PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL, EL ALBA, LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL MULTILATERALISMO ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTIÓN ADUANERA Y COMERCIO INTERNACIONAL DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO
RESUMEN El siguiente trabajo aborda aspectos teóricos sobre la Organización Mundial del Comercio y los principios fundamentales del comercio internacional, implicaciones del regionalismo y las relaciones multilaterales, asimismo se tratara el tema sobre el alba, la la integración integración regional y supranacionalidad. Para este informe nos apoyaremos en estudios realizados por varios autores, partiendo con el desarrollo de los principios internacional, para luego abordar el Regionalismo, multilateralismo, el Alba y la supranacionalidad
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) Según el Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el
órgano internacional que se encarga de agrupar o
establecer las normas y procedimientos que rigen el comercio mundial entre sus países miembros, los cuales han negociados y firmados. Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser "transparentes" y previsibles.
Como los acuerdos son redactados y firmados por la comunidad de países comerciantes, a menudo después de amplios debates y controversias, una de las funciones más importantes de la OMC es servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales. Otro aspecto importante de la labor de la OMC es la solución de diferencias. Las relaciones comerciales a menudo llevan aparejados intereses contrapuestos. Los contratos y los acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, a menudo necesitan ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el propósito que inspira el proceso de solución de diferencias establecido en los Acuerdos de la OMC. La OMC reemplazó al
Acuerdo General General sobre Aranceles y Comercio
(GATT); y su misión fundamental es la reducción de los obstáculos al comercio internacional. En este sentido, desde el año 1995, ha supervisado las reglas globales de las políticas gubernamentales respecto al comercio internacional y ha proporcionado el forum para las negociaciones de acuerdos que mejoren esas reglas.
PRINCIPIOS GENERALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL Para desarrollar este apartado, nos apoyaremos en los artículos de Denny
Eryck Nilson Piña García, publicado en la Página Web de Panorama Global , y en el trabajo publicado en eumed.net, El GATT y La OMC. La OMC para poder administrar sus acuerdos y servir de foro foro en las negociaciones comerciales tiene estipulado un conjunto de principios que tienen la fortaleza de ser una guía para las relaciones del comercio internacional, estos principios son el conjunto de valores que inspiran las normas del comercio y como
deben ser interpretadas. Para la OMC, son aquellos valores que inspiran el desenvolvimiento del sistema mundial del comercio. Los Principios Generales del Comercio Internacional, tienen su origen jurisprudencial en las sentencias dictadas en los años cincuenta cincuen ta sobre la admisión de las cláusulas oro en el Derecho internacional, valorándose su papel de ayuda para el juez en dificultades, ya que su generalidad permite su aplicación en diferentes situaciones, siendo raro no encontrar un Principio General susceptible de justificar una solución, sin embargo donde tienen una mayor implantación es en el arbitraje. Estos principios son los siguientes:
1.- El Principio de No Discriminación : significa que los países no pueden diferenciar bienes iguales que proceden de diferentes agentes. Este principio se divide en dos subprincipios: nación más favorecida y trato nacional. El primero motiva a los países miembros a tratarse con igualdad, esto significa que si uno otorga mayores beneficios a un país deberá otorgar mayores beneficios a los demás países. El otro significa que en el ámbito local no se puede diferenciar diferenciar entre los bienes importados y los bienes de producción nacional. Este principio se basa en los Acuerdos de la OMC, entre los cuales manifiesta,
que
los
países
no
pueden
por
regla
general
establecer
discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Este principio se conoce como el trato de la nación más favorecida
(NMF). Se permiten ciertas excepciones, por ejemplo, los países que forman parte de una región pueden establecer un acuerdo de libre comercio que no se aplique a
las mercancías que proceden del exterior del grupo. O bien un país puede oponer obstáculos a los productos procedentes de determinados países, que se consideran objeto de un comercio desleal. En general, el trato NMF significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes. Es decir, un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales, se concede a todos, de forma igualitaria, la condición de Nación más favorecida; y tampoco debe discriminar entre sus propios productos, servicios o ciudadanos y los productos, servicios o ciudadanos de otros países, se les debe conceder el denominado Trato Nacional. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir un trato igualitario, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo se aplica a los servicios extranjeros y a los nacionales, y a las marcas de fábrica o de comercio, el derecho de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Este principio de "Trato Nacional" también figura en los tres principales Acuerdos de la OMC (artículo III del GATT, el artículo 17 del AGCS y artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC), aunque también en este caso el principio se aborda en cada uno de ellos de manera ligeramente diferente. Es importante destacar, que El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque los productos fabricados en el país no sean sometidos a un impuesto equivalente.
