DERECHO CONSTITUCIONAL Tema 1 1. ANTECEDENTES DEL CONSTITUCIONALISMO CONSTITUCIONALISMO Según la Enciclopedia Jurídica Omeba, el Constitucionalismo consiste en el ordenamiento jurídico de una sociedad política, mediante una Constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.
Gottfried dietze afirma que: El que los gobernantes se subordinan a sí mismos a una Constitución es la verdadera esencia del Constitucionalismo
BREVE VISIÓN AL MUNDO ANTIGUO El derecho constitucional, como disciplina autónoma y sistemática, nace entrado ya el siglo X IX. Remontándonos a sus orígenes, los tratadistas ubican la cuna del derecho constitucional en el Mediterráneo, más concretamente en Grecia; posteriormente comenzó a desenvolverse en Roma. Aristóteles (384-322 a.C) se refiere en una de sus obras a más m ás de un centenar de constituciones de ciudades griegas de su época o anteriores a ella, ell a, lo que demuestra la existencia ya, desde entonces, de un conjunto apreciable de leyes constitucionales.
En Grecia se presentaban dos criterios acerca de la Constitución, ante todo, como la organización básica del Estado, asimilándola al organismo del ser humano: por ello se habla de criterio o concepto concepto material, el que en otras épocas fue llamado sustantivo u orgánico. Aristóteles en sus definiciones confunde confunde Constitución con con gobierno, criterio que estos tiempos resulta erróneo. El dice La constitución de un Estado es la organización r egular de todas la magistraturas, mag istraturas, principalmente de de la magistratura que es dueña y soberana soberana e todo. En todas partes el gobierno de la ciudad es la autoridad soberana; la constitución misma es el gobierno. Fueron Platón y Aristóteles quienes, apartándose del criterio material de constitución, dieron las pautas iniciales para el constitucionalismo moderno, al sostener que todo gobierno debe estar sujeto a la ley y toda ley a un principio superior. Este segundo criterio presenta a la constitución como un orden superior. Para Platón la forma política ideal sería la creada por personas capaces de gobernar con con un arte y una fuerza superiores a la ley. Pero ese gobernante ideal no existe. El Platón idealista de la República, se vuelve más realista en otros escritos particularmente en el Político -. Si no puede darse un hombre así, concluye él, un Estado gobernado por uno solo sería el peor de los regímenes. Entonces, pese a sus muchos vacíos, hay hay necesidad de recurrir a la ley
superior. Platón aparece aquí como precursor precursor del constitucionalismo. constitucionalismo. Por su parte, Aristóteles también distingue las leyes comunes del principio que les sirve de base y que les imprime validez. Ese principio que para Platón es la Justicia, para Aristóteles es la Constitución. Las leyes deben estar de acuerdo con con las dos partes del alma: la que posee por si misma la razón y aquella aquella que no la posee por sí misma. Además las leyes deben estar supeditadas a la Constitución; Constitución; solo así serán justas.
En Roma desaparece el concepto de Constitución como fue concebido por los griegos, como una realidad general, totalizadora, totalizadora, para convertirse en una ley titular emanada del del emperador. Los romanos identificaban la Constitución con la lex, el edictum o, en g eneral, con las disposiciones o mandatos imperiales.
El Derecho público debe a Roma dos conceptos muy importantes, los cuales jugarán a partir de la Edad Media, un un papel capital en la formación formación de los Estados modernos: modernos: son ellos: el concepto de superanitas del cual se deriva el término soberanía y el concepto concepto de imperium, el cual se debe entender como un poder específicamente político, independiente de los medios de acción económicos o religiosos, ejercido sobre hombres libres, con el apoyo de las instituciones políticas.
En la Edad Media dos hechos históricos son los que van a influir considerablemente en el aspecto político: El Imperio Romano y el nacimiento y evolución del del Cristianismo. En la Edad Media Media se consideró a la Constitución como una regla particular, como un edicto u orden, expedido por la autoridad eclesiástica, particularmente particularmente por el Papa. Durante el siglo XII el concepto varió; ya no se trata de una orden papal o episcopal, sino de un acuerdo que había de regular reg ular las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En el siglo XIII reapareció la idea de Constitución como edicto real, y diversos autores de la época denominan constitutio a las órdenes o decisiones reales, tanto en Francia como en Inglaterra.
Por fin el derecho constitucional moderno nace, para García-Pelayo, con la teoría clásica de la ley fundamental, así como con la aparición de varios tratados trata dos sobre constituciones estatales, publicados en Francia, Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda, principalmente. Pero como hecho histórico que dio origen al moderno estudio del derecho constitucional, debe señalarse la Constitución Inglesa del siglo XVIII, de ella partió el barón de Montesquieu.
ANTECEDENTES ANTECEDENTES ARAGONESES
El antecedente más remoto lo encontramos en Inglaterra y España, ambos países establecían algunas garantías individuales que tendían tendían a impedir las extralimitaciones del poder real. Son:
Las Instituciones de Aragón Las cartas (convenios entre el Príncipe y sus vasallos). vasal los).
REVOLUCIÓN INGLESA. Inglaterra y la Revolución puritana: Loewestein Loewestein dice "La segunda y moderna fase del constitucionalismo constitucionalismo comienza con la Revolución puritana en Inglaterra y en sus repercusiones en sus colonias en América. Una serie de circunstancias hicieron que se pasara de monarquía absoluta a monarquía constitucional. Con la destrucción de la Armada desapareció el estado de excepción que había obligado al Parlamento a someterse al liderazgo de Isabel. La dinastía extranjera de los Estuardos subió al trono. Los distritos de las ciudades, que soportaban la principal carga fiscal, habían enviado a hombres de prestigio a la Cámara de los l os Comunes para exigir su participación en la legislación financiera. financiera. Los religiosos clamaron por su derecho de autodeterminación espiritual frente al férreo clericalismo de la Iglesia estatal. La nueva clase media del Parlamento resucitó sus ancient and indibitable rights and privilegeds, que si bien se habían apagado durante los largos años del despotismo de los Tudor, no habían sido olvidados completamente. La nueva Cámara de los Comunes no quiso por más tiempo darse por contenta con un simbólico orden constitucional que los Estuardo, ya de por sí, tenían tendencia a ignorar; la Cámara insistió en implantar las limitaciones tradicionales a la corona, y exi gió su participación en el proceso político. La cruel guerra acabó con la victoria vi ctoria del Parlamento sobre la corona en la Glorious Revolution de 1678, en un momento en el cual la monarquía absoluta, liberada de limitaciones constitucionales, constitucionales, alcanzaba su cenit en toda Europa. En este período hizo su aparición la primera constitución escrita. Si se dejan aparte los estatutos coloniales que fueron otorgados por la corona, el lugar l ugar de honor entre los documentos constitucionales constitucionales creados por propio impulso lo ocupa el Fundamental Orders of Connecticut Connecticut (1639). Con el Agreement of the people el Consejo de Guerra de Cromwell confecciona por vez primera una Constitución para Inglaterra, un contrato popular cuya vali dez se considera independiente de las cambiarias mayorías. Este sólo fue un proyecto ya que Cromwell consagra sus principios en el Instrument of Goverment de 1653. En este documento se expresa que aparte de la Carta Magna debe existir un documento. Este es el único documento constitucional Inglés. Este es un documento escrito sistemáticamente, en el sentido de ley de garantías. El Instrument of Goverment (1654) de Cromwell es, finalmente, la primera constitución escrita válida del Estado moderno, a no ser que se quiera reconocer la prioridad a la Regeringstom de 1634, en Suecia, que estableció los principios de gobierno en caso de imposibilidad o ausencia en el extranjero del rey. Los ingleses abandonaron, en último último término, la concepción de una ley
fundamental escrita. Empezando con la legislación anterior y posterior a la Glorious Revolution los ingleses se contentaron con la regulación en leyes individuales de su orden fundamental, y la convicción popular les otorgó tanta solemnidad constitucional como si hubieran estado codificadas en un documento constitucional formal. Desde entonces persiste en Inglaterra la orgullosa tradición de un Estado constitucional sin constitución escrita; Inglaterra y Nueva Zelanda son hoy en día los únicos Estados, dignos de este nombre, que pueden prescindir de ella".
La Carta Magna inglesa del 15 de julio de 1215 en el fondo es expresión de una relación contractual. Esta no es una aproximación a una Constitución moderna liberal o democrática. La Carta Magna históricamente no es más que un convenio de una aristocracia feudal con su señor territorial. La eficacia política del modelo de esta Carta Magna descansa en la idea que ciertos partidos se formaron de ella. Esta contiene 63 capítulos, limitaciones de la supremacía feudal del rey, limitaciones de su supremacía judicial, límites al derecho de impuesto y establecimiento de un Comité de resistencia para el caso de que estas prescripciones no se respetaran.
La Declaración de Derechos de 1688 (Bill of Rights) posee el mismo carácter por su forma, es un contrato entre el príncipe, llamado al trono por el parlamento. En su fondo tiene caracteres de la Constitución moderna ya que aparece el Parlamento en su lucha contra el poder del rey como el sujeto de la unidad política.
Haciendo un resumen en la historia del constitucionalismo, a los ingleses se deben en el campo del derecho público, trascendentales instituciones moldeadas a través del tiempo, son ellas principalmente tres:
La cristalización de la teoría de la representación, a través de la puesta en marcha de una institución esencial para el funcionamiento del régimen democrático: el Parlamento. Aunque formas de representación se habían instituido en antiguas civilizaciones, en Grecia y Roma, principalmente, fue el Parlamento inglés, cuya conformación se remonta al siglo XIII, el que sirvió de modelo a los demás cuerpos legislativos establecidos posteriormente en el mundo.
La formalización de las garantías para la seguridad individual, a través de la institucionalización del Habeas Hábeas, adoptada mediante ley constitucional en el siglo XVIII, con la cual se buscó impedir la arbitrariedad a que estaban sometidas las personas, al ser privadas de su libertad indefinidamente, sin fórmula de juicio y sin recursos de defensa.
La implementación del sistema de gobierno parlamentario o de gabinete, proceso que se cumplió a lo largo del siglo XVIII, buscando establecer un equilibrio de poderes entre el ejecutivo (la Corona) y el legislativo (El Parlamento), a través de mecanismos como el de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento y el derecho de disolución de este por aquel.
REVOLUCIÓN ESTADOUNIDENSE En la convención de Filadelfia el 17 septiembre de 1787 se aprobó el texto de la Constitución Norteamericana. Benjamín Franklin y una pléyade de hombres prácticos e inteligentes lograron el consenso para redactar un documento brevísimo que fijaba las r eglas para un nuevo sistema.
Esta es la más importante de sus aportaciones en la historia del pensamiento y de la acción política al realizar una revolución constitucional.
Concebir la invención de un nuevo régimen que no partía del influyente pensamiento europeo, especialmente el de la ilustración francesa, que se basaba en la i dea de que el grado de libertad de un país era siempre inversamente proporcional al grada de autoridad del g obierno, lo que llegaba a balancear las dos exigencias en un justo medio mecánicamente determinado entre la anarquía y el autoritarismo. Por el contrario, la revolución norteamericana fue una revolución constitucional, en el sentido de entenderla como un intento de fundar, a través de una constitución, de un texto escrito que fijaba las reglas, un nuevo orden político. A la supremacía de la voluntad de la mayoría, se contrapuso la supremacía de la Constitución.
Ante la impotencia de realizar el viejo sueño de la democracia directa, el Constitucionalismo se imponía como una necesaria respuesta, que se orientaba también a defender al pueblo y a los individuos que lo componen de la clase dirigente. Principios hoy de curso corriente surgen allí: La Constitución escrita y rígida; la estabilidad del poder ejecutivo induciendo su fortaleza y eficacia; los vastos poderes reservados al poder judicial; hasta en ese momento en al guna medida nulo, como sentencia Montesquieu; su fortalecimiento como control contra la mayoría de las asambleas; la protección de los derechos de las personas, de los g rupos, de las minorías; y la concepción de ver a los representantes populares solamente como mandatarios, que deben estar al servicio del país y no convertirse en pequeño grupo de élite sin cortapisas, es la gran contribución de los constituyentes de Filadelfia. Los aportes de los USA al derecho público moderno también son de trascendental importancia. Se pueden sintetizar en 4 aspectos principales:
El haberse dado la primera Constitución escrita, de carácter nacional, en el mundo, a través de la Constitución de Filadelfia de 1787. Ese documento, que resumía en cláusulas severas y concisas, los principios políticos y filosóficos de carácter liberal por los cuales venían luchando los hombres desde tiempos remotos, tuvo directa y marcada influencia sobre la conformación de las instituciones políticas de los nacientes Estados americanos y de muchos europeos a lo largo de todo el siglo XIX.
La adopción de la forma de Estado federal para una vasta extensión territorial, experimento realizado por primera vez, y con resultados positivos, en el mundo, y luego imitado por otras muchas naciones.
La implantación del sistema de gobierno presidencial, en esa misma Constitución, sistema basado en un ejecutivo monocrático, dotado de amplios poderes políticos y administrativos pero sometido, a su vez, a un sistema de frenos y contrapesos por parte de los otros poderes públicos, y que luego sería adoptado por la casi totalidad de los Estados de América y por muchos otros en el resto del mundo. La formalización de la independencia de los jueces, respecto del ejecutivo y del legislativo, mediante la creación de una Corte Suprema colocada en el mismo pie de igualdad que los titulares de esos poderes, y de tribunales y jueces con funciones determinadas por la propia Constitución. Además fue en los Estados Unidos de América donde se asignó por primera vez a un órgano jurisdiccional la función de control de la constitucionalidad de las leyes. REVOLUCIÓN FRANCESA. La primera Constitución francesa junto con la elaborada por la Convención en 1793, la del Directorio de 1795, la de la época Consular de 1799 y la de los Estados Unidos de América de 1787 han servido de modelo a las demás que reconocen los principios demo-liberales. Éstas recibieron su contenido de la lucha del liberalismo en contra del absolutismo monárquico y éste se caracteriza por constituir una limitación del poder absoluto del Estado. Después de la segunda guerra mundial la organización democrática y constitucional da una vuelta al incorporar a sus textos legislativos los principios correspondientes a la nueva concepción económico-social del Estado. Francia, en su Constitución aprobada por referéndum popular el 13 de octubre de 1946, vuelve a afirmar los derechos y libertades del hombre y del ciudadano consagrados por la Declaración de derechos de 1789 y además agrega derechos sociales que derivan de la protección de la dignidad humana que tiene el nuevo Estado, dando una prueba de que a la larga los pueblos no pueden vivir sino dentro de un régimen de legalidad y seguridad jurídica.
