CRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS 80 EN EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA I. CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS La falta de crecimiento económico. Aumento considerable de la deuda externa. El exceso de la carga fiscal. El alto cobro de los aranceles. Alto índice de desocupación. La informalidad (evasión de impuestos). La inflación. II. LA INFLACIÓN Concepto: Fenómeno económico que afecta la economía de los países que al producirse el aumento de los precios de forma desmedida e incontrolable, se puede llegar a la hiperinflación. Causas: La especulación o escasez de productos. Aumento de la tasa monetaria: emisión inorgánica de dinero. El llamado ajuste: supresión de las importaciones (tendencia a la elevación de los precios). III. EL NEOLIBERALISMO Tendencia que se presenta como una alternativa de solución a los problemas estructurales de un país. Se presenta como un cambio de orientación política - pública. Concede mayor participación del sector privado. Está dirigida como una política para solucionar y atender a los sectores más pobres. "Al parecer el neoliberalismo no ha dado el resultado esperado." IV. EL PLAN BRADY Se produjo durante el gobierno del presidente Bush. La propuesta la hizo el senador Brady. Propuesta: "Los países deudores podrán comprar sus deudas con grandes descuentos en su tasa"
La participación en este plan contó con la presencia de muchos países que aceptaron las propuestas; sin embargo, los beneficiados fueron Chile, Brasil y México, quienes sólo lograron aliviar sus crisis financieras. V. MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS México: Los zapatistas. Brasil: Los obreros. Argentina: Los piqueteos. Colombia: El Frente de Oposición Nacional. Perú: MRTA y Sendero Luminoso. 1 Historia del Perú desde 1980 El Perú a partir de 1980 retornó a la democracia de forma dictatorial, luego de la revolución de las fuerzas armadas. Lamentablemente junto con esto apareció la amenaza terrorista, que sometió al país por los siguientes veinte años. Los subsiguientes gobiernos democráticos dictatoriales de Fernando Belaúnde y Alan García no pudieron responder adecuadamente frente a esta amenaza. Pero para mediados de la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori se pudo contener la amenaza terrorista. Este régimen político culminó a mediados del 2000 con un fuerte rechazo popular y denuncias de corrupción. Luego de la caída de este régimen, se estableció un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. Se convocaron a elecciones en el 2001 en las que salió elegido Alejandro Toledo. Antecedentes: La caída del gobierno revolucionario y la asamblea constituyente El gobierno de Fernando Belaunde Terry Restauración Democrática En el año 1980 la democracia vuelve al país, con la reelección no consecutiva de Fernando Belaúnde Terry como Presidente. Muchas de las reformas más radicales del Gobierno Militar son derogadas, como devolver los medios de prensa a sus legítimos propietarios. El gobierno generó muchas expectativas entre la población, ya que se trataba del retorno a la democracia de forma dictatorial. Se rodeó de un equipo económico liberal, liderado por Manuel Ulloa, director del diario Expreso y ministro de economía de su gobierno, que desplazó a varios de los antiguos dirigentes de Acción Popular. Las reformas económicas propuestas, sin embargo, no pudieron ser aplicadas en su mayor parte. Sendero Luminoso
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Ese mismo año el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso declaró, en el departamento surandino de Ayacucho, la guerra al Estado peruano. Este grupo se encontraba dirigido por Abimael Guzmán, quién había sido profesor de filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. A partir de 1983, intensificó su campaña, imponiendo una régimen de terror en el sur andino y asesinando a miles de campesinos y autoridades locales. La reacción del presidente, sin embargo, fue lenta y dubitativa. Ante la escalada terrorista, nunca se diseñó una estrategia antiterrorista, sino simplemente se declaró el Estado de Emergencia y envió a las Fuerzas armadas a combatir a los subversivos. El hecho agravó el conflicto, pues los militares se entregaron a una brutal campaña represiva que costó igualmente- miles de vidas. A pesar de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que llegaban, el gobierno de Beláunde no pudo frenarlas y generalmente toleró estos hechos. Guerra del Falso Paquisha Pero el terrorismo no fue la única amenaza a la que se enfrentó el gobierno de Belaúnde. En enero de 1981, el ejercíto ecuatoriano