2.- El segundo Principio es el de Comercio más libre: el cual significa que las actividades comerciales a nivel mundial se realizarán de manera progresivamente más libre. La labor de la OMC es buscar, mediante negociaciones, reducir los aranceles y conseguir una mayor liberalización del comercio a nivel mundial. Desde mucho tiempo atrás, la reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes para alentar este. Esos obstáculos incluyen los derechos de aduana o de aranceles y ciertas medidas tales como las prohibiciones de importación o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. Ocasionalmente también se han debatido otras cuestiones, como el papeleo administrativo y las políticas cambiarias, conocidas como barreras no arancelarias. La apertura de los mercados puede ser beneficiosa, pero también exige una adaptación. Los Acuerdos de la OMC permiten que los países introduzcan cambios gradualmente, mediante la "liberalización progresiva". Por lo general se concede a los países en desarrollo plazos más largos para cumplir sus obligaciones.
3.- El tercero es el de Previsibilidad mediante consolidaciones: Mediante la estabilidad y la previsibilidad, es decir ser previsible o pronosticable, se alientan las inversiones, se crean empleos y los consumidores pueden aprovechar los beneficios de la competencia: la posibilidad de elegir y precios más bajos. Por medio del sistema multilateral de comercio los gobiernos tratan de dar estabilidad y previsibilidad a las actividades económicas. En la OMC, cuando los países convienen en abrir sus mercados de mercancías y servicios, "consolidan" sus compromisos. Un país puede modificar sus consolidaciones, pero sólo después de negociarlo con sus interlocutores comerciales, lo que puede significar que tiene que compensarlos por la pérdida de
comercio. Uno de los logros de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay consistió en incrementar la proporción del comercio sujeto a compromisos consolidados. Muchos de los Acuerdos de la OMC exigen que los gobiernos divulguen públicamente sus políticas y prácticas en el país o bien notificándolas a la OMC. La supervisión periódica de las políticas comerciales nacionales por medio del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales constituye otro medio de alentar la transparencia, tanto a nivel nacional como multilateral.
4.- El cuarto principio se corresponde con el fomento de una competencia leal: Algunas veces se describe a la OMC como una institución de "libre comercio", pero esto no es completamente exacto. El sistema autoriza en realidad la aplicación de aranceles y, en circunstancias restringidas, otras formas de protección. Es más exacto decir que es un sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones. Las normas sobre no discriminación -NMF y trato nacional- tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio. Este es también el objeto de las normas relativas al dumping, que son las exportaciones a precios inferiores al costo para ganar partes de mercado, y las subvenciones. Las cuestiones son complejas y las normas tratan de determinar lo que es leal o desleal, y cómo los gobiernos pueden responder, en particular mediante la aplicación de derechos de importación adicionales calculados para compensar el perjuicio ocasionado por el comercio desleal. Muchos de los demás Acuerdos de la OMC están destinados a apoyar la competencia leal, por ejemplo, en materia de agricultura, propiedad intelectual y servicios. El Acuerdo sobre Contratación Pública (que es un acuerdo "plurilateral"
porque sólo ha sido firmado por algunos de los miembros de la OMC) hace extensivas las normas en materia de competencia a las compras realizadas por miles de entidades "públicas" de muchos países. Y así sucesivamente.
LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL MULTILATERALISMO Para el autor Alberto Van Klaveren, en su obra Regionalismo y
Multilateralismo: una convergencia necesaria, manifiesta que la cooperación y la integración regional están floreciendo nuevamente en América Latina. Durante los últimos años se ha avanzado más en la integración real de las economías latinoamericanas que durante las tres décadas anteriores. Una densa trama de acuerdos regionales, subregionales y bilaterales está logrando una liberalización creciente del comercio mutuo y una cooperación económica y política creciente en la región. El autor manifiesta que, en diversas áreas de América Latina se observa una importante disminución de las rivalidades históricas. Las hipótesis de conflicto tradicionales se están modificando. Acuerdos de libre comercio, cuantiosas inversiones mutuas, flujos turísticos de gran magnitud, oleoductos y gasoductos y nuevas infraestructuras camineras y fluviales están generando una nueva realidad de interdependencia que, gradualmente, va dejando obsoletas las viejas obsesiones geopolíticas latinoamericanas. Ahora bien, a lo largo d e la historia, los procesos de d e integración han surgido por motivos económicos en algunos casos y políticos en otros. Desde el punto de vista económico, la integración comercial se considera un camino que nos lleva a la reducción de las asimetrías existentes entre países, posibilitando a los países disfrutar de sus ventajas en el comercio, y así proyectar sus economías nacionales incentivando su producción.