Karl
Loewestein dice que la Constitución como un documento escrito de las normas fundamentales de un Estado adquirió su forma definitiva en el ambiente r acionalista de la Ilustración. Pero organizaciones políticas anteriores han viv ido bajo un gobierno constitucional sin sentir la necesidad de articular los límites establecidos al ejercicio del poder político.
Se puede concluir que los aportes de Francia al constitucionalismo y al derecho público moderno, se proyectan sobre todo en el campo intelectual e ideológico. Los más importantes fueron: El esfuerzo por racionalizar y sistematizar el ordenamiento político del Estado, plasmado en la obra del barón de Montesquieu, particularmente con su formulación de la teoría de la tridivisión de los poderes públicos en Del espíritu de las leyes.
La influencia del pensamiento político de los filósofos del enciclopedismo en la propagación de los ideales liberales en Europa y América.
La revaluación y formulación de Rousseau y la posterior proclamación de la soberanía nacional en la Revolución Francesa, con el fin de darle a la democracia su fundamento lógico y su base de legitimidad.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada formalmente el 26 de agosto de 1789, al comienzo de la Revolución Francesa, afirmación doctrinal solemne de los derechos y libertades individuales, hasta entonces jamás formulada con un alcance universal, en la cual se inspirarían fundamentalmente las demás declaraciones de derechos proclamadas en el mundo moderno.
Lo expuesto confirma que el derecho constitucional moderno es una contribución definitiva de Occidente a la instauración del Estado de Derecho en el mundo.
BREVE VISIÓN DE LOS PROCESOS INDEPENDENTISTAS EN AMÉRICA Puede afirmarse con certeza que fue en América donde el movimiento constitucionalista vino a dar sus frutos de manera más rápida y consistente. Primero, como ya se dijo, en los Estados Unidos. Luego, en los países hispanoamericanos Colombia entre ellos, que una vez obtenida su emancipación de la Corona española, se ciñeron en su organización política a los postulados del constitucionalismo y se dieron todos, sin excepción, sus propias constituciones. Tal fue nuestro
caso cuando, al declararse la independencia el 20 de julio de 1810, la primera preocupación manifestada por los representantes de las provincias de la Nueva Granada fue la de darse una Constitución tal como lo estatuía el Acta de Independencia aprobada. Y fue así como, entre 1811 y 1815, las provincias se proveyeron de sus respectivas constituciones.
En esas constituciones, al igual que en las que a partir de entonces se dieron en el resto de la América hispana, se plasmaron los ideales del constitucionalismo liberal, ideales que podrían resumirse así:
dotar a los Estados de una Constitución, como ley fundamental a la cual estén sometidos gobernantes y gobernados; distribuir en ramas separadas las funciones legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, desconcentrando así el ejercicio del poder público y evitando que sea absorbido por una sola rama: la ejecutiva; consagrar y garantizar, a través de la Constitución, los derechos individuales y las libertades públicas frente al Estado; otorgarle al pueblo la titularidad exclusiva de la soberanía; establecer limitaciones y controles al poder de los gobernantes; o consagrar, en particular, el derecho a la propiedad como un derecho natural de la persona, no sujeto a limitaciones por el Estado.
Los regímenes democrático-liberales implantados en América y Europa a lo largo del siglo xix, al plasmar en sus constituciones los anteriores ideales, pueden señalarse, pues, como el gran resultado del movimiento constitucionalista. Pero, de otro lado, a lo largo del siglo XIX. sobre todo en la segunda mitad, afloraron en Europa y también en América, aunque en menor medida, los ideales socialistas que cuestionaron seriamente a los del liberalismo, sobre todo en materia económica y social, distinguieron los regímenes constitucionalistas a los cuales califican peroyativamente de democracias formales, de los regímenes por los cuales ellos abogan y que buscan implantar la democracia real, basada más en la igualdad económica que en la policía.
Tema 2 2. HISTORIA CONSTITUCIONAL DE GUATEMALA El antecedente concreto más antiguo del constitucionalismo guatemalteco y centroamericano, indica el Lic. García Laguardia, se encuentra en el Proyecto de Constitución de 112 artículos más
una Declaración de Derechos, que el diputado por el ayuntamiento de la capital, Antonio Larrazábal, llevó a las Cortes de Cádiz. Elaborado en el seno de la corporación en 1810, siguió el destino de la mayoría de los documentos americanos y se perdió en el papeleo parlamentario del constituyente español.
En Guatemala el Derecho Constitucional empezó a utilizarse en el año de 1824. A continuación se presentará un listado de las distintas Constituciones que han regido a nuestro país a través de los años: EL PERÍODO PRE-INDEPENDIENTE Constitución de Bayona Por la abdicación de Carlos IV, en 1808, en favor de Napoleón, nombró éste a su hermano José I Bonaparte como rey de España. Éste último decretó la Constitución de Bayona, la cual tenía por mandato y ámbito espacial que "...Regirá para España y todas las posesiones españolas". Aquella carta fundamental contenía algunos mandatos de desarrollo orgánico-constitucional y fue emitida con principios de rigidez.
Esta Constitución rigió lo que entonces era la Capitanía General de Guatemala. Esta constitución fue promulgada con el objeto de darle el carácter de normas supremas a aquellos aspectos que el rey consideraba de absoluta importancia. Esta Constitución enumera ya, algunos de los derechos individuales, como la inviolabilidad de la vivienda y la detención legal.
Constitución Política de la Monarquía Española Esta carta fundamental fue promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. Se decretó por las Cortes Generales y extraordinarias de la nación española. La nueva constitución establecía en su capítulo VIII el proceso de Formación de las leyes y sanción real. Destaca en el desarrollo orgánicoconstitucional la organización del gobierno del interior de las provincias y de los pueblos. Además incorporó las instituciones reales de la función administrativa. La rigidez quedó determinada. Dentro de lo novedoso de esta Constitución se hace un detalle de las atribuciones y funcionamiento de los tres poderes. Su objeto fue organizar el poder público. Posteriormente sobrevinieron movimientos bélicos que culminan con la declaración de i ndependencia de 1821 y Centroamérica se independiza de España y pasa formar parte de México, formando así, la Federación de provincias Centroamérica, lo que motiva la necesidad de promulgar otra Constitución.
DEL PERÍODO INDEPENDIENTE Acta de Independencia de 1821 El 15 de septiembre de 1821 fue suscrita el acta de independencia, con evidente expresión originaria de soberanía radicada en el pueblo. En esta se impuso el principio de seguridad jurídica. Como no tenían un cuerpo constituyente y legislativo para conformar el sistema jurídico propio se continuó con el de la Constitución política de la Monarquía Española. Determinó, asimismo, la convocatoria del Congreso y la forma de su composición.
Acta de Independencia de 1823 El primero de julio de 1823 fue suscrita por los diputados al Congreso de la Unión Centroamericana el acta de independencia que, reafirmando el deseo independentista de 1821, proclamó la soberanía legitimada por verdaderos representantes del pueblo para las "Provincias Unidas del Centro de América". Entre sus declaraciones, tanto de tipo dogmático como de realidad constitucional, destacan aquéllas verdaderamente originarias y acordes a la condición política inestable y de muchas situaciones de facto, posteriores al 15 de septiembre de 1821. La rigidez del texto normativo del Acto de 1823 queda reducida a un hecho puramente práctico. El acta contiene la expresión de que los representantes de las Provincias se han congregado en virtud de convocatoria legítima para pronunciarse sobre su independencia, su unión y su gobierno.
Bases constitucionales de 1823 El Decreto que contenía las bases constitucionales de 1823 fue dado por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y sancionado por el Supremo poder Ejecutivo el 27 del mismo mes y año. El documento estableció cuáles eran los propósitos de la Constitución, la forma de gobierno, la nueva denominación de "Estados Federados del Centro de América" y la práctica de la religión católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Ésta decía que el congreso era el que hacía las leyes y el Senado, compuesto de miembros elegidos popularmente, por cada uno de los estados, tendría la sanción de ley. Por primera vez se habla de ley constitucional. El carácter de rigidez de las bases constitucionales se torna impreciso.
Constitución de la República Federal de Centro América Esta fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. En sus declaraciones dogmáticas, declara su soberanía y autonomía; sus primeros objetivos, la conservación de los derechos humanos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Esta federación adoptó un sistema Republicano y Representativo, instauró la División de Poderes, el
régimen presidencial. En cuanto a la rigidez constitucional, la Constitución Federal estableció un capítulo específico. Esta inspirada en la Constitución Estadounidense y Francesa.
Constitución Política del Estado de Guatemala Posteriormente el Estado de Guatemala promulgó, con el objeto de complementar esta Constitución Federal, la suya propia, el 11 de octubre de 1825. Establecía que sólo el legislativo y el ejecutivo tenían iniciativa de ley. Además establecía reglas especiales de aprobación acelerada para aquellas resoluciones que por su naturaleza fueren urgentes. Se limitó a la soberanía y estableció la administración municipal.
Decretos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1839 En 1838 empieza el proceso de desintegración de la Federación por lo que se da un vacío jurídico. Ante esta crisis el presidente de Guatemala convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, la que promulga tres decretos: -Ley Constitutiva del Ejecutivo (1839) -Ley Constitutiva del Supremo o Poder Judicial del Estado de Guatemala (1839). -La Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes (1839). Aunque esta trilogía de decretos de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por decreto del 25 de julio de 1839, aunque tuviera preceptos básicos para la futura Constitución Política, sólo determinó un período de ausencia de derecho constitucional. Estos rigieron por más de diez años.
Acta Constitutiva de la República de Guatemala Esta fue decretada por la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 1851. Se ratifica la disolución de la federación, se crea un sistema presidencialista, período presidencial de 4 años, con posibilidad de reelección. Se crea la separación de poderes, limitó al estatuto de deberes y derechos de los guatemaltecos y subordinaba las leyes constitutivas a las disposiciones básicas del Acta. El primer presidente fue Rafael Carrera. Fue reformada el 29 de enero de 1855, y la reforma consistió en que Rafael Carrera se nombró presidente vitalicio.
Ley Constitutiva de la República de Guatemala
Se da una revolución encabezada por Justo Rufino Barrios, la cual culmina con una nueva Constitución. Esta fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. En el proceso de formación y sanción de la ley no estableció requisito alguno para leyes calificadas como constitucionales. Fue una constitución laica, centrista, sumaria. Se reconoció el derecho de exhibición personal y se volvió al régimen de separación de poderes, crea un legislativo unicameral y un ejecutivo bastante fuerte. La rigidez constitucional se estableció con bastante firmeza. Por primera vez se encuentra el mandato de la Constitución para que una determinada ley tenga el carácter de Constitución. En esta Constitución los Derechos Humanos son llamados Garantías. Sufrió varias r eformas, al derecho de trabajo, la prohibición de monopolios, las reservas del Estado en cuanto a correos, telégrafos radiotelegrafía, navegación aérea y acuñación de moneda, al derecho de petición a la libertad de emisión delo pensamiento, propiedad, se regulan los casos en que una persona puede ser detenida, el debido proceso y el derecho a la correspondencia
Constitución Política de la República Federal de Centroamérica Esta fue decretada el 9 de septiembre de 1921 por los representantes del pueblo de los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, en cumplimiento del pacto de unión firmada en San José de Costa Rica el 19 de enero de 1921. Esta nueva carta constitutiva federal sólo fue un ensayo efímero. Tenían iniciativa de ley los tres órganos del Estado y las Asambleas de los Estados. En el desarrollo orgánico se establecían normas destinadas a regir algunas instituciones jurídicas nuevas. La rigidez constitucional quedó definida mediante la aprobación bicameral. Las reformas a la Constitución podrían acordarse por los dos tercios de votos de la Cámara de Diputados y los tres cuartos de la Cámara de Senadores.
Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de la Asamblea Legislativa Por Decreto número 17 del 28 de noviembre de 1944 de la Junta Revolucionaria de Gobierno aprobado el 15 de diciembre de 1944 por Decreto número 13 de la Asamblea Legislativa, se declararon los principios fundamentales del movimiento conocido como Revolución del 20 de Octubre de 1944. Más que una declaración dogmático-ideológica de un movimiento armado que se rebela contra el orden jurídico-político y busca un nuevo acorde a sus postulados, entendemos que aquellos principios, por ser posteriores a la espontaneidad y éxito del referido movimiento revolucionario, eran bases fundamentales de una nueva organización estatal. Es decir, bases constitutivas, dogmáticas y orgánicas para una nueva concepción del Estado guatemalteco. Éste además de contener los llamados principios, contenía mandatos expresos de constitucionalidad práctica, por su fuerza ejecutiva.
Por Decreto número 18 del 28 de noviembre de 1944, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, aprobado el 9 de diciembre de 1944 por Decreto número 5 de la Asamblea Legislativa, se derogó totalmente la Constitución de la República.
Constitución de la República, del 11 de marzo de 1945 El 20 de octubre 1944 se gestó una revolución que derrocó al General Jorge Ubico, y el 11 de marzo de 1945 se decreta la nueva constitución. Tres son las características fundamentales de ésta constitución: -Aspiración moralizadora, es decir que los funcionarios y empleados públicos deben ser honestos. -Mejoramiento de la educación promoviendo una campaña alfabetizadora. -Mejoramiento del sistema penitenciario.
En ésta constitución se denomina con el nombre de garantías individuales y sociales a los Derechos Humanos. Dentro de las innovaciones de la Constitución están: -En el aspecto laboral se fijó un salario mínimo, se fijaron las jornadas de trabajo, descansos y vacaciones, el derecho a sindicalización libre, el derecho a la huelga y al paro, derecho a indemnización por despido injustificado, y la regulación del trabajo de las mujeres y de los menores.| -Dentro de las garantías sociales se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se prohíben los latifundios y se autoriza la expropiación forzosa de l a tierra, se reconoce la autonomía universitaria, se crean normas para mejorar el magisterio nacional, se mejoran los poderes presidenciales, descentralización del poder, se crean las municipalidades, se mantiene la educación laica, y no se le reconoce personalidad jurídica a la Iglesia, se reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y se reconoce el derecho de rebelión.
