del tren que venía de Arriaga, Chiapas. Pese a los peligros que representaban los grupos criminales –quienes controlaban tramos enteros del ferrocarril, llamado La Bestia–, para los más pobres es el único modo de atravesar México. Pero a mediados del año pasado, bajo la presión que ejerció el gobierno estadunidense para detener la oleada de niños migrantes a su territorio, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur. Con el pretexto de “controlar los flujos

nas –555 diarias, en promedio–, de las que deportó a 118 mil. Las autoridades migratorias estadunidenses, por su parte, deportaron a 55 mil 744.

Refugio. Riesgos

Peregrinación. Por el libre tránsito 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Fotos: Jacciel Morales

MI GRAC IÓN

El recorrido. Abandono

pasmo, dos de los migrantes corrieron con la velocidad que les permitieron sus piernas adoloridas. El jefe de los “malandros” ordenó a uno de los ladrones que los persiguiera. A Néstor y su compañero los forzaron a desnudarse. Mientras los hombres revisaban sus bolsillos, tenis, mochilas y los elásticos de su ropa interior, escucharon los alaridos de dolor de uno de sus compañeros, en el monte. Volvió el salteador. “¿Qué pasó?”, le preguntó el jefe. “Ya no hay problema, lo maté”, contestó éste. “¡Pero asegúrate!”, vociferó el primero. El otro se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la loma. Regresó poco tiempo después, enfurecido pues una de sus víctimas había huido. “¡Putos ustedes! Me lo van a pagar”, escupió, dirigiéndose a Néstor y su compañero. Los asaltantes pusieron a los dos migrantes en el piso, quienes, aterrorizados, repetían que no tenían nada, que ya les habían dado todo lo que traían. Llovieron los primeros machetazos sobre Néstor. Éste levantó su mochila e intentó protegerse con ella. “¡No lo hagas!”, regañó el jefe. “Ya que mataste al otro va a ser un gran pedo. Re“La Bestia”. Brutalidad

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cojan sus cosas y se van antes de que me arrepienta de dejarlos vivos”, amenazó. Y advirtió: “Ustedes dos me han conocido, yo los conocí bien a ustedes. Si van a poner una denuncia, sé dónde van a estar, van a estar en el albergue y los voy a buscar”. Los “malandros” se desvanecieron. En pánico, Néstor y su compañero recogieron sus ropas y pertenencias y corrieron medio kilómetro. Gracias a la adrenalina, el salvadoreño no sentía los chorros de sangre que descendían por su espalda ni el dolor en la nuca ni los tajos en la mano y el brazo. Llegaron a una carretera y luego a una gasolinera. Su compañero, que no venía tan herido, pidió auxilio a los empleados. Llamaron a los voluntarios del albergue y Néstor fue llevado al hospital. Ahí le presentaron una foto de su compañero, empapado en su sangre, quien logró escapar cuando su verdugo lo abandonó, pensando que era un cadáver.

Refugio A finales de 2014 Solalinde alertó sobre los asaltos sistemáticos que reportaban los mi-

grantes al llegar a su albergue. Junto con activistas y defensores de los indocumentados, entre ellos Irineo Mújica Arzate, recorrió las rutas del sur para registrar las nuevas modalidades de la migración a pie y para acompañar a los migrantes a denunciar los ataques. Desde Estados Unidos, donde trabaja por temporadas para conseguir un poco de dinero a fin de solventar los gastos del albergue, Mújica recuerda en entrevista telefónica: “Cuando nos percatamos de la amplitud del problema, vimos la necesidad de rentar un espacio. Pero llegaban cada vez más migrantes. En Chahuites se quedaban a dormir en el parque con los pies destrozados, por lo que convertimos el espacio en un albergue.” De esta manera improvisada abrió el primer albergue del Plan Frontera Sur. A una calle del mercado y de la estación de autobuses de Chahuites, frente a una pollería, hay una casa con dos puertas. Arriba de la primera se puede leer “Agencia Estatal de Investigaciones”, y sobre la otra “Fiscalía de Atención al Migrante”. Las dos oficinas son iguales: dos escritorios, cuatro sillas y un ventilador. Vestido de civil, el agente del Ministerio Público de la fiscalía, Marcelino Benítez, explica a Proceso que el número de delitos contra los migrantes se disparó en la zona de Chahuites: desde septiembre de 2014 esta oficina registró alrededor de 200 denuncias por agresiones y robos en el sector, pero no procedió a ninguna detención. Donis insiste en que desde el arranque del Programa Frontera Sur la Fiscalía Especializada en Atención al Migrante de Oaxaca sólo ha emitido una orden de aprehensión contra tres individuos, en el municipio de Corazones. Uno de ellos está prófugo. “El maleante es listo”, refiere el funcionario al presentar un “logro”: “En el puente mataron a un delincuente y se apagó el foco rojo”. A lo largo de sus 20 años de carrera, Benítez se acostumbró a los pleitos entre vecinos, de resolución expedita. Pero las agresiones a migrantes, que requieren de investigaciones y operativos, lo rebasan. “No es fácil integrar sus casos. Ellos no saben ni quiénes son sus agresores. A veces llevan el rostro encapuchado y a veces ni les roban porque no traen nada”, dice y añade: “Si corren o se defienden se hace la agresión. Cuando las lesiones son visibles, los médicos sacan la documentación a favor (de los migrantes). Caracterizan el atraco como delito grave.” “Cuando las lesiones son visibles, los médicos sacan la documentación a favor (de los migrantes)”, asevera. Según datos oficiales, entre enero y agosto de este año la delegación del INM en Oaxaca entregó 188 tarjetas de visitante por razones humanitarias a migrantes centroamericanos porque sufrieron una agresión. Durante todo 2014, la misma delegación otorgó 36 de estos documentos a centroamericanos indocumentados. O

Sergio Aguayo

Civilidad y violencia

La prórroga

I

guala ha resquebrajado inercias y construido esperanzas. Acicateados por los extranjeros, estamos conociendo la verdad, un requisito indispensable para acercarnos a la inexistente justicia. Stanley Cohen, teórico de las negaciones, hace una taxonomía en torno a las maneras de reaccionar de los gobiernos ante los informes sobre las violaciones a los derechos humanos. En un extremo están el silencio y la indiferencia, mientras que en el otro se hallan la aceptación de que hubo agravios y la voluntad de hacer correcciones. En Iguala se observa el camino recorrido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un tránsito positivo, aunque incompleto. En el inicio, Los Pinos minimizó los hechos, y en diciembre y enero intentó enterrar en sudarios de silencio el tema. No obstante, dio marcha atrás por la trascendencia de un hecho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) definió como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos (…) de cuantos haya memoria reciente en este país”. Pese a la gravedad de lo ocurrido, de no haber sido por la resistencia de los padres de las víctimas, por la solidaridad nacional e internacional y por las acciones de gobiernos y organismos multilaterales, habría prevalecido el desdén hacia el caso. Me centro en estas últimas. La diplomacia mexicana es de firma ligera: suscribe todo tipo de compromisos internacionales que luego ignora. Cuando Peña Nieto se sintió acorralado por las protestas, ordenó la firma (el 12

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de noviembre de 2014) de un Acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para traer por seis meses a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya misión era realizar otro informe acerca de Iguala. Las misiones internacionales pueden agruparse en tres categorías. Están las que sólo vienen a ganar dinero y a pasarla bien, por lo que dejan textos inútiles. Otras legitiman abusos. Eso hicieron los observadores electorales enviados por la Unión Europea durante las elecciones presidenciales de 2006. Estuvieron encabezados por el militante del Partido Popular español José Ignacio Salafranca, quien minimizó en sus informes el fraude electoral para favorecer a Felipe Calderón. Fue un comportamiento indigno. Finalmente, estarían las que toman en serio su trabajo, y entre ellas tiene un lugar de honor la del GIEI. Su impacto ha sido enorme y benéfico. En los primeros meses, el GIEI fue un enigma. Sus integrantes iban y venían entrevistando gente y recopilando, como hormigas, pedacitos de información que controlaban rigurosamente. Sorprendió, por tanto, el misil que lanzaron el 6 de septiembre pasado y que me parece innecesario reproducir. Son 560 páginas repletas de cifras, nombres y referencias: un aporte contundente y sólido con algunas omisiones quizá deliberadas para evitar romper puentes con el Estado y la sociedad. Es decir, queda la sensación de que evitó deliberadamente ciertos temas. Sin embargo, el contenido del informe basta para desnudar el desorden, la incompetencia y la insensibilidad del Es-

tado mexicano. El GIEI era un candidato ideal para un linchamiento a la Juan Méndez o para el atrincheramiento gubernamental tras la bandera de la soberanía mancillada por los extranjeros torvos. En lugar de ello, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó inmediatamente revisar y tomar en cuenta las recomendaciones del GIEI. Octubre fue el mes del estoicismo gubernamental porque además de las condenas internas enfrentó varios cañonazos internacionales. El 2 de octubre –que jamás se olvida–, la visita in loco de la CIDH concluyó con una dura crítica y un espaldarazo al informe del GIEI. Dos días después llegó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien expresó sin tapujos su respaldo total a la CIDH y al GIEI, pues sus “hallazgos coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos de la ONU”. El 18 sucedió algo sin precedentes: Washington le quitó a un donativo de la Iniciativa Mérida 5 millones de dólares por el deterioro de los derechos humanos. Parece que ha concluido la vergonzosa complicidad de la comunidad internacional con los fraudes y matanzas cometidos o permitidos por quienes gobiernan México. El Alto Comisionado dejó un mensaje clarísimo: “Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”. Octubre terminó con las audiencias organizadas la semana pasada por la CIDH en Washington. Se habló claro y se negoció duro, pero uno de los principales

AN ÁLI S I S Hernández

logros fue que la CIDH y el gobierno mexicano acordaron prorrogar otros seis meses la presencia del GIEI. La factura de 1 millón de dólares será cubierta por el Estado mexicano. Dinero bien gastado, pues el acuerdo frena los impulsos rupturistas entre Estado, víctimas y comunidad internacional. Vienen meses muy intensos. La cosecha de informes seguirá a la alza. En las próximas semanas la CNDH presentará un segundo informe acerca de Iguala, y la Comisión de diputados se estrenará en ese tema. Ésos y otros estudios serán medidos con el documento del 6 de septiembre del GIEI, que ha hecho, hasta ahora, un buen trabajo. La cantidad de información que ha surgido –y aparecerá– me permite pronosticar que nos acercamos a una verdad creíble respecto de una de las tragedias más paradigmáticas de nuestra historia. No obstante, la verdad no basta. Urge tener algo de justicia. El Alto Comisionado marcó agenda en su discurso final al señalar que sólo creerán en México cuando conozcamos el destino de los desaparecidos, cuando todos los “perpetradores (sean) identificados, procesados y sentenciados”, y cuando haya “reparaciones a las víctimas”. No será fácil, pero la prórroga de seis meses al GIEI simboliza el respaldo de una parte de la comunidad internacional a las víctimas. Ya era hora. O Clementina Chávez Ballesteros colaboró con ideas y sistematización de información. Comentarios: www.sergioaguayo.org

A los lectores: Naranjo volverá a ocupar su espacio habitual las próximas semanas 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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John M. Ackerman

Guerrero: las masacres que vienen

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odos sabemos cómo termina esta película. Primero se declara el colapso de las instituciones de seguridad pública locales para justificar la intervención de las “fuerzas federales”. Acto seguido se nombra a un general de la Fuerzas Armadas “coordinador” o “enlace” para el “operativo conjunto” en el estado correspondiente. Más tarde el mando federal acumula tanta fuerza que se convierte en la figura política principal en el estado. Por último, el gobierno militar de facto impone su “ley” y se generalizan las masacres indiscriminadas en contra de ciudadanos inocentes, así como las detenciones arbitrarias de activistas sociales. El primer acto del nuevo gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, inmediatamente después de tomar protesta de su cargo el pasado martes 27 de octubre en el Congreso estatal, fue organizar una vistosa reunión pública en el puerto de Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En esta segunda toma de protesta frente a quienes realmente mandan en la entidad se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para “reforzar la seguridad”. Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, coordinador general de la nueva estrategia de total militarización de Guerrero. La “nueva estrategia” de seguridad pública de Astudillo viola de manera flagrante el artículo 129 constitucional, el cual señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (por ejemplo, Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas castrenses única-

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mente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales. La estrategia ya ensayada en Michoacán, el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco se traslada hoy a Guerrero. Astudillo no será más que una correa de transmisión, en realidad un “comisionado federal” más, para las órdenes emitidas desde la Ciudad de México. Estos lineamientos, a su vez, responden a los mandatos emitidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos y los circuitos financieros internacionales. Guerrero ya no es digno de ser llamado oficialmente un “estado libre y soberano”. A partir del 27 de octubre sería más correcto referirse a esta entidad como el “estado militar y subyugado de Guerrero”. Un día después del anuncio de Astudillo de su “nueva estrategia de seguridad pública”, varios agentes federales ingresaron a la comunidad de Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri, junto al río Balsas, para aprehender al líder comunitario Roberto López García. Sin embargo, los pobladores no lo permitieron y detuvieron a dichos elementos bajo la acusación de que estarían trabajando bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos. A los ciudadanos de Guerrero les queda perfectamente claro de cuál lado se encuentran las autoridades en la lucha por la paz y la justicia en el estado. Frente a la traición de las instituciones públicas, es en los dignos luchadores sociales y en los pocos políticos valientes que se han aliado con las causas ciudadanas donde habría que depositar nuestra confianza. Los funcionarios nombrados por Astudillo revelan claramente las redes de intereses que controlarán al gobierno estatal. Su secretario de Gobierno es Florencio Salazar Adame, antiguo diputado, presiden-

te municipal y líder priista. En el año 2000, Salazar Adame saltó del barco para fungir como “coordinador nacional de Adhesiones” para la campaña de Vicente Fox, con quien sería después coordinador del “Plan Puebla-Panamá” y secretario de la Reforma Agraria. En este segundo cargo foxista, uno de sus más importantes asesores y funcionarios era el ahora perredista y marcelista Armando Ríos Piter. Posteriormente, durante la campaña presidencial de Calderón en 2006, Salazar Adame fungiría como secretario general adjunto del PAN. Hoy este “chapulín” profesional y cacique local regresa a casa con el gobierno priista de Astudillo. Gracias a los reportajes de la revista Proceso nos hemos enterado de que Astudillo también colocó a los hijos de Manuel Añorve Baños y de René Juárez Cisneros en puestos importantes de la administración. El nuevo gobernador también ha invitado a colaborar a figuras políticas cercanas a Elba Esther Gordillo, como José Luis González en la Secretaría de Educación, y Ángel Aguirre y Jorge Salgado Parra en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Una vez más se confirma el mito de la supuesta “transición democrática” en México. Lo único que ha ocurrido durante los últimos 15 años ha sido la circulación de la misma clase política de siempre entre diferentes partidos y puestos políticos. La lógica del poder caciquil, represor, neoliberal y corrupto sigue siendo exactamente igual que antes. Todos tenemos la obligación ciudadana de participar en la construcción de un nuevo bloque histórico con suficiente fuerza para renovar de manera profunda y radical las coordenadas de la política nacional. O www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

ANÁ L IS IS Sabina Berman

Lo Bronco no quita lo cobarde

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l Bronco tomó posesión en el Congreso de Nuevo León con un discurso lleno de promesas incendiarias. Averiguará en las finanzas de la administración del gobernador pasado. Aplicará la ley si encuentra conflictos de interés o tráfico de influencias o robos al erario. Al día siguiente entró a Monterrey a caballo, miles de sombreros norteños lo recibieron agitándose en el aire. Sacó luego una silla de una oficina. La silla causa soberbia, explicó. Retiró una fotografía de una pared. La fotografía causa sumisión al poder central, explicó. Clausuró con un candado la reja de la mansión del gobernador. La mansión es un lujo innecesario, se jactó. ¿Desde hace cuánto no presenciábamos una cascada de actos simbólicos así de aparatosos? Desde que Vicente Fox tomó posesión en el año 2000 de la Presidencia de México e hizo amagos semejantes al priismo al que desplazaba. Investigaré, prometió. Encontraré culpables. Les aplicaré la ley. Y para mostrar que su resolución no era vana, fundó la Secretaría de la Función Pública. Los priistas más prominentes del país vivían por esos días con las maletas hechas en los vestíbulos de sus mansiones. Alertas para abordar un vuelo al extranjero, en cuanto se concretara la primera detención de un compadre por corrupción. En una cena ocurrida en Los Pinos en el año 2002, Vicente Fox explicó a un grupo de intelectuales y

escritores el dilema que lo torturaba. Tenía la evidencia para llevar a juicio a un ramillete de corruptos, pero también tenía la información de que si procedía contra ellos varios sindicatos priistas se movilizarían para cerrar las carreteras principales e inundar la capital del país. Como empresario que era, Fox temía las consecuencias económicas. Se paralizaría el país y se devaluaría el peso. Contó entonces que la jefa de la bancada priista, Beatriz Paredes, le había ofrecido una alternativa. Si clausuraba las investigaciones de corrupción en curso en la Secretaría de la Función Pública, ella le garantizaba que el PRI aprobaría en el Congreso las reformas que Fox enviara. Es probable que El Bronco viva un

dilema semejante hoy. O cumple a los votantes la promesa de ir contra la corrupción del pasado y enfrenta las consecuencias –una revuelta organizada por ese mismo pasado–, o bien perdona y olvida, e ingresa a la casta política donde una larga fila de traidores a sus propias palabras lo espera para confortarlo con la retórica del cinismo. En aquella cena en Los Pinos, la mesa enmantelada de blanco olía a pólvora. Denise Dresser animó al presidente a no pactar con el pasado y a inaugurar un tiempo nuevo. “Si votamos por Vicente Fox fue porque no queremos la paz de los sepulcros”. Palabras más o menos dijo la señora Dresser. Por mi parte, yo recordé los tiempos del presidente Cárdenas. Cuando Cárdenas anunció la expropiación de las


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Marta Lamas

Linchamiento y lazo social petroleras, tres potencias anunciaron que invadirían a México, y la gente –los ciudadanos– se quitaron anillos y cadenas de oro para depositarlos en los peroles colocados en el Zócalo de la capital, para así ayudar a financiar la defensa del país. Los cambios históricos nunca son tersos. Cuando el futuro avanza, el pasado se rebela contra él y el presente se vuelve un remolino rápido y peligroso. Pero sin el remolino nada cambia, el pasado se perpetúa y la política se vuelve la administración del deterioro. Ya se sabe. Fox eligió pactar con el PRI. Ordenó cerrar las investigaciones de corrupción y el secretario de la Función Pública dimitió en protesta, no quería ser partícipe de una traición a los ciudadanos. El PRI, ileso y a salvo ya, no aprobó ni una de las reformas de Fox. Y fue así como en esa oportunidad dorada el país no avanzó a ser un país de leyes y de paso se paralizó cualquier otra reforma. No sé qué piense el lector, la lectora, pero a mí me da muy mala espina que El Bronco, ya gobernador, siga en modo de promesas y actos simbólicos, por cierto que cada vez más alejados de posibles consecuencias para personajes vivos. Esta semana que acaba se rebeló contra el Himno Nacional, que le parece en exceso guerrero. Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra, sus autores, estarán harto preocupados en sus tumbas. También declaró que la mariguana vuelve loca a la gente. Es seguro que una opinión tan campirana y sin sustento científico le hará a la moción por legalizar la mariguana lo que el viento a Juárez. El Bronco debiera verse en el espejo de Fox. En aquella decisión del año 2002, Fox perdió el liderazgo moral de los mexicanos, y con justa razón. El Bronco tiene todavía la opción de ser el héroe por el cual los ciudadanos votaron o recular de sus promesas y volverse un personaje dicharachero y pintoresco. O

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uando en una comunidad se lincha a dos seres humanos, cuando se les prende fuego sin siquiera dudar, ¿qué es lo que en realidad está ocurriendo? Hace más de 10 años, luego de un sangriento linchamiento en Tláhuac, Carlos Monsiváis escribió aquí en Proceso: “Los actos de barbarie extrema siempre dependen de la mezcla de la ferocidad tribal y la maldad inclemente de unos cuantos, que se convierten en voceros y líderes de la vocación de exterminio” (edición 1467 del 12 de diciembre de 2004). Esta “barbarie extrema” exhibe una desoladora visión de la condición humana expresada hace siglos por Sófocles: “Mucho es lo monstruoso, pero nada es más monstruoso que el ser humano”. El reciente y pavoroso linchamiento en Puebla no ha sido materia de amplia reflexión y discusión pública. Como señaló en un lúcido artículo Jesús Silva-Herzog Márquez (Reforma, 26 de octubre), hay que hablar de la barbarie. Es imperativo promover una discusión pública acerca de lo que ocurrió y en seguida aventurar algu-

nas propuestas sobre cómo fortalecer el marco de civilidad que contenga la aberrante crueldad humana. Hace rato que sabemos que la psique está sometida a procesos de fragmentación y petrificación, y que la capacidad del ser humano de sentir (metafóricamente su corazón) se ha endurecido. Hoy en día las relaciones sociales sobreviven mediante una férrea indiferencia ante el dolor, las privaciones y los tratos brutales que sufre una parte sustantiva de la humanidad. La incapacidad para sentir el dolor de los demás indica que la dominación mercantil ha llegado a las profundidades de la persona. Y este aumento de indiferencia y crueldad, con sus profundas raíces socioeconómicas, erosiona la civilidad y viola la institucionalidad. ¿Qué hacer ante estas abominaciones? ¿Qué necesita el individuo para respetar la vida de los demás, con clara conciencia de que, ante un miedo o un conflicto, no puede “hacerse justicia por propia mano” sino recurrir a la ley? ¿Cuáles son las condiciones que

ANÁ L IS IS

alientan la violencia reactiva de un linchamiento? No se requieren sujetos que son malvados todo el tiempo, sino personas “comunes y corrientes” que dejan de sentir y que, en una acción grupal que incentiva el odio, cancelan su razonamiento y diluyen su responsabilidad. Los linchamientos tienen responsables, pero erradicarlos es algo que reclama políticas económicas, jurídicas y educativas amplias. Ahora bien, ¿es utópica la expectativa de tener políticas públicas realmente preventivas? En un linchamiento se quiebran el lazo social y la ley, y lo trágico es que no hay forma de suturar esa herida. Erradicar la violencia, y la práctica de linchar, requieren intervenciones políticas y culturales, con marcos jurídicos eficaces, pasando por una redistribución de la riqueza que abata la relación entre injusticia social y violencia criminal. Frente a los gravísimos problemas de hoy es necesario fortalecer el tejido social, producir una subjetividad capaz de renunciar a la violencia y optar por la pregunta, por el juicio, por la ley.