Los bloques comerciales regionales tienen grandes probabilidades de convertirse en obstáculos contra la multilateralidad, dado que los países miembros de una Unión Aduanera o de un Mercado Común, no se les permite negociar individualmente reducciones arancelarias con países no miembros ni pueden reducir en forma unilateral los aranceles externos. Dada esta razón, un mercado común en estas condiciones podría considerar favorable fomentar las barreras no arancelarias a las que están sujetos los países ajenos al bloque, con lo que se establecería un obstáculo contra la liberalización comercial multilateral. Sin embargo, muchos autores manifiestan, que mayor es la probabilidad de lograr una liberalización comercial definitiva en bloques de naciones con numerosos intereses en común que entre grandes y heterogéneos grupos de países implicados en negociaciones multilaterales. Asimismo, indican que cuando los bloques regionales son conformados de acuerdo con los principios de la apertura y la inclusividad, pueden erigirse en puntos de apoyo, y no en obstáculos del libre comercio. El regionalismo implica un trato comercial preferencial recíproco entre los países miembros del acuerdo, en este sentido se observa la clara contradicción con los principios de no discriminación y trato nacional en que se fundamenta el multilateralismo promovido por la OMC. Sin embargo, esta contradicción es subsanada a través de normas conciliatorias como las del GATT que permiten el Sistema Generalizado de Preferencias, las que admiten la constitución de uniones aduaneras. El carácter conciliatorio del regionalismo abierto es posible gracias a que la preferencia comercial que se profesa entre los miembros no puede incrementar las barreras preexistentes respecto a los demás países.
Es así como la CEPAL destaca como característica del nuevo regionalismo el hecho de que no es contradictorio con el avance en el ámbito ámbito multilateral en la OMC, sino que por el contrario, es compatible con éste, con el cual interviene de manera positiva. Se señala que este regionalismo es producto de las negociaciones multilaterales. No obstante se anota que existen algunas excepciones, dado que en ciertos temas solamente se podrán lograr avances importantes en las negociaciones regionales una vez que se produzcan cambios significativos a nivel multilateral, como por ejemplo en materia de subsidios y protección agrícola o respecto a la aplicación antidumping. La posición oficial de la OMC frente al regionalismo, es precisamente la de crear una economía cada vez más global. Es por ello que se busca que la lógica del regionalismo lleve siempre una liberalización multilateral complementaria, para así lograr una economía mundial abierta. En este sentido en el discurso pronunciado por el entonces Director General de la OMC, Mike Moore el 28 de noviembre de 2000 en Argentina, se destaca, la importancia de mantener como propósito fundamental de la OMC, la conservación del multilateralismo y no permitir que los procesos de integración regional sobrepasen la integración integración multilateral, pues sólo con ésta última se logran los objetivos del comercio internacional.
EL ALBA, LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y SUPRANACIONALIDAD. Para el desarrollo de este apartado, nos basaremos en dos autores cuyos artículos son antagonicos entre si, ellos son: Carlos J. Bruzón Viltres y su Artículo AMÉRICA LATINA Y LA NECESIDAD DE FUNDAMENTACIÓN DESDE
BASES JURÍDICAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL 2009 , y Gerson Revanales y su artículo Ni el ALCA ni el ALBA son esquemas de integración, 2005.
Carlos J. Bruzón Viltres nos comenta que, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) surgió como un proyecto de cooperación, que sistematizaba la iniciativa de los gobiernos de Venezuela y Cuba de encontrar en el intercambio solidario de bienes y servicios el equilibrio en el desarrollo de nuestros pueblos. Los pilares sobre los que se sustenta esta propuesta y que constituyeron sus fundamentos originales, se concentran en torno a la cooperación en sectores tan sensibles como el energético, salud pública, educación, entre otros. Desde diciembre de 2001 hasta el presente, este esquema no solo se ha ido ampliando en Estados que se han integrado, sino en la propia estructura y en su proyección. De tal manera, el ALBA se ha convertido en una propuesta seria de integración, sobre la que se hace necesario un riguroso análisis desde la perspectiva
jurídica.