Bajo esta Constitución gobernaron Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Arévalo mejoró las condiciones de los trabajadores. Arbenz propuso la reforma agraria, lo que motivo un golpe de Estado.
Constitución de la República del 2 de Febrero de 1956
Carlos Castillo Armas fue nombrado presidente y el 2 de febrero de 1956 se decretó la nueva Constitución. La Constitución se vio influenciada por dos tratados ratificados por Guatemala: -La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. -La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambas fueron firmadas en 1948. En esta Constitución se adoptó el término de Derechos Humanos. Dentro de sus innovaciones están: Se le reconoce personalidad jurídica a la Iglesia; limita el intervensionismo del Estado y los proyectos de transformación agraria; limita l os procesos de expropiación de la tierrra; mejoró el régimen legal de las universidades privadas; protegió la s inversiones extranjeras y suprimió el derecho de rebelión.
Bajo esta Constitución gobernaron Carlos Castillo Armas y Miguel Idígoras Fuentes. Este último fue derrocado el 31 de marzo de 1963 por su Ministro de la Defensa, Coronel Enrique Peralta Azurdia. La vigencia de la Constitución fue suspendida por el numeral tercero de la Resolución Constitutiva de Gobierno, del 31 de marzo de 1963, del Ministro de la Defensa Nacional, altos jefes militares y comandantes de cuerpos armados, en nombre del "Ejército de Guatemala". Evidentemente, fue un golpe de estado en contra del Presidente de la República, Comandante General del Ejército, en nombre de una institución que, constitucionalmente, estaba normada como obediente y no deliberante, digna y esencialmente apolítica, obligada al honor militar y la lealtad; además acto de rebelión constitutivo de delito penal. El golpe fue a la propia constitucionalidad. Además de romper el orden jurídico que la Constitución establecía, se produjo un retroceso en los principios republicanos de la separación de poderes al concentrar las funciones ejecutivas y legislativas en el Ministro de la Defensa Nacional.
Carta Fundamental de Gobierno Esta fue emitida por el jefe de Gobierno de la República, por Decreto-Ley número 8 del 10 de abril de 1963. Contenía una confusión de funciones administrativas y legislativas, entre las cuales, como la de mayor importancia, destacaba que el Jefe del gobierno sería el Ministro de la Defensa Nacional y quién ejercería las funciones Ejecutivas y legislativas. Era una virtual sustitución del titular del Organismo Ejecutivo y una pseudo sustitución de la soberanía popular radicada en los integrantes del Organismo Legislativo.
La Carta Fundamental de Gobierno no contenía mandato alguno para desarrollo orgánico constitucional. Todo se redujo a declaraciones normativas dogmáticas y a fijar el concepto de que el poder público radicaba en el Ejército Nacional.
El Jefe de Gobierno convocó a Asamblea Nacional Constituyente, la que, por derogatoria dictada sobre el Decreto-Ley 8, Carta Fundamental de Gobierno, y reconocimiento de validez jurídica a los Decretos leyes emanados de la Jefatura de Gobierno, decretó y sancionó l a CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1965, con vigencia a partir del 5 de mayo de 1966. Para el período de transición, la propia Constitución de la República, por mandato expreso encargó al Ministro de la Defensa Nacional ejercer las funciones que correspondían al Presidente de la República. Período de transición que lo fue del inicio de l a vigencia de la Constitución hasta la toma de posesión de la persona electa para tal cargo.
La Constitución contenía 282 artículos, profundiza la tendencia anticomunista, mejora el régimen legal de las universidades privadas; se crea la vice-presidencia de la República; reduce el período presidencial a 4 años, mantiene el principio de no reelección del presidente; denomina garantías constitucionales a los Derechos Humanos; crea el Consejo de Estado; crea la Corte de Constitucionalidad como tribunal temporal. Bajo esta Constitución gobernaron: Méndez Montenegro, Arana Osorio, K jell Laugerud y Romeo Lucas García. El 23 de marzo de 1982 se da un golpe de Estado en contra del gobierno de Lucas García, dejó en el poder a una Junta Militar de Gobierno, integrada por los Generales José Efraín Ríos Montt, Egberto Horacio Maldonado Schaad y el Coronel Francisco Luis Gordillo Martínez.
Posteriormente, quedó en el poder el General Rios Montt (1982-1983). Durante su gobierno se promulgó el Estatuto Fundamental de Gobierno. En 1983 su Ministro de la Defensa Oscar Humberto Mejía Víctores le dio golpe de Estado, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y los diputados toman posesión el uno de julio de 1984.
Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se llevaron a cabo el primero de julio de 1984 para que se emitiera la Constitución de 1985 que es la que nos rige actualmente, la cual fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986.
Dentro de sus innovaciones están: adopta nuevamente el término de Derechos Humanos. Consta de dos partes: Una parte dogmática que contiene derechos individuales y sociales; dentro de los sociales se incluyen las comunidades indígenas, el medio ambiente y el equilibrio ecológico; derecho a la huelga. En la parte orgánica contiene las relaciones internacionales del Estado; el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos, las Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional; la creación de la Corte de constitucionalidad como organismo permanente. Bajo esta Constitución gobernaron Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Jorge Serrano Elías, Ramiro de León Carpio, Alvaro Arzú Irigoyen y Alfonso Portillo Cabrera.
Tema 3 3. DERECHO CONSTITUCIONAL Generalidades Según el Lic. De León Carpio: El Derecho Constitucional como ciencia, lo encontramos dividido en tres ramas fundamentales:
Derecho constitucional particular: Es el estudio y análisis del ordenamiento constitucional de un Estado particular, mediante la exposición doctrinarias y legal de sus vari adas modalidades de organización y de funcionamiento, para llegar a través de sucesivas abstracciones de las diferentes normas e institutos, a conceptos y principios más amplios y generales que, sin embargo, encuentran siempre su fundamento y juntamente su campo de aplicación en aquel determinado Derecho Positivo.
Derecho Constitucional General: Es aquel que toma como base de sus investigaciones, no sólo un ordenamiento constitucional sino múltiples, con el objeto de disciplinar las normas que presenten características típicas, las instituciones similares o bien algunas diferencias muy conspicuas, llegando a esquemas más amplios de las distintas concepciones políticas y jurídicas, así como de los elementos económico-sociales que integran la organización de los diferentes ordenamientos constitucionales que existen y en las causas que los producen, pudiendo así establecer a qué tipo de éstos pertenece determinado ordenamiento constitucional.
Derecho Constitucional Comparado: Es aquel que se dedica al estudio y confrontación de las normas constitucionales de los diversos sistemas que rigen en diferentes países, y destaca las notas similares o diferenciadoras de esos sistemas, así como de las instituciones que forman el Estado.
Concepto Según el Lic. De León Carpio: El Derecho Constitucionalcomo Derecho positivo, es la rama del Derecho Público que contiene las normas jurídicas básicas que regulan los principios y estructura del Estado y garantizan los derechos y libertades del pueblo. Para Eduardo García Maynez: El Derecho Constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares.
Importancia: Considero que la importancia del Derecho Constitucional radica en su finalidad. Como lo afirma Linares Quintana: la finalidad del Derecho constitucional es la garantía de la libertad y la dignidad del individuo, mediante la sumisión o acomodación del Estado, íntegramente considerado, al Derecho. El Derecho Constitucional, en cuando derecho del Estado, persigue el sometimiento del Estado mismo, no sólo al gobierno, aunque, sobre todo, al gobierno a reglas jurídicas, convirtiéndolo de soberano asistido del poder de dominación, en soberano, sí, pero soberano que se acomoda por autodeterminación del derecho.
Bielsa dice que "el Derecho Constitucional puede definirse como la parte del derecho Público que regla el sistema de gobierno, la formación de los poderes públicos, su estructura y atribuciones, y las declaraciones, derechos y garantías de los habitantes, como miembros de la sociedad referida al Estado y como miembros del cuerpo político".
Validez del Derecho mediante la Constitución La vigencia de una ley, o sea, su aceptación por la sociedad, descubre el signo (no la causa) de su validez. legaz fija bien la diferencia entre ambos términos: "La validez pertenece a la esencia del Derecho; la expresión Derecho válido es un Juicio analítico y a priori; la vigencia, en un cambio, es un accidente; Derecho vigente es un juicio sintético y a posteriorí, extraído de la experiencia... Validez del Derecho significa exigibilidad del mismo mientras no es formalmente derogado... nació como un valor indisoluble unido a él y con independencia completa de la vigencia". Pero cuando la
vigencia no se produce absolutamente, "la validez queda en aire y en realidad se evapora y se desvanece como un fantasma... Una norma que, hipotéticamente, fuese desobedecida por todos los súbitos, aun cuando fuese siempre aplicada por los jueces, perdería su validez no porque perdió su vigencia, sino porque en sí misma no reunió, o adió, si alguna vez las tuvo, todas las condiciones para ser derecho válido: Pues a éste le corresponde servir al bien común, y no es del bien cotón lo que todos o la mayor parte, rechazan como inútil o perturbador".
La legitimidad de la constitución se apoya en el hecho de que sea reconocida a la vez como situación real y como ordenación jurídica por el pueblo en general. Esta nota ya fue debidamente subrayada por BOLINGBROKE cuando definió la constitución como "el conjunto de leyes, instituciones y costumbres derivadas de ciertos principios racionales fijos que constituyen el sistema general, a los que la comunidad presta su consentimiento para ser gobernada".
Constituye, sin embargo, una visión errónea la que hace depender la validez de la constitución como del ordenamiento jurídico en general exclusivamente de su reconocimiento por parte del pueblo, como pretendía BIERLING y como se establecía en esta sentencia de graciano: Leges instiíui cum promulgatur; firmari cum moribus suspiciuntur" (las leyes se instituyen con su promulgación y se afirman con su recepción en las costumbres). Como observó francisco suárez, la mera aceptación de la ley no es una condición necesaria de la misma: es preciso que la mayor parte del pueblo no la cumpla para que deje de pertenecer al bien común y pierda, en consecuencia, su vigencia.
La constitución, como institución y como parte integrante de la realidad estatal, constituye el sector de la realidad social que incluye todos los elementos que determinan la organización fundamental del Estado. De ahí que puedan predicarse de la específica realidad constitucional las mismas notas que predicamos de la genérica realidad social. Se trata, ante todo, de conducta humana, de quehacer de hombres que actúan en sociedad, de una r ealidad en la que el hombre permanece inmerso, realidad, por tanto, vital, histórica y existencial.
Orientación, análisis y valores del sistema político guatemalteco: El sistema político se concibe como un proceso continuo de transacciones entre el g obierno y la sociedad civil. La sociedad generalmente en forma organizada plantea insumos que pueden tomar la forma de demandas, respecto de las cuales el gobierno esta obligado a dar respuestas.
El sistema político se fundamenta en un marco legal e institucional que le permita un adecuado funcionamiento. En Guatemala se ha dado un desarrollo significativo de las instituciones democráticas, debido al marco de legalidad.
La actual democracia en el país, sustentada en su ordenamiento jurídico-político por la Constitución Política, ya que es la norma suprema. Esta Constitución en su aspecto dogmático es congruente con la existencia de un régimen democrático. La Constitución de la República es de Corte humanista y por lo tanto da los preceptos para el desarrollo de elecciones libres y populares así como el desarrollo de un sistema político. Como pilares fundamentales del sistema democrático, la Constitución ha creado dos instituciones importantes que son la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos.
Otro aspecto importante del ordenamiento jurídico guatemalteco, es la creación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyo objetivo principal es el de garantizar elecciones libres y populares.
Actores del sistema político:
a) El gobierno: La Constitución concibe al gobierno como el promotor del bien común y el responsable de la consolidación de régimen de igualdad y libertad.
Existen 3 elementos fundamentales para la consolidación de un gobierno: a) El reclutamiento político; b) La socialización política y c) La comunicación política. El reclutamiento político es: El proceso por el cual el estado se nutre de recursos humanos que le servirán como base técnica administrativa al margen del gobierno en el poder. La socialización política se refiere: Al proceso por el cual se inculca la cultura política en la sociedad; y la función de la comunicación política: Es aquella que debe realizar un gobierno para establecer canales de comunicación adecuados con la sociedad civil y que facilitan las transacciones entre estos.
El gobierno ha denotado históricamente un paternalismo que ha generado dependencia y que no ha coadyuvado a subsanar los problemas básicos de la población. El gobierno no parece tener canales adecuados de comunicación política con la sociedad civil, la ùnica oportunidad de comunicación es la de las elecciones.
b) Partidos Políticos: Un partido político es Un núcleo de hombres unidos para promover, mediante un esfuerzo conjunto, el interés nacional sobre algún principio particular en el cual están todos de acuerdo. Sin embargo el fin último de un partido político es el de llegar al poder para poner en practica los programes que según su criterio, llevarán a la sociedad al desarrollo.
c) Los grupos de presión y la organización social: Los grupos de presión son asociaciones o grupos organizados de instituciones que muestran el deseo consciente o interés común a sus miembros, desempeñando acciones a influir en las instituciones del poder público produciendo decisiones favorables a sus fines.
La organización social es característica de una sociedad democrática. Las organizaciones con mayor eficacia en el rol de grupos de presión es la Iglesia, ella siempre ha estado en la defensa de los sectores mas desposeídos del país.
d) Actores Externos: No forman parte del ambiente intrasocietal del sistema político guatemalteco, conformando así el ambiente extrasocietal del país, ejercen influencia sobre decisiones del estado gobierno y la vida nacional en general.
Guatemala forma parte de un sistema político internacional en donde la interdependencia es la característica sobresaliente de la actualidad.
El Derecho Constitucional como Derecho Público y Der echo Privado El derecho positivo, como conjunto de normas vigentes en un tiempo y país determinado, admite clasificaciones en atención a los sectores de la vida social a los que se aplican (Derecho público, Privado, internacional e interno) o a las características internas de l as propias normas (Derecho objetivo y subjetivo).
