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L A S E C L I O V I R P C

PROCESOS ANÁLISIS JURÍDICO

Partes y terceros en el proceso civil peruano Giovanni F. PRIORI POSADA*

e t n a v e l e r a m e T

El autor, autor, a partir de un estudio histórico, analiza críticamente la regulación que el Código Procesal Civil destinó a las partes, parte s, acumulación, litiscorsorcio e intervención de terceros, demostrando que existen de fi de finiciones niciones equivocadas, tales como parte material, parte procesal o tercero legitimado. Asimismo, a fi a firma rma que existen sistematizaciones que no ayudan a esclarecer la práctica, como partir de la acumulación para entender el litisconsorcio y la intervención de terceros; y omisiones importantes, como la inexistencia de una cláusula general de intervención de terceros.

MARCO NORMATIVO • Constitución: arts. 2 inc. 1, 43 y 139. • Código Procesal Civil: arts. 57, 65, 82, 88, 89, 93, 94, 108, 123 y 364. • Código Civil: arts. 1, 61, 78 y 124.

I.

Antecedentes

Analizar el régimen específico de la regulación que el Código Procesal Civil de 1993 tiene sobre las partes y los terceros requiere, para su adec adecuada uada comp comprens rensión, ión, cono conocer cer el modo cómo estas instituciones fueron reguladas –o si no lo fueron– en los regímenes legales previos a los de nuestro Código Procesal Civil. En el desarrollo y aplicación de estos institutos hay, sin duda alguna, un claro

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sello de nuestra tradición. Por ello vi necesario acudir a sus antecedentes para explicar lo que es hoy ho y. Las Siete Partidas distinguían entre demandador y demandado. El demandador era definido como aquel “que hace la demanda en juicio jui cio par paraa alc alcanz anzar ar der derech echo” o”1. A él se le exige ciertos requisitos como establecer con claridad si está demandando por sí mismo o lo está haciendo haciendo por otro; otro; en caso lo esté haciendo por sí mismo es preciso determinar si él puede, por sí mismo, actuar en juicio. Por su parte el demandado es aquel a quien se le interpone la demanda. La principal preocupación de las Siete Partidas está en determinar la condición en la que se es parte (por sí o por otro) y, en atención

Prof Pr ofes esor or ppri rinc ncip ipal al de la la Pont Pontiificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en Derecho por la Universidad Tor Director de la Maestría en Derecho Procesal de la PUCP. Abogado por la misma casa de estudios. Socio del Estudio Priori & Carrillo Abogados. Partida III, Título 2, Ley 1. Vergata.

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Comentario relevante e del autor La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1851 no supuso en sustancia mayores variaciones que aquella regulación de las normas que habían regido al Virreinato del Perú.

a ello, se ocupa de los personeros (personas que pueden actuar por otro en juicio)2, los voceros (personas que sin saber Derecho acuden en defensa de las partes)3 y los abogados (personas que sabiendo Derecho acuden en defensa de las partes)4. La Partida III, título 23, ley 4, establecía expresamente que cualquier persona a la que el resultado del proceso pudiera generarle un beneficio o un perjuicio podría apelar la sentencia. En la Novísima Recopilación de las Leyes de España, las partes del juicio son llamadas “actor” y “reo”. Es por ello que De Hevia Bolaños señalaba que: “Litigantes son los que contienden en juicio: uno es actor, que es el que demanda, según una Ley de Partida, y otro Reo, que es el demandado (…) y regularmente lo pueden ser todos, salvo los prohi bidos según otra Ley de Partida”5. No existe en la Novísima Recopilación una permisión a la intervención de los terceros al proceso. La primera norma procesal de la República del Perú fue la Ley de Enjuiciamientos Civiles de 1851, que comenzó a regir desde el

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28 de julio de 1852, 31 años después de la proclamación de la Independencia. ¿Por qué tanto tiempo? Hubo que librar en el intermedio, todavía, muchas batallas para lograr la Independencia, el desmembramiento del Estado en otros dos, la Confederación peruano-boliviana y la guerra por la reunificación del Estado peruano. En cualquiera de los casos, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1851 no supuso en sustancia mayores variaciones que aquella regulación de las normas que habían regido al Virreinato del Perú. Por ello, en uno de los manuales más importantes de comentarios de dicha Ley, se decía que: “Las personas que controvierten en juicio, se llaman litigantes o partes ; y son: el actor o demandante que lo promueve, y el reo o demandado contra quien se promueve. En los juicios ejecutivos, el actor es ejecutante , y el reo es ejecutado ; y en estos juicios puede presentarse otro litigante alegando derecho a los bienes embargados, que se llama tercer opositor ”6. No existe pues otra posibilidad de actuación de un tercero en el proceso, con excepción del caso del proceso ejecutivo. A partir de esa consideración de la noción de parte, y siguiendo la preocupación de la legislación anterior, la preocupación legal es la regulación de la situación de los representantes (procuradores legítimos y dativos). En la misma línea, en la edición de 1860 del Diccionario de Legislación Peruana de Francisco García Calderón, se definía como “actor” a “la persona que pretende un derecho real o personal, puede reclamarlo por sí o por medio de apoderado ante los jueces

Partida III, Título 5, Ley 1. Partida III, Título 6, Ley 1. Partida III, Título 6, Ley 2. DE HEVIA BOLAÑOS, Juan. Curia Philipica . Madrid, 1797, p. 53. DE LA LAMA, Miguel Antonio. Elementos de teoría del enjuiciamiento y Práctica Forense Peruana. Tomo I, Imprenta del Estado, Lima, 1872, p. 100.