Reparar el lazo social exige asumir verdaderamente el respeto hacia nuestros semejantes. La civilidad no se deriva directamente de la educación formal (¡hay inciviles con doctorado!) o del estatus social (y ricos y famosos), sino de una postura existencial de profundo respeto por los demás. La civilidad, como dijera Monsiváis, no es un sistema político, sino un orden ético. Nuestra subjetividad está estructurada por la misma sociedad, y aceptarla como está es asumir el orden social injusto que la constituye. Acostumbrarnos a la crueldad ajena nos deshumaniza. Por eso los linchamientos cobran tal importancia, porque muestran hasta qué punto nuestra subjetividad se encuentra herida, alienada, desgarrada por la indiferencia. Aunque la barbarie responde a la descarnada monstruosidad de la condición humana, debe ser, además de repudiada, combatida y acotada. El lazo social roto, el tejido social desgarrado y en el horizonte la falta de proyectos que den sentido a la acción colectiva (más allá de los consistentes en ir

acomodando los intereses de las clientelas particulares) evidencian la ausencia de la gran tarea política de conseguir que en la práctica sean respetados los derechos humanos. Hoy, ante la violencia cotidiana que nos azota, no debemos callar, ni pasar rápido la página, ante casos como los linchamientos. Sobre todo, no los debemos admitir como algo inevitable: “así es el México profundo”. Hay que hablar de la barbarie, debatir, discutir y reflexionar sobre cómo alentar un debate nacional acerca de los linchamientos que convoque a los habitantes de todos los municipios del país. Fortalecer el tejido social requiere, además de la indignación moral, intervenciones pensadas y organizadas. Tal vez un aspecto clave del debate nacional sea que llegue a todos los rincones de México el mensaje de que –pase lo que pase– debe privar el respeto irrestricto a la vida de los seres humanos, junto con una indispensable búsqueda de interlocución y un eficaz cumplimiento de los procesos legales de acusación y condena. O


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Olga Pellicer

Guatemala, la frágil esperanza

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uatemala atraviesa momentos inesperados que despiertan algunas esperanzas y muchas dudas. Las elecciones presidenciales que acaban de celebrarse tuvieron lugar en medio de una fuerte movilización política centrada en la lucha contra la corrupción. Los reclamos, provenientes de amplios sectores de la sociedad, estuvieron sustentados en investigaciones rigurosas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una organización auspiciada por la ONU, la Unión Europea y, recientemente, sobre todo por Estados Unidos. Las manifestaciones callejeras ejercieron la presión suficiente para obligar a la detención y encarcelamiento del presidente y la vicepresidenta salientes. Algunos comentaristas han llamado a esas movilizaciones “la primavera del descontento”. Dentro de ese ambiente, la campaña electoral tuvo características fuera de lo común. El ánimo de los votantes se inclinó en contra de los políticos tradicionales, asociados todos ellos a la corrupción, y favoreció ampliamente a una figura inopinada: Jimmy Mora-

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les, un cómico evangelista de tendencias conservadoras que recibió el apoyo de un pequeño partido que sólo tenía 7% de escaños en el Parlamento y que está formado por antiguos militares de dudosa reputación en lo tocante a los derechos humanos. Un factor que contribuyó a la popularidad de Morales fue la sencillez de su mensaje, resumido en una sola proclama: “No soy corrupto ni ladrón”. Ambos deslindes tuvieron el efecto de distanciarlo de una clase política desprestigiada y de convertirlo en el portador de una esperanza para la renovación política. Jimmy Morales arrasó con 67% de los votos, contra 32% de su contendiente más cercana. Aunque la asistencia a las urnas fue menor a la verificada en la primera vuelta electoral, hubo una asistencia de 56%, considerada aceptable en dicha etapa. Se puede prever que la corrupción permanecerá como una acusación recurrente de la sociedad guatemalteca. Para confirmarlo cabe hacer notar que se ha prolongado casi indefinidamente la presencia de la CIGIG. Hay rumores provenientes de fuentes confiables en el sentido de que Es-

tados Unidos habría condicionado su ayuda económica a Guatemala con el mantenimiento de la mencionada comisión. Cierto que la lucha contra la corrupción es un punto de partida ineludible para corregir los defectos más sobresalientes de la vida económica y política de ese país. Sin embargo, sería un error verla como la mejor esperanza para salir de la situación tan agobiante en que se encuentran tanto Guatemala como los otros dos países del llamado Triángulo del Norte, Honduras y El Salvador. Guatemala es una nación con índices de crecimiento del PIB relativamente buenos, pero plagada de problemas sociales y políticos; figura entre los países más violentos del mundo y es enormemente desigual. El 56% de la población se encuentra en estado de pobreza, con elevados índices de malnutrición infantil y amplios sectores marginados en zonas que resienten un tejido social muy precario, debido en parte a la migración que rompe la unidad familiar, en parte al pandillerismo frecuentemente asociado al crimen organizado. La debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de jus-

ticia es notoria. La corrupción permea todas las dependencias del Estado. Recomponer el andamiaje político para hacer posible la gobernabilidad, orientar el crecimiento hacia la disminución de la pobreza y cerrar la enorme brecha de bienestar que caracteriza a la sociedad guatemalteca, son tareas de titanes. Requieren de un liderazgo fuerte, con un proyecto político y económico bien articulado, apoyado en factores de poder distintos a la vieja oligarquía aliada con los grupos militares. Para ello es necesario tender puentes con los grupos empresariales más modernos y con los sectores tan diversos que participaron, por ejemplo, en las movilizaciones contra la corrupción. Estos últimos carecen, sin embargo, de cohesión interna, de liderazgo organizado, de propuestas alternativas. Expresan descontento y voluntad de cambio, nada más. Estarán atentos para denunciar las fallas que se presenten en el gobierno de Morales. La utilidad de tales protestas está por verse.

De acuerdo con la mayoría de los comentarios dentro y fuera de Guatemala, Jimmy Morales no tiene los atributos para ejercer el liderazgo que sería deseable. Para empezar, está por dilucidarse cuáles son sus compromisos con el sector militar que lo respalda. Igualmente, se requiere mayor información sobre las líneas centrales de su pensamiento político. Las expresadas hasta ahora apuntan a visiones reduccionistas y conservadoras. Preocupa que en su lista de principios los tres primeros sean: “Temor a Dios, patria y honor” (El País, 28/10/15). Para México, lo que ocurra en Guatemala es de enorme importancia. Tal importancia se ha acrecentado en los últimos años, entre otras, por tres razones: los vínculos hacia y desde Guatemala establecidos por el crimen trasnacional organizado; el asesinato, el secuestro y la extorsión de migrantes provenientes de Centroamérica que atraviesan el territorio mexicano para dirigirse a Estados Unidos; la crisis de los niños migrantes en 2014 que abrió la puerta a la

colaboración de México con Estados Unidos para el control del flujo migratorio proveniente de nuestra frontera sur. En otras palabras, la relación con Guatemala es fundamental para la seguridad nacional, la relación con Estados Unidos y el difícil tema de los derechos humanos en México. Son muchos los escenarios que pueden imaginarse en lo que respecta al futuro político de Guatemala en los próximos años. En todos los casos, para México lo indispensable es mantener el diálogo y el entendimiento sobre problemas que son comunes, aunque con efectos distintos para cada país: migración, crimen organizado, cooperación con Estados Unidos. Pronto se producirá el acercamiento con el presidente electo Jimmy Morales. Muy probablemente se manejará siguiendo las mejores formas posibles, independientemente de la fragilidad de la esperanza que el nuevo presidente ofrece por lo que respecta a una situación política más estable y promisoria al sur de la frontera. O


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Carlos Tischler / Procesofoto

El cónsul

impresentable ALEJANDRO GUTIÉRREZ

ADRID.- El cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, dueño de una de las más negras biografías del priismo mexicano, no logra aquietar la repulsa que su nombramiento provocó y, todo indica, mancha de manera irremediable las “magníficas relaciones bilaterales” que presumen los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Mariano Rajoy. El 26 de octubre, en visita a la embajada de México en Madrid, Herrera adelantó que su prioridad es conseguir la reanudación del vuelo México-Barcelona. Para esta gestión –que tiene el propósito también de limpiar su imagen– busca los servicios de Jordi Segarra, consultor político andorrano que participó en la campaña de Barack Obama. Su llegada a Cataluña generó una reacción de indignación entre los mexicanos afincados en España y ya tuvo sus primeras consecuencias: la Casa América Catalunya anunció que por un “conflicto de conciencia”, los escritores Juan Pablo Villalobos, Jordi Soler y Laura Restrepo declinaron participar en unas sesiones literarias dentro del Festival MXaBCN. En un comunicado emitido el 22 de octubre, la institución organizadora señala que MXaBCN es un “proyecto cultural”, pero que “es imposible desligar la cultura de otros aspectos de actualidad político-social, y por tanto entendemos y somos respetuosos con las posturas que puedan surgir entre los participantes invitados”. Tras el comunicado no hubo más declaraciones de los involucrados, pero este semanario corroboró que la declinación se produjo porque el consulado participa en los patrocinios de dichas jornadas literarias.

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Fidel en “observación” El caso de Herrera no pasa inadvertido en España: lo estudian abogados especializados en temas de derechos humanos en Herrera. Cuestionamientos

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IN TE RN AC ION A L /P OLÍ TI CA EX TE R IO R El nombramiento de Fidel Herrera Beltrán como cónsul en Barcelona ha sido muy mal visto en Cataluña, donde la historia oscura de este personaje no es desconocida. La comunidad mexicana asentada en la Ciudad Condal y la propia población catalana repudian al veracruzano, cuyo nombre aparece con mucha frecuencia en los tribunales donde se ventilan casos de corrupción y narcotráfico. Pero los analistas ven otro aspecto: “degradar” de ese modo al consulado barcelonés es una jugada para restarle importancia a esa región española, que busca la independencia. rado que “para consolidarse en Veracruz la organización invirtió 12 millones de dólares en la campaña” electoral del entonces candidato priista a gobernador del estado, aunque no mencionó por su nombre a Herrera Beltrán. Luego apareció la imagen contundente que publicó el diario Reforma, donde se ve a Colorado y al gobernador Fidel Herrera juntos durante una cabalgata. Asimismo, Colorado recibió, durante el gobierno de Herrera, 22 contratos para la perforación de pozos, por un monto de 20 millones 554 mil pesos, informó el noticiario radiofónico de MVS que entonces conducía Carmen Aristegui. En una reciente entrevista con este semanario (Proceso 1992), Colorado sostuvo que presentó un escrito de apelación a su condena, en el cual admite que entre 2008 y 2012 pagó 10 millones de dólares en subastas de caballos cuarto de milla en Estados Unidos y éstos en parte eran para Los Zetas, pero alegó haberlo hecho debido a una extorsión.

Desatino Gonzalo Boyé, también miembro del equipo jurídico de Observatori DESC –una plataforma que lucha por los derechos civiles–, añade que “si las autoridades españolas no tuvieron esa información, grave. Y si la tuvieron y no la usaron para declararlo persona non grata, peor aún. Parece que entre ambos gobiernos existen espacios de negociación muy oscuros y que España usará eso con México como herramienta de negociación para temas de inversión empresarial”. En entrevista Boyé dice que “el caso es de la mayor relevancia, porque México es señalado a nivel internacional por la crisis de derechos humanos producto de su desafortunada política de seguridad y combate al crimen organizado, con implicaciones directa de elementos del Estado en estos graves delitos. Y el presidente mexicano se da otro tiro en el pie nominando como cónsul en Barcelona a un personaje con un historial altamente sensible”. AP photo / Francisco Seco

Europa, algunos de los cuales, en el pasado, llevaron querellas contra el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld; los “vuelos de la CIA” o el primer ministro uzbeko, Zakir Almatow. Así lo explica Gonzalo Boyé, abogado y asesor del European Center for Constitutional and Human Rights, de Berlín, agrupación que llevó las causas referidas. “Lo grave que resulta que el gobierno de España haya brindado el exequatur (autorización definitiva) para este cónsul mexicano. Una labor mínima de los cuerpos de inteligencia españoles podía haber corroborado el perfil del personaje, como el hecho de que su nombre fue mencionado por testigos sometidos a procesos por blanqueo de capitales en tribunales en Estados Unidos”. Se refiere al juicio que se celebró en la Corte de Distrito Oeste, en Austin, Texas, en 2013, que declaró culpables de blanqueo de capitales y de arreglo de carreras de caballos a José Treviño Morales –hermano de Miguel Ángel, líder de Los Zetas– y otros coacusados, entre ellos el empresario Francisco Pancho Colorado. En ese proceso, encabezado por el juez Sam Sparks, el nombre de Fidel Herrera salió a la luz. Según los testigos, se “invirtieron” 12 millones de dólares para que alcanzara la gubernatura de Veracruz y dejara operar a Los Zetas en esa entidad clave para la ruta del Golfo de la cocaína (Proceso 1906). El nombre del priista fue mencionado por el agente especial del FBI Scott Lawson, que en la audiencia del 26 de septiembre de 2012 dijo que entre 2003 o 2004, “Francisco Colorado se estableció como un intermediario entre Los Zetas y el gobierno de Veracruz”. Habló de supuestos sobornos para “darles libertad en el trasiego de drogas en el estado de Veracruz y al mismo tiempo como una manera de ayudar a Fidel Herrera a financiar su campaña como gobernador”. José Carlos Hinojosa, exoperador financiero del Cártel del Golfo (al cual entonces pertenecían Los Zetas), relató al ju-

Rajoy. “Beneplácito”


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Pedro Mata / “El Periodico”

Barcelona. Activismo mexicano

pectivas decisiones soberanas, como es el nombramiento de un funcionario consular”, asume la OID. Y añade: “No nos consta que en este momento tenga ningún impedimento para desempeñar funciones consulares”.

Con España, sólo galardones El presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto, publicado el 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, para otorgar la Orden del Águila Azteca a 28 altos funcionarios del gobierno de Rajoy y de la Casa Real, “por su valiosa contribución para estrechar las relaciones entre ambos países, en el marco de la visita de Estado realizada a México por su majestad Felipe VI, rey de España, del 28 de junio al 1 de julio de 2015”. Si bien el acuerdo fue firmado en torno a la visita de Estado, no es casual que en ese ámbito de cordialidad diplomática se produjera la solicitud del beneplácito para que Herrera fuese aceptado como cón-

Foto: Especial

Pero no sólo critica al presidente Peña Nieto, sino también dirige sus señalamientos contra Rajoy: “Es un desatino absoluto del gobierno español el dejar pasar este caso tan grave”. “No es el primer caso preocupante en el que España da el placet a diplomáticos que en sus países tienen antecedentes espinosos. Ahora mismo estamos estudiando otro caso, el de un diplomático de otro país que está presuntamente implicado en delitos de lesa humanidad”, afirma quien también forma parte del equipo jurídico europeo que asesora a Edward Snowden, el exfuncionario de la CIA que desveló la red de vigilancia mundial de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Luego de hacer un repaso por los ordenamientos legales que permiten a un país solicitar una autorización para su cuerpo diplomático, el abogado explica que es “impensable” que “nadie en el Palacio de Santa Cruz –sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español– se percatara y tuviera información del perfil, no sólo oficial sino extraoficial, del nuevo cónsul mexicano. “No se dan cuenta de que una misión diplomática le otorga a estos representantes una serie de beneficios e inmunidad, incluso en el uso de valija diplomática.” Dice esto ante la postura oficial que fijó la Oficina de Información Diplomática (OID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La dependencia dijo que el gobierno de España no ve “impedimentos” para que Fidel Herrera se desempeñe como cónsul de México en Barcelona. La posición del gobierno de Rajoy es que “respeta” la decisión de México de nombrar cónsul al exgobernador de Veracruz, según publicó El Periódico de Cataluña el pasado 23 de octubre. “España y México son países unidos por una excelente relación en todos los ámbitos y, por lo anterior, respetan sus res-

imagen El nuevo cónsul. Mala

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sul en Barcelona. Fue uno de los últimos acuerdos de José Antonio Meade antes de dejar la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 2 de septiembre. Entre el 7 y el 27 de octubre, la embajadora Roberta Lajous impuso la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a los 28 funcionarios españoles; sin duda, el más destacado fue el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo. El 14 del mismo mes, Herrera –quien apoyó la campaña de Peña Nieto y es un operador de Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI– anunció en México haber recibido el exequatur del ministerio de García-Margallo. Tras hacerse público el nombramiento, se cuestionó que Peña Nieto, en su política de bajar el estatus de varios consulados generales, modificó el de Barcelona en consulado de carrera; con ello benefició a Herrera, pues evitó que se viera obligado a recibir la aprobación del Senado. Pero en España esta decisión tiene una lectura adicional: fue un gesto de Peña Nieto al rey Felipe VI y al gobierno de Rajoy, de bajar el estatus a Cataluña, un territorio que se debate en un proceso secesionista. “Es un hecho real que ese argumento se sopesó al decidir bajar la categoría al consulado”, explica una fuente bien informada del proceso, quien habló a condición del anonimato. El nombramiento de Herrera parece haber dejado en letra muerta la ferviente campaña que ahora tiene desplegada la embajadora Roberta Lajous, tras anunciarse que se sopesaba su posible sustitución por Emilio Chuayffett, exsecretario de Educación y padrino político de Peña Nieto. La diplomática participa –y ello se refleja diario en las redes sociales– en cuanto foro de promoción de nuevas inversiones puede para “hablar bien de México”. Durante su intervención en el Executive Forum, el pasado 30 de septiembre, ha-

I NTERNAC I ONAL /P OLÍ TI CA EX TE R IO R bló de las bondades de invertir en México, donde hay asentadas 5 mil 400 empresas españolas, cuyos montos de inversión son los más importantes después de los de Estados Unidos. Aseguró que las relaciones entre ambos países “pasan por un momento óptimo, tanto en el plano económico como en el cultural”, y se sinceró con la audiencia al reconocer que el panorama idílico que ofreció de México es porque “mi tarea es hablar bien del país”. Eso contrasta con que la primera actividad pública de Fidel Herrera como cónsul fuese dar una entrevista a El Periódico de Cataluña, el 19 de octubre, para defenderse de las sospechas de sus nexos con el crimen organizado. “Vincularme al narcotráfico es una estrategia sucia”, dijo. Y acusó al panista Miguel Ángel Yunes de estar detrás de esa campaña que busca desacreditarlo. “Este personaje fue mi correligionario, mi colaborador, mi adversario, mi competidor y luego mi denostador”, dijo. Y, casi sin venir a cuento, habló de sus amigos “andorranos” afincados en México, un dato que aquí no pasó inadvertido, ya que el principado de Andorra, antiguo paraíso fiscal –hoy aún con muy baja fiscalidad–, está en medio de las principales tra-

mas de corrupción investigadas en España; quizá la más notable es la instrucción judicial contra los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, por el cobro de sobornos y el posterior blanqueo de capitales. Hasta el cierre de esta edición (viernes 30), Herrera no había respondido a una solicitud de Proceso, enviada por correo electrónico, para una entrevista.