El Derecho Público regula la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones como tales ente públicos con los particulares.
El Derecho Privado: regula las relaciones entre particulares, es decir aquellas en que ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal. Todos intervienen como iguales, al menos jurídicamente, no hay entre ellos una relación de subordinación, sino de coordinación.
La opinión general es que ambos tipos de Derecho son principios y criterios que se encuentran combinados, aunque en diversas proporciones en cada una de las ramas del derecho. La creciente intervención del Estado en asuntos que antes se consideraban fuera de su competencia, la preocupación por las necesidades sociales y otros factores han contribuido a que la antigua delimitación se haga cada vez mas borrosa y vaya perdiendo carga ideológica.
El derecho interno está constituido por el conjunto de normas que gobiernan la vida de la comunidad estatal.
El Derecho Internacional regula las relaciones entre Estados.
El Derecho Constitucional como Derecho Público Fundamental. Derecho constitucional, al referirse directamente a la "organización y funcionamiento del Estado", a la articulación de los elementos primarios del mismo y al establecimiento de las pases de la estructura política, se configura como Derecho público fundamental. Sus normas constituyen un orden "en que reposa la armonía y vida del grupo porque establece un equilibrio entre sus elementos" (sanchiíz agesta) y en e! que todas las demás disciplinas jurídicas centran su punto de apoyo. De ahí que el Derecho constitucional se manifieste como un tronco del que se separan las restantes ramas del Derecho.
El orden jurídico constitucional "contiene no sólo la organización de los poderes públicos o de las instituciones de gobierno, sino todos los principios que regulan la posición del individuo, de la familia, de la propiedad en general, de todos los elementos que definen un orden de vida en consecución del bien común. Pero sólo con este carácter de principios del orden, de simientes, cuyo desarrollo corresponde ya a otras ramas del Derecho";
Con relación a las disciplinas jurídicas, el Derecho constitucional ocupa una posición central, y demuestra más que cualquier otra latinidad esencial del Derecho al agrupar en coordinadora síntesis los fundamentos básicos de todas las manifestaciones del ordenamiento jurídico estatal.
Este carácter fundamental que se predica unánimemente del Derecho constitucional justifica lo que caraos aero denomina su politización, en cuanto comprende "aquellas cisiones políticas que afectan a la existencia política", si bien tales cisiones "han de objetivarse en normas, como nos dice hellee., según el cual, el deber ser jurídico es querer ser humano, como objetivación de un modo de decisión". Por esta razón, en el estudio del Derecho constitucional, debe concederse especial atención no sólo a las normas, también a las instituciones políticas, pues, aquéllas se limitan a trazar las grandes líneas del ordenamiento estatal, siendo las instituciones las que, con su ritmo ininterrumpido, dan vida y acción al Estado.
Así concebido, define oiabeo el Derecho constitucional como el sistema unitario de normatividades creadas o aceptadas Mantenidas por el poder de la organización, como realizadoras de determinado orden de convivencia".
"Hablamos de normatividades para integrar en el término otras instancias normativas distintas del Derecho escrito. Puntualizamos, como consecuencia, que tales normatividades no son todas creadas por el poder de la organización, pues, en caso de normatividades consuetudinarias o convencionales, aquél se limita a aceptar. Comprendemos, por último, en esas normatividades, no sólo las que afectan a un concepto funcional de constitución, es decir, l as que se denomina normas de organización, sino también aquéllas que el propio autor denomina normas de conducta, en tanto se refieren a ordenar voluntades para la realización del orden de convivencia".
Fuentes del Derecho Constitucional Las fuentes del derecho constitucional son: Derecho Escrito: La Constitución como fuente del Derecho Constitucional se entiende como el conjunto de prescripciones que integran el texto fundamental, sin embargo este documento en sí no ag ota la materia constitucional de manera que la constitución en si es naturalmente fuente del Derecho Constitucional, pero coexisten junto a ella otras normas, fuera del documento constitucional que son materialmente constitucionales y que se configuran asimismo fuente del Derecho constitucional.
La Jurisprudencia: Los órganos judiciales, al aplicar la Constitución, la interpretan, fijan o a claran sus preceptos más oscuros, la adaptan a las circunstancias sociales y políticas del momento. Pero esta labor es de
mucho mayor alcance cuando se inscribe en la función de jurisdicción constitucional. La jurisprudencia emanada en el ejercicio de tal función integra, junto con otras fuentes, el Derecho constitucional del país.
La Costumbre: La costumbre, no es obra del legislador, sino de la reiteración de actos o prácticas que contienen una interpretación espontánea de lo que es junto, de acuerdo con la conciencia colectiva.
Para su existencia son precisos dos elementos: El uso, esto es, simple reiteración en el tiempo de una determinada actitud La opinio iuris, es decir, la convicción de que es de cumplimiento obligatorio.
Relación del Derecho Constitucional con otras Disciplinas. El derecho constitucional tiene estrecha conexidad con otras de las llamadas ciencias sociales, especialmente con tres de ellas: la sociología, la historia y la teoría general del Estado. Como adelante se verá, con esta última llega a identificarse casi totalmente, en cuanto ambas tienen como objeto primordial de su estudio al ente estatal, a nalizado en el caso del derecho constitucional sobre todo en sus aspectos jurídicos y políticos.
Derecho constitucional y sociología: La sociología, como ciencia, se ocupa del conjunto de las relaciones sociales de la humanidad; su campo de estudio son los fenómenos de la vida social, la costumbre, la moral, las creencias, la economía, la creación artística, el derecho. El término sociología fue im plantado por augusto comte (1798-1857), fundador del positivismo, para designar en su Curso de filosofía positiva (1839), la ciencia de la sociedad. El significado de la expresión ha variado un tanto desde la época de comte. No obstante, para la mayoría de los sociólogos, el término sociología designa el conjunto de las ciencias sociales. Cada ciencia social en particular puede, entonces, ser designada por la adjunción de un calificativo a la palabra sociología; tenemos así una sociología política, una sociología religiosa, una sociología económica, etc.
Como ciencia que se ocupa entonces de los fenómenos sociales, la sociología y en especial la sociología política, tiene también una estrecha relación con el derecho constitucional. Definido el
objetivo de este como el del encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos y tomados estos como resultantes de la relación entre los hombres como integrantes de la sociedad, es fácil deducir que la sociología aporta elementos básicos para la estructuración del derecho constitucional.
En efecto, la normatividad juridico-constitucional, encuadrada dentro del marco de una Constitución; busca regular, como ya se dijo, la organización de los diversos órganos del poder público, así como las relaciones entre el Estado y los integrantes de la sociedad» en sus aspectos fundamentales. Naturalmente este ordenamiento no es el producto de una abstracción, sino del conocimiento de una realidad concreta: la vida de la sociedad a l a cual ha de aplicarse. Debe ser, en todo caso, la respuesta a los requerimientos de esa sociedad, según su propia naturaleza y las circunstancias de todo orden en las cuales ella se desenvuelve. Una Constitución, más que ningún otro precepto, se elabora y mantiene según la realidad y la vivencia del conjunto de individuos que comprenden la sociedad a la cual ha de aplicarse. Si bien está llamada a consagrar principios de validez permanente y universal, al menos en lo que se refiere a la regulación de los órganos destinados a cumplir las funciones del Estado, debe amoldarse al medio y circunstancias que esos órganos han de regir. A la sociología corresponde estudiar y comprender tanto al medio social, como a las circunstancias imperantes en él, y por lo tanto, está llamada a aportar al constituyente y al constitucionalista los datos a partir de los cuales podrá elaborar el andamiaje jurídicoconstitucional.
Derecho constitucional e historia La historia es, indiscutiblemente, uno de los grandes auxiliares de toda la ciencia jurídica y particularmente del derecho constitucional. Se dice, con razón, que ella es el fundamento descriptivo de todas las ciencias sociales. La historia no se limi ta a la recopilación y enunciado de los hechos que se han sucedido a través de los tiempos, sino que a ella corresponde, en buena parte, describir e interpretar esos hechos, sobre todo en cuanto impliquen fenómenos de cambio en la vida social y política de los pueblos. Debe señalar su evolución y explicar, a un mismo tiempo, la vinculación interna o exterma entre los mismos. Además, la historia política tiene como uno de sus cometidos esenciales, registrar y analizar objetivamente el desenvolvimiento de las civilizaciones y de los Estados que son producto de ellas. ¿No es, acaso, el Estado uno de los objetivos primordiales del estudio del derecho constitucional? Es pues fácil deducir el papel fundamental que el conocimiento de la historia tiene frente al derecho constitucional. A ella habremos de remitirnos constantemente a lo largo de este curso. Sin su contribución y sin la comprensión de los fenómenos históricos que constituyen hitos .en la elaboración del mundo jurídico y, en particular, de la normatividad jurídico-constitucional, será muy difícil comprender a cabalidad aspectos esenciales de esta normatividad.
Por otra parte, la historia misma se constituye como una parte importante del estudio del derecho constitucional, a través de la historia constitucional, materia adoptada ya oficialmente en muchas facultades de jurisprudencia, al igual que la llamada historia de las ideas políticas.
Derecho constitucional y teoría del Estado Todo estudio del derecho público en general y del derecho constitucional en particular dice carré de malberg encierra y presupone la noción del Estado. En efecto, según la definición más difundida, agrega, se debe entender por derecho público, el derecho del Estado, es decir, el derecho aplicable a todas las relaciones humanas o sociales en las cuales el Estado entra directamente en juego. En cuanto al derecho constitucional, es como su nombre lo indica la parte del derecho público que trata de las reglas o instituciones cuyo conjunto forma en cada medio estatal la Constitución del Estado.
La teoría del Estado, en un amplio sentido, comprende el estudio de este ente en todos sus aspectos: sociológicos, políticos, históricos,-filosóficos, jurídicos. Tal es el objeto de su investigación. Pero él estudio del Estado en el último de los aspectos mencionados, es decir, el jurídico, cae directamente bajo la órbita del derecho constitucional. Desde este punto de vista puede considerarse la teoría del Estado como ciencia jurídica. Es fundamentalmente bajo este aspecto que vamos a estudiar al Estado, sin dejar de hacer mención, cuando ello sea necesario, de otros aspectos tales como los históricos o políticos, par a una mejor comprensión del tema, teniendo en cuenta que el Estado es, como lo reconocen los diferentes tratadistas, parte sustancial del estudio del derecho constitucional y del derecho público, en general. Al estudio del Estado dedicaremos, pues, la primera parte de esta obra.
Tema 4 4. EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO. La enciclopedia Jurídica Omeba señala que En un Estado de derecho, el principio de autoridad reside en la ley fundamental, o ley de leyes que es la Constitución y para que esto sea una realidad, es necesario que haya una Constitución escrita. La Constitución escrita ha sido la partida de nacimiento de las constituciones nacionales americanas, y eso bastaría para convertirla en una condición ineludible, exigida por el constitucionalismo, si no revi stiera también decisiva importancia para el funcionamiento de la forma republicana de gobierno creada por los Estados Unidos y adoptada por todos los países americanos, (dentro de esta forma se encuentra el principio de la división de poderes del gobierno). La división tripartida del sistema americano requiere la Constitución escrita, como una condición indispensable, porque el poder jurídico no puede ir más allá de la Constitución misma y la única manera de que ese poder se mantenga
estrictamente dentro de los límites de su propia naturaleza, consiste en interpretar y aplicar la Constitución, sin apartarse de la letra de sus disposiciones y de conformidad con su espíritu.
SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. Manuel Aragón indica que la supremacía de la Constitución tiene su origen en la fuente especialísima de donde proviene, el poder constituyente, y esto es lo que le da el carácter de superioridad sobre toda otra clase de normas que no tienen esa fuente originaria. Y se inspira en principios político-constitucionales determinantes: la soberanía popular como base de la organización política, la primacía de la persona humana sobre las i nstituciones del Estado y el régimen de legalidad solamente justificado por su legitimidad.
Este principio de la supremacía se recoge con gran claridad y énfasis en tres artículos de la constitución: el artículo 44, el artículo 174 y el 204.
En este contexto indica el Lic. García Laguardia debe interpretarse el artículo 46 que constituye una de las más importantes innovaciones de nuestro régimen constitucional, y que expresa que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, que introduce una nueva visión en el problema de la jerarquía normativa, que los constituyentes omitieron resolver expresamente. Puede afirmarse que la fuente de esta disposición está en el artículo 105 de la Constitución peruana, pero con diferencias importantes, pues mientras, ésta atribuye a los tratados sobre derechos humanos jerarquía constitucional, la nuestra les da preeminencia sobre el derecho interno, lo que ha abierto l a discusión sobre si en esa expresión se incluye la propia Constitución. Fuera del argumento central del origen de las diversas normas, lo que da jerarquía superior a la Constitución sobre todas las demás, debe tomarse en cuenta, además de las disposiciones antes comentadas, la disposición del artículo 272, inciso e) de la Constitución, que atribuye a la Corte de Constitucionalidad la competencia de emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, sin hacer distingo entre ellos, lo que deja abierta la posibilidad de su posible constitucionalidad. Así el comentarista Gross Espiell afirma que: Los tratados sobre derechos humanos, en Guatemala, continúan situados bajo la Constitución, pero tienen preeminencia sobre la ley ordinaria y el resto del derecho interno. De tal modo, el orden jerárquico sería: A. Constitución B. Tratados ratificados sobre derechos humanos C. Tratados ratificados sobre restantes materias y leyes ordinarias.
D. El resto del orden normativo interno, en la posición que resulta del sistema constitucional y administrativo guatemalteco.
DIVISIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO.
El principio de división de poderes surge en Inglaterra ya que durante la monarquía se limitaba cada vez más a los ciudadanos. En Francia con Montesquieu llega a consideraciones filosóficas: todo el que tiene poder tiende a abusar de él y lo va a hacer hasta donde encuentre un límite, pero Montesquieu decía que era necesario que otro poder le pusiera freno. La necesidad de crear tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y que cada uno de éstos poderes debía ser ejercido por personas y grupos distintos.