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PROCESAL CIVIL | PROCESOS

establecidos por la ley y el modo y la forma que ella prescribe”7. Luego se agregaba que “actor es el que pretende ese derecho y reo aquel contra quien se reclama”8. Lo interesante de la definición dada por el Diccionario de García Calderón está en la consideración de que la parte puede actuar por representante, es decir, reserva la noción de parte para aquel que es titular de la pretensión. Para el caso de “demandado” García Calderón decía que es “aquel de quien se pide judicialmente el cumplimiento de una obligación, o la entrega de una cosa, o el pago de una deuda, o el resarcimiento o reparación de un daño”9. Es interesante la condición privilegiada en la que se decía se encontraba el demandado, cuando señala que: “Las leyes consideran al demandado de mejor condición que al demandante, porque respetan siempre la posesión de aquel y por eso imponen al actor el deber de probar su demanda; ya al reo lo exoneran de esa obligación”10. En línea con lo que señalaba De la Lama, en la obra de García Calderón no existe referencia a la idea del tercero en el proceso, que no sea para el caso de las tercerías que solo se consideraban en los procesos ejecutivos11. II. Las partes y los terceros en el Código de Procedimientos Civiles de 1912

El Código de Procedimientos Civiles de 1912 supuso una modificación en el lugar que ocupaba la regulación de las partes en el Código. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1851 comenzaba –como lo hacía la

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Comentario relevante e del autor El Código de Procedimientos Civiles obvió en su regulación todo lo relativo a la parte orgánica e ingresó a la regulación del proceso directamente. Para hacerlo, decidió regular en primer término lo relativo a la comparecencia de los sujetos al proceso.

española– con una regulación sobre los órganos jurisdiccionales12. Esta norma se ocu paba entonces de la parte orgánica, y luego de la parte del proceso propiamente dicha. El Código de Procedimientos Civiles, sin embargo, obvió en su regulación todo lo relativo a la parte orgánica e ingresó a la regulación del proceso directamente. Para hacerlo, decidió regular en primer término lo relativo a la comparecencia de los sujetos al proceso. Es por ello que su artículo 1 señalaba que: “Pueden comparecer ante el juez, directamente o por apoderado, las personas que ejercen por sí sus derechos civiles”, mientras que el segundo artículo dis ponía que: “No pueden comparecer ante el juez las personas que dependen de otras en el ejercicio de sus derechos civiles: comparecerán por ellas sus representantes legales por sí o por apoderado”. La regulación del Código de Procedimientos Civiles comienza entonces con la regulación

GARCÍA CALDERÓN, Francisco. Diccionario de la Legislación peruana. Imprenta del Estado, Lima, 1860, p. 35. Ídem. Ibídem, pp. 716-717. Ibídem, p. 717. Ibídem, p. 1082. ROMERO, J. Guillermo. Estudios de legislación procesal . Tomo I, Tipografía El Luceo, Lima, 1914, p. 33 y ss.

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de la capacidad para ser parte (art. 1) y de la capacidad procesal (art. 2). Las normas siguientes se refieren más bien a los mandatarios judiciales y la representación entre ausentes. No existe en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 una definición acerca de lo que es parte y menos aún de capacidad. En general, la doctrina contemporánea a la dación del Código señalaba esa como una característica y deficiencia a la vez: “(…) la supresión en el nuevo Código, de casi todas las definiciones, tan indispensables en muchos casos para precisar el sentido de sus preceptos, sus alcances y su forma de aplicación (…)”13. Precisamente esa ausencia de definición legal sobre las nociones de parte o de comparecencia era lamentada por la doctrina nacional de la época, en el sentido de no aportar una regulación y definición que desde el texto legal otorgue un tratamiento sistemático a la disciplina: “Ejemplo de lo anterior ofrece el título adoptado para determinar los capítulos relativos a la personas que pueden ocurrir al juez como demandantes o demandados, porque los preceptos relativos a esta materia, que se formulan en cuatro capítulos se encuentran reunidos en un título que lleva este epígrafe ‘comparecencia ante el juez’ y en él, se ocupa la ley, de solo los que comparecen como actores o como reos; pero no de los que por cualquier otro título realizan esa comparecencia, como sucede con los testigos, los peritos, los depositarios y las demás personas que no son parte en el litigio y de que el mismo Código se ocupa en lugares diferentes”14.

De este modo, no solo no existe una definición de parte, sino que tampoco existe una definición (y tampoco un tratamiento) de la noción de tercero y su intervención.

Comentario relevante e del autor No existe en el Código Procesal Civil una definición de aquello que dicha norma entiende por parte. Sin embargo, sí existe una precisión de a quiénes se les considera como parte.

Las razones por las que no se regulaba la intervención del tercero radicaba, tal vez, en el efecto de determinación de la litis que producía la litiscontestatio15 y en la consideración que, por dicha causa, tenía el proceso como cuasicontrato. En ese sentido, considerando que la contestación de la demanda generaba el efecto de la litiscontestatio de fi jar los límites objetivos y subjetivos de la controversia, la imposibilidad subsecuente de modificarlos y la obligación del demandante y del demandado de seguir con el proceso hasta la sentencia, resultaban más o menos claros los fundamentos de por qué nadie distinto al demandante o al demandado podría intervenir al proceso ya iniciado. Solo las tercerías eran permitidas de manera excepcional y, específicamente, solo dos de ellas: las de dominio y las coadyuvantes. Las primeras se sustentaban en la alegación que hacía un tercero de la propiedad de la cosa

13 Ibídem, p. 37. 14 Ibídem, p. 39. 15 PRIORI POSADA, Giovanni. “La influencia de la litiscontestatio romana en la determinación de la litis en el proceso civil latinoamericano”. En: AA.VV. Sistema jurídico romanista y subsistema jurídico latinoamericano ( Liber discipulorum para el profesor Sandro Schipani). Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

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afectada por un embargo, y las segundas se sustentaban en la alegación del tercero que decía tener un derecho preferente al cobro16. Esa es la razón por la que la doctrina nacional se ocupó muy poco del tercero y su intervención17 durante toda la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912. III. Las partes y los terceros en el Código Procesal Civil de 1993

A diferencia de su predecesor, el Código Procesal Civil regula, luego de un título preliminar que contiene una serie de principios, la competencia y los órganos jurisdiccionales, luego de lo cual procede a la regulación de lo relativo a las partes. También, el Código Procesal Civil de 1993 regula de modo amplio (i) las partes en el proceso, (ii) el caso de la participación de varios sujetos en una misma situación de parte (litisconsorcio) y (iii) la intervención de terceros en el proceso. 1. Las partes en el proceso

No existe en el Código Procesal Civil una definición de aquello que dicha norma entiende por parte. Sin embargo, sí existe una precisión de a quiénes se les considera como parte. Así, el artículo 57 del Código Procesal Civil señala: “Toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un proceso”.

