El Diplo Dic 13

JOSÉ NATANSON NATANSON MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARCELO  MARCELO SAIN MAURO FEDERICO PABLO STEFANONI STEFANONI RAFAEL  RAFAEL CORREA IGNACIO RAMONET RAMONET PIERRE  PIERRE BOURDIEU el dipló, una voz clara en medio del ruido

diciembre 2013

Capital Intelectual S.A. Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, Argentina Publicación mensual Año XV, Nº 174 Precio del ejemplar: $25 En Uruguay: 100 pesos

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Ante la complicidad de las fuerzas de seguridad y el desconcierto de la política, el narcotráfico avanza en Argentina.

EL DESAFÍO NARCO Dossier

Reuters

Irán: distensión en Medio Oriente por Serge Halimi Página 40

La decisión de Irán de interrumpir su programa de enriquecimiento de uranio y el acercamiento con Estados Unidos enfrentan la resistencia de una coalición poderosa. Pero, aunque frágil, el acuerdo podría contribuir a solucionar las crisis de Siria y Afganistán.

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Edición 174 | diciembre 2013

Una nueva fórm fórmula por José Natanson

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uando Raúl Alfonsín le impuso a Carlos Menem la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional de 1994, tenía en mente dos cosas: por un lado, atenuar el poder del presidente mediante un primer ministro al que se le asignó nada menos que la tarea de “ejercer la administración del país”. Por otro, crear un espacio institucional que le permitiera a un gobierno débil ampliar su base de sustentación en momentos de crisis. Formado en plena democracia de partidos e inspirado en los acuerdos de gobernabilidad al estilo Moncloa, Alfonsín pensaba en un jefe de Gabinete peronista para un gobierno radical tam baleant e, o en uno radical para un peronista en problemas, y de hecho se lo propuso sin éxito a Fernando de la Rúa en los meses previos a la crisis del 2001, sugiriéndole que le ofreciera el cargo a Eduardo Duhalde o Carlos Reutemann. Hasta Alfonsín escribe derecho con renglones torcidos. Si se mira bien, expandir la bas e del oficialismo fue justamente el objetivo de Cristina Kirchner con la designación de Jorge Capitanich como nuevo jefe de Gabinete, decisión que implica toda una novedad política. En efecto, de los doce ministros coordinadores que se sucedieron desde 1994 hasta hoy sólo unos pocos, c omo Eduardo Bauzá durante el menemismo, Chrystian Colombo en la Alianza y Alberto Fernández en el primer kirchnerismo, supieron acumular poder  y d ec isi one s. Pero se tra tab a s iem pre de un poder por delegación, que se evaporaba apenas aparecían las primeras diferencias con el presidente. En general, los jefes de Gabinete actuaron más como secretarios de las decisiones presidenciales que como verdaderos primus inter pares: ninguno utilizó la prerrogati va constitu cional de convo car a un acuerdo de ministros, ninguno participó espontáneamente de las sesiones del Cong reso ni se ocupó de redactar el presupuesto, que siguió a cargo del Ministerio de Economía. La llegada de Capitanich, un dirigente ampliamente legitimado en su distrito, de buen diálogo con el resto de los gobernadores peronistas y con experiencia nacional, implica la oportunidad, por primera vez desde el 94, de contar con un jefe de Gabinete fuerte. Lo que a su vez supone el reconocimiento por parte de la presidenta de que la situación política ha cambiado y que la erosión de legitimidad evidenciada en la derrota de octub re exigía un cambio: Juan Manuel Abal Medina podía ser  buen jefe de Gabinete para el 54 por ciento, pero Capitanich es más adecuado para el 33.  Así están las cosas: convertido nuevam ente en una minoría intensa, el kirchnerismo busca reinventarse apelando a otros sectores, finalmente consciente de que la hegemonía se construye siempre con los otros.

Nación y provincias

 Aunq ue su pode r se h a nat ural izad o y hoy e s un dato más del paisaje político, el peso adquirido por los gobernadores es una de las grandes novedades de la recuperación de la democracia. La explicación es múltiple. En primer lugar, la transferencia de la educación y la salud del Estado nacional a las provincias implementada en los 90, aunque presionó sob re sus presupuestos, presupuestos, les garantizó a los gobernadores el manejo de resortes de gestión que, bi en usados, pueden ser la base de carreras exitosas. A ello hay que agregar la crucial decisión de los constituyentes del 94 de resolver dos siglos de controversias estableciendo el dominio originario de los recursos naturales en las provincias, clave para el surgimiento de líderes como José Luis Gioja o el mismo Néstor Kirchner. Y por último, y ya desde un punto de vista más político, recordemos las 33 reformas en las constituciones provinciales impulsadas en los últimos 20 años, casi todas ellas tendientes a habilitar la reelección, en el marco de un proceso de territorialización de los grandes partidos, que ya no funcionan como unidades sino como confederaciones de liderazgos sub-nacionales (1). Como resultado de estos cambios, desde 1987, cuando se realizó la primera ronda de reelecciones, hasta hoy, sólo 7 de los 58 gob ernadores que aspiraron a un segundo mandato no lo consiguieron. Todos Todos los presidentes –salvo Alfonsín, por motivos obvios, y Cristina, también por razones evidentes– fueron antes gobernadores. Maticemos brevemente brevemente antes de cerrar el razonamiento. En la última década, la tendencia hacia una mayor autonomía de los jefes provinciales se vio atenuada por un proceso de concentración fiscal en el Estado nacional, resultado a su vez del mayor peso adquirido por impuestos no coparticipables como las retenciones, así como por una práctica política orientada a centralizar las decisiones en el presidente (práctica que no es un simple in vento d e republ icani stas in digna dos sin o una realidad cristalizada en la ley que permite al  jefe de Gabine te reasignar parti das sin necesidad de consultar al Congreso). Pero el poder, lo señalamos en otras oportunidades, no es un absoluto sino el resultado –cambiante, precario, incierto– de un vínculo. Como el amor o la moneda, es una relación. Y en ese sentido la inclusión de Capitanich en tanto forma de tender puentes hacia los gobernadores supone el reconocimiento de que, como sucedió en el último tramo del menemismo, cuando se cerraron las chances de re-reelección, durante buena parte de la gestión de De la Rúa y toda la de Duhalde, el gobierno nacional no puede seguir ejerciendo el poder del modo que lo venía haciendo hasta

ahora, y que está obligado a compartirlo. Hasta qué punto será posible hacerlo sin resignar sus grandes objetivos dependerá de muchas cosas, pero sobre todo de la capacidad para ordenar la economía. Coordinación

No sólo la coyuntura política, también la económica ha cambiado. Hasta un momento difícil de determinar pero que podríamos situar a mediados del 2007, Argentina podía exhibir un cuadro favorable de tipo de cambio alto, superávits gemelos e inflación moderada. Esta primera etapa de “crecimiento fácil” dio paso a un período más turbulento en donde se fueron acumulando una serie de tensiones que hoy se han hecho evidentes: deterioro fiscal, atraso del tipo de cambio (incluso del tipo de cambio multilateral), multilateral), caída del superávit de cuenta corriente, distorsión de precios relativos, brecha cambiaria y pérdida de reservas. El desendeudamiento, en cambio, se mantiene. Las causas habrá que buscarlas tanto en las mutaciones del contexto internaci onal disparadas por la crisis global como en los derrapes de la política económica, cuyo emblema es por supuesto Guillermo Moreno, el Polémico. Pero no siempre, pese a Moreno, los problemas son resultado de la distorsión o el voluntarismo: la adecuada respuesta anticíclica a la crisis del 2008, por ejemplo, tuvo como contracara una disminución del superávit fiscal, del mismo modo que la decisión estratégica de aumentar el salario mínimo y las prestaciones sociales (jubilaciones y Asignación Universal) por encima de los precios presionó sobre la expansión monetaria. Más allá de las intenciones, lo cierto es que hoy la economía atraviesa un momento delicado, en el cual el ritmo de crecimiento no sólo ha disminuido sino que tiende a incremen tar más las importaciones que las exportaciones exportaciones y no crea empleos como en el pasado, mientras que las reservas disminuyen a razón de 150 millones de dólares por mes y las expectativas inflacionarias se mantienen altas. Teniendo en cuenta este contexto, la decisión de unificar la conducción económica en una sola cabeza apunta a lograr una ma yor c oord ina ció n de l as d ife ren tes polí tic as, condición esencial para destrabar el nudo cambiario, realinear las variables y, sobre todo, contener una inflación que, luego de cinco años, se ha incorporado inercialmente inercialmente como un dato más del funcionamiento de la economía: en el último lustro, en efe cto, tuvimos inflación con alto (como en 2010) y bajo (como el año pasado) crecimiento, con debilidad política (tras la derrota del 2009) y fortaleza (tras la victoria del 2011), con crisis internacional (como ahora) o sin ella (c omo antes del 2008). Moderarla exige la corrección de as-

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Staff  Direc Director: tor: José Natanson Redac Redacción ción Carlos Alfieri (editor) Pablo Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz Luciana Rabinovich Luciana Garbarino Secre Secreta taria ria Patri Patricia cia Orfi Orfila secre secreta taria@el ria@eldi diplo.org plo.org Correc Corrección ción Alfredo Cortés Diagramación Cristina Melo

pectos importantes de la macroeconomía y una normalización del frente externo que permita recuperar di vis as e inv ers ion es: la r eso luc ión de una serie de demandas pendientes en el CIADI, el acuerdo con Repsol por la estatización de YPF y las negociaciones con el Club de París parecen orientarse en este sentido.

Editorial

Cola Colabo bora rado dores res loca locales les Natalia Aruguete Julián Chappa Sebastián Cutrona Mauro Federico Federico Lorenz Nicolás Olszevicki Sebastián Ortega Martín Rodríguez Marcelo Fabián Sain Josefina Sartora Pablo Stefanoni Ximena Tordini Marta Vassallo

Final

Se ha hablado mucho en estos días, a partir de la designación de Capitanich y Kicillof, del peso de los ministros y el poder político del presidente. Aunque válido hasta cierto punto, el razonamiento a veces resulta un poco exagerado: en primer lugar, porque no es cierto que, como se sostiene a menudo, antes del kirchnerismo la economía dominaba absolutamente a la política. El neoliberalismo de los 90, por citar el ejemplo más transitado, no fue un simple programa económico sino un proyecto político, y fue, como en todos los países latinoamericanos salvo Chile, un neoliberalismo de mayorías, un auténtico movimiento popular y democ rático, ejecutado tanto por líderes políticos como por tecnócratas. El hecho de que los grandes protagonistas de la economía de los últimos veinte años, Domingo Cavallo y Roberto Lavagna, se hayan animado a desplegar sus ambiciones políticas mediante sus respectivas candidaturas presidenciales dice algo acerca de la comple jidad de la relación entre ambas dimens iones. Por eso quizás el enfoque más adecuado para analizar la situación actua l no pase por la dialéctica abstracta economía/política sino por la capacidad del gobierno de ordenar la economía sin afectar los logros distributivos del modelo (que son, claro, sus prioridades políticas). Así, si e l principal éxito del primer kirchnerismo fue recuperar el crecimiento con inclusión social, el del segundo kirchnerismo fue preservar, y en algunos casos profun dizar, las conquistas sociales a pesar de la inflación. Pero esa fórmula –inflación + redistribución– se podría estar agotando, no porque ya no sea macroeconómicamente sostenible, pues seguramente podría estirarse un par de años más, sino porque, como demostraron las últimas elecciones, la sociedad ya no la tolera. Elaborar una nueva es el principal desafío del nuevo equipo de gobierno. g

Traduc Traducto tores res Viviana Ackerman Julia Bucci Teresa Garufi Aldo Giacometti Florencia Giménez Zapiola Patricia Minarrieta Gustavo Recalde Mariana Saúl Gabriela Villalba Carlos Alberto Zito Diseño de maqueta Javier Vera Ocampo Producción y circulación Norberto Natale Publicidad Maia Sona [email protected] www.el www.eldi diplo.org plo.org Fotolitos e impresión: Worldcolor S.A. Ruta 8, Km. 60, Calles 8 y 3, Parque Industrial Pilar. Le Monde diplomatique es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector:  Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada®. Registro de la propiedad intelectual Nº 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro, Sánchez y Cía. S.A. Moreno 794, piso 9. Tel. 4342 4031. CF. Argentina. Distribución en Interior y Exterior:  D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina.

La circulación de Le Monde diplomatique,

edición Cono Sur, del mes de noviembre de 2013 fue de 25.700 ejemplares.

Capital Intelectual S.A. Le Monde diplomatique (París)

1.  El

estudio pionero sobre el tema es de Steven Levitsky,  La

transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1989 , Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.

© Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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“Son todo narco” por Martín Rodríguez*

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a droga, el SIDA y el narcotráfico fueron palabras del ingreso de la sociedad  y el Estado Estado argentinos argentinos a la modernidad. Irrumpieron en el paisaje de los años 80 como formas de un nuevo terror, un terror bactereológico. A la vez, el “consumo de drogas” y el “contagio del SIDA” desenvolvían dos imágenes de las nuevas superficies de placer: los riesgos de ser demasiado libres con el cuerpo. La primavera de los 80 fue como unos breves y dorados sixties: un mundo de drogas, libertades recuperadas, sensibilidades sexuales abriéndose al mundo. Enrique Symns, Luca Prodan, Néstor Perlongher, Federico Moura, Divina Gloria, Indio Solari, etc. La vuelta democrática recuperó a las juventudes para la política pero con las nubes radiactivas de un “nuevo mundo” flotando. Irrumpían así discursos de disciplina sobre el cuerpo, más científicos que morales, y se abría una agenda nueva, secular, cular, generacional. Los militantes de los años 70 no eran putos ni faloperos. Así lo habían cantado. En cambio, los jóvenes de los 80 podían estar politizados pero también ser putos y faloperos. La “concientización” era la agenda que inauguraba la presencia de las secretarías de juventud del país: el Estado reparte preservativos. Pero, ¿quién trae, produce y distribuye la droga? Más allá de las leyendas de los dealers, las cocinas de paco de los barrios, lo que pesa es la sombra policial-delictiva. La política, el Estado, las instituciones policiales, la justicia, en todos es posible hallar redes del negocio. La palabra narco imantó prejuicios sociales, puso bajo su ala un racimo de racismos: “el riesgo de ser Colombia”, “los inmigrantes sospechosos”, “los punteros”, “el genocidio del paco”. Ningún político soportó y soporta tanto esa adjetivación como Eduardo Duhalde. Dos ilustrados, Elisa Carrió y Luis D’Elía, se e nsañaron en numerosas oportunidades, lo llamaron: el jefe de la droga en Argentina. Desde ahí que el sentido común instaló para siempre la sombra narcotraficante sobre la política. En 1994, en una charla en un colegio c olegio porteño de clase media, Alberto Lestelle, paladín menemista contra la droga, de traje blanco, enfrentaba a una comunidad de estudiantes. Y uno, porque siempre está el gracioso jugado en llamar la atención femenina, le pregunta a Lestelle si era verdad eso que se decía sobre Duhalde: “¿Es narcotraficante?”. Su cometido: las chicas suspiraron por la audacia del púber. Pero Lestelle abrió la sonrisa como un  bandoneón.  bandoneón. Como el que sonríe hasta que le brilla el diente de oro. Esperaba la pregunta. Tenía una respuesta efectista entre labios. Dijo: “Chicos, en la prensa salió que un hijo de Duhalde administra drogas. ¿Saben qué edad tiene? Ocho años”. Duhalde, para el imaginario porteño y de un modo definitivo, era nuestro Pablo Escobar, en el corazón de las tinieblas de la política. g *Periodista. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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Dossier

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Argentina: el desafío narco

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el poder político delega en la policía el control control de la inseguridad, insegu ridad, y la policía regula a las la s organizaciones ilegales. Los recientes escándalos de narco-policías en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba demuestran que este sistema está crujiendo.

La expansión narco pone en jaque a la regulación policial del crimen

Lass grieta La grietass del del dob doble pacto por Marcelo Fabián Sain*

M.A.f.I.A

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n agosto de 2011, dos meses antes de las elecciones presidenciales, en el marco de un ajuste de cuentas entre grupos narcos de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, se produjo el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años. La policía bonaerense, bajo la supervisión directa de sus jefes superiores y de las propias autoridades ministeriales, construyó una presunta banda criminal a la que le imputó el hecho. Lo hizo utilizando testigos de identidad reservada vinculados al mundillo criminal de baja estofa o que eran informantes informantes de la propia policía. Ello fue posible porque el fiscal dejó en manos policiales la conducción de la investigación y consintió, junto al juez de garantías, el armado de la causa. El objetivo era ocultar las extendidas relaciones construidas desde hace más de una década entre la policía y los grupos narco que operan en San MarMartín. En septiembre de 2012, la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez, creada en el

Senado provincial, confirmó la vinculación del crimen con el narcotráfico. Los legisladores no se anduvieron con eufemismos: “Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus vinculaciones con el narcotráfico y referenciados de una u otra manera en la causa, son narco-policí as que cobran a las bandas locales para que operen libremente”. En octubre de 2012, el jefe de la Policía de Santa Fe, comisario general Hugo Tognoli, fue detenido sospechado de proteger a grupos narco que operaban desde hacía mucho tiempo en las grandes ciudades de la provincia. A partir de entonces, fueron detenidos numerosos jefes y oficiales acusados de formar parte de emprendimientos narco o de tener algún tipo de vínculo con ellos. En junio de este año la justicia federal imputó a Tognoli, junto a otros policías, como partícipe necesario del comercio de estupefacientes agravado por su rol de funcionario público. En septiembre pasado, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, incluyendo al jefe, fueron detenidos. En el marco de la causa judicial y a través de los sucesivos testimo-

nios que se conocieron y de los eventos que ocurrieron desde entonces –entre ellos los supuestos asesinatos de dos policías que fueron presentados presentados como suicidios–, se supo que, desde mucho tiempo antes, los policías cordobeses, de estrechísima relación con la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense, protegían narcos y regulaban el negocio a cambio de dinero y drogas. Los tres casos confirman la idea central de este artículo: el Estado, a través de las prácticas i legales de sectores activos y poderosos de sus policías, no sólo forma parte del narcotráfico, sino que ha sido el factor determinante de su expansión y configuración actual. El tema es tanto más grave cuanto que la clase política, sea de derecha, centro o izquierda, lo rehúye, y para ello apela a gambetas discursivas: algunos dirigentes han señalado que los poli-narcos son funcionarios deshonestos institucionalmente aislados que no comprometen al resto de la organización ni, muchos menos, a sus responsables políticos. Otros indicaron que los policías implicados son víctimas inofensivas de operaciones mediáticas de la oposición. Unos pocos dan cuenta del pro-

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blema pero no comprenden su envergadura institucional. La mayoría guarda un activo silencio. Lo que se intenta ocultar es que el involucramiento policial en el narcotráfico es la consecuencia inevitable de una modalidad de gestión del crimen inscrita en un doble pacto de gobernabilidad de la seguridad pública que se imp uso en Argentina desde los años 80. Este doble pacto implicó, por un lado, la delegación del gobierno de la seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las cúpulas policiales (pacto político- policial). Y, por otro lado, el control de los delitos, y en especial de la criminalidad compleja, por parte de la policía a través de su regulación y su participación (pacto policial-criminal). Este doble pacto está en la base del problema actual.

El doble pacto Desde la recuperación de la democracia en 1983, la política argentina se desentendió de la seguridad pública. Se impuso, casi unánimemente, el desgobierno político de la seguridad y, junto a ello, la go bernabilidad policial de la seguridad, lo que se tradujo en la delegación de la gestió n de la seguridad a las cúpulas de las instituciones policiales y en la conducción autónoma de éstas. Esta delegación se explica por dos razones. Por un lado, la consideración en el mundo político de que las instituciones policiales, aun conservando las mismas bases funcionales, orgánicas y doctrinarias que se establecieron cuando fueron creadas hace medio siglo, y aun reproduciendo casi las mismas prácticas represivas y corruptivas del pasado, constituyen el principal instrumento institucional para el control del crimen y la gestión de la conflictividad social.  Y, por otro lado, la tradicional apatía e incapacidad con que los sucesivos gobiernos abordaron los asuntos de la seguridad pública, y f undamentalmente las cuestiones policiales y las problemáticas criminales. En los 90, cuando el tema se convirtió en un asunto de relevancia para la opinión pública, el pacto político-policial no sólo se mantuvo indemne sino que resultó funcional a la lógica por medio de la cual los gobernantes intentaron surfear los problemas derivados de la inseguridad. Mientras las autoridades gubernamentales desplegaban discursos y acciones tendientes a atenuar los efectos políticos y sociales de la ola de inseguridad, sobre todo en tiempos de campaña electoral, las policías abordaban la problemática procurando impedir que dichas cuestiones originaran escándalos o dieran lugar a situaciones de crisis institucional. En suma, se trataba menos de enfrentar el delito que de evitar sus efectos políticos desestabilizantes. En el contexto de este pacto político-policial, los sucesivos gobiernos consintieron –casi siempre de manera tácita pero también a veces de forma manifiesta– la regulación policial del crimen. Lo importante no era la ilegalidad de la actuación policial y, en ese marco, la reiteración sistemática de prácticas abusivas y corrupciones, sino la ausencia de problemas que enturbiaran la gestión oficial o la situación política. Todos callaron –y, por ende, avalaron–que el Estado controlara el crimen mediante el crimen. Dicho de otro modo: la política argentina acordó que los asuntos criminales son de incumbencia policial y que su control bien puede implicar la participación de la policía en su regulación ilegal y la estructuración de un dispositivo estatal paralelo, siempre que ello no dé lugar a coyunturas críticas que pongan en tela de juicio la legitimidad y estabilidad de los gobernantes o de algunos de sus ministros o secretarios de Estado. En este sentido, la policía gestionó las problemáticas delictivas más complejas y de mayor rentabilidad interviniendo en ellas (1). Mercados ilegales y p olicías reguladores La regulación policial ha sido la condic ión fundamental para la formación y expansión de los mercados ilegales de bienes y servicios más diversificados y rentables: el de las drogas ilegales; el de los autopartes y repuestos obtenidos del desguace de automóviles robados, y el de los servicios sexuales provistos a través de la explotación de personas.

Durante el período constitutivo, los grupos criminales se movieron buscando la consolidación del emprendimiento delictivo y la estabilización de las relaciones con la policía, así como con los clientes y otros actores económicos clave. Peter Lupsha (2) denomina esta fase como “etapa predatoria”: los actores delictivos procuran el dominio exclusivo sobre un área, vecindario o territorio que resulta fundamental para el desarrollo de sus actividades o para la expansión de las mismas, garantizando dicho dominio mediante el uso de la fuerza o la violencia “defensiva” a los fines de “eliminar enemigos y crear un monopolio sobre el uso ilícito de la fuerza”, siempre persiguiendo la obtención de “recompensa y satisfacción inmediatas” más que detrás de “planes u ob jetivos a largo plazo”. En esta fase inicial, el grupo criminal mantiene una relación de subordinación a los actores políticos y económicos brindándoles fondos o sirviendo para eliminar o extorsionar a grupos disidentes o enemigos de éstos. “La pandilla criminal –afirma Lupsha– es sirviente de los sectores políticos y económicos y puede ser fácilmente disciplinada por éstos o sus agencias de ley y orden.” En el caso argentino, el actor clave que garantizó la estabilidad del ambiente, la clandestinidad del negocio y los medios para consolidarlo como emprendimiento económico fue la policía. El amparo y la protección de los “representantes de la ley ” a los grupos criminales han sido, en este nivel inicial, la principal condición de desarrollo de los mismos. Por cierto, sin la protección policial en Argentina habría, sin dudas, narcotráfico, robo de autos o trata de personas. Pero el significativo aumento de estas modalidades criminales –y, en particular, la rápida estructuración de los mercados y las economías ilícitas vinculados a ellas– ha encontrado en la regulación policial un enorme impulso. Y ello fue así porque, hasta ahora, la envergadura del negocio criminal no ha hecho posible la autonomización delictiva respecto de la ordenación policial. Como destaca Matías Dewey, el éxito de los grupos criminales no se fundó apenas “en su destreza o capacidad logística sino en que han logrado relacionarse con ciertos sectores de un socio muy exclusivo: el Estado”. La protección policial constituyó el eje de la articulación entre agentes estatales y miembros de organizaciones criminales. Como explica Dewey, nadie la necesita más que un criminal y nadie tiene más posibilidades de otorgarla que un agente estatal (3). En suma, la policía ha sido la verdadera “autoridad de aplicación” de las reglas de juego del negocio criminal. Y ello sólo ha sido pos ible porque, aun con deficiencias e imperfecciones, logró mantener el control efectivo de los territorios y de sus poblaciones. Esta regulación supone una modalidad particular de protección estatal al emprendimiento delictivo. A diferencia del patrocinio efectuado por los grupos mafiosos italianos o rusos, que no ha implicado ninguna forma de asociación con el Estado, en Argentina la regulación policial del crimen apuntó básicamente a evitar que las reglas formales sean efectivas, es decir, suspender la aplicación de la ley y crear espacios con una “regulación interna sui generis” que resulten pro picios a los emprendimientos criminales (4). Pero esta falta de acción no equivale a no hacer nada. Al contrario, implica una serie de operaciones activas que no se limitan a crear zonas liberadas, sino que también conllevan la detención y la liberación de personas y la protección de informantes, entre otras cosas. Así, la venta de protección va más allá de ciertas modalidades de corrupción tendientes solamente a obtener ganancias o generar fondos para el autofinanciamiento ilegal de un sector de la policía. Se trata, en realidad, de una transacción ilegal estructurante del propio negocio criminal. En otras palabras, un arreglo derivado del manejo por parte de la policía de un conjunto de dispositivos y destrezas informales mediante las cuales ha sido capaz de brindar estabilidad y seguridad a la trama criminal y, con ello, garantizarle una relativa previsibilidad. La policía, explica Dewey, construyó “un ambiente relativamente seguro y predecible para ciertos intercambios económicos”, lo que la convirtió en parte de la empresa criminal.

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Todo esto con dos objetivos fundamentales. Por un lado, obtener fondos. Y, por otro lado, ejercer un cierto control del delito mediante su regulación efectiva. En el marco del pacto político-policial, el compromiso político de la policí a estuvo orientado a garantizar una gobernabilidad de la seguridad pública y gestionar las problemáticas criminales sin notoriedad social ni escandalización. De este modo, la tutela policial a los embrionarios grupos narco fue la condición necesaria para la expansión y estabilización del mercado ilegal de drogas, en la medida en que permitió tanto el dominio territorial como la clandestinidad que los hicieron políticamente viables. Pero todo cambia.

La policía garantizó la estabilidad del ambiente para consolidar al narco como emprendimiento económico.

Las grietas La posición dominante de la policía ante los grupos criminales operó como la principal condición de reproducción del crimen. En Argentina, a diferencia de otros países de la región, la envergadura y diversificación de los emprendimientos criminales aún es acotada desde el punto de vista de su densidad económica así como también en su incidencia sobre sectores y actividades legales. Hasta ahora, las actividades del narcotráfico –y de las otras manifestaciones criminales organizadas– eran llevadas a cabo por grupos que no poseían autonomí a respecto del Estado y, en particular, de las fuerzas de seguridad que los han protegido, favorecido, moldeado y alentado. Estos grupos no han detentado una capacidad de cooptación o control directo de porciones del sistema institucional de persecución penal –fiscales, jueces y policías– ni de las estructuras de gobierno encargadas de la seguridad pública. Tampoco cuentan con la capacidad para llevar a cabo estrategias de contestación armada contra el Estado. Hasta ahora, dependían del Estado, de sus dispositivos paralelos, de la policía. El doble pacto era eficaz. Pero ya se ven grietas. El caso Candela, así como las detenciones de narco-poli cías en Santa Fe y Córdoba, son una manifestación elocuente. Y ello porque implicaron el quiebre de la capacidad policial de regulación eficaz del crimen y, por ende, el fin de la invisibilidad política y social del entramado policialcriminal y del involucramiento político más o menos directo en esa modalidad de gobernabilidad de la seguridad. Estos casos revelan el paulatino desfasaje entre ciertos emprendimientos del narcotráfico y el sistema policial de regulación. La causa hay que buscarla en la transformación del narcotráfico en nuestro país. En la última década, el crecimiento sostenido del consumo de drogas ilegales, en particular de cocaína, en las grandes ciudades argentinas favoreció la formación paulatina de un mercado minorista creciente, diversificado y altamente rentable, cuyo abastecimiento fue provisto mediante una diversificada estructura de menudeo. Esta expansión se explica por una serie de condiciones y disposiciones culturales y económicas pero también por un factor fundamental: la proliferación de “cocinas” en las que se comenzó a producir localmente cocaína. La adquisición en países limítrofes de pasta base y su traslado transfronterizo, el fácil acceso a los precursores químicos necesarios y el aprendizaje para la elaboración del clorhidrato de cocaína les brindaron a los grupos narco locales la oportunidad de convertirse en productores. Esto cambió todo. No sólo se diversificó el emprendimiento criminal en cuanto a su estructuración espacial y organizacional sino que se amplió significativamente la disponibilidad y oferta de cocaína en el mercado interno. “Empezaron a aparecer las cocinas, en las cuales, en un pequeño espacio y con un par de bidones de precursores se elabora la droga”, explica el sociólogo Enrique Font (5). Eso �

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Argentina: el desafío narco

hizo que se diversifique territorialmente la producción y que se multipliquen las personas vinculadas a la venta de drogas reproduciendo un sistema parecido al de la economía informal. Esta novedosa vinculación directa de la producción con la venta minorista de cocaína amplió la envergadura del negocio, que se hizo más co mplejo y rentable. Pero también favoreció la competencia entre grupos criminales por el dominio de ciertos territorios o circuitos de producción y comercialización de drogas, lo que derivó en ajustes de cuentas mediante el accionar de sicarios o enfrentamientos armados. Todo esto, sumado a la intromisión de alguna que otra policía no vinculada al negocio y dispuesta a desarticular el pacto bajo el amparo de algunos pocos jueces y fiscales, comenzó a horadar poco a poco la eficaz clandestinidad, que le garantizaba estabilidad y discreción al emprendimientonarco.

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Las incógnitas El desarrollo del negocio narco y, en ese contexto, la diversificación y el fortalecimiento organizacional de los grupos criminales que lo llevan a cabo se conjuga con las cada vez más evidentes incompatibilidades entre el dispositivo legal del Estado y el esquema paralelo creado por la policía, que genera confrontaciones por la protección del crimen. Esto está contribuyendo a inviabilizar, política y socialmente, la regulación policial del crimen. Los grupos criminales que consiguen afianzarse en un determinado ámbito geográfico, ampliando sus negocios y conexiones, comienzan a entablar relaciones de creciente paridad  con los actores institucionales –entre ellos la policía– y económicos, mediante la combinación de una destreza empresarial dirigida a satisfacer la demanda de bi enes y servicios ilícitos. Con el ti empo, van fortaleciendo su capacidad corruptiva mediante acciones sistemáticas de soborno y la inversión en actividades económicas lícitas o, directamente, en el financiamiento de la política, de algún gobernante o de algún candidato. Se trata del período que sigue a la etapa inicial de penetración, lo que Peter Lupsha denomina “etapa parasitaria”, en la que el grupo criminal desarrolla una interacción corruptiva con los sectores del poder. “La corrupción política que acompaña la provisión de mercancías y servicios ilícitos –explica Lupsha– proporciona el pegamento necesario para unir los sectores legítimos de la comunidad y las organizaciones criminales del bajo mundo”, posibilitando que el grupo criminal adquiera una significativa incidencia sobre la economía, la política y la institucionalidad locales. Esto, a su vez, le permite quebrar la posición de subordinación que mantenía con la policía y la justicia. Así, la expansión del grupo criminal lo ubica en una relación de “mutualidad” con los sectores económicos, políticos e institucionales y hasta de subordinación de los mismos, en un contexto signado por un creciente control de las estructuras gubernamentales. “El anfitrión, los sectores políticos y económicos legítimos, se vuelve ahora dependiente del parásito, los monopolios y las redes del crimen organizado, para sostenerse a sí mismo”. Se pasa así a una etapa simbiótica, en la que el crimen es dominante: “Los medios tradicionales del Estado para hacer cumplir la ley ya no funcionan, pues el crimen organizado se ha vuelto parte del Estado; un Estado dentro del Estado” (6). La incógnita pasa por saber si la política tendrá la voluntad y la capacidad para abandonar esta modalidad de gestión del crimen o si, en su defecto, insistirá en su reproducción, incluso al riesgo c ierto de que la transformación del fenómeno criminal termine quebrándola. El panorama es poco alentador. Luego de destapado el caso Candela, el oficialismo se impuso cómodamente en las elecciones de gobernador de la provincia de Buenos Aires de octubre de 2011. Lo mismo sucedió en las elecciones legislativas de 2013 con las victorias oficialistas en Córdoba y Santa Fe. Estos triunfos se produjeron a pesar de las evidencias de que sus gobernantes ha-

bían consentido el doble pacto, lo intentaron ocultar cuando se hizo público y lo continuaron, aggiornándolo apenas, después, lo cual confirma que la incidencia electoral de estos desmadres es menor. Todo esto, en definitiva, alimenta el letargo gubernamental y refuerza el riesgo de que derive en una peligrosa reproducción caótica del doble pacto. g

Culturales Latinoamericanas, Tijuana, Año 14, Nº 1, 1997, pp. 27 y 28. 3. Matías Dewey, “Al servicio de la comunidad… delictiva”,  Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2011. 4. Matías Dewey, “Illegal Police Protection and the Market fo r Stolen Vehicles in Buenos Aires”,  Journal of LatinAmerican  Studies, Cambridge, Volumen 44, noviembre de 2012, p. 687. 5. La Capital, Rosario, 28 de septiembre de 2011. 6. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional…”,op. cit., pp. 28 y 29.