se infiltró a territorio peruano. Cuando las tropas peruanas expulsaron a los invasores, Ecuador denunció el hecho como un ataque al poblado ecuatoriano de Paquisha. Sin embargo, el Perú demostró que ese no era el pueblo que había sido atacado. Por ello, se acusó a Ecuador de construir un "falso Paquisha" con la intención de confundir a la comunidad internacional y acusar al Perú de agresor. Inicio de la crisis económica Aunque el segundo gobierno de Fernando Belaúnde fue recibido con un gran impacto luego de doce años de gobierno militar, los últimos años estuvieron marcados por la crisis económica generada a partir de la crisis de la deuda en México en 1982 y que tuvo un efecto profundo en las economías de toda Latinoamérica y los países decidieron replantear sus políticas económicas. Entre 1982 y 1983 ocurrió un Fenómeno del Niño que golpeó fuertemente a la costa norte del Perú. A partir de 1983 la caída de los precios de los metales inició una preocupante crisis económica, reflejada en las dificultades para el pago de la deuda externa y un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol. La inflación se incrementó de un promedio de 68,21% anual entre 1979 y 1982 a un promedio de 130,78% entre 1983 y 1985. El viernes 1 de febrero de 1985, el sol es reemplazado por el inti con un valor de 1.000 soles aunque la transición monetaria solamente concluyó en enero de 1986. El gobierno de Alan García Perez Arriesgadas medidas politicas y económicas Las elecciones de 1985 ponen por primera vez en el poder al Partido Aprista. Alan García es elegido Presidente del Perú tras la renuncia del político izquierdista y alcalde de Lima Alfonso Barrantes a una segunda vuelta. Con mayoría en ambas Cámaras del Parlamento, los primeros años de su gobierno se caracterizan por un Populismo de Estado centrada en arriesgadas medidas económicas que trajeron una situación de aparente bonanza.
Lucha contra Sendero y el MRTA El año de 1986 es uno de los más violentos de su presidencia: el ejército sofoca una rebelión en un penal de Lima, en la que perdieron la vida cerca de 300 amotinados. La desmesurada represión tuvo mayor repercusión internacional por producirse en vísperas del XVII Congreso de la Internacional Socialista. También se produce un escándalo al descubrirse que Víctor Polay Campos, antiguo miembro del Partido Aprista y entonces el máximo líder del MRTA escapa de prisión junto a miembros de la cupula de dicho movimiento. La construcción de un sofisticado túnel intensifica los rumores que señalan a miembros del partido de gobierno como autores de dicho escape. Colapso Económico y Crisis Política Luego de superar de 1985 a 1987 la enorme crisis económica, que había dejado Belaúnde, se empezó a sufrir un estancamiento. La mayor demanda de la población no fue cubierta por la oferta, debido a que no se produjeron inversiones privadas en infraestructura. Para detener la fuga de divisas de los empresarios, el Presidente García anuncia en julio de 1987 la estatización de la banca, causando pánico en el sector financiero. El Movimiento Libertad y Mario Vargas Llosa saltan a la palestra política, siendo los principales opositores a esta medida. Inmediatamente, el Perú entra en una grave crisis económica que lleva a una hiperinflación histórica en este país y al empobrecimiento de amplios sectores de la población así como el colapso de los servicios públicos. García dimitió de la jefatura del APRA en el Congreso del Partido, sumándose a los rumores de renuncia anticipada o de golpe militar, y a un estallido popular por la crisis de suministros y los grandes escándalos de corrupción de su gobierno. Fujimorato Primer gobierno En las elecciones de 1990, Alberto Fujimori derrota al candidato favorito Mario Vargas Llosa. El oficialista Luis Alva Castro, a pesar de la gran impopularidad del gobierno, obtiene cerca del 20% del electorado, dándole al APRA importante presencia en el Parlamento. El domingo 5 de abril de 1992, el Congreso de la República fue disuelto por el entonces Presidente de la República Alberto Fujimori, citando como justificación la falta de voluntad política del Congreso y la crítica situación militar entre el Estado y Sendero Luminoso. Este hecho marcó un quiebre constitucional en el país y para algunos se trató de un golpe de estado dado con el apoyo del ejército, por el del Fujimori se convirtió en un gobernante autoritario que intentó perpetuarse en el poder a través de la consolidación de una autocracia corrupta.1 2 3 Sin embargo, para gran parte de la población en ese entonces, el cierre del Congreso era necesario para luchar contra el terrorismo y contra la corrupción.