¿Qué dice Juan Monroy roy Gálvez? Se considera parte material a la persona que integra o cree integrar la relación jurídica sustantiva; es decir, aquella que es titular del derecho que sustenta la pretensión o aquella a la que se le exige tal pretensión, aun cuando al final del proceso se advierta que alguno de ellos no es titular de la relación jurídica sustantiva.

Una primera observación que podemos realizar a la norma en comentario es que se hace referencia a la expresión “parte material de un proceso”. Pero, ¿es correcto hablar de parte material de un proceso? ¿Acaso la parte material no es aquella de la relación material y la parte procesal aquella de la procesal? ¿Qué significa ello de “parte material de un proceso”? La respuesta viene dada por el autor del Código Procesal Civil, quien señala que: “se considera parte material a la persona que integra o cree integrar la relación jurídica sustantiva; es decir, aquella que es titular del derecho que sustenta la pretensión o aquella a la que se le exige tal pretensión, aun cuando al final del proceso se advierta que alguno de ellos no es titular de la relación jurídica sustantiva”18. En cambio, se sostiene que el Código usa la expresión “parte procesal”: “para identificar a la persona que realiza actividad procesal en nom bre de la parte material”19.

16 ROMERO, Guillermo. Estudios de legislación procesal. Tomo V. Ob. cit., p. 371 y ss. 17 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Partes, acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal en el Código Procesal Civil del Perú”. En: Ius et Veritas. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Ponti ficia Universidad Católica de Perú. Lima, 1993, Nº 6. p. 41. Dentro de los textos que se ocuparon del tema están: ALZAMORA VALDEZ, Mario. Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso . Lima, 1981, p. 261 y ss. También puede verse: FERRERO COSTA, Augusto. “La intervención del tercero en el proceso”. En: AAVV. Libro Homenaje a Mario Alzamora Valdez. Cultural Cuzco, Lima, 1988, p. 187 y ss. 18 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal”. Ob. cit., p. 43. 19 Ídem.

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De este modo, según lo señalado por el profesor Juan Monroy, la calidad de parte material de un proceso sería equivalente al de la parte legitimada. En cambio, la noción de parte procesal estaría reservada a la situación del representante de la parte en el proceso. Comentario relevante e del autor Si hacemos una lectura meramente literal de la norma que señala a quién se le debe considerar como parte en un proceso civil, vemos que habría graves omisiones, como la del nasciturus y la de las organizaciones no inscritas, en cambio hay una interesante inclusión, que es la de los patrimonios autónomos.

Creo que la definición y punto de partida del Código Procesal Civil es incorrecta. En mi opinión, parte es todo aquel que formula una pretensión en el proceso o contra quién se formula dicha pretensión20. Esta noción generalmente aceptada requiere de una precisión adicional: para ser parte se requiere que la pretensión haya sido planteada en nombre propio21. En los casos en los que la pretensión haya sido planteada en nombre de otro, la condición de parte le corresponderá

a aquel en cuyo nombre se ha actuado. Estas precisiones excluyen la situación del representante como parte procesal. Poco importa en la determinación del concepto de parte si quien está demandando realmente es el titular del derecho por cuya protección demanda, o si tiene o no la razón22. Lo trascendente es determinar si ese sujeto está formulando una pretensión en el proceso, o si se está formulando contra él. Por ello se señala que la consideración de quién es parte hay que buscarla en el proceso mismo, y no hay que acudir fuera de él para establecerla23. En oposición a la calidad de parte está la del tercero. El tercero no integra ni forma parte de la relación procesal. Es posible que una persona siendo parte del proceso, salga (por haber perdido legitimidad para obrar, por ejemplo, o por haberse establecido que jamás la tuvo), en cuyo caso perderá la condición de parte y se convertirá en tercero. Pero también es posible que el tercero ingrese a la relación procesal y se encuentre respecto de la pretensión en una posición activa o pasiva24, sea porque se incor pora como sujeto que la exige o contra la que se exige, en cuyo caso se convierte en parte. Lamentablemente nuestro Código Procesal Civil no ha tenido muy claros estos conceptos, pues en más de una norma se refiere al tercero que se ha integrado a la relación procesal como tercero legitimado 25, en vez de considerarlo como lo que es: una parte.

20 Es muy conocida la definición que de parte hace Chiovenda: “Es parte quien demanda en nombre propio (o en cuyo nom bre se demanda) una actuación de la ley, y aquel frente a quien esa actuación es demandada” ( Principii di diritto processuale civile . Jovene, Napoli, 1965, p. 579). 21 ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil . Tomo I, EJEA, Buenos Aires, 1955, p. 211. 22 LEIBLE, Stefan. Proceso civil alemán . Diké, Medellín, 1999, p. 83. 23 CHIOVENDA, Giusseppe. Ob. cit., p. 579. 24 El único caso en el que el tercero que ingresa al proceso no se encuentra en esa posición activa o pasiva respecto de la pretensión, es la del tercero coadyuvante, quien solo interviene al proceso para ayudar a una de las partes. Es por ello que la doctrina discute tanto sobre si el coadyuvante debe o no ser parte en el proceso. 25 A modo de ejemplo, citamos el texto de los artículos 89 y 364 del Código Procesal Civil: “Artículo 89.- La acumulación subjetiva de pretensiones originaria se presenta cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas. La acumulación subjetiva de pretensiones sucesiva se presenta en los siguientes casos:

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Comentario relevante e del autor Se ha negado extensivamente que el Estado sea capaz de ser titular de derechos fundamentales, pero esa negación dogmática y generalizada cede cuando nos encontramos frente al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Ahora bien, si hacemos una lectura meramente literal de la norma que señala a quien se le debe considerar como parte en un proceso civil, vemos que habría graves omisiones, como la del nasciturus y la de las organizaciones no inscritas, en cambio hay una interesante inclusión, que es la de los patrimonios autónomos. Más allá de lo señalado en la norma antes citada del Código Procesal Civil, analicemos cada uno de los sujetos que conforme al ordenamiento jurídico peruano tendrían que tener la aptitud para ser parte.

a.1. Nasciturus

El fundamento de considerar que el nasciturus o concebido tiene capacidad para ser parte en el proceso está en el propio artículo 2.1. de la Constitución que dispone con claridad que: “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Siendo sujeto de derechos, el concebido tiene capacidad desde el momento mismo de la concepción, tiene una capacidad actual, de forma tal que los derechos que adquiere de manera inmediata desde el momento en que es concebido se hayan supeditados a una condición resolutoria, cual es, aquella que nazca vivo26. Si es sujeto de derecho es claro que es titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y por ende, tiene capacidad para ser parte. Negársela, supondría negarle la posibilidad de poder ser parte en un proceso para poder reclamar la efectiva protección jurisdiccional de aquello que le favorece . Es por ello que más allá del olvido de nuestro legislador del Código Procesal Civil, es claro que resulta ser un imperativo constitucional reconocerle la capacidad de ser parte en un proceso al concebido.

1. Cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras pretensiones; o (…)”. “Artículo 364.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”. 26 La posición que enunciamos sin embargo no es pacífica en la doctrina, debido a que el artículo 1 del Código Civil del Perú tiene, a nuestro parecer, una redacción que no favorece una fácil interpretación de la verdadera intención del legislador. En efecto, la referida norma establece que: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”. Esta última parte del artículo podría llevar a interpretar que la atribución de los derechos patrimoniales al concebido se halla bajo la condición suspensiva de que nazca vivo, al igual que la teoría de la ficción. Esta interpretación tiene a su favor varios argumentos bastante razonables, entre los que se encontraría el solo hecho de que su inclusión hace pensar que el legislador no quiso atribuir de forma actual, los derechos patrimoniales al concebido. Sin embargo, a nuestro parecer, el solo hecho de reconocer el Código Civil del Perú de 1984, al concebido como ser humano hace que la atribución de derechos, patrimoniales o no, sea actual; y en consecuencia, debe entenderse que la última parte del artículo 1 de dicho Código es una condición resolutoria, y no una condición suspensiva. Nos parece que interpretar dicha norma como una condición resolutoria va más acorde con la tutela efectiva que se le desea brindar al concebido, además de ofrecer elementos de mayor efectividad. De esta forma, siendo el concebido titular actual de los derechos, sus representantes podrán realizar los negocios jurídicos necesarios para la conservación, protección y aseguración de sus intereses. Para una lectura de las dos tesis acerca de la interpretación de esta segunda parte del artículo recomendamos la lectura de las dos voces más autorizadas en la materia de Derecho de las Personas en el Perú: FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Exposición de motivos y comentarios al libro primero del Código Civil peruano . 2ª edición, Studium, Lima, 1987, pp. 29-30; y RUBIO CORREA, Marcial. El ser humano como persona natural . Biblioteca para leer el Código Civil, vol. XII. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1995, pp. 16-19.

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GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL | Nº 18 • DICIEMBRE 2014 a.2. Persona natural

La Constitución no deja margen a ninguna duda sobre la capacidad para ser parte de las personas naturales, cuando en su artículo 1 señala que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Por ello, desde su nacimiento27 hasta su muerte28, las personas naturales tienen capacidad para ser parte. a.3. Persona jurídica

La persona jurídica es un sujeto de derecho autónomo y distinto a los miembros que la conforman29. Debido a ello, tienen la aptitud de ser titular de situaciones jurídicas materiales, y por ende, el derecho de exigir la protección jurisdiccional de esas situaciones jurídicas. Es por ello que no se duda sobre la capacidad para ser parte de las personas jurídicas.

Cabe señalar en ese sentido, que ello supone incluso que existe la posibilidad de ser titulares de derechos fundamentales30, dentro de los que se encuentra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido de modo expreso que los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva son reconocidos a todas las personas jurídicas31. a.4. El Estado

El Estado tiene su origen en la propia Constitución32, la que no solo le da existencia, sino que, además, lo hace titular de una serie de funciones y atribuciones, para poder realizar los fines constitucionalmente asignados. A consecuencia de dicho ejercicio puede tener que acudir al proceso, sea para poder hacer valer algunas atribuciones asignadas legalmente (piénsese en el proceso de lesividad, por ejemplo), o en la mayoría de las veces para ser el sujeto pasivo del control