Estados Unidos fue el primer Estado en adoptarlo y ponerlo en práctica; delimitando las atribuciones de cada organismo y evitando el abuso de poder y es allí donde surge los frenos y contrapesos que pretende que ninguno de los tres poderes se exceda de sus facultades imponiendo controles recíprocos que son: la interpelación (interorgánico) y el bicameralismo (intraorgánico). El principio de la división de poderes, considerado como medio protector político, no defiende, no protege el orden constitucional, la división de poderes es el orden constitucional, la división de poderes es la esencia del constitucionalismo; es el medio más idóneo encontrado por el hombre para asegurar su libertad y dignidad frente al Estado.
Los controles intraórganos e interóganos, también constituyen parte integrante del orden constitucional. Desde sus orígenes, el constitucionalismo implicó no sólo la división del poder entre varios órganos sino también el establecimiento de controles recíprocos entre los mismos, es decir, el sistema de pesos y contrapesos, regulado por la Constitución Norteamericana, primera Constitución escrita del mundo contemporáneo. En cuanto a los controles intraorganos, estos también formaron parte del orden constitucional desde sus orígenes, y si alguno de ellos se incorporó con posterioridad, no debe considerarse que vinieron a proteger al orden constitucional sino que a enriquecerlo.
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. La jurisdicción constitucional es aquella con que se inviste a ciertos tribunales, sean de jurisdicción ordinaria o especializada, para que, con arreglo a criterios jurídicos y métodos judiciales,
satisfagan pretensiones que tengan origen en normas de derecho constitucional. La jurisdicción constitucional tiene por objeto la realización efectiva de los preceptos constitucionales de naturaleza sustantiva y, es por ello que también se le denomina derecho procesal constitucional o justicia constitucional.
Jaime Guasp señala que la justicia constitucional o proceso constitucional vendría a configurarse como aquella justicia o proceso que tiene por contenido peculiar las pretensiones que ese invocan fundándose en una norma del derecho constitucional estricto. Esta sería pues, la diferencia auténtica que permitiría separar a la jurisdicción constitucional de la civil, de la penal, administrativa, laboral y así sucesivamente. De donde habría que extraer la conclusión de la inevitable aplicación a ésta rama de los tres postulados de un verdadero proceso, exigiendo, en todo proceso constitucional auténtico, la existencia de una pretensión constitucional, en toda pretensión constitucional la exigencia de apertura de un proceso constitucional, y una correlación impecable, fundada en el llamado principio de la congruencia, entre la reclamación de parte y la decisión del tribunal constitucional de que se trate.
La jurisdicción constitucional consiste en los mecanismos destinados a asegurar el respeto absoluto a la Constitución por parte de quienes detentan el poder. Es imperativo que los funcionarios y empleados públicos respeten y cumplan, que los gobernantes encuadren sus actos dentro del ordenamiento jurídico en donde la cúspide es la constitución, como norma superior que existe en un Estado y en consecuencia las otras normas se encuentran jerárquicamente en una posición inferior a la constitución y deben observar el principio que la constitución es la ley suprema.
Sujetos en la Jurisdicción Constitucional. El órgano o tribunal encargado de satisfacer la pretensión constitucional. Las personas individuales o jurídicas que pueden acudir ante la jurisdicción constitucional con el objeto de que se les satisfaga una pretensión constitucional.
Objeto. El objeto fundamental de la jurisdicción constitucional es obtener el respeto absoluto, por parte de quienes detentan el poder, de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos y consagrados en la parte dogmática de la constitución y el cumplimiento y observancia de las normas que regulan la distribución y limitación del poder establecidas en la parte orgánica de la ley fundamental. Su objeto, en definitiva, es mantener en plena vigencia la li bertad y dignidad del
ser humano, a través del conocimiento de acciones que tiendan, directa o indirectamente, a tutelarlos.
Resoluciones. En cuanto a las resoluciones dictadas por los órganos d e la jurisdicción constitucional, debemos distinguir entre sentencias declarativas que son las encaminadas a obtener la tutela directa de derechos fundamentales (producen efectos inter partes, como por ejemplo el Amparo, la Exhibición Personal y la Inconstitucionalidad en Caso Concreto) y constitutivas (producen efectos erga omnes, como por ejemplo la Inconstitucionalidad General).
Tema 5 5. LA CONSTITUCIÓN. CONCEPTO. Según el Lic. Ramiro De León Carpio En sentido material, la Constitución es el conjunto de principios, instituciones, formas de vida, soluciones, etc. que los integrantes de una sociedad han adoptado como un medio para regular sus relaciones y lograr una superación colectiva, que no necesariamente tiene que estar consignados en un documento, pero que los han aceptado y con ellos han constituido ya un sistema particular de vida, ha creado su propia organización y han formado un Estado. En sentido formal, la Constitución es el conjunto de normas jurídicas que integran los principios fundamentales y las instituciones básicas de un Estado que las ha adoptado como ley suprema con el objeto de establecer la forma de organización, regulación y limitación del ejercicio y funcionamiento de sus poderes y a la vez garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes. Maurice Duverger define la Constitución como: "unos textos que definen los órganos esenciales del Estado y proclaman, en general, las libertades públicas fundamentales. Estas constituciones o leyes constitucionales se consideran superiores a las leyes ordinarias votadas por el parlamento y establecen, un grado superior de legalidad, una especie de "superlegalidad".
Bielsa dice que la Constitución es una carta de contenido jurídico-político, que establece o reconoce derechos y garantías, sobre todo los "derechos fundamentales" concernientes a la libertad individual. El ejercicio de esas libertades crea situaciones jurídicas que constituyen verdaderos derecho subjetivos. Las "garantías" sean expresas o implícitas, protegen esos derechos, tanto en la esfera política como en la judicial; pero es evidente que la verdadera
protección debe realizarse sobre ésta última, pues quien la invoca tiene derecho a que su pretensión jurídica sea conocida y decidida por el órgano jurisdiccional. La Constitución además de ser "carta de derechos y garantías" es un "instrumento de gobierno" ya que ella establece los poderes, determina las atribuciones y limitaciones de ellos, y r egla los modos de su formación.
En opinión de Rodrigo Borja la Constitución es un esquema jurídico de la organización del Estado, proclamado con especial solemnidad por el órgano autorizado para ello y destinado a fijar la estructura estatal, así en lo relativo a la formación y funcionamiento del gobierno, como en lo relativo a la acción de la opinión pública y sus medios de expresión y a la garantía de los derechos y prerrogativas de las personas.
Constitución y tratados internacionales (VER LO REFERENTE AL ARTÍCULO 46 VISTO EN EL TEMA 4)
El principio fundamental de que la Constitución es la ley suprema del Estado acepta una excepción, contenida en su Arto. 46, al enunciarse que: "Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno". El derecho interno del Estado comprende la totalidad de las normas jurídicas que efectivamente regulan la convivencia social en el Estado, incluyéndose dentro : del concepto a la propia Constitución; por lo que es una innovación, no contenida en las Constituciones anteriores, el que un tratado o convenio que regule materia de derechos humanos pueda tener un rango superior a la propia Ley Fundamental. Sin embargo, según criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad, la Constitución siempre prevalece sobre los tratados internacionales, aun en el caso del artículo 46, ya que de conformidad con lo estipulado en el artículo 240 de la Constitución los tribunales de justicia observarán siempre el principio de la supremacía de la misma sobre cualquier ley o tratado internacional. La Constitución, por disposición propia, acepta en su artículo 44, la existencia en tratados internacionales o en cualquier otra ley de otros derechos que aunque no fig uren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana; sin embargo, esto no implica la supremacía de tal tratado sobre la propia constitución. (expediente 280-90 de la Corte de Constitucionalidad)
Jerarquía normativa
Al analizar nuestro orden jurídico encontramos un sistema jerárquico en el cual la validez de una norma depende de su adecuación a otras de carácter jerárquicamente superior, hasta llegar a la Constitución Norma Fundamental
La Constitución o Ley Fundamental: La validez de todo el sistema jurídico depende de su conformidad con la Constitución. Esta es considerada como la Ley Suprema emanada del Poder Constituyente del pueblo cuya finalidad es la creación de órganos .fundamentales del Estado y la regulación de su funcionamiento, así como el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo frente al poder estatal. La Constitución es ley suprema porque por encima de ella no existe ninguna otra ley y no está sujeta a ningún órgano o poder estatal. Emana del Poder Constituyente, al que podemos conceptuar como la fuerza o potencia, que en los regímenes modernos radica en el pueblo, y cuya finalidad es la de crear o modificar la estructura del Estado- El pueblo deposita temporalmente dicho poder creador en sus legítimos representantes, los cuales integran un cuerpo colegiado que en nuestro país se denomina Asamblea Nacional Constituyente, la cual elabora la Constitución.
La Constitución actual, en su Arto. 280, prescribe que el Congreso de la República podrá modificar la mayor parte de sus artículos con el voto de las 2/3 partes del total de diputados siempre y cuando dicha reforma sea aprobada mediante el procedimiento de consulta popular a los ciudadanos, establecido en su Arto. 173. Será integrada una Asamblea Constituyente exclusivamente con et objeto de reformar el Arto. 278 de la Carta Magna y los referentes a los Derechos Humanos. Es conveniente señalar la irreformabilidad de los artículos de la Constitución que se refieren a la no prolongación del período presidencial y a la no reelección del Presidente de la República y lo concerniente a la forma republicana y democrática de gobierno (Arto. 281 de la Constitución).
Se hace necesario establecer las diferencias fundamentales entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa (Congreso de la República en nuestro país):
a) En la Asamblea Constituyente está depositado el poder creador (Poder Constituyente), que a través de la Constitución crea o reforma ai Estado y lo dota de órganos mediante los cuales éste puede ejercer el poder público (Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Dichos órganos son depositarios de poderes creados y, por lo tanto, inferiores al poder creador.
La Asamblea Legislativa es inferior i nferior a la Asamblea Constituyente; y en el ejercicio del poder legislativo crea normas ordinarias que son inferiores a la Constitución y a las Leyes Constitucionales; por lo tanto, no pueden contradecirlas.
b) La Asamblea Constituyente es temporal, dado que sólo funcionará el tiempo necesario para crear o reformar la Constitución o las l as Leyes Constitucionales.
En cambio, la Asamblea Legislativa es un organismo permanente del Estado, que ejerce sus funciones durante los cinco años que dura el período presidencial en Guatemala.
Para el Derecho Constitucional clásico una Constitución únicamente debe contener lo referente a la organización y funcionamiento de los organismos fundamentales del Estado y los derechos de los individuos frente al mismo. Sin embargo, las Constituciones Constituciones modernas tienden a incluir otras materias, como los derechos sociales, para impedir que las cambiantes mayorías del Congreso anulen fácilmente dichos derechos, derechos, los cuales se han obtenido o btenido tras largos años de lucha (derechos de familia, trabajo, cultura, así como otros tendentes a conservar el equilibrio social).
Preeminencia del Derecho Internacional El principio fundamental de que la Constitución es la ley suprema del Estado acepta una excepción, contenida contenida en su Arto. 4 6, al enunciarse que: "Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia preeminencia sobre el derecho interno". El El derecho interno del Estado comprende la totalidad de las normas jurídicas que efectivamente regulan la convivencia social en el Estado, incluyéndose dentro : del concepto a la propia Constitución; por lo que es una innovación, no contenida en las Constituciones anteriores, el que un tratado o convenio que regule materia de derechos humanos pueda tener un rango superior a la propia Ley Fundamental. Sin embargo, según criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad, la Constitución siempre prevalece sobre los tratados internacionales, aun en el caso del artículo 46, ya que de conformidad con lo estipulado en el artículo 240 de la Constitución los tribunales de justicia observarán siempre el principio de la supremacía de la misma sobre cualquier cualquier ley o tratado internacional. La Constitución, por disposición disposición propia, acepta en su artículo 44, la existencia en tratados tra tados internacionales o en cualquier otra ley de otros derechos que aunque no fig uren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana; sin embargo, embarg o, esto no implica la supremacía de tal tratado sobre la propia constitución. (expediente 280-90 de la Corte de Constitucionalidad)
Leyes Constitucionales: La Constitución enuncia principios generales que deben ser desarrollados por normas jurídicas contenidas en cuerpos legales distintos de ella, pero que regulan m ateria constitucional. Se les denomina leyes constitucionales, constitucionales, y, según los autores, pueden serlo por tres razones:
Por su origen: Al haber sido creadas por el cuerpo que ostenta el Poder Constituyente. Son leyes constitucionales constitucionales por su origen, orig en, la "Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad", "Ley de Orden Publico", "Ley Electoral y de Partidos Políticos", "Ley de Emisión del Pensamiento". Todas ellas emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente,
Por su autenticidad: Cuando la propia Constitución o la propia ley se denomina a sí misma ley constitucionalconstitucional- Por ejemplo: El Arto. 35 de la Constitución C onstitución al referirse a la libertad de emisión del pensamiento establece que: "lodo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento".
Por su atributo orgánico: Cuando la ley tenga por objeto regular alguno alg uno de los órganos creados por la Constitución es considerada ley constitucional; por ejemplo; la Ley del Organismo Ejecutivo que desarrolla el funcionamiento del mismo y de sus diferentes dependencias. (Tales leyes emanan del Congreso en nuestro sistema jurídico).
Las leyes constitucionales pueden ser reformadas por el Congreso, para l o cual es necesaria una mayoría de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad (Arto. 175, 2o. párrafo, Constitución de 1985). Tratados Internacionales: Los tratados internacionales son acuerdos regulados por el Derecho Internacional Público y celebrados por escrito entre dos o más Estados u Organismos Internacionales de carácter gubernamental; constan en un instrumento escrito o en varios conexos en que deben llenarse las formalidades prescritas por el Derecho Internacional así como por el Derecho interno de los países que los suscriben.
Dentro de nuestro sistema jurídico los tratados deben ser aprobados por el Organismo Legislativo, con mayoría absoluta (mitad + uno) del total de diputados que lo integran, en los l os casos señalados en el Arto. 171 inc. I) de la Constitución y con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, en
ios casos señalados en el Arlo. 172 del mismo cuerpo legal, posteriormente deberán ser ratificados por el Presidente de la República R epública Arto. 183 inc. K) de la Constitución y entrarán en vigor al ser efectuado el canje de ratificaciones o su respectivo depósito en la oficina internacional correspondiente.