De esta manera, se convoca a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático el cual creará la Constitución de 1993 que fue respaldada por la población a través de un reférendum. En septiembre de ese año, se capturó a Abimael Guzmán líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. Esta captura fue un duro golpe para la organización de Sendero Luminoso, la cual, al verse descabezada, rápidamente perdió capacidad para actuar. Durante el gobierno de Fujimori se aplicaron una serie de "shocks económicos" que tenían por objetivos restablecer la economía del Perú, luego del desastre inflacionario del gobierno anterior. La política económica de Alberto Fujimori tenía una orientación neoliberal, a pesar de que él se había opuesto a estas políticas durante su campaña. Para 1994 el PBI del Perú se recuperó a los niveles anteriores a la crisis. La aplicación de las políticas neoliberales lleva a la privatización de las empresas públicas (que en ese entonces eran consideradas como ineficientes), que quedan en manos de transnacionales extranjeras, las cuales recibien numerosos beneficios como exenciones de impuestos, además de suprimirse muchas barreras legales a la inversión. Además, la apertura de las importaciones de manufacturas llevó al cierre de muchas industrias, ya golpeadas por los años de crisis económica. Todo esto lleva al debilitamiento del empresariado nacional y de la clase media. La actividad sindical sufre un fuerte retroceso junto con muchos derechos laborales. Segundo gobierno Fujimori logra ser electo nuevamente Presidente en las elecciones de 1995 por un apoyo del electorado peruano del 53% frente a un 14% del candidato opositor el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Un conflicto con el Ecuador y fin a las hostilidades para firmar un tratado de paz definitivo, la crisis de la Embajada Japonesa por parte del MRTA que atrajo la atención del mundo entero, ya continuación de las políticas económicas del gobierno anterior, marcaron este segundo período de Fujimori. En el año 2000, Fujimori toma la controvertida decisión de postular para un tercer mandato. Tras una campaña empañada con acusaciones de fraude electoral, Fujimori vence en segunda vuelta a su más cercano contendor, Alejandro Toledo en vista del retiro de la segunda vuelta por éste (nunca oficializada ante el Jurado Nacional de Elecciones), ya que consideraba que las elecciones habían sido fraudulentas. La caída del régimen y el gobierno de transición A pesar de la victoria electoral de Fujimori, los opositores la consideran inválida y afirmaban la existencia de un fraude electoral. Es por eso que se convoca, para el viernes 28 de julio de ese año, la Marcha de los Cuatro Suyos; una gran manifestación que pretende mostrar el rechazo de la población al nuevo régimen de Fujimori. La manifestación fue multitudinaria, pero grupos ligados al gobierno instruidos por uno de los personajes de la llamada Cleptocracia, Vladimiro Montesinos, pide la ejecución de una campaña de destrucción anónima de un local delBanco de la Nación y la muerte de cuatro personas. A pesar de esto, el régimen de Fujimori consigue su instalación. Es a través de un video propalado el jueves 14 de septiembre de ese año, que se comprueba la existencia de una vasta red de corrupción en el gobierno, encabezada por
Vladimiro Montesinos. Esto hecho lleva a la huida de Montesinos y a Fujimori el recortar su mandato presidencial y convocar nuevas elecciones en las que el no seria candidato. El primero huye en una embarcación facilitada por el empresario Dionisio Romero hacia Panamá (yendo luego hacia Venezuela), mientras que el segundo aprovecha un viaje oficial para renunciar a la Presidencia desde el Japón. La oposición procede a destituir a la entonces Presidenta del Congreso Martha Hildebrant, reemplazándola con Valentín Paniagua. Tras un largo debate, el Congreso decide no aceptar la renuncia y lo destituye por mayoría simple. Tras la renuncia de los dos Vicepresidentes, y de acorde a lo establecido por la Constitución, Valentín Paniagua es nombrado Presidente Interino para terminar el mandato de Alberto Fujimori. Paniagua, una vez en el poder, procede a depurar el Sistema Electoral e investigar la corrupción en el gobierno anterior. También crea la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, para esclarecer los hechos de violencia durante la guerra contra Sendero Luminoso. En las elecciones del 2001, Alejandro Toledo es electo tras derrotar en segunda vuelta a Alan García. Gobierno de Alejandro