27 Código Civil Artículo 1.- La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento (…). 28 Código Civil Artículo 61.- La muerte pone fin a la persona. 29 Código Civil Artículo 78.- La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas. 30 Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia. Solo como ejemplo citamos lo siguiente: “Con respecto a lo segundo, este Colegiado considera que el no reconocimiento expreso de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas no signi fica tampoco y en modo alguno negar dicha posibilidad, pues la sola existencia de un Estado Democrático de Derecho supone dotar de garantías a las instituciones por él reconocidas. Por otra parte, porque quienes integran las personas jurídicas retienen para sí un interminable repertorio de derechos fundamentales nacidos de su propia condición de seres dignos, no siendo posible que dicho estatus, en esencia natural, se vea minimizado o, peor aún, desconocido, cuando se forma parte de una persona jurídica o moral. En tales circunstancias, queda claro que sin perjuicio de los atributos expresos que acompañan a cada persona individual que decide organizarse, puede hablarse de un derecho no enumerado al reconocimiento y tutela de las personas jurídicas, sustentado en los citados principios del Estado Democrático de Derecho y correlativamente de la dignidad de la persona”. STC Exp. Nº 47 92-2006-PA/TC, f. j. 11. 31 “En medio del contexto descrito y aun cuando no se pretende ensayar aquí una enumeración taxativa de los derechos que puedan resultar compatibles con la naturaleza o estatus de las personas jurídicas, cabe admitirse, entre otros, y desde una perspectiva simplemente enunciativa, los siguientes: (…) x).- El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional (art. 139, inc. 3)”. STC Exp. N° 4792-2006-PA/TC, f. j. 14. 32 Constitución Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.

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jurisdiccional de legalidad o constitucionalidad (piénsese en el proceso contenciosoadministrativo o en el proceso de amparo, solo por citar unos ejemplos). Es por ello que al Estado le corresponde la aptitud de ser titular de situaciones jurídicas procesales. Esta aptitud genera una situación muy particular en el caso del Estado, que desafía a la propia teoría constitucional. La noción de derechos fundamentales, normalmente ha sido concebida como pro pia de los seres humanos y, por extensión, de las personas jurídicas, pero se ha negado extensivamente que el Estado sea capaz de ser titular de derechos fundamentales. Pero esa negación dogmática y generalizada cede cuando nos encontramos frente al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El principio de igualdad procesal, determina que, cuando el Estado tenga la calidad de parte, goce de absolutamente todos los derechos que integran el contenido del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva33, pudiendo incluso acudir al amparo en aquellos casos en los que este derecho haya sido violado o esté siendo amenazado. a.5. Los órganos constitucionales autónomos

Fuera de la capacidad que le corresponde al Estado existen algunos órganos estatales

Comentario relevante e del autor El patrimonio autónomo es un centro de imputación jurídica procesal, sin perjuicio que no sea un centro de imputación jurídica material. Lo trascendente es que un grupo de personas tengan un interés común respecto de un bien o un conjunto de bienes.

previstos en la Constitución que gozan de autonomía, autonomía que surge del pro pio texto constitucional, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pue blo, el Banco Central de Reserva y el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos también tienen capacidad para ser parte por las mismas razones que he señalado para referirme a la capacidad del Estado. a.6. El patrimonio autónomo

El patrimonio autónomo es una institución que surge en la jurisprudencia alemana de fines del siglo XIX, a fin de reconocerle capacidad de ser parte en el proceso a quienes no tienen capacidad jurídica. La creación alemana comienza a ser estudiada con interés en Italia34, al punto que Chiovenda35

33 Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional: “Es de inferirse, entonces, que la relación Estado-Sociedad ha variado sobremanera desde la con figuración del Estado en el siglo XIX a la actualidad. De una visión que proponía una división tajante entre ambos, se ha derivado a una relación más similar a la integración de uno y otra. Ello implicó un cambio en la organización estatal que devino en la creación de diversas entidades públicas encargadas de cumplir con las obligaciones propias de la administración y prestación de servicios. Dichas entidades, a fin de cumplir con sus funciones debían –en muchos casos– acudir al órgano jurisdiccional. A manera de ejemplo podría hacerse referencia a la Defensoría del Pueblo y a la Sunat; aquella se encuentra facultada para interponer demandas de amparo en virtud al artículo 40 in fine del Código Procesal Constitucional, mientras que esta puede cuestionar vía el contencioso-administrativo las decisiones adversas emitidas por el Tribunal Fiscal, siempre que cumpla con lo establecido por el artículo 157 del Código Tributario. En tales supuestos, resulta evidente que el órgano jurisdiccional también tendrá que respetar los principios y derechos contenidos en el artículo 139 (entre ellos el numeral 3) de la Constitución, no solo por ser normas objetivas, sino también porque deben comprenderse como derechos fundamentales de las partes titulares del p roceso”. STC Exp. Nº 1407-2007-PA/TC, fundamento jurídico 9. 34 Chiovenda da cuenta de un interesante artículo Barsotti, publicado en 1906, denominado: “La capacità processuale delle asociazioni prive de personalità giuridica nella ‘Cassazione di Firenze’” . Cfr. CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile . Ob. cit., p. 586. 35 Ibídem, pp. 586-588.

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le dedica en sus Principios de Derecho Procesal Civil un interesante apartado donde da cuenta de las diversas posiciones que se debatían en ese entonces en Alemania, sobre la naturaleza del patrimonio autónomo. Señala que, para ese entonces, en Alemania existían tres posiciones: (i) aquellos que consideraban a los patrimonios autónomos como verdaderas personas jurídicas; (ii) aquellos que los consideraban como personas jurídicas pero solo en el proceso y (iii) aquellos que sostenían que su reconocimiento era solo formal, en la medida en que sus com ponentes eran auténticos litisconsortes. La tesis que fue ganando aceptación fue aquella que le reconocía una subjetividad especial, pero solo para aspectos procesales. En ese sentido, Chiovenda define al patrimonio autónomo como: “una masa patrimonial perteneciente a un determinado sujeto jurídico, que no constituye una persona jurídica; pero que se sustrae del patrimonio de ese sujeto, para ser confiada a un administrador que actúa en nombre de esa masa; lo que permite que el patrimonio autónomo se com porte en el comercio jurídico como un ente independiente, de manera análoga a una persona”36. Es por ello que se le reconoce a esa masa patrimonial la posibilidad de estar en el proceso para la defensa de las situaciones jurídicas nacidas de esos actos de comercio.