1. Marcelo Fabián Sain, “La policía, socio y árbitro

de los negocios criminales”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2010. 2. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional versus la Nación-Estado”, Revista Occidental, Instituto de Investigaciones

*Diputado provincial por Nuevo Encuentro, director del Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad de l a Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

LA FUNCIÓN SOCIAL DEL NARCOTRÁFICO

“Somos el inicio tardío de vuestra conciencia social” por Mauro Federico*

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Me compré la Play, la motito y estas llantas que son re faroleras”, dice Cristian con ojos de nene recién levantado en el día de los Reyes Magos. Con apenas 17 años, a Cristian la necesidad lo empujó de una patada derecho a una adultez temprana y mentirosa. Su consola de video juegos, el ciclomotor adquirido en el hipermercado y esas zapatillas fosforescentes con suelas de aire son los “regalos” que él mismo pudo hacerse con los cinco mil pesos que le pagan los narcos de su barrio, en las periferias de Rosario. No se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar pero en el asentamiento todos los conocen. Son los que manejan la venta de droga en la villa. No tienen más de 25 años y andan en autos nuevos desde donde hacen atronar los parlantes del estéreo a pura cumbia. En sus cinturas refulgen los destellos de sus pistolas bien cromadas. Uno de ellos es hijo de un viejo usurero de la zona, los otros vinieron de afuera. Pero son los capos, los que mandan e imponen las nuevas leyes. Cristian trabaja para ellos. Es uno de los “soldaditos” de la banda. Cubre el turno tarde en uno de los cuatrocientos “bunkers” que comercializan droga en el conurbano rosarino. Miembro de una familia con difuso número de hermanos –varios de ello s también cumplen tareas para la organización narcocrimininal–, su trabajo consiste en permanecer diez o doce horas encerrado en una casilla con candado del lado de afuera. Desde allí, a través de un agujero de veinte por veinte con dos hierros atravesados en cruz que da a la calle, el cliente entrega 200 pesos y a cambio recibe el paquetito conteniendo un gramo de cocaína de dudosa calidad. Cada bunker puede recaudar entre cinco y diez mil pesos por día. Además del que vende, el lugar está custodiado por otros soldaditos, todos menores de 16 años, que controlan el lugar y mantienen alejados a los que pueden hacer peligrar el negocio. Por un turno de doce horas cualquiera de ellos recibe entre 200 y 400 pesos, según si cu entan o no con un arma. Pueden, entonces, sumar hasta ocho mil pesos por mes. Ningún plan social que llegara a contemplarlos alcanzaría para contenerlos. Es más fácil para ellos encontrar un arma que un trabajo. Situaciones como la descripta se repiten a lo largo del territorio argentino, ante la mirada cómplice de quienes deberían actuar para prevenirlas. El narcotráfico generó nuevas identidades en las barriadas marginales. Para muchos chicos sin trabajo ni estudios, pertenecer a una de estas bandas es una f orma de encontrarle sentido a sus vidas. Son parte de una

historia, casi siempre trágica, que termina con sus propias muertes o la de sus hermanos. El Estado no está ausente. Es cómplice. Las fuerzas de seguridad operan como reguladoras del negocio en lugar de reprimir las acciones criminales que lo rodean; la justicia no acelera ni profundiza –por impericia, falta de recursos o connivencia– las causas que podrían llegar hasta las verdaderas cabezas de estas organizaciones criminales, y los funcionarios públicos no se animan a avanzar con políticas acti vas que frenen el avance del narcotráfico porque, en muchos casos, están comprometidos. El resultado es que los narcos mandan en las villas. Ellos ostentan el poder propio de una empresa moderna y rica, mientras que el Estado está mane jado por funcionarios sin la experiencia, la honestidad ni el coraje necesarios para ir hasta el fondo. Ellos tienen métodos ágiles de gestión. El Estado es lento, burocrático. Ellos luchan en terreno propio. El Estado, en tierra extraña. Ellos están bien armados. Los policías honestos que quedan tienen un calibre 38. A los transas las poblaciones villeras los ayudan y los protegen, por miedo o por amor. A las fuerzas de seguridad las odian. Se trata de un fenómeno regional. Argentina forma parte de un enclave estratégico para los negocios del narcotráfico a nivel mundial que también integra su principal socio del Mercosur: Brasil. Al no ser productores primarios como Colombia, Perú o Bolivia, a Argentina y Brasil les correspo nde organizar la logística para el procesamiento final de la cocaína, la venta local y la exportación a Europa. Por eso los narcos cariocas y paulistas se parecen más a nuestros traficantes rosarinos, cordobeses o porteños. “Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas. Ahora somos ricos, con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social”, desafió Marcos Camacho, alias Marcola,  jefe del Primer Comando de la Capital, la organización narcocriminal paulista que hace algunas semanas amenazó con convertir la Copa FIFA del año próximo en el “Mundial del Terror”. g * Periodista. Autor de País narco (Sudamericana, 2011) y Mi Sangre. Historias de narcos, espías y sicarios (Libros de Cerca, de inminente aparición). © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier Argentina: el desafío narco

El incremento del tráfico aéreo de drogas en la frontera norte argentina pone en debate las herramientas y la ingeniería institucional con que cuenta el Estado nacional para combatir al narcotráfico. Una lucha que presupone redefiniciones fundamentales. El control del espacio aéreo en cuestión

Polémicas etéreas por Sebastián Cutrona*

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l último informe de la Oficina de l as Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ubica a la República Argentina como el tercer país de procedencia de la cocaína incautada a nivel mundial, sólo detrás de Brasil y Colombia (1). Esta tendencia es verificable en las rutas aéreas en Argentina, aunque el documento refleja el aumento del tráfico de drogas ilícitas en todas sus modalidades. De acuerdo a cifras oficiales, aproximadamente 400 vuelos ilegales ingresan al país cada año. Desde el lanzamiento del Operativo Escudo Norte en julio de 2011, la Gendarmería Nacional contabilizó más de 700 vuelos no identificados, de los cuales 242 casos estuvieron directamente vinculados con el tráfico de drogas ilícitas. Asimismo, se estima que más de 121 toneladas de estupefacientes ingresaron al país por esa vía. Las rutas aéreas del narcotráfico en Argentina convergen en dos áreas calientes: el noroeste en el caso de la cocaína proveniente de Bolivia y el noreste en lo que respecta al tráfico de marihuana procedente de Paraguay (aunque el volumen de cocaína transportado desde la frontera paraguaya ha crecido en los últimos años). Las drogas son introducidas por medio de avionetas cuya capacidad máxima no suele superar los 500 kilogramos de carga. Una vez en territorio argentino, las drogas son despachadas a través de diferentes pistas clandestinas o mediante el lanzamiento de paquetes en puntos de contacto previamente determinados. Si bien las aeronaves no suelen adentrarse más allá de la zona fronteriza, se han detectado casos en los que la droga es despachada directamente en las periferias de las ciudades de Rosario y Córdoba o incluso en el norte de la provincia de Buenos Aires. En el país, las drogas tienen tres destinos principales. Una gran parte de los estupefacientes es enviada a los principales centros urbanos para satisfacer la creciente demanda doméstica (2). El producto no refinado, en cambio, es trasladado hacia las diferentes “cocinas” del país para su transformación definitiva (3). Finalmente, el resto de las drogas ilícitas se ubic a en el mercado internacional vía los puertos argentinos (principalmente Buenos Aires) o los diferentes aeropuertos internacionales del país (4).

Fuerza Aérea Argentina fuera abandonado. Durante el segundo mandato presidencial de Carlos Saúl Menem, el decreto 145/96 inauguró el Plan Nacional de Radarización, destinado a controlar las aeronaves comerciales pero también los vuelos en situación irregular. Más recientemente, el presidente Néstor Kirchner lanzó, por medio del decreto 1407/2004, el ambicioso Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial a cargo del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina. La nueva iniciativa derogó el Plan Nacional de Radarización y estableció como uno de sus objetivos principales la instalación de 36 radares 3D de gran alcance fijos, 6 radares 3D de gran alcance móviles y 9 radares 3D de corto alcance. Pero gran parte de los radares anunciados no fueron instalados aún.  Ya durante la presidenciade CristinaFernándezde Kirchner se lanzaron el plan Fortín II y el Operativo Escudo Norte. Este último, aún vigente, representa un nuevo intento por establecer una política integral de vigilancia, control y judicialización de la trata de personas, el contrabando de bienes y el tráfico de drogas ilícitas a lo largo del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste y noroeste del país. El Decreto 1091/2011 dispuso, entre otras medidas, una nueva arquitectura interministerial de trabajo conjunto; la ampliación de la capacidad operativa de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina; el despliegue de Fuerzas Especiales y Antidroga; el destacamento de vehículos dinámicos de interdicción; la instalación de radares tácticos de control aeroespacial; la ampliación de rutinas y de equipos de inspección y control fronterizo; la facilitación de sistemas de comunicación avanzada; la asignación de bases primarias en ciudades del norte del país, y la conformación de un centro de comando, control, comunicaciones, inteligencia y vigilancia. Aunque el gobierno nacional decidió prorrogar la ejecución del Operativo Escudo Norte hasta el 31 de diciembre de 2013, todavía no se ha concretado la instalación de los 26 radares (6 radares primarios y 20 radares para el control de la aviación civil) anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de inauguración llevado a cabo en Santiago del Estero hace más de dos años.

Proyectos truncos Los intentos por parte del Estado argentino por controlar el espacio aéreo no cooperativo (5) han sido múltiples y variados. Hasta el momento, sin embargo, todas las iniciativas oficiales han tenido un común denominador: la falta de ejecución. Más allá de los numerosos anuncios oficiales y del lanzamiento de programas nacionales de radarización llevados a cabo por los diferentes gobiernos de turno, la mayor parte de las iniciativas de control del espacio aéreo no cooperativo nunca se llevaron a cabo o sólo se realizaron parcialmente. La primera propuesta de radarización del espacio aéreo argentino se remonta a finales de los años 70, cuando la dictadura militar intentó desarrollar el plan Sistema Integrado del Control del Espacio Aéreo (SICEA). Los altos costos y la falta de voluntad política hicieron que el proyecto impulsado por la

Implicancias institucionales En la actualidad existen tres radares aéreos primarios en el norte del país, ubicados en las ciudades de Resistencia, Posadas y Santiago del Estero. A este esquema se suma la presencia de un radar móvil, de menor alcance, emplazado en la localidad de Reconquista, al noreste de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a declaraciones del ministro de Defensa, Agustín Rossi, un nuevo radar militar –parte de los 6 radares primarios que están siendo fabricados por el INVAP– será instalado en la localidad de Las Lomitas, Formosa, antes de fin de año (6). El control operativo de los radares está en manos de la Fuerza Aérea Argentina. El protocolo de operaciones establece que en caso de detectar un vuelo no identificado, ésta transmite la información a los diferentes centros integradores con el objetivo de confirmar la identidad de la aeronave. Si efectivamente se

verifica que la misma no tiene un plan de vuelo auto rizado por los organismos aeroportuarios, se solicita la intervención de las fuerzas correspondientes. En caso de no existir co ntacto terrestre, a la Fuerza Aérea Argentina sólo le corresponde escoltar al vector aéreo infractor de regreso al límite internacional o brindar la información correspondiente para que las fuerzas de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval Argentina intenten interceptarlos en suelo argentino (7). Pero las aeronaves no identificadas no pueden ser interceptadas directamente por la Fuerza Aérea debido a la ausencia de una ley de derribo. En este contexto, el programa de radarización vigente sólo representa un mecanismo asistencial de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Así, en la medida en que las aeronaves en situación ilegal no tengan contacto terrestre, la capacidad de interdicción y aprehensión del Estado argentino es prácticamente nula. A diferencia de Argentina, Brasil sí cuenta con una ley de derribo. En este caso, la fuerza aérea de ese país tiene la facultad de derribar, luego de agotar ci ertos procedimientos de disuasión previos, a una aeronave que esté transitando el espacio aéreo brasileño sin la autorización correspondiente. Hasta el momento, sin embargo, el procedimiento de derribo inaugurado durante el gobierno de Lula da Silva ha sido utilizado sólo en reducidas ocasiones. Con resultados contradictorios, políticas similares han sido implementadas en países como Perú y, más recientemente, Venezuela. Siguiendo el modelo brasileño, en Argentina se han presentado tres proyectos para legalizar el derribo de aeronaves no identificadas. En todos los casos, se reconoce la necesidad de encomendar a la Fuerza Aérea Argentina el derribo de aeronaves no identificadas que no respondan a una serie de avisos previos. Varios legisladores de la oposición se manifestaron a favor de la adopción de una medida de estas características. Pero el gobierno nacional se opone a estos proyectos, basándose, esencialmente, en dos fundamentos. Por un lado, señala que la ley de derribo presupone una fuerte incompatibilidad institucional en la medida en que un dispositivo de esas características permitiría a la Fuerza Aérea Argentina participar en asuntos de seguridad interior (8). Por otro lado, argumenta que la implementación de la ley de derribo en Argentina habilitaría a las Fuerzas Armadas a aplicar la pena de muerte sin juicio previo. La decisión de cómo combatir el narcotráfico presupone redefiniciones fundamentales para el Estado nacional. Aunque Argentina ha rechazado la doctrina de seguridad estadounidense tendiente a favorecer la incursión militar en asuntos domésticos, el gobierno nacional ha desarrollado dispositivos institucionales ad hoc para sortear los límites jurídicos establecido s por las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Las diferentes inicia-

Hasta el momento, todas las iniciativas oficiales han tenido un común denominador: la falta de ejecución.

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radarización del espacio aéreo ni la eventual sanción de una ley de derribo representan en sí mismas una solución al problema del narcotráfico que actualmente aqueja al país. Esto no implica que el espacio aéreo argentino deba ser librado a la voluntad de los narcotraficantes; ni mucho menos. Pero la radarización del espacio aéreo sólo constituye una arista marginal, aunque no por ello insignificante, dentro de un esquema integral de combate al narcotráfico. El rol de la República Argentina en la política económica de las drogas ha trascendido la clásica y unívoca catalogación de “país de tránsito”. Hoy, el país también cuenta con uno de los índices de consumo de drogas per capita más altos a nivel mundial (9), se ha incrementado considerablemente la manufactura de drogas sintéticas y de origen natural y los diversos suceso s en la provincia de Santa Fe (Ortega, pág. 10) han demostrado el auge del crimen organizado dentro del territorio nacional. Frente a este escenario y ante cierto clamor por una política de “mano dura” contra el narcotráfico, resulta conveniente recordar las consecuencias negativas y los múltiples estragos de la “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos en la región. g 1. ONUDD, World Drug Report 2013 , Viena, 2013, www.unodc.

John Vizcaino/Reuters

tivas de lucha contra el narcotráfico, en particular, han sido extremadamente sensibles a la coyuntura de seguridad que atraviesa el país. Desde el punto de vista jurídico, esta tendencia ha f avorecido la proliferación de “zonas grises”. Diseñado originalmente por el Ministerio de Seguridad, el Operativo Escudo Norte presenta una innovadora ingeniería institucional para la lucha contra el narcotráfico. Conjuntamente con el Plan Fortín II, estos programas proponen la articulación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad en la lucha y prevención contra el narcotráfico. Por ejemplo, si bien la operación ef ectiva de los radares está a cargo de las Fuerzas Armadas, éstas no pueden desarrollar ningún tipo de actividad en el territorio nacional. Por el contrario, son la Gendarmería y la Prefectura Naval las fuerzas encargadas de vigilar la zona fronteriza en sus dimensiones terrestres y fluviales. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas encargadas de manipular los 20 radares RASIT sólo están autorizadas a trabajar en cuestiones de apoyo logístico y no en la lucha contra el narcotráfico.

La reciente decisión de crear patrullas mixtas compuestas por efectivos del Ejército y miembros de la Gendarmería Nacional para controlar el tráfico de drogas ilícitas en la frontera norte del país forma parte de la misma tendencia. Aunque el oficialismo aclaró que la tarea de los soldados será la de vigilancia y control, ya que no detendrán a narcotraficantes o contrabandistas sino que delegarán los arrestos en las fuerzas de seguridad, resulta difícil imaginar el funcionamiento operativo de un mecanismo de estas características, particularmente ante la presencia de situaciones de riesgo. En términos generales, la movilización de 4.500 soldados responde, en parte, a la necesidad de cubrir el espacio dejado por el despliegue de gendarmes en el conurbano bonaerense (Operativo Centinela) y la ciudad de Buenos Aires (Plan Unidad Cinturón Sur).

Esquema integral Más allá de la preocupación que despierta el incremento del tráfico aéreo de drogas ilícitas a lo largo de la frontera norte argentina, cabe subrayar que ni la

org. No todos los países miembros de la organización presentaron los datos correspondientes a las incautaciones de cocaína, lo cual afecta la composición del ranking elaborado por la ONUDD. 2. Según el World Drug Report 2010  (Viena, 2010), Argentina ocupa el primer lugar en Sudamérica respecto al consumo de clorhidrato de cocaína con una prevalencia anual del 2,67% entre los 15 y los 64 años (una cifra equivalente al nivel de consumo en Estados Unidos). En el caso del cannabis, Argentina también lidera la tabla regional con una prevalencia anual del 7,2% para el mismo rango de edad. Por último, los números correspondientes a las drogas con base de anfetaminas responden a la misma tendencia: Argentina se ubica sólo después de Brasil con un 0,6 %. Aunque estos datos fueron cuestionados por el gobierno nacional, los últimos informes de la ONUDD parecen indicar que el consumo en Argentina se ha estancado. 3. De acuerdo al World Drug Report 2010 , la República Argentina se ubica sólo después de Bolivia, Colombia y Perú en lo que respecta a la cantidad de laboratorios descubiertos para el procesamiento de coca en el subcontinente. Aunque no existen registros oficiales respecto de las drogas sintéticas, esta actividad también se ha incrementado considerablemente. 4. Las drogas ilícitas que transitan por Argentina tienen como destino tres mercados fundamentales: Europa, Estados Unidos y África Occidental. 5. Los radares primarios, de dos o tres dimensiones, están en condiciones de percibir la presencia de un vector aéreo por sí solos, sin la necesidad de cooperación o identificación previa. Por el contrario, los radares secundarios sólo pueden recibir la señal de un vuelvo cooperativo. Cuando un vector de vuelo ingresa a un espacio aéreo determinado emite una señal para que la autoridad competente guíe su recorrido (ruta de vuelo) hasta su destinación final. El primer modelo es utilizado principalmente en la meteorología, la seguridad y la defensa; el segundo es característico de los vuelos comerciales. 6. www.prensa.argentina.ar/2013/09/11/44044rossi-las-fuerzas-armadas-estan-en-pleno-procesode-recuperacion-de-sus-capacidades.php. 7. Mediante el Decreto 1496 del año 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín adhirió al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como el “Convenio de Chicago”. Entre sus disposiciones fundamentales, el co nvenio establece la prohibición de utilizar armas de fuego. 8. Las leyes de Defensa Nacional (23554), Seguridad Interior (24059) e Inteligencia Nacional (25520), así como el decreto reglamentario de la Ley de Defensa (727/2006), prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. 9. ONUDD, WorldDrugReport  2010, op. cit. *Profesor de la Universidad de San Andrés. Autor de La extranjerización de las zonas de seguridad en la República Argentina, CEA-UNC, Córdoba, 2010.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier

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Argentina: el desafío narco

Sub.coop

El narcotráfico salió de su silencioso cauce. En Rosario, redes de familias manejan un negocio teñido de sangre. Como telón de fondo, la corrupción policial que, hasta ahora, sólo ha aceitado los canales para la expansión del fenómeno.

Crónica de una realidad salvaje

Guerra criminal en Rosario por Sebastián Ortega*

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laudio “El Pájaro” Cantero caminó unos metros con el vaso de whisky en la mano y se acomodó para mear. Eran poco más de las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo. El  jefede la bandaLos Monos estaba en la puerta del bar Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez, casi en el límite de Rosario, con un grupo de su máxima confianza. Se encontraba en territorio enemigo pero se sentía seguro: desde principios de la década pasada, cuando el clan de los Cantero consolidó su hegemonía en la zona sur de Rosario, ningún rival había siquiera amagado con arrebatarle su poder. A sus espaldas, una Eco Sport negra frenó de golpe. Sus laderos alcanzaron a distinguir a Facundo “Macaco” Muñoz y a Milton Damario entre los que viajaban en la camioneta. No tuvieron tiempo de reaccionar. Uno de ellos se bajó, apuntó su pistola 9 mm y gatilló unas diez veces. El “Pájaro” recibió al menos tres disparos. Dos de ellos le atravesaron el cuerpo de lado a lado. Al herido lo cargaron en un Fiat Uno y lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Falleció a las 6.30 de la mañana. La muerte del líder marcó un antes y un después en la historia criminal de Rosario, una ciudad en la que la tasa de crímenes violentos se duplicó en los últimos cuatro años. Con el asesinato del “Pájaro” se desató la guerra: en menos de treinta horas hubo otros tres asesina-

tos con el sello narco. En los meses que siguieron, una treintena de miembros de la banda que controlaba a sangre y fuego la venta de drogas en gran parte del territorio rosarino terminó tras las rejas y unos cuantos están prófugos. Un “simple” error de cálculo

La banda de Los Monos consolidó su poder en los barrios La Granada y Las Flores, en la zona sur de Rosario, a principios de los noventa. En ese entonces el jefe era “el Ariel” Cantero, padre del “Pájaro” y de “Guille” Cantero. Durante años la banda mantuvo una sangrienta disputa con Los Garompas que ocupó gran parte de las crónicas policiales de la época. Con varios de sus enemigos muertos y otros tantos tras las rejas, el clan familiar amplió su estructura y extendió su dominio a gran parte de la ciudad. También diversificó el negocio: venta de drogas, crímenes por encargo, usura y extorsión. Un ex jefe de la división antidrogas de la provincia cuenta que todo aquel que quisiera poner un búnker en la zona sur debía contar con la venia de la banda. “Tienen fusiles con mira telescópica, ametralladoras FMK3, granadas y chalecos antibalas”, detalló. Hace algunos años, “el Ariel” delegó el mando en su hijo mayor. Pese a su timidez, el “Pájaro”, dueño de una envidiable capacidad analítica, logró tejer alianzas tácticas con diferentes grupos de poder: po-

licías, barrabravas y empresarios. Con el crecimiento de la estructura se dividieron los roles: grupos de sicarios, soldaditos que controlaban los búnkers de droga y “contadores” encargados de reingresar el efectivo en la economía formal. El “Fantasma” Paz era uno de l os “contadores”. Se había ganado la confianza del clan de los Cantero gracias a diez años de relaciones. Su hermana Mercedes era la novia del “Pájaro”. A Paz le decían el “Fantasma” porque trabajaba entre las sombras. En su 27 años había logrado eludir a la Justicia con tal eficacia que hasta el día de su muerte su nombre no figuraba en ningún expediente. El hombre entre las sombras intentó el juego propio. La ecuación parecía sencilla: con los millones de pesos que había recibido para la compra de Mercedes Benz en tres concesionarias de la ciudad pagó la seña de los autos y utilizó el resto en la adquisición de 80 kilos de pasta base en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En menos de dos meses –calculó– habría recuperado la inversión y completaría el pago de los vehículos. A principios de septiembre del año pasado, el “Fantasma” recibió un mensaje de texto de su contacto en Bolivia: “Cambiaron los bichos verdes del norte y nos cagaron la carga”. En la localidad salteña de Salvador Mazza el cargamento había sido incautado por el Escuadrón 54 de Gendarmería. Como la entrega de los vehículos se demoraba, Los Monos apretaron a los dueños de las concesionarias para que se los entregasen. Ahí se enteraron de la maniobra del “Fantasma”. El “Guille” Cantero, hermano del “Pájaro”, habría dado la orden de ejecutar al traidor. Su hermano de crianza, “Monchi” Machuca, supuesto jefe de los sicarios de la banda, se habría enc argado de reclutar a los ejecutores. La operación requería e l trabajo de profesionales. “Monchi” convocó a Carlitos y al “Chino” –1,70 m, tez trigueña y pelo corto–, considerado “el sicario más importante que tiene la banda”, según uno de lo s testimonios de la causa judicial. La dupla ya había intervenido con éxito en varios asesinatos. En la siesta del sábado 8 de septiembre las calles de la ciudad estaban desiertas. Acompañado por su mujer y su hijo de dos años, el “Fantasma” esperaba que el semáforo diera el verde en la esquina de Entre Ríos y el Bulevar 27 de Febrero, en el macrocentro rosarino. Al volante de su flamante BMW cupé blanca el hombre entre las sombras habrá pensado una salida a su encrucijada. Junto a la ventanilla izquierda se detuvo una moto negra. A unos metros lo seguía un auto de apoyo. El “Chino” sacó una pistola y gatilló. El “Fantasma” alcanzó a reaccionar: puso en marcha el auto y do bló por el Bulevar 27 de Febrero mientras el sicario, de pie en medio de la calle, vaciaba el cargador de la 9 mm. El auto hizo casi tres cuadras, zigzagueó y se estampó contra tres vehículos estacionados. La sangre se desparramó por el tapizado del BM con olor a nuevo. Sobre el asiento del conductor quedó el cuerpo del “Fantasma”. Había recibido un tiro en el abdomen, otro en el pecho, otro en la espalda y dos más en los brazos. Una sexta bala había impactado en uno de los faros traseros del auto. La metodología del sicariato está en auge: jóvenes que desde un auto o una moto vacían un cargador entero contra el cuerpo de una víctima. “En su momento no le dimos importancia porque no dimensionamos el tamaño que tenían estas organizaciones. Ahora prácticamente no hay un día en el cual no haya un hecho de muerte vinculado con estas bandas”, explicó el fiscal de Cámara Guillermo Camporini, uno de los funcionarios judiciales encargados de coordinar las investigaciones de los delitos que cometen estos grupos. “Ha habido algunos casos en los que para mostrar el contenido mafioso le ponen un tiro en la nuca o tres o cuatro tiros en la frente”, explicó Camporini. Y agregó: “En noviembre de 2013 hubo casi un asesinato por día en Rosario. Un 40 por ciento de estos homicidios tienen características de este tipo”. Una versión extrajudicial dice que antes de subirse a la moto y escapar en contramano, el asesino del “Fantasma” le puso sello a su crimen: golpeó dos ve-

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ces la pistola contra el pecho a la altura del corazón y extendió su brazo derecho hacia el cielo. De Delfines, Pájaros y Fantasmas

En las mesas de póker en las que Delfín David Zacarías supo destacarse por sus enormes apuestas nadie preguntó jamás por el origen del dinero. Tampoco en las concesionarias en las que compró 24 vehículos o en las inmobiliarias en las que adquirió 36 inmuebles en un año sin siquiera estar inscripto en la AFIP. Delfín es así: ostentoso y despreocupado. Una tarde el hombre fue a una financiera a cambiar cientos de billetes de baja denominación por dólares. La chica que lo atendió no hizo cuestionamientos. Se limitó a acomodar los billetes en la máquina para contarlos. Al supuesto narco le llamó la atención el artefacto: “¿A cuánto me vendés la máquina?”, le preguntó. “Le prohibieron volver a ese lugar”, contó una persona que lo conoció de cerca. “Era así de boludo”. Otros lo definen como “dueño de una inteligencia anormal”. “Estaba por encima de todos. Pero era distinto, un buen tipo, un señorito inglés. Fue el primero en traer la materia prima y más tarde, cuando cualquier gil bajaba pasta de Boli via, era el único que tenía contactos de precursores químicos en la creciente industria del narcotráfico”, contó una fuente al diario El Ciudadano. Delfín supo amasar una fabulosa fortuna sin tener que gatillar un arma. Mientras en los barrios periféricos del sur santafesino cientos de jóvenes fueron acribillados en disputas por el reparto del territorio, la familia Zacarías se dedicó a la producción y venta a gran escala. “Eran los proveedores de Los Monos”, detalló un funcionario judicial. A principios de septiembre, un helicóptero aterrizó frente al chalet de dos pisos con pileta de Funes, en el Gran Rosario. Delfín estaba con su esposa y su hijo. En pocos segundos, el lugar se llenó de policías. En la planta alta del chalet encontraron dos mil litros de precursores químicos que eran utilizados en el procesamiento de la pasta base y el estiramiento de la cocaína. La droga se secaba en un artefacto industrial importado de Alemania. En la planta baja se acopiaba la droga: había 300 kilos de cocaína listos para la venta –valuados en el mercado en 12 millones de euros–, dos rollos de súper aislante, utilizado para evitar la humedad. La ruta del “dinero caliente”

El BMW Z4 en el que fue asesinado el “Fantasma” había sido registrado tres días antes del crimen a nombre de Daniel R., dueño de una firma metalúrgica de la zona sur de Rosario. Según declaró en la Justicia, el empresario prestó su nombre a cambio de una reducción de 400 mil pesos en la deuda que mantenía con el “Fantasma” por un intercambio de cheques. Se trataba de una maniobra habitual: comprar bienes y anotarlos a nombre de testaferros. El negocio de la venta de droga genera una fabulosa acumulación de plata que requiere ser incorporada a la economía formal. Por la ausencia de controles, la inversión inmobiliaria y la compra de vehículos de alta gama suelen ser un refugio seguro para los “dineros calientes” del narcotráfico. “Hay otras actividades hacia las que la banda canalizaba parte del dinero, como los negocios de ropa de marca y la hotelería. Pero esa ruta es mucho más complicada de seguir”, contó el fiscal Camporini. “Incluso ahora nos enteramos que tendrían parte del pase de un jugador de fútbol”, agregó.