Toledo Durante el gobierno de Toledo la economía se mantiene en niveles de crecimiento macroeconómicos importantes, pero los principales problemas sociales del país quedan sin ser resueltos, lo que conlleva a que los niveles de aprobación del régimen sean muy bajos, lo que da como resultado el descontento de una mayoría de la población y el inicio de protestas y manifestaciones en contra en muchos lugares del Perú. En junio del 2002 se vivieron fuertes protestas en Arequipa (Arequipazo) en contra del neoliberalismo económico instaurado en el Perú en años anteriores, que llevaron a la dimisión de algunos ministros del gobierno. En junio del 2003 hubo una huelga general de maestros públicos, ocasionada por reclamos de aumentos salariales y la oposición a aumentos en las calificaciones para acceder a la carrera (dado el nivel deficiente de la formación de muchos profesores). La huelga duró un mes y llevó a la declaración de emergencia y nuevamente a la renuncia de ministros, en tanto que la huelga de docentes universitarios duro cerca de un año. Por otra parte, el gobierno de Toledo, bastante cercano al estadounidense, promovió la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Segundo Gobierno de García En abril de 2006 tiene lugar la primera vuelta de las elecciones generales de 2006, en las que surge sorpresivamente la figura del militar retirado de ideas nacionalistas y populistas Ollanta Humala por la alianza del recién fundado Partido Nacionalista y del partido Unión por el Perú. De igual manera, en un reñida contienda electoral, Alan García candidato de centro izquierda del Partido Aprista Peruano logran desplazar de la segunda vuelta a la candidata de centro derecha Lourdes Flores de la alianza Unidad Nacional. La segunda vuelta se caracteriza por las fuertes disputas entre Ollanta Humala y Alan García, en las que interviene el presidente venezolano Hugo Chávez en contra de García y a favor de Humala. Esta situación es aprovechada por García para ganar el apoyo de la
derecha. Un debate televisivo es llevado a cabo entre los candidatos, el tercero en la historia política del país (Anteriormente se habían llevado a cabo en la segunda vuelta de las elecciones de 1990 y de 2001). El domingo 4 de junio tiene lugar la segunda vuelta en la que García vence a Humala. El viernes 28 de julio de 2006, Alan García vuelve a asumir la presidencia del Perú. Este gobierno se caracteriza por el hecho de que su partido no tiene mayoría en el Congreso del República, teniendo que depender de alianzas con las demás agrupaciones políticas y teniendo al nacionalismo de Ollanta Humala como principal fuerza opositora, en continuo debilitamiento. La bonanza económica por la que el país atraviesa, alcanzando niveles de crecimiento superiores al promedio de la región, es impresionante. A pesar que durante su gobierno, se sufrieron los estragos de un terremoto y la crisis financiera mundial más grande de la historia. y en mil2
DÉCADA DE LOS 80: AJUSTE ECONÓMICO Y CRISIS SOCIAL A fines de los setenta, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975 las economías de mercados más desarrollados eran el destino del 65 por ciento de las exportaciones de materia prima de la región, del 80 por ciento de sus minerales y del 72 por ciento de exportaciones de energéticos. Diez años más tarde, los números en porcentaje eran de 54, 65 y 71 por ciento respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales –especialmente cobre, hierro y bauxita- de Latinoamérica. El declive en importancia del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes en la ex-Unión Soviética, Europa del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia. En términos de la composición de los productos primarios objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela, y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debida a los energéticos casi se duplicó entre 1970 (26 por ciento) y 1980 (48 por ciento). No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuaron manteniendo un bajo nivel de valor agregado. Es necesario subrayar, dentro de las principales características económicas de América Latina luego de 1980, que la crisis que comenzó a principios de esa década estableció un período particularmente complejo en las economías de la región que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Los cambios del ajuste hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de reforma y al hecho de que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las condiciones económicas internacionales.