El artículo 65 del Código Procesal Civil37 regula de modo expreso lo que se entiende por patrimonio autónomo , definiéndolo de la siguiente manera: “Existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica”. De este modo el patrimonio autónomo es un centro de imputación jurídica procesal, sin perjuicio que no sea un centro de imputación jurídica material. Lo trascendente es que un grupo de personas tengan un interés común respecto de un bien o un conjunto de bienes. El ser un centro de imputación jurídica procesal determina que sea un sujeto de derecho procesal por más que en su base exista una pluralidad de personas. Es por ello que consideramos un error (más allá de la confusión que existe entre representante y parte en el artículo 65 del Código Procesal Civil38), referirse a la aplicación del artículo 93 del Código Procesal Civil, que regula el instituto del litisconsorcio necesario, en la medida que el instituto del litisconsorcio solo es aplicable en los casos en los que existen varias personas, no cuando existe un centro de imputación jurídica. Hablar de patrimonio autónomo , supone excluir la posibilidad de hablar de un conjunto de personas que concurren en una misma calidad de parte en

36 Ibídem, p. 587. 37 Código Procesal Civil Artículo 65.- Representación procesal del patrimonio autónomo

Existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. Si son demandados, la representación recae en la totalidad de los qu e la conforman, siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93. Si se desconociera a uno o más de los integrantes del patrimonio autónomo, se estará a lo dispuesto en el artículo 435. El que comparece como demandado y oculta que el derecho discutido pertenece a un patrimonio autónomo del que forma parte, se le impondrá una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4. 38 En efecto, el Código Procesal Civil confunde la institución de la representación conjunta, con la institución del litisconsorcio necesario. El litisconsorcio hace referencia a la pluralidad de sujetos en una misma posición de parte, en cambio la representación conjunta re fiere la necesidad de la intervención simultánea de varios representantes para poder obligar al representado. Por lo demás, como hemos explicado en este trabajo, el representante.

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el proceso. Para esto, existe el instituto del litisconsorcio. Si la ley ha optado incorporar al patrimonio autónomo es porque se ha querido dar un paso más, reconociendo cierta subjetividad jurídica a entes que no gozan de ese reconocimiento en el resto del ordenamiento jurídico. El patrimonio autónomo es por ello un sujeto de derecho procesal y no un conjunto de individualidades que reunidas forman un litisconsorcio. El litisconsorcio denota pluralidad, el patrimonio autónomo unidad. Comentario relevante e del autor No existen elementos comunes entre la acumulación objetiva y la denominada acumulación subjetiva, como para hacerlas depender de un instituto común: la acumulación.

a.7. Las asociaciones no inscritas

A pesar que nuestro Código Civil esta blece con claridad, como hemos expuesto, que para que una entidad sea considerada como persona jurídica, debe estar inscrita en Registros Públicos, regula el caso de las

asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, señalando de modo expreso que estos pueden comparecer en un proceso39. a.8. Las comunidades campesinas y nativas

La personalidad jurídica de las Comunidades Campesinas y Nativas nace de la pro pia Constitución40 y, como tal, tienen la aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales. 2. La participación de varios sujetos en una misma posición de parte (el litisconsorcio) y la equivocada sistemática elaborada respecto a los procesos complejos sobre la base del instituto de la acumulación

El Código Procesal Civil mantiene una sistemática equivocada que ha sido utilizada por la doctrina nacional como base para analizar tres instituciones jurídicas diferentes: acumulación, litisconsorcio e intervención de terceros. Este error sistemático parte de considerar al instituto de la acumulación como instituto central y a la intervención de terceros y al litisconsorcio como manifestaciones de la acumulación. De este modo, se parte de concebir a la acumulación como el instituto que de modo general explica las relaciones

39 Código Civil Artículo 124.- El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no se haya constituido mediante escritura pública inscrita, se regula por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 80 a 98, en lo que sean pertinentes. Dicha asociación puede comparecer en juicio representada por el presidente del consejo directivo o por quien haga sus veces. Código Civil Artículo 130.- El comité que no se haya constituido mediante instrumento inscrito se rige por los acuerdos de sus miem-

bros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 111 a 123, en lo que sean pertinentes. El comité puede comparecer en juicio representado por el presidente del consejo directivo o por quien haga sus veces. 40 Constitución Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

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jurídicas procesales complejas41. En función de ello, cuando hay varias pretensiones en un mismo proceso esa acumulación es objetiva y cuando hay varios sujetos en un mismo proceso esa acumulación es subjetiva42. De este modo, entonces el litisconsorcio es considerado en la sistemática del Código Procesal Civil como una manifestación de la acumulación. A su vez, la acumulación podía ser originaria y sucesiva, entonces, en función de ello, la intervención de terceros sería un supuesto de acumulación subjetiva sucesiva. Estas categorías y definiciones se encuentran así descritas en el Código Procesal Civil43, y son avaladas por importante sector de la doctrina nacional44.

Otro sector de la doctrina nacional ha des pertado ya a la crítica de este modelo adoptado por el Código Procesal Civil45. Esta acertada crítica destaca fundamentalmente en el sentido de señalar que no existen elementos comunes entre la acumulación objetiva y la denominada acumulación subjetiva, como para hacerlas depender de un instituto común: la acumulación46. Hecha la crítica, es necesario entrar a detallar el modo específico en el que el Código Procesal Civil peruano trata lo relativo al litisconsorcio. El Código Procesal Civil de 1993 regula esta institución en dos artículos, específicamente

41 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal”. En: Ius et Veritas. Ob. cit., p. 44. 42 Código Procesal Civil Artículo 83.- Pluralidad de pretensiones y personas.- En un proceso pueden haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumulación objetiva y la segunda una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y la subjetiva pueden ser originarias o sucesivas, según se propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente. En el mismo sentido: MONROY GÁLVEZ, Juan. “Acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal”. En: Ius et Veritas. Ob. cit., p. 44 y ss. 43 Código Procesal Civil Artículo 87.- Acumulación objetiva originaria