En nuestro sistema jerárquico, solamente la Constitución ocupa un lugar superior al de los tratados internacionales, salvo en lo que se refiere a los l os derechos humanos, tal como se explicó al referirnos a la preeminencia del Derecho Internacional.
Leyes Ordinarias: Son tas normas generales y abstractas que emanan del Organismo Legislativo del Estado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución para la creación y sanción de la ley. (Artos. 174-180 de la Constitución).
No todo acto del Congreso implicará i mplicará la creación de una ley ordinaria, pues este organismo puede realizar funciones de otro tipo (ejemplo: al aprobar el Presupuesto Nacional está realizando un acto concreto; y, por lo tanto, no concurren los requisitos de abstracción y generalidad propios de la ley ordinaria).
Las leyes ordinarias se clasifican en: ORDINARIAS PROPIAMENTE DICHAS: Son las dictadas por el Congreso sobre materia distinta de la contemplada en la Constitución y en las leyes constitucionales. Ejemplo: Código de Comercio (Dto. Legislativo 2-70), Código Penal (Dto. Legislativo 17-73), Código Procesal Penal (Din. Legislativo 5273).
ORGÁNICAS: Las que regulan la estructura o funcionamiento de algún órgano estatal. Ejemplo: Ley Orgánica del 1NDE, del IGSS, etc
DECRETOS LEYES: Son las normas emanadas del Organismo Ejecutivo con valor y eficacia de l ey. Por ejemplo, el decreto que pone en vigor la Ley de Orden Público (Arto. 183 inciso e) de la Constitución; son Decretos Leyes también los emitidos por el Jefe del Ejecutivo en los regímenes de fado en que no existe un Organismo Legislativo, pudiendo en tal caso, crear leyes ordinarias. Ejemplo: Código Civil (Decreto-Ley 106), Código Procesal Civil y Mercantil (Decrcto-Ley 107).
Disposiciones Reglamentarias: La función reglamentaria ha sido depositada, constitucionalmente, en el Presidente de la República (Arto. 183 inciso e); por lo que la emisión de los reglamentos es una atribución primaría de! Organismo Ejecutivo;pues éste, por medio de sus diferentes Ministerios, se encuentra en contacto directo con ios problemas concretos que la ley ordinaria trata de resolver, pero cuya aplicación práctica se facilita por medio del reglamento. Por ejemplo, la Ley del Impuesto del Papel Sellado y Timbres Fiscales, contiene las normas generales de recaudación del impuesto, pero su aplicación práctica es detallada en el reglamento respectivo.
Los otros dos poderes del Estado, en forma excepcional, pueden emitir reglamentos. Por ejemplo: El Congreso puede emitir su propio reglamento interior (Arto. 181 de la Constitución) y la Curte Suprema de Justicia podrá dictar los reglamentos que le correspondan de acuerdo con la ley (Arto. 38 inciso 10o. de !a Ley del Organismo Judicial). Los reglamentos sirven para explicar y facilitar la aplicación de las leyes ordinarias. Ocupan una posición jerárquica inferior a ellas y no pueden variar o contradecir el espíritu o fundamento de la ley ordinaria que están reglamentando.
Normas Individualizadas: Ocupan el último peldaño en la escala jerárquica y dentro de ellas están comprendidas la sentencia judicial y la resolución administrativa.
Estas normas se diferencian de todas las anteriores porque se dictan para ser aplicadas en la resolución de situaciones concretas y exclusivamente para resolver un caso determinado. Por ejemplo: la sentencia que resuelve una controversia se aplica exclusivamente a las partes que intervinieron en el proceso. Lo mismo sucede con la resolución administrativa que se dicta únicamente para aplicarse a la persona individual o jurídica involucrada en un asunto específico o determinado.
SISTEMA JERÁRQUICO GUATEMALTECO La Constitución Ley Fundamental
Tratados y convenciones sobre derechos humanos (aceptados y ratificados por Guatemala)
Leyes Constitucionales
Tratados internacionales
Leyes Ordinarias
Disposiciones reglamentarias
Normas individualizadas (Sentencia judicial, resolución administrativa)
El Derecho Natural y el Derecho Internacional (FALTA)
Derechos y Deberes inherentes a la persona (FALTA)
Tema 6 6. EL PODER CONSTITUYENTE Concepto Linares Quintana lo define: Poder Constituyente es la facultad inherente a toda comunidad soberana de darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una Constitución, y de reformar este total o parcialmente cuando sea necesario. Aparecen en esta definición como características esenciales del concepto de poder constituyente, en primer lugar, el que su titularidad está en cabeza de la comunidad soberana, es decir, el pueblo como titular de la soberanía nacional; en segundo lugar, que esa facultad consiste en darse su propio ordenamiento jurídico-político fundamental, a través de una Constitución; en tercer lugar, que el poder constituyente puede ser originario o primario, cuando actúa para dar este ordenamiento por primera vez, o paga cambiarlo por otro distinto y derivado, cuando delega en un cuerpo
específico, que puede ser un poder constituido, la facultad de reformar o modificar el ordenamiento, es decir para hacer una reforma constitucional.
El poder constituyente posee las siguientes características: - Es supremo: pues como poder social constituyente no es constituido y no depende de ningún poder anterior.
- Es ilimitado: en la medida de sus posibilidades (lo cual significa que de hecho podrá estar sujeto a límites, pues no es un ser absoluto.
- Es extraordinario: cuando se ejerce a través de la normatividad, pues se lo hace en casos de excepción.
- Es ordinario: cuando se ejerce a través de la normalidad, pues funciona continuadamente por medio de la interpretación constitucional de la Corte Suprema y por las mutaciones constitucionales que actualizan su efectividad.
- Es único e indivisible: porque, se ejerza como se ejerza, es el mismo poder constituyente; no cabe distinguir entre poder originario y derivado.
- Es intransferible: porque cuando un órgano ejerce el poder constituyente lo hace siempre en forma originaria y no por delegación.
- No es soberano: porque la soberanía es la cualidad de la norma fundamental de un Estado según la cual ella no deriva de una norma superior.
Sujeto del Poder Constituyente El pueblo es el sujeto del poder constituyente, pero éste lo delega en una Asamblea Constituyente o Congreso o Corte Constituyente.
Poder Constituyente Originario o Genuino: Se llama así cuando el nuevo orden jurídico que él establece nace sin apoyo de una norma positiva anterior, es decir, cuando surge por primera vez. Ello puede tener lugar en el caso del nacimiento o conformación de un nuevo Estado, por el cambio de régimen político en un Estado preexistente, ya sea que este cambio se produzca por vía de revolución, por Golpe de Estado o de conquista militar. El poder Constituyente originario lo podemos encontrar en el PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN.
Poder Constituyente Derivado o Constituido: Consiste en la potestad de poder reformar, total o parcialmente, la Constitución existente. Su funcionamiento está previsto en disposiciones de la Constitución anterior, la cual dispone procedimientos especiales para su revisión o reforma. El poder constituyente derivado en sus Reformas. Asimismo se debe observar el artículo 278 de la Constitución Política de la República de Guatemala (Asamblea Constituyente).- 279 y 280 de la Constitución.
Limites del Poder Constituyente La teoría constitucional establece límites en el ejercicio del poder constituyente. Seguiremos a Jellinek y a Vanossi. Estos límites pueden ser:
1.
Límites extrajurídicos (son absolutos porque no se pueden superar):
a) Ideológicos: El conjunto de valores emanados de la ideología predominante cuando actúa el poder constituyente (es la superestructura de normas, valores o conocimientos vigentes en la sociedad); b) materiales: el conjunto de condiciones que determinan la infraestructura social: lucha de clases o sistema de producción, situación geográfica o desarrollo económico.
2.
Límites jurídicos: Según la teoría estos son:
a) procesales: conjunto de reglas que establecen el procedimiento de actuación del poder constituyente; trámite para la reforma o plazos de prohibición para reformar;
b) sustantivos: conjunto de directivas que aspiran orientar la labor del poder constituyente que a su vez pueden ser: 1) expresos: cláusulas pétreas o inmodificables; o directivas dirigidas al poder constituyente por quien lo convoca. 2) tácitos: contenidos pétreos que surgen del espíritu intangible emanado de nuestra tradición. c) pactos preconstituyentes: son ordenaciones dirigidas a constituir el poder constituyente; sus determinaciones no lo limitan, pues son producidas por el mismo poder constituyente en forma autónoma; d) tratados internacionales: son ordenaciones que no limitan el poder constituyente pues ha emanado, en forma autónoma, del mismo: si no fuera así se habría formado un Estado de superior nivel cuyo poder constituyente sería supremo.
Así como el poder constituyente originario es ilimitado, el poder constituyente derivado o reformador está subordinado a los límites que le impone la propia Constitución, como ser: límites procesales y límites sustanciales. Los primeros, se refieren al procedimiento que se debe observar, y los segundos, se relacionan con limitaciones de contenidos o sustantivas.
La Constitución puede imponer límites temporales, plazos durante los cuales no se le r eforme. En consecuencia, la validez del ejercicio del poder constituyente derivado depende del cumplimiento de las condiciones y del procedimiento impuesto por el ordenamiento constitucional.
Titularidad, legitimidad y ejercicio del Poder Constituyente. El poder constituyente se desnaturaliza si está realmente sometido o subordinado a normas jurídicas que lo dejan de lado o lo limitan. El poder constituyente no puede ser consecuencia de las normas jurídicas sino fuente de ellas. Es el poder constituido el que está realmente sometido a normas jurídicas y dejado de lado por los órganos de control.
Las cláusulas pétreas están previstas en la constitución con el fin de evitar ser suprimidas en una reforma. Los contenidos pétreos no están expresamente previstos: ellos se desprenden del espíritu intangible del Estado. El tratar de reformar una cláusula pétrea es una contradicción lógica.
En la teoría constitucional es clásica la distinción entre titularidad y ejercicio del poder constituyente. Se dice que el titular del poder es el pueblo o la nación y que el poder se ejerce sólo a través de "actos" realizados por representantes del titular.
Legitimidad de la Constitución Para que una Constitución se considere legítima es imprescindible que se cumpla con 3 requisitos fundamentales: a) Que el poder constituyente (A.N.C.) que sanciona, decreta y promulga la Constitución, sea legítimo, lo cual significa que los diputados que lo integran estén revertidos de legitimidad en el sentido de que representen genuinamente al pueblo y para ell o es necesario que hayan sido electos democráticamente y libremente a través de elecciones limpias; b) Que en la integración del Poder Constituyente hayan participado para estar representados en él todas las corrientes políticas, filosóficas e ideológicas; c) Que en el momento de la discusión y aprobación de la Constitución, los diputados constituyentes tengan absoluta libertad y no se impongan criterios desde fuera de ese órgano.
Tema 7 7. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES ESCRITAS Y NO ESCRITAS Las Escritas son las que se encuentran en documentos sancionado y promulgados de acuerdo con su procedimiento válido y que, por su precisión y fijeza, constituyen una garantía para gobernantes y gobernados. Las constituciones escritas consignan los principios básicos que regulan la organización y funcionamiento del Estado, la enunciación de los derechos de los habitantes y sus respectivas garantías, siendo su característica la cualidad de suprema y fundamental, a la que deben acomodarse las demás leyes, so pena de nulidad.
Las No escritas son las que se forman por la evolución de las instituciones del Estado y de prácticas constantes consagradas por el uso y la tradición histórica. Son consuetudinarias. (Lic. Ordóñez Reina)
RIGIDAS Y FLEXIBLES. Son constituciones rígidas las que para ser reformadas necesitan ciertas y determinadas formalidades que no son necesarias para la reforma de las demás leyes ordinarias, con lo cual se está aumentando su fuerza moral y al mismo tiempo se está aumentando su fuerza moral y al
mismo tiempo se está garantizando su estabilidad. O sea que desde que nace la constitución, lo hace con ciertos caracteres formales que no tienen las demás leyes ordinarias. Se argumenta a favor de este tipo de constituciones, que con ellas se garantiza la estabilidad y permanencia de su contenido y se evitan los actos arbitrarios. Sin embargo, se argumenta en contra de ellas, por considerar que produce estancamiento en lo económico, social y naturalmente en lo político, así como no permite soluciones acordes al momento histórico que se viva y al interés del pueblo en ese momento. (Lic. Ramiro De León Carpio)
Son constituciones flexibles: Las que se pueden modificar por el órgano legislativo ordinario en la misma forma que una ley ordinaria. (Lic. Aylin Ordóñez)
DESARROLLADAS Y SUMARIAS. Según el Lic. Ramiro De León Carpio, las Constituciones desarrolladas son aquellas que además de exponer los fundamentos de la organización política, introducen disposiciones relativas a otras materias con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. Se dan especialmente en aquellos países en que no existe homogeneidad social, que tienen una sociedad cambiante y que por lo tanto no es suficientemente fuerte. Nuestra constitución es de este tipo.
Las Constituciones Sumarias son aquellas constituciones que regulan las materias en forma escueta y se limitan a exponer los fundamentos de la organización política. Se dan únicamente en aquellos países que poseen una conciencia jurídica completa, bien integrada, lo cual hace que acepten un sistema político de tan buen agrado, que unos cuantos brochazos constitucionales señalan el camino y ruta para esa entidad política. No es necesario más. Este es el caso de la Constitución de los USA.
DISPERSAS O CODIFICADAS Según tesis de la Lic. Ordoñez Reina Constituciones dispersas son producidas sin unidad de sistema en actos legales o consuetudinarios. Un ejemplo es la de Gran Bretaña.
Constituciones Codificadas son aquellas formuladas en un solo cuerpo legal.
ORIGINARIAS Y DERIVADAS (Loewestein):
Constituciones originarias son aquellas que contienen principios nuevos u originales para la regulación del proceso político o la formación del Estado.
Constituciones derivadas son aquellas que no contienen principios origi nales en relación con la formación del Estado, sino adoptan una o varias constituciones originarias. La cuestión es fluida y relativa, pero en general la mayoría de las constituciones latinoamericanas serían derivadas. La distinción tiene la importancia de destacar la frecuente inclinación de los constituyentes en adoptar modelos ajenos a la realidad que van a ordenar, estableciendo una suerte de dependencia cultural.