Advertencia La escritora y periodista catalano-mexicana Lolita Bosch encuadra el nombramiento de Fidel Herrera como una “advertencia” del gobierno de Peña Nieto al nutrido y muy vivo movimiento social que en Cataluña se manifiesta en contra de la guerra contra el narco, por el alto costo social que ha traído con sistemáticas violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y muerte. “Es una advertencia que nos están haciendo”, porque “en México trabajar por la paz se considera una afrenta y aquí se está trabajando activamente por la paz”, dice en entrevista telefónica desde Barcelona la representante del colectivo Nuestra Aparente Rendición. Barcelona se convirtió en un natural sitio de acogida de personas que salen

de México por amenazas a su seguridad y “es la ciudad europea más activa contra la guerra, es la que ha hecho las manifestaciones más grandes, desde el Movimiento por la Paz, hasta las movilizaciones para recibir a los padres de los normalistas que hicieron la gira europea”, explica. Sin embargo Bosch dice que desde el colectivo Nuestra Aparente Rendición y otros movimientos, existe la convicción que es una “oportunidad histórica” para reunirse con el cónsul y, “con educación y respeto”, preguntarle “cosas concretas”. “Por primera vez parece posible cuestionar que si viene a representarnos, tenemos el derecho de establecer un diálogo con él”, para que responda “cómo se resolvieron los 10 casos de periodistas asesinados durante su administración; por qué se ha publicado tanto su sobrenombre de Z-1, y qué atención recibieron los familiares de los desaparecidos. Preguntarle con datos duros y contundentes. No buscamos enfrentarnos y sólo gritarle que se vaya, porque no es nuestro papel”, precisa. Y explica que si en México existe una sensación de temor por la oleada de periodistas amenazados, principalmente por autoridades, “Fidel Herrera, sin duda, se reconoce en este estilo de gobierno. Esto es lo que nos ha hecho reaccionar”. O


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AP photo / Roger Richards

Funerales de Gómez Hurtado. “Crimen de Estado”

Prescripción de un magnicidio RAFAEL CRODA

El homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador colombiano, se cometió el 2 de noviembre de 1995; es decir que este lunes cumple su plazo de prescripción sin que los responsables fueran juzgados. Las autoridades judiciales no han querido convertir el crimen en un delito de lesa humanidad, lo que permitiría continuar con la investigación sobre el caso. El expresidente Ernesto Samper, actual secretario general de la Unasur, podrá respirar tranquilo… él fue señalado como autor intelectual de aquel crimen. 54


OGOTÁ.- Hace tres meses el abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado, flexibilizó su esquema de seguridad. Lo hizo cuando supo que su colega Ignacio Londoño había sido asesinado por un sicario en el occidental municipio colombiano de Cartago, cuna del desarticulado Cártel del Norte del Valle. Londoño Zavala, conocido como Nacho, El Gordo o El Abogado de la Mafia, nunca amenazó de muerte a Gómez Martínez, pero éste sabía que lo quería matar. Por ello todos los días salía de su casa con una escolta que aún mantiene, aunque más reducida, por lo que se pudiera ofrecer.

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I NTERNAC I ONAL /C OLO M B IA El eslabón perdido Para Gómez Martínez, la manera en que la justicia colombiana manejó el caso de Londoño es una muestra de los “deliberados desaciertos” de la investigación. De hecho, hasta poco antes de ser asesinado, el pasado 20 de julio, Londoño se dedicaba a promover acuerdos de sometimiento a la justicia entre narcotraficantes y las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos, pese al cúmulo de testimonios en su contra. El 1 de diciembre de 2008 el narcotraficante Joaquín Emilio Vélez, El Zarco, grabó un audio en el que acusó a Londoño de encargarle varios asesinatos y de mandarlo a matar por no cumplir uno de ellos y porque “sabía demasiado”. Seis meses después, el delincuente fue ejecutado a balazos junto con su hija y un primo. El narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, Rasguño, uno de los jefes del Cártel del Norte del Valle, dijo en una declaración judicial en Estados Unidos en 2010 que Londoño fue el operador del asesinato de Gómez Hurtado. De acuerdo con la declaración de Rasguño, detenido en Cuba en 2004 con un pasaporte mexicano y que tres años después fue extraditado de Colombia a Estados Unidos, Londoño acudió en 1995 con dos de los jefes del Cártel del Norte del Valle Orlando Henao, El Hombre del Overol, y Efraín Hernández, Don Efra, para decirles que el entonces presidente colombiano Ernesto Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa, “mandan la razón (…) de que hagamos lo que sea para parar a Álvaro Gómez”. Según Rasguño, eso se lo contó Henao meses después del homicidio de Gómez

Hurtado, cuando le aseguró: “Nosotros vimos que la única forma de acallarlo era matarlo, y tomamos la decisión de matarlo”. Luego de ese testimonio, rendido ante un fiscal colombiano en Washington, Gómez Martínez pidió a la fiscalía vincular a Londoño a la causa del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual nunca ocurrió. El fiscal Montealegre aseguró en una visita a Washington la semana anterior (del 26 al 29 de octubre) que la institución a su cargo “había avanzado mucho frente a la participación que se le atribuía a Ignacio Londoño (en el asesinato de Gómez Hurtado) pero no había encontrado hasta el momento de su muerte indicios o evidencias de una participación activa por acción o por omisión o como favorecedor”. El fiscal expuso, además, que existen “evidencias supremamente claras” de que el asesinato de Londoño no está relacionado con la investigación del homicidio de Gómez. Otros asesinatos que pudieran estar relacionados con el magnicidio del líder conservador –pero que las autoridades no han vinculado– son los del exministro Fernando Landazábal, el 12 de mayo de 1998; el de Diego Buitrago Gómez, sobrino de Rasguño, el 7 de enero de 2010; el del exviceministro Romel Hurtado, el 15 julio del 2010; y el de Ángela Villalobos, hija del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, el 10 de diciembre de 2012.

El entorno El asesinato de Gómez Hurtado se produjo en un momento de extrema agitación política en Colombia. El gobierno de Samper (1994-1998) enfrentaba un escándalo monumental por la revelación de que su AP photo / Ariana Cubillos

Y es que Gómez Martínez tiene razones para sentir su vida amenazada. Durante los últimos ocho años ha desarrollado una minuciosa investigación sobre el homicidio de su tío, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, y está convencido de que sus hallazgos lo han llevado a toparse con el sórdido mundo de las complicidades entre la mafia del narcotráfico y la política. Y en ese mundo, asegura Gómez Martínez, “Nacho Londoño era una pieza clave porque era el nexo entre mafia y política”. Pero el abogado y representante de la familia Gómez en la causa penal por el magnicidio está convencido de que después de la muerte de Londoño “ya no existe ninguna posibilidad de que alguien sea condenado” por este caso. De hecho, Gómez Martínez sostiene que este lunes 2 la causa prescribirá pues cumple 20 años. Esto, pese a que la semana anterior el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que el plazo de prescripción se ampliará hasta el 2 de marzo de 2022 porque existen funcionarios públicos y militares que podrían resultar procesados. “Esto es una cortina de humo. La ley es clara y dice que un caso penal prescribe a los 20 años. Cualquier ampliación de término será insostenible en la Corte Constitucional. Lo único viable es que este asesinato sea declarado crimen de lesa humanidad, para que no prescriba, pero tres veces hemos solicitado esto a la fiscalía y tres veces nos lo ha negado”, señala el abogado. La misma petición ha sido formulada por los expresidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como por congresistas de diversos partidos políticos, pero la fiscalía aduce que el homicidio no es parte de un comportamiento delictivo sistemático ni de afectación masiva. Sin embargo, la misma fiscalía ha declarado crímenes de lesa humanidad otros magnicidios, como los de los dirigentes políticos Rodrigo Lara Bonilla (1984), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989) y Carlos Pizarro (1990). “Aunque nunca nadie va a ser condenado por este crimen, a nosotros nos interesa la verdad. Tenemos derecho legítimamente a ella, y la verdad se alcanza conociendo en un juicio las pruebas nuestras”, dice Gómez Martínez. El abogado presentó en abril del año pasado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el homicidio de su tío sea declarado crimen de lesa humanidad y garantizar, así, su imprescriptibilidad, y para que la justicia colombiana agote la investigación. La solicitud está en la lista de casos por evaluar por esa institución.

Samper. Señalamientos


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AP

Gómez Hurtado. Críticas punzantes

campaña electoral había sido financiada por el Cártel de Cali, de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. La fiscalía abrió en 1995 una investigación –conocida como el Proceso 8000– contra el presidente y sus principales colaboradores, entre ellos los ministros Horacio Serpa (del Interior) y Fernando Botero (de Defensa), quienes habían jugado un papel protagónico en la campaña electoral de 1994, así como contra el tesorero de la misma campaña, Santiago Medina. En julio de 1995 Medina declaró en la fiscalía que sí había ingresado dinero del narcotráfico a la campaña de Samper, ante lo cual el mandatario respondió que si eso ocurrió fue a sus espaldas. Los rumores sobre la inminencia de un golpe de Estado eran la tónica de esos días. Gómez Hurtado, un abogado, exsenador, exministro, tres veces candidato presidencial y propietario del diario El Nuevo Siglo y el noticiario televisivo 24 Horas, pidió, desde sus tribunas periodísticas, la renuncia de Serpa, Botero y Samper. También criticó los acuerdos de sometimiento a la justicia, a medidos de 1995, de los narcotraficantes del Cártel del Norte del Valle Víctor Patiño Fómeque y Henry Loaiza, El Alacrán, quienes fueron representados por el abogado Nacho Londoño. Gómez Hurtado, considerado artífice de la Constitución de 1991 junto al liberal Horacio Serpa y al exguerrillero del M-19 Antonio Navarro Wolff, fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 por un grupo de sicarios, junto con su chofer, José Huertas, cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda, de la cual fue fundador.

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Tres días antes había escrito en su periódico que Colombia padecía un régimen “ilegítimo” que había llegado al poder mediante una elección “comprada por las millonadas de recursos ilícitos”. Por eso, señaló, “el único propósito político válido es tumbarlo”. Cuando ocurrió el crimen, Fernando Botero, exjefe de la campaña de Samper, ya había renunciado al Ministerio de Defensa y estaba detenido en la Escuela de Caballería bajo cargos de enriquecimiento ilícito en favor de terceros. El exministro, quien luego de cumplir una pena de 30 meses de prisión se fue a radicar a México, país en el que nació en 1956, ha señalado que el homicidio de Gómez Hurtado fue un crimen de Estado. En dos declaraciones ante jueces colombianos rendidas en México en 2007 y 2009, Botero señaló que en 1995 “se tenía la apreciación, a nivel del alto gobierno, que el incendio del Proceso 8000 sólo podía ser apagado con uno más grande que le chupara el oxígeno”, y había “el convencimiento de que la mayor amenaza para la supervivencia del gobierno y su integridad, estaba representada por el doctor Gómez”, sobre quien los servicios de inteligencia del Estado mantenían una “vigilancia minuciosa”. Según el hijo del pintor Fernando Botero, el entonces presidente Samper “leía sus editoriales a diario”.

Versiones contrastantes Para Gómez Martínez, la justicia colombiana dejará prescribir la causa en forma deliberada y sin llegar a ningún resultado, a menos que la CIDH admita el caso. –¿Por qué cree que se dejará prescribir la causa? –se le pregunta. –Porque los victimarios están en el poder. –¿Quiénes son los victimarios? –Horacio Serpa y Ernesto Samper. Lo mandaron a matar. Seguro. –¿Con qué finalidad? –La finalidad táctica fue porque con Álvaro Gómez vivo, los parlamentarios conservadores no hubieran votado por la absolución de Samper en el Proceso 8000, por la entrada de dinero del narcotráfico a su campaña (el entonces presidente fue absuelto de cargos por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en julio de 1996); y en lo estratégico, el gobierno eliminó al líder de la oposición y mandó un mensaje de intimidación a sus contradictores. –¿Por qué creer en testimonios de criminales, como Rasguño, cuando la misma derecha colombiana los descredita cuando involucran a sus allegados? –Es que el móvil de Rasguño era colaborar con la justicia para que no lo conde-

naran a cadena perpetua, porque ya había matado a demasiada gente y la juez de su caso estaba reacia a un acuerdo como el que le dieron a todos los demás (narcotraficantes y paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos). Gómez Martínez sostiene que ha empleado ocho años en verificar si lo que dicen estos testigos es cierto o no “y por eso creo en esos testimonios”. Señala que la versión de Rasguño ha sido ratificada por otros narcotraficantes y paramilitares, como Éver Veloza, el HH; Fredy Rendón, El Alemán; y Diego Montoya, Don Diego. Según estas versiones, el operador del magnicidio fue el entonces mayor de la Policía Nacional, Danilo González, un oficial que en esos días era muy cercano al hoy general retirado Óscar Naranjo y quien trabajaba para el Cártel del Norte del Valle. Murió asesinado en 2004. Serpa, actual senador y figura prominente del Partido Liberal, sostiene que los señalamientos en su contra por el asesinato de Gómez Hurtado provienen “de un bandido (Rasguño, condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos), que es uno de los criminales más avezados y crueles que ha tenido Colombia”. Dice que los familiares de Gómez Hurtado “se han pegado de eso porque tienen intereses económicos en que haya una declaratoria de crimen de Estado para recibir una indemnización”. El exministro, exconstituyente y excandidato presidencial del Partido Liberal, dice que ”deben investigarse hasta los últimos aspectos de todas las versiones que hay sobre ese crimen abominable del doctor Gómez Hurtado, en el cual yo no tengo la más mínima responsabilidad. Esto es una infamia muy grande”. Sostiene: “A mí Rasguño ni siquiera me acusa de algo concreto: él dice que oyó de una persona que ya está muerta (el paramilitar Carlos Castaño), que dijo delante de otras personas que están muertas (Henao y Don Efra) que yo le había comentado a una persona que está muerta (Londoño) que hiciera diligencias ante un cártel del narcotráfico para que el doctor Álvaro Gómez Hurtado no le hiciera oposición al gobierno del doctor Samper. Eso es todo. Por eso mi solicitud es que se hagan todas las investigaciones que el asunto requiere y que haya la mayor claridad. “Y con la misma fuerza y con el mismo vigor rechazo las acusaciones contra Samper”, asegura. Samper, en la actualidad secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, hizo saber a Proceso, por conducto de su jefa de prensa, Ana María Serrano, que el caso está en manos de la justicia de Colombia y que “no se va a pronunciar al respecto”. O

I NTERNAC I ONAL /GU ATEM A L A

Con más de la mitad de los votos emitidos en la segunda vuelta electoral en Guatemala, el pasado domingo 25 de octubre, Jimmy Morales se alzó con la victoria. El exintegrante del dueto humorístico Nito y Neto, sin embargo, es un presidente electo sin programa de gobierno definido ni posiciones claras. Sólo atina a soltar ideas vagas o absurdas contra el aborto o el matrimonio homosexual o para controlar electrónicamente al magisterio. Y las siglas partidistas bajo las cuales contendió son las del sector castrense más derechista del país.

LOUISA REYNOLDS IUDAD DE GUATEMALA.- El 26 de octubre, a las 01.15 horas, el comediante Jimmy Morales subió a la tarima ubicada frente a la sede del partido FCN-Nación, donde sus simpatizantes –a quienes sus detractores han bautizado “jimmyliebers”, en referencia a los “beliebers”, como se conoce a los fanáticos del cantante Justin Bieber–, lo esperaban con impaciencia. Esta vez Morales –uno de los rostros más conocidos de la televisión guatemalteca como parte del dúo cómico Nito y Neto– no tomó el micrófono para contar chistes sino para expresar su agradecimiento a los 2.7 millones de votantes que lo llevaron a la Presidencia.

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al poder Morales. Venderse como “outsider”

AP photo / Luis Soto

La improvisación

un hombre común, como ustedes. No tengo superpoderes, pero sí un corazón inflamado que ama esta nación. Tengo un compromiso grande, ustedes tienen que exigirme para que yo sea honrado como siempre”, dijo durante su primer discurso como presidente electo. Evangélico, respaldado por un partido fundado por veteranos militares de extrema derecha, a favor de la pena de muerte y contra el matrimonio homosexual, Morales captó el voto “antisistema”, pero en realidad es el baluarte de un statu quo militarista y conservador, argumenta el analista político Renzo Rosal. “Cuando las movilizaciones ya no se trataban sólo de quitar a Otto Pérez Molina y (la entonces vicepresidenta) Roxana Baldetti, sino que planteaban cambios al sistema político y se comenzaba a hablar de la refundación del Estado, se levantaron resquemores en los sectores conservadores, que vieron la oportunidad de posicionar, tras la bandera anticorrupción, a un personaje como Jimmy Morales”, explica Rosal. Entre las medidas que exigían los manifestantes y que alarmaron a la derecha empresarial estaba el llamado a postergar las elecciones hasta convocar a una asamblea que rehiciera la Constitución y asegurara que las elecciones se llevaran a cabo con nuevas reglas, un control más estricto sobre el financiamiento de las campañas y sanciones a las campañas anticipadas, el nepotismo y el transfuguismo (la práctica de los diputados y alcaldes de saltar de una agrupación política a otra). AP photo / Oliver de Ros

En la segunda vuelta electoral, el 25 de octubre, Morales obtuvo 67.44% de los votos frente a 32.56% de Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Seis meses antes Morales ni siquiera figuraba en las encuestas; todo cambió el 16 de abril, cuando salió a la luz el Caso La Línea, un escándalo de corrupción de tal magnitud que provocó la caída del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar el 1 de septiembre y actualmente está en prisión preventiva acusado de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita. Poco después estalló otro escándalo de corrupción, que esta vez salpicaba a Édgar Barquín, vicepresidenciable del partido opositor Libertad Democrática Renovada, que encabezaba las encuestas. Ahora se le acusa de haberse involucrado en una red de lavado de dinero cuando fue presidente del Banco de Guatemala, a fin de lavar fondos del crimen organizado que fueron desviados a las campañas de varios partidos políticos. Esta sucesión de escándalos desató una inusitada oleada de protestas en todo el país que exigían la renuncia de Pérez Molina y también expresaban el rechazo de la población hacia toda la clase política. Morales, con el eslogan “ni corrupto ni ladrón”, logró venderse como el outsider de la carrera electoral, transformando su falta de experiencia en una virtud y en la prueba de que él representaba un rompimiento con la política tradicional. “Soy

Mientras Morales, con una modesta campaña de 234 mil dólares y un buen manejo de las redes sociales, logró venderse como el outsider, Torres, su rival, tenía una maquinaria partidista y propuestas programáticas mucho más sólidas, pero fue vista por una mayoría de votantes como la personificación de “la vieja política” que el movimiento #RenunciaYa buscaba desterrar. Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (antecesor de Pérez Molina), encabezó el Consejo de Cohesión Social que dirigía los programas sociales de su exmarido, entre ellos el de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa, con lo cual logró impulsar su carrera política. Pero el hecho de que dos fundadores de la UNE –Gustavo Alejos, exsecretario privado de Colom, y Gloria Torres, hermana de la exprimera dama– estuvieran mencionados en un informe sobre financiamiento político publicado en abril por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como “recaudadores de financiamiento ilícito” de ese partido, fue una sombra que pesó sobre la candidatura de Sandra Torres. La CICIG, organismo creado por la ONU para investigar y perseguir estructuras criminales enquistadas en el Estado, llevó a cabo la investigación sobre el Caso La Línea, en el cual se vieron implicados Pérez Molina, Baldetti y una veintena de funcionarios de su administración. Actualmente Alejos tiene orden de arraigo y captura. La CICIG lo acusa de pertenecer a la red Negociantes de Salud, integrada por proveedores de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que supuestamente pagaron sobornos a funcionarios a cambio de contratos. En una entrevista con la revista Contrapoder el pasado marzo, Alejos admitió ser uno de los financistas de la campaña de Torres. Otro factor que pesó contra la exprimera dama fue el arraigado machismo de una buena parte del electorado. Durante la campaña presidencial anterior, en 2011, Torres se divorció de Colom para evadir la prohibición constitucional que impide que los familiares cercanos de un mandatario se postulen para la Presidencia en el siguiente periodo, lo cual llevó a sus detractores a caricaturizarla como una mujer implacable que “destrozó su hogar” para satisfacer su ambición política.