La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás. Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante. Si no se demandan pretensiones accesorias, solo pueden acumularse estas hasta antes del saneamiento procesal. Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda. Artículo 88.- Acumulación objetiva sucesiva.- Se presenta en los siguientes casos: 1. Cuando el demandante amplía su demanda agregando una o más pretensiones; 2. Cuando el demandado reconviene; y 3. Cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos. Artículo 89.- Acumulación subjetiva de pretensiones originaria y sucesiva.- La acumulación subjetiva de pretensiones originaria se presenta cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas. La acumulación subjetiva de pretensiones sucesiva se pr esenta en los siguientes casos: 1. Cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras pretensiones; o 2. Cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos autónomos, se reúnen en un proceso único. En este último caso, atendiendo a la conexidad y a la eventual diferencia de trámite de los procesos acumulados, el juez puede disponer su desacumulación en el trámite, reservándose el derecho de expedir una sola sentencia. 44 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal”. En: Ius et Veritas. Ob. cit., p. 44. 45 APOLÍN MEZA, Dante. “¿Acumulación subjetiva o litisconsorcio? Tratamiento del litisconsorcio en el proceso civil peruano”. En: AAVV. Estudios de derecho procesal civil . Ius et Veritas editorial, Lima, 2013, p. 336 y ss. 46 Ibídem, p. 340.

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en el artículo 9347 y el artículo 9448. Estas dos normas regulan tres tipos de litisconsorcio: el necesario, el cuasinecesario y el facultativo. El modo de definir el litisconsorcio necesario parte de considerar la eficacia de la sentencia en la persona de quienes han actuado como parte en el proceso, puesto que la norma señala que en estos casos la participación de todos aquellos a los que la sentencia va a afectar será necesaria y obligatoria. Esa misma norma termina señalando que salvo los casos en los que la ley diga lo contrario. Es decir, el propio artículo 93 que regula el litisconsorcio necesario está admitiendo la posibilidad de que en algunos casos particulares la ley considere que, a pesar que la decisión pueda recaer de manera uniforme en un número determinado de personas, se faculta a actuar solo a alguna o algunas de ellas. En este caso, se dice (lo dice la doctrina, no la ley) que el litisconsorcio es cuasinecesario. Respecto del litisconsorcio facultativo no existe definición, aunque sí regulación especí fica de la ley. Solo se caracteriza que la actuación de ellos en el proceso se realizará de modo independiente, como si ello no fuera así en el necesario. ¿Qué es entonces el litisconsorcio? Es una institución que hace referencia a la actuación de varios sujetos en una misma posición de parte. Es claro que como el Código Procesal Civil no tiene claridad respecto a la noción de parte, será difícil encontrar una idea clara de litisconsorcio. Habiendo varios sujetos en

una misma posición de parte, es posible que esos varios sujetos sean cotitulares de una misma pretensión, o que cada uno de ellos sea titular de su propia pretensión.

Comentario relevante e del autor ¿Qué es entonces el litisconsorcio? Es una institución que hace referencia a la actuación de varios sujetos en una misma posición de parte. Es claro que como el Código Procesal Civil no tiene claridad respecto a la noción de parte, será difícil encontrar una idea clara de litisconsorcio.

Cuando hay cotitularidad de pretensión, es claro que la sentencia que se vaya a dictar sobre esa única pretensión afectará a todos sus cotitulares por igual; por ello su partici pación (aunque no necesariamente su actuación) en el proceso será necesaria, dado que esa sentencia afectará directamente a la situación jurídica de la cual son titulares. Pero, ¿puede la ley establecer que en determinados casos alguien no participe en un proceso en el que se discuta sobre sus intereses? La protección del derecho de defensa de todo ciudadano y la prohibición de indefensión consagrada en el inciso 14 del artículo 139 de nuestra Constitución difícilmente permiten

47 Código Procesal Civil Artículo 93.- Litisconsorcio necesario

Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo dis posición legal en contrario. 48 Código Procesal Civil Artículo 94.- Litisconsorcio facultativo

Los litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos n o favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

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pensar en una situación como aquella. Se suele poner como ejemplo de esta situación el caso de las obligaciones solidarias, pero no se responde a esta elemental pregunta: ¿puede oponerse una sentencia con calidad de cosa juzgada al cotitular de una obligación solidaria, incluso en los casos en los que esa sentencia le ha sido desfavorable?

Comentario relevante e del autor Esta amplia regulación [la de la intervención de los terceros] se contrasta con la ausencia de una norma genérica que permita la intervención de cualquier tercero que pudiera tener algún derecho o interés que pudiera verse afectado en el proceso.

Otro ejemplo que se suele poner es el de la impugnación de acuerdos societarios, pero aquí es claro que lo que se discute en el proceso es el interés social, y este está siendo protegido por la participación de la sociedad en el proceso, participación que sí es necesaria, sin embargo no pasa lo mismo en el caso de los otros socios o accionistas. Finalmente, se pone también como ejemplo el caso de los intereses difusos, pero esta situación tiene en el Código Procesal Civil una

regulación específica, la del artículo 82, que bien pudiera ser el único caso donde la posi bilidad de que todos los cotitulares del proceso no actúen en él. El caso del litisconsorcio facultativo hay varias pretensiones y cada sujeto que participa del proceso es titular de su propia pretensión. De este modo, se trata de un caso en el que varios sujetos han decidido voluntariamente formular sendas pretensiones de las que son titulares de manera conjunta. Es claro entonces que la sentencia los afectará solo en lo relativo a lo que ella, de modo específico, diga sobre su pretensión. Creo que las inconsistencias del Código Procesal Civil en materia de litisconsorcio no solo se resumen en su error sistemático y las definiciones que sobre los diversos tipos de litisconsorcio incorpora, sino también en el uso inapropiado que hace del instituto del litisconsorcio para la explicación de situaciones que nada tienen que ver con el litisconsorcio. Así, por ejemplo, cuando el Código Procesal Civil regula en el artículo 65 la institución del patrimonio autónomo establece que en este caso a los sujetos que lo conforman se le aplica lo dispuesto en el artículo 93 del Código Procesal Civil, es decir, litisconsorcio necesario (o cuasinecesario, eso no resulta claro de la regulación). Otro ejemplo del indebido uso del instituto del litisconsorcio es el que hace el Código Procesal Civil en su artículo 10849. En efecto