Víctor Hugo, el empleado que vendió el BMW Z4, contó que en enero de 2012 el “Fantasma” Paz se había presentado en la concesionaria Natalio Automotores para averiguar por un modelo Z4. “No lo teníamos en exhibición en la agencia, sino en el galpón. Lo vimos y le dije que salía 330.000 pesos o 73.000 dólares. Era una partida económica, sin tapizados de cuero ni climatizador automático. Al otro día lo compró. Le dije que nosotros no recibíamos dinero en efectivo. Fue al banco Macro, donde depositó una seña de 20.000 pesos”, declaró el empleado. El “Fantasma” volvió a la agencia veinte días después para completar el pago. La plata, en efectivo, estaba en el baúl de un VW Bora. “Yo lo acompañé hasta el banco donde depositó el dinero. Me dijo que no quería retirar el auto porque tenía que ver a nombre de quién lo ponía”, declaró el empleado. El “Fantasma” tardó siete meses en retirar el BMW del galpón de la concesionaria. Semanas después, el 5 de septiembre, lo patentó a nombre del empresario. A los tres días murió desangrado al volante de ese auto. Su padre, Luis Paz, juró venganza. Y cumplió. Acá no ha pasado nada

La noche de su muerte, el “Pájaro” Cantero había ido con dos jóvenes de su círculo íntimo a bailar al boliche Yamper, en la zona sur de Rosario. Después cruzaron la Avenida de Circunvalación y se adentraron en zona enemiga: Villa Gobernador Gálvez, tierra de Luis Orlando “El Pollo” Bassi, ex barrabrava de Newell’s y presunto narco. Uno de los tres disparos que recibió le entró por el hombro y le salió a la altura del corazón. Esa fue la bala que le causó la muerte. “El que lo mató al ‘Pájaro’ fue ‘Macaco’ Muñoz, ese que es pata del ‘Pollo’”, le advirtieron a “Monchi” Machuca por teléfono. Así, el hermano de crianza del “Pájaro” Cantero supo que detrás del crimen estaba su enemigo. El “Pollo” Bassi tenía más de un motivo para organizar el asesinato: la disputa po r el control de la venta de drogas en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez y un posible encargo de Luis Paz, padre del “Fantasma”. El crimen del jefe de Los Monos fue una declaración de guerra. La primera venganza no tardó en llegar. Los allegados al líder sospecharon que el dueño del bar, Diego Omar “El Tarta” Demarre, había sido el entregador. El mediodía del lun es, al día siguiente del asesinato, el encargado del bar estaba declarando en Tribunales cuando recibió una llamada. El hombre se puso pálido. Una voz al otro lado del teléfono le avisaba que el “Tarta” Demarre había sido acribillado a balazos. La víctima, de 32 años, padre de cuatro hijos, ya había declarado en la causa y volvía a su casa con Betiana, su esposa, en una Peugeot Partner gris. Quedó encerrado entre un VW Bora blanco y dos motos. Un joven se ba jó y disparó a través de la ventanilla del conductor con absoluta precisión. El cuerpo del “Tarta” recibió cinco tiros y quedó inmóvil con la cabeza gacha frente al volante. La mujer salió ilesa. En la banda también sospecharon que Milton César, de 23 años, señalado como el brazo armado del “Tarta” Demarre, había sido el ejecutor del “Pájaro”. El joven tenía una enemistad de larga data con la familia Cantero: “Todo empezó en [el boliche] Mogambo hace como cuatro años”, contó Milton ante el  juez que investiga la muerte del jefe de Los Monos.

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“Mi hermana Pamela se pelea con la mujer del ‘Guille’ Cantero, que se llama Vanesa. Se agarraron a piñas, yo me meto a separar y sacar a mi hermana. Ahí me peleo con Guille y desde ahí me quiere matar”. Milton habría intentado saldar sus cuentas pendientes. Contó que se reunió con “Guille” Cantero en una estación de servicios y sellaron la paz. A la salida se fue manejando un Ford K. A través del techo corredizo de un Peugeot 307 se asomó “Guille”. “Me disparó varias veces. Se le trabó la pistola y siguió disparando”, dijo. Tiempo después, en el boliche en donde sería asesinado el “Pájaro”, Milton sobrevivió a otro ataque: “Yo salía del baño, se acerca un pibe de ojos claros, me puso un revólver en la sien y disparó”. El tiro le fracturó la mandíbula y le lesionó la tráquea. Al salir del hospital quedó detenido por el intento de asesinato de un ex barrabrava de Newell’s. “Guille” Cantero nunca lo perdonó. “Le pegué con la mano y le hice pasar vergüenza”, contó Milton. Al salir de la cárcel, diez meses después de haber sido detenido, lo esperaban dos Hilux, un Bora negro y un Vectra gris. Según contó, habían sido enviados por Los Monos para asesinarlo. Al enterarse de la muerte del “Pájaro”, Milton se guardó. En el barrio se corría el rumor de que le habían puesto precio a su cabeza: 500 mil pesos. La tarde del 28 de octubre, dos días después del crimen, una camioneta 4x4 Nissan en la que viajaban tres hombres, una mujer, un nene de 11 años y una nena de 9, se detuvo frente al semáforo de Avenida Francia y Acevedo. Dos motos frenaron a un costado. La camioneta recibió una lluvia de balas. Pagaron justos por pecadores: en la Nissan no via jaba Milton, lo habían confundido con su hermano Nahuel, un año mayor. El joven y un amigo, de 33 años, murieron. La madre de los hermanos César quedó cuadripléjica y su marido resultó herido. La guerra narco obligó a actuar a la Justicia, que seguía los pasos de la banda desde el a sesinato del “Fantasma” Paz. “Había que empezar a correr adelante del conejo”, graficó el fiscal Camporini. A las pocas horas, más de un centenar de policías invadieron los barrios La Granada y Las Flores. No encontraron a los jefes de la banda, pero se sorprendieron al descubrir cómo vivían. “De afuera, las casas no eran una cosa espectacular, pero adentro llamaba la atención el lujo que tenían: jacuzzi, sistemas de calefacción y aire acondicionado, grifería de calidad, televisores con pantallas de 42 pulgadas, equipos de música enormes”, detalló Camporini. En la causa hay más de treinta detenidos: entre ellos “Guille” Cantero y varias mujeres de la familia. El joven, de 25 años, era el sucesor natural de su hermano. El padre, “el Ariel”, y su hermano de crianza, “Monchi” Machuca, continúan prófugos. Con ellos cayeron nueve policías cómplices y otros tantos siguen siendo investigados. El avance de la Justicia fue un duro golpe para Los Monos pero no su fin: varios funcionarios judiciales admiten que “Guille” sigue manejando los hilos tras las rejas. Los empleados del servicio penitenciario le permiten tener celulares y computadoras con las que se comunica con “Monchi”, el nexo de la banda en el exterior. Como reza un viejo dicho: “Se combate a narcotraficantes, no al narcotráfico”. g *Periodista. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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Sub.coop

En las elecciones, la izquierda trotskista, acostumbrada a jugar en la línea de cal de la política argentina, alcanzó un resultado histórico a escala nacional, con impactantes números en Mendoza y Salta. Pero sin una estrategia definida, corre el riesgo de perder a sus votantes.

 Avance del trotskismo en Argentina

Nueva vieja izquierda por Pablo Stefanoni*

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l pasado 27 de octubre pareció debilitarse una ley de hierro atribuida por algunos analistas a la política local: cuando el peronismo gira hacia el progresismo ocupa todo ese espacio y cancela la emergencia de fuerzas alternativas que le disputen “por izquierda” apoyos y votos (de la misma forma que cuando se hizo liberal se fagocitó a los seguidores del capitán-ingeniero Alsogaray). Es cierto que el ascenso electoral del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) está lejos de representar una alternativa de poder en Argentina, muy lejos, pero su desempeño en las elecciones de medio término fue histórico para una izquierda trotskista acostumbrada a jugar en la línea de cal de la política, que en décadas de existencia sólo logró consagrar un diputado nacional en 1989, de la mano de Luis Zamora y en el marco de una alianza con el Partido Comunista, otrora enemigo jurado de los “trotskos”. La alianza entre el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista logró superar el 5% a escala nacional, con picos excepcionales en Salta y Mendoza, dos provincias consideradas históricamente como conservadoras –y en el primer caso, profundamente clerical–. En 9 provincias superó ese 5%. En Salta capital logró la hazaña siempre soñada por la izquierda de ganarle al peronismo. Tres diputados ingresaron al Congreso Nacional: Pablo López (Salta), Nicolás del Caño (Mendoza) y Néstor Pitrola (Provincia de Buenos Aires). Liliana Olivero, en Córdoba, quedó fuera por muy poco, y el FIT inició demandas judiciales para reclamar el recuento de los votos.

Todo esto se produjo en un escenario que combinó varias dinámicas: un giro hacia el centro del progresismo no peronista (Pino Solanas, Libres del Sur), un debilitamiento del kirchnerismo (que en el interior es peronismo puro y duro) para contener el voto de centroizquierda y una erosión relativa de sistemas políticos feudalizados en varias provincias, en el marco de una complejización de las estructuras sociales, que abrió un espacio a la izquierda “dura” en lugares poco favorables a las fuerzas contestatarias. Se instaló además la idea de que #laizquierdatienequeestar en el Parlamento, tal como se expresó en lenguaje tuitero. “Saltamos el cerco”

Para los trotskistas , ahora Salta no es solo linda sino trotska. El avance, poco difundido en medios nacionales, viene desde 2001, cuando el PO (allí no están las otras fuerzas del FIT) fue ganando espacio y votos, diputados provinciales y concejales. Desde entonces, su crecimiento fue sostenido y el 27 de octubre, el PO obtuvo a escala provincial el 19,11% en la categoría diputados, menos de dos puntos de diferencia con el ganador, el Frente Popular Salteño de Juan Carlos Romero, y por encima de la lista apoyada por el gobernador kirchnerista Juan Manuel Urtubey, que sumó un 19,05%. En la capital –casi la mitad del padrón–, salió primero con el 29,39%. Los resultados del 10 de noviembre, cuando se renovaron cargos legislativos provinciales, fueron aun más contundentes: en la capital obtuvo el primer lugar con casi el 27% de los votos en diputados, 22,6% en senadores y un contundente 30% para concejales. Logró así 4 diputados, 9 conce-

 jales(la primera minoría del Concejo capitalino) y un senador, además de varias bancas municipales en el interior provincial. El líder del PO salteño es Claudio del Plá, de profesión maestro y diputado provincial en los períodos 2003-2007 y 20092013, quien a comienzos de los 80 se trasladó al norte con el objetivo de potenciar el desarrollo del partido. El “estilo Del Plá” es sin duda uno de los factores explicativos de este crecimiento: sus presentaciones en televisión lo muestran lejos del tono pontificador del trotskismo clásico, del cual Jorge Altamira es uno de sus exponentes más conocidos, y que durante años generara un hiato tan grande entre votos escasos y la convicción de encarnar una especie de verdad absoluta. Este “trotskismo reflexivo” –menos iluminado, más dialogante, pero no menos radical– es compartido por Pablo López –el joven diputado nacional electo que ya tiene experiencia parlamentaria: completó dos períodos en la legislatura provincial– y Gabriela Cerrano, elegida senadora provincial en una sorprendente victoria sobre el candidato peronista. Del Plá –que renovó su banca el 10 de noviembre– atribuye el crecimiento del PO salteño al involucramiento de su partido en cuestiones como la lucha contra el trabajo en negro, por el acceso a la vivienda y la tierra, y contra la impunidad, además de las “grandes cuestiones ambientales”. Destacó, además, que al PO le cabe la representación “desde los demócratas consecuentes hasta la izquierda”. Entre las medidas que el PO impulsará en la Legislatura destacó una modificación del régimen impositivo para que las propiedades rurales de más de 500 hectáreas paguen un impuesto en re-

lación con el valor real de la tierra, que permitiría crear un fondo destinado a la obra pública para la emergencia social. “No hay que olvidar que, después del PJ y la UCR, el PO es el partido más antiguo de la provincia, el sello PO es muy fuerte y en general la gente está premiando más la coherencia personal que el carisma”, dice Juan Manuel Chalabe, periodista político en El Tribuno en diálogo con el Dipló. En esa medida, el PO salteño ha logrado construir una izquierda popular que trasciende los límites del trotskismo y logra generar adhesiones de diversos sectores sociales, lo cual es celebrado por un Altamira que lee la adhesión de los católicos practicantes como una evidencia de la llegada del mensaje de su partido al pueblo salteño. El dirigente comentaba hace poco que durante una de sus visitas preelectorales a la provincia mucha gente salía de una procesión para decirle que lo habían votado. Y retuiteaba un mensaje de un militante del PO de Colonia Santa Rosa: “Si Dios y la Virgen acompañan seremos mayoría en el Conce jo Municipal en noviembre”. Chalabe apunta, en este sentido, que en la provincia el PO tiene un discurso más cercano a los problemas de la población que a las grandes cuestiones ideológicas o a la retórica trotskista. En 2011 se verificaron varios cortes de boleta entre Cristina Fernández y Pablo López, que el periodista salteño atribuye a votantes progresistas que apoyan el discurso de centroizquierda del gobierno nacional pero que de ningún modo pueden incluir al gobernador Urtubey como parte de ese proyecto. Sólo esta construcción de un partido popular explica la capacidad para sostener el crecimiento durante más de una década, lo cual trasciende el voto protesta y habla de una fuerza que hoy tiene la llave de la gobernabilidad de la ciudad de Salta. Para el ex ministro de Trabajo de Carlos Menem, Armando Caro Figueroa, las elecciones “desmintieron las elucubraciones simplistas y ratificaron la emergencia de una poderosa fuerza política construida pacientemente por dirigentes y activistas preocupados por apoyar nuevas y antiguas reivindicaciones ciudadanas insatisfechas” (1). “El pueblo salteño saltó el cerco, hemos demostrado que se puede vencer a los aparatos”, declaró Cerrano luego de conocer los resultados. Y agregó con una madurez alejada de los tonos exaltados de muchos de los trotskistas universitarios: “Vamos a expropiar todo aquello que se tenga que expropiar. En Salta se expropian tierras para sojeros, nosotros lo vamos a hacer para construir viviendas […] No vamos a tomar medidas absurdas como las de [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro”. Entonando La Internacional

A diferencia de Salta, el ascenso electoral mendocino fue mucho más abrupto. Un diputado nacional, tres diputados y un senador provinciales y seis concejales municipales. La cara visible del “milagro” fue Nicolás del Caño (32 años), que se convirtió en el primer diputado de izquierda combativa de la historia de la provincia. Nacido en Córdoba e hijo de militantes trotskistas de los 70 y 80 (y con un bisabuelo fundador del PC de Villa María), el flamante diputado se formó en el PTS, en el que comenzó a militar a los 14 años. En 2006, se mudó a Mendoza a “construir el partido”, sin imaginar  jamás que sólo ocho años después debería trasladarse a Buenos Aires a asumir una banca en el Congreso Nacional. Del Caño no duda: los resultados son un premio al “mantenimiento de la coherencia, pese a las acusaciones de que éramos sectarios”. En Mendoza se involucró en las luchas de los ajeros, de los trabajadores de las bode gas y de los estudiantes, y sobrevivió con

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varios empleos precarios pese a provenir de una familia de clase media. Los debates electorales contribuyeron a su proyección. Sin ser un político carismático, Del Caño trasmite un aire auténtico, de “persona común”, que ayudó a concentrar en su figura el rechazo a la política tradicional. Algunos encuestadores destacaron el entusiasmo por el FIT –al menos un fiscal por escuela – en la provincia (2). El FIT cuyano festejó los resultados cantando La Internacional en las calles aledañas a su local partidario, y la prensa comenzó a deletrear términos como trotskismo, entre la curiosidad de unos y la sorpresa de muchos otros. Respondiendo al nuevo clima, el diario Jornada publicó una breve biografía del fundador del Ejército Rojo para no iniciados titulada “A propósito de Del Caño: ¿Quién fue Trotski?”. En plena campaña, el tradicional y derechista Partido Demócrata, en caída libre, dedicó un spot al candidato del FIT: “Para muchos puede ser chistoso votar a la izquierda, pero nos puede traer problemas”, dicen los jóvenes César Sola y Álvaro “Laucha” Martínez, que acusan a Del Caño de no entender la idiosincrasia local por no ser mendocino, y de querer transformar a Mendoza en una nueva Cuba (3). Resultados y perspectivas

En 2001, mostrando cierta flexibilidad en su tradicional obrerismo, el PO puso el foco en los desocupados con la conformación del Polo Obrero, su ala piquetera liderada por Néstor Pitrola. Parte de la vieja guardia del partido pero con un estilo más popular, Pitrola había logrado un notable éxito en el sindicato gráfico en los 80, llegando a secretario adjunto, y el 27 de octubre pasado

fue elegido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Parte de ese éxito se debe al eficaz trabajo territorial, con locales partidarios en diversas zonas populares, que el PO realiza desde hace décadas. El PTS, por su parte, surgió como fracción interna del viejo MAS que en 1988

Una de las dificultades del Frente es explicar qué socialismo quieren. rompió con el partido fundado por Nahuel Moreno. Hoy el PTS combina el trabajo en las fábricas (tienen varias comisiones internas en la zona norte del Gran Buenos Aires, como PepsiCo o Kraft) con actividades intelectuales en el marco del Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx. Uno de sus emblemas es la empresa recuperada Zanón, “la fábrica sin patrones” de Neuquén, de donde salió el “diputado obrero” Raúl Godoy, que ocupa una banca en la Legislatura neuquina. Pero fue la ley de las PASO la que, en 2011, terminó de convencer a los tres partidos de que la unidad resultaba imprescindible para sortear el obstáculo del 1,5% para seguir en carrera. Luego vino “el milagro para Altamira” que superó con creces esos porcentajes. Pero además de los barrios y algunas fábricas, el FIT consolidó su notable cre-

cimiento pos 2001 en la Universidad de Buenos Aires –en las elecciones de 2013 se quedó con 8 de 13 centros de estudiantes– y en varios sectores sindicales. En muchos sentidos, ese trotskismo universitario resulta menos interesante, como constructor de una cultura de izquierda, que el trotskismo sindical y provincial donde las batallas resultan más reales (y riesgosas) que en la UBA, ese “mundo paralelo” donde, como ironizaba el dibujante Bruno Bauer, “todos los obreros son socialistas, todos los empresarios son liberales y todas las mujeres son feministas” (4). En los últimos tiempos, el FIT mejoró su comunicación política, lo que quedó en evidencia en sus spots electorales –incluyendo uno con hinchas de River en apoyo al FIT– que pidieron el voto en base a un mensaje genéricamente de izquierda (5). De hecho, en estas elecciones quien decía votar a la izquierda se estaba refiriendo al FIT, por la defección del centroizquierda, que apostó a un republicanismo en clave liberal, y por la debilidad de una izquierda independiente (Marea Popular) que aunque superó las PASO no logró generar ningún impacto a partir de su salto de “lo social” a “lo político”. Sólo Luis Zamora consiguió mantener parte de sus votos gracias al capital político residual que conserva, producto de su popularidad en 2001. El desafío para el FIT es muy grande. Atrincherada identitariamente en un mundo hostil –primero por el estalinismo y más tarde por el “fin de los grandes relatos”– la izquierda trotskista debe demostrar ahora que puede desarrollar un programa transicional (que está lejos de ser el  Programa de Transición escrito por León Trotski) en un contexto en el que crece en votos pero sin

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una radicalización evidente de la sociedad. Acostumbrados a un discurso más reivindicativista, una de las mayores dificultades de los nuevos electos por el FIT es explicar en los limitados minutos televisivos qué tipo de socialismo quieren. Pero para eso resulta necesaria una mayor apertura intelectual. El Estado actual es más complejo que El Estado y la revoluciónde Lenin y ahora la izquierda anticapitalista tendrá que operar en el “Estado burgués” con suficiente habilidad para no caer en un posibilismo poco transformador pero tampoco en un bloqueo permanente que sería a la postre castigado por sus mismos votantes. La dinámica reforma/revolución toma, entonces, nuevos contornos y llama desesperadamente a actualizar ideas y prácticas en un contexto donde la crisis capitalista genera una renovada disponibilidad social a “escuchar” propuestas alternativas, pero donde el consumismo, el narcisismo y, más genéricamente, el imaginario burgués parece seguir vivo y coleando (6). g 1. El Tribuno, Salta, 3-11-13. 2. Leandro Abraham, “Santiago Alé: ‘El voto castigo

 benefició a Cobos y aDel Caño lo votarona conciencia’”,  SitioAndino,28-10-13,www.sitioandino.com 3. www.youtube.com/watch?v=eQMiCINoOGU 4. http://realismo-socialista.blogspot.com.ar 5. Uno de los spots más eficaces fue el que demandaba

la eliminación del impuesto al salario, y denunciaba que mientras las actividades financieras están exentas, los sueldos de los maestros están gravados: www.youtube.com/watch?v=8SHR8LiGmiI

éase Zygmunt Bauman, “Es necesaria una

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nueva batalla cultural”, NuevaSociedad , Nº 247, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2013.

*Periodista. Jefe de redacción de Nueva Sociedad. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, analiza con claridad cómo la respuesta a las crisis latinoamericanas de los años 80 y 90 fue la puesta de los Estados al servicio de los organismos financieros, en perjuicio de los pueblos. Observa con asombro que, en la actual crisis europea, vuelven a ser los dictados del capital los que señalan el camino.

Nuevas crisis, viejas “soluciones”

Europa repite los errores de América Latina por Rafael Correa*

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osotros los latinoamericanos somos expertos en crisis. No porque seamos más inteligentes que los demás, sino porque las hemos sufrido todas. Y las hemos gestionado terriblemente mal, pues sólo teníamos una prioridad: defender los intereses del capital, a riesgo de hundir a toda la región en una prolongada crisis de la deuda. Hoy miramos con preocupación cómo Europa toma a su vez el mismo camino. En los años 70, los países latinoamericanos entraron en una situación de endeudamiento externo intensivo. La historia oficial afirma que esta situación fue el resultado de las políticas aplicadas por gobiernos “irresponsables” y los desequilibrios acumulados como consecuencia del modelo de desarrollo adoptado por el subcontinente después de la Segunda Guerra: la creación de una industria capaz de producir localmente los productos importados o la “industrialización por sustitución de importaciones”. Este endeudamiento intensivo, en los hechos, fue promovido –e incluso impuesto– por los organismos financieros internacionales. Su supuesta lógica pretendía que gracias al financiamiento de proyectos de alta rentabilidad, que en aquel momento abundaban en los países del Tercer Mundo, se alcanzaría el desarrollo, mientras que el rendimiento de esas inversiones permitiría reembolsar las deudas contraídas. Eso duró hasta el 13 de agosto de 1982, momento en que México se declaró incapaz de reembolsar las sumas correspondientes. A partir de entonces, toda América Latina tuvo que sufrir la suspensión de los préstamos internacionales, al mismo tiempo que un brutal aumento de las tasas de interés de sus deudas. Préstamos que habían sido contraídos al 4% o al 6%, pero con tasas variables, de golpe alcanzaron el 20%. Mark Twain decía: “Un banquero es alguien que te presta un paraguas cuando hay sol y te lo saca apenas empieza a llover”. Así empezó nuestra “crisis de la deuda”. Durante la década del 80, América Latina realizó hacia sus acreedores una transferencia neta de recursos de 195.000 millones de dólares (cerca de 554.000 millones de dólares al valor actual). Al mismo tiempo, la deuda externa de la región pasaba sin embargo de 223.000 millones de dólares en 1980 a… ¡443.000 millones de dólares en 1991! No porque se hubieran tomado nuevos cré-

ditos, sino a causa de la refinanciación y la acumulación de intereses. De hecho, el subcontinente vio el final de la década del 80 con los mismos niveles de ingreso per cápita que a mediados de los años 70. Se habla de una “década perdida” para el desarrollo. En realidad, si hablamos de pérdida, fue toda una generación la que se perdió. Aunque las responsabilidades hayan sido compartidas, los países centrales, las burocracias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los bancos privados internacionales, desde luego redujeron la dificultad a un problema de sobreendeudamiento de los Estados ( overborrowing  ). Nunca asumieron su propio rol en el otorgamiento de créditos concedidos de manera irresponsable ( overlending  ), su contrapartida. Las severas crisis presupuestarias y de endeudamiento externo generadas por la transferencia neta de recursos de América Latina hacia sus acreedores llevaron a buena cantidad de pa íses de la región a redactar “cartas de intención” dictadas por el FMI. Estos apremiantes acuerdos permitían obtener préstamos del organismo, así como su aval en la renegociación de las deudas bilaterales con los países acreedores, reunidos en el seno del Club de París. Esos programas de ajuste estructural y de estabilización impusieron las recetas de siempre: austeridad presupuestaria, aumento del precio de los servicios públicos, privatizaciones, etcétera. Medidas mediante las cuales no se buscaba salir lo antes posible de la crisis, ni estimular el crecimiento o el empleo, sino garantizar el reembolso de los créditos de los bancos privados. A fin de cuentas, los países implicados seguían estando endeudados, ya no con esos establecimientos, sino con los organismos financieros internacionales que protegían los intereses de los bancos. A principios de los años 80, un nuevo modelo de desarrollo empezó a imponerse en América Latina y en el mundo: el neoliberalismo. A este nuevo “consenso” acerca de la estrategia de desarrollo se lo conoció como “Consenso de Washington”, y sus principales creadores y promotores eran los organismos financieros multilaterales con sede en Washington, como por ejemplo el Departamento del Tesoro de los Estados

Unidos de América. Según la lógica en boga, la crisis en América Latina se debía a una intervención excesiva del Estado en la economía, a la ausencia de un sistema adecuado de precios libres y al distanciamiento de los mercados internacionales –quedando claro que estas características se desprendían del mo-

La Unión Europea sufre de un endeudamiento producto de, y agravado por, el fundamentalismo neoliberal. delo latinoamericano de industrialización por sustitución de importaciones–. Como consecuencia de una campaña de marketing ideológico sin precedentes maquillada como investigación científica, y de las presiones directas ejercidas por el FMI y el Banco Mundial, la región pasó de un extremo al otro: de la desconfianza en el mercado y la confianza excesiva en el Estado, al librecambio, la desregulación y las privatizaciones. La crisis no fue sólo económica; resultó de una carencia de dirigentes e ideas. Tuvimos miedo de pensar por nosotros mismos y aceptamos de manera tan pasiva como absurda las imposiciones externas. Déjà vu en Europa

La descripción de la crisis que atravesó Ecuador le será acaso familiar a muchos europeos. La Unión Europea sufre de un endeudamiento producto de, y agravado por, el fundamentalismo neoliberal. Respetando la soberanía y la independencia de cada región del mundo, nos sorprende constatar que Europa, a pesar de ser tan ilustrada, repite en cada punto los errores que ayer cometió América Latina. Los bancos europeos le prestaron a Grecia pretendiendo no ver que el déficit presupuestario griego era cerca de tres veces mayor al que declaraba el Estado. Se vuelve a plantear el problema de un sobreendeudamiento del que se

omite evocar la contrapartida: el exceso de crédito. Como si el capital financiero nunca tuviese ningún tipo de responsabilidad. De 2010 a 2012, el desempleo alcanzó niveles alarmantes en Europa. Entre 2009 y 2012, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España redujeron sus gastos presupuestarios 6,4% en promedio, afectando así gravemente los servicios de salud y educación. Se justifica esta política con una penuria de recursos; pero se liberaron sumas considerables para reflotar el sector financiero. En Portugal, en Grecia y en Irlanda, los montos de este “salvataje bancario” sobrepasan el total de los salarios anuales. Mientras la crisis golpea duramente a los pueblos europeos, se les continúa imponiendo recetas que fracasaron en todo el mundo. Tomemos el ejemplo de Chipre. Como siempre, el problema comenzó con la desregulación del sector financiero. En 2012, su mala gestión se volvió insostenible. Los bancos chipriotas, en particular el Banco de Chipre y el Banco Laiki, le habían otorgado a Grecia préstamos privados por un monto superior al Producto Interno Bruto (PIB) chipriota. En abril de 2013, la “troika” –el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea– propuso un “salvataje” de 10.000 millones de euros. Lo condicionó a un programa de ajuste que incluía la reducción del sector público, la supresión del sistema de jubilación por repartición para los nuevos funcionarios, la privatización de las empresas públicas estratégicas, medidas de ajuste presupuestario hasta 2018, la limitación de los gastos sociales y la creación de un “fondo de salvataje financiero” cuyo objetivo es mantener a los bancos y resolver sus problemas, además del congelamiento de los depósitos superiores a 100.000 euros. Nadie duda de que se necesiten reformas, ni de que se tengan que corregir graves errores, incluso originales: la Unión Europea integró países con diferenciales de productividad muy importantes que los salarios nacionales no reflejaban. Lo cierto es que, en lo esencial, las políticas aplicadas no buscan salir de la crisis al menor costo para los ciudadanos europeos, sino garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Hemos hablado de los países endeudados. ¿Qué hay de los particulares incapaces de reembolsar sus préstamos?

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Tomemos el caso de España. La falta de regulación y el acceso demasiado fácil al dinero de los bancos españoles generaron una inmensa cantidad de créditos hipotecarios, que galvanizaron la especulación inmobiliaria. Los mismos bancos buscaban los clientes, estimaban el precio de su vivien da y siempre les prestaban de más para la compra de un auto, de muebles, de electrodomésticos, etcétera (1). Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, el prestatario de buena voluntad ya no podía pagarle a su prestador: ya no tenía trabajo. Le sacaron su vivienda, pero esta valía mucho menos que cuando él la compró. Su familia quedó en la calle y endeudada de por vida. En 2012, se registraron cada día más de doscientos desalojos, lo que explica gran parte de los suicidios en España… El triunfo de la técnica

Se plantea una pregunta: ¿por qué no se recurre a remedios que parecen evidentes, y por qué siempre se repite el escenario de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. Está determinado por una relación de fuerzas. ¿Quién dirige nuestras sociedades? ¿Las personas o el capital? El mayor daño que le hemos ocasionado a la economía es el haberla sustraído de su naturaleza original de economía política. Se nos ha hecho creer que todo era técnico; a la ideología se la disfrazó de ciencia, y, alentándonos a hacer abstracción de las relaciones de fuerza en el seno de una sociedad, se nos puso a todos al servicio de los poderes dominantes, de lo que yo llamo el “imperio del capital”.

Jean Dubuffet, Mire G 57 (Boléro) , 1983 (Gentileza Christie’s)

La estrategia del endeudamiento intensivo que engendró la crisis de la deuda latinoamericana no apuntaba a ayudar a nuestros países a desarrollarse. Obedecía a la urgencia de colocar los excesos de dinero que inundaban los mercados financieros del “Primer Mundo”, los petrodólares que los países árabes productores de petróleo habían confiado a los bancos de los países desarrollados. Esa liquidez provenía del alza de los precios del petróleo que le había seguido a la guerra de octubre de

1973, precios que habían sido mantenidos a niveles elevados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Entre 1975 y 1980, los depósitos en los bancos internacionales pasaron de 82.000 millones de dólares a 440.000 millones de dólares (1.226.000 millones de dólares actuales). Ante la necesidad de colocar sumas de dinero tan importantes, el “Tercer Mundo” se volvió un sujeto de c rédito. Así se empezó a ver desfilar, a partir de 1975, a los banqueros internacionales deseosos

de colocar toda suerte de créditos –incluso para financiar los gastos corrientes y la compra de armas a los dictadores militares que gobernaban muchos Estados–. Estos diligentes banqueros, que jamás habían estado en la región, ni siquiera como turistas, de todos modos trajeron grandes valijas de coimas para funcionarios, con el objetivo de hacerlos aceptar nuevos préstamos, fuera cual fuese el pretexto. Al mismo tiempo, los organismos financieros internacionales y las agencias de desarrollo siguieron �

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vendiendo la idea según la cual la solución era endeudarse. Si la independencia de los bancos centrales sirve, en los hechos, para garantizar la continuidad del sistema independientemente del veredicto de las urnas, ésta fue impuesta como una necesidad “técnica” a principios de los años 90, justificada por supuestos estudios empíricos que demostraban que un dispositivo semejante generaba mejores desempeños macroeconómicos. Según estas “investigaciones”, los bancos centrales independientes podían actuar de manera “técnica”, lejos de las presiones políticas perniciosas. Con un argumento tan absurdo, del mismo modo habría que volver autónomo al Ministerio de Economía, ya que también la política presupuestaria debería ser puramente “técnica”. Como lo ha sugerido Ronald Coase, galardonado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, los resultados de estos estudios se explicaban: se habían torturado los datos hasta que dijeran lo que se les quería hacer decir. En el período que precedió a la crisis, los bancos centrales autónomos se consagraron exclusivamente a mantener la estabilidad monetaria, es decir, a controlar la inflación, a pesar del hecho de que los bancos centrales habían cumplido un rol fundamental en el desarrollo de países como Japón o Corea del Sur. Hasta los años 70, el objetivo fundamental de la Reserva Federal estadounidense era favorecer la creación de empleos y el crecimiento económico; fue recién con las presiones inflacionarias de principios de los 70 que el objetivo de mantener la estabilidad de los precios se sumó al paquete. La prioridad concedida a la estabilización de los precios también significa, en la práctica, el abandono de las políticas que apuntan a mantener el pleno empleo de los recursos en la economía. Al punto tal que en vez de atenuar los episodios de recesión y de desempleo, la política presupuestaria, al comprimir sin cesar los gastos, los agrava. Los bancos centrales llamados “independientes” que sólo se preocupan de la estabilidad monetaria son parte del problema, no de la solución. Son uno de los factores que le impiden a Europa salir más rápidamente de la crisis. Las capacidades europeas están sin embargo intactas; disponen de todo: el talento humano, los recursos productivos, la tecnología. Yo creo que de esto hay que sacar importantes conclusiones: se trata acá de un problema de coordinación social, es decir, de política económica de la demanda, o como se la quiera llamar. En cambio, las relaciones de poder dentro de estos países y a nivel internacional son del todo favorables al capital, principalmente financiero, razón por la cual estas políticas no son aplicadas o se aplican de una manera contraria a lo que sería socialmente deseable. Bombardeados por la supuesta ciencia económica y por las burocracias internacionales, muchos ciudadanos están convencidos de que “no hay alternativa”. Se equivocan. g

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1. Véase José García Montalvo, “La

fièvre de la brique espagnole”, Le Monde diplomatique, París, diciembre de 2008.