Sin definición

Torres. Víctima colateral

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Una de las principales críticas al proyecto político de Morales es la ausencia de un plan de gobierno definido. En entrevistas con la prensa, Morales se ha descrito como un “nacionalista cristiano” y ha adop-

tado posturas conservadoras, manifestándose por la pena de muerte y contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso después de su arrasadora victoria en la segunda vuelta electoral, sus propuestas concretas son una incógnita, por lo cual sus detractores lo han tildado de improvisado. Un escueto texto de 600 palabras en la página web de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), pretende resumir los principios de la agrupación: “Implementaremos y apoyaremos acciones que nos lleven a erradicar del país toda forma de flagelo contra la sociedad”, reza vagamente uno de sus incisos. “En ningún momento se observó un programa de gobierno coherente”, afirma Anabella Rivera, analista política del observatorio electoral Demos. Entre las propuestas más descabelladas que hizo durante la campaña dijo que obligaría a todos los maestros a portar un dispositivo GPS que permita verificar que estén dando clases, darles a todos los niños guatemaltecos un teléfono inteligente (en el país que ocupa el quinto lugar mundial en casos de desnutrición crónica infantil) y recuperar el territorio beliceño (desde hace décadas existe una disputa limítrofe entre Guatemala y Belice; el primero reclama parte del territorio del segundo). Habló también de promover reformas a la Ley de Minería y de establecer regalías “justas”, sin establecer porcentajes. En una entrevista con un panel de seis periodistas en Canal Antigua se evidenció su falta de conocimiento sobre temas básicos. Se equivocó al responder que en Guatemala existe una academia de formación policial en vez de tres. En cuanto a sus propuestas económicas, también ha dejado más incógnitas que respuestas. Semanas antes de la segunda vuelta electoral, el semanario Contrapoder publicó los principales lineamientos de Morales, basándose en una entrevista con José Ramón Lam Ortiz, uno de sus principales asesores en la materia, quien aseguró que el gobierno del comediante limitaría los beneficios de los programas sociales a las personas que viven en pobreza extrema, suprimiría el reparto de fertilizantes para los pequeños productores y que los programas sociales serían reformados “para evitar que sean clientelares”. Torres llevó un ejemplar de la revista a un debate televisivo el 19 de octubre, seis días antes de la segunda vuelta electoral, y acusó a Morales de querer suprimir programas sociales necesarios para reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Morales, caracterizado por el diario es-

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I NTERNAC I ONAL /GU ATEM A L A

Elecciones. Votos “antisistema”

tadunidense The Washington Post como “el Donald Trump de Guatemala”, respondió iracundo, arrebatándole de las manos la revista a Torres y desvinculándose de las declaraciones de Lam. “Quiero aclarar que esta revista ha publicado cosas que yo no he dicho (…) Ella ha estado utilizando esas citas para poder desprestigiarme en todo el país”, dijo Morales. El incidente le valió fuertes críticas en las redes sociales. Nunca presentó ninguna propuesta sobre cómo subsanar el déficit presupuestario que su gobierno heredará de la administración de Pérez Molina. Paradójicamente, el 7 de octubre, Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, aseguró que Jimmy Morales tenía “soluciones concretas a problemas puntuales”, dejando entrever la preferencia del sector empresarial por el excomediante. La expectativa más grande que ha generado es la del outsider impoluto que llegará a barrer con la corrupción y el clientelismo de sus antecesores. “La mayor garantía de transparencia para mi gobierno es mi mamá, porque ella no educó ladrones”, declaró el 29 de septiembre en una reunión con integrantes de la Cámara de Industria, una frase que se viralizó en las redes sociales con el hashtag #LaGarantíaEsMiMamá y que le valió tanto aplausos como burlas. Sin embargo, salvo la propuesta de instalar cámaras de seguridad en todas las oficinas públicas para evitar el robo y la promesa poco concreta de aplicar mecanismos que permitan a la ciudadanía

fiscalizar el uso de los recursos públicos, tampoco queda claro en qué consiste su oferta de transparencia. Incluso antes de asumir la Presidencia ya pesan dudas sobre su promesa de rectitud y transparencia, pues algunos de los integrantes de su equipo son contratistas del Estado, lo cual supone un evidente conflicto de interés. Otros, como Jorge Luis Donado Vivar, mencionado como un posible ministro de Gobernación, han sido objeto de señalamientos. Entre los clientes de este abogado figuran los integrantes de varias familias vinculadas con el narcotráfico y en 2014, cuando se postuló para el cargo de fiscal general, fue eliminado de la lista de aspirantes luego de que se evidenciara que había plagiado su plan de trabajo. Los detractores de Morales también se preguntan en qué medida el FCN no constituye una nueva alianza militar-empresarial, un reciclaje del Partido Patriota (PP) que se colapsó con Pérez Molina. Cinco días antes de la segunda vuelta electoral trascendió que un vehículo oficial fue utilizado para transportar material propagandístico del FCN a un mitin en el municipio de Santa María Visitación, Sololá, cuyo alcalde pertenece al PP; también se supo que uno de los principales asesores de campaña de Morales fue el diputado y empresario Emmanuel Seidner, quien dirigió la elaboración del plan de gobierno de Pérez Molina. “Esa máscara (la transparencia) la tiene puesta con un hilo muy delgado. Varias personas cercanas a él tienen cuestionamientos y en cualquier momento le pueden zafar la alfombra”, afirma Rosal. 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Octavio Gómez

Las declaratorias de UNESCO,

convertidas en franquicias JUDITH AMADOR TELLO

Para la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, lo importante no son los objetos sino el significado y los valores para la gente que practica o realiza ese patrimonio cultural. Y es que los intereses económicos y turísticos, entre otros, están trastocando ese fin, y no en beneficio de las comunidades originarias. Proceso entrevistó a varios especialistas del organismo, durante una reunión en Cuernavaca, Morelos. 60


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uesta casi como un logo para atraer turistas y consumidores, la denominación “patrimonio cultural de la humanidad” pareciera estar perdiendo el verdadero espíritu de salvaguardia que, se supone, impulsa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a inscribir un bien o una tradición en sus listas. En el caso de las tradiciones vivas, el riesgo se antoja mayor, pues se trata de las costumbres de muchas comunidades que ven trastocados sus rituales y cotidianidad en aras de un interés meramente económico, cuyas ganancias –la mayor de las veces– ni siquiera les beneficia. Han transcurrido 12 años desde la Conferencia General de la UNESCO que,

C U LT U R A

Desequilibrio Aikawa recuerda que se acercó a Arizpe, cuando fue subdirectora general para la Cultura de la UNESCO (1994-1998), apelando a su formación profesional como etnóloga, solicitándole apoyo para crear la Convención del PCI. Existía ya la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, en el cual se inscriben bienes físicos. Cuenta la diplomática japonesa que tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, países como las repúblicas soviéticas, los bálticos o los del centro de Asia deseaban crearse su propia identidad. De otra parte, muchos países africanos y latinoamericanos no se consideraban suficientemente representados en la Lista del Patrimonio Mundial, algunos incluso no cuentan con mucho patrimonio edificado. Estos países expresaron su interés en contar con un documento internacional normativo para proteger sus culturas vivas. Aun hoy, admite, los países africanos y latinoamericanos no están incluidos en forma amplia en la Lista Representativa del PCI. Los del este asiático sí han presentado más candidaturas, y hasta otros

europeos que inicialmente se opusieron a la Convención: “Esto se explica porque los países con mayor capacidad financiera pueden presentar candidaturas más fácilmente que aquellos con menores recursos, pues éstos no tienen suficiente gente: antropólogos o historiadores que les ayuden a organizar la presentación de las candidaturas.” La UNESCO se dio cuenta de esta situación e inició un programa para “construir capacidades” en los países que necesitan ayuda para elaborar el estudio técnico, histórico, antropológico de las candidaturas. Se ofrecen talleres para funcionarios de cultura donde se les explica el espíritu de la Convención, que es totalmente contrario a los antiguos estudios de folclor del pasado, enfocados en lo material, por ejemplo las artesanías, y no en la gente que las produce. Para la nueva Convención del PCI lo importante no son los objetos sino el significado y los valores para la gente que practica o realiza ese patrimonio cultural. Si se trata de un ritual, por ejemplo, se destaca su importancia en las comunidades. Si son artesanías, es el conocimiento de cómo y quién lo hace, cómo lo recibe la comunidad y cómo se transmite a las nuevas generaciones para mantener vivas esas tradiciones, que son susceptibles de modificaciones, no objetos de museo, dice Aikawa. Se le pregunta cuáles fueron los países opositores y sus razones. Menciona sobre todo a aquellos que tienen poblaciones indígenas como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, también países nórdicos e Inglaterra, que no tiene población indígena pero sí regional. Inglaterra no se adhirió por no colocar en la Lista Representativa a grupos de la India que viven en su país. Se preocupaban también por las culturas regionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que quieren separarse. Escocia está pidiendo ahora su independencia y ha estado muy activa en los trabajos de la Convención, pues “si ellos se convierten en un país independiente la ratificarían”. Otro ejemplo es Canadá con Quebec.

datura a la Lista Representativa del PCI, y “de pronto” les informaron que no se podía porque ya era candidata a la Lista del Patrimonio Mundial físico, lo que provocó un choque entre los propios huicholes, donde algunos incluso apoyaban a la minera. Aikawa dice conocer el caso, pues leyó en el diario francés Le Monde “un artículo de una plana completa, en donde se afirmaba que el dueño de ese territorio era un amigo del presidente Enrique Peña Nieto y por eso le habían dado la concesión minera”. Explica que cuando una comunidad siente su cultura amenazada, puede pedir ayuda a la UNESCO. En la Convención del PCI cuenta con dos listas, la Representativa y la del patrimonio que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Sin embargo, enfatiza que la UNESCO es un organismo intergubernamental y todo esto debe hacerse con la aprobación de los gobiernos; si éstos no están de acuerdo en presentar las candidaturas nada puede hacerse. La Convención se rige por un comité científico que evalúa las candidaturas y las presenta a un grupo conformado por 24 miembros, todos delegados gubernamentales, que puede rechazar las recomendaciones del grupo científico y aprobar candidaturas no avaladas por éste, “es el mayor problema con esta convención”. Recuerda el caso de la gastronomía mexicana, rechazada en la primera lista del PCI porque el jurado, encabezado por el escritor hispano Juan Goytisolo, la consideró una candidatura de empresas gastronómicas de México. Sin embargo fue aprobada años después, en 2010. Es algo que “no se comprende”, pero explica que se debe a los lobbies (grupos de Judith Amador

en su 32 reunión en París, Francia, aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). Fue un 17 de octubre de 2003, y México la ratificó dos años después durante el gobierno de Vicente Fox. Cuenta hasta la fecha con siete elementos inscritos por México: Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos; los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán de la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado; La ceremonia ritual de los voladores de Papantla; la cocina tradicional mexicana; la pirekua, canto tradicional de los purépechas; la fiesta tradicional de los parachicos, y el mariachi. Ahora Noriko Aikawa-Faure, especialista en estudios culturales nacida en Japón y pieza clave en la elaboración del documento; Chérif Khaznadar, poeta francés nacido en Siria; y Koichiro Matsuura, exdirector general de la UNESCO, hacen una evaluación del acuerdo al cual se opusieron varios países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y hoy está suscrito por 163 Estados. Los tres fueron entrevistados por Proceso (con la traducción de la antropóloga Lourdes Arizpe) durante su visita a México para participar en el III Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, realizado del 3 al 6 de septiembre, en Cuernavaca, Morelos.

Intereses políticos y económicos Se le cuestiona qué sucede cuando es el sistema económico imperialista y la globalización lo que no permite la salvaguardia de las identidades. Es la situación de los pueblos huicholes, en cuyos territorios se dieron concesiones a mineras canadienses. Arizpe relata que la exdirectora de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Miriam Morales, hizo en su momento un trabajo en las comunidades huicholas para presentar la candi-

Aikawa. Proyecto incluyente


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presión) y a las negociaciones políticas de los delegados. La gastronomía mexicana no es el único ejemplo, menciona que en un año la mitad de las candidaturas no fueron avaladas por el comité científico y se inscribieron en la lista por el trabajo de los lobbies políticos. Agrega que en la Lista del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad es todavía peor, porque “la mitad de las candidaturas están politizadas y son contrarias a las recomendaciones de los comités científicos. En la de PCI está sucediendo lo mismo, por eso los antropólogos están en contra de hacer listas, se discutió mucho si hacer o no las listas, pero si no hay una lista, los gobiernos no se interesan y no financian los proyectos de salvaguardia”. Se ha cuestionado –se le explica– que la inscripción en las listas termina siendo aprovechada por empresas no sólo restauranteras, como lo dijo Goytisolo, sino por compañías turísticas para las cuales la denominación “patrimonio de la humanidad” se convierte en slogan o en una especie de “franquicia” para la explotación comercial: “Sí –admite–, desafortunadamente están convirtiéndose en eso.” El propósito real de la Convención, insiste, es la salvaguardia del patrimonio de todo el mundo y lograr que los gobiernos financien y apoyen programas e instituciones para ese fin: “Lo importante para la UNESCO es interesar a los gobiernos en esta labor, si no

se interesan no se puede lograr. Para lograrlo hay un costo que debe pagarse y evitar estas derivaciones de ganancia puramente económica.” A pregunta de Proceso añade que el interés de los gobiernos por la salvaguardia de su patrimonio, debe existir independientemente de si está o no inscrito en la lista de una Convención.

Pérdida del espíritu Durante su participación en el Congreso en Cuernavaca, Khaznadar, presidente desde 1997 del Comité de Cultura de la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO y fundador de la Casa de las Culturas del Mundo en París, expuso que clasificar como patrimonio algunos rituales y tradiciones se vuelve contraproducente, porque al convertirse en una atracción turística pierden su espíritu. En la entrevista expone los peligros principales: La museificación, en la cual el objeto o tradición se queda detenido en el tiempo, deja de tener conexión con su sociedad y muere. La folclorización, que sucede en muchos países donde se practican rituales importantes sólo en determinados momentos y lugares, y bajo ciertas condiciones, y “desgraciadamente” se pide su “representación” ante un público turístico, entonces se vuelve un espectáculo y pierde su sentido. Menciona asimismo el uso político y mercadológico de las tradiciones, para obtener ganancias, no importa que la comunidad no se benefi-

cie y vaya perdiendo sus vínculos con esa tradición. Se debe entender, dice, que la UNESCO es una organización de Estados y son éstos los que presentan y organizan las candidaturas a las listas del patrimonio: “El peligro es la comercialización, tomar un elemento y utilizarlo simplemente para hacer ganancias. Y aquí viene la carrera por los logos: Obtener el logo de la UNESCO diciendo que es ‘patrimonio inmaterial’, se convierte en un instrumento para comercializar.” El problema, dice, es que el espíritu de la Convención es la salvaguardia, pero a partir de la inscripción de un elemento en la Lista Representativa comienza una “competencia desleal, porque se crea una jerarquización al considerar que ese elemento es elevado”. Eso tiene como consecuencia que otros elementos, que por sus cualidades también podrían inscribirse pero por falta de lugar no son aceptados –al estar fuera–, tengan mayor peligro de perderse que los bienes inscritos. El escritor considera el caso de las gastronomías mexicana y francesa como representativo de esta problemática: Su inscripción en la Lista Representativa no era una prioridad pues no están en riesgo de desaparecer, y en cambio son un claro ejemplo de comercialización. Celebra que a dichas gastronomías les “vayan muy bien”, pero insiste en que no es el propósito de la Convención de PCI y

México ante el “capitalismo cultural” JUDITH AMADOR TELLO

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rganizadora junto con diversas instituciones y académicos como Hilario Topete del III Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), realizado en Cuernavaca, Morelos, en septiembre pasado, la antropóloga Lourdes Arizpe advierte que durante ese encuentro se retomó un tema debatible que propone unir las políticas de protección del patrimonio edificado y el intangible. La académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, refiere que la idea ha sido planteada en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

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(UNESCO) –que cuenta con convenciones para cada tipo de patrimonio–, por países como España y ha sido vista con buenos ojos por el actual director de Cultura del organismo, el español Alfredo Pérez de Armiñán. En su opinión hay una experiencia que ha dado liderazgo internacional a México en el manejo de cada uno de esos patrimonios tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como en la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Y no comprende por qué varios años después de esto se viene a discutir esa propuesta. Ve el interés de España en este tema, vinculado a la idea expresada por el enton-

ces presidente de la península ibérica, José María Aznar, de emprender una “reconquista” de América Latina. Pero considera que la propuesta no tiene posibilidad de ser aceptada por países como Estados Unidos, China o Japón. Menos aún por las naciones africanas que impulsaron la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en 2003, con el propósito de compensar la hegemonía de Europa en la Lista del Patrimonio Mundial edificado. Ya se ha explicado en varios documentos de la UNESCO, dice la investigadora, la necesidad de contar con diferentes métodos para conservar el patrimonio edificado y salvaguardar el inmaterial. Cada uno tiene su propia lista representativa, y no debe

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Divisas vs. conservación Fue durante la dirección en la UNESCO del diplomático japonés (1999-2009), Koichiro Matsuura, cuando se impulsó la Convención del PCI. Recuerda que cuando le

pensarse en subordinar el patrimonio inmaterial al construido, como se está proponiendo ahora. Para la antropóloga el propósito de España al llevar este tema al debate, es tomar un liderazgo en el tema de la cultura. Recuerda que cuando estuvo Aznar en la presidencia, aquel país dio 90 millones de dólares al sector Cultura y al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO; cuando entró en crisis siguió aportando dinero a las organizaciones iberoamericanas. Ello puede conllevar algunos riesgos, y menciona como ejemplo que en el pasado encuentro de PCI de Cuernavaca, comunidades locales expresaron que hay grupos católicos y prohispanistas que “están haciendo lo posible para impedir que se lleven a cabo las celebraciones de origen indígena tanto culturales como cívicas”.