49 Código Procesal Civil Artículo 108.- Sucesión procesal

Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando: 1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario; 2. Al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso; 3. El adquirente por acto entre vivos de un derecho discutido, sucede en el proceso al enajenante. De haber oposición, el enajenante se mantiene en el proceso como litisconsorte de su sucesor; o 4. Cuando el plazo del derecho discutido vence durante el proceso y el sujeto que adquiere o recupera el derecho, sucede en el proceso al que lo perdió.

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la norma señala que uno de los supuestos de sucesión procesal se da cuando se produce un cambio de titularidad en el derecho discutido, de este modo el adquirente es el sucesor procesal del enajenante; sin embargo, señala la norma que en caso que exista oposición a la sucesión el enajenante se debe quedar en el proceso como “litisconsorte”. ¿De qué tipo? No se sabe, porque ya perdió la titularidad. 3. Los terceros y su intervención

Como he mencionado, el Código Procesal Civil no trae una definición de tercero, pero sí una amplia regulación de sus diversas formas de intervención al proceso. Esta amplia regulación es una magnífica expresión del respeto a la tutela jurisdiccional efectiva de todos aquellos que pudieran verse afectados en sus derechos e intereses por aquello que se discute en un proceso. Sin embargo, esta amplia regulación se contrasta con la ausencia de una norma genérica que permita la intervención de cualquier tercero que pudiera tener algún derecho o interés que pudiera verse afectado en el proceso. Así, el Código Procesal Civil peruano ha incluido amplia regulación de los medios de intervención, pero, a cambio de ello, ha omitido una precisión sobre aquello que justifica esa intervención; es decir, la legitimación de ese tercero que se incorpora al proceso. Del mismo modo, existe, a mi entender, una serie de errores en la consideración que tiene el tercero que se incorporó al proceso. En ese sentido, a pesar de que el tercero ya intervino y está en el proceso, ese sujeto no recibe el nombre de “parte”, sino el de “tercero

legitimado”, confundiéndose de este modo el presupuesto de la intervención (que el tercero esté legitimado por ser titular de un derecho o interés pasible de ser afectado con la sentencia), con su consideración procesal al interior de un proceso. La precisión anteriormente expuesta resulta relevante dentro de la sistemática de toda la regulación del Código Procesal Civil, como aseguradora de las garantías procesales de ese “tercero legitimado” en la medida en que diversas disposiciones del Código establecen situaciones jurídicas procesales en cabeza de las “partes del proceso” y no de los “terceros legitimados”. Así, por ejemplo, el artículo 123 del Código Procesal Civil cuando establece que: “La cosa juzgada solo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda”. ¿Son los terceros legitimados “parte” o “terceros” en la consideración de tan importante norma como aquella que define los efectos de la cosa juzgada? Específicamente, el artículo 123 del Código Procesal Civil es también un ejem plo de aquella otra consideración de “tercero” que tiene el Código Procesal Civil, que es la de “tercero citado con la demanda”. Es decir, en la lógica del Código Procesal Civil hay sujetos que sin ser parte deben ser citados con la demanda, pero que en su propio lenguaje tampoco son terceros legitimados, pero nótese por ejemplo, que los efectos de la cosa juzgada sí les alcanza.

En los casos de los incisos 1 y 2, la falta de comparecencia de los sucesores, determina que continúe el proceso con un curador procesal. Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la titularidad del derecho discutido. Sin embargo, si transcurridos treinta días no comparece el sucesor al proceso, este proseguirá con un curador procesal, nom brado a pedido de parte.

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Es decir, en la sistemática del Código Procesal Civil existen tres tipos de sujetos diferentes: las partes, los terceros legitimados y los terceros citados con la demanda. Todos estos tienen algún tipo de vínculo con el proceso, por lo que contrastan con los que podríamos denominar “simplemente terceros” que no tienen ningún tipo de vinculación en el proceso. El drama está en que dentro de esa categoría de “simplemente terceros” pueden haber auténticos “terceros legitimados”, es decir terceros que tienen un derecho o interés que pudiera estar siendo discutido en el proceso o que pudiera afectarse con lo resuelto en él, que no sabemos cómo llamarlos, pues la categoría de “tercero legitimado” está reservada por el Código para los supuestos de los terceros que alcanzaron a intervenir en el proceso. Respecto de las formas de intervención, tenemos reguladas casi todas. Dentro de las voluntarias, tenemos la coadyuvante, la litisconsorcial, la excluyente de propiedad, excluyente principal y excluyente de derecho preferente. En este punto conviene

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resaltar que la consideración del “coadyuvante” se aleja de lo que en la tradición procesal peruana había sido considerado como tal, y más bien se regula como medio de intervención de un tercero que pueda verse afectado de modo indirecto con lo resuelto en el proceso en el que pide intervenir. En el caso de las intervenciones forzosas están reguladas la denuncia civil, el llamamiento posesorio y el aseguramiento de pretensión futura; así como el llamamiento por fraude o colusión la integración del contradictorio. A modo de conclusión

Nuestro Código se alínea a nuestra Constitución en el sentido de reconocer a todo ciudadano el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de sus derechos e intereses. En esa línea las nociones de parte y tercero deben tener una lectura en función de esas garantías constitucionales, como un modo de incorporar a todo aquel que con el proceso se sienta afectado, antes que excluirlos.

PRIORI POSADA, Giovanni. «Partes y terceros en el proceso civil.pdf

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