Probablemente
en
cuarenta
años
de
esfuerzos
integracionistas ningún proyecto como el ALBA ha sido capaz de aglutinar estrategias de solidaridad y cooperación, más allá del intercambio económico que ha sido el eje que sostiene a la mayoría de las propuestas de integración subregional en América Latina. No es, como advirtieron algunos, un proyecto con un destino incierto y limitado en el tiempo y el espacio. La incorporación de Honduras y Dominica , y recientemente, al concluir la reunión de la Comisión Política del ALBA, la posición de interés mostrada por Ecuador de convertirse en miembro pleno de esta alternativa, demuestran todo lo contrario. Es más, a pesar de contar aún con una membresía reducida, ha superado los espacios geográficos para aglutinar Estados de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. La cooperación energética representa un firme pilar. A esto deben sumarse los planes de intercambio justo de bienes y servicios -ejecutados en muchos de los casos de acuerdo a la normativa del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), y en particular mediante los proyectos grannacionale , figura novedosa incorporada en el ALBA y el papel de los recursos humanos, como sucede en las misiones sociales. Los servicios médicos y educacionales, los planes de desarrollo endógeno, los foros sociales que se han constituido y los movimientos en defensa
de la paz y los derechos de los pueblos complementan este proyecto como esquema de integración. La alternativa supranacional, sobre la que parecen configurarse las principales instituciones y normas en la Unión Europea, da muestras de haber ganado espacios, consolidando los mecanismos jurídicos necesarios para encauzar el proceso de integración. Políticamente ha sido aceptada, a pesar de quedar puntos del debate sin cerrar como sucedió, por ejemplo, con la cuestión de la adopción de una Constitución para Europa . Pero el hecho ya de pensar y poner a examen este particular demuestra la confianza y la necesidad de acudir al Derecho para dejar bien sellados los compromisos entre los sujetos participantes en este proceso. Respecto a la Unión Europea, tanto para los que comparten este criterio como para quienes ofrecen sus reservas, debe apuntarse que se ha convertido en una especie de referente, lo que no equivale a decir que sea de obligatoria reproducción en otras áreas geográficas, como la nuestra. En materia de desarrollo jurídico, el Derecho Comunitario -o en buena técnica, el Derecho Europeo- se ha realizado amplia y eficazmente, lo que equivale a decir que esta estructura goza de un fundamento normativo sólido. La tendencia a la supranacionalidad va demostrándose, aunque se ha reiterado lo peligroso de los términos absolutos, al menos a través de sus órganos comunes, especialmente el Consejo, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia, que en buena medida vienen a dibujar en un plano superior los tradicionales poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), a pesar de la resistencia teórica que ha debido enfrentar. Respecto a América Latina, sin embargo, aquí reside uno de los mayores problemas. Como se ha dicho, después de más de cuatro décadas de esfuerzos serios en la idea de integración, no ha podido arribarse, al menos por consenso, a la conclusión de cuál pudiera ser la vía más aceptable para emprender el proceso de integración continental más allá de las subregiones y los acuerdos multilaterales existentes, en ocasiones bastante restringidos o dispersos, de tal manera que ante esta primera fórmula propuesta nos encontramos con una férrea
oposición, que se fundamenta en las mencionadas cuestiones de la soberanía y los nacionalismos. Se descuida la realidad impuesta por las condiciones actuales en el sistema internacional, donde la soberanía no puede observarse como atributo con carácter ilimitado dentro del Estado, sino que la necesidad de interrelación de los sujetos que forman parte de este sistema presupone la cesión de ciertas competencias tradicionalmente denominadas “soberanas”, muchas de ellas para favorecer