No más burocracia La antropóloga recibe con agrado el proyecto de creación de la Secretaría de Cultura,

propusieron la candidatura al puesto consultó con Arizpe, entonces subdirectora general, si debería aceptar y finalmente lo hizo. Él era entonces embajador en Francia y estaba cerca del organismo. Luego invitó a la antropóloga a participar en las reuniones de discusión, redacción y negociación de la Convención. Considera este acuerdo y las medidas tomadas para su aplicación como uno de sus logros más importantes. El otro es haber hecho que Estados Unidos regresara a la UNESCO, en ese mismo año de 2003. Recuerda que ese país abandonó a la organización “porque no veía que se le administrara bien”. Él se avocó a “lograr una mejor estructura administrativa” y de programas. En su conferencia magistral habló de los retos de la conservación del patrimonio intangible, que en opinión suya depende de la voluntad de los gobiernos. Se le pregunta entonces sobre la incidencia que pueden tener otros países como Canadá, que no ha suscrito la Convención, y las mineras canadienses en México afectan los territorios donde además de haber vestigios arqueológicos e históricos o sitios sagrados, se practican diversas tradiciones. El caso más emblemático es el de Wirikuta, zona huichol, pero hay también mineras en estados como Morelos y Guerrero: “Lo que usted menciona es muy serio. Es importante que las compañías no afecten la posibilidad de conservar el patrimonio cultural intangible, para eso el pueblo

mexicano debe de organizarse para detener este proceso. Si no pueden anular esas concesiones o evitar que se sigan dando, deben tomar medidas para salvaguardar el patrimonio intangible.” Considera que las campañas internacionales pueden lograr mucho. Recuerda que cuando fue presidente del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural en Kioto, llegaron los aborígenes australianos a quejarse porque el gobierno australiano le había dado la concesión a una compañía minera para abrir una mina de uranio en el Parque Nacional Kakadu, en donde se encontraba un monumento sagrado. Y con la movilización internacional, el gobierno entrante detuvo inmediatamente el proyecto. Matsuura habló también en su ponencia del uso político y económico de las declaratorias de la UNESCO. Ante la pregunta de si no considera que se han convertido en una suerte de “franquicias” para la explotación y no en el acuerdo para salvaguardar bienes culturales, insiste en que lo importante es la conservación, pero admite que al darse a conocer un sitio como declarado por la UNESCO, se vuelve muy atractivo para toda clase de grupos tanto del propio país como de otras naciones. No ve mal que acudan turistas a lugares patrimonio de la humanidad, “porque eso trae divisas y se pueden aprovechar para la salvaguardia”, pero es cierto también que “demasiados turistas empiezan a dañar el patrimonio cultural”. O

“Si una nueva secretaría no defiende espresentado por Enrique Peña Nieto al Contas fuentes culturales mexicanas, tomangreso, pero considera que si México realdo toda la fuerza que tuvo la política cultural mente quiere tener una posición de primer en el siglo XX, si se le menosprecia y no se nivel en el ámbito internacional en materia de crean nuevas fuentes de creatividad, pues cultura, debe ajustar sus políticas para tener mejor que no hagan otra secretaría con más un manejo propio, y no “subordinarse a otros burocracia.” O designios, porque ahora la cultura se ha vuelto un tema de primer nivel geopolítico y de mercado internacional”. Tan importante, agrega, que varios autores hablan del concepto de “capitalismo cultural”, en el cual “los contenidos culturales, las creaciones visuales, el patrimonio edificado y el patrimonio vivo son ventajas comparativas en la competencia entre países, entre empresas y entre partidos políticos. “Las marcas, los logos, pero sobre todo la creatividad para el futuro depende de fuentes culturales que formen a personas que puedan ser creativas, eso es fundamental.” Arizpe. La anfitriona Y previene: Miguel Dimayuga

lamentablemente abrieron la puerta para cualquier cosa y le siguieron el café turco, la pizza, la cerveza, que en modo alguno están en riesgo de desaparecer, admite incluso que son productos muy comerciales. Nacido en Alepo, Siria, el escritor responde finalmente si sigue confiando en las convenciones del patrimonio de la UNESCO, cuando ante la destrucción de sitios sirios a manos del Estado Islámico, el organismo se ve atado de manos para intervenir. Responde que sí, pero acepta que realmente se ha visto que la organización no ha podido detener la destrucción. Recuerda igualmente los Budas de Bamiyan dinamitados por el régimen talibán en Afganistán en 2001: La UNESCO “no pudo detener su destrucción y no está logrando hoy detener la destrucción de vestigios esenciales del patrimonio. En esos lugares se está destruyendo también el patrimonio inmaterial y se habla mucho menos de ello, aunque en última instancia en lo que se debe pensar es en las vidas humanas, debemos salvaguardar la vida de los hombres, las mujeres, los niños, eso es vital, y son ellos los que hacen el patrimonio material e inmaterial”.


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Arte Francisco Toledo: “Duelo” BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

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spléndido como pintor, grabador y escultor en cerámica, el también defensor del patrimonio cultural y natural de Oaxaca, Francisco Toledo (México, 1940), nunca había vinculado la práctica artística con su activismo político. Creador de un bestiario fantástico que concentra su

devenir en el insolente y escatológico placer erótico de la sexualidad, Toledo ha destacado por una narrativa lúdica en la que insectos y animales conviven en atmósferas de sutiles y sensuales cromatismos. Magistral en la hibridación de estéticas prehispánicas, mítico-rurales y contemporáneas, Toledo se caracteriza por una poética atemporal en la que sapos, changos, murciélagos, chapulines y lagartos se convierten en habitantes protagónicos de un universo en el que no existe ni moral, ni bien, ni mal. Cínicos, burlones o hieráticos, estos seres viven en la poten-

cia espiritual de la sexualidad reproductiva. Adolorido por la situación de violencia que se vive actualmente en México, Toledo, inspirado en los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, incursionó durante 2015 en el territorio del arte político. Con una iconografía que remite a la exposición de escultura en cerámica presentada en 2006 en el Antiguo Palacio del Arzobispado, el prestigiado artista transmutó la transgresora y humorística sensualidad de su bestiario en una dramática agresividad cromática y textural.

Con seres vivos pero lastimados, sometidos o torturados, los habitantes de su mundo fantástico se acompañan de seres humanoides desfigurados y ensangrentados que, con fisonomías cercanas a las tridimensiones prehispánicas, se distinguen por una gorra, un zapato o una oreja cortada y acompañada de un machete. En estas obras, la vida ya no se reproduce. El enorme sapo que antes eyaculaba descaradamente al masturbarse con la mano de un metate, ahora sólo puede sostener enormes huevos tan quemados como los chapulines que se

“=A”, videoinstalación de

Proceso Pentágono en el MUAC ROBERTO PONCE

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asaron 18 años para que cinco artistas plásticos del colectivo Proceso Pentágono se volviesen a juntar y crearan la videoinstalación denominada =A, en alusión a la tragedia de Iguala y la represión de Estado. Esta nueva obra, sumada a las casi cuarenta de su muestra retrospectiva Grupo Proceso Pentágono. Políticas de la intervención 1969-1976-2015, está en exhibición por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, cuya directora es Graciela de la Torre. En el catálogo, escribe la curadora de la muestra Pilar García: “Carlos Aguirre, Carlos Finck, José Antonio Hernández Amezcua, Lourdes Grobet y Víctor Muñoz decidieron reunirse para reactivar los preceptos que han movido el trabajo del grupo. Desde hace casi un año, han puesto sobre la mesa la situación de violencia y conflicto político que vive el país, dando como resultado una nueva instalación titulada =A.” Grupo Proceso Pentágono. Políticas de la intervención 1969-1976-2015 es la primera exhibición comprehensiva de la producción y del archivo de este colectivo caracterizado por mantener sistemáticamente una actitud crítica, analítica y contestataria frente a las políticas del Estado, explica García. A través de la presentación de documentos del Fondo Proceso Pentágono, que forma parte del acervo del Centro de Documentación Arkheia y de la colección del MUAC, en cola-

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boración con colecciones institucionales y privadas (como el archivo fotográfico de la revista Proceso), “la muestra propone una relectura, tanto de la producción artística como de la dinámica interna de trabajo del colectivo en distintos momentos de su trayectoria”. Sus miembros fundadores en 1976 fueron Felipe Ehrenberg (1943), Víctor Muñoz (1948), Carlos Finck (1946), y José Antonio Hernández Amezcua (1947), nacidos en la Ciudad de México. A través del tiempo, sus integrantes han cambiado y varios artistas se unieron (Lourdes Grobet, Carlos Aguirre, Miguel Ehrenberg, Rowena Morales o Rafael Doniz, entre otros). Al preguntar Proceso a Felipe Ehrenberg por qué no participó en esta muestra retrospectiva del MUAC, dijo: “Tengo unas tremendas diferencias con la actual dirección del MUAC y yo no piso este re-

cinto hasta que la UNAM no la cambie, por ser una suerte de émulo de la colección JUMEX. No me refiero a Sol Henaro, del Centro de Documentación Arkheia, ni al curador en jefe Cuauhtémoc Medina. Como fundador principal de Proceso Pentágono, lamento mucho las coincidencias de que la UNAM reconozca los significados de nuestro grupo y a la vez en el MUAC mantenga una dirección obtusa, totalmente contraria a mis intereses.” Tres de sus creadores hablan en primera persona:

Carlos Aguirre “Las premisas de nuestro grupo Proceso Pentágono eran básicamente trabajar de manera no individual, sino grupal y expresarnos con lenguajes contemporáneos diferentes a la heEl pasillo obligado

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Sin “panfletismos”

enciman para sostener una estructura indefinida. Invadida de tonos rojizos que remiten a la sangre derramada, la exposición que se presenta actualmente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México bajo el título de Duelo, se integra

con objetos ceremoniales como urnas y platos que, a manera de ofrendas, presentan el sacrificio de despojos humanos, ya sean huesos, una mano, un ser descarnado o un zapato que deja testimonio de la huida de una persona.

rencia muralística y pictórica. Nosotros experimentamos con instalaciones y gráficas nuevas… “Yo los convoqué ahora, primero para hacer la retrospectiva en base al archivo que tenía el MUAC, pues era la oportunidad de decir que nosotros los artistas del colectivo seguimos vivos y con una pieza nueva. Deseábamos que =A tuviera características de haberse creado en este siglo, o sea, no utilizar el lenguaje y las técnicas que habíamos usado en la centuria pasada. “Además, como la juventud de hoy está impactada por los acontecimientos de Ayotzinapa, jugamos con el título =A e ‘Iguala’, que es igual a toda la represión que se ha venido dando desde los años cincuenta del siglo pasado en México por presidentes del PRI y del PAN. =A contiene dos videos, uno de cuatro minutos de duración, y otro de cuatro y medio; aquel, de la represión gubernamental al pueblo mexicano, con imágenes históricas de marchas y protestas de Canal 6 y del archivo fotográfico de Proceso. “Y el otro, que se sobrepone al primero, es una suma de todo ese ruido que produce la televisión comercial: anuncios, espectáculos… que el Papa, el futbol, mujeres, sexo, etcétera; ruido que en México nos impide ver o conocer la propia historia y distraer nuestra atención de la información no manipulada. Como se proyectan al mismo tiempo, las imágenes rara vez coinciden.”

Víctor Muñoz “=A es una videoinstalación ‘obstaculazida’ por una reja, la parte material símbolo de lo que el Estado oculta al pueblo. Pintamos un pasillo de negro que tiene once metros de largo, 3.60 de ancho y cuatro de altura, para que al final de las tres salas de la exposición entre el público rumbo a la proyección simultánea de videos, aun-

Notoriamente expresivas y dramáticas por la accidentada texturalidad del barro, las piezas, oscilantes entre poéticas prehispánicas y populares, no manifiestan muerte o deterioro. Por el contrario, remiten a una vida herida y adolorida que, al igual que México, no parece tener esperanza o solución. Sobresaliente como arte político por su ausencia de panfletismos, la exposición devela el doble discurso de la política cultural del presidente Enrique Peña Nieto. Con un solo texto de sala que, firmado por la directora del MAM, Silvia Navarrete, se enfoca en la téc-

que de pronto su paso se frena por esta reja. “No va como en tono de barrotes de cárcel, es un impedimento físico. La reja tiene a su vez unas letras que consideramos integran algunas palabras clave de la demagogia nacional como democracia, represión, Dios… La reja cubre de muro a muro un pasillo, es traslúcida, posee un diseño que permite con una celosía muy abierta ver la pantalla con los videos al mero frente. “Porque vivimos en un estado de guerra, decidimos confrontar ambos videos: El de color lo realizamos con los teléfonos celulares captando cosas que suceden, tanto en la televisión comercial como en las redes sociales. Es como la parte distractiva, digamos, fragmentada por la información multitudinaria. El otro video es repaso con materiales documentales de esta política de Estado que en lugar de negociar, reprime. Está en blanco y negro. Cuando se fundó Proceso en 1976 y nació Proceso Pentágono, hemos compartido un vínculo bastante fraternal, por ello se nos permitió a Lourdes Grobet y a mí ver el archivo fotográfico de Proceso, y su director gentilmente cedió el uso de alrededor de una veintena de gráficas históricas. “Hay fragmentos en la parte documental que hablan del 68 o Ayotzinapa; en el caso de Aguas Blancas, no hay videos ni fotografías por las condiciones en las que se dio la matanza, y de Proceso elegimos la foto clásica y tan conocida que muestra al camión de tres toneladas y media donde venían los campesinos que fueron ametrallados.” El sonido de estos videos, comenta, se lo pidieron a Juan Cristóbal Pérez Grobet.

José Antonio Hernández “Para =A, curiosamente por primera ocasión fuimos cinco, como nuestro nombre (Pentágono), pues al comienzo éramos cuatro nada más. Al

nica omitiendo el tema central de la muestra, la exhibición, por la contundencia de su narrativa, se impone como un grito ante el silencio de la institución. O

Música I Alexei Lubimov en blanco y negro RAÚL DÍAZ

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on un concierto a cargo del pianista ruso –formado en la escuela musical

irnos poniendo de acuerdo sobre la obra que crearíamos, escribí mi texto que dice: “‘=A no es el hecho aislado, alude a la memoria y a la confrontación. Es la sobreexposición del sujeto contemporáneo a la imagen, a la sobre-posición de discursos y de interpretaciones. =A es la expropiación de la palabra, es la retórica mediática, es secuestro del testimonio directo; es la información, la contra-información, la desinformación (…) =A es un signo contemporáneo, es la confusión, el exceso de oferta informática; una realidad atrapada entre la voluntad de ignorar y la acción dispersa, sobre-imposición de barreras que separan y decantan reacciones (…) =A quiere ser cómplice de la verdad.’ “Mi propuesta era recuperar la palabra, por lo mismo que aludo en mi texto que la palabra ha sido expropiada o secuestrada. Un ejemplo claro es la palabra ‘solidaridad’, de la que se apropió Salinas y la hizo parte de su discurso político, cuando la solidaridad era un tema y una actitud poderosa que tomó fuerza a partir de 1985, con el temblor. O el usar ‘los’ y ‘las’ que Fox se apropió del discurso zapatista. Pensamos también en la prensa independiente, en Carmen Aristegui, así como el peligro que han estado corriendo los periodistas y reporteros gráficos, quienes han sufrido atentados y asesinatos. “La contra-información de la televisión comercial nos impide ver la realidad. Colocamos la reja para nuestra retrospectiva en el MUAC de Ciudad Universitaria, simbolizando las barreras mediáticas y de Estado que nos impiden ver la verdad para seguir adelante. Una reja de metal con una serie de letras impresas formando palabras que se pegaron por medio de plásticos transparentes; son palabras que yo propuse en Proceso Pentágono, pues suelen ser recurrentes para la retórica oficialista tan gastada de nuestros políticos.” O


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Francois Sechet

Lubimov. Extraño programa

soviética–, Alexei Lubimov concluyó En Blanco y en Negro, el interesante Festival Internacional de Piano que desde hace 19 años se celebra en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), y que atrae a destacados pianis-

tas provenientes de diferentes partes del mundo. Nacido en Moscú en 1944, Lubimov abrevó en esa estupenda escuela de música que caracterizó el período soviético, que a su vez se nutrió de la tradición de la no menos estupenda escuela rusa de la música, cuyos últimos representantes vivos nos siguen asombrando en cualquier parte del globo que se presenten. Extraña mezcla de atracciones y aficiones, Lubimov desde pequeño desarrolló su gusto por dos tipos de música totalmente diferentes: la barroca y la creada por compositores de principios del siglo XX como Stockhausen y Schömberg, hasta nuestro contemporáneos, el húngari Arvo Pärt. Esa extraña dicotomía lo llevó a hacer cosas a primera vista totalmente antípodas, como fundar el Cuarteto Barroco de Moscú que, naturalmente, se aboca a la música barroca cultivada; además, con instrumentos antiguos o réplicas de los mismos y, en el otro extremo, crear el Festival de Música de

Vanguardia Alternativa que, como su nombre indica, se aplica a presentar lo más avanzado de la música de hoy. Ese abanico, sin embargo, parece ser el que lo ha nutrido para, en el piano, ser un intérprete diferente, sobresaliente sin duda, pero que para muchos puede dejar mucho que desear debido precisamente a su originalidad. Más allá de que pueda complacer o no, lo que no está en discusión es su maestría, misma que lo ha llevado a pisar algunas de las salas más importantes del orbe, tocar con las grandes orquestas y ser dirigido por las más distinguidas batutas. Unos pocos nombres como ejemplo: Filarmónicas de Los Ángeles, Israel y Londres, y la Orquesta de la Radio Nacional de Francia; y directores como Vladimir Ashkenazi, Neeme Järvi, Kiril Kondrashin y Esa-Pekka Salonen. Con tal amplitud de práctica y repertorio, lo que sí resultó un poco extraño fue el programa escogido para su único concierto en nuestro país, efectuado en la acústicamente buena

pero incómoda Sala Blas Galindo del Cenart que, en el papel, incluía los 5 Preludios Opus 74 de Scriabin y 4 de los 12 Preludios del libro 1 de Debussy, la Sonata en re mayor K 311 de Mozart, Tres Impromtus D 935 Opus 142 de Schubert, la Barcarola en fa sostenido mayor Opus 60 de Chopin, y L’Isle joyouse de Debussy. Es decir, los únicos compositores incluidos del siglo XX fueron Alexander Scriabin (1872-1915) y, por tres años, el más cercano a nuestro ahora, Claude Debussy (1862-1918). O sea, ni siquiera se acercó a Stravinsky o Shostakovich y, mucho menos, a Pärt u otro contemporáneo. De lo programado, el maestro Lubimov suprimió (o sea, no tocó) los Preludios de Scriabin ni el primero de los cuatro de Debussy. A cambio, ofreció dos “ancores”: Poema de Scriabin y otra obra de Mozart. Empero, no por los cambios fue malo el concierto, y la de Lubinmov resultó una demostración ejemplarizante de qué significa ser un fuera de serie en el piano. O

Cómo se ejerce el poder, en “La anarquista”, de Mamet COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

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a anarquista es la cuarta obra del célebre dramaturgo estadunidense contemporáneo David Mamet en manos de Enrique Singer. Actual titular de la Dirección de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director de escena resalta que esta pieza es un microcosmos que a su vez refleja un macrocosmos y está llena de preguntas: ¿Hasta qué punto la cárcel es útil o no para reprimir el crimen y cambiar al criminal?, ¿qué es el poder?, ¿cómo se ejerce el poder?, y ¿qué es la justicia? Sólo dos personajes femeninos en el Teatro El Milagro, recreados por Lisa Owen y Marina de Tavira desde el 8 de octubre, que finalizarán su cortísima temporada el 1 de noviembre.