BREVES Y DESARROLLADAS. Son Breves o restrictas las que contienen únicamente el esquema fundamental de la organización de los poderes del Estado, son textos básicos. Ejemplos de constituciones sobrias son la mayoría de las constituciones del siglo XVIII y XIX, entre ellas la de los Estados Unios de 1787.
Desarrolladas las que reproducen en los textos con abundancia y precisión de regl as, todos los principios esenciales del ordenamiento jurídico-social del Estado. ABSOLUTAMENTE PETREAS Y PARCIALMENTE PETREAS. (Kelsen) Constituciones absolutamente pétreas son aquellas que no pueden reformarse en ningún aspecto.
Constitución parcialmente pétrea (cláusulas pétreas): es aquella que prohibe la reforma de una o varias de sus claúsulas. La doctrina sostiene que aunque no sean expresas las cláusulas pétreas, ellas están implícitas "en el espíritu intangible de la constitución". El reconocimiento de la existencia de las cláusulas pétreas es una afirmación conservadora, negatoria de la libertad del hombre como protagonista de la historia; niega la posibilidad de la revolución por medio del derecho e incita al ejercicio de la violencia, todo ello por no reconocer el verdadero carácter del poder constituyente: relación social no sujeta al derecho, sino creadora de derecho. Las cláusulas pétreas no tienen carácter jurídico: ellas son acatadas o no por el poder constituyente por razones de convivencia política.
IDEOLÓGICAS Y UTILITARIAS (Tesis de la Lic. Ordóñez Reina)
Ideológicas-programáticas son las que establecen en su parte dogmática y/o preámbulo los principios ideológicos que la inspiran y que guiarán su accionar.
Utilitarias, son neutrales en materia ideológica. No son más que estatutos estatutos que regulan la gestión de los negocios gubernamentales en los órganos estatales superiores, con ausencia de toda referencia a los derechos fundamentales.
IDEOLÓGICAS Y FUNCIONALES. Ideológicas: También llamadas pragmáticas, son aquellas que regulan un aspecto idealista o filosófico en su estructura muy bien definido.
Funcionales: Es aquella constitución constitución a la que se le puede considerar ideológicamente neutral, porque hace énfasis en la organización mecánica del funcionamiento del poder del Estado.
NORMATIVAS, NOMINALES Y SEMÁNTICAS (Tesis de la Lic. Ordóñez Reina) Constituciones normativas son aquellas que logran hacer coincidir sus postulados con la efectiva aplicación de sus normas.
Constituciones Nominales son aquellas que no logran ser aplicadas en forma efectiva.
Constituciones semánticas semánticas son aquellas que si bien son aplicables, son insuficientes insuficientes en lo relativo a la protección de los derechos individuales y a la división de los poderes de gobierno.
MATERIALES Y FORMALES (Tesis de la Lic. Ordóñez Reina) Constituciones materiales o reales son las que están integradas tanto por l a normatividad legal como por la normatividad social.
Constituciones formales son las elaboradas según los procedimientos previstos en la propia constitución.
GENÉRICAS Y ANALÍTICAS (Vanossi): Constitución genérica: es la que expone en forma concisa las líneas generales de la organización del Estado, delegando al legislador ordinario la regulación reg ulación variable de acuerdo con las circunstancias circunstancias dentro de aquel marco: ello favorece la durabilidad de la constitución. Constituciones del siglo pasado, por ejemplo: la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
Constitución analítica: es la que contiene un gran número de disposiciones reglamentarias, sobre contenidos no sólo políticos, sino económicos y sociales, lo cual obliga a reformarl a con frecuencia. Por ejemplo la Constitución de la República Española de 1931 y de la India, la más extensa del mundo con 395 artículos.
DEFINITIVAS Y DE TRANSICIÓN (Alberdi): Constitución definitiva: es la que establece en una etapa de consolidación, luego de un proceso que puede ser de transición.
Constitución de transición: es la que se dicta en una etapa et apa de tensiones que necesita madurar el proceso en búsqueda de síntesis.
Ramiro de León Carpio nos dice que nuestra Constitución es escrita, desarrollada y rígida. Es escrita porque la estructura total del Estado en sus preceptos fundamentales, se encuentra regulada en un documento escrito y este documento contiene la voluntad para la determinación del destino político del Estado de Guatemala. Además la Constitución de Guatemala tiene la característica de ser desarrollada puesto que además de exponer los derechos básicos del pueblo y los fundamentos de la organización política, introduce disposiciones relativas a otras materias con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. Por ello es que los Derechos Humanos tanto individuales como sociales en nuestra Constitución, se encuentran establecidos con terminología desarrollada y hasta detallista. Es rígida ya que para ser reformada necesita ciertas y determinadas formalidades que no son necesarias para las reformas de las demás leyes ordinarias, con lo cual se está aumentando su fuerza moral y al mismo tiempo se estará garantizando su estabilidad.
La rigidez de nuestra Constitución la apreciamos en el Capítulo único denominado Reformas a la Constitución y comprende de los artículos 277 al 281 inclusive.
Tema 8 8. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN
(VER EL TEMA 4)
Supremacía Constitucional y Estructura Jerárquica del orden jurídico estatal:
Hemos dicho que no hay Estado sin Constitución. Sea que esté formulada por escrito en un texto determinado, que esté dispersa en varias leyes, o sea de carácter consuetudinario la Constitución es el fundamento positivo sobre el cual se asienta el orden Jurídico del Estado. La supremacía de la Constitución resulta, pues, del hecho de ser el primer fundamento del orden jurídico y del Estado; ella es la fuente o el principio del orden estatal entero, y hace que todo lo demás, dentro de la vida del Estado, sea de determinada manera y no de otra diferente. Por eso se dice que la Constitución es la ley de leyes.
hans kelsen, al exponer la teoría de la pirámide jurídica, ideada por merkl, explica: "La norma q ue determina la creación de otra es superior a esta; esta ; la creada de acuerdo con tal regulación, es inferior a la primera. El orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación constituye el Estado, no es, por tanto, un sistema de normas coordinadas entre sí, que se hallasen, por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. La unidad de estas se halla constituida por el hecho de que la creación de una norma la de grado g rado más bajo, se encuentra determinada por otra de grado superior, cuya creación es determinada, a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma básica, que representa la suprema razón r azón de validez de todo el orden jurídico. La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia de la norma fundamental, la C onstitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional".
La posición jerárquica que la Constitución ocupa pues, respecto del resto del ordenamiento jurídico de un Estado, es clara. No solo obedece esa ubicación en la cúspide al hecho de ser la norma fundamental o contener el conjunto de normas fundamentales, de la cual derivan su validez las demás normas positivas, sino, además, por el hecho de llevar implícita toda una filosofía política que sirve de orientación no solamente a los agentes del poder los
gobernantes, sino a la conducta de los gobernados, en cuanto miembros activos del conglomerado social. "Siempre hemos considerado dice copete lízarralde que el fundamento de la super legalidad de la Constitución está en el reconocimiento que ella hace de los derechos de las personas, encausando y limitando la actividad legítima del Estado, cuyo fin es la persecución del bien común". Ya se ha visto cómo el contenido de la Constitución no se limita a la recopilación de las normas fundamentales para la organización del poder en el Estado, sino que comprende, además, otros tipos de reglas, como son aquellas que consagran los derechos de los individuos frente al Estado y las libertades públicas, y de las cuales deriva también su supremacía.
La fuerza que se otorga a las disposiciones constitucionales debe ser enfocada desde un doble punto de vista: ella proviene de una parte de su propio contenido, por lo cual se habla de una supremacía material, y en ocasiones del procedimiento a través del cual es elaborada: esto es la supremacía formal.
SUPREMACÍA MATERIAL Y SUPREMACÍA FORMAL DE L A CONSTITUCIÓN: La supremacía material significa que el orden jurídico del Estado depende por entero de la Constitución. Siendo ella el origen de toda la actividad jurídica que se desarrolla dentro del Estado, necesariamente será superior a todas las formas de esta actividad, puesto que es de ella, y tan solo de ella, que esas formas derivan validez. En este sentido decimos que la Constitución es la norma o la ley fundamental.
De una manera más precisa, como explica burdeau, la supremacía material de la Constitución resulta del hecho de que ella organiza las competencias. En efecto, al crear las competencias, ella es necesariamente superior a los individuos los gobernantes que están investidos de esas competencias. Por consiguiente, los gobernantes no pueden ir en sus actos contra la Constitución, sin despojarse, al mismo tiempo, de su investidura jurídica3. Tratándose de saber si el príncipe o una asamblea podrían modificar las leyes fundamentales del Estado, vattel respondía: "Es de la Constitución que los legisladores tienen sus poderes ¿Cómo podrían ellos cambiarla sin destruir el fundamento de su autoridad?.
Del hecho de la supremacía material de la Constitución se derivan importantes consecuencias:
en primer lugar, ella asegura para los participantes para toda la comunidad un refuerzo de l a legalidad, ya que si todo acto contrario a la ley debe ser considerado desprovisto de valor jurídico,
necesariamente lo será también todo acto contrario a la Constitución, inclusive en el caso de que el acto emane de los gobernantes; la supremacía material de la Constitución se opone también a que el órgano investido de una competencia determinada delegue su ejercicio en otro. En efecto, no es posible delegar un poder del cual no puede disponerse por si mismo, y los gobernantes no tienen un derecho propio sóbrela función que ejercen. Esta les es conferida en consideración a las garantías particulares que ofrecen su modo de nominación y su status. Si ellos pudieran delegarla a otros, dice burdeau, es toda la organización del poder en el Estado la que sería puesta en tela de juicio. Es por esta razón por la cual debe condenarse la práctica abusiva de los decretos-leyes tan corriente en Colombia bajo el imperio del estado de sitio, que ha regido por tanto tiempo entre nosotros durante las últimas décadas.
La supremacía formal de la Constitución surge, fundamentalmente, del hecho de que sus normas han sido consagradas mediante procedimientos especiales, diferentes a los de la ley ordinaria, y de que para modificar esas normas se requiere igualmente de procedimientos especiales. De ahí que cuando se trata de disposiciones cuyo contenido no sea propiamente de naturaleza constitucional, pero que por su particular importancia el constituyente ha considerado oportuno elevar a esa categoría, introduciéndolas en el texto de una Constitución, esas disposiciones, al igual que las demás, tendrán supremacía sobre cualquier otra norma no constitucional. Es por esto que el establecimiento y reforma de los textos constitucionales, se subordina generalmente al respeto de ciertas formalidades especiales. De ahí resulta, en primer término, la distinción que se hace entre Constitución rígida y flexible, que ya examinamos en capítulo anterior. Como se explicó, se trata de una distinción puramente formal, que se refiere a los procedimientos para su elaboración y no a su contenido. De tal manera que se habla de supremacía formal en los casos de Constitución rígida, ya que esta es la que prevé esos procedimientos.
leyes CONSTITUCIONALES Y LEYES ORDINARIAS "Las leyes constitucionales o fundamentales, explica esmein, son anteriores y superiores a las leyes ordinarias; se imponen al respeto del poder legislativo, el cual, impotente para abrogarlas o modificarlas, no puede legislar sino en las condiciones y bajo las formas que ellas han determinado". En los países de Constitución flexible, la distinción entre leyes constitucionales y leyes ordinarias no tiene consecuencias jurídicas diferentes a la superioridad material que se reconoce a las primeras. Solo dentro del marco de la Constitución rígida, esta distinción tiene trascendencia. Ella se basa no ser el objeto o el contenido de la ley, sino pura y simplemente en la forma en que esta ha sido elaborada o puede ser modificada, es decir, sobre los procedimientos seguidos para su establecimiento. Normalmente la forme constitucional se utilizará para regular los asuntos de naturaleza constitucional. Pero puede suceder que exista desacuerdo entre la forma y el fondo En algunas constituciones se consagran normas que no son propiamente de tipo
constitucional. En este caso ¿Será necesario tener en cuenta la forma a través de la cual ha sido elaborada, o más bien su contenido?
La solución generalmente admitida es, como lo confirma burdeau, que la forma debe prevalecer. Es decir, que si una regla, por más ajena a la organización política de un Estado que sea, ha sido elaborada según la forma constitucional, tendrá valor constitucional, con todas las consecuencias que se derivan de ello7. Es decir, será considerada como superior a la ley ordinaria.
La supremacía de la Constitución como la más eficiente garantía de la libertad y dignidad del individuo.
Para establecer que la supremacía de la Constitución es la más eficiente garantía de la libertad y dignidad del individuo, Segundo Linares Quintana expone: Al imponer a los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las reg las que prescribe la ley fundamental, si los actos emanados de dichos poderes tuvieran la misma jerarquía que las normas constitucionales, la constitución y, con ella, todo el sistema de amparo de la libertad y de la dignidad humanas que ella consagra, podría ser dejada en cualquier momento sin efecto, por los órganos institucionales a los cuales aquella pretende limitar en su actuación.
Orden Jerárquico de los Preceptos de Derecho en el Sistema Guatemalteco): Al analizar nuestro orden jurídico encontramos un sistema jerárquico en el cual la validez de una norma depende de su adecuación a otras de carácter jerárquicamente superior, hasta llegar a la Constitución Norma Fundamental
La Constitución o Ley Fundamental: La validez de todo el sistema jurídico depende de su conformidad con la Constitución. Esta es considerada como la Ley Suprema emanada del Poder Constituyente del pueblo cuya finalidad es la creación de órganos .fundamentales del Estado y la regulación de su funcionamiento, así como el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo frente al poder estatal.
La Constitución es ley suprema porque por encima de ella no existe ninguna otra ley y no está sujeta a ningún órgano o poder estatal. Emana del Poder Constituyente, al que podemos conceptuar como la fuerza o potencia, que en los regímenes modernos radica en el pueblo, y cuya
finalidad es la de crear o modificar la estructura del Estado- El pueblo deposita temporalmente dicho poder creador en sus legítimos representantes, los cuales integran un cuerpo colegiado que en nuestro país se denomina Asamblea Nacional Constituyente, la cual elabora la Constitución.
