DIRECTOR
Walter Gutiérrez Camacho COMITÉ CONSULTIVO Max Arias Schreiber Pezet ( ) / Carlos Fernández Sessarego / Fernando Vidal Ramírez / Domingo García Belaunde / Jorge Avendaño Valdez / Felipe Osterling Parodi / Fernando de Trazegnies Granda / Carlos Cárdenas Quirós / Jorge Santistevan de Noriega ( ) / Alberto Ruiz-Eldredge ( ) / César A. Mansilla Novella () / Juan Monroy Gálvez / Oswaldo Hundskopf Exebio / Ricardo Beaumont Callirgos / Juan Espinoza Espinoza / Víctor García Toma / Samuel Abad Yupanqui / Luis Castillo Córdova / Alfredo Bullard González / Enrique Varsi Varsi Rospigliosi / Yuri Yuri Vega Mere / Mario Castillo Freyre / Jorge Toyama Miyagusuku / Carlos Ramos Núñez / Eugenia Ariano Deho / Juan Carlos Morón Urbina / Luis Lamas Puccio / Wilfredo Sanguineti Raymond / Aníbal Torres Vásquez / Manuel de la Puente y Lavalle ( ) / Marianella Ledesma Narváez AV. ANGAMOS OESTE Nº 526 - MIRAFLORES / LIMA - PERÚ AV. PERÚ CENTRAL TELEFÓNICA: 710-8900 / TELEFAX: 241-2323 E-mail:
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O M O T
238 SETIEMBRE 2013
ACTUALIDAD LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL CONSTITUCIONAL
primar sobre el criterio de los fiscales de menor jerarquía.
El Frontón: Aspectos competencial y sustantivo de un caso polémicamente jurídico
Hechos de El Frontón no constituyen crímenes de lesa humanidad
OPINIÓN
Sentencia recaída en el Exp. Nº 019692011-PHC/TC (10/09/2013)
Los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en el establecimiento penitenciario El Frontón no constituyen parte de un ataque sistemático por parte del Estado Estado o alguna de sus sus de pendencias, en tanto que se originaron en reacción a un motín de los internos. En consecuencia, no pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y opera sobre ellos la prescripción sin posibilidad de nuevos procesamientos. En este sentido argumentaron los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda quienes, al estimar la demanda de hábeas corpus interpuesta por un procesado por la referida masacre, declararon nulo el auto de apertura de instrucción en el extremo que considera a los hechos materia del proceso penal como crímenes de lesa humanidad pero subsistiendo los demás puntos de la imputación.
Miguel Angel SORIA FUERTE*
M
ás allá de las críticas, el caso El Frontón (STC Exp. N° 01969-2011-PHC/TC) reta a resolver cuestionamientos de carácter competencial y sustantivo. En el primer aspecto, surge la interrogante para definir si el Tribunal Constitucional tiene competencia para calificar como crimen de lesa humanidad o como otra violación grave a los derechos humanos los hechos del caso o si, por el contrario, solo lo debe hacer la justicia ordinaria. En el caso en comentario, el Tribunal Constitucional fue requerido para determinar si los hechos habían prescrito. Esto conlleva al tribunal a dos posibilidades. La primera implica que realice un análisis contextual de los hechos a fin de determinar si se trataba de un delito común por el que habría que aplicar la prescripción, habida cuenta del tiempo transcurrido, o establecer que se trataba de El principal aspecto negauna violación grave a los derechos humanos o de un critivo se encuentra en hamen internacional –ataque generalizado o plan sistemáber ordenado la consecu tico contra la población civil, si se trata de un crimen de ción de las investigaciones lesa humanidad o, conflicto armado, si se trata de un cri1 men de guerra– . La segunda posibilidad está referida a de los hechos del caso sub que el indicado tribunal, sin calificar los hechos, utilice examine y arribar a la conel criterio de inaplicación de la prescripción por evidenclusión del mismo en un cia de obstáculos en la investigación y procesamiento, plazo razonable para descomo lo hizo en los casos relacionados con la masacre pués de ello declarar la de Accomarca2 –exclusión de la prescripción por falta prescripción. de debida diligencia restringida .
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En lo que respecta al aspecto sustantivo, se debe resolver si el caso El Frontón es un crimen de lesa humanidad o un crimen contra los derechos humanos perpetrados fuera de un contexto de ataque generalizado o de un plan sistemático contra la población civil. Si nos encontramos en el primer supuesto, entonces, la consecuencia jurídica es indubitable: El caso El Frontón es un crimen imprescriptible. A contrario sensu, si no es un crimen de lesa humanidad sino un delito *
Defensoría del Pueblo presenta balance a los diez años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
Resolución Nº 015-2013/DP (publicación: 25/08/2013)
Al cumplirse diez años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Profesor de Derechos Humanos y de Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Destrezas Legales en la Facultad de Derecho de la USMP y Presidente del Instituto de Derechos Humanos José Luis Bustamante y Rivero. 1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tribunal tribunal internacional internacional protector protector de derechos humanos, ha calificado determinados hechos como crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Constitucional si bien no es una corte internacional cuenta con la función de tutela de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en tratados de los cuales el Perú es parte, motivo por el cual, no existe impedimento para que en el ejercicio de sus funciones y contando con los elementos de prueba le permitan arribar a una conclusión razonable de que determinados hechos se perpetraron en un contexto de crimen de lesa humanidad o de guerra. Al respecto, puede revisarse el método utilizado por la Corte Interamericana para cali ficar hechos como crímenes internacionales o como violaciones graves a los derechos humanos en su jurisprudencia constante, como por ejemplo: Caso Alonacid Arellano Arellano y otros vs. Chile. Sentencia del 26 de setiembre de 2006. Serie C Nº 154; caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia del 22 de septiembre de 2006. Serie C Nº 153; caso La Cantuta vs. Perú. Pe rú. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. Serie C N° 162; caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia del 24 de febrero de 2011. Serie C Nº 221; caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Sentencia del 4 de setiembre de 2012. Serie C Nº 250. 2 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 00218-2009-PHC/TC. Caso Roberto Contreras. SentenSentencia del 11 de noviembre de 2010, fundamentos 18 y 19; Exp. N° 03693-2008-PHC/TC. Caso Francisco Marcañaupa Osorio. Sentencia del 5 de mayo de 2011, fundamentos 18 al 20.