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Se le inquiere al también actor y productor cómo es que se inmiscuye en La anarquista, y relata: “Marina de Tavira y yo tenemos una productora de teatro que se llama Incidente, con la cual ya llevamos varias obras, entre ellas Crímenes de corazón, de Beth Henley, y Traición, de Harold Pinter, y ahora quisimos trabajar un texto de uno de los autores más importantes vivo, David Mamet. Se estrenó en Broadway y no le fue muy bien, no es una historia para ese lugar, es una obra para formato muy pequeño. Es un texto muy importante, y cuando lo leímos nos dimos cuenta, primero, que se nos antojaba hacerlo, y segundo, que le va muy bien a la situación no nada más de México, sino del mundo.” –Hay muchos temas y subtemas que aborda La anarquista, ¿cómo respetaron

el original para presentarlo aquí? –El respeto del texto en una traducción es muy difícil, y más en Mamet porque el lenguaje es el sustento de la obra. Su dramaturgia es muy precisa, transparente, pero al mismo tiempo oscura. Creo que es uno de los mejores dialoguistas que hay en el mundo. Crea obras muy inteligentes y son muy difíciles de traducir porque como están basadas en el lenguaje, hay que hacer transposiciones y en ciertos momentos se pierden algunas cosas… Así que tratamos de respetar ese espíritu lo más que se pudo. La pieza es una obra redonda, no necesita que se le quite o se le agregue. Situada en la cárcel, la pieza presenta a una anarquista que hace 30 años cometió un acto terrorista y mató a dos policías, está en proceso de salir libre por lo cual una criminóloga la entrevista para decidir si se

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“Cuerdas sin cordura” EDUARDO SOTO MILLÁN

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l Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM), fundado por María Antonieta Lozano desde hace más de cuarenta años, continúa al día de hoy siendo una alternativa para la educación musical en nuestro país, con programas de estudio cuyos contenidos abordan aspectos que en las instancias oficiales suelen ubicarse en la vaciedad, a pesar de las características del mundo actual, permeado profundamente por la competitividad como eje transversal de vida. Con frecuencia, el CIEM propicia la reunión de varios de sus alumnos o exalumnos para la realización conjunta de proyectos. Así, un grupo de jóvenes compositores ha unido fuerzas, ideas y convicciones para crear

va. La mujer era judía y en la cárcel se convirtió al catolicismo. Pero la criminóloga no le cree, piensa que sigue siendo la misma persona y por ello no debe estar libre. La presa por su parte trata de demostrar que ya cambió. Ambas se mueven en un dialogo profundo, fuerte, intenso. “Son dos personajes muy inteligentes y con un nivel de energía alto”, detalla Singer. –Este diálogo del poder y la injusticia ante la situación de México, ¿qué puede aportar? Owen y De Tavira. Alto nivel

que de Rodolfo Téllez Girón Vidal (1989) podemos escuchar Aurora en deterioro, y de Juanra Urrusti (1985), Gritos y plegarias. Desde una perspectiva, digamos, panorámica, es posible apreciar ciertas líneas de conducta coincidentes que dan origen y cobijan causes o vectores en las obras Seis voces frescas aquí comprendidas. Una de las más evidentes En las manos de Erik Eduar- es, por ejemplo, la inventiva de motivos modulares que ciñan do Sánchez González y May conducen el discurso musiriana Valencia González en cal hacia territorios a veces –y los violines, Felisa Hernández de alguna manera– espirales Salmerón en la viola, y Luz del que a su vez arriban a pasajes Carmen Ávila y Elvida en el de atractivos contrastes, sobre violonchelo, las obras incluidas todo tímbricos, y de profunpatentizan, generacionalmente didad en los planos sonoros. hablando, linaje tanto como teAdemás, en sus notas a las nacidad y solvencia. obras los propios compositores En tres movimientos, Anofrecen testimonio de factores drea Chamizo Alberro (1988) extramusicales como referentes presenta su Doshas; Pablo May generadores de la fantasía riña (1989) su Dogma, y Oswalmusical. do Torres (1990) hace acto de Cuerdas sin cordura es un presencia con Annabel. De Luis disco que vale la pena escuchar Fernando Amaya (1992) se inuna y otra y otra vez… O cluyó Navío al garete, mientras

–Lo que aporta es la reflexión más que respuestas. Es claro en la obra que para Mamet el poder es de quien tenga la pistola. Pero a partir de ahí se suscitan muchas preguntas: ¿cómo se utiliza este poder?, ¿cómo es la justicia ante los demás y ante uno mismo?, ¿qué papel tiene el Estado?, ¿cómo se mezclan las leyes con los prejuicios personales?, y ¿cómo se aplica la ley o no se aplica? “Mamet no es un autor que genere ideas preconcebidas o sea que dé respuestas, Jesús Morales

Música II

UT Producciones, y con la valiosa colaboración de Urtex, realiza una producción discográfica de reciente aparición: Cuerdas sin cordura (UT, ATL, CIEM, URTEX; núm. de catálogo JBCC 253. México, 2015). Cuerdas sin cordura revela la frescura de seis nuevas voces musicales que, no obstante su incipiente praxis, perfilan conocimiento y oficio, amén de exploraciones técnicas, instrumentales y expresivas de las posibilidades que ofrece el material sonoro del que, por voluntad propia, dispusieron para este proyecto. Tal material proviene de uno de los formatos de cámara que condensa por igual retos de capacidad(es) e imaginación: el cuarteto de cuerdas. La tarea interpretativa fue encomendada al Cuarteto Aurora, quien da muestras de una gran estatura artística, así como de fidelidad respecto de las ideas primigenias plasmadas en cada una de las partituras.

no es de conclusiones, su obra es abierta, plantea una problemática que nos obliga a analizarla. Es un teatro que va a la claridad del pensamiento, no es una obra de emociones. La diversión está en entender, y son las actrices el centro y el conflicto. –Usted ya dirigió de este dramaturgo Edmond, Oleanna y Éxito a cualquier precio, ¿qué diferencia tiene La anarquista ante las otras obras del autor? –Ésta se parece un poco a Oleanna. En La anarquista los dos personajes están divididos por un escritorio, y uno de ellos tiene el poder y el otro busca ser ayudado por el poder. Hay un juego de estatus que va cambiando durante toda la obra y esto es a partir del dialogo. En Edmod y Éxito…son situaciones con más personajes, situaciones más realistas pero en todas ellas el gran tema de Mamet es el poder. Es lo que a él le interesa. Redondea: “Habrá gente a la que no le guste, es lo más probable, pero a todos los que nos interesa el análisis de la condición humana, en eso este dramaturgo es profundamente lúcido y de una gran coherencia.” O


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José Jorge Carreón

Teatro “Señora Klein” ESTELA LEÑERO FRANCO

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a psicoanalista Melanie Klein (1882-1960) fue una figura fundamental para el desarrollo de las teorías de Freud con nuevos alcances. El kleinismo es una de las corrientes más significativas del siglo XX, sustentada en diversos conceptos alrededor del desarrollo de la psicología infantil y su tratamiento, tales como la posición esquizoide-paranoide y la posición depresiva, así como la del pecho bueno y el pecho malo. Su vida es no menos interesante que sus logros intelectuales, ya que participó de una manera activa en las sociedades sicoanalíticas donde era feroz la lucha de poder entre las diferentes corrientes, y su vida familiar quedó en medio de este fuego cruzado entre annafreudianos y klenianos. La obra de teatro de Nicholas Wright, Señora Klein, que se presenta en el Círculo Teatral, elige el momento más álgido de la vida familiar de esta gran psicoanalista para desarrollar una puesta en práctica de los mecanismos psicológicos a disertar. No se discuten conceptos en abstracto sino que ellos son el arma con que los personajes se pelean, achacan culpas y se manipulan para atacar o sostener determinada actitud emotiva. El lenguaje incorpora la semiótica psicoanalítica intrínseca a los personajes, el mundo en que viven y la intelectualización que hacen de su propia vida. La obra de Wright es intensa y dinámica, ya que el ojo del huracán está en la competitiva relación madre e hija. Melitta se ha hecho psicoanalista y ha elegido militar en el bando contrario de su madre, psicoanalizándose con su mayor opositor, Edward Glover, el cual convierte la terapia en una forma de debilitar y dejar sola a su contrincante.

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Firmeza escénica de De la Parra

Señora Klein, protagonizada con determinación por Emoé de la Parra, gira en torno a la muerte reciente del hijo de Melanie, de la lucha por colocar en la madre la culpa de tal acontecimiento y la determinación de la hija, interpretada por Paola Izquierdo, por romper con ella. La forma de agredirse desde la intelectualidad para horadar en las partes sensibles de cada una, es una labor que el dramaturgo maneja hábilmente equilibrando lo emocional con lo argumentativo. Otro elemento que coloca en esta coyuntura existencial del protagonista es la presencia de Paula como la asistente, interpretada por Alejandra Maldonado, la cual pretende ser aceptada por Melanie como su paciente y capacitarse en el psicoanálisis. Estos tres personajes, colocados en un momento decisivo en la vida de la protagonista, da a la propuesta dramática un material rico en conflictos por explorar. En la propuesta que dirige Emoé de la Parra hay un buen trabajo actoral donde las fuerzas de poder se mueven constantemente. El espacio escénico, diseñado por Jorge Carrera, incluye un estilizado mobiliario blanco, complementándose con objetos de color rojo. El trazo escénico es ágil y la obra fluye colocándonos como espectadores en medio de una batalla campal entre tres mujeres inteligentes, atrapadas en la telaraña de la envidia y el rencor. Señora Klein, que habíamos visto bajo la dirección de Ludwik Margules con Margarita

Sainz y Delia Casanova, está ahora presente en nuestros escenarios gracias el empuje de Emoé de la Parra y su equipo actoral y creativo. O

Cine “El desconocido” JAVIER BETANCOURT

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l gerente de una sucursal bancaria lleva a sus hijos a la escuela. Mientras conduce su automóvil contesta su celular, y un desconocido le anuncia que si no sigue sus instrucciones al pie de la letra, hará explotar una bomba que colocó en el vehículo. El desconocido’ (España, 2015), ópera prima de Dani de la Torre, mantiene en vilo al espectador; claro, siempre y cuando acepte las reglas del juego de este thriller de acción. Las cintas de este género no son abundantes en el cine hispano; competir con Hollywood, pesebre del cine de receta, representa un riesgo comercial (sin contar con la posibilidad del fiasco); pero la seducción del ejercicio de estilo para los fanáticos de la cinemática pura es irresistible. Dani de la Torre cayó en la tentación, no falta ningún ingrediente: acto terrorista movido por la venganza, vida de niños inocentes en peligro, omisión y descuido del progenitor (Luis Tolsar) que se siente inalcanzable.

Pero si se pasa por alto el anticlímax de un epílogo explicativo y el chantaje al público sobre la perversidad de los banqueros, El desconocido queda a la altura de Speed (1994) o Enlace fatal (Phone booth, 2002). Odioso tener que mencionar y comparar El desconocido con los productos de Hollywood, pero el realizador salpica su trabajo, de principio a fin, con citas de películas americanas de las dos últimas décadas. ¿Llegará a reinventarse este género en España o América Latina? Sospecho que el cine de narcos tiene ese potencial, por amargo que resulte aceptarlo. En todo caso, no deja de disfrutarse la proximidad de la lengua, o la sensación de estar en una ciudad no gringa como La Coruña, con su encanto gallego; y más que el parecido con Hollywood, se disfrutan los contrastes. Narrativamente, el reto de este tipo de relato consiste en convertir una rutina cotidiana, salir como todas las mañanas al trabajo, y que la realidad se convierta en una pesadilla; el interior del coche, donde ocurre casi toda la acción, se convierte en un infierno, todo de manera simple. La fórmula la condensa una sabrosa frase del maleante: “Si me he levantado cada mañana estos dos últimos años, ha sido sólo para vengarme de todos vosotros”. La actuación de Luis Tolsar logra hacer todo verosímil; de gerente aburrido

C U LT U R A

Libros

y pedante poseedor de un BMW, que piensa que su turbulento pasado quedó atrás, se convierte en un acorralado padre de familia, títere del destino. El talento del director consigue que el público también se sienta atrapado dentro del coche. Es fácil deducir la identidad del villano, pero la historia no juega sobre el misterio, sino sobre la dificultad de cumplir con las reglas del juego. El reto técnico depende del montaje; Dani de la Torre tiene un instinto avezado para fragmentar los planos, luego armarlos a manera de laberintos y combinarlos con secuencias trepidantes, además de manejar bien el ritmo, requisito básico para que funcione el lenguaje del cine. Seduce también la imagen de la policía (Elvira Mínguez), recia experta en explosivos, muy al estilo de las nuevas series americanas de televisión. O

Televisión Zacatecas estrena tv pública FLORENCE TOUSSAINT

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acatecas era uno de los estados de la República que se quedó sin canal de televisión pública, hasta que esta iniciativa pudo concretarse con el fin de crear una emisora educativa y cultural. El 30 de mayo de 2014 se solicitó la concesión de “uso social” para operar un canal televisivo digital. El 6 de agosto de 2015 el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó “Títulos de Concesión al gobierno del estado de Zacatecas para utilizar el espacio radioeléctrico en la frecuencia del Canal 24 con alcance de 70 kilómetros”. En el estado de Zacatecas hasta hoy sólo operaron, sin fines de lucro, una emisora radiofónica universitaria y una del gobierno. Esta última adscrita al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. El reciente otorgamiento de

Todos JORGE MUNGUÍA ESPITIA

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Canal 24 digital permitirá constituir junto con Radio Zacatecas el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión SIZART. Se está en busca de que opere como un Organismo Público Descentralizado. En virtud de ser el único instrumento de comunicación sin fines de lucro existente en la entidad, el SIZART deberá ser capaz de difundir el pensamiento plural, de rescatar las tradiciones populares; así como de atender a públicos diversos: migrantes, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad. En su proyecto afirma que se propone trabajar con los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que hasta hoy no cuenta con señales para emitir sus producciones televisivas. Transmitirá, asimismo, trabajos de productores independientes. La concesión de Canal 24 al sector público levantó ámpula entre los concesionarios privados del estado. El director de NTR, Enrique Laviada Cicerol, hizo dos solicitudes de información a través de Infomex para conocer todo el proyecto de la televisora estatal. Le interesan, en particular, sus opciones de financiamiento, mismas

que deben estar especificadas en la solicitud con el listado de conceptos y precios. Aunque las preguntas incluyen incluso cuánto se gastó en equipo, cuál es éste, la programación, si se obtendrán patrocinios y a quién beneficiará tal televisora. El dueño de NTR es José Aguirre Campos, y su hijo Francisco Enrique Aguirre Dávalos aparece como apoderado legal de Fundación Cultural por Zacatecas A. C., organismo que obtuvo un canal televisivo de “uso social” (Proceso, 2034). La Ley Federal de Telecomunicaciones, en su artículo 86, dispone que los concesionarios de uso público deberán precisar “…los mecanismos para asegurar la independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas claras para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”. Estos son los retos para la nueva emisora, además de defenderse del acoso de los privados que apenas empiezan a mostrar su belicosidad. O

a corrupción afecta a múltiples áreas del Estado mexicano. La reciente fuga de El Chapo Guzmán mostró la fragilidad del sistema penitenciario, que ha sido denunciado por algunos juristas y politólogos. Hace unos meses apareció la novela: El hombre inocente (Ediciones B, México 2014. 355 pp.) de Fernando Zurita. La historia trata sobre la detención del empresario César Romano por la policía judicial. Mientras su abogado busca conocer las causas del arresto y al denunciante, Romano es encarcelado. Luego entra en contacto con el jurista del quejoso e inicia un proceso de negociación para liberar al inculpado, en donde privará el abuso, el engaño, la trapacería, para todos los tratos, con la intervención del ministerio público y los jueces. Por otro lado, el detenido conocerá en el interior de la cárcel a diferentes mafias, con las que tendrá que negociar para sobrevivir. Para Zurita la corrupción del sistema de justicia no se circunscribe sólo al área penitenciaría, sino comprende a la procuraduría, ministerios, jueces, policías, abogados y presos, entre otros. De tal manera que las instituciones y personajes, desde el inicio de un proceso judicial, intervienen para detener y condenar a ciertos individuos o proteger a aquellos sujetos que, por medio del dinero e influencias, buscan esquivar la ley. El soslayo lo obtienen según su fama o peligrosidad, en alguna etapa del proceso, desde la captura, a la que es posible burlar, hasta el encarcelamiento, del que pueden escaparse, por la participación de la mayoría de los actores del sistema. El hombre inocente es una primera novela de Zurita seca en el lenguaje, pero con un manejo adecuado de la tensión dramática, que además resalta por la actualidad del tema. O


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ORELIA, MICH.- Los franceses Louis y Auguste Lumière no sólo concibieron el cinematógrafo, una máquina que filma y proyecta imágenes en movimiento, sino también las puestas en escena, los desplazamientos o travelling, trucos de cámara y remakes, siendo además los primeros directores, “es decir, inventaron el arte de filmar e idearon la exhibición comercial, y casi nadie habla de eso”. Así, Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cine de Cannes y presidente del Instituto Lumière, explicó en entrevista el importante legado de estos creadores europeos después de la proyección del largometraje ¡Luz!, integrado por 90 cintas de 50 segundos cada una, filmadas por Louis Lumière (Besançon, 1864-Bandol, 1948) y su equipo, y restauradas en resolución 4K. ¡Luz! recorre diversos países pues en este 2015 se cumplen 120 años del nacimiento del cine. Se proyectó durante el 13 Festival Internacional de Cine de Morelia. “Los Lumière están olvidados. Se habla más de George Méliès, también francés, pero él creó más los efectos especiales”, argumentó Frémaux. En París, los Lumière presentaron el cinematógrafo el 22 de marzo de 1895 con la primera película Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir. Y el 28 de diciembre de 1895, también en la Ciudad Luz, efectuaron la primera exhibición comercial ya que la gente pagó su entrada. Para los especialistas de cine, ahí mismo inició el llamado séptimo arte. Esa proyección pública tuvo lugar en el Salon Indien du Grand Café en Boulevard des Capucines número 14. Se mostraron 10 filmes de Louis, interpretados por sus familiares y amigos: La salida de los obreros de la fábrica Lumière, Riña de niños, La fuente de las Tullerías, La llegada de un tren, El regimiento, El herrero, La partida de naipes, Destrucción de las malas hierbas, Derribo de un muro y El mar. La mayoría de las imágenes anteriores se pudieron apreciar en la película ¡Luz!, además de filmaciones en Berlín, Egipto, Japón, Londres, Moscú, Nueva York o Venecia. Asimismo, sorprendieron dos cintas de México filmadas en Guadalajara: en una se ve un caño de agua limpia donde varias personas sumergen caballos y

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olvi hay patos, y en la otra se filmó un duelo en el que un hombre muere, aunque está escenificado. Al preguntársele a Frémaux sobre esta escena del duelo en México, incluida en ¡Luz!, manifestó: “Podemos decir que los Lumière estaban siempre tratando de encontrar nuevas ideas para historias o temas, y unos de los tópicos más importantes son el amor y la muerte. Su equipo que viajó a muchos países tenía el gusto por la aventura y por eso visitaron México, porque sabían que estaban en el momento y lugar justo.” Frémaux (quien hacia 1995 fue nom-

brado director artístico por Bertrand Tavernier para organizar el festejo por los cien años del cine, y desde entonces comenzó a restaurar las películas de los Lumière) informó a Proceso que oficialmente existen mil 422 películas realizadas por la empresa Lumière: “De ellas, contamos con mil 417. Con estos inventores franceses inició la cadena de la creación y eso está totalmente olvidado, nunca se ha hablado al respecto… Méliès inventó cómo la ciencia ficción soñaba al mundo del futuro, por ejemplo en Viaje a la luna, que es de 1902. “Los Lumière entendieron muy pronto que había que entrar al mundo de la

FES TI VAL ES PDE EC M TÁCU OR ELLOIA S A 120 años de la invención del cinematógrafo por los hermanos galos Louis y Auguste Lumière, su legado como pioneros en la dirección fílmica ha pasado prácticamente inadvertido, aseguran Thierry Frémaux y Maelle Arnaud, directivos del Instituto Lumière. Por ello, restauran mil 417 películas de las mil 422 dirigidas por aquellos, 20 de ellas realizadas en México y que Frémaux espera mostrar aquí en 2016, “ya que en México la primera proyección pública de las cintas de los franceses se efectuó en 1896”.

Fue un éxito rotundo, según el especialista: En seguida se instauraron varias sesiones diarias para dar a conocer al público la novedad del día, como se le solía llamar al cinematógrafo. Paralelamente, la competencia de los Lumière, es decir, el Vitascope de Edison, realizó varias exhibiciones en la capital y en Guadalajara, aunque sin cosechar el mismo furor que había logrado el cinematógrafo. A su vez, Maelle Arnaud, directora de operaciones de la Colección de Programación y Películas del Instituto Lumière, explicó a Proceso que de esas mil 417 películas de los Lumière, eligieron alrededor de 400 (“las más importantes”) para restaurarlas y sacar algunas en DVD. En la pantalla grande se plantearon las 90 cintas. Después, ¡Luz! se presentará en Grecia, dice Arnaud. “Es muy importante mostrarles a todos aquellos que aman el cine que este arte inició hace 120 años y desde entonces se crean historias cinematográficas.”

Primeras cintas de México

Lumière están

dados creación y mostrarle todo al público en un mismo lugar. El estadunidense Tomás Alba Edison grabó escenas que el espectador sólo podía ver a través de un kinetoscopio, una máquina individual; pero Louis quería hacerlo para un público numeroso en una sala y deseaba ofrecer al cine también como un espectáculo. Aunque ahora ya se puede ver cine por internet, todavía nos hace felices ir a las salas cinematográficas.” En Francia se lanzó un DVD de ¡Luz! y Frémaux adelantó que el Instituto Lumière ya trabaja en las 20 películas que el equipo de estos cineastas rodó en México: “Espero mostrarlas el año que viene

aquí, ya que en México la primera proyección pública de las cintas de los Lumière se efectuó en el año 1896.” El crítico e investigador de cine mexicano Hugo Lara, escribió en CorreCámara. com.mx: La noche del 6 de agosto de 1896, Porfirio Díaz presenció, acompañado de su familia y de algunos amigos en el Castillo de Chapultepec, una función privada a cargo de los representantes de los Lumière, Bernard y Gabriel Vayre. La primera función pública ocurrió el domingo 16 de agosto de 1896 en la calle de Plateros 9, en un local habilitado en el entresuelo de la Droguería Plateros, que ocupaba en ese tiempo, curiosamente, la Bolsa Mexicana de Valores.