precisamente el proceso de integración. A ello deben sumarse las reservas siempre empleadas contra todo lo que parezca proclive a copiarse, o incluso, imponerse, sobre todo si proviene de Europa. Nada obliga a que se diseñe un modelo idéntico al que con matices de supranacionalidad se construye actualmente en el continente europeo. Pero nada puede, paralelamente, persuadirnos de que no es necesario llevar a otros términos nuestra integración, salvaguardar nuestras soberanías pero compartir lo que tenemos, ceder nuestros espacios en función del equilibrio continental, aliarnos estratégicamente para enfrentar las amenazas provenientes de lugares bien conocidos y cercanos, enfrentar con solidez las repetidas y cada vez más peligrosas crisis económicas y sociales, y también políticas. En este sentido, la idea de integración latinoamericana probablemente no persiga formar una ciudadanía común en una primera instancia, apelando a factores geográficos y quizás a estas cuestiones nacionalistas. La integración en América Latina puede prescindir si desea de un complejo entramado de instituciones, conformándolas con un mayor grado de sencillez y operabilidad. La unidad monetaria puede también esperar. En definitiva, existen múltiples variantes para sortear los escollos que hoy vemos en la supranacionalidad, y para superar estas reservas que aún oponemos y que dificultan el anhelo de vernos formando un gran espacio de solidaridad e intercambio, sobre la base de fundamentos sólidos que en lo político y jurídico deberán construirse. Debe, a su vez, confiarse en el robustecimiento de los principios de Derecho Internacional, particularmente el de igualdad soberana de los Estados, con las consecuencias que de él se derivan. Sería arriesgado asumir que la
supranacionalidad es la fórmula idónea para nuestro continente, al final del largo camino por su unidad. Lo que es meritorio reconocer es que resulta una vía apropiada para sostener y comprometer jurídicamente a los actores de cualquier proceso de integración continental, haciendo posible su fundamentación desde bases jurídicas, llevándolo hacia los términos de plena integración jurídica. Ahora bien, para Gerson Revanales, el concepto de integración va mucho más allá de una zona de libre comercio o de unos acuerdos de cooperación; por esta razón, ni el ALCA ni el ALBA pueden ser consideradas como propuesta de integración. El autor manifiesta que su afirmación no tiene el propósito de entrar en el debate político o ideológico; sino aclarar hasta donde llega cada propuesta. El ALCA propone: promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y el libre comercio; establecer un Área de Libre Comercio con la eliminación progresiva de las barreras al comercio de bienes, servicios y la Inversión; facilitar la Integración de las economías más pequeñas y procurar que las políticas ambientales y de liberación comercial se apoyen mutuamente. Como se observa, en ninguno momento, sus objetivos plantean la creación de un esquema de integración; sino servir de promotores o facilitadores de la integración. Cuando se habla de integración, se plantea la profundización de las relaciones mediante la negociación de un arancel externo común; la circulación de los factores de producción, la armonización de las políticas macroeconómicas, la aceptación de una moneda única o más aún, la adopción de una constitución y la creación
de
unas
instancias
supranacionales,
lo
cual
significa
un
redimensionamiento del concepto de soberanía, como es el caso de la U.E Ni el ALCA ni el ALBA se plantean tales metas a corto ni a largo plazo. En el caso del ALCA sus propósitos se dirigen a facilitar el Acceso a Mercados, liberalizar la Agricultura, abrir las Compras del Sector Publico, dar paso a la Inversión Extranjera, fomentar la Política de Competencia, Derechos de Propiedad Intelectual, Servicios, Solución de Controversias, eliminar los Subsidios, y las medidas Antidumping y Derechos Compensatorios, apoyar las Economías
Pequeñas, impulsar la participación de la Sociedad Civil. Luego podemos observar que el ALCA no profundiza en la integración ni hace consideraciones a instancias comunitarias ni a órganos supranacionales. Por su parte la Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe (ALBA), además de no contemplar algún órgano comunitario o considerar la supranacionalidad, es una respuesta política, con un alto contenido ideológico y sin una estructura teórica que permita ubicarla dentro de los esquemas de integración conocidos y validos. Si se revisan los documentos del ALBA se encuentra que sus principios se fundamenta en los vínculos históricos, culturales y políticos que unen a Latinoamérica, es decir se presenta como un nuevo esquema "integrador" que apunta más hacia la integración humanística, social, s ocial, cultural, científica, tecnológica y física, pero sin decir "EL COMO". Así como el ALCA se puede decir que es un esquema de libre comercio, el ALBA es una alianza estratégica de tipo político, a través de acuerdos comerciales en condiciones especiales y de cooperación energética, en una sola vía como son los acuerdos con Cuba y de Caracas.
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una
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