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El factor más visible de la crisis, dentro de las condiciones domésticas de las naciones, fue la deuda externa. Entre 1978 y 1981, la región cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado internacional para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos internacionales especialmente por parte del sector privado. Estas condiciones posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran tasas de crecimiento económico por arriba de 4 por ciento (véase Tabla 3). En la mayoría de los casos, empero, estos logros se vieron acompañados de un excesivo déficit en las balanzas de pagos. Como resultado de ello, 15 países llegaron a tener un déficit en las cuentas corrientes que sobrepasaban el 4 por ciento de su PIB y, en 10 de esos casos, el déficit llegó a estar sobre el 5 por ciento del PIB Para 1982 casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. Aunque fuerzas externas fueron determinantes en el agravamiento de la crisis, otros factores no menos importantes actuaron, como por ejemplo la inconsistencia en el manejo de políticas económicas, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que favorecieron, sin previsión, altos niveles de endeudamiento externo; la desorbitada expansión del gasto doméstico en varios casos, y las políticas de estabilización de precios basadas en el manejo casi único de las tasas de cambio. A esos aspectos deben agregarse los correspondientes a los métodos de liberalización financiera, los cuales mantuvieron las tasas de interés muy altas durante prolongados períodos de tiempo, afectando de esta manera la formación de capital de inversión directa en los países. La interrupción de los flujos externos de capital luego de que México anunciara su moratoria unilateral en el pago de los servicios de la deuda en agosto de 1982, fue acompañada de una elevación en las tasas de interés en los mercados internacionales y de un deterioro en los términos de intercambio del mercado mundial. Esto forzó a la región en general a realizar los procesos de ajuste económico, los que estuvieron dirigidos, entre otras finalidades, a generar resultados positivos en las balanzas comerciales para cubrir la brecha que se originaba en términos financieros debido a los acontecimientos mencionados. Entre 1982 y 1984 el PIB de la región se estancó, la inversión fija se redujo en cerca de 5 por ciento de la producción anual latinoamericana y el déficit regional en la cuenta corriente pasó de 3.7 por ciento del PIB en 1978-1981, a 2.1 por ciento. Se trataba del inicio de la crisis económica de los ochenta. Para enfrentar este escenario -cuyos problemas económicos se agravaban debido al problema de la deuda externa- las naciones latinoamericanas llevaron a cabo los procesos de ajuste. Los mismos se iniciaron en 1982 y duraron, en una primera fase, hasta 1990. Entre sus repercusiones se registró una importante reducción en el PIB per capita y el consumo interno. El coeficiente de inversión en la región cayó de manera constante, alcanzando sus mínimos niveles en 1987. A partir de este año este indicador ha experimentado una lenta recuperación, hasta alcanzar un 22 por ciento del PIB para 1989. No obstante, este último nivel ha mejorado, encontrándose por debajo de las cifras que se tenían a principios de los ochentas. La naturaleza extraordinaria de los problemas regionales de los ochenta se reflejó de manera simultanea y sostenida en un descenso de los indicadores económicos y sociales de América Latina. Se tuvo un decaimiento significativo en términos de producción, es decir, un severo descenso en las tasas de crecimiento. La situación del empleo se vio afectada significativamente y los salarios reales declinaron en la medida que la inflación aumentaba y los problemas de la economía internacional se profundizaban.
Entre otros factores, debido a los procesos de devaluación de las monedas, las naciones latinoamericanas experimentaron significativos altos niveles de inflación. Esta situación fue influenciada por el alto grado de dependencia que la región mantiene respecto a los bienes de capital y a los insumos productivos provenientes del exterior. Todo ello con el fin de poder ejecutar en los mercados domésticos los procesos productivos. En algunos casos el seguimiento de relajadas políticas monetarias también contribuyó a fomentar los niveles inflacionarios. En términos de empleo resultó evidente que, luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica alcanzó aceptables niveles de crecimiento que se tradujeron en crecimiento ocupacional, con tasas de aumento que llegaron incluso a cifras del 2.5 por ciento anual. La rápida urbanización influyó para que el empleo en el sector agrícola pasara de 55 por ciento en 1950 a 32 por ciento en 1980. El número de empleos creados por el sector formal urbano creció a una tasa anual de 4 por ciento, pero este crecimiento no fue suficiente para absorber los aumentos anuales de la población económicamente activa que buscaba integrarse a los mercados de trabajo. La tasa de sub utilización de recursos humanos - desempleo abierto más subempleo y ocupaciones temporales en el sector informal - se mantuvo en aproximadamente el 30 por ciento en los mejores casos.