–Aquellas dos escenas de México, ¿serían las primeras imágenes en movimiento del país? –se le interroga a Arnaud. –Sí. Cuando los hermanos Lumière inventaron el cine, muy pronto decidieron formar a unos jóvenes para que se fueran a diferentes naciones a filmar. A México enviaron a Gabriel Vayre y lo que captó aquí, se mostró en muchos países en 1896, como Estados Unidos, Japón, Europa, etcétera, y a su vez en México exhibieron de otros países. Lo importante es que Gabriel Vayre era un genio, y no todos los operadores de los Lumière eran genios. –De ese duelo que en México se recreó, ¿qué opina? –Todos los que aparecen ahí están actuando… Lo que pasó es que a Gabriel Vayre le impresionó mucho ver un duelo real, pero no tenía el cinematógrafo y después puso a personas a actuar. En Francia ya no existían los duelos, así que para él era importante mostrarlo. “La otra película mexicana de caballos mojados, patos y hombres con sombreros, era para Gabriel Vayre una escena típica de México.” En ¡Luz! aparecen imágenes de varios cines de los Lumière, por lo que se le interroga a Frémaux el por qué los hermanos cineastas se preocuparon de la exhibición comercial, a lo que responde lacónicamente:


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Enrique Castro

“Ellos tenía la convicción de que el cine se comparte.” –A 120 años, ¿cómo habría que recordar a los Lumière? –Hay que hablar más de sus películas. Son parte de la cadena de la invención y Louis fue el primer director. El cine viene de la fotografía y las cintas de los Lumière impresionaron a la gente, incluso se sabe cómo se asustaron al ver el tren y sintieron que se salía de la pantalla… “Hoy vivimos en un tiempo importante por la tecnología; pero ir al cine y ver una historia en la pantalla grande es otra cosa. Compartir con la gente esa experiencia es sensacional. Debemos aprender que la gran pantalla es única, no tiene comparación.” Maelle Arnaud supone que si los Lumière vivieran en nuestra época,

Frémaux. Director de Cannes

Exposición “#YaMe COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

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ORELIA, MICH.– Alrededor de 40 mil personas se han unido vía Facebook al movimiento civil “#YaMeCansé, Por Eso Propongo”, integrado por académicos, intelectuales, actores y ciudadanos en general, cuyas postales con sugerencias para cambiar el rumbo del país frente a la situación actual de violencia, impunidad e injusticia, se exhibieron en esta ciudad. En las escaleras del Teatro Rubén Romero, en el marco del 13 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se montó una exhibición con cientos de postales que la gente ha mandado a la iniciativa “#YaMeCansé”. Daniela Alatorre, asesora de logística y producción del FICM y una de las impulsoras de este pronunciamiento, específica a Proceso que después de la desaparición de los alumnos normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, abrieron la plataforma www.poresopropongo.mx. Desde noviembre del 2014 hasta febrero de 2015, se hizo una convocatoria abierta a los mexicanos para enviar una postal con su propuesta, y a lo largo de esos cuatros meses se recibieron más de 8 mil postales de todo el país, para que un grupo de académicos especializado efectuara un análisis de las propuestas. “Las que más se repitieron se convir-

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propuestas ciudadanas tieron en las Diez Batallas Ciudadanas, las cuales se enviaron a los tres poderes del gobierno mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, y a través de éste a los partidos políticos.” Amnistía Internacional los llamó “para sumarse”, cuenta. Organizaron además exposiciones de las postales en lugares públicos, la primera en el Monumento a la Revolución con las más de ocho mil postales, “y la idea es que se sigan mostrando para generar conciencia en la ciudadanía de que hay que tomar postura, y de que organizados como ciudadanos podemos generar más presión”. Por ahora hay una exhibición en el edificio de correos de la Ciudad de México; asimismo, “existe un grupo de Por Eso Propongo que se dedica más a la incidencia política”. Las participaciones “son completamente voluntarias, todo lo hecho ha sido con el tiempo que tiene la gente interesada en intervenir”. En la página www.poresopropongo.mx están publicadas las más de ocho mil propuestas “y las síntesis de todas ellas”, aclara Daniela Alatorre. A las 40 mil personas de facebook habrá que agregar las del twitter vía @poresopropongo, “y se continúa trabajando en conjunto con senadores y diputados para tratar de

empujar, por ejemplo, una iniciativa de ley para eliminar el fuero”. Conforme aumenta el número de personas que se unen a “#YaMeCansé, Por Eso Propongo”, Alatorre incita, “con gusto, a la participación nacional de esta iniciativa trascendente”. –¿Han tenido contacto con los padres de los 43 normalistas desaparecidos? –Sí, les entregamos todo un paquete de postales que tenía que ver con el problema. Organizamos una exposición en Nueva York, cuando fue la caravana de los padres de los 43.

Las Batallas Ciudadanas Las propuestas que devinieron Las Diez Batallas Ciudadanas, son: 1.- Crear una Fiscalía Anticorrupción auténticamente independiente. Garantizar que el conflicto de interés y los delitos de corrupción se investiguen y sancionen, estableciendo condiciones legales e institucionales para que esta agencia cuente con los recursos necesarios para que, en coordinación con las demás autoridades y órganos autónomos pertinentes, pueda efectivamente intervenir en la regulación, persecución y castigo de estas violaciones; asegurar que esta agencia cuente con un titular surgido de las propuestas de la sociedad civil.

FES TI VAL ES PDE EC M TÁCU OR ELLOIA S

Años finales de Louis En agosto de 1946, Louis Lumière, ya deteriorado de su salud, concedió una entrevista para televisión al historiador de cine francés Georges Sadoul, donde cuenta que su hermano Auguste (Besançon, 1862Lyon, 1954) y él patentaban todo a nombre de los dos: “La razón está en el hecho de que firmábamos siempre en común los trabajos y las patentes que depositábamos, hubiésemos participado o no en las investigaciones. En realidad yo sólo fui el autor del cinematógrafo, así como por su par-

Cansé”, en postales

2.- Eliminar el fuero. Establecer las bases legales e instancias institucionales para que todas las personas que cometan crímenes puedan ser investigadas y llevadas a un proceso judicial, prescindiendo de si ejercen o no un cargo público. 3.- Reducir los salarios y prestaciones a funcionarios públicos. Instaurar un mecanismo de regulación salarial para todos los poderes y niveles de gobierno, mediante el cual se defina un máximo de compensaciones totales (salarios, prestaciones, bonos) calculado en proporción al sueldo promedio de los mexicanos. Reducir la pensión vitalicia para expresidentes. 4.- Reducir el financiamiento público a los partidos y los gastos de campañas. Reducir la bolsa de financiamiento regular para partidos políticos, y limitar los incrementos en financiamiento en año electoral, así como los topes de campaña. 5.- Reformar los cuerpos policíacos y su relación con la sociedad. Sentar las bases para dignificar el trabajo policial y acercar a los cuerpos de policía a las comunidades; formar elementos policiacos confiables, capacitados en derechos humanos. 6.- Perseguir el delito de desaparición forzada. Regular eficazmente la persecución del delito de desaparición forzada y garantizar que se investiguen y sancionen todas

te él fue el realizador de otras invenciones siempre patentadas bajo nuestros dos nombres.” –¿Sus oficinas emprendieron la fabricación industrial del cinematógrafo? –le preguntó Sadoul. –No –respondió Louis Lumière–. No estábamos equipados para emprender semejante fabricación. Inmediatamente después de la conferencia que se hizo en París, a principios de 1895, para presentar el cinematógrafo y proyectar La salida de los obreros…, el ingeniero Jules Carpentier, que se convierte en uno de mis mejores amigos y seguirá siéndolo hasta la muerte, se ofreció para ser el fabricante de nuestro aparato en sus laboratorios, que poco antes habían lanzado un excelente aparato fotográfico. Hasta entonces tuve que contentarme con

el aparato que habíamos construido en Lyon. –¿Cuántos filmes realizó en 1895? –Debo haber rodado unos cincuenta. En este punto, mis recuerdos no son precisos. Todos estos filmes tenían 17 metros, y su proyección duraba cerca de un minuto. Tal longitud puede parecer singular, pero era impuesta por la capacidad de recepción de las cajas en las que reponía el negativo después de la toma. –¿Rodó otros después de 1895? –Pocos. Delegué ese trabajo a los operadores que había formado. Frémaux concluye, así: “Se deben ver las películas de los Lumière. Son una belleza. Bueno, también hay algunas malas. Pero es muy interesante cómo ruedan aquellos padres del cine mundial.”

las desapariciones; impulsar la creación de un Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y de un Banco Nacional de ADN. 7.- Reducir o eliminar los escaños plurinominales. Impulsar un debate alrededor de las propuestas para reducir el número o suprimir la existencia de la figura de los diputados y senadores plurinominales. 8.- Crear órganos ciudadanos de monitoreo y regulación del servicio público. Crear condiciones institucionales para impulsar la participación ciudadana en todos los poderes y órdenes de gobierno por medio de nuevas instancias de participación más allá de los espacios consultivos.

9.- Fortalecer la calidad y la cobertura de servicios de educación, cultura y salud, con un enfoque de derechos humanos. Ampliar la infraestructura de los servicios de educación y salud; darle prioridad a los programas educativos enfocados en los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes, la igualdad de género, y el respeto de la ley; acrecentar el presupuesto destinado a la cultura. 10.- Aumentar el salario mínimo. Poner en marcha estrategias de desarrollo integral, que ataquen las causas profundas de la desigualdad y, en particular, un incremento al salario mínimo. O Enrique Castro Sánchez

“estarían bastante intrigados y muy interesados con esta nueva invención de lo digital, porque es otra forma de realizar cine”.

Amplia participación civil


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El control antidopaje,

una farsa

BEATRIZ PEREYRA

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a Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) advirtió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que si a más tardar el miércoles 4 no reestructura el marco legal mexicano para adecuarlo al Código Mundial Antidopaje 2015, realizará una declaratoria de “no cumplimiento”, que incluye

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suspender la certificación del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje. El 11 de septiembre pasado, representantes de la WADA estuvieron en la Conade para realizar una revisión del Programa Antidopaje de México, de la cual se derivó un documento en el que la directora de la Oficina Regional de Latinoamérica, María José Pesce Cutri, enumeró las fallas e irregularidades operativas y estratégicas de la dependencia. Entre ellas

se encuentran graves conflictos de interés. Así, concluyó que no se está trabajando de acuerdo con lo que marca el Código Mundial Antidopaje (CMA) y los Estándares Internacionales 2015. Apenas en junio de 2013, tras 12 años de esfuerzos operativos y económicos con recursos públicos, la Conade logró que la WADA reconociera al Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje como uno de los 32 acreditados por esta instancia internacional.

D E PORT E S Un análisis de la Agencia Mundial Antidopaje encontró que en México no sirve prácticamente nada del sistema contra el uso de sustancias prohibidas en el deporte: la Conade es juez y parte, el marco legal ha sido ampliamente rebasado, se presumen programas inexistentes, no se tiene capacidad de monitoreo ni de seguimiento, existe duplicación de controles, las propias autoridades desconocen la terminología correcta y se padece una entera opacidad respecto de las sanciones. Si el gobierno federal no arregla algunos de estos problemas, se puede revertir la certificación del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje. antidopaje dirigidos a 257 deportistas que no es “real”, entre otras irregularidades.

Conflictos de interés

Alejandro Saldívar

Una de las fallas que la WADA enfatizó es que el actual subdirector general de la Conade, Pedro Luis Benítez Vélez, ocupa también el cargo de presidente del Comité Nacional Antidopaje (CNA, considerado por el Código Mundial Antidopaje como la organización nacional antidóping –Onad– de México). Esto significa que, de acuerdo con dicha normativa, el CNA es “la entidad designada por cada país como autoridad principal responsable de la adopción y la puesta en práctica de las normas antidopaje, de la recogida de muestras (de orina o sangre), de la gestión de resultados y de la celebración de las audiencias a nivel nacional”. Lo anterior se traduce en que la Conade es juez y parte. Los mismos em-

pleados de la Conade –y otros más del gobierno federal– forman parte del CNA, es decir: quienes preparan a los deportistas son los mismos que procesan los resultados de los exámenes contra sustancias prohibidas. “Gobernabilidad: La estructura de la Onad está formalmente establecida y consiste en representantes provenientes de diferentes ministerios (Educación Pública/Deporte/Salud). Dicho directorio se ha estado reuniendo solamente en forma ad hoc. Se ha observado que el actual presidente de la Onad está actuando también como subdirector general de la Conade (Pedro Benítez), considerado como viceministro de Deportes, lo que conduce potencialmente a un conflicto de intereses”, se lee en el documento del que tiene copia Proceso. Y añade: “Recomendación para mejora: El pleno de la Onad y los diferen-

Sin embargo, 28 meses después, el Programa Antidopaje de México enfrenta el peligro real de perder la certificación debido al bajo presupuesto asignado, el personal que no cumple a cabalidad con las funciones encomendadas, las federaciones deportivas hacen por su cuenta controles antidopaje paralelos, hay mala planeación en los controles fuera de competencia (en los que, de forma indebida, también participan las federaciones) y existe un grupo registrado para controles

Benjamín Flores

Laboratorio en riesgo. Único avalado

Benítez. Eslabón conflictivo


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Especial

Pesce. México, fuera de norma

De acuerdo con el análisis, el 11 de septiembre pasado los enviados de la WADA pasaron todo el día revisando la forma en que opera el CNA. Esto permitió que la uruguaya María José Pesce Cutri y el canadiense David Julien, gerente de Relaciones entre la Onad mexicana y la Organización Regional Antidopaje, elaboraran un informe fechado el 29 de septiembre.

Presunta normativa Las áreas que Pesce y Julien revisaron, y sobre las cuales emitieron recomendaciones que urgen ser solventadas, son: a) Estructura de la Conade, b) Programa de control y c) Educación. Sobre el primero, la WADA consignó “una serie de recordatorios” para que en México se adecuen cuatro documentos (una ley, una norma y dos regulaciones) para que el Código Mundial Antidopaje pueda instaurarse en forma correcta. Ambos funcionarios de la WADA propusieron pedir a la Presidencia de la República que envíe una iniciativa para hacer cambios fast track a la Ley General de Cultura Física y Deporte, y así ahorrarse la

Germán Canseco

tes comités deberán ser enteramente independientes”. Aunque en el documento de la WADA no se hace referencia al conflicto de interés en el que incurre el doctor Juan Manuel Herrera, él también participa en el CNA (como gerente principal) y es empleado de la Conade desde 2009, cuando fue nombrado director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. En febrero de este año, el entonces dirigente de la Conade, Jesús Mena, lo puso al frente de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal, área que depende de Cultura Física, para que desde ahí operara el fallido programa “Ponte al 100”. Con la llegada de Castillo a la Dirección de la Conade, Herrera fue rescatado para integrar la Unidad de Medicina del Deporte, supuestamente para ofrecer “atención de alta calidad a los atletas”, junto con el médico Fernando Alarcón, según anunció Castillo el 27 de mayo en Twitter. En la misma situación se encuentra Iván Martínez Guerrero, secretario ejecutivo del CNA, quien también ha sido médico del deporte en la Conade y operó Ponte al 100.

Herrera. Demasiadas atribuciones

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discusión en la Cámara de Diputados y el Senado. El coordinador de Comunicación Social de la Conade, Emiliano Montiel, declara que la iniciativa no saldrá de Presidencia, “pues los diputados de la Comisión del Deporte pidieron hacerla y en eso estamos”. Consultado el jueves 29 de octubre, declara que la WADA otorgó “una prórroga”, sin embargo, no supo contestar cuál es la nueva fecha. Se comprometió a conseguir la información, pero hasta el cierre de esta edición no la había proporcionado. De cualquier forma, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados tampoco aparecía ninguna iniciativa para realizar alguno de estos cambios mediante debate. Tampoco entre los pendientes que tiene la Comisión del Deporte que encabeza el priista yucateco Pablo Gamboa, hijo del senador Emilio Gamboa Patrón. Sobre “Recursos de Personal”, la WADA consideró que dos de los integrantes del CNA, el gerente principal y el secretario ejecutivo “acumulan un rol de perfil alto entre la Onad y la estructura del gobierno, dejando tiempo limitado para llevar a cabo programas antidopaje de alta calidad”. La recomendación es que la Conade asegure el financiamiento y contrate al menos un gerente de Controles de tiempo completo. En cuanto al punto b, Programa de Control al Dopaje, la WADA detectó que “algunas federaciones nacionales continúan realizando programas de controles paralelos bajo su propia autoridad”. Para que el CNA cumpla con el Código Mundial Antidopaje, “las federaciones nacionales deberán detener inmediatamente los programas de controles paralelos”. Sobre el Plan de Distribución de Controles (PDC), a los representantes de WADA se les informó que durante 2015 (hasta el 11 de septiembre) se habían recolectado mil 600 muestras en competencia, 3 mil fuera de competencia, 50 controles “dirigidos”, 50 “sin previo aviso”, 100 de “control aleatorio”, 50 “registrado a control aleatorio” y otros 50 a atletas que cuentan con Pasaporte Biológico del Deportista (PBD). “WADA realizó algunas preguntas y manifestó preocupaciones sobre el uso de la terminología, que resalta cierto nivel de confusión y uso equivocado entre los diferentes tipos de controles. (…) No se compartió con la WADA ningún tipo de estrategia sobre cómo se está conduciendo la evaluación del riesgo.” La WADA recomendó que se realicen muchos más controles contra el uso de sustancias prohibidas fuera de competencia, que se hagan sin previo aviso, “y en ningún momento las federaciones nacionales deberán estar involucradas en el proceso”.

DEP O RT E S cuenta con 10 oficiales de control, lo cual es insuficiente. “Estando en conocimiento de su perfil y nivel de experiencia, WADA cuestionó el entrenamiento que han recibido y los métodos utilizados”. Aunado a ello, observó que se tiene “capacidad limitada” para la toma de muestras de sangre. “Inteligencia/Investigaciones: se observa que la Onad aún no ha puesto en funcionamiento un mecanismo de procedimientos sobre cómo manejar la información recibida. Se debe asegurar que la mayoría de los controles estén planificados con base en información que ayude a identificar cuándo los deportistas están más predispuestos a doparse. La Onad mencionó que comenzarán a buscar opciones dentro del Ministerio del Interior (Secretaría de Gobernación) para eventualmente estar ligados a las fuerzas policiales y aduanas.”

El problema de las sanciones México tampoco está cumpliendo en la “gestión de resultados”. La WADA indicó que es “crucial” que las entidades que manejen este rubro sean “independientes” de las federaciones nacionales, del CNA y de la Conade. “El personal de la Onad o integrantes del pleno no deberán conti-

nuar siendo participantes de los Comités Disciplinarios”. Actualmente existen 95 casos de resultados analíticos adversos (RAA) que no han sido resueltos desde 2013. La WADA solicitó al CNA “que informe de manera urgente” sobre los mismos: 64 de esos casos son por clembuterol. “Si los deportistas sabían sobre la carne contaminada, los casos deben ser apropiadamente documentados e informados públicamente”. Recomendaciones: la gestión de resultados deberá centralizarse y las federaciones nacionales no deben estar involucradas. “Esta meta se alcanzará con el nuevo marco legal”. Las nuevas entidades deberán estar compuestas por miembros con experiencia e independientes del CNA, la Conade y las federaciones. “Idealmente, los miembros deberán tener un mandato mínimo de tres años”. Para concluir, la WADA detectó que ni en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 ni en los Centroamericanos de Veracruz 2014, el CNA encabezó los programas antidóping. “Varias federaciones internacionales informaron a la WADA que cuando intentaron realizar un control fuera de competencia o no les contestaban o informaban que no se tenía la capacidad para realizarlos”. O Responsables deportivos. Sin rumbo

Alejandro Saldívar

La WADA, paralelamente, concluyó que es falso que el CNA –representado para este encuentro por Juan Manuel Herrera– tenga un Grupo Registrado para Controles (GRC) de 257 deportistas, a quienes, se afirmó, les realiza frecuentes controles y monitorea a través de un sistema computarizado (ADAMS, Anti-Doping Administration & Management System) para conocer su paradero y asegurarse que estén disponibles en cualquier momento para entregar una muestra. “Después de una detallada discusión sobre el tema, parecería que dichos deportistas no estaban notificados de que forman parte de este grupo, no habían sido entrenados en ADAMS, no estaban otorgando su paradero y la Onad no estaba monitoreando los incumplimientos. Ambas partes llegaron a la conclusión de que no existía en México un GRC ‘real’ de 257 deportistas.” En sus recomendaciones, la WADA propuso que el seguimiento se haga con un grupo pequeño de entre 30 y 50 deportistas, ante la evidencia de que no fue posible hacerlo con un grupo mayor. Otra irregularidad que la WADA detectó es que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje toma en promedio 4 mil muestras de orina al año y sólo


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Castillo pone

en riesgo al basquetbol

RAÚL OCHOA

E

ra en el repechaje, y mucho menos que lo organizara.