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A CTUALIDAD CONSTITUCIONAL
contra los derechos humanos perpetrado fuera del contexto de los crímenes de lesa humanidad o de guerra, en consecuencia, el delito no es imprescriptible. No obstante, la prescripción en este supuesto no debe ser declarada por el solo transcurso del tiempo sino que además se debe demostrar que las investigaciones y el juzgamiento se han realizado con la debida diligencia, esto es, explicar que la conducción de las acciones oficiales de investigación y procesamiento han sido desarrollados con respeto de las garantías del debido proceso y si han constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, a l a verdad y a la reparación de las víctimas y de sus familiares (exclusión de la prescripción por falta de debida diligencia)3. Lamentablemente, existe en nuestro medio la posición bastante enraizada de que toda violación grave a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, la tortura y la desaparición forzada, que no constituye crimen de lesa humanidad o de guerra, sea considerada imprescriptible. Ello se ha producido a partir de una lectura aislada e inconsistente del caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú)4 en el que la Corte Interamericana es tableció que “son inadmisibles (…) las disposiciones disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” 5. Sin embargo, en dicho caso no se establece la imprescriptibilidad de las violaciones graves a los derechos humanos, sino la exclusión de la prescripción cuando los Estados no demuestren que han investigado y juzgado los hechos violatorios con la debida diligencia. Este criterio ha sido reafirmado en una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Bueno Alves vs. Argentina , en el que el citado ci tado tribunal internacional en un caso de tortura que no constituyó crimen de lesa humanidad ni de guerra, concluyó lo siguiente: “Las autoridades judiciales, cuando analicen la posible prescripción de un delito de tortura, dada su gravedad, deben declarar dicha prescripción, cuando fuere conducente, solo después de que se haya efectuado una investigación con debida dili gencia. (…) por regla general, el instituto procesal de la prescripción debe aplicarse cuando corresponda, salvo que, como en el presente caso, se compruebe una clara falta de debida diligencia en la investigación y, en consecuencia, una negación al acceso a la justicia por parte de una víctima de tortura” 6. No puede desconocerse que la sentencia en comentario tiene aspectos positivos, tales como el hecho de que se haya fundado la sentencia ponderando los derechos de l os imputados y de los familiares de las víctimas del caso El Frontón al amparo del marco normativo constitucional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional, así como, haber tratado el caso como un caso de derechos humanos y no como uno meramente vinculado a delitos comunes. El principal aspecto negativo se encuentra en haber ordenado la consecución de las investigaciones de los hechos del caso sub examine y arribar a la conclusión del mismo en un plazo razonable para después de ello declarar la prescripción. Es más dramático todavía el hecho de que impida un eventual enjuiciamiento de otros presuntos responsables que puedan verse implicados en el trámite de las investigaciones cerrando posibilidades de acceso a la justicia. 3
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Cfr. SORIA FUERTE, FUERTE, Miguel Angel. “La exclusión de de la prescripción y el examen de la debida diligencia en los casos de violaciones graves a los derechos humanos. Perspectiva de la corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: Gaceta Constitucional . Tomo 16, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2009, p. 67. Al respecto, ver: Voto singular del magistrado Eto Cruz; en: Tribunal Tribunal Constitucional del Perú. Exp. Nº 01969-2011-PHC/TC. Caso Humberto Bocanegra Chávez a favor de José Santiago Bryson de la Barra y otros. Sentencia del 14 de junio de 2013. En ese mismo sentido, ver: PEDRAZA, Wilfredo. “La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y otras violaciones de derechos humanos”; en: MACEDO, Francisco (Coordinador) (2007) Los caminos de la justicia penal y los derechos humanos . Lima, PUCP, p. 147. Corte IDH. Caso Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros otros vs. Perú). Sentencia de fondo del 14 de marzo de 2001. Serie C N° 75, párr. 41. Corte IDH. Caso Bueno Alves vs. Argentina. Resolución Resolución de 5 de julio de 2011 sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, párr. 45.
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(CVR), la Defensoría del Pueblo ha emitido el Informe Defensorial Nº 162, denominad denominadoo “A diez años de verdad, justicia y reparación: avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso”, en el cual analiza el cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por la CVR. En ese sentido, concluye que si bien se ha avanzado hacia la tan ansiada reconciliación persisten algunas de las dificultades advertidas en anteriores informes defensoriales sobre la materia; en atención a ello emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los poderes públicos en el sentido de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
No corresponde dilucidar conflictos territoriales territoria les en proceso competencial
Resolución recaída en el Exp. Nº 000042013-PCC/TC (06/09/2013)
Al reiterar que no es objeto del proceso competencial resolver controversias de delimitación territorial, nuevamente el Colegiado Constitucional declara improcedente una demanda de conflicto de competencias interpuesta por la Munici palidad de San Isidro referida a la disputa de larga data que mantiene con la Municipalid Municipalidad ad de Magdalena. Por consiguiente, exhorta a la entidad pública demandante a no volver a acudir a la vía constitucional para solicitar la determinación de sus límites territoriales e invoca a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que dé adecuada tramitación al procedimiento de determinación de límites por imprecisión en áreas urbanas iniciado.