La Constitución actual, en su Arto. 280, prescribe que el Congreso de la República podrá modificar la mayor parte de sus artículos con el voto de las 2/3 partes del total de diputados siempre y cuando dicha reforma sea aprobada mediante el procedimiento de consulta popular a los ciudadanos, establecido en su Arto. 173. Será integrada una Asamblea Constituyente exclusivamente con et objeto de reformar el Arto. 278 de la Carta Magna y los referentes a los Derechos Humanos. Es conveniente señalar la irreformabilidad de los artículos de la Constitución que se refieren a la no prolongación del período presidencial y a la no reelección del Presidente de la República y lo concerniente a la forma republicana y democrática de gobierno (Arto. 281 de la Constitución).
Se hace necesario establecer las diferencias fundamentales entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa (Congreso de la República en nuestro país):
a. En la Asamblea Constituyente está depositado el poder creador (Poder Constituyente), que a través de la Constitución crea o reforma ai Estado y lo dota de órganos mediante los cuales éste puede ejercer el poder público (Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Dichos órganos son depositarios de poderes creados y, por lo tanto, inferiores al poder creador
La Asamblea Legislativa es inferior a la Asamblea Constituyente; y en el ejercicio del poder legislativo crea normas ordinarias que son inferiores a la Constitución y a las Leyes Constitucionales; por lo tanto, no pueden contradecirlas.
b. La Asamblea Constituyente es temporal, dado que sólo funcionará el tiempo necesario para crear o reformar la Constitución o las Leyes Constitucionales. En cambio, la Asamblea Legislativa es un organismo permanente del Estado, que ejerce sus funciones durante los cinco años que dura el período presidencial en Guatemala.
Para el Derecho Constitucional clásico una Constitución únicamente debe contener lo referente a la organización y funcionamiento de los organismos fundamentales del Estado y los derechos de los individuos frente al mismo. Sin embargo, las Constituciones modernas tienden a incluir otras
materias, como los derechos sociales, para impedir que las cambiantes mayorías del Congreso anulen fácilmente dichos derechos, los cuales se han obtenido tras largos años de lucha (derechos de familia, trabajo, cultura, así como otros tendentes a conservar el equilibrio social).
Preeminencia del Derecho Internacional El principio fundamental de que la Constitución es la ley suprema del Estado acepta una excepción, contenida en su Arto. 46, al enunciarse que: "Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno". El derecho interno del Estado comprende la totalidad de las normas jurídicas que efectivamente regulan la convivencia social en el Estado, incluyéndose dentro : del concepto a la propia Constitución; por lo que es una innovación, no contenida en las Constituciones anteriores, el que un tratado o convenio que regule materia de derechos humanos pueda tener un rango superior a la propia Ley Fundamental
Leyes Constitucionales: La Constitución enuncia principios generales que deben ser desarrollados por normas jurídicas contenidas en cuerpos legales distintos de ella, pero que regulan m ateria constitucional. Se les denomina leyes constitucionales, y, según los autores, pueden serlo por tres razones:
Por su origen: Al haber sido creadas por el cuerpo que ostenta el Poder Constituyente. Son leyes constitucionales por su origen, la "Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad", "Ley de Orden Publico", "Ley Electoral y de Partidos Políticos", "Ley de Emisión del Pensamiento". Todas ellas emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente,
Por su autenticidad: Cuando la propia Constitución o la propia ley se denomina a sí misma ley constitucional- Por ejemplo: El Arto. 35 de la Constitución al referirse a la libertad de emisión del pensamiento establece que: "lodo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento".
Por su atributo orgánico: Cuando la ley tenga por objeto regular alguno de los órganos creados por la Constitución es considerada ley constitucional; por ejemplo; la Ley del Organismo Ejecutivo que desarrolla el funcionamiento del mismo y de sus diferentes dependencias. (Tales leyes emanan del Congreso en nuestro sistema jurídico).
Las leyes constitucionales pueden ser reformadas por el Congreso, para l o cual es necesaria una mayoría de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad (Arto. 175, 2o. párrafo, Constitución de 1985).
Tratados Internacionales: Los tratados internacionales son acuerdos regulados por el Derecho Internacional Público y celebrados por escrito entre dos o más Estados u Organismos Internacionales de carácter gubernamental; constan en un instrumento escrito o en varios conexos en que deben llenarse las formalidades prescritas por el Derecho Internacional así como por el Derecho interno de los países que los suscriben.
Dentro de nuestro sistema jurídico los tratados deben ser aprobados por el Organismo Legislativo, con mayoría absoluta (mitad + uno) del total de diputados que lo integran, en los casos señalados en el Arto. 171 inc. I) de la Constitución y con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, en ios casos señalados en el Arlo. 172 del mismo cuerpo legal, posteriormente deberán ser ratificados por el Presidente de la República Arto. 183 inc. K) de la Constitución y entrarán en vigor al ser efectuado el canje de ratificaciones o su respectivo depósito en la oficina internacional correspondiente.
En nuestro sistema jerárquico, solamente la Constitución ocupa un lugar superior al de los tratados internacionales, salvo en lo que se refiere a los derechos humanos, tal como se explicó al referirnos a la preeminencia del Derecho Internacional.
Leyes Ordinarias: Son tas normas generales y abstractas que emanan del Organismo Legislativo del Estado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución para la creación y sanción de la ley. (Artos. 174-180 de la Constitución).
No todo acto del Congreso implicará la creación de una ley ordinaria, pues este organismo puede realizar funciones de otro tipo (ejemplo: al aprobar el Presupuesto Nacional está realizando un acto concreto; y, por lo tanto, no concurren los requisitos de abstracción y generalidad propios de la ley ordinaria).
Las leyes ordinarias se clasifican en:
ORDINARIAS PROPIAMENTE DICHAS: Son las dictadas por el Congreso sobre materia distinta de la contemplada en la Constitución y en las leyes constitucionales. Ejemplo: Código de Comercio (Dto. Legislativo 2-70), Código Penal (Dto. Legislativo 17-73), Código Procesal Penal (Din. Legislativo 5273).
ORGÁNICAS: Las que regulan la estructura o funcionamiento de algún órgano estatal. Ejemplo: Ley Orgánica del 1NDE, del IGSS, etc.
DECRETOS LEYES: Son las normas emanadas del Organismo Ejecutivo con valor y eficacia de l ey. Por ejemplo, el decreto que pone en vigor la Ley de Orden Público (Arto. 183 inciso e) de la Constitución; son Decretos Leyes también los emitidos por el Jefe del Ejecutivo en los regímenes de fado en que no existe un Organismo Legislativo, pudiendo en tal caso, crear leyes ordinarias. Ejemplo: Código Civil (Decreto-Ley 106), Código Procesal Civil y Mercantil (Decrcto-Ley 107).
Disposiciones Reglamentarias: La función reglamentaria ha sido depositada, constitucionalmente, en el Presidente de la República (Arto. 183 inciso e); por lo que la emisión de los reglamentos es una atribución primaría de! Organismo Ejecutivo;pues éste, por medio de sus diferentes Ministerios, se encuentra en contacto directo con ios problemas concretos que la ley ordinaria trata de resolver, pero cuya aplicación práctica se facilita por medio del reglamento. Por ejemplo, la Ley del Impuesto del Papel Sellado y Timbres Fiscales, contiene las normas generales de recaudación del impuesto, pero su aplicación práctica es detallada en el reglamento respectivo.
Los otros dos poderes del Estado, en forma excepcional, pueden emitir reglamentos. Por ejemplo: El Congreso puede emitir su propio reglamento interior (Arto. 181 de la Constitución) y la Curte Suprema de Justicia podrá dictar los reglamentos que le correspondan de acuerdo con la ley (Arto. 38 inciso 10o. de !a Ley del Organismo Judicial).
Los reglamentos sirven para explicar y facilitar la aplicación de las leyes ordinarias. Ocupan una posición jerárquica inferior a ellas y no pueden variar o contradecir el espíritu o fundamento de la ley ordinaria que están reglamentando.
Normas Individualizadas: Ocupan el último peldaño en la escala jerárquica y dentro de ellas están comprendidas la sentencia judicial y la resolución administrativa. Estas normas se diferencian de todas las anteriores porque se dictan para ser aplicadas en la resolución de situaciones concretas y exclusivamente para resolver un caso determinado. Por ejemplo: la sentencia que resuelve una controversia se aplica exclusivamente a las partes que intervinieron en el proceso. Lo mismo sucede con la resolución administrativa que se dicta únicamente para aplicarse a la persona individual o jurídica involucrada en un asunto específico o determinado.
Tema 9 9. CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN. PREÁMBULO, PARTE DOGMÁTICA Y PARTE ORGÁNICA El contenido de una constitución debe obedecer, como es natural, a los objetivos que esta se propone y que son fundamentalmente, los de organizar el ejercicio de poder en el Estado y fijar los principios esenciales que deben inspirar la acción pública, mediante la consagración de los derechos y libertades de que son titulares los asociados. Una constitución debe constar, básicamente de dos tipos de normas: normas de carácter ORGÁNICO y normas de carácter DOGMÁTICO. Las normas de tipo orgánico son todas aquellas que se refieren directamente al primero de los objetivos señalados que es la organización del poder en el Estado. Las normas de tipo dogmático consagran los derechos, libertades y responsabilidades de los asociados y establecen los principios filosóficos que deben inspirar la acción de los gobernantes. Por ello se habla en las constituciones de una PARTE ORGÁNICA y una PARTE DOGMÁTICA. Pero además las constituciones contienen, por lo general, una cláusula de reforma, es decir, una o varias normas destinadas específicamente a prever y describir los mecanismos para su propia reforma. Y la mayoría de ellas contienen también normas que no se refieren propiamente ni a la organización del poder ni a declaraciones de derechos, es decir, normas ajenas tanto a la parte orgánica como a la dogmática, que se podrían calificar de neutras, pero que, por su importancia, el constituyente ha considerado conveniente incorporarlas al cuerpo constitucional. Por lo demás, las Constituciones están precedidas salvo contadas excepciones de un Preámbulo, en el cual se trazan de manera solemne y genérica los grandes principios que inspiran su expedición.
Preámbulo: Es una forma solemne colocada, a manera de introducción, en el encabezamiento de la Constitución y que resume las grandes directrices que inspiran la promulgación de esta y que deben servir de pauta o guía a gobernantes y gobernados en la vida del Estado. Puede definirse también como la enunciación previa contenida en las constituciones, donde se exponen los grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la organización política del país. En materia de preámbulos, el de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 sirvió de modelo clásico a la gran mayoría de las constituciones americanas y europeas del siglo XIX e, incluso, de la época contemporánea. (Vladimiro Navarijo Mesa, tratadista argentino)
La Constitución Política de la República de Guatemala, el Lic. R amiro De León Carpio en su catecismo constitucional la divide en tres grandes partes, siendo éstas la PARTE DOGMÁTICA, LA PARTE ORGÁNICA Y LA PARTE PRÁCTICA: Parte Dogmática: Es aquella donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante, para que este último respecte estos derechos. Esta parte dogmática la encontramos contenida en el título I y II de nuestra Constitución desde el PREÁMBULO y DE LOS ARTÍCULOS 1º. Al 139
Parte Orgánica: Es la que establece como se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la persona, o sea a la población. Esta parte Orgánica la encontramos contenida en los TÍTULOS III, IV y V de nuestra Constitución, DE LOS ARTÍCULOS 140 AL 262.
Parte práctica: Es la que establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Esta parte práctica la encontramos contenida en el TÍTULO VI y VII de nuestra Constitución, DE LOS ARTÍCULOS 263 AL 2 81
Tema 10 10. REFORMA CONSTITUCIONAL. CONCEPTO DE REFORMA Según el Diccionario de la Lengua Castellana Reforma es acción y efecto de reformar o reformarse. De conformidad con lo expuesto por Ingancio Burgoa en su libro Derecho Constitucional Mexicano, el concepto de reforma implica necesariamente una modificación parcial, puesto que si fuere total, se trataría de una substitución o transformación. Una reforma es algo accesorio o anexo a algo principal, que es precisamente su objeto; por consiguiente, cuando se elimi na lo principal, la reforma no tiene razón de ser. Una reforma implica la adición, la disminución o la modificación parcial de un todo, pero nunca su eliminación integral porque entonces no sería reforma, ya que ésta altera, pero no extingue. En otra palabras, reformar significa lógicamente alterar algo en sus accidentes, sin cambiar su esencia o substancia. De ahí que la reforma se distingue claramente de la transformación, la cual opera la mutación esencial o substancial de una cosa.
PODER REFORMADOR La misma Constitución establece los parámetros para su reforma en distintos aspectos. Los poderes que pueden reformar la Constitución son: a) Una Asamblea Nacional Constituyente, electa por el pueblo luego del v oto afirmativo de dos terceras partes de los miembros del Congreso; y b) El Congreso con los votos de dos terceras partes y la posterior ratificación de la población por medio de una consulta popular.
El licenciado Ramiro de León Carpio dice que sólo pueden reformar nuestra Constitución política el Congreso de la República o una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Aylín Ordóñez cita lo siguiente: " Rousseau afirmó que en el cuerpo político puede imponerse leyes y revocarlas con la misma solemnidad con la que las estableció. Las leyes no son ni pueden ser eternas, y si en una democracia directa la reforma a la ley fundamental no suscita problema alguno, ya que es el pueblo el que la decide y, en tal sentido, es válido sostener que la Constitución se reforma con la vida. Schmitt señalaba que reformar las leyes constitucionales no es una función normal del Estado, sino que es una facultad extraordinaria y no ilimitada, pues, siendo una
atribución legal constitucional, es limitada y, por lo mismo, es sólo una competencia. Consecuentemente, esta competencia no es la soberanía con la que se ha confundido, toda vez que la reforma no puede subsistir la identidad y continuidad de la Constitución. Puede adicionar, suprimir o modificar ciertas determinaciones, pero no dar una nueva Constitución, ni tampoco ensanchar o subsistir por otro el propio fundamento de su competencia constitucional. La reforma a la constitución no es destrucción de ésta, ya que los órganos competentes para acordar la reforma no se convierten en titulares o sujetos del poder constituyente".