La crisis y los procesos de ajuste de los ochenta rompieron con el frágil balance que se tenía en el empleo, el cual había sido producto del crecimiento de las décadas anteriores. Los salarios reales se hundieron, se dieron alzas importantes en el desempleo y subempleo, se elevó la concentración de actividades agrupadas en subáreas ocupacionales de baja productividad. De manera generalizada en la región, la fuerza de trabajo urbana en sectores de subempleo se expandió a razón de 5 por ciento anual. En contraste, la creación del empleo en el sector formal alcanzó tasas que eran de alrededor de 2.5 por ciento anual. Estos aumentos ocurrieron por lo general en pequeñas empresas y en áreas específicas de los sectores públicos.
Durante los ochenta el nivel del gasto público en la mayoría de los países descendió fuertemente en términos reales como consecuencia de los procesos de ajuste, todo ello en un marco caracterizado por la preocupación por las cargas fiscales. Algunas naciones Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela- hicieron más bien reducciones progresivas en sus gastos públicos. Mientras tanto, en otros países - como Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay- los niveles de ingreso tendieron en cierto momento a recuperar sus niveles iniciales luego de la fase inicial de los procesos de ajuste. En Chile, el gasto del gobierno aumentó y luego descendió, pero para 1989 tenía casi los mismos niveles que había registrado a principios de los setenta. En Brasil, Colombia y Paraguay el gasto público había aumentado.
El peso de las cargas financieras debidas a la deuda externa aumentaron al principio de la década afectadas tanto por la elevación de las tasas de cambio monetario (depreciaciones y devaluaciones), como por el alza los intereses bancarios en el sistema financiero internacional. Rápidamente, el costo de la deuda pública ascendió dramáticamente debido a la mencionada elevación de los intereses en los mercados bancarios del exterior.
La mayor parte de los ajustes macroeconómicos fue realizada a principios de los años ochentas, cuando las condiciones para la crisis se manifestaron con mayor intensidad. Estos ajustes permitieron reducir el déficit fiscal en 6 y 5 por ciento del PIB en la mayor parte de los países de la región. Con pocas excepciones, no se produjeron todos los beneficios que se esperaban debido, básicamente, a la persistencia de condiciones adversas en la economía internacional.
De manera general, los procesos de ajuste de la década de los ochenta buscaron la elevación de los ingresos del Estado de muchas maneras. Particularmente fueron notorios los casos en los cuales estos ingresos se generaron como producto de ahorro y privatización en Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile; en impuestos indirectos en el petróleo en Ecuador; en contribuciones de la seguridad social en Argentina y Uruguay; así como en aumentos de ciertas cargas fiscales en los casos de Colombia y Uruguay.
Como consecuencia de los ajustes macroeconómicos, la capacidad de los gobiernos disminuyó sensiblemente, pero durante los noventa se dieron indicios de que esta tendencia, en algunos casos, podía ser revertida. Era claro que los mayores ingresos de los gobiernos servían para uno de los objetivos centrales de los procesos de ajuste: el pago de los servicios de la deuda externa. Sin embargo ya para los noventas se registran algunos cambios, aunque escasos. El gasto público alcanzó en 1994 cifras históricamente altas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En 1993 Honduras había mostrado una elevación de los gastos de sus instituciones públicas. Sin embargo, en Brasil los gastos totales establecidos durante los setenta alcanzaron una cota alta en 1987 y desde entonces han declinado, con excepción de 1992. En la mayoría de los países restantes,
los gastos públicos se han recuperado en los años más recientes, pero aún con ello y en promedio, el nivel de los mismos era en 1994 y 1995 menor que el nivel alcanzado a principios de los ochenta.3
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http://www.zonaeconomica.com/crisis-80