*Presidente de la República del Ecuador, doctor en Economía. Autor del libro De Banana Republic a la no República , Debate, 2009. Este texto ha sido extraído de una conferencia dictada el pasado 6 de noviembre en la Sorbonne, París. Traducción : Aldo Giacometti

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SECUELAS DEL NEOLIBERALISMO

Ecuador y la “mano sucia” de Chevron Rafael Correa compartió con un grupo de intelectuales los pormenores del conflicto que atraviesa su país con la petrolera Chevron. por Ignacio Ramonet*

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urante su reciente visita oficial a Francia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió en París con un grupo de intelectuales para exponerles una de las principales preocupaciones de su país: el conflicto que opone varias comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana a la empresa petrolera estadounidense Chevron, acusada de destrucción ambiental y de daños a la salud de miles de personas. A escala internacional, este conflicto ecológico ha adquirido un carácter muy emblemático. Ecuador –primer país del mundo en reconocer en su Constitución los derechos inalienables de la naturaleza, convirtiéndola en sujeto de derecho–, se enfrenta a una multinacional petrolera, la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación ambiental en diversos lugares del planeta. “Todo empezó en 1964 –nos explica Rafael Correa– cuando la empresa estadounidense Texaco (adquirida en 2001 por Chevron) inició su explotación petrolera en una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. El año siguiente, en 1993, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron en Estados Unidos una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación ambiental y atentado a la salud de los habitantes. O sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva a los tribunales a Texaco-Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen ambiental. Chevron heredó esa demanda cuando compró y a bsorbió Texaco en 2001. Poco después, a pedido de la propia empresa, el caso –que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar– fue trasladado a una corte de Ecuador.” “Hay que añadir –precisa el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente también en esa reunión parisina  junto al presidente Correa– que Texaco, antes de retirarse definitivamente de Ecuador en 1992, dijo haber ‘limpiado’ los dos millones de hectáreas de selva virgen en los que operó. Lo cual no sólo es inverosímil, sino falso. Porque todos esos terrenos, como cual-

quier testigo lo puede comprobar, se hallan totalmente degradados, con decenas de abominables vertederos de alquitrán que han contaminado ríos y acuíferos. El agua en toda esa región ahora es impropia para el consumo. Y se ha multiplicado el número de casos de cáncer entre la población. En toda esa selva, la excepcional biodiversidad ha sido sencillamente asesinada.” “Y lo peor –añade Rafael Correa– es que el gobierno ecuatoriano de la época le firmó a Texaco, en 1998, un ‘acto de finiquito’ en el que reconocía que la empresa estadounidense había de jado ‘todo limpio’, y la descargaba de cualquier responsabilidad sobre consecuencias futuras de sus desmanes petroleros. Esto es muy importante. Ese ‘acto de finiquito’ le da un argumento enorme a Texaco-Chevron. En caso de demandarla, la empresa puede decir, ¡y con todo cinismo lo dice!: ‘Yo entregué todo limpio. Así me lo reconoció oficialmente el Estado ecuatoriano. En consecuencia, cualquier condena contra mí debe ser asumida por el Estado de Ecuador porque él es responsable de lo que ocurrió en esos terrenos después de mi partida...’” “Hay que saber –sigue exponiendo el presidente Correa– que la Corte Provincial de Sucumbíos, en enero de 2012, condenó a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por haber causado uno de los ‘mayores desastres medioambientales del mundo’ entre 1964 y 1990. Una suma que se duplicaría –¡y alcanzaría los 19 mil millones de dólares !–, en caso de que la empresa no hubiera presentado excusas a los damnificados en las semanas siguientes a la sentencia. Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, argumentó que los abogados de los demandantes habrían falsificado los datos y presionado a los peritos científicos para encontrar contaminación donde no la había. Y presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia” (1). “Ante esta situación –prosigue ahora el canciller Ricardo Patiño– Chevron decidió ampararse en el ‘Tratado de Protección Recíproca de Inversiones’ firmado entre Ecuador y Estados Unidos y vigente desde 1997. Pero este tratado, en nuestra opinión, no concierne este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas contra Chevron es de 1992, y el tratado fue establecido con fecha posterior y no contempla aplicación retroactiva.” “Con ese argumento –nos explica el presidente Rafael Correa– Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La cual nombró, como es habitual en estos casos, un ‘Tribunal específico’ para este asunto. Este Tribunal está compuesto por tres jueces designados (y pagados) por las partes en litigio: uno por la empresa, otro por el país y el tercero por estos dos jueces anteriores. Aquí también el Poder Judicial ecuatoriano cometió un error, porque designó a uno de los jueces, con lo cual implícitamente dio la impresión de que Ecuador aceptaba ese Tribunal de arbitraje. Cuando en realidad, nuestro gobierno rechaza ese Tribunal, no lo considera competente.” “El caso es que ese Tribunal –a grega el canciller Ricardo Patiño– concluyó en 2012 que Ecuador ‘incumple leyes internacionales al no tratar de impedir’ la ejecución de un fallo contra Chevron que obliga a esta empresa a pagar miles de millones de dólares a varias co-

munidades indígenas por la contaminación de la Amazonia. El Tribunal insiste en que ambas partes –el Estado de Ecuador y Chevron– habían alcanzado previamente un acuerdo, mediante un ‘acto de finiquito’, que exoneraba a Texaco-Chevron de responsabilidades ambientales futuras.” El Tribunal de arbitraje también entiende que Ecuador ha violado el “Tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington”, según el cual Ecuador debe “tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera de Ecuador de cualquier sentencia contra una firma estadounidense”. En resoluciones anteriores, ese Tribunal ya había advertido, además, que “cualquier pérdida surgida de la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos sería una pérdida por la que el Estado ecuatoriano sería responsable ante Chevron, bajo el derecho internacional”. El presidente Rafael Correa retoma entonces la palabra para explicar que “las decisiones del Tribunal de arbitraje de La Haya han sido rechazadas por nuestro gobierno. Primero porque Ecuador, en tanto que Estado, no está implicado, repito, en esta querella. Defendemos los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación y víctimas de los desmanes de una multinacional petrolera. Pero no somos parte en el pleito. Y por respeto al principio democrático de la separación de poderes, no queremos inmiscuirnos en asuntos de la rama judicial. Sin embargo, por otra parte, observamos que en el marco actual del despojo de la soberanía de los Estados, los tribunales de arbitraje tienen cada día más poder. Cada vez más, los tribunales de arbitraje están fallando a favor de las corporaciones multinacionales. Y si no acatamos el fallo del tribunal de arbitraje (que aún no es definitivo), Ecuador podría quedar aislado comercial y políticamente. Todo esto es triplemente escandaloso porque si la decisión del tribunal de arbitraje se aplicase, Ecuador estaría violando su propia Constitución, pues significaría que nuestro gobierno estaría interfiriendo con el Poder Judicial. Chevron no sólo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación a las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal del litigio... Nosotros consideramos que este caso no es jurídico sino político, contra nuestro gobierno –concluye el presidente Rafael Correa–. Por eso apelamos a la solidaridad internacional. En todas partes se están constituyendo Comités de apoyo a nuestra Revolución Ciudadana. E invitamos a todos nuestros amigos y amigas de Europa y del mundo, a expresar igualmente su rechazo a la prepotencia de aquellas empresas multinacionales que destrozan el medio ambiente y quieren luego lavarse las manos. La ‘mano sucia’ de Chevron no debe quedar impune.” g 1. El pasado 12 de noviembre la Corte Nacional

de Justicia de Ecuador emitió un fallo en el que confirmó la condena de la petrolera estadounidense Chevron, que la obliga a pagar 9.500 millones de dólares “por contaminación ambiental en la Amazonia ecuatoriana”.

*Director de Le Monde diplomatique , edición española. © Le Monde diplomatique , edición española

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Iniciadas en 2008, las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea culminaron el pasado 18 de octubre. Un buen presagio para Estados Unidos, que espera concluir una asociación de este tipo con el Viejo Continente. Proyecto que, de concretarse, someterá a los Estados a las normas del liberalismo.

El tratado transatlántico

Un tifón amenaza a Europa por Lori Wallach*

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Podemos imaginarnos a multinacionales llevando a juicio a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar las ganancias de sus empresas? ¿Es concebible que puedan reclamar –¡y obtener!– una generosa compensación por el lucro cesante ocasionado por un derecho laboral demasiado apremiante o por una legislación ambiental demasiado estricta? Por más inverosímil que parezca, este escenario no sucedió hace mucho tiempo. Ya figuraba con todas las letras en el proyecto del Acuerdo Multilateral de I nversiones (AMI) negociado en secreto entre 1995 y 1997 por los veintinueve Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (1). Divulgada in extremis , especialmente por  Le Mo nde dipl oma tiq ue, la copia provocó en varios países una ola de protestas sin precedentes, obligando a sus promotores a guardarla en un cajón. Quince años después, vuelve con nuevo atuendo. El Acuerdo Transatlántico (TTIP, por su sigla en inglés) que se vien e negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea desde julio de 2013 es una versión modificada del AMI. Tiene previsto que las legislaciones vigentes en ambos lados del Atlántico se amolden a las normas de libre comercio establecidas por y para las grandes empresas europeas y estadounidenses, so pena de sanciones comerciales para los países contraventores, o de un resarcimiento de varios millones de euros para el querellante. Según el calendario oficial, las negociaciones terminarían en un plazo de dos años. El TTIP combina, agravándolos, los puntos más nefastos de los acuerdos establecidos en el pasado. Si entrase en vigor, los privilegios de las multinacionales alcanzarían estatus de ley y dejarían a los gobernantes sin ningún margen de maniobra. Impermeable a las alternancias políticas y a las movilizaciones populares, se aplicaría por las buenas o por las malas, ya que sus disposiciones sólo podrían ser enmendadas con el consentimiento unánime de los signatarios. Duplicaría en Europa el espíritu y las modalidades de su modelo asiático, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), actualmente a punto de adoptarse en doce países después de haber sido enérgi-

Rainer Fetting, Van Gogh Gauguin - El regreso de los gigantes , 1980

camente promovido por los círculos de negocios estadounidenses. Juntos, el TPP y el TTIP conformarían un imperio económico capaz de imponer sus condiciones fuera de sus fronteras: cualquier país que quiera establecer relaciones comerciales con Estados Unidos o con la Unión Europea se vería obligado a adoptar las reglas establecidas en el seno de su mercado común. Tribunales especiales

Las negociaciones del TPP y del TTIP transcurren a puertas cerradas ya que apuntan a eliminar sectores enteros del

ámbito no comercial. Las delegaciones estadounidenses cuentan con más de seiscientos consultores designados por las multinacionales, que disponen de un acceso ilimitado a los documentos preparatorios y a los representantes de la administración. No se tiene que filtrar nada. Se dio orden de dejar fuera de las discusiones a periodistas y ciudadanos: serán informados a su debido tiempo, a la firma del tratado, es decir, cuando sea demasiado tarde para reaccionar. En un arranque de sinceridad, el representante de comercio estadounidense Ronald “Ron” Kirk manifestó el inte-

rés “práctico” de “preservar un cierto grado de discreción y confidencialidad” (2). La última vez que circuló públicamente una versión borrador de un acuerdo en vías de formalización, señaló, las negociaciones fracasaron –una alusión al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, una versión ampliada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); el proyecto, arduamente defendido por George W. Bush, se dio a conocer en 2001 en el sitio de internet de la administración–. A lo que la senadora Elizabeth Warren replicó que un acuerdo negociado sin ningún examen democrático no debería ser firmado jamás (3). La imperiosa voluntad de sustraer de la mirada del público el tratado europeo-estadounidense se puede comprender fácilmente. Mejor tomarse su tiempo para anunciar a los países los efectos que va a producir a todo nivel: desde la cima del Estado federal hasta los consejos municipales, pasando por las gobernaciones y las asambleas locales, los mandatarios deberán redefinir de principio a fin sus políticas públicas de manera tal que puedan satisfacer los apetitos del sector privado en los ámbitos que aún, en parte, se le escapaban. Seguridad alimentaria, normas de toxicidad, seguros de salud, precios de medicamentos, libertad de la red, protección de la vida privada, energía , cultura, derechos de autor, recursos naturales, formación profesional, equipamientos públicos, migración: ningún campo de interés general dejará de pasar por las horcas caudi nas del libre comercio institucionalizado. La acción política de los mandatarios se verá limitada a negociar con las empresas o sus mandatarios locales las migajas de soberanía que les quieran conceder.  Ya está estipulado que los países signatarios van a asegurar la “conformidad de sus leyes, sus reglamentos y sus procedimientos” con las disposiciones del tratado. No hay duda de que van a controlar escrupulosamente que se honre este compromiso. Caso contrario, podrían ser objeto de demandas ante uno de los tribunales especialmente creados para arbitrar los litigios entre los inversores y los Estados, y dotados del poder para establecer sanciones comerciales contra estos últimos. La idea puede parecer inverosímil; sin embargo se inscribe en la filosofía de los tratados comerciales en vigor. El año pasado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) condenó a Estados Unidos por sus latas de atún co n la etiqueta “sin peligro para los delfines”, por la indicación del país de origen en carnes importadas o incluso por la prohibición del tabaco con sabor a caramelo, siendo estas medidas de protección consideradas como trabas para el libre comercio. También le infligió a la Unión Europea sanciones de varios cientos de millones de euros por ha ber rechazado importar organismos genéticamente modificados (OGM). La novedad introducida por el TTIP y el TPP es que les permitirían a las multinacionales demandar en nombre propio a un país signatario cuya política tuviera un efecto restrictivo sobre su devastación comercial. Bajo semejante régimen, las empresas podrían oponerse a las políticas de salud, de protección ambiental o de regulación de las finanzas que se implementen en cualquier Estado, en reclamo de daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales. Compuestas por tres abogados de negocios, estas cortes

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especiales –que responden a las leyes del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– estarían habilitadas para condenar al contribuyente a pesadas compensaciones a partir del momento en que su legislación recorte los “futuros beneficios esperados” de una compañía. Este sistema “inversor contra Estado”, que parecía tachado de la carta después de que se abandonara el AMI en 1998, fue restaurado a escondidas con el correr de los años. En virtud de varios acuerdos comerciales firmados por Washington, 400 millones de dólares pasaron del bolsillo del contribuyente al de las multinacionales a causa de la prohibición de productos tóxicos, de restricciones a la explotación del agua, del suelo o de los bosques, etcétera (4). Bajo la égida de estos mismos tratados, los procesos actualmente en curso –en asuntos de interés general, como las patentes de medicamentos, la lucha contra la contaminación o las leyes sobre el clima y las energías fósiles– hacen que las demandas por daños y perjuicios asciendan a 14.000 millones de dólares. El TTIP cargaría todavía más la factura de esta extorsión legalizada, habida cuenta de la importancia de los intereses en juego en el comercio transatlántico. Tres mil trescientas empresas europeas están presentes en suelo estadounidense a través de veinticuatro mil filiales, que cualquier día de estos pueden llegar a considerarse justificadas como para pedir un resarcimiento por perjuicio comercial. Semejante oportunidad excedería por mucho los costos ocasionados por los tratados precedentes. Por su lado, los países miembros de la Unión Europea se verían expuestos a un riesgo financiero todavía más grande, sabiendo que catorce mil cuatrocientas compañías estadounidenses disponen en Europa de una red de cincuenta mil ochocientas filiales. En total son setenta y cinco mil empresas que podrían lanzarse a la caza de los tesoros públicos. Oficialmente, este régimen debía servir en principio para consolidar la posición de inversores en países en vías de desarrollo desprovistos de un sistema jurídico confiable; les permitiría hacer valer sus derechos en caso de expropiación. Pero ni la Unión Europea ni Estados Unidos pasan precisamente por zonas de no-derecho; al contrario, disponen de una justicia funcional y plenamente respetuosa del derecho a la

propiedad. Ubicándolas a pesar de todo bajo la tutela de tribunales especiales, el TTIP demuestra que su objetivo no es proteger a los inversores, sino aumentar el poder de las multinacionales. Condenados al capricho empresarial

Los abogados que componen estos tribunales no tienen que rendirle cuentas a ningún electorado. Invirtiendo convenientemente los roles, pueden tanto oficiar de jueces como defender la causa de sus poderosos clientes (5). Es

El TPP y el TTIP conformarían un imperio económico capaz de imponer sus condiciones fuera de sus fronteras. un pequeño mundo el de lo s juristas de la inversión internacional: son nada más que quince los que comparten el 55% de los casos tratados hasta el día de hoy. Evidentemente, sus decisiones son inapelables. Los “derechos” que tienen por misión defender son formulados de manera deliberadamente aproximativa, y su interpretación raramente sirve a los intereses de las mayorías. Tal como sucede con el derecho que se le concede al inversor de beneficiarse de un marco reglamentario conforme a sus “previsiones” –que conviene interpretar como que el gobierno se abstendrá de modificar su política una vez que la inversión haya tenido lugar–. En cuanto al derecho de obtener una compensación en caso de “expropiación indirecta”, significa que los poderes públicos van a tener que sacar plata de su bolsillo si su legislación provoca la disminución del valor de una inversión, incluso en el caso de que esta misma legislación también se aplique a las empresas locales. Los tribunales reconocen asimismo el derecho del capital a adquirir cada vez más tierras, recursos naturales, equipamientos, fábricas, etcétera. Sin contrapartida por parte de las multinacionales: no tienen ninguna obligación para con los Estados y pueden iniciar demandas dónde y cuándo se les plazca.

Algunos inversores tienen una idea muy extensiva de sus derechos inalienables. Recientemente se pudo ver a compañías europeas iniciar demandas contra el aumento del salario mínimo en Egipto, o contra la limitación de la s emisiones tóxicas en Perú, con el NAFTA en este último caso como defensor del derecho a contaminar del grupo estadounidense Renco (6). Otro ejemplo: el gigante del cigarrillo Philip Morris, incomodado por las legislaciones antitabaco de Uruguay y Australia, citó a estos dos países ante un tribunal especial. El grupo farmacéutico estadounidense Eli Lilly pretende hacerse justicia frente a Canadá, culpable de haber puesto en práctica un sistema de patentes que vuelve más accesibles ciertos medicamentos. El proveedor de electricidad sueco Vattenfall le reclama a Alemania varios miles de millones de euros por su “giro energético”, qu e les impone más restricciones a las fábricas de carbón y promete una salida de la energía nuclear. No hay límite para las sanciones que un tribunal le puede infligir a un Estado en beneficio de una multinacional. Hace un año se condenó a Ecuador a desembolsar la suma récord de 2.000 millones de euros a una empresa petrolera (7). Incluso cuando los gobiernos ganan los juicios, tienen que saldar los gastos de justicia y comisiones diversas que ascienden a un promedio de 8 millones de dólares por ca so, dilapidados en detrimento del ciudadano. Por lo cual los poderes públicos suelen preferir negociar con el demandante a defender la causa en el tribunal. Así fue como el Estado canadiense se ahorró una convocatoria al estrado, abrogando sin demora la prohibición de un aditivo tóxico utilizado por la industria petrolera. Sin embargo, las demandas no paran de crecer. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la cantidad de casos sometidos a los tribunales especiales se multiplicó por diez desde 2000. Concebido a partir de 1950, el sistema de arbitraje comercial nunca fue tan útil para los intereses privados como en 2012, año récord en cantidad de casos. Este boom creó un próspero plantel de consultores financieros y abogados de negocios. El proyecto de gran mercado estadounidense-europeo existe desde hace largos años por el Diálogo Económico Transatlántico (Trans-Atlantic

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Business Dialogue, TABD), un lobby más conocido hoy como Trans-Atlantic Business Council (TABC). C reado en 1995 bajo el patrocinio de la Comisión Europea y del Departamento de Comercio estadounidense, este foro de ricos empresarios milita por un diálogo altamente constructivo entre las elites económicas de los dos continentes, la administración de Washington y los comisarios de Bruselas. El TABC es un foro permanente que les permite a las multinacionales coordinar sus ataques contra las políticas de interés general a ambos lados del Atlántico. Su objetivo, anunciado públicamente, es eliminar lo que denominan “discordias comerciales” ( trade irritants ), es decir, operar en los dos continentes con las mismas reglas y sin que interfieran los poderes públicos. “Convergencia regulatoria” y “reconocimiento mutuo” forman parte de los anuncios semánticos que esgrimen para incitar a los gobiernos a que autoricen los productos y servicios que contravienen las legislaciones localesLas sirenas de la desregulación

Pero en lugar de promover una simple flexibilización de las leyes existentes, los activistas del mercado transatlántico se proponen resueltamente escribirlas ellos mismos. La Cámara de Comercio estadounidense y Business Europe, dos de las organizaciones patronales más grandes del planeta, llamaron a los negociadores del TTIP a reunir alrededor de una mesa de trabajo una muestra de grandes accionistas y de responsables políticos, para que “redacten en conjunto los textos de regulación” que luego tendrán fuerza de ley en Estados Unidos y en la Unión Europea. Cabe preguntarse, por otro lado, si la presencia de los políticos en el taller de escritura comercial es verdaderamente indispensable… De hecho, las multinacionales cuando exponen sus intenciones no abandonan la franqueza. Por ejemplo en la cuestión de los OGM. Mientras que en Estados Unidos uno de cada dos estados busca volver obligatoria una etiqueta que indique la presencia de OGM en un alimento –una medida apoyada por el 80% de los consumidores del país–, los industriales del sector agroalimentario, tanto ahí como en Europa, intentan que se prohíba este tipo de etiquetaje. La Asociación Nacional de Confiteros no se anduvo con vueltas: “A la industria estadounidense le gusta- �

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ría que el TTIP avanzara sobre esta cuestión mediante la eliminación de etiquetaje de productos OGM y las normas de trazabilidad”. La muy influyente Asociación de la Industria Biotecnológica (Biotechnology Industry Organization, BIO), de la que forma parte el gigante Monsanto, se indigna por su parte de que productos que contienen OGM y que se venden en Estados Unidos puedan ser rechazados en el mercado europeo. Por consiguiente, desea que se cierre rápidamente la “brecha entre la desregulación de nuevos productos biotecnológicos en Estados Unidos y su recepción en Europa” (8). Monsanto y sus amigos no esconden su esperanza de que la zona de libre comercio transatlántico finalmente permita imponerles a los europeos su “catálogo rebosante de productos OGM a la espera de aprobación y utilización” (9). La ofensiva no es menos vigorosa en el frente de la vida privada. La Coalición del Comercio Digital (Digital Trade Coalition, DTC), que agrupa a industriales de la web y de las altas tecnologías, presiona a los negociadores del TTIP para que levanten las barreras que impiden que el flujo de datos perso nales se derrame libremente de Europa a Estados Unidos. “El punto de vista actual de la Unión según la cual Estados Unidos no proporciona una protección ‘adecuada’ de la vida privada no es razonable”, se impacientan los lobistas. A la luz de las revelaciones de Edward Snowden acerca del sistema de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency, NSA), a esta opinión parcial no le faltan condimentos. Sin embargo, no llega a la altura de la declaración del US Council for International Business, (USCIB) una agrupación de empresas que, como Verizon, abastecieron masivamente de datos personales a la NSA: “El acuerdo debería intentar circunscribir las excepciones, como la seguridad y la vida privada, para garantizar que no sirvan como trabas encubiertas al comercio”. Las normas de calidad en la alimentación son otro de los blancos. La industria estadounidense de la carne pretende obtener la supresión de la regla europea que prohíbe los pollos desinfectados con cloro. En la vanguardia de este combate, el grupo Yum, propietario de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC), puede contar con la fuerza de choque de las organizaciones patronales. “La Unión sólo autoriza en las carcasas el uso de agua y vapor ”, protesta la Asociación Norteamericana de la Carne, mientras otro gru po de presión, el Instituto Estadounidense de la Carne, deplora el “rechazo injustificado [por Bruselas] de carnes enriquecidas con agonistas beta, como el clorhidrato de ractopamina”. La ractopamina es un medicamento que se usa para aumentar el tenor en carne magra de porcinos y bovinos. A causa de los riesgos para la salud de los animales y los consumidores, está prohibida en ciento sesenta países, entre los que se cuentan los Estados miembros de la Unión, Rusia y China. Para la industria porcina estadounidense, esta medida de protección constituye una distorsión de la libre competencia a la que el TTIP tiene que poner fin inmediatamente. “Los productores estadounidenses de porcinos no van a aceptar más resultado que el levantamiento de la prohibición europea de la ractopamina”, amenaza el Consejo Nacional de Productores de Porcinos (National Pork Producers Council, NPPC). Mientras

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tanto, del otro lado del Atlántico, los industriales agrupados en el seno de Business Europe denuncian las “barreras que afectan las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, como la ley estadounidense sobre la seguridad alimentaria”. Desde 2011, en efecto, esta ley autoriza a los servicios de control a retirar del mercado los productos de importación contaminados. También en este punto se les pide a los negociadores del TTIP que hagan tabula rasa. Lo mismo para los gases de efecto invernadero. La organización Airlines for America (A4A), brazo armado de los transportistas aéreos estadounidenses, estableció una lista de “reglamentos inútiles que tienen un efecto considerable en [su] industria” y que el TTIP, por supuesto, puede tachar de la carta. Encabezando esta lista figura el sistema europeo de intercambio de cuotas de emisiones, que obliga a las compañías aéreas a pagar por su polución de carbono. Bruselas suspendió provisoriamente este programa; A4A exige su supresión definitiva en nombre del “progreso”. Pero es en el sector financiero donde la cruzada de los mercados se pone más virulenta. Cinco años después de la irrupción de la crisis de las subprime , los negociadores estadounidenses y europeos convinieron que las veleidades de regulación de la industria financiera ya habían cumplido su etapa. El marco que quieren poner en práctica tiene previsto levantar todas las barreras en materia de colocaciones de riesgo e impedirles a los gobiernos controlar el volumen, la naturaleza o el origen de los productos financieros que estén en el mercado. En pocas palabras, se trata pura y exclusivamente de borrar de la carta la palabra “regulación”. ¿De dónde viene este extravagante regreso a los viejos tiempos de Margaret Thatcher? Responde principalmente a los votos de la Asociación de Banc os Alemanes, que no se olvida de expresar sus “inquietudes” al respecto de la reforma de Wall Street adoptada después de la crisis de 2008. Uno de los miem-

El fin del TTIP no es proteger a los inversores, sino aumentar el poder de las multinacionales. bros más emprendedores en este caso es el Deutsche Bank, quien sin embargo recibió en 2009 cientos de miles de millones de dólares de la Reserva Federal estadounidense a cambio de títulos adosados a créditos hipotecarios (10). El mastodonte alemán quiere terminar con la reglamentación Volcker, piedra angular de la refor ma de Wall Street, que según el banco en cuestión “tiene demasiado peso para los bancos no estadounidenses”. Insurance Europe, la punta de lanza de las compañías de seguros europeas, busca por su parte que el TTIP “suprima” las garantías colaterales que disuaden al sector de aventurarse en colocaciones de alto riesgo. En cuanto al Foro de Servicios Europeos, organización patronal a la que pertenece el Deutsche Bank, se mueve entre los bastidores de las negociaciones transatlánticas para que las au-

toridades de control estadounidenses dejen de meter la nariz en los asuntos de los grandes bancos extranjeros que operan en su territorio. Del lado estadounidense se espera sobre todo que el TTIP entierre de una vez por todas el proyecto europeo de impuesto a las transacciones financieras. El asunto pa-

Si entrase en vigor, los privilegios de las multinacionales alcanzarían estatus de ley y dejarían a los gobernantes sin margen de maniobra. rece estar ya solucionado, ya que la misma Comisión Europea consideró a este impuesto como no conforme a las reglas de la OMC (11). En la medida en que la zona de libre comercio transatlántico promete un liberalismo más desenfrenado todavía que el de la OMC, y mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) se oponga sistemáticamente a cualquier forma de control sobre los movimientos de capitales, la enclenque “tasa Tobin” sigue sin inquietar a demasiada gente en Estados Unidos. Pero las sirenas de la desregulación no sólo se dejan oír en la industria financiera. El TTIP planea abrir a la competencia a todos los sectores “invisibles” o de interés general. Los Estados signatarios se verían obligados no sólo a so meter sus servicios públicos a la lógica del mercado sino también a renunciar a toda intervención sobre los proveedores extranjeros de servicios que codician sus mercados. Los márgenes de maniobra políticos en materia de salud, energía, educación, agua o transporte se reducirían como piel de zapa. La inmigración tampoco se salva de la fiebre comercial, porque los instigadores del TTIP se arrogan la facultad de establecer una política común en las fronteras –acaso para facilitar la entrada de los que tienen un bien o un servicio para vender en detrimento de los otros–. Desde hace algunos meses, el ritmo de las negociaciones se intensifica. En Washington tienen buenas razones para creer que los dirigentes europeos están dispuestos a cualquier cosa para reavivar un crecimiento económico moribundo, por más que sea al precio de una negación de su pacto social. El argumento de los promotores del TTIP, según el cual el libre comercio desregulado facilitaría los intercambios comerciales y sería por lo tanto creador de empleos, aparentemente tiene más peso que el temor a un sismo social. Las barreras aduaneras que todavía subsisten entre Europa y Estados Unidos están sin embargo “ya bastante bajas”, como lo reconoce el representante estadounidense de comercio (12). Los mismos artesanos del TTIP admiten que su objetivo principal no es aligerar las barreras aduaneras, de todos modos insignificantes, sino imponer “la eliminación, la reducción o la prevención de políticas nacionales superfluas” (13), siendo considerado “superfluo” todo lo que entorpezca el tránsito de mercaderías, como la regulación de las finanzas,

la lucha contra el calentamiento global o el ejercicio de la democracia. Es cierto que los estudios consagrados a las consecuencias del TTIP no se detienen para nada sobre sus consecuencias sociales y económicas. Un informe citado a menu do, proveniente del Centro Europeo de Economía Política Internacional (European Centre for International Political Economy, ECIPE), afirma con la autoridad de un Nostradamus de escuela de comercio que el TTIP va a darle a la población del mercado transatlántico un crecimiento de riqueza de 3 centavos per cápita y por día a partir de… 2029 (14). A pesar de su optimismo, el mismo estudio evalúa en sólo 0,06% el alza del Producto Interno Bruto (PIB) en Europa y Estados Unidos luego de la entrada en vigencia del TTIP. Otra vez, semejante “impacto” es ampliamente irrealista, en la medida en que sus autores postulan que el libre comercio “dinamiza” el crecimiento económico; una teoría regularmente refutada por los hechos. Además de que una suba así de infinitesimal sería imperceptible. En comparación, la quinta versión del i Phone de Apple generó en Estados Unidos una suba del PIB ocho veces mayor. Casi todos los estudios acerca del TTIP fueron financiados por instituciones que favorecen el libre comercio o por organizaciones patronales, razón por la cual los costos sociales del tratado no figuran, no más que sus víctimas directas, que sin embargo se podrían contar en cientos de millones. Pero todavía no se escuchó el “no va más”. Como lo mostraron las desventuras del AMI, del ALCA y de ciertas rondas de negociaciones de la OMC, el uso del “comercio” como caballo de Troya para desmantelar las protecciones sociales e instaurar la junta de los representantes ya fracasó en varias oportunidades. Nada dice que esta vez no vaya a pasar lo mismo. g éase “Le nouveau manifeste du

1.  V 

capitalisme mondial”, Le Monde diplomatique , París, febrero de 1998. 2. “Some secrecy needed in trade talks:

Ron Kirk”, Reuters, 13-5-12. 3. Zach Carter, “Elizabeth Warren

opposing Obama trade nominee Michael Froman”, 19-6-13, huffingtonpost.com 4. “Table of foreign investor-state cases and

claims under NAFTA and other US ‘trade’ dates”, Public Citizen, agosto de 2013, www.citizen.org  5. Andrew Martin, “Treaty disputes roiled

 by bias charges”, 10-7-13, Bloomberg.com 6. “Renco uses US-Peru FTA to evade justice for

La Oroya pollution”, Public Citizen, 28-11-12. 7. “Ecuador to figh t oil dispute fine”, AFP, 13-10-12. 8. “Commentaires sur l’Accord de partenariat

transatlantique”, documento del BIO, Washington DC, mayo de 2013. 9. “EU-US high level working group on

 jobs and growth. Response to consultation  by EuropaBio and BIO”, ec.europa.eu 10. Shahien Nasiripour, “Fed opens books,

revealing European megabanks were biggest  beneficiaries”, 10-1-12, huffingtonpost.com 11. “Europe admits speculation taxes a WTO

Problem”, Public Citizen, 30-4-10. 12. Correo de Demetrios Marantis, representante

estadounidense de Comercio, a John Boehner,  vocero republicano en la Cámara de Representantes, Washington DC, 20-3-13, hhtp://ec.europa.eu 13. “Final report. High level working group on

 jobs and growth”, 11-2-13, http://ec.europa.eu 14. “TAFTA’s trade benefit: a candy

 bar”, Public Citizen, 11-7-13.