La disputa

Octavio Gómez

l director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, se niega a reconocer a la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba), pese a que así lo exige el organismo rector de la disciplina, la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) desde julio pasado. Durante un encuentro durante los Juegos Panamericanos Toronto 2015, el presidente de la Fiba Mundo, Horacio Muratore, extendió al titular de la Conade la petición de avalar expresamente al organismo en cuestión como órgano nacional. Castillo no emitió un pronunciamiento, pero se comprometió a hacerlo a más tardar el 12 de octubre del presente año. Tras cumplirse el lapso, el encargado de la Conade se resiste a aceptar lo que considera una imposición. Sin embargo, este rechazo puede dañar al deporte nacional: La Fiba le envió a Castillo una misiva con un mensaje definitivo: le concede una prórroga hasta el viernes 20 próximo para emitir la validación. “Si el reconocimien-

to oficial (de la Conade) no es concedido a Ademeba a más tardar el 20 de noviembre de 2015, nos veremos obligados a remitir el asunto al Comité Ejecutivo de la Fiba, que puede pronunciarse por una suspensión a Ademeba en la Fiba. Esa decisión vendría en muy mal momento, teniendo en cuenta la calificación al torneo olímpico Fiba 2016 (repechaje), clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro”, advirtió el secretario general del organismo, Patrick Baumann, en la misiva turnada al director de la Conade. Además, México no podría ser la sede del repechaje de 2016. El evento en cuestión repartirá uno de los tres últimos boletos disponibles a las Olimpiadas de Río de Janeiro. “Si no hay un reconocimiento de Conade a Ademeba, México será suspendido”, resume por su parte, en entrevista, el secretario general de la Fiba Américas, Alberto García, quien confirma que la Conade ya solicitó la sede del próximo repechaje, y hasta el momento es el único país en el continente americano que ha presentado su “carta de interés”, tras la declinación de Canadá. Ahora bien, García adelanta que, si no hay aval, la Fiba ni siquiera permitiría que el representativo mexicano participa-

Selección. Avance en peligro

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En el país existen dos organismos en pugna que aspiran al reconocimiento de la Conade. Por un lado está la Federación Mexicana de Baloncesto (FMB), encabezada por Agustín Villa, y por el otro bando aparece la Ademeba, que cuenta con el visto bueno de la Fiba y del Comité Olímpico Mexicano (COM) pero no tiene el apoyo de la Conade. Incluso, en la Conade no se descarta la conformación de una nueva federación de la especialidad, plantean fuentes del organismo, que además aseveran que la Fiba no tiene facultades para imponer condiciones en el deporte nacional. El vocero de la Conade, José Emiliano Montiel, es más mesurado, y reconoce que “puede ser” que se termine por avalar a la Ademeba, siempre y cuando se empaten objetivos y esquemas claros de trabajo. De acuerdo con el responsable de comunicación social de dicha dependencia, la fe-

DEP ORTES /BAS DEP QU O E TRT BO E SL la Conade, Carlos Hermosillo, y del presidente del COM, Felipe El Tibio Muñoz. García informa que visitará México durante esta semana para atender, expresa, asuntos relacionados con la Ademeba, el baloncesto en los estados y la Liga Profesional de Baloncesto, “con la que estamos trabajando de manera conjunta”. Aclara que no tiene prevista ninguna reunión con autoridades de la Conade.

El titular de la Conade, Alfredo Castillo, incumplió con su compromiso de avalar a una federación de basquetbol a más tardar el 12 de octubre pasado. Es un asunto de gran importancia: La Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) ya advirtió que la negación de ese visto bueno pone en riesgo la posibilidad de que México dispute un boleto para los Olímpicos de Río 2016. La Fiba marcó un nuevo plazo, pero la dependencia federal defiende su retraso y condiciona su respuesta. cha límite que incumplió Castillo tiene que ver con “condiciones que hoy son distintas”. Montiel asegura, así, que en la Conade no existe plazo para otorgar o no el visto bueno ante la instancia internacional. “Queremos saber la decisión de la Fiba, si nos va a conceder o no el repechaje mundial…”. Para la Conade, dice, lo más importante son las condiciones que plantee la Fiba, pues de ello dependerá en gran medida su pronunciamiento. La fecha del 20 de noviembre está señalada específicamente porque tres días después la Fiba designará a los países que organizarán el repechaje, y el 24 de ese mes está programado el sorteo del certamen que entregará los últimos pases a los Olímpicos de Río 2016. La carta enviada por la Fiba al responsable de la Conade el 22 de octubre se convirtió también en un reclamo: “Como sabe: aún hay dos federaciones de basquetbol en México, lo que es inaceptable y lamentable”. La misiva, signada por Patrick Baumann, también apura a Castillo: “Como seguimos sin noticias de usted o Ademeba, en ese sentido quisiéramos solicitar-

le amablemente una actualización sobre este asunto, esperando que su reconocimiento oficial pueda concederse con el menor retraso posible”. Pese a todo, Alberto García tiene plena confianza en que al final la Conade otorgará el reconocimiento a la Ademeba, al justificar que se trata de la única asociación que en México está cumpliendo con todos los requisitos de ley. El secretario general de la Fiba Américas refiere estar informado de las decisiones que Castillo ha tomado respecto del desconocimiento de los presidentes de algunas federaciones deportivas nacionales por diversas irregularidades. “Por algo lo está haciendo. Pero el baloncesto mexicano no es objeto de investigación bajo ningún punto de vista, porque la Conade no le ha suministrado dinero desde hace muchos años, así que no es el caso de Ademeba”, afirma García. En este contexto, puntualiza: “Ya ha sido escrito y aclarado varias veces” que la Fiba reconoce a la Ademeba desde el sexenio del panista Felipe Calderón (20062012) a petición del entonces director de

Octavio Gómez

La complejidad En abril pasado Castillo aseveró que el deporte federado es igual de complicado que las autodefensas de Michoacán. El excomisionado para la seguridad de ese estado dijo en el programa dominical La Jugada, de Televisa, que las federaciones deportivas nacionales “deben ser complejas, sí, pero en su momento, y perdón por el paralelismo, también las autodefensas decían que era totalmente impensable el poder sentarse (sic), dialogar y generar consensos para trabajar. Y cuando el diálogo no se logra, existe la ley. En ese sentido, también tendremos que sentarnos para ver la legislación y de qué manera podemos presionar, porque no podemos permitir cotos de poder”. La nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LCCD), en vigor desde el 7 de junio de 2013, contempla la integración del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), adscrito orgánicamente a la Conade, que entre otras atribuciones tendrá la de inspeccionar los procesos electorales de las asociaciones deportivas nacionales. Esta labor antes correspondía a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), una asociación civil excluida de la presente legislación. No obstante, transcuridos ya dos años y cuatro meses de la entrada en vigor de la LCCD, el Coved continúa sin ser instalado por falta de presupuesto, a pesar que el propio Castillo garantizó públicamente en junio pasado que en un lapso no mayor a cuatro meses habría creado este órgano. Con ese compromiso de Castillo también incumplido, el vocero de la Conade expone: “Se está haciendo la solicitud para contar con toda la suficiencia presupuestal que requiere el Coved para su funcionamiento, como son instalaciones y la creación de plazas”. Montiel plantea que el Coved existe jurídicamente, pero no administrativamente. Según el portavoz de la Conade, la creación del Coved sólo depende de que la Cámara de Diputados asigne recursos. –¿Se corre el riesgo de cerrar el presente año sin el Coved? –se le pregunta. –Ahora sí que no es gusto de nosotros, sino que no hay un recurso presupuestado como tal. Por nuestra parte, se está haciendo la tarea de solicitar los recursos para crear el Coved. 2035 / 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

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Acerca de Rius aborda la reforma “dizque heducativa” De José Manuel Carrillo Cortés Señor director:

S

iendo adolescente llegó a mis manos un ejemplar de la Interminable conquista de México, obra de Eduardo del Río García, Rius. El formato me agradó: La sátira, el sarcasmo, los gráficos y la información me involucraron con el libro. A esta obra le sucedieron en mi biblioteca personal desde La Biblia, esa linda tontería, hasta La reforma dizque heducativa. Hay títulos que incluso empleo como parte de la bibliografía que sugiero a mis alumnos, y otros tres o cuatro que no fueron de mi agrado. Sin embargo, no por ello dejaría de releer lo que me ha gustado, además de que espero nuevos libros de él. Rius es Rius y ha trascendido hasta ser parte de la cultura de nuestro país. Llamó mi atención la entrevista que el reportero Roberto Ponce le hizo a Rius en Proceso 2012, donde el caricaturista manifestó: “Yo tuve la oportunidad de vivir en Oaxaca año y medio, hasta hace tres meses, cuando me regresé a Tepoztlán por problemas de la educación, pues mi hija Citlali estudiaba en una prepa del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), un Cedart (Centro de Educación Artística), pero oye, ¡qué pésima la educación!, ¡malísima! Me la tuve que traer de volada para que terminara su prepa acá en Morelos en otra institución escolar.” Tuve la oportunidad de ser profesor de Citlali, hija de Rius, durante un año, en el Cedart Miguel Cabrera, bachillerato general con especialidad en artes y humanidades. Cabe destacar que ella es una adolescente con notables habilidades cognitivas, pero me gustaría hacer unas precisiones a Rius. Yo entendería por “de volada” un periodo que llegaría al término de la primera evaluación, no a un año y medio después –incluso en el cuarto semestre–, cuando su hija causó baja de la institución. Con “pésima educación” me parecería una escuela donde el 100% de la planta docente carece de habilidades pedagógicas y presenta limitaciones en el dominio de los contenidos de sus asignaturas. Creo que Citlali –y Rius– no tuvieron tiempo suficiente para conocer a todos los maestros. Por lo mismo, no me parece justo calificar de “pésima” la práctica docente de compañeros como los profesores Aisha Cruz (historia del arte), Sergio Gutiérrez (artes plásticas), Judith Cruz (teatro), Daniel Cruz (música), Silvia de Ocampo (danza), Alejandra Navarro (tronco común) o Vilma Huerta (Departamento de Psicopedagogía). Una “malísima” escuela sería también aquella que, entre otras prácticas, impidiera a los jóvenes acercarse a la problemática social que vive nuestro país. Pues bien, el pasado 28 de septiembre, de manera respetuosa y lo más artísticamente posible, manifestaron su inconformidad por los hechos de Ayotzinapa. Abordar las

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diversas problemáticas de la nación y del planeta es una constante en nuestro plantel. Por ello, así como no puedo descalificar toda su trayectoria por alguna de sus obras que no hayan sido de mi agrado, estimo que es desatinado medir con la misma vara a toda la comunidad de mi escuela, alumnos incluidos. En este caso específico, me parece igualmente una agresión de parte del autor hacer un comentario sobre la “calidad” de los alumnos hablando de un “bajísimo nivel” en Mis confusiones: memorias desmemoriadas). Puedo comprender que en su visión de malos educadores nos englobe a todos los docentes, mas considero fuera de lugar y ofensivo incluir a nuestros alumnos, algunos de ellos incluso amigos de su hija. No creo que sea función de Rius hablar de alumnos de “bajísimo nivel” si él no ha sido su profesor. Y aunque lo fuera. En la valoración de procesos, obra, trayectoria, no todo puede ser blanco o negro, pues existe una amplia gama de grises. En la oferta educativa oaxaqueña somos una opción, y sabemos que no necesariamente constituimos el modelo. Practicamos la autocrítica y cada inicio de cursos tratamos de realizar los ajustes que nos permitan mejorar, evolucionar como escuela; dicho sea de paso, casi siempre de manera autogestiva ya que pocos, muy pocos son los recursos económicos, académicos, de infraestructura con los que contamos. Ello aunado a una situación laboral incierta y complicada. A mi juicio, las palabras de Rius reflejan más su visión que la de su hija, y por lo mismo lamento que nunca haya visitado a cada profesor para externarnos su preocupación respecto al proceso formativo de Citlali. (Carta resumida.) Atentamente José Manuel Carrillo Cortés Profesor del Centro de Educación Artística (Cedart) Miguel Cabrera de Oaxaca. [email protected]

Sobre Rogelio Naranjo Ureña, “el periodista de la caricatura” Señor director:

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e agradeceré publicar los siguientes comentarios.

1. Dos motivaciones me dan la oportunidad de ocuparme muy a la ligera –con mis pocos recursos de análisis, pero con el asesoramiento nada menos que de Ernest H. Gombrich y su maravilloso ensayo: El arsenal del caricaturista– de la obra periodística del maestro de la caricatura, fundamentalmente política: Rogelio Naranjo Ureña, nacido en Morelia, Michoacán, en 1937. Uno se relaciona con los recuerdos de él que compartí con Julio Scherer Ibarra respecto al Naranjo fiel colaborador en Proceso con su crítica en trazos y dibujos: “Condensación de una idea en una sola imagen”. Y alrededor de sus colaboraciones en El Universal, donde, asimismo, metódica y sistemáticamente pone en jaque a los protagonistas de la vida pública, para exhibirlos con sus abusos del poder del gobierno, en tales formas y figuras cómicas que hacen del chiste en sus caricaturas implícitos dardos que siempre dan en el blanco, para que nosotros, los mirones de ella, los acompañemos con una sonrisa o la abierta carcajada por tal puntería. El otro motivo fue la lectura del ensayo de Juan Villoro Atrás de la raya, aparecido en el diario Reforma (30/X/15), donde hace referencia a la calidad periodística de Naranjo –y así, con sólo el apellido paterno, firma su trabajo. Y donde me enteré del homenaje que le hicieron al autor en la Feria del Libro en Oaxaca –dice Villoro– de más de 17 mil cartones, de los cuales tengo algunos en dos libros de Naranjo, de quien no me pierdo una de sus viñetas y caricaturas políticas. 2. En el baúl de mis recuerdos tengo una tercera motivación. Es la que echó raíces con las conversaciones que tuve con Miguel Ángel Granados Chapa, el columnista que desenvainó la crítica contra los abusos de la élite en el poder gubernamental. Y cuando se ponían a tiro, contra los hombres del poder económico. Y cuya pluma nos fue arrebatada tempranamente. A esas conversaciones asistió Humberto Musacchio, amigo queridísimo de MAGCH, Alejandro Capdevielle y MFB. Del diccionario de Musacchio obtengo datos de Naranjo. Y también del de María del Carmen Ruiz Castañeda con Sergio Márquez Acevedo. Pero, sobre todo, de mis vivencias al mirar las caricaturas de Naranjo. Sus trazos con “el humor (que) nos es arma necesaria en el arsenal del caricaturista o viñetista. Y el que riamos o no dependerá de la gravedad del asunto”, dice Gombrich. Y es que las caricaturas de Naranjo nos generan una mayor indignación ante los hechos reprobables de los políticos a la mexicana. Un cartón del periodista michoacano-mexicano, de grandeza universal, nos permite verlo todo de una sola, atenta y reflexiva mirada. 3. Las oportunas caricaturas de Naranjo son “una ecuación intelectual en una fusión visual (…) que es del dibujante político una de las más eficaces armas de su arsenal”. Muchos recortamos del periódico sus caricaturas y no pocas veces motivan un comentario sobre la marcha cotidiana del diario quehacer, en el ir y venir de nuestras vidas. La caricatura es un periodismo, dice Gombrich, que necesita un maestro; y Naranjo lo es a carta cabal; pues cada cartón es una cátedra de periodismo para enriquecer y alertar a la democracia directa que es la del lector, pasando revista al diario acontecer de los mexicanos, quienes miran-leyendo lo que nos dice Rogelio Naranjo Ureña, con su maestría posible, “como el perfecto maridaje entre el dibujo de viñeta

PALABRA DE LE C T O R y el retratismo de caricatura”. Larga vida al periodista de la caricatura, indispensable en el periodismo mexicano. Atentamente Álvaro Cepeda Neri [email protected]

Celebra la visita a México de Sir Roger Penrose Señor director:

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sta primera semana de noviembre estará en México Sir Roger Penrose, ciertamente la mente más poderosa en lo relacionado con las ciencias físico-matemáticas. Del libro de Penrose La nueva mente del emperador, Martin Gardner dice que su “dedo pequeño” es el niño sentado en la tercera fila ante el emperador desnudo. Dicha obra impacta, deleita e instruye a todos los interesados en la física moderna y en su relación con la filosofía; a los físicos, matemáticos, filósofos y cultivadores de la inteligencia artificial. Por lo que respecta a La naturaleza del espacio y el tiempo. Roger Penrose y Stephen Hawking, Michael Atiiyah asienta en el prefacio: “El debate entre Penrose y Hawking, cristalizado en el libro, fue el acto supremo del programa de seis meses ocurrido en 1994 en el Instituto de Ciencias Matemáticas Isaac Newton de la Universidad de Cambridge. En ese clásico debate

Hawking calificó a Penrose de platónico, lo que el Sir no rehúsa y acepta. Pero ¿cómo no, si La nueva mente del emperador inicia con la famosa alegoría platónica de la caverna?” Las sombras de la mente / Hacia una comprensión científica de la conciencia. El subtítulo expresa con claridad el objetivo: se trata de la búsqueda de una ciencia faltante en la cultura: la ciencia de la conciencia. Se afirma allí que, para que la física aborde algo que es aún extraño a nuestras actuales teorías físicas, el fenómeno de la conciencia, debe darse un profundo cambio. Uno que altere profundamente nuestras convicciones sobre la naturaleza de la realidad. Las sombras de la mente ilumina los espacios donde deben tener lugar esos cambios profundos y nos expresa cuál debe ser nuestra comprensión futura del universo. El propósito de El camino a la realidad / Una guía completa a las leyes del universo es triple. Primero, Penrose hace un recorrido que va desde el mundo invisible atómico hasta el esplendoroso océano de estrellas y galaxias, en la inmensidad del espacio-tiempo. Segundo, nos pone ante los ojos (el Dasein de Heidegger) la extraordinaria belleza de las leyes físicas que establecen relaciones entre los comportamientos físicos y los métodos de las matemáticas. Tercero, aborda la compatibilidad entre la teoría de la relatividad general y la teoría cuántica, la cual debe reforzarse si se desea llegar a la gravedad cuántica, al Big-Bang, los hoyos negros, la teoría M., la entropía, los twistores y la geometría diferencial, temas que son abordados magistralmente. En la conferencia magistral que dictará Roger

Penrose en el Instituto Politécnico Nacional este 3 de noviembre hablará de la Cosmología cíclica conforme (CCC), a la que el propio Penrose (según el modelo cosmológico estándar FLRW) se refiere así: “Todo esto morirá algún día. Las actitudes finales de excitación serán esperar, esperar, esperar, quizá 10 elevado a la 100 años o más (…) ¿Es eso lo último que nuestro universo almacena en sí mismo? Pero después de deprimirme yo mismo con tales pensamientos, un día del verano del 2005 me vino a la mente otro pensamiento: ¿Quiénes serán capaces de remontar a tan poderoso y gigantesco tedio? Ciertamente, no los seres humanos. Los que están libres de tedio son las partículas sin masa, los fotones y los gravitones…”. Así nació la CCC, serie recursiva de aeones y cruces entre las superficies de Tod y las superficies a la frontera infinita. Aeones que no son sino las realizaciones de la geometría conforme. Gracias, Sir Roger Penrose, por aceptar venir a México. Y gracias también a las instituciones y personas que hicieron posible esa visita que honra a todos los mexicanos: Cinvestav, Instituto Politécnico Nacional y su ESFM, así como a los académicos Lupercio y Turrubiates, de dichas instituciones. (Carta resumida.) Atentamente Doctor Rubén Mares Gallardo Escuela Superior de Física y Matemáticas-IPN Avenida Instituto Politécnico Nacional 2049 Dpto. 6. Tel. 55865986 [email protected]


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GradoCeroPress, Revista 2035, Fecha 01 11 15

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