*Directora de Public Citizen’s Global Trade Watch, Washington DC, www.citizen.org Traducción: Aldo Giacometti

 Manifestaciones frente al Senado francés contra el recorte de derechos a la salud de los inmigrantes, París (Bertrand Langlois/AFP/Dachary)

Dossier

Crisis, xenofobia y descontento social en Europa Con epicentro en Francia pero con vigencia en toda Europa, desde los círculos del poder político y económico crece una retórica perversa que culpabiliza a los “abusadores” de los beneficios sociales, básicamente inmigrantes, de poner en peligro lo que queda del Estado de Bienestar. En tanto, se multiplican las protestas contra un sistema impositivo regresivo.

Racismo en nombre de la seguridad social, por Alexis Spire Francia: desigualdad y carga impositiva, por Jean Gadrey

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Dossier Crisis, xenofobia y descontento en Europa

Inmigrantes indocumentados reclaman por su regularización, Francia, marzo de 2012 (Joel Saget/AFP/Dachary)

El objetivo de los gobernantes europeos de ir restringiendo y desmontando los mecanismos de protección social se enmascara ahora con las campañas de persecución implacable de los supuestos abusos que cometerían muchos de sus  beneficiarios, en particular los inmigrantes.

 Argumentos reaccionarios para “salvar” el Estado de Bienestar

Racismo en nombre de la seguridad social por Alexis Spire*

S

i bien las soluciones para sacar a la Unión Europea de la crisis económica suscitan ásperos debates, hay un tema sobre el que existe consenso entre los dirigentes políticos del Viejo Continente: la lucha contra quienes abusarían de los sistemas de protección social. Los inmigrantes de África o el Magreb, y más recientemente los romaníes, constituyen el primer blanco de esta nueva cruzada contra los “asistidos”. En una carta del 23 de abril de 2013, los ministros del Interior alemán, inglés, austríaco y neerlandés denunciaron ante la presidencia irlandesa los “fraudes y abusos sistemáticos del derecho a la libre circulación provenientes de los demás países de la Unión Europea”. Se habría pasado así de una inmigración económica a un turismo de subsidios. Este tipo de recriminaciones apenas resiste a la observación de la realidad social y jurídica: en todos los países europeos, las poblaciones extranjeras y romaníes se encuentran entre las más preca-

rias desde el punto de vista del acceso a la atención médica, y las prestaciones sociales mínimas siguen estando sujetas a condiciones drásticas de duración de la residencia en el territorio. En Francia, por ejemplo, un extranjero sólo puede cobrar el ingreso de solidaridad activa (RSA) si goza desde hace al menos cinco años de un permiso de residencia que lo autorice a trabajar (1). Pero sería erróneo descartar de plano esta visión del mundo por su inexactitud. En efecto, cumple una función ideológica decisiva en tiempos de crisis económica y pánico moral: ofrecer una legitimidad simbólica a políticas de exclusión que, sin ello, se toparían con la reprobación de una parte de la población. Simple y eficaz, esta retórica consiste en asociar el mantenimiento de la protección social con el rechazo a los extranjeros. Prospera en el terreno de las “reformas del Estado” que, bajo la apariencia de racionalización y lucha contra el fraude, crean a la vez una inseguridad interna, padecida por empleados públicos debilitados en sus condiciones de vida y trabajo, y una

inseguridad social generalizada, que se materializa mediante el desmoronamiento de la protección social. Ya no se trata de rechazar al extranjero en nombre de una visión racial de la nación, sino en virtud de un ideal mucho más consensuado: salvaguardar el “modelo social francés”. La sección del programa del Frente Nacional (FN) dedicada a la salud explica así la posición del partido: “Restaurar el equilibrio de las cuentas sociales dando prioridad a los franceses... Instaurar un período de carencia de un año de residencia continua en Francia y de aportes, antes de gozar de todos los beneficios de la Seguridad Social; eliminar la Asistencia Médica Estatal (AME) reservada a los inmigrantes clandestinos; crear un observatorio de derechos sociales de los extranjeros y de la aplicación de los acuerdos bilaterales de asistencia médica; luchar contra el fraude y los abusos” (2). Perversión ideológica

Pero el FN no es el único en subirse a este caballito de batalla. En Suecia, Dinamarca o los Países

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Bajos, agrupaciones políticas elaboran una curiosa mezcla de ideas de extrema derecha y preocupaciones de izquierda para reformar el Estado social. Autor de una investigación sobre los movimientos reaccionarios europeos, el periodista Andrew Higgins señala: “El Partido Popular Danés se transformó en defensor del Estado benefactor, al menos para los daneses nativos. Lanzó así un ‘chauvinismo de la protección social’ actualmente retomado por muchos partidos populistas europeos, que acusan a los extranjeros de sacar provecho del sistema de jubilaciones y ayudas sociales” (3). En Francia, tras la expulsión en octubre último de Leonarda Dibrani, esa estudiante secundaria detenida durante una excursión escolar, Jean-François Copé, presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), recomendó la eliminación de la AME –destinada a los extran jeros ind ocumenta dos y sin recursos–, dan do a entender que estaba en juego la supervivencia del sistema francés de protección social. Este procedimiento que consiste en instrumentalizar una causa progresista para movilizar contra un enemigo cómodo no es novedoso. A mediados de los añ os 2000, la derecha y la extrema derecha europeas, con la excusa de la igualdad de sexos y la defensa de la laicidad, habían logrado enrolar a los partidos de gobierno en la estigmatización del islam. Actualmente, es en nombre de la defensa del modelo social que se trata de excluir, de manera mucho más amplia, a todas las poblaciones sospechadas de abusa r de éste. La temática de la lucha contra el fraude no es una simple cantinela entonada por gobiernos deseosos de desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis de las finanzas públicas. Se convirtió en un argumento unificador para los altos funcionarios a cargo de la “modernización” de la administración y, por consiguiente, en un objetivo de lucha para todos los agentes implicados en la delimitación de las poblaciones dependientes del Estado social. En una investigación llevada a cabo en los servicios de control de la inmigración, pudimos comprobar que la retórica de la defensa del Estado social era un poderoso vector de movilización para aquellos que, entre las sombras de la administración, conducen la política de las ventanillas de atención (4). Provenientes de horizon tes políticos y sociales muy diversos, los hombres y mujeres afectados a estos servicios tienen una misión común: asegurarse de que cada derecho otorgado a un extranjero no constituya una amenaza para el mantenimiento del orden político, económico y social. Pero, ¿cómo adherir a una misión semejante? Durante mucho tiempo, el objetivo de controlar la inmigración cobraba sentido a través de la necesidad de proteger el mercado nacional del trabajo de una competencia extranjera desleal. Actualmente, se conjuga con una cruzada moral que apunta a perseguir el “asistencialismo” y convertir al inmigrante en sepulturero del Estado social. El temor a que los extranjeros vengan a cobrar las prestaciones sociales a Francia, aumentando así los déficits, está particularmente presente en los agentes encargados de la regularización por razones médicas: “En cuanto al procedimiento de regularización por atención médica, no se puede hacer nada; dependemos completamente de la opinión del médico. Afortunadamente, ahora, hay un poco más de opiniones negativas. Pero yo estoy indignada por los abusos de este procedimiento. La Seguridad Social ya no reembolsa algunos medicamentos a los franceses, lo que implica desde luego una gran diferencia para los empleados públicos como nosotros, pero el Estado se hace cargo de la salud de los extranjeros enfermos. Hay algo allí que no funciona, no es lógico” (opiniones vertidas por una empleada de ventanilla devenida verificadora en la Prefectura). La relación de causalidad establecida a quí entre inmigración y degradación de la protección social es también muy fuerte en los organismos públi cos implicados en el otorgamiento de prestaciones a las personas mayores. Mientras que los extranjeros, al igual que los nacionales, están obligados a residir en Francia para tener derecho a éstas, las cajas de seguro de salud iniciaron desde fines de los años 2000 una lucha sin cuartel contra los vie -

 jos inmigrantes que cobran las prestaciones sociales mínimas y regresan ocasionalmente al país (5). Nacionales y extranjeros

Esta guerra contra el fraude que apunta a los extran jerostiene como principal efectovincular la crisisde financiamiento de los sistemas de protección social a un problema de identidad nacional (6). Para algunos agentes del Estado, la oposición entre “nosotros los franceses” y “ellos los extranjeros” constituye así un mecanismo de identificación y factor de cohesión. Este deseo de hacer frente a usuarios percibidos como hostiles o tramposos no se limita a los servicios de inmigración: se lo encuentra en las ventanillas del seguro de desempleo, y en mayor medida en todas las oficinas encargadas de otorgar prestaciones sociales. Desde fines de los años 90, la mayoría de los países europeos, con la excusa de la racionalización del Estado social, intensificaron las medidas de control sobre los beneficiarios de sus prestaciones. Durante mucho tiempo relegado al rango de actividad secundaria, incluso marginal, el control de las poblaciones precarias ascendió al rango de prioridad política y gozó de importantes recursos materiales y humanos. Mientras que se relajaba la vigilancia de las diversas formas de delitos de guante blanco, la informatización de los archivos y la multiplicación de los intercambios de información entre organismos de la administración tornaron posible el inicio de un control minucioso que apunta a todas las poblaciones dependientes de los subsidios del Estado social. Actualmente, todo beneficiario que haya informado un monto diferente del registrado en su declaración impositiva está obligado a regularizarla, bajo pena de ser privado de sus prestaciones (7). En las cajas de subsidios familiares (CAF), la generalización de la exploración de datos ( datamining  ), una técnica de estudio de perfiles elaborada para detectar los legajos de eventuales defraudadores, constituye una nueva arma de represión masiva. El registro y la recolección sistemáticos de datos tales como la situación familiar, la actividad, los recursos y el historial de los últimos veinticuatro meses permiten a los especialistas en estadísticas de las CAF disponer de aproximadamente mil datos por beneficiario controlado (8). La lista de criterios que definen al defraudador sigue siendo por supuesto secreta. Su eficacia es sin embargo temible: después de seis meses, “el porcentaje de legajos detectados con un pago mal efectuado (prestaciones indebidas o adeudadas) aumentó un 38%” (9), y el monto promedio de las sumas recuperadas por verificador se duplicó. Una vez más, se observa el mismo argumento utilizado por los directores de las CAF para obtener el consentimiento de los agentes encargados de hacer funcionar esta máquina de castigar a los beneficiarios de las prestaciones sociales mínimas: sólo es cuestión de mejorar la calidad del servicio con vistas a garantizar un mejor acceso a las prestaciones de aquellos que tienen derecho a solicitarlas. Sin embargo, existen pocas posibilidades de que estos costosos dispositivos se pongan en funcionamiento para detectar a los beneficiarios que, por falta de información o temor a los procedimientos demasiado complejos, renuncian a hacer valer sus derechos (10).  Yendo más lejos en este control puntilloso, un decreto de octubre de 2013 autoriza a diferentes instituciones a verificar en línea la información de que dispone la administración fiscal, a través de un procesamiento automatizado de datos de carácter personal denominado “servicio de verificación de la notificación del impuesto a la renta”. Este nuevo teleservicio debería permitir especialmente a los bancos, los organismos que administran prestaciones sociales, los locadores o incluso las colectividades territoriales consultar datos tan personales como la situación familiar, el número de personas a cargo, el ingreso bruto global y el monto del impuesto (11). Para explotar estos nuevos dispositivos de control a distancia, los organismos administrativos encargados de la gestión de las poblaci ones más precarias dejan a sus agentes un importante poder de apreciación, especialmente para interpretar nociones tan difusas como la “buena integración” para los extran jeros, los “actos positivos de búsqueda de empleo” para los desempleados (12) o incluso el “aislamiento” para las madres a cargo de un hijo (13). Estos funcionarios suelen ser inducidos entonces a comparar los derechos de los que se benefician supuestamente las poblaciones precarias con la de-

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gradación continua del tratamiento reservado a los agentes del Estado: falta de recomposición salarial, cuestionamiento del derecho a la jubilación, recortes drásticos en los créditos operativos, eliminación continua de puestos que genera una intensificación del trabajo y la competencia entre servicios... Para la clase media del sector público, este cuestionamiento sistemático de su estatuto no se condice con la sensación –errónea– de que el poder público sigue gastando cada vez más para proteger a los extran jeros y las poblaciones precarias. Al no poder ser comprendidos en el plano político, algunos de estos agentes traducen su sensación de injusticia en la manera de aplicar el espíritu de la ley, negando en la ventanilla lo que una interpretación más generosa del derecho podría Se establece permitirles otorgar. Pertenecientes a los sectouna relación de res más bajos de los tracausalidad entre bajadores, adhieren tanto más fácilmente a esta inmigración y cruzada contra los “abusos” de los más precarios degradación de la cuanto que están convencidos de defender así protección social. su futuro bajo el ala protectora del poder público. El fortalecimiento de las prácticas de control se alimenta pues de la desestabilización de los agentes del Estado. La eliminación continua de puestos de trabajo y recursos en los sectores encargados de recibir y acompañar a las poblaciones más frágiles contribuye a aumentar estas tensiones, convirtiendo a las ventanillas de atención en un nuevo frente de batalla. En este contexto, cabe recordar que la crisis actual del Estado social es primero resultado de una “política de cajas vacías” (14) que consiste en reducir los ingresos de los organismos de la administración calificados de “derrochadores”. Esta crisis de financiamiento es producto de las múltiples derogaciones y exenciones concedidas a los más poderosos (véase el artículo de Jean Gadrey, pág. 24), pero también de todos los medios que éstos pusieron en práctica para escapar a sus obligaciones (15). Más allá del debate ideológico, el objetivo es obtener un reajuste de los medios de control del Estado sobre las empresas fiscalmente protegidas y los más ricos. Con la esperanza de que algún día, el miedo cambie de bando. g 1. Antoine Math, “Minima sociaux: nouvelle préférence

nationale?”, Pleindroit, N° 90, París, octubre de 2011. 2. “Garantir l’accès à la santé pour tous les Français”, www.frontnational.com 3. Andrew Higgins, “Right wing’s surge in Europe has the establishment rattled” , The New York Times, 9-11-13. 4. Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Raisons d’agir, París, 2008. 5. Antoine Math, “Les prestations sociales et les personnes âgées immigrées: la condition de résidence et son contrôle par les caisses”,  Revue de droit sanitaire etsocial, N° 4, París, julio-agosto de 2013. 6. Véase Serge Halimi, “Lampedusa”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2013. 7. Véase “Du souci de la justice à la surveillance des pauvres”,  Le Monde diplomatique, París, febrero de 2013. 8. Pierre Collinet, “Focus - Le data mining  dans les CAF: une réalité, des perspectives”, Informations sociales, N° 178, París, 04/2013. 9. Ibidem. 10. Philippe Warin, “La face cachée de la fraude sociale”,  Le Monde diplomatique, París, julio de 2013. 11. El decreto con estas nuevas disposiciones fue publicado en el Boletín Oficial del 15 de octubre de 2013. La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) denunció el riesgo para la vida privada de los contribuyentes, pero el gobierno decidió hacer oídos sordos e implementar a partir del otoño este nuevo dispositivo. 12. Emmanuel Pierru, Guerre au chômage ou guerre aux chômeurs, Editions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2005. 13. Vincent Dubois y Delphine Dulong, “Les ruses de la raison juridique. Le contrôle sur place des allocataires”,  Recherches et prévisions, N° 73, Metz, 2003. 14. Sébastien Guex, “La politique des caisses vides. Etat, finances publiques et mondialisation”,  Actes de larecherche en sciences sociales, N° 146-147, París, marzo de 2003. 15. Véase “Comment contourner l’impôt sans s’exiler”,  Le Monde diplomatique,París, febrero de 2013.

*Sociólogo, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). Autor de Faibles et puissants face à l’impôt, Raisons d’agir, París, 2012.

Traducción: Gustavo Recalde

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Dossier Crisis, xenofobia y descontento en Europa

Los “gorros rojos” protestan por los despidos y contra e l “ecotaxe”, Bretaña, Francia, 2-11-13 (Fred Tanneau/AFP/Dachary)

En Francia, el alza de impuestos en un contexto de persistencia de la crisis derivó en manifestaciones que la prensa convirtió en “hartazgo fiscal”. Pero lo que se discute es una fiscalidad injusta que agrava las desigualdades de origen.

Fabricación del “hartazgo”, realidad de la injusticia

Desigualdad y carga impositiva por Jean Gadrey*

“

Nada, en nuestra historia contemporánea, se había asemejado tanto a esos levantamientos populares lanzados contra un nivel de impuestos ilegítimo”, escribe el editorialista de  Le s E cho s Jean-Francis Pécresse, sin vacilar en comparar las manifestaciones de los “bonnets rouges” (gorros rojos) con las revueltas de los campesinos franceses en contra de la carga impositiva en el siglo XIV. De ser así, Francia se estaría enfrentando a una nueva revuelta: “Entre las accion es de cariz dramático llevadas a cabo en Bretaña co ntra el impuesto ecológico (‘ecotaxe’), la movilización contra el sobreimpuesto retroactivo, a una tasa del 15,5%, de ‘antiguos’ contratos de ahorro y de seguros de vida y el éxito fulgurante de iniciati vas ciudadanas con nombres como ‘palomas’ o ‘rapados’ , se encienden, un poco por todas partes, las chispas de una agitación contra la opresión fiscal” (1). “Levantamiento”, “agitación”, “opresión”: ¿el sistema tributario francés alcanzó realmente un nivel que  justifique semejante campo lexical? Lejos de traducir una deslegitimación del impuesto –como sugiere el editorialista–, el “hartazgo fiscal” aparecido en estos últimos años, y en particular en otoño de 2013, es el resultado de un cóctel singular: verdaderas dificultades financieras para una parte de los hogares, en un contexto de austeridad prolongada; un alza (limitada, en promedio) del impuesto a las ganancias y de la canti-

dad de hogares imponibles en 2012 y 2013, y por último el sentimiento cada vez más compartido de una injusticia y una desigualdad de trato en beneficio de una pequeña minoría . Agítese, con el apoyo de medios de comunicación siempre listos para convertir este tipo de descontentos en “levantamientos populares”: a los lobbies financieros sólo les quedaba servir la poción para hacer retroceder a un gobierno abiertamente dispuesto a ceder a la más mínima presión proveniente de ese sector. Pertinencia y equidad El 15 de octubre de 2013, el diario Le Monde publica una encuesta-shock. Bajo el título “Impuestos: la desaprobación de los franceses” (2), uno se entera de que el 72% de las personas consultadas considera “excesivo” el monto del impuesto. ¿Pero “excesivo” con relación a qué? La cuestión ameritaba mayor profundización, porque, en la misma encuesta, el 57% de los que respondieron estimaban que el pago del impuesto constituía un gesto ciudadano y entre el 75% y el 80% juzgaban justificados, incluso muy  justificados, los impuestos más progresivos: impuesto solidario sobre la fortuna (ISF), impuesto a las ga nancias, impuesto a las empresas. Aun cuando disminuyeron respecto de anteriores encuestas de opinión, ¿esas cifras verdaderamente se corresponden con la idea que uno tiene de una “desaprobación”? No se estaría constatando por tanto una hostilidad generalizada para con los i mpuestos, la redistri-

bución, la solidaridad, los servicios públicos de calidad, o incluso el financiamiento de asociaciones de ayuda social. El descontento –bien real– que se observa en algunos contribuyentes y que debilita el consentimiento respecto de los impuestos, sigue dos vías clásicas del cuestionamiento al sistema tributario: la de la idoneidad y la pertinencia de los gastos (¿para qué sirve?) y la de la justicia en la retención (¿quién debe contribuir y en qué proporciones?). Un ejemplo. ¿Se exige un “esfuerzo fiscal suplementario” para pagar la deuda? Algunos se preguntan entonces con razón: “¿Y si gran parte de esta deuda fuera ilegítima?” (3); “¿Y si la austeridad que se supone debe reducirla produjera el efecto contrario, sacrificando al pasar los servicios públicos de los que dependen nuestros conciudadanos?”. ¿Por qué, por otra parte, esta deuda sigue aumentando a pesar de varios años de austeridad? Otro ejemplo. La cantidad de personas imponibles aumentó en más de un millón en 2013. Ciertamente, el fenómeno se explica por la congelación del baremo que decidió el primer ministro François Fillon a fines de 2011; medida que concluye en 2014. Pero nada le impedía al actual gobierno suprimirla un año antes. Otra injusticia, el primer gran gesto de la presidencia de François Hollande consistió en un enorme regalo fiscal a las empresas, sin contrapartida: el “pacto de competitividad”, con su crédito de impuestos “por la competitividad y el empleo”, que asciende a 10.000 millones de euros en 2014 y a 20.000 millones en 201 5 y los años siguientes. Un regalo financiado en p arte por… las subas del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto injusto si los hay. Por otra parte, en 2014, los hogares van a tener que soportar la mayor parte de las subas de impuestos previstas. Así, la furia a ntifiscal se origina en parte en la baja de las retenciones obligatorias que se les concedió a las empresas. Según los trabajos llevados a cabo por el economista Thomas Piketty (4), los muy ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que las categorías populares y las clases medias, en virtud de la cantidad (y de la enormidad) de tretas de las que se benefician. Como las grandes empresas, los muy ricos practican masivamente el fraude y la evasión fiscal. Lo que representa por lo bajo entre 60.000 y 80.000 millones de euros por año. Lo que en cambio la mayoría de los ciuda danos ignora –porque la prensa raramente se lo señala– es que el total de los ingresos públicos, integrados en un 90% de recursos relacionados con los impuestos, bajó muy fuertemente medido en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de los años 80 y hasta 2009, antes de aumentar un po co desde esa fecha. Durante el período 1980-1987, los ingresos del Estado representaban 22% del PIB. Luego empezó la caída: 20% en promedio entre 1990 y 2001, 15,3% en 2009, piso histórico. En 2012, esta cifra subió a 16,8%. Por supuesto, la crisis redujo los ingresos fiscales, pero el movimiento de fondo había empezado mucho antes. En 20002001, Laurent Fabius, entonces ministro de Econo mía, Finanzas e Industria, se erigió como campeón del cepillado fiscal: “La izquierda no corre gran peligro de perder contra la derecha, pero puede ser vencida por los impuestos y las cargas”, escribía el 25 de agosto de 1999 en las columnas de Le Monde.  Ya se sabe cómo siguió la historia… Nuevamente en el poder en 2002, la derecha se iba a meter de lleno en la brecha y acelerar el movimiento por medio de varios dispositivos de una eficacia temible. Las tretas o regalos fiscales, la modificación del baremo y de las categorías hicieron su trabajo de zapa en beneficio del 10% más rico –y más aun, del 1% más favorecido– así como también de las grandes empresas. La tasa marginal del impuesto a las gan ancias (5) se hundió, pasando del 65% en 1986 al 40% en estos últimos años, mientras la tasa impositiva a las empresas caía del 45% al 33%. Y esto, en teoría. Las grandes empresas disponen de una formidable caja de herramientas para precaverse de las “cargas” (6): l as compañías del CAC 40 pagan una tasa impositiva real del 8%, mientras que las pequeñas empresas desembolsan el 28%. Al mismo tiempo, los impuestos locales progresaron, pero el fenómeno no compensa la baja histórica de los ingresos del Estado hasta 2009. En total, los ingresos públicos perdieron cerca de tres

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puntos del PIB, es decir, 60.000 millones de euros actuales, entre 1980 y 2009. Corresponde a la cifra del impuesto a las ganancias en 2012. Democratizar la economía ¿Cómo comprender la percepción, amplificada por los grandes medios de comunicación pero no desprovista de fundamentos, de un alza “excesiva” de los impuestos cuando, globalmente, la tendencia a la baja fue clara desde lo s años 80, en porcentaje de la riqueza económica nacion al? A esta pregunta, varias explicaciones. En primer lugar, las bajas más pronunciadas, las del período 2000-2009, beneficiaron principalmente al 10% más rico. Por lo tan to, no sorprende que la mayor parte de la gente no las tenga presentes. En segundo lugar, el alza moderada que se registró después del piso histórico de 2009 parece importante. Tal vez porque, aunque sólo se trate de una recuperación parcial, interviene en un contexto de rigor que no afecta a los más ricos. Incluso los ciudadanos más apegados al principio del impuesto como herramienta de solidaridad no la pueden aceptar sin protestar. Por último, buena parte de las categorías de ingresos medios y bajos están en serias di ficultades. Sufren la austeridad (salarial y pública) y el alza de otros gastos fijos relacionados con el alquiler, las cargas impositivas, la energía o los transportes. Cuando los impuestos “caen”, y cuando escucha ha blar de las decisiones presupuestarias para 2014, favorables a las empresas, esta parte de la población considera que “se ha llegado demasiado lejos”. Deslegitiman tanto las bajas anteriores como los aumentos recientes por un sentimiento de injusticia que es bien comprensible dado que las cifras lo confirman. Pero los “debates” generalmente ignoran otra cuestión; lo que le conviene a más de uno. Al hacer foco en la injusticia del impuesto, por más escandalosa que sea, se suele olvidar las desigual-

dades, aun mucho más flagrantes, relacionadas con la distribución de los ingresos conoci da como “primaria”, ingresos salariales e ingresos por propiedad. Si al impuesto le cuesta “redistribuir”, es en efecto porque la distribución inicial sufre una desviaciónfundamental. El impuesto tendría mucho menos para corregir en una sociedad en la que esta repartición primaria fuese más igualit aria. Si, a lo largo de las últimas décadas, el impuesto se volvió ca da vez menos progresivo (7), si se volvió incluso netamente regresivo para el 1% más rico, no se debe sólo a las políticas de bajas de impuestos y a las tretas que privilegian a los altos ingresos, sino también a que explotaron las desigualdades de distribución primaria. La redistribución trota, cada vez más desganada, detrás de desigualdades que van al galope. El impuesto y la redistribución son impotentes frente a los ingresos extravagantes: incluso una categoría del 75% no les impediría a las “elites” de las finanzas otorgarse el doble de ingresos, como para compensar… Richard Wilkinson, coautor del libro Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous  (“Por qué la igualdad es mejor para todos”, Les Petits Matins, 2013), explica por qué, para reducir las desigualdades, no hay que enfocarse solamente en el impuesto – una tesis que asocia a Piketty–: “Por supuesto, hace falta un impuesto más progresivo, hay que luchar contra el fraude fiscal, etc.; pero este enfoque de la reducción de las desigualdades tiene varios puntos débiles. Con la siguiente alternancia política, estas medidas se pueden desarmar en un mes. Mientras que si se reducen las desigualdades antes de tasas e impuestos, democratizando la economía y las empresas, se cambian las cosas de manera mucho más profunda. Por eso hay que democratizar la economía, desarrollar en paralelo el sector de las cooperativas, las mutuales, etc.” (8). De manera más general, sin estrategia para retomar las riendas de la economía y limitar la renta

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del accionariado, sin estrategia de transición ecológica y social, de ingreso mínimo decente junto a un ingreso máximo aceptable (9), de reparto del trabajo como herramienta principal del pleno empleo y, sobre todo, sin una profunda democratiza ción de la economía, una reforma fiscal aislada, incluso bien orientada, está destinada a no presentar más que resultados frágiles y reversibles. O, en el peor de los casos, explosiones orquestadas de “hartazgo”. Una fiscalidad justa en un sistema que alimenta la injusticia es un sueño inaccesible. Una fiscalidad justa como uno de los componentes de una política de igualdad sería, por el contrario, un triunfo.  g

Los muy ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que las categorías populares y las clases medias.

Echos, París, 28-10-13. Monde, París, 15 -10-13.

1. Les 2. “Impôts : le désaveu des Français”,  Le

3. Jean Gadrey, “La dette, quelle dette?”,  Le  Monde diplomatique, París, junio de 2012. 4. Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Camille Landais,

 Pour la révolution fiscale, Seuil, París, 2011. 5. La tasa impositiva que se aplica a la par te más

alta del ingreso de los contribuyentes. 6. Christine Jakse, “Vous avez dit ‘baisser les charges’?”,  Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2012. 7. La progresividad del impuesto consiste en aplicarles a los altos ingresos una retención proporcionalmente mayor que a los más bajos. 8. “L’égalité est meilleure pour tous, y compris pour l’environnement !”, 29-10-13, Think-tank.fnh.org  9. Sam Pizzigati, “Tope a la desigualdad”,  Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2012.

*Economista. Traducción: Aldo Giacometti

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La ola de suicidios que sacude a Bulgaria pone de manifiesto la desesperación de los sectores populares ante el empobrecimiento creciente, la desindustrialización, el consiguiente desempleo y el aumento imparable de las desigualdades. Agravando el cuadro, los métodos mafiosos signan la política y la economía.

Corrupción, políticas liberales y dramática situación social

La herida sangrante de Bulgaria por Laurent Geslin*

L

as boscosas laderas de los Ródope, montes del sur de Bulgaria, se desnudaron para dejar lugar a los suburbios soviéticos de la ciudad de Smolyan, con sus bloques de hormigón. En lo alto de la ciudad, en el barrio de Ustovo, unos hombres reparan la carrocería oxidada de un automóvil; algunos niños romaníes juegan en el polvo. Un anciano da una larga pitada a un cigarrillo moviendo la cabeza. “Problemas, sí, tenía problemas”, susurra contemplando el aviso fúnebre pegado en la puerta del edificio. Ventsislav Kozarev tenía 47 años; murió el 3 de mayo de 2013, con el 85% del cuerpo quemado, tras haberse inmolado frente a la prefectura de Plovdiv. En un pequeño cuarto lleno de humo, la familia se reúne para el velatorio. Las velas se consumen sobre una mesa ratona; una imagen religiosa adorna una pared de yeso. Los asistentes meditan en silencio. “Ventsislav Kozarev estaba desde hacía mucho tiempo sin empleo, al igual que su pareja. El servicio social le había quitado a su bebé, al no estar la pareja en condiciones de criarlo. Antes de suicidarse, dejó una carta diciendo que no podía seguir viviendo de esa manera”, cuenta la periodista Mihailina Dimitrova. Desde comienzos de 2013, al menos nueve personas murieron de esa manera en Bulgaria, y los suicidios con armas de fuego o arrojándose al vacío son numerosos. A mediados de agosto, una mujer de 77 años fue encontrada por sus vecinos carbonizada en su casa de la ciudad de Ploski, a u nos kilómetros de la frontera macedonia. Este fenómeno sin precedentes llevó a que la Iglesia Ortodoxa rompiera el silencio. “Insto a todos los jóvenes a no atentar contra su vida, bajo ninguna circunstancia”, declaraba el 14 de marzo pasado el Patriarca Neófito. En los años 80, Bulgaria, apodada el “Silicon Valley del Comecon” (1), proveía más del 40% de los sistemas informáticos y microcomputadoras de Europa del Este. Esta producción se concentraba principalmente en la región de los Ródope. Pero, desde el fin del régimen comunista, las fábricas de electrónica que constituían la riqueza de Smolyan cerraron una tras otra. Hoy ya no funciona ninguna in dustria en la región. De los treinta y dos mil habitantes de la ciudad, doce mil están desempleados, y los hoteles que se multiplicaron para recibir a los turistas durante el invierno no bastan para sostener a la población. “Somos una parte olvidada de Bulgaria. Lleva horas por rutas en mal es-

Plamen Goranov se inmoló en signo de protesta en 2013, Varna, (Nicolay Doychinov/AFP/Dachary)

tado en la montaña llegar a la gran ciudad de Plovdiv –se lamenta Dora Yankova, diputada-alcaldesa de la ciudad (Partido Socialista Búlgaro, BSP; ver “Principales partidos...”)–. La situación social es catastrófica, pero los habitantes de Smolyan perdieron la costumbre de rebelarse. Los suicidios que se multiplican son gritos de desesperación.” Miembro de la Unión Europea desde 2007, Bulgaria puede jactarse de tener índices macroeconómicos positivos. Las finanzas del país gozan de buena salud y la deuda pública sigue controlada en un 18,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012, según Eurostat, contra 37,8% en

Rumania y 157% en Grecia. Tal como lo señala la investigadora Nadège Ragaru, “desde la llegada en 1997 de un directorio monetario del Fondo Monetario Internacional (FMI), la gestión de las cuentas públicas se llevó a cabo con gran rigurosidad. Se impuso a los bancos –privatizados– exigentes medidas prudenciales. El Estado registró excedentes presupuestarios hasta la crisis de 2008-2009” (2). Y, tanto aquí como en otras partes, las medida s de austeridad preconizadas por la Unión Europea y las grandes instituciones financieras provocaron un desastre social: el desempleo alcanza oficialmente al 12% de la población activa (30% de los jóvenes), los

salarios y las jubilaciones están congelados desde 2009 y seiscientos mil hogares viven con menos de 100 euros por mes. “Aproximadamente el 20% de la población vive por debajo de la línea de pobreza –agrega Oleg Chulov, del sindicato Podkrepa–. Todos los gobiernos que se sucedieron estos últimos años redujeron el número de empleados de la administración pública. Implementaron una política fiscal favorable para los inversores, basada en la competitividad de la mano de obra. El salario mínimo es pues extremadamente bajo –aproximadamente 140 euros por mes–, y el salario promedio no supera los 370 euros. Actualmente, el 20% más rico es entre seis y siete veces más rico que el 20% más pobre”. En 1990, la relación entre ambos grupos era de 2,4. En el poder desde las elecciones legislativas anticipadas del 12 de mayo último, el BSP prometió retomar esta orientación liberal, olvidando rápidamente que la mayoría de estas medidas, como la flat tax, que afecta a todos los ingresos en un 10%, sin una alícuota progresiva, habían sido tomadas por el gobierno de coalición dirigido por el jefe del Partido Socialista, Sergeï Stanishev (2005-2009), devenido este año presidente del Partido Socialista Europeo (PSE). Fue en este contexto económico deletéreo que los ciudadanos observaron con espanto la suba vertiginosa de las tarifas de electricidad, a comienzos del año 2013. Privatizada bajo el gobierno del ex primer ministro Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha (2001-2005), la red nacional está en manos de tres operadores privados que se reparten el mercado: los checos CEZ (Ceské Energetické Závody, Grupo Energético Checo) (3) y Energo-Pro, así como el austríaco EVN. En enero último, las facturas promedio aumentaban a más de 100 euros por hogar: una suma imposible de pagar para buena parte de la población. Empujadas por la miseria, varias decenas de miles de personas salieron entonces a las calles de las grandes ciudades del país. La protesta tomó rápidamente un cariz político, al denunciar desordenadamente los manifestantes a la Unión Europea y a los representantes electos locales, su corrupción y su colusión con intereses económicos y criminales. Sintiendo cerca el silbido de las balas, el populista Boïko Borisov, karateca devenido guardaespaldas del ex dictador comunista Todor Zhivkov, luego alcalde de Sofía (2005-2009) y primer ministro, decidió tirar la toalla el 13 de marzo de 2013, a pocos meses de las elecciones legislativas previstas para julio. Una estrategia oportunista que habría podido dar sus frutos: su partido, Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), llegó a la cabeza de las elecciones anticipadas de mayo con el 30% de los votos; un resultado sin embargo insuficiente para conservar el poder. Tras unos días de negociaciones, el BSP y el Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS) de la minoría turca lograron finalmente conformar una frágil coalición gubernamental, que sólo dispone de ciento veinte de los doscientos cuarenta escaños. Recibieron para ello el apoyo sin participación del partido de extrema derecha Ataka y de su dirigente Volen Siderov, quien, en 2006, llamaba a “transformar a los gitanos en jabón”... Descontento general

Es difícil para los electores encontrar la menor coherencia en este entramado heteróclito. A juzgar por los encuestadores, nunca los diputados búlgaros fueron ob jeto de un desafío tan grande como a comienzos de esta 42º Legislatura: según

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una encuesta del Centro Nacional de Estudios de la Opinión Pública, el nuevo Parlamento comenzó la nueva Legislatura con un 65% de opiniones desfavorables. Más revelador aun, sólo el 3% de los ciudadanos se declara satisfecho con sus condiciones de vida; una cifra que refleja las dificultades económicas, pero sobre todo la profunda crisis moral que afecta a la sociedad. “El régimen parlamentario búlgaro está agotado –señ ala Ivo Hristov, miembro de la organización no gubernamental (ONG) de izquierda Bulgaria Solidaria (4)–. Desde el fin del régimen comunista, todos los incentivos económicos fueron acaparados por dirigentes vinculados a redes mafiosas. La alternancia política no genera cambios ideológicos sino simplemente una recomposición de este sistema oligárquico”. A la derecha del tablero político, durante los años 2000 aparecieron nuevos partidos que movilizaban a los electores con discursos anticorrupción. Tras su regreso del exilio en 1996, el rey Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha creó el Movimiento Nacional Simeón II y ganó las elecciones legislativas de 2001, antes de formar en 2005 una coalición con los socialistas. Esta mayoría fue a su vez desplazada por la victoria del nuevo partido GERB de Borisov en las legislativas de 2009. A lo largo de la última década, la recombinación permanente de los equilibrios políticos generó una movilidad extrema de los dirigentes de los diversos partidos, que cambian de agrupación según las circunstancias electorales. “El crédito de los dirigentes políticos se basa en gran medida en su capacidad para fomentar los intercambios d e favores, reorganizando las prácticas de acaparamiento y redistribución de los recursos públicos observadas durante el período comunista. Progresivamente, se instauraron relaciones originales entre aspirantes a una carrera política y empresas partidarias: a imagen de los ‘electores móviles’ surgieron ‘hombres políticos móviles’, quienes, para hacer frente a la adversidad –la doble infidelidad de los electores y las instancias dirigenciales de los partidos–, flexibilizan pertenencias partidarias y alineamientos ideológicos”, explica Ragaru (5). De hecho, para muchos observadores, la única cuestión que estructura en forma duradera el universo político desde la caída del régimen comunista es la de las relaciones con el vecino ruso. Así, para algunos intelectuales liberales que adhieren a Borisov, las manifestaciones de febrero de 2013 y la crisis política que a traviesa desde entonces el país habrían sido fomentadas por Moscú, disconforme con el reciente fracaso del referéndum sobre la cuestión nuclear. El 27 de enero, en efecto, la mayoría de los votantes respondía “sí” a la pregunta “¿Debe Bulgaria desarrollar su energía nuclear mediante la construcción de una nueva central atómica?”, antes que el escrutinio fuera finalmente invalidado por falta de participación suficiente. El proyecto, apoyado entonces por el gobierno de Sergei Stanishev (2005-2009), y abandonado por el gabinete de Borisov en marzo de 2012, preveía la construcción de

Datos clave Superficie:111.000 km2. Población:  7,3 millones de habitantes en 2011 contra 8,7 millones en 1990. Esperanza de vida: 74,16 años en 2011.

una nueva central de diseño ruso en Belene, en el norte del país (6). “El Partido So cialista aún mantiene estrechas relaciones con Moscú –señala el politólogo Ognyan Minchev, director del Institute for Regional and International Studies (IRIS)–, y el proyecto de Belene es un instrumento de Rusia destinado a acrecentar su influencia en la escena política búlgara y alejar al país de la alianza euro-atlántica.” Un gasoducto clave

Desde el retorno de los socialistas, Moscú insta también a finalizar la construcción en el territorio búlgaro de un tramo del gasoducto South Stream, con el fin de enterrar definitivamente el proyecto de la competencia, Nabucco, impulsado por Europa. El 8 de julio pasado, el primer ministro socialista Plamen Oresharski recibía con gran pompa a Alexeï Miller, director del grupo Gazprom. La construcción del gasoducto, declaraba, generaría la contratación de dos mil quinientos ingenieros altamente calificados y aportaría 3.500 millones de euros en inversiones directas. La clase política nacional ¿se dividiría entonces entre socialistas rusófilos partidarios de la cuestión nuclear, por un lado, y la derecha rusófoba y antinuclear, por el otro? “Es una simplificación –estima Hristov–. La energía es la vaca lechera de toda la clase política. La corrupción en ese sector es un problema estructural, y todos los partidos respetan la omertà.” En el gran puerto de Varna, con los primeros rayos del sol, los curiosos invaden las terrazas de los cafés del bulevar Slivnitca. Poderoso centro industrial bajo el comunismo, especialmente gracias a sus astilleros y su industria textil,  Varna sigue siend o una de las c iudades más prósperas del país. Representa el 15% del Producto Nacional Bruto (PNB) y tiene una tasa de desempleo inferior al 4%. Fue aquí, sin embargo, donde el movimiento espontáneo de furia cobró dimensión el invierno boreal pasado. El 20 de febrero de 2013, un hombre de 36 años, Plamen Goranov –cuyo nombre significa “llama”–, se inmolaba frente a la alcaldía, convirtiéndose en mártir y símbolo de la revuelta. “Salimos a las calles para protestar contra el precio de la electricidad, pero también contra la mafia que dirige la ciudad desde hace veinte años”, dice Maria, una joven artista que pegó en su bolso un autoadhesivo con la efigie de Goranov. “El alcalde renunció, pero realmente nada ha cambiado. No importa, la chispa que se encendió este invierno no se ha apagado”, quiere creer. Tras cuatro mandatos electivos y catorce años de poder absoluto, el alcalde Kiril  Yordanov se vio obligado a renunciar el 6 de marzo de 2013, abandonado por sus aliados del GERB. La mafia manda

“Yordanov era un mero testaferro que había sabido negociar el apoyo de los partidos que se sucedieron en Sofía, comenta un periodista local manteniendo el anonimato. Los verdaderos amos de la ciudad, así como de buena parte de Bulgaria, son los mafiosos de TIM”. El grupo TIM, cuyo nombre proviene de las iniciales de sus tres fundadores (Tihomir, Ivo y Marin), ex comandos de Marina, surgió en Varna en los años 90, durante el oscuro período de la transición. En esa época, las empresas del Estado eran privatizadas por monedas en beneficio de los amigos del nuevo régimen. “Bulgaria estaba entonces controlada por diferentes grupos criminales que se enfrentaban entre sí. Pero, a diferencia de aquellos que se mostraban en los clubes con chicas y armas,

los fundadores de TIM fueron siempre muy discretos. Eliminaron a la competencia y se convirtieron en una de las fuerzas económicas más poderosas del país”. Hacer hoy un listado de los bienes de TIM no es tarea sencilla. “Con trolan medios de comunicación, como el canal de televisión Cherno More, e invierten en el sector inmobiliario. Poseen un banco, el Centralna Kooperativna Banka, y la aerolínea nacional Bulgaria Air. Tienen participaciones en los aeropuertos de Varna, Burgas y Sofía.

La población se redujo un 5,5% el año pasado, y pasó de 8,7 millones de personas en 1990 a 7,3 millones en 2011. Considerada en la época comunista como la XVI República de la Unión So viética, Bulgaria aplica actualmente al pie de la letra las políticas liberale s preconizadas por la Unión Europea y, hoy como ayer, sigue siendo incapaz de controlar su destino. Eso es sin duda ta mbién lo que los manifestantes pretenden cambiar. g 1. El Consejo de Asistencia Económica Mutua

Empujadas por la miseria, varias decenas de miles de personas salieron a las calles de las grandes ciudades. Nadie conoce con exactitud cuántos bienes poseen”. “Cada país tiene su mafia. En Bulgaria, la mafia tiene un país”, les gusta repetir aquí. Según un informe publicado en diciembre pasado por Transparency International, sería el país más corrupto de Europa detrás de Grecia, ubicándose en el puesto 75 de 176 a nivel mun dial. Para el Comité de Helsinki, “las decisiones del Parlamento son impuestas por poderosos grupos privados que dirigen la maquinaria económica y la propaganda a su servicio sin respetar la ley” (7). El 14 de junio último, poco después de las elecciones legislativas, el temible hombre de negocios Delyan Peevski era designado a la cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad (DANS), un organismo encargado de luchar contra la corrupción, generando indignación en todo el país. Diputado del DPS y magnate de los medios de comunicación, Peevski habría estado involucrado en varios escándalos político-mafiosos, como el caso Toplofikacija, en 2006-2007 (8). Frente a la furia de la calle, el Parlamento se apuró a dar marcha atrás, anulando la designación de Peevski. El primer ministro Oresharski presentó incluso sus disculpas públicamente, el 19 de junio, por este “error político” (9). Este mea culpa, así como la reducción de las tarifas de electricidad anunciada el 30 de julio pasado, no disiparon sin embargo las ganas de pelear de los ciudadanos búlgaros. Tras seis meses de revuelta, y a pesar de la alternancia política, la crisis social que afecta al país parece estar lejos de desaparecer. Todo el verano, manifestaciones en la calle exigieron la renuncia del gobierno y la celebración de nuevas elecciones. La noche del 23 al 24 de julio, barricadas rodearon el Parlamento; dos mil manifestantes bloquearon a una treintena de diputados en el edificio al grito de “mafia” y “renuncia”. El regreso del frío y el aumento estacionario de las tarifas de electricidad podrían avivar el descontento. Sin embargo, la sociedad búlgara ¿tiene realmente los medios para llevar a cabo una “revolución” comparable a las que agitaron a los países árabes en 2011? Agotado por veinte años de transición, el país, demográficamente exangüe, pierde cada año sus fuerzas vivas.

(Council for Mutual Economic Assistance, Comecon, 1949-1991) agrupaba a países del bloque comunista.  2. Nadège Ragaru, “‘Souriez! Tout va mal’. La Bulgarie de Boïko Borissov au lendemain des élections de 2011”, Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI), París, 12-1-12. 3. En enero de 2013, le quitaron a CEZ la licencia que le permitía distribuir la electricidad en Albania, tras acusarlo las autoridades de Tirana de mala administración. 4. http://solidbul.eu 5. Nadège Ragaru, “En quête de notabilité.  Vivre etsurvivre en politique dans la Bulgarie postcommuniste”, Politix, Vol. 17, N° 67, París, 2004. 6. Véase Hélène Bienvenu y Sébastien Gobert, “Europa del Este quiere energía nuclear”,  Le Monde

diplomatique, edición Cono Sur, julio de 20 13. 7. Alexandre Levy, “Les Bulgares se mobilisent contre la corruption de la classe politique”, Le Figaro, París, 19-6-13. 8. Véase Ragaru Nadège, “Usages et force instituante de la lutte anticorruption en Bulgarie: l’affaire Toplofikacija”,  Droit et Société, Vol. 72, N° 2, París, 2009. 9. “Bulgarie: la colère de la rue pousse le magnat des médias Delyan Peevski vers la sortie”, Le Courrier des Balkans, 20-6 -13, http://balkans.courriers.inf

*Periodista. Traducción: Gustavo Recalde

Principales partidos políticos Ataka: partido de extrema derecha, fundado en 2005, que considera que las minorías (turcos, romaníes) gozan de demasiados derechos. Ataka se opuso también a la adhesión de Bulgaria a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y milita por un papel creciente de la Iglesia Ortodoxa. El partido está dirigido por su fun dador, el ex periodista Volen Siderov. Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB): partido conservador fundado en 2006 por el entonces alcalde de Sofía, Boïko Borisov. Este partido atlantista y proeuropeo es miembro del Partido Popular Europeo. Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS): partido liberal que representa a la minoría turca (aproximadamente el 8% de la población). Movimiento Nacional para la Estabilidad y el Progreso (NDS): partido fundado en 2001 por Simeón II, quien fue rey de Bulgaria entre 1943 y 1946. Primero llamado Movimiento Nacional Simeón II (hasta 2007), es de inspiración liberal, miembro del Partido Europeo de Liberales, Demócratas y Reformistas. Partido Socialista Búlgaro (BSP):  heredero del antiguo Partido Comunista Búlgaro, que dirigió el país hasta 1990, el BSP adoptó desde entonces una línea socialdemócrata y devino miembro del PartidoSocialistaEuropeo.

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Barrida por uno de los ciclones más violentos de su historia, Filipinas se esfuerza en curar sus heridas. Aunque el país es considerado uno de los más competentes en materia de reducción de riesgos de catástrofes, los dirigentes tienen una tendencia pronunciada a encontrar chivos emisarios para escapar a sus responsabilidades.

La última tragedia de Filipinas

Culpables demasiado cómodos por Jean-Christophe Gaillard y Jake Rom D. Cadag*

Devastadoras consecuencias del supertifón Haiyan, Taclobán, noviembre de 2013 (Noel Celis/AFP/Dachary)

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ntre 1950 y 2012, quinientas treinta y seis catástrofes de consideración azotaron Filipinas, según la Emergency Events Database (Emdat) del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de Desastres (1). Estas catástrofes espectaculares no pueden hacer olvidar que, todos los días, miles de filipinos se enfrentan a deslizamientos de terrenos o inundaciones de menor amplitud que amenazan su seguridad alimentaria y afectan su salud y la educación de sus niños. Pero, en vez de atacar las causas profundas de esta situación, se buscan culpables: “la naturaleza”, “los malos”, “los pobres”. En un país geológicamente inestable y atravesado todos los años por una veintena de ciclones; en un contexto mundial de cambios climáticos, parece evidente, a los ojos de una parte del mundo científico, de los medios y de los dirigentes políticos, que la naturaleza es la causa. Los datos climáticos y geológicos disponibles desde fines del período colonial español muestran sin embargo que ciclones, sismos, erupciones volcánicas y tsunamis no son más frecuentes hoy que a fines del siglo

���. Por ejemplo, un promedio de veintiún ciclones golpeaba cada año el país entre 1881 y 1898, contra quince durante la segunda mitad del siglo ��. Las inundaciones, asociadas a la mayoría de las catástrofes, son ahora más comunes, pero no están ligadas ni a un alza de las precipitaciones ni tampoco a un ascenso significativo del nivel del mar. Más bien son causadas por la subsidencia (depósito de sedimentos) muy rápida del delta de los principales ríos, en razón del incrementado bombeo de las napas freáticas para satisfacer las necesidades domésticas y agrícolas. Sucede lo mismo con los deslizamientos de terrenos, más frecuentes en la actualidad, pero que se deben, con frecuencia, a la deforestación masiva y a la erosión del suelo. Dos fenómenos de origen antrópico y no natural. Por “malos”, se entiende, en primer lugar, los enemigos del Estado, entre quienes figuran en particular la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y los explotadores forestales ilegales, acusados de ser el origen de la deforestación y de los deslizamientos de terreno asociados a ella. Sin embargo, si los taladores de ár-

boles pueden operar con toda impunidad, es que disponen de apoyo permanente de los dirigentes políticos locales, cuando no son ellos mismos quienes están en el po der. Y el NPA se opone antes que nada a la política neoliberal del gobierno, siendo la protección del medio ambiente uno de los pilares de las reivindicaciones revolucionarias (2). Entre los “malos” figuran también los que no respetan lo s valores morales promulgados por el Estado y su aliada, la Iglesia. Para muchos filipinos, transgredir ciertos valores morales y religiosos significa exponerse a un castigo divino. “Tenemos que saber que todas las catástrofes que golpean a nuestra nación no son accidentales sino la consecuencia de […] nuestra rebelión respecto de la verdad de la palabra de Dios”, declaraba el dirigente religioso Eddie Villanueva al día siguiente de una sucesión de catástrofes, en 1995 (3). Acusar a los pobres El gobierno y los medios se descargan también contra los pobres: los que habitan en barrios informales –acusados de agravar las inundaciones al bloquear el drenaje de los cursos de agua, tirando

la basura en los canales–, y las numerosas comunidades serranas que practican el cultivo sobre chamizado y el corte de leña serían responsables de la deforestación en gran escala y de la erosión del suelo. Un dirigente del gobierno declaraba, al día siguiente de las terribles inundaciones que afect aron a Manila en 2009, que él “había recomendado fuertemente que estas personas [es decir, cuatrocientos mil okupas ] fueran desplazadas de las zonas amenazadas y no fueran autorizadas a volver” (4). Como si, para satisfacer sus necesidades, estas últimas no estuvieran obligadas a instalarse en zonas peligrosas, o a degradar el entorno, sin tener los medios para protegerse de los avatares naturales. Para ellos, la amenaza de una crecida estacional, de un deslizamiento de terreno o de una erupción volcánica decenal pesa menos que la necesidad de luchar contra el hambre (5). La incapacidad de los más pobres de satisfacer sus necesidades cotidianas y de protegerse no se explica por un déficit de conocimientos, sino por una distribución desigual de los recursos. Tan cierto es que, en cada desastre, las pérdidas no son las mismas: algunos edificios resisten mientras que otros se derrumban, unos individuos sobreviven cuando otros perecen. Se puede observar hoy después del paso del ciclón Yolanda. Las catástrofes aumentan las dificultades para alojarse, alimentarse, hacerse oír en la escena política. Esta distribución desigual de las riquezas y de los medios de protección se debe a la herencia colonial, a las estrategias políticas y económicas contemporáneas del Estado, como también al peso del contexto internacional. Los tres siglos y medio de colonización española (1565-1898) favorecieron el surgimiento de una elite cerrada que tomó el control de la mayoría de las tierras y de los otros recursos del país. El medio siglo de dominación estadounidense que siguió a la salida de los españoles no hizo más que reforzar esta tendencia. Así, a principios del siglo ���, alrededor del 10% de las familias filipinas controlan el 33,9% de las riquezas del país, mientras que el 10% más pobre no posee sino el 2,4%. Esta disparidad es particularmente impactante en el medio rural, donde un tercio de los agricultores no son propietarios de las tierras que cultivan. Muchos campesinos sin tierra prefieren emigrar hacia las montañas expuestas a los desprendimientos de terreno, o hacia la ladera de los volcanes, y controlar el producto de su labor, antes que vivir en plena llanura, donde deben pagar entre un 50% y un 75% de sus cosechas a grandes terratenientes. Esta ocupación creciente de lugares expuestos a los avatares naturales, antes abandonados en razón de su peligrosidad,provocamuchas catástrofes. Las estrategias político-económicas del Estado filipino acentúan el fenómeno (6). Los gobiernos que se han sucedido desde los años 60 se apoyaron, en efecto, en principios neoliberales. Durante los años 90, muchos servicios públicos, como el agua y la electricidad, fueron privatizados, con frecuencia en beneficio de las personas cercanas al poder, reduciendo aun más el acceso a los medios de protección a los pobres. Paralelamente, el Estado alentó las exportaciones que fueron de provecho sobre todo para el entorno del régimen implicado en el comercio. El pillaje de los recursos forestales es el origen de numerosos deslizamientos de terrenos. En fin, la apertura de las fronteras del país al comercio internacional, en particular a las multinacionales agroalimentarias, no solo aceleró esta degradación sino que contribuyó también a despojar de su tierra a los pequeños campesinos y a las comu-

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nidades autóctonas, que perdieron así el control de sus medios de subsistencia (7). Redes de solidaridad Orientaciones, todas ellas, dictadas por los planes de ajuste estructural impuestos a Filipinas desde 1979. Desarmados frente a la afluencia de productos agrícolas a bajo precio y al cierre de sus propios mercados, muchos campesinos tuvieron que adoptar medios de subsistencia destructores del medio ambiente, o migrar hacia espacios marginales expuestos a los fenómenos naturales. Además, en los años 2000, el pago de la deuda exterior monopolizaba aproximadamente el 10% del producto interno bruto (PIB), en detrimento de los gastos en el campo de la salud y de la educación. Por último, la globalización de los intercambios comerciales y las fluctuaciones del precio de las materias primas y alimentarias obligan, a los productores más pequeños, a correr cada vez más riesgos para satisfacer sus necesidades diarias. Así, con el fin de hacer frente al alza del precio de un producto básico como el arroz, muchos de los pescadores de las comunidades litorales del archipiélago deben ahora arriesgar su vida adentrándose en un mar de olas fuertes. Como consecuencia de su herencia colonial y del contexto político económico contemporáneo, los más carenciados tienen cada vez menor peso sobre las causas profundas de su vulnerabilidad pero despliegan, sin embargo, un amplio abanico de conocimientos, de savoir-faire  y de otros recursos endógenos con que hacer frente, de alguna manera, a las sucesivas catástrofes que golpean el país (8). Esta capacidad incluye no sólo la experiencia de los acontecimientos pasados, y las redes de solidaridad, las tontinas, la arquitectura y la medicina tradicionales, la caza, la pesca y la recolección, sino también una densa y muy activa red de organizaciones comunitarias sostenidas por organizaciones no gubernamentales (ONG). Muchas de ellas provienen de la lucha contra la dictadura del presidente Ferdinand Marcos. Mantienen un punto de vista de oposición muy fuerte al gobierno, en particular con el fin de cuestionar las desigualdades sociales. Su acción, mundialmente reconocida, hace de Filipinas uno de los países pioneros en materia de posiciones participativas que apuntan a reducir los riesgos de catástrofe (9). Lamentablemente, estos proyectos y compromisos siguen siendo puntuales. Para la difusión a gran escala en el archipiélago habría que contar con la institucionalización de su práctica y, por lo tanto, con la implicación fuerte del Estado. La multiplicación de las iniciativas locales y la presión de la sociedad dieron lugar, en mayo de 2010, a la aprobación de una nueva ley considerada modelo a escala internacional, pues alienta especialmente la participación de un creciente número de actores no gubernamentales, así como la integración de iniciativas comunitarias y participativas, a las medidas impulsadas por el gobierno. Este último pone también a disposición de las autoridades locales fondos públicos y medios humanos para reducir los riesgos ante catástrofes. Aunque la implantación de esta medida parece un tanto disparatada, las comunidades locales que supieron aprovechar el nuevo instrumento institucional fueron mucho menos afectadas por el ciclón Yolanda, como sucedió en la ciudad de Guiuan, en Samar, y en la isla de San Francisco, en el mar de Cebu. Sin embargo, el dinamismo de las ONG y la existencia de esta sólida herramienta institucional no bastan y no corrigen en nada las desigualdades sociales causantes de la fragilidad de los más pobres. El caso de

la lucha contra la deforestación es característico. Existe una profusión de leyes y de decretos que prohíben la tala de árboles. Pero la explotación ilegal de la selva persiste en todo el país, y las ca tástrofes debidas a desprendimientos del terreno continúan y siguen siendo parecidas, aun cuando se perciben verdaderos progresos para reducir la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, como los niños. En este contexto, se puede esperar que la magnitud del desastre provocado por el paso del ciclón Yolanda constituya, por fin, un electroshock. g 1. Se han registrado las catástrofes que, o bien hayan

causado la muerte de por lo menos diez personas, o

 bienhayanafectado a por lo menos cienpersonas, o  bienhayannecesitadode la ayudainternacional. 2. Véase Philippe Revelli, “Filipinas: tierras al mejor postor”, Le Mondediplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2012. 3. Eddie Villanueva, “RP’s disasters not incidental occurrences”  Philippine Star, Manila, 7-10-1995. 4. Cecil Morella, “400,000 lakeshore squatters key to fixing floods”  Philippine Daily Inquirer,Manila, 8-10-09. 5. People’s response to disasters : vulnerability, capacities and resilience in Philippine context , Center for Kapampangan Studies, Angeles City, 2001. 6. Walden Bello, Herbert Docena, Marissa de Guzman y Mary Lou Malig, TheAnti-Developmental  State: the PoliticalEconomy of PermanentCrisis inthePhilippines, Universidad de Filipinas, Departamento de Sociología, Quezon City, 2005. 7. Robin Broad y John Cavanagh, PlunderingParadise:  ,

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the Struggle for the Environment in the Philippines , University of California Press, Berkeley, 1993. 8. Greg Bankoff, Cultures of Disaster : Society and Natural  Hazardin thePhilippines, Routledge, Londres, 2002. 9. Annelies Heijmans y Lorna P. Victoria, “Citizenry basedand development orienteddisasterresponse: Experiences and practices in disaster management of the Citizen’sDisasterResponseNetworkinthe Philippines”, Center for Disaster Preparedness, Quezon City, 2001.

*Profesor en la Universidad de Auckland e investigador en el Instituto de Investigación para el Desarrollo, Montpellier, respectivamente. Autores de “Sa kandungan ng kalikasan : catastrophes, environnement er développement aux Philippines”, en William Guéraiche (bajo la dir. de), Philippines contemporaines , Instituto de Investigación sobre el Sudeste Asiático Contemporáneo (IRASEC), Bangkok, 2013. Traducción: Florencia Giménez Zapiola

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Edición 174 | diciembre 2013

Activistas sunnitas protestan tras los enfrentamientos en Rawalpindi, que dejaron varios muertos, Quetta, 17-11-13 (Banaras Khan/AFP/Dachary)

Las diferencias entre sunnitas y chiitas nunca habían amenazado la integridad de Pakistán. En las últimas décadas se fueron convirtiendo en un violento conflicto social y generaron milicias armadas y una multiplicación incesante de asesinatos y actos terroristas. Hoy ya erosionan las bases constitutivas de la nación.

El conflicto entre sunnitas y chiitas amenaza la unidad nacional

Las peligrosas fisuras de Pakistán por Jean-Christophe Jaffrelot*

S

i bien los chiitas apenas representan alrededor de una quinta parte de los paquistaníes, el conflicto con los sunnitas es un desafío para el país que no sería exagerado calificar como existencial. Los fundadores habían concebido a Pakistán como la tierra de acogida de los musulmanes de Asia del Sur y esta línea demarcatoria pone en cuestión la unidad islámica. El sectarismo –según el nombre en clave que designa al conflicto entre sunnitas y chiitas en Pakistán– es tan contrario al espíritu del proyecto paquistaní que sólo podía ser un producto de importación. Si bien existían tensiones latentes en la India británica, éstas nunca interfirieron con la ideología de la Liga Musulmana (1). Su líder –y fundador de Pakistán–, Muhammad Ali Jinnah, era ismaelita, es decir, miembro de una corriente del chiismo, y el país tuvo otros líderes chiitas, tanto militares, como Muhammad Yahya Khan (1917-1980), presidente desde 1969 hasta 1971, como políticos. La confesión del propio Zulfikar Ali Bhutto (2) es objeto de debate, debido a las connotaciones chiitas del culto que rinden a este “mártir” –y a su hija– los fieles que se reúnen en su tumba. Hasta la década de 1980, eran comunes los matrimonios entre sunnitas y

chiitas –de hecho, la esposa de Alí Bhutto era iraní– y nadie (des) valorizaba esta marca de identidad en el espacio público. La politización de los chiitas paquistaníes se produjo en la década de 1980 gracias a la revolución iraní. En efecto, a partir de 1979, Pakistán fue uno de los principales objetivos de la estrategia de exportación de la revolución del iman Ruhollah Jomeini. Mediante una política activa de educación impartida por los imanes, religiosos formados en Qom fueron extendiendo su mensaje a medida que iban reemplazando a los de la vieja escuela en las mezquitas. Como respuesta, Arabia Saudita dio su apoyo a los grupos sunnitas, con el pretexto de ayudar a los mujahidines que luchaban contra los soviéticos que habían invadido Afganistán (1979-1989). Entonces, el conflicto sectario se cristalizó como resultado de la política de islamización del general Muhammad Ziaul-Haq (3), quien se presentó como un “soldado del Islam” para compensar la falta de legitimidad que lo aquejaba desde que perpetró el golpe de Estado contra Bhutto. De hecho, esta política seguía una lógica de “sunnización”. Como reacción, en abril de 1979 se creó el Tehrik-e Nifaz-e Fiqh Jaafriya (TNFJ, Movimiento para la

Aplicación de la Ley Chiita). Este orquestó campañas de agitación, en particular un sitio de dos días a Islamabad con manifestantes chiitas provenientes de todo Pakistán, que el 5 de julio de 1980 desafiaron la prohibición de manifestar decretada en el marco de la ley marcial. La revolución iraní enardeció a los chiitas paquistaníes. De partidos a milicias

El principal movimiento sunnita –aún hoy uno de los más activos–, el Sipahe-Sahaba Pakistan (SSP, Ejército de los Compañeros del Profeta), se formó en ese contexto, en 1985, con el apoyo de los saudíes. La oposición entre el TNFJ –que pasó a llamarse TJP (Tehrik-e Jafria Pakistan, Movimiento de los Chiitas de Pakistán) en 1993– y el SSP al principio tomó una forma política: ambos se convirtieron en partidos y participaron en las elecciones. Luego, cada uno formó una milicia que se convirtió en su brazo armado. A fines de los ochenta, la violencia “sectaria” se tradujo en la multiplicación de los asesinatos selectivos. Los principales líderes fueron abatidos uno tras otro. Haq Nawaz Jhangvi, el fundador del SSP, también murió, en 1990. Probablemente su asesino haya sido un rival sunnita, pero los chiitas fueron

acusados del crimen. Como represalia, sus seguidores asesinaron al Cónsul General iraní de Lahore. En 1994, una facción extremista del SSP creó el Lashkar-e-Jhangvi (LJ, Ejército de Jhangvi, por el nombre del fundador del SSP). La iniciativa fue de Riaz Basra, un punjabi que había dirigido la yihad contra los soviéticos en Afganistán. Paralelamente, el ala radical del TJP estableció el Sipah-e Muhammad Pakistán (SMP, Ejército de Mahoma). A partir de 1995, estos grupos dejaron de apuntar únicamente a los líderes de las organizaciones sectarias. Habían entrado en una lógica de crímenes masivos dirigida ya no sólo a decapitar las cúpulas, sino también a aterrorizar a la otra comunidad: estallaban bombas a la salida de las mezquitas después de las oraciones de los viernes; hombres bomba se volaban al paso de las procesiones o en celebraciones familiares, matando a decenas de personas. En 1989, 67 “incidentes sectarios” dejaron 18 víctimas y, en 2010, 57 ataques mataron a 509 personas. Entre el 1º de enero y el 27 de octubre de 2013, 91 atentados mataron a 443 personas (4). La amenaza que el sectarismo hacía pesar en la seguridad interna y, más allá, en la unidad nacional, llevó al general Pervez Musharraf a priorizar la lucha contra el LJ y el SSP, ya que las milicias chiitas no disponen de la misma fuerza de choque. Sin embargo, esta estrategia –que explica los dos ataques que sufrió en 2003– no ha tenido éxito, sobre todo por el apoyo que los talibanes (afganos primero y pakistaníes después) brindaron a estos grupos. Los grupos sunnitas presentan evidentes afinidades con los talibanes, también violentamente antichiitas, como quedó en evidencia en la masacre de Mazar-i-Sharif, en Afganistán, en 1998 (5). Los asesinos del LJ, que se habían especializado en asesinatos selectivos, solían encontrar refugio en Afganistán, antes de regresar a Pakistán después de la caída del régimen en 2001. Muchos de ellos se establecieron en las zonas administrativas tribales (Federally Administered Tribal Areas, FATA). Luego, a partir de 2007, se simbiotizaron con el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP, Movimiento Talibán de Pakistán), que ya se había mostrado en operaciones antichiitas en las FATA en 2008 al mando de su comandante Hakimullah Mehsud, quien fue asesinado por un drone estadounidense el mes pasado. La fragua del conflicto

Pero el sectarismo no es un fenómeno de los márgenes –geográficos o políticos– de Pakistán. Su cuna, tanto sunnita como chiita, se encuentra en Punjab, la provincia más importante del país, donde su desarrollo fue favorecido por los conflictos sociales. El distrito de Jhang es un caso de manual. Después de la partición, en 1947, los terratenientes chiitas empleaban como arrendatarios a refugiados sunnitas que se habían ido de India sin nada o casi nada. A medida que estos comenzaron a adquirir una educación y a urbanizarse, se emanciparon de sus antiguos amos y reivindicaron su lugar a la luz del día. En 1992, Azam Tariq, entonces al mando del SSP, ganó el escaño de Jhang en el Congreso Nacional, un logro sin precedentes para una fuerza política hasta entonces marginal. Y fue reelegido en 1993. Cuatro años después perdió, pero Jhang siguó siendo un bastión de su partido, debido al resentimiento sunnita contra la dominación chiita. El sectarismo punjabi no se limita a Jhang y debe su magnitud al discreto apoyo que le brinda el establishment  re-

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gional. De hecho, aunque esté prohibido, el SSP sigue ejerciendo una influencia en la sociedad, a través de una red de militantes muy activos, que el principal partido de la provincia y de Pakistán, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PMLN), del primer ministro Nawaz Sharif, no puede ignorar. Aunque, cuando estaba en el poder a fines de los años noventa, haya combatido a los grupos sectarios. Diez años después, a l regresar del exilio, su comportamiento se ha modificado, al igual que el de su hermano, Shahbaz, jefe del Gobierno de Punjab. En 2008, cuando eran reprimidos por Musharraf desde hacía varios años, los movimientos sectarios recurrieron a la PMLN para gozar de protección política. El partido entró en su juego, consciente del peso social y político de los grupos sunnitas militantes, a través de su red de madrasas (6) y la potencia de fuego de su milicia. El líder del SSP en aquel mo mento, Muhammad Ahmed Ludhianvi, había detallado que en las elecciones de 2008 los militantes sunnitas habían proporcionado “apoyo armado” (una manera de llamar a las prácticas intimidatorias alrededor de las urnas) a decenas de candidatos de la PML -N. La mayoría de ellos resultaron electos. Uno de ellos, Rana Sanaullah Khan, fue nombrado ministro de Justicia del gobierno de Punjab. Estando en el ca rgo pagó su deuda con los militantes sectarios sunnitas que lo habían ayudado a ser electo gracias al “poder de sus músculos” y su influencia ideológica. Convertido en ministro, Sanaullah Khan no sólo protegió a militantes del sunnismo sectario después de los atentados que le tendrían que haber

valido su procesamiento, sino que también se inclinó ante los héroes del SSP: en febrero de 2010, entró en la tumba de Maulana Haq Nawaz Jhangvi y Azam Tariq. Las relaciones clientelistas que mantienen la PML-N y el SSP también se traducen en equipamiento con armas livianas de los militantes sunnitas. Los diputados de Punjab les dieron miles de permisos para portar armas, con los que pudieron acumular, dentro de la más completa legalidad, un verdadero arsenal.

La politización de los chiitas pakistaníes se produjo en la década de 1980 gracias a la revolución iraní. Los hermanos Sharif están más dispuestos a acercarse al SSP en la medida en que fortalecieron sus relaciones con Arabia Saudita a lo largo de los seis años de exilio –entre 2000 y 2007– que pasaron en ese país, adonde su padre ya había transferido algunas de sus actividades económicas en la década de 1970. En la actualidad, el primer ministro Sharif cuenta con Riyad para ayudarlo a sacar al país de la crisis financiera que está atravesando. A cambio, los saudíes lograron poder enviar un número ma-

yor de ulemas a las mezquitas paquistaníes. Sobre todo, confían en Islamabad para aislar a Irán, en particular poniendo fin al proyecto de gasoducto IránPakistán, que el ex presidente Asif Ali Zardari –un chiita, en su opinión– había firmado con Teherán. Los líderes pakistaníes podrían haber entrado aún más a gusto en ese juego en la medida en que Nueva Delhi se acercó a Irán. India, acosada por turbulencias financieras, como lo demuestra la caída de la rupia, espera reducir el gasto petrolero en 8.000 millones de dólares, aprovisionándose más con su socio iraní. Por otro lado, ha elegido de forma explícita a los chiitas contra los sunnitas al considerar que el presidente sirio Bashar Al-Assad, en problemas, allanaría el camino para los segundos. El contexto político, tanto el interno como el internacional, corre el riesgo, pues, de permitir que los grupos sunnitas militantes se reafirmen. Pero sus acciones socavan cada día un poco más las bases de la nación paquistaní. El carácter sectario se convirtió en un factor estructurante de la identidad, o más bien la crisis de identidad, de una parte de la sociedad. La gente se siente más sunnita o chiita que paquistaní y el Islam se define según dichas categorías. Cierto es que nadie lo reconocerá públicamente, ya que se trata de una con sideración políticamente incorrecta: pero, ¿acaso el “país de los puros” –traducción de “Pakistán” al urdu– no se fundó para dar una patria a todos los musulmanes de la región? Sin embargo, la mayoría de los sunnitas no quiere maestros chiitas para sus hijos. Consideran que sólo debería haber un solo tipo de namaz (rezo musul-

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mán) y se justifican de la forma más sencilla posible: ellos son mayoría en el país. Así pues, el sectarismo introdujo una división en la sociedad que hoy constituye un enorme desafío para la cohesión nacional. Esta amenaza es aun mayor en la medida en que, aunque es cierto que los chiitas de zonas “periféricas” como Baluchistán (donde los hazaras han sido el objetivo principal) o Gilgit-Baltistán han pagado un pesado tributo, es el Pun  jab el que efectivamente sirve como base para el sunnismo militante. Sharif, seguramente consciente de la necesidad de enviar señales fuertes a la minoría chiita, tuvo un gesto claro al nombrar, en octubre y noviembre de 2013 a miembros de esta comunidad como embajadores en India y Estados Unidos. El futuro dirá si se trata de una maniobra meramente simbólica o no. g 1. Partido fundado en 1913 por Muhammad Ali

Jinnah que agrupa a los musulmanes en India. 2. Nacido en 1928, Zulfikar Ali Bhutto dirigió Pakistán entre 1971 y 1977. Fue asesinado el 4 de abril de 1979. 3. El general Muhammad Zia-ul-Haq (19241988) derrocó al presidente Bhutto en 1977  y permaneció en el poder hasta 1988. 4. Véase Ashraf Khan, “Seguir con vida en Karachi”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 20 13. 5. Se estima que los talibanes asesinaron a entre 4.000 y 6.000 hazaras en la toma de la ciudad, en agosto de 1998. 6. Véase William Dalrymple, “Viaje al interio r de las madrasas paquistaníes”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2006.

*Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI)-Sciences Po/CNRS, autor del ensayo Le syndrome pakistanais , París, Fayard, 2013. Traducción: Gabriela Villalba

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El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual inaugura una nueva etapa en la transformación del panorama mediático argentino. Ya no quedan excusas para aplicar la ley en su totalidad.

Democratizar las estructuras comunicacionales

El fallo y después por Ximena Tordini*

Sub.coop

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on los diarios del día después se supo que la suerte de Clarín  estuvo echada la mañana del 29 de agosto de 2013. “¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión?”, le preguntó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los apoderados del Grupo en la audiencia pública sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Damián Cassino comenzó a responder que un tope a la concentración de licencias implicaría el derrumbe de la sustentabilidad. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo interrumpió para decirle que no le habían preguntado por el dinero sino por el derecho. Dos meses después, los jueces de ese tribunal protagonizaron el final de la tercera temporada de la serie en la que puede organizarse la relación entre el kirchnerismo y Clarín. La primera temporada trata de un giro que aún no fue explicado en profundidad: en diciembre de

2007 Néstor Kirchner aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión y ratificó la concentración que la LSCA ahora requiere desarmar; tres meses después la militancia kirchnerista había transformado en consigna el cartelito que Hugo Moyano alzó durante un acto: Clarín miente. En la segunda temporada, el gobierno instaló un cocktail de semiología y economía política de los medios de comunicación como fondo de los debates públicos, logró aunar a las fuerzas sociales que venían sosteniendo que había que poner coto a la concentración de los medios y logró la sanción de la LSCA. La tercera encontró a Clarín victimizándose ante el público y litigando en los tribunales y al kirchnerismo aplicando la ley con menos eficacia que la que tuvo para escribirla, consensuarla y sancionarla. Esta tercera etapa culminó el 29 de octubre con el fallo de la Corte que avaló toda la ley, con Clarín sin más opciones que el autodesarme y con unos festejos por la

sentencia mucho más tenues y dispersos que las movilizaciones que esperaron la sanción de la norma cuatro años antes. Los fundamentos del fallo de la Corte se ganaron de inmediato el calificativo de “históricos”. Los jueces sostienen que la dimensión colectiva de la libertad de expresión debe ser protegida por el Estado y que limitar el tamaño de las empresas de medios es una medida adecuada para lograr la equidad social en el ejercicio de los derechos a estar informado y a expresarse en el espacio público. Dice el fallo: “A diferencia de otros mercados, en el de las comunicaciones la concentración tiene consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien esencial para las libertades individuales”. En consecuencia, la libertad de expresión requiere de “una protección activa del Estado”. Al mismo tiempo, la Corte desplaza al periodista y a las empresas de medios como los sujetos prioritariamente alcanzados por esta protección.

Que la mediatización de lo social desbordó las compuertas profesionales –del periodismo, la fotografía, el audiovisual– es uno de los vectores culturales de esta época que se reafirma cada vez que una zona –geográfica o social– accede a dispositivos tecnológicos que permiten tanto el consumo como la producción y difusión de contenidos. Se la titule como la era de la sociedad de la información o como la del #findelperiodismo, lo cierto es que el dato, la construcción de las opiniones, el agenciamiento de la información redistribuida socialmente transformaron el ecosistema en el que el periodismo sigue existiendo. En esos desplazamientos, el fallo de la Corte institucionaliza una de las facetas del presente. En su defensa Clarín no trató de sensibilizar a la sociedad con el posible fina l de las ficciones costumbristas o con el cierre de una empresa de cable en alguna ciudad. La empresa sostuvo que la sociedad la necesita por la calidad e independencia de su periodismo. No se sabe si hace cincuenta años el argumento hubiera funcionado social e institucionalmente, lo que sí se sabe es que ahora no tuvo efecto, ni en el público, que aprendió a sospechar de todos los discursos periodísticos, ni en los jueces. Durante la semana posterior a la sentencia Clarín lamió sus heridas: las licencias de las que debe desprenderse, el derrumbe de su cotización en la Bolsa. Gracias a su estrategia judicial ganó tiempo, pero un gobierno lo derrotó como nunca antes. La táctica de presentarse como el protagonista débil del conflicto no lo gró un feedback significativo en sus públicos; es difícil que las sociedades se conmuevan con las desdichas de los poderosos. A los pocos días, Clarín llegó a la mesa de entradas de la AFSCA con su propuesta de adecuación a la LSCA. Una aplicación deficiente ¿Cómo gestionará el gobierno nacional el triunfo? La pregunta tiene sentido porque, mientras batallaba con Clarín en los tribunales y en los programas de televisión, el gobierno aplicó la LSCA sin eficacia. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) tuvo tres gestiones en cuatro años. Primero estuvo al frente Gabriel Mariotto, quien la abandonó para ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Le siguió Santiago Aragón, que seis meses después fue desplazado por el descontento presidencial con su desempeño y reemplazado por Martín Sabbatella. Durante esos primeros cuatro años cada vez que la aplicación de la ley fue cuestionada –por académicos, políticos o militantes interesados en su implementación– el Poder Ejecutivo versionó la misma respuesta: la prioridad es que Clarín se rinda. Esa etapa concluyó. El gobierno se quedó sin justificaciones políticas o jurídicas. La conflictividad que subyace a la adecuación del mapa de la propiedad de todos los medios audiovisuales de todo el país ya no puede rodearse con el dique de la postergación. No queda más tiempo, por ejemplo, para la decisión sobre si Telefónica de España puede continuar siendo licenciataria del Canal 11-Telefé. La empresa sostiene que no tiene ningún vínculo con Telefónica de Argentina que en su calidad de prestadora de servicios públicos no está habilitada para gestionar un canal. “Se acabaría la era de los monopolios pero empezaría la de los testaferros”, afirmaba la revista  Barcel ona en una tapa de 2009. Algo de esa sospecha va apareciendo en el ambiente a medi-

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da que se evidencia que en los planes de adecuación hay grupos que proponen dividirse entre ex socios y familiares. Esta salida no está restringida por la ley, pero sí lo está que las nuevas unidades empresarias compartan instalaciones, egresos, personal y obtengan las ventajas comparativas de la concentración que facilitan la consolidación de posiciones dominantes. Pero las preocupaciones por una resolución gatopardista se asientan en más bases que el caso “Barbarita Vila” (1). El resto de los protagonistas del mapa mediático no tiene credenciales muy distintas a las de los accionistas de Clarín. Sergio Szpolski, Cristóbal López, Daniel Vila, José Luis Manzano, Alberto Pierri expresan el mismo paradigma: los medios de comunicación se poseen como una máquina de hilar negocios y política. Con menos escala que Clarín y sin su protagonismo en la historia argentina del siglo XX pero portadores de una visión no tan disímil sobre qué es un medio, cómo usar el viento político de manera rentable y cómo operar en ese volátil espacio en el que medios, humor social y accionar ciudadano pueden confluir y trastocar

Años de rabia El periodismo, los medios y las batallas del kirchnerismo Eduardo Blaustein Ediciones B, Buenos Aires, junio de 2013, 448 páginas, 149 pesos.

En Años de rabia, Eduardo Blaustein se propone revisar el complejo vínculo entre medios de comunicación y política desde un punto de vista que, sin dejar de ser apasionado, escape a las polarizaciones que caracterizan hoy en día cualquier acercamiento al tema. Para ello parte de la siguiente afirmación: el kirchnerismo no inventó nada, sino que transformó en debate social discusiones históricas del periodismo en torno a la objetividad, los intereses en juego al momento de informar, los vínculos entre las empresas de medios y los gobiernos. Escrito con la soltura de quien vive el conflicto desde adentro, conociendo el paño, Blaustein propone una ambiciosa revisión de los principales focos de tormenta del momento: la historia del Grupo Clarín y el cambio de su relación con el gobierno luego de la 125, la metamorfosis del periodista Jorge Lanata, las facetas maniqueas y las saludables de 678, el espinoso camino de la Ley de Medios, la relación del kirchnerismo con las clases medias. Intercaladas con estos análisis aparecen reflexiones acerca de la ética periodística, la explosión de las redes sociales, el populismo mediático. El libro no se propone un abordaje teórico del tema, sino más bien el retrato de una coyuntura signada por una dura batalla. Sin ser neutral, Blaustein señala lo que, a su juicio, son los aciertos y desaciertos del gobierno nacional y su política comunicacional. Luciana Garbarino

el rumbo de la economía, las leyes, la administración de lo común. La pregunta por cómo el gobierno gestionará su triunfo recae en si será capaz de exigir el cumplimiento de toda la LSCA al total de los actores del mapa audiovisual: los límites de licencias, los requisitos que deben cumplir sus titulares, las cuotas (de programación propia, música y cine nacional, publicidad) y tantos otros aspectos que establece la norma. Y al mismo tiempo, sobre cómo tomará decisiones para asignar licencias a los nuevos actores que quieran ingresar al mercado. Los antecedentes muestran que el gobierno fue discrecional toda vez que pudo favorecer a empresarios afines. Como ejemplo vale la ausencia de concursos para licencias de televisión digital acompañada del otorgamiento de permisos “experimentales” que habilitaron a 360 TV y CN23 a funciona r después de la sanción de la LSCA pero sin pasar por las instancias que esa norma establece. Los reclamos más persistentes sobre las deficiencias en la aplicación de la LSCA vinieron durante los últimos cuatro años del sector sin fines lucro, probablemente porque al sector comercial le convenía no hacer olas. La movilización social que tuvo su apogeo en la segunda mitad de los 90 y su mayor visibilidad social en la crisis política de diciembre de 2001 fue el espacio en el que se caldeó la reforma de la vieja Ley de Radiodifusión 22.285. Buena parte de ese archipiélago de radios y televisoras de distinta raigambre ideológica y procedencia social esperó más y mejores consecuencias que las que tuvo la aplicación de la ley en sus primeros años. Precariedad institucional Los medios sin fines de lucro no llegaron fortalecidos al fallo de la Corte. Los primeros seis meses la ley estuvo suspendida por una medida cautelar. Luego, entre mediados de 2010 y fines de 2012, la AFSCA no tuvo una política integral de aplicación de la norma en lo relativo al sector no comercial de la comunicación. A fines de 2012 se otorgaron las primeras autorizaciones para emisoras sin fines de lucro y de baja po tencia en zonas vulnerables. Recién en 2013 se implementó por primera vez el Fondo de Fomento de la Comunicación Audiovisual (Fomeca). Resguardado en el argumento de la prioridad del litigio con Clarín , el gobierno no tuvo iniciativa para fortalecer los medios autogestionados. Por el contrario, fueron las organizaciones sociales las que tuvieron que insistir sistemáticamente para que la ley se aplicara y las implementaciones que se pusieron en marcha dependieron más de voluntades individuales que de políticas estructurales. Es sabido que el Estado no es una entelequia total sino un sinfín de recovecos y contradicciones, de vocaciones personales y costumbres institucionales. Pero también es evidente que la diligencia que tuvo el Poder Ejecutivo para facilitarles el inicio de nuevos negocios audiovisuales a algunos empresarios no la tuvo para ayudar a las organizaciones sociales a dejar atrás la precariedad institucional. En el período 2009-2013 el Poder Ejecutivo entregó 79 licencias de radio y televisión a entidades sin fines de lucro (cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones). El avance sabe a poco para ese sector: si se revisan los pronunciamientos públicos de las organizaciones que agrupan a estos medios, todos reclaman que se haga efectiva la reserva del 33% del espectro para este tipo de proyectos. Una reserva que sólo puede

ser tal si el Estado elabora un pla n técnico que detalle todas las frecuencias disponibles y sus características, tema que está pendiente. Al mismo tiempo, el Fomeca está destinado a las emisoras que tienen algún tipo de autorización legal. Ocurre entonces que un canal de televisión autogestionado no puede acceder a un subsidio porque no tiene autorización, pero tampoco tiene manera de solicitar una licencia. Situaciones como ésta empezaron a abordarse en las últimas semanas, después del fallo.

El resto de los protagonistas del mapa mediático no tiene credenciales muy distintas a las de los accionistas de Clarín. De manera simultánea al litigio con Clarín, el Poder Ejecutivo tuvo una fuerte iniciativa audiovisual. Por ejemplo, el INCAA, el Ministerio de Planificación y universidades nacionales subsidiaron 940 series –ficciones y documentales– a cargo de productoras comerciales y sin fines de lucro. Estos subsidios se repartieron con federalismo, descentralizaron la producción de imágenes y, junto con las políticas de financiamiento al cine nacional, constituyeron un volumen inédito de producción audiovisual. Pero este fomento está orientado a la generación de productos, no al fortalecimiento de infraestructuras de distribución como podría ser el caso de los canales de televisión locales ante el desinterés de las señales comerciales por los contenidos que no se amoldan a estándares de consumo. Así como la mayor parte de las películas financiadas por el INCAA no tienen salas de cine donde exhibirse, la mayoría de las series subsidiadas por el Estado no tienen la distribución que merece seme jante es fuerzo f inanci ero. El problema está, claro, en el largo plazo: los efectos de las políticas de fomento que no consideran el apuntalamiento de estructuras se difuminan cuando llega el cambio de gestión de los organismos que subsidian. En las semanas siguientes al fallo de la Corte Suprema, el discurso público de Martín Sabbatella empezó a dar un giro en torno a estos asuntos pendientes. La resolución de las cuestiones relativas al sector no c omercial de la comunicación empezó a tomar protagonismo en sus declaraciones periodísticas. Al mismo tiempo, se anunciaron algunas medidas puntuales como el otorgamiento de reconocimientos provisorios a medios de comunicación que están funcionando y un convenio con el Centro de Pesquisa e Desenvolvimen-

to en Telecomunicações de Brasil para agilizar la normalización del espectro. La “ función-Clarín” Cinco párrafos en 75 páginas le dedicó la Corte a reseñar críticas a la gestión estatal de los medios públicos, los organismos de aplicación de la ley y el reparto de la publicidad oficial. De ellos se colgaron la oposición y los medios enfrentados al gobierno para tener algún título que los favoreciera. De las tres críticas, la de la publicidad oficial es a la que menos respuestas para dar tiene el Poder Ejecutivo: la distribución de la pauta publicitaria es inequitativa y no hay una explicación que no sea afinidad política a por qué el Grupo Veintitrés recibió casi cuatro veces más pauta que el Grupo Clarín en el período 2010-2012. Al mismo tiempo tampoco hay en danza un proyecto parlamentario de regulación de la pauta oficial a tono con los estándares internacionales de libertad de expresión. La LSCA, aun implementada con regularidad y transparencia, no significa la realización de los épicos eslóganes oficiales en los que la democratización de la palabra es un estado de gracia. La conflictividad propia del escenario en el que se produce y reproduce la cultura contemporánea no caduca con ninguna ley, genera contradicciones incesantes entre la apropiación privada de los recursos –ya sean licencias de radiodifusión o logaritmos que filtran los contenidos de Internet– y la productividad social que intenta redistribuirlos y desmontar los ejes que organizan la atención, el consumo, los gustos. Se dirá que todas las sociedades tienen una función-Clarín, una fuerza centrípeta que pretende mediatizar lo social para anclar un pasado, un presente y negociar un futuro. Y es cierto, la función-Clarín seguirá existiendo, más allá del devenir de la aplicación de la LSCA. Por el momento, lo que está claro es que la empresa ya perdió una batalla y se está preparando para la próxima: el control de la digitalización y la convergencia. Hay quienes dicen que Argentina tiene una de las mejores leyes de comunicación audiovisual del mundo únicamente porque Néstor Kirchner y Cristina Fernández se enojaron con Clarín. El gobierno tiene el triunfo en sus manos pero se acabó el tiempo en el que podía victimizarse y repartir culpas entre la corporación económica y la judicial. Ahora, con todas las herramientas, tiene la chance de demostrar si la democratización de las estructuras comunicacionales le interesa en algún sentido que exceda al match contra el que fue, hasta ahora, uno de los más grandes grupos de medios de América Latina. g 1. Hija del empresario de medios de comunicación

Daniel Vila, asumiría la titularidad de una FM en Cuyo, en el marco de la adecuación a la ley del grupo familiar.

*Periodista. © Le Monde diplomatique , edición Cono Sur

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Pierre Bourdieu dedicó dos años a estudiar la revolución estética del pintor Edouard Manet que, al promediar el siglo XIX, condujo al fin del arte academicista y favoreció el surgimiento de nuevas formas y reglas más libres. Con motivo de la publicación de este trabajo en Francia, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, ofrece un adelanto exclusivo.

¿Qué es una revolución simbólica?

El efecto Manet por Pierre Bourdieu*

Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe , 1863

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ste año voy a hablarles de lo que se podría describir como una revolución simbólica exitosa, la inaugurada por Edouard Manet (1832-1883), con la intención de volver inteligibles, a la vez, la revolución en sí misma en lo que tiene de particular, y las obras que suscitaron esta revolución. De manera más general quisiera tratar de volver inteligible la idea misma de revolución simbólica. Las revoluciones simbólicas son particularmente difíciles de comprender, sobre todo cuando fueron exitosas, porque lo más difícil es comprender lo que parece ir de suyo, en la medida en que la revolución simbólica produce las estructuras a través de las cuales nosotros la percibimos. Dicho de otro modo, a la manera de las grandes revoluciones religiosas, una revolución simbólica subvierte estructuras cognitivas y, a veces, en cierta medida, estructuras sociales. Desde el momento en que son exitosas, imponen

nuevas estructuras cognitivas que, por el hecho de que se generalizan, que se difunden, que habitan a la totalid ad de los sujetos perceptivos de un universo social, se vuelven imperceptibles. Nuestras categorías de percepción y de apreciación, las que empleamos ordinariamente para comprender las representaciones del mundo y el mundo mismo, nacieron de esta revolución simbólica exitosa. La representación del mundo que nació de esta revolución se volvió, pues, evidente –tan evidente que el escándalo suscitado por las obras de Manet es en sí mismo objeto de asombro, si no de escándalo–. Dicho de otra manera, asistimos a un a suerte de inversión. […] ••• Pintura “pompier” y arte de Estado (1)

Durante el Segundo Imperio (18521870), cuando surgió Manet, en Francia se había adoptado el ar te de Estado. Existían el Salon, el Institut, los

El 7 de noviembre el libro salió a la venta en Francia: Pierre Bourdieu, Manet. Une révolution symbolique. Cours au Collège de France (1998-2000) , Seuil-Raisons d’agir, París, 2013, 780 páginas. Incluye un manuscrito inacabado de Pierre y Marie-Claire Bourdieu.

Beaux-Arts, los museos, en suma, todo un sistema burocrático, se podría decir, de gestión del gusto del público. […] El funcionamiento de esta institución académica integrada consistía en una serie continua de concursos coronados por recompensas honoríficas. El más importante de ellos era el concurso anual del Grand Prix, que aseguraba al primer premio una estadía en la Villa Médici en Roma. La lógica del concurso, bien conocida, ordenaba todo el sistema y, a la vez, presentaba todas las características de los sistemas producidos

por cuerpos y destinados a reproducir cuerpos, como los sistema s de las clases preparatorias (2). […] ••• Taller y ritos de iniciación

El recién llegado a un taller de pintura era sometido a ritos iniciáticos. Debía pagar lo que se llamaba una “bienvenida”, es decir bebidas acompañadas de budines; había entre dieciocho y veinticinco alumnos por clase –es el caso de la academia Julian– y trabajaban desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 16 horas, lo que era también una ca racterística de las instituciones totales de tipo escolar, las que además imponen un trabajo muy intenso cuando se trata de ejercicios escolares. La jerarquía era omnipresente. Había un alumno, al que se denominaba “massier” (3), que era seleccionado entre los alumnos y que elegía el punto de vista que prefería para dibujar un modelo, que podía ser un yeso o un modelo vivo, mientras que los otros alumnos tomaban el punto de vista elegido en función de su rango en las pruebas del concurso. Lo que es muy importante es que, como en las clases preparatorias, la jerarquía estaba presente en todas las instancias: los alumnos estaban ubicados en rangos jerárquicos y, por ejemplo, la distancia respecto del modelo era una retraducción de las clasificaciones en las pruebas de la semana anterior. Este recurso a la jerarquía era un recurso permanente a la emulación. Por ejemplo, los grandes patrones de la época, como Jean-Léon Gérôme, Léon Bonnat, Gustave Moreau, William Bouguereau, pasaban regularmente por los talleres –tenemos una cantidad de caricaturas donde se los ve conversar con un alumno, a veces sentarse en su lugar y retocar la obra o dar consejos–. Los profesores eran personas muy elegantes, la antítesis absoluta del pintor de poca monta, bohemio (4). Entre los consejos que daba Gérôme, estaba el imperativo de la limpieza: hay que limpiar el pincel muy cuidadosamente, no hay que desperdiciar pintura, etc.; una cantidad de cosas consideradas como importantes –aunque es cierto, como decía al comenzar, que la estética tiene algo que ver con la ética y que hay una ética de la economía, del rigor, de la limpieza, siendo esta última connotada, a la vez sexual y estéticamente–. Las pinturas de los impresionistas, en particular las de Manet, eran consideradas como sucias o fáciles (como se dice de una mu jer que es “fácil”), por lo tanto corrupta, que corrompe, que falta esencialmente a la estética. ••• La símil-revolución

Desde la época de Manet aparecen impostores que, habiendo comprendido antes que los otros la revolución en curso, operan una conversión al menos aparente y guardan, durante cierto tiempo, los beneficios de la conservación y los de la conversión. Uno de los más típicos –volveremos a ello–, es uno de los personajes de  L’Oeuvre  de Émile Zola (5), que se llama Fougerolles; en la realidad se trataba de Jules BastienLepage, un personaje típico que se encuentra en todos los campos: por ejemplo, en el campo de la alta costura (6) tenemos revolucionarios como André Courrèges, y después están los arregladores como Yves Saint-Laurent. En todos los dominios son personas que, en general, vienen después, que comprenden lo que pasó y que saben hacer

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una versión soft de la revolución hard , lo que hace que le saquen mucho provecho. Bastien-Lepage en un momento dado era, aun para los amigos de Manet, preferible a Manet. No era extraño: Manet todavía no había sido consagrado y ya sus imitadores, los imitadores de genio, se beneficiaban, mientras que él siempre fue condenado –él se murió condenado–. Si tenemos la mística del artista maldito, podemos decir que es una buena señal morir condenado, pero yo no creo que sea muy divertido para vivir. En el momento en que la revolución simbólica está en marcha, hay lugar para la impostura de la revolución, el “como si” de la revolución. […] ••• De lo banal al escándalo

 Ya que lle gamos ahora a la obra, quiero decir muy rápido cuál es la intención de la proyección de Déjeuner sur l’herbe que ustedes tienen frente a los ojos. Es evidente que al proyectar una obra banal y banalizada –se la puede encontrar en cajas de bombones y es seguramente la obra más comentada después de La Gioconda, es decir la más vista y por lo tanto no vista–, tengo una intención un poco loca que es la de permitirles reencontrar el sentimiento de escándalo que esta obra banalizada pudo provocar. ¿Cómo una obra para caja de bombones pudo suscitar una violencia que uno no se puede imaginar? […] El heresiarca (7) que produjo el cuadro produjo un efecto de escándalo, rompió un orden simbólico, el acuerdo implícito entre las estructuras cognitivas y las estructuras sociales, que es el

fundamento de la experiencia del mundo social. Las estructuras se presentan con frecuencia bajo la forma de oposiciones binarias: estéticamente existe lo alto y lo bajo que corresponde a la jerarquía de los géneros, existe la oposición masculino/femenino, la oposición burgués/pueblo, etc. Por ejemplo, lo que fue visto enseguida por algunos críticos “populares” (es decir por críticos que escriben en diarios populares y preocupados por ser bien considerados por su público diciéndole lo que tiene ganas de oír –el fenómeno del índice de audiencia existía ya…–) es el barbarismo sexual, el hecho de que haya hombres burgueses vestidos y una mujer desnuda, supuestamente una mujerzuela. Este cuadro está lleno de inconexiones –habría que decir “incongruencias”–, es decir que está lleno de contradicciones desde el punto de vista de las categorías, de los esquemas de percepción tácitamente inscriptos en los cerebros de las personas de esta época, de lo que es admitido por la mayoría de los espectadores y de los artistas. Por ejemplo, se observa que este cuadro que mide 2,08 metros por 2,64 metros es demasiado grande para el tema. Ya no tenemos hecho el ojo a la medida , y en particular a la relación entre la jerarquía de las categorías artísticas, por lo tanto de las obras, y la jerarquía de las medidas de los cuadros. Mucha gente estima que es demasiado grande para una escena de género (8), y especialmente para una escena de baño que es una categoría muy particular. Los críticos constatan que hay una contradicción entre la contemporaneidad y [el carácter pastoral

de la obra]; es demasiado realista para ser una escena de baño. Otra causa de escándalo que destacan los críticos, es que se trata de algo demasiado público y oficial para una imagen lujur iosa que podría ser vendida clandestinamente o relegada a las carteras de los señores. Esta obra es una doble transgresión a dos órdenes de lo sagrado (comete un sacrilegio): transgrede un orden sagrado específico, de orden estético, que es-

Esta obra es una doble transgresión a dos órdenes de lo sagrado (comete un sacrilegio): el estético y el éticosexual. tá denunciado por los más particularmente competentes, los más creyentes, que son los más escandalizados, y un orden sagrado no específico, que es el orden ético-sexual. ••• La anidad entre las jerarquías

La otra revolución simbólica en la cual se puede pensar, que es Mayo del 68, es interesante desde el punto de vista de la intuición conservadora, que encontró una verdad sociológica profunda. A sa-

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ber, que hay una afinidad entre todas las  jerarquí as: q uien altera una jerarquía altera todas las otras (o podría alterar).  Y s e t eme que est os artis tas irr esponsables que trastornan la jerarquía entre lo contemporáneo y lo antiguo puedan afectar la del burgués y el pueblo, etc. La estrategia de Manet no es del todo inconsciente; él quería provocar verdaderamente: republicano, muy de izquierda, envió al Salón un  Portrait d’Henri Rochefort (1881), uno de los héroes de la Comuna que fue condenado al exilio. Esta estrategia de colisión de todas las jerarquías es una estrategia de doble filo, a la vez contra la Academia y contra la burguesía. Siempre en el orden de las transgresiones estéticas, se reprocha a Manet no conocer la composición ni la perspectiva. Las personas de buena fe observan que hizo importantes estudios en los mejores talleres de pintura (en el de Couture, que era famoso y hasta considerado como un poco subversivo). Entonces no puede reprochársele ser ignorante puesto que lo hace a propósito y, además, Manet responde en el cuadro mismo a sus detractores haciendo una naturaleza muerta que es una obra de arte de composición. Como si Manet hubiera puesto en una esquina un signo de su excelencia. (Yo mismo cito frases en latín para mostrar que yo podría si quisiera… [risas]. No sé por qué yo me involucré en esto [risas]). Por lo tanto él sustituye una puesta en perspectiva que es necesariamente jerárquica –cuanto más lejos, más pequeño– por una representación chata. Courbet, que simpatizaba poco con Manet (y recí- �

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procamente), decía que eso se parecía a una dama del juego de cartas. Hay toda una serie de cosas técnicas en este cuadro, como la luz frontal que hace desaparecer el modelado, que produce un efecto de realismo y que elimina la idealización. Por ejemplo, en las escenas de desnudos, incluso un poco salaces, de un Alexandre Cabanel, un William Bouguereau, etc., hay siempre eufemización por el distanciamiento histórico de los sujetos representados (l as Venus, etc.), pero también por la técnica, mientras que el realismo brutal del Olympia (9) hace que parezca verdadera. Este efecto de realismo hace pensar que es un pic-nic en Asnières. Si es un pic-nic, nos preguntamos por la modelo: ¿por qué esta desnuda? ¿Pasan acaso cosas turbias? Sobre todo teniendo en cuenta que Manet antes había llamado a su cuadro La Partie Carrée (10).

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••• La falsa oposición “realismo/formalismo”

Dicho esto, la frontalidad de la luz produce paradojalmente un efecto de formalismo. Hay una alternativa en la tradición histórica que es funesta y que opone el realismo al formalismo. Manet, como Gustave Flaubert, es a la vez realista y formalista. Émile Zola, para defender a Manet, invocó argumentos de pintura pura: formas, colores, manchas yuxtapuestas están compuestas únicamente para hacer un juego de manchas de colores que busca producir efectos plásticos y no comunicar sentidos. Es pintura pura en todos los sentidos del término. Eso quiere decir especialmente pintura desexualizada. Se puede decir que lo que Manet opone a la mirada vulgar del público, es la mirada estética pura de los talleres. Hay una anécdota en Manette Salomon , la novela de los Goncourt. Estos tomaron nota de las conversaciones de los talleres y cuentan la anécdota siguiente: una modelo posaba desnuda sin problema delante de un grupo de hombres del taller; cuando se da cuenta de que una persona del exterior la mira, corre a buscar un vestido para esconder su desnudez (11). Es una anécdota interesante en la medida en que muestra que hay dos tipos de mirada: una mirada pura, estética, desexualizada, neutralizada, y una mirada sexual. Manet le recuerda al público que este último viene a ver los desnudos de Cabanel por razones confusas e inconfesables, marcando la existencia de una división entre el artista y el profano. En Las reglas del arte, yo señalo que la oposición arte puro, amor puro versus arte venal, amor venal se inventa en la misma época (12). Hay, pues, transgresión estética y transgresión sexual. Manet junta, como por placer, todos los indicios que manifiestan una posición baja desde el punto de vista estético (escenas de género, paisajes, pastiche de retratos) y una situación escabrosa o potencialmente escabrosa. Lo que la lectura contemporánea percibió es la oposición entre lo alto y lo bajo en el sentido social del tér mino, y la oposición entre lo masculino y lo femenino. En el fondo, lo que se percibe como escandaloso es el encuentro entre dos colegiales –la palabra está empleada constantemente– o estudiantes y mu jerz uelas, es decir mujeres de d udosa reputación que constituyen una amenaza a la reproducción biológica (las enfermedades venéreas) y a la reproducción social (los malos casamientos). Estas mujeres son descaradas. Se ha insis-

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tido mucho sobre la mirada en Manet. Uno de los críticos ha llamado a la Olym pia Manette, lo que es interesante. Es el personaje de la novela de los Goncourt. Es la historia de una mujer, una modelo, que es judía y que provoca la pérdida del pintor que se enamora de ella. L’Oeuvre  de Zola es la historia de un artista que una tarde recibe a una joven mujer que poco a poco se convierte en su amante y su m odelo. Y la interrogación permanente es saber si su poder creador no se pierde a través de la pérdida de la potencia sexual. La mujer es amenazante en tanto que ella amenaza el orden simbólico y la jerarquía de los géneros sexuales; y amenaza también el orden social a través de la amenaza que ella significa sobre la reproducción. Y sobre la herencia. […]. ••• La teoría disposicional

 Yo he presentado –vacilo al decirlo porque tiene un aire grandioso, desmesurado y un poco arrogante, pero, en fin, es eso– una suerte de teoría estética fundada por una parte en la idea de que para comprender una obra, sobre todo una obra de ruptura, es importan te tener en cuenta el efecto social que produjo, en la medida en que éste es de tal naturaleza que puede revelar las razones o las causas de este efecto; y, por otra parte, en el hecho de que esta estética de la reacción o del efecto, debe ser una estética de la disposición y no de la intención. Y es sobre este último punto que yo quisiera insistir, porque es un problema completamente general que se plantea a los historiadores del arte, de la literatura, del derecho, en suma, a los historiadores de todas las obras humanas. Pienso que no se puede, cuando se escribe la historia de las obras o una historia de las acciones humanas, no implicar una filosofía de la acción. Se habla siempre de filosof ía de la historia, pero jamás de una filosofía de la acción, es decir, de una teoría sobre qué es esto de actuar. ¿Consiste, por ejemplo, en poner intenciones en práctica? ¿Es que sólo hay acciones intencionales? ¿Es que una acción que n o es intencional es automática o desinteligente? Hay allí una alternativa clásica. Todo mi trabajo de etnólogo sumado a l de sociólogo me condujo a elaborar una teoría de la práctica y, al mismo tiempo, de la teoría como no siendo la práctica –esto parece tautológico pero es importante–, una teoría de la práctica que tiene su principio, no en las intenciones conscientes o en las premeditaciones, sino en disposiciones. Voy a explicar este punto de vista pues es un punto particularmente importante. Pienso que estas conductas ordenadas sin principio explícito de ordenación –como los r ituales que son extremadamente ordenados y organizados– no pueden ser comprendidas adecuadamente sino a partir de una teoría de la prá ctica, que yo llamo disposicionalista (no soy el único), que ubica en el pri ncipio de las acciones, no necesariamente intenciones explícitas, sino disposiciones corporales, esquemas generadores de prácticas que no tienen necesidad de acceder a la conciencia para funcionar, y que pueden funcionar más allá de la conciencia y de la voluntad –lo que no quiere decir que sean elementales, primitivas–. […] Esta teoría disposicionalista hay que ponerla en práctica desde los dos lados, es decir, del lado del productor y del lado del receptor. El productor pone en práctica disposiciones, lo que no quiere

decir que no sepa lo que hace, sino solamente que no sabe todo lo que hace. Y el receptor pone en práctica también esquemas de interpretación que pueden estar más o menos acordados, y que se expresan en el sentimiento de escándalo cuando esos esquemas se frustran, cuando la espera es frustrada, la expectativa es frustrada, porque un sistema de disposiciones es un sistema de esperas. La comunicación entre una obra de arte y un espectador es una comunicación de inconscientes mucho más que una comunicación de conciencias: muy poco pasa por la conciencia, aun si en-

El análisis de la reacción suscitada por los efectos de la obra de arte permite captar lo que se puede llamar el sentido común de la época. seguida se puede explicitar. Esta estética del efecto que yo propongo es, pues, completamente compatible con una estética disposicionalista en la medida en que el análisis de la reacción suscitada por los efectos de la obra de arte permite captar lo implícito y el inconsciente que el artista, los críticos y el público tienen parcialmente en común, es decir, lo que se puede llamar el sentido común de la época […]. Esta teoría de las disposiciones permite comprender tanto los malentendidos como la comprensión, que es un caso particular en un universo de malentendidos. La comprensión es un caso particular en que los esquemas invertidos en una producción, una práctica, una obra, una palabra, en suma, en una producción simbólica son idénticos a los esquemas que el espectador, el receptor o el lector invierte en la recepción. En este caso, hay una com prensión inmediata y un sentimiento de evidencia, pero este sentimiento de evidencia puede ser también producto del malentendido, y cuando hay demasiada discordancia entre los esquemas del productor y los esquemas del receptor, hay un sentimiento de escándalo, indignación, etc. […] •••  A contramano

La teoría disposicionalista de la acción va a contramano de toda tradición cultural occidental, de toda filosofía de la conciencia y del sujeto, la filosofía que hemos recibido bajo la forma del cartesianismo, del kantismo, o también ba jo la forma blan da de la filo sofía cristiana. Estamos todos imbuidos de una filosofía del sujeto intencionalista, y plantear la cuestión de saber “Quién ha hecho este cuadro” es casi necesariamente imponerse como respuesta: “Un sujeto hizo este cuadro”. A la pregunta: “¿Quién pintó Le déjeu ner sur l ’herbe?, respondo sin dudar que es Manet, es decir, un individuo, situado y fechado, poseedor de un cuerpo, inserto socialmente, etc. Pero, desde el punto de vista sociológico, este individuo que hizo este cuadro no es el sujeto según la tradición occidental, es un habitus inserto en un

campo. Un habitus, es decir, un ser biológico socializado, dotado de disposiciones permanentes socialmente constituidas cuya génesis social hay que describir, lo mismo que hay que describir la génesis social del campo [del espacio social] donde se encuentra Manet, con Courbert, Delacroix e Ingres. […] Revocar la intención en provecho de la disposición, no es revocar cosas tales como la “creación”, la “inteligencia”, la “maestría práctica”, el “arte”, en fin todas esas cosas a las cuales acordamos mucho valor, porque somos nosotros quienes se las acordamos. Nosotros tenemos intereses inconscientes en la filosofía de la conciencia y del sujeto. Resistimos, en el sentido del famoso texto de Freud sobre las “tres grandes heridas infligidas a nuestro narcisismo” (13): Copérnico, Darwin y Freud desplazaron el centro de la visión del mundo, del sujeto hacia el mundo. Freud dice haber infligido la tercera herida narcisista al decir, grosso modo , que no somos nosotros realmente los sujetos de nuestras acciones, sino el inconsciente. De hecho, pienso que lo que yo hag o encierra una herida narcisista particularmente grave para los intelectuales, en la medida en que eso significa decir que el sujeto de una obra es una relación compleja entre un habitus socialmente constituido y un campo históricamente constituido, y que en la relación entre ellos se inventa un teorema, una nueva manera de pintar. g

1.  El término de pintura “pompier” [bombero]

designa el arte académico de la segunda mitad del siglo XIX. Esta expresión despectiva aludiría a los cascos brillantes de los personajes históricos que con frecuencia son representados en los frescos de la pintura académica; o la expresión también podría remitir al carácter “pomposo” de las escenas representadas o a la ceremonia anual del Salón (de pintura y de escultura), que era el nombre dado a la exposición anual de las obras admitidas por la Academia de Bellas Artes. La exposición que presentaba el arte oficial se desarrolló en París desde el siglo XVIII y se extendió hasta 1881. 2. N. de la R.: Este párrafo y el siguie nte reúnen comentarios formulados en dos cursos diferentes. 3. N. de la T.: El encargado de cobrar la recaudación [ masse ] en un taller de pintura. 4. Nombre dado por Théophile Gautier al pequeño grupo de pintores jamás admitidos en el Salón, de músicos sin dirección y de escritores sin editor que se encontraban en el café Momus. Pasarán a la posteridad gracias a Henry Murger, autor de Scènes de la vie bohème (1851), y a  La Bohème  (1896), la ópera de Puccini. 5. Zola defendió a Manet. Su novela L’Oeuvre pone en escena el universo artístico y el destin o de un pintor maldito, Claude Lantier. 6. Véase Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut, “Le couturier et sa griffe. Contribution à une théorie de la magie”, Actes de la recherche en sciencessociales, Nº1, marzo de 1975, pp. 7-36. 7. N. de la R.: El que comete una herejía. 8. Se llama “escena de género” a un tipo de obra que imita escenas de carácter anecdótico o familiar. Situadas muy abajo en la jerarquía de los géneros, fueron objeto de una enseñanza aparte en las diferentes academias de Bellas Artes europeas. 9. N. de la R.: desnudo de Manet de 1863 que provocó un gran escándalo. 10. N. de la T.: una forma de sexualidad en grupo. 11. Edmond y Jules de Goncourt, Manette  Salomon , Gallimard, col. “Folio”, París, 1996 [1ª ed.: 1867], p. 271. 12. Pierre Bourdieu, Las reglas del arte ,  Anagrama, Barcelona, 2002. 13. Sigmund Freud, “Une difficulté de la psychanalyse” (1916) en Œuvres complètes. Psychanalyse, Vol. 15, PUF, París, 1996, pp. 43-51.

*Sociólogo (1930-2002). Traducción: Florencia Giménez Zapiola

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Trata

Desaparecidas en democracia Como periodista del diario Clarín , la autora de esta obra fue enviada en La red 2012 a Tucumán para cubrir el juicio La trama oculta del caso Marita Verón a los trece acusados por el secuestro de Marita Verón, con fines de explotaSibila Camps ción sexual, sucedido diez años antes. Planeta; Buenos Aires, septiembre de A través de las alternativas del juicio 2013. 556 páginas, 169 pesos. su libro reúne una enorme cantidad de información sobre el funcionamiento de la explotación sexual de terceros en el país, y sobre los métodos de reclutami ento que la abastecen. La documentación tiene sus momentos cruciales en los testimonios de mujeres  jóvenes que, interrogadas sobre cuándo y dónde vieron a Marita Verón, dan cuenta de sus propias historias y del modo de funcionar de los prostíbulos, prohibidos por ley desde 1937, pero sostenidos, como este juicio pone en evidencia, desde el poder policial, judicial y político, y naturalizados por la población. Cada historia es única pero todas registran confluencias notables: un ingreso en la prostitución en la primera adolescencia; graves consecuencias en la salud y la personalidad; terror persistente. A algunas el terror o el desquicio les impiden proporcionar datos; otras, con un coraje estremecedor, dicen lo que saben. Se registran historias de mujeres prostituidas que se abren camino convirtiéndose a su vez en reclutadoras y explotadoras, ensañándose con otras adolescentes como sus explotadores se ensañaron con ellas años atrás. El caso más emblemático es el de la misma Liliana Medina, prostituida a los 13 años, que nunca mencionó a sus proxenetas, y llegó a ser dueña de tres prostíbulos, donde fue vista Marita Verón. Una fuente de información es el ex comisario Miguel Angel Chuchuy Linares, procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán durante la dictadura militar. Jefe de Inteligencia policial en 2003, ya entonces había trazado un mapa incompleto pero fidedigno de las red es de trata y explotación sexual en La Rioja. La complicidad judicial, manifiesta en las escandalosas absoluciones finales, se anticipa en la conducta del tribunal, que hostiga a víctimas especialmente vulnerables, y en cambio es indulgente con la inconducta insolente de los acusados. Imposible no establecer una analogía entre estas desapariciones que la democracia tolera y las desapariciones metódicas de la doctrina de la seguridad nacional. Como en su momento las Madres de Plaza de Mayo, la madre de Marita Verón, Susana Trimarco, a golpes de acción incansable terminó forzando la intervención de Estados provinciales y del Estado nacional, aunque sin lograr el esclarecimiento del paradero y destino de su hija. La sociedad va generando una incipiente conciencia, por la cual la explotación sexual de terceros se convierte de actividad aceptada y glamorosa en sospechosa de implicar los peores crímenes. Se empi eza a quebrar el silencio y la complicidad generados por un autént ico sistema de terror, que mayormente se hubiera preferido ig norar. Marta Vassallo

Libros del mes

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Edición 174 | diciembre 2013

Ensayo

Energía

Alambre de púas

Del pozo al surtidor

Una ecología de la modernidad Reviel Netz Eudeba; Buenos Aires, abril de 2013. 264 páginas, 110 pesos.

Cristina Lucchini, Cristina San Román Biblos; Buenos Aires, octubre de 2012. 336 páginas, 120 pesos.

Historiador y filósofo, Netz documenta cómo la invención del alambre de púas reconfiguró la historia de la humanidad a través del control masivo del espacio como característica definitoria del período 1874-1954, las ocho décadas transcurridas entre su invención y el crepúsculo del Gulag soviético. En ese lapso, el alambre de púas marcó los principales acontecimientos de la historia mundial, reorganizando áreas continentales enteras y constituyéndose en herramienta de colonización. Si bien en una primera etapa la consecuencia “ecológica” de su uso fue un nuevo tipo de control total a gran escala de las vacas en las Grandes Llanuras estadounidenses, posteriormente dicha utilización ganadera devino en profundos cambios en la historia política, económica y ambiental. El autor documenta cómo biología de la carne animal –aunque luego también humana– y topología del espacio llegaron a su máxima expresión a través del nazismo, en cuyos campos de concentración el alambre de púas y las cámaras de gas fueron una unidad funcional que degradó a los presos de Auschwitz hasta la mera animalidad. La original mirada de Netz radica en demostrar que el hecho de impedir el movimiento estuvo ligado a la propiedad de la tierra, la explotación y control del espacio y las personas a gran escala, la historia militar y las formas de control político a través de la utilización masiva del alambre de púas. Un modo inmejorable de lograr dichos objetivos de forma rápida y barata.

Del pozo al surtidor arma un rompecabezas compuesto por piezas de lo más disímiles: decisiones políticas, etapas de crecimiento, traspiés financieros, perspectivas económicas a nivel macro y concepciones sobre el desarrollo de YPF. Traza este escenario mediante conversaciones con funcionarios de distintos gobiernos, directivos que pasaron por las más diversas fases de la petrolera líder de Argentina, empresarios nacionales del sector cuyas firmas se han desarrollado al calor del crecimiento de YPF, el representante del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y miembros de cámaras petroleras. El libro utiliza el género entrevista en forma exclusiva, para testimoniar la historia del petróleo en el país. El uso de este género, cada vez más frecuente en este tipo de trabajos, aporta un gran potencial. Permite “desnudar” al entrevistado: mostrar sus facetas, poner de manifiesto su postura política y evidenciar sus contradicciones. Eso parecen intentar las autoras. Sin lograrlo del todo. Porque pintan una parte del cuadro, no menor por cierto: la perspectiva económica. Quedan fuera, sin embargo, los impactos sociales. Cuando funcionó bajo la órbita del Estado así como cuando estuvo en manos privadas, YPF tuvo un significativo impacto –positivo y negativo– sobre la dimensión laboral. Cabría incluir, entonces, a referentes clave que describan los vaivenes de la política laboral a lo largo de la historia contemporánea de esta compañía petrolera.

Julián Chappa

Natalia Aruguete

Cultura

A principios de los años 90, Chuck D, líder del grupo de rap estadounidense Public Enemy declaraba que los músicos negros debían tener mayor control sobre los medios para dejar de hacer música negra en estructuras de blancos. Su reclamo estaba en línea con una amplia tradición del movimiento cultural negro estadounidense, condensada en este libro del poeta, ensayista, dramaturgo y músico Amiri Baraka, de nacimiento LeRoi Jones, figura central del movimiento beatnik y del Black Power, quien afirma en el primer ensayo: “La mayoría de los críticos de jazz han sido hasta ahora americanos blancos, mientras que los músicos más importantes no”. Este libro reúne una serie de textos publicados en 1967 en los que Baraka analiza el movimiento del Free Jazz (1959-1967) a la luz de las luchas progresistas en el mundo y de las luchas políticas, ideológicas y estéticas contra el racismo y la opresión y por la libertad en Estados Unidos tras el asesinato de Malcom X.

Black music Free jazz y conciencia negra 1959-1967 Leroi Jones (Amiri Baraka) Caja Negra; Buenos Aires, noviembre de 2013. 224 páginas, 110 pesos.

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Historia

Antropología

Literatura

Fichero Derechos humanos en Argentina CELS Siglo XXI; Buenos Aires, noviembre de 2013. 608 páginas, 179 pesos.

Los 70. Una historia violenta

Investigación sobre los modos de existencia

El género negro

Marcados a fuego III (1973-1983) Marcelo Larraquy Aguilar; Buenos Aires, abril de 2013. 352 páginas, 130 pesos.

Bruno Latour Paidós; Buenos Aires, julio de 2013. 480 páginas, 190 pesos.

Mempo Giardinelli Capital intelectual; Buenos Aires, abril de 2013. 288 páginas, 105 pesos.

Este libro cierra la trilogía que analiza el siglo XX en Argentina con foco en las prácticas violentas presentes en su historia política. Busca responder preguntas densas y que en el período que abarca este volumen –desde la asunción de Héctor Cámpora (1973) hasta el final de la dictadura militar (1983)– adquieren un peso particular: por qué y en nombre de qué o quiénes se mataba, y de qué maneras. Quedan comprendidos asesinatos políticos resonantes como el de José Ignacio Rucci (secretario general de la CGT), la matanza paraestatal perpetrada por la Triple A, la maquinaria represiva del terror estatal desplegada por las FF.AA. tras el golpe militar de 1976, la contraofensiva montonera del año 1979 y la aventura militar de la guerra de Malvinas. Con información abundante y precisa, Larraquy, historiador y periodista, elige concentrarse en episodios que por su trascendencia y densidad le permiten hacerse (y responder) preguntas más generales sobre la época. Son especialmente interesantes los análisis de la contraofensiva montonera y el proceso de enfrentamiento entre Montoneros y Perón. A diferencia de otros trabajos relativos a “los setenta”, el autor logra una distancia crítica que le permite problematizar históricamente hechos que aún no escapan del todo a la polémica apasionada anclada en valoraciones de tipo moral que tanto permiten tomar partido como dificultan la comprensión del pasado. Larraquy elude con una excelente prosa esa extorsión conceptual y ofrece un muy buen análisis de época.

Antropólogo eminente, filósofo y sociólogo de la ciencia, Bruno Latour, uno de los intelectuales franceses contemporáneos más destacados, presenta sus teorías con originalidad e irreverencia, siempre transitando entre los bordes del academicismo y el humor. En esta obra enorme y ambiciosa responde en signo positivo a su propia obra anterior Nunca fuimos modernos, construyendo un mapa de los diferentes modos de existencia o, en suma, una abarcativa antropología. Latour analiza el modo en que esos modos actúan como conectores en una red que vincula política con religión y creencias, la técnica con el derecho y la economía, y en todos, están presentes las teorías del lenguaje y formas de habla. También destaca las tensiones que existen entre naturaleza y sociedad, entre ecología y modernismo. El filósofo construye una completa ontología, trazando un sistema de coordenadas que atraviesa distintos tipos de seres. La idea de que todos funcionan en red permite avanzar en la investigación con mayor libertad. El autor propone esta investigación como introductoria a un trabajo colectivo, que sería continuado por los lectores. No es menor el detalle final, que hable de valores morales al referirse a la economía, transformada en una metafísica. Todo su tratado está atravesado por una ácida crítica a la modernidad, en la cual ninguna institución se sostiene sólidamente, ya que todas se han visto afectadas por los estragos del modernismo.

Giardinelli se ocupa del surgimiento y desarrollo de la novela negra, género que tiene su origen en Estados Unidos en la década del 20 y que se plantea, habitualmente, como la contrapartida del policial clásico inaugurado por Edgar Allan Poe a mediados del siglo XIX: mientras este último se proponía restaurar un orden perdido a través de la resolución puramente lógica de crímenes y misterios, la novela negra se fijó como objetivo representar el problemático escenario de una realidad corrupta e injusta. El libro tiene tres ejes temáticos fundamentales: las características y los antecedentes del género; una semblanza de sus autores fundamentales, tanto norteamericanos como europeos, y la incidencia de la novela negra en la narrativa hispanoamericana. Allí se encuentra la tesis más fructífera: la diferencia entre los relatos negros estadounidenses y los latinoamericanos radica en el modo diverso en que se concibe, en esos lugares, la relación del individuo con el sistema político. Al estar más inmiscuida en los ciudadanos la ética capitalista y el respeto a la Ley, en Estados Unidos la rebeldía individual frente al poder tiene como trasfondo una cierta confianza en las bondades intrínsecas del sistema; en América Latina, por el contrario, “casi nadie se fía del poder establecido, más bien se vive en constante sublevación frente a él” porque la historia ha demostrado que “vencer la ineficiencia de las instituciones y luchar contra la corrupción, la represión y las injusticias sociales no son tareas individuales”.

Federico Lorenz

Josefina Sartora

Nicolás Olszevicki

Crónicas

Deslile en esta espléndida novela gráfica narrada en clave autobiográfica que recibió el premio al mejor álbum del Festival de Angoulême en 2012. Desde agosto de 2008 hasta fines de julio de 2009, Deslile vivió en Beit Hanina, un barrio árabe de Jerusalén Este, adonde viajó para acompañar a su mujer, administrativa de Médicos Sin Fronteras en misión en Gaza, y ocuparse de sus dos pequeños hijos. Aquí narra su estadía en Tierra Santa y su descubrimiento de una sociedad desgarrada. Desde la segregación del transporte a los asentamientos, pasando por los largos rodeos que impone el Muro para trasladarse a lugares apenas distantes y la operación Plomo Fundido, Deslile expone lo absurdo del conflicto.

Describe con fina ironía sus experiencias, como cuando visita Hebrón con distintos guías. Y muestra su asombro ante la extrema seguridad y violencia reinantes, la libertad de la prensa israelí –cuyas críticas son inimaginables en Occidente–, el extremismo de los judíos ultraortodoxos y el humor corrosivo de los palestinos frente a la adversidad. Detrás de su pretendida ingenuidad, Deslile elige sagazmente los puntos de vista desde los cuales trazar sus historias. Sus dibujos se centran en las pequeñas cosas, en todo aquello que en un primer momento parece elemental, pero delinean nuevas perspectivas sobre los asuntos que aborda. Como el planisferio que encabeza el álbum, que uno no puede dejar de observar sin asombrarse sobre cómo una porción tan pequeña de tierra puede generarconsecuenciastan explosivas.

Jerusalén Crónicas desde Tierra Santa Guy Deslile La editorial común; Buenos Aires, mayo de 2013. 338 páginas, 220 pesos.

A veces, una mirada despojada, a priori ingenua, distante, permite comprender en toda su dimensión las implicancias de un conflicto en la vida cotidiana; produce una empatía que no alcanzan a transmitir los ensayos, los artículos de opinión, las denuncias, las reiteradas y abultadas cifras de víctimas. Es lo que logra el reconocido dibu jante y animador canadiense Guy

Pablo Stancanelli

Decimoctavo informe del Centro de Estudios Legales y Sociales que analiza avances y retrocesos institucionales y sociales en 2012, e incluye un apartado especial dedicado a los 30 años de democracia. Entre los temas destacados figuran el sistema de seguridad, la violencia en las cárceles, el déficit habitacional, la nueva Ley de Salud Mental, el sistema interamericano de derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información.

¿La nación tiene cara de mujer? María Inés de Torres UNQ; Bernal,  junio de 2013. 160 páginas, 75 pesos.

En el marco de los debates y l as celebraciones por los bicentenarios latinoamericanos, la autora analiza la relación entre las representaciones de lo masculino, lo femenino y la nación en la literatura uruguaya, desde la independencia hasta la modernización. Construye una mirada crítica sobre los textos constitutivos del canon literario uruguayo, que reforzaron la invisibilidad de la mujer en el espacio público subordinándola a un modelo de familia patriarcal.

Fuentes confiables Miradas latinoamericanas sobre periodismo

César Arrueta, Marcelo Brunet (editores) DASS-UCSE; Jujuy, noviembre de 2012. 310 páginas.

Con textos ensayísticos y estudios de casos de profesores, investigadores y periodistas argentinos y brasileños principalmente, este libro busca crear un marco de reflexión y debate abierto a interrogantes sobre las prácticas periodísticas actuales, los medios de comunicación y las disputas por el sentido en América Latina, desde una mirada alejada de los principales centros urbanos.

El candado de oro

Román Setton Adriana Hidalgo; Buenos Aires, septiembre de 2013. 270 páginas, 109 pesos.

Con un análisis introductorio del autor sobre “El cuento policial en Argentina entre 1860 y 1910”, este volumen reúne textos, en gran medida desconocidos, de la temprana literatura policial argentina, ignorada por no ajustarse al canon policial inglés que se impuso a partir de 1914. Entre otros se destacan relatos de Paul Groussac, Horacio Quiroga, Carlos Monsalve, Eduardo L. Holmberg y Vicente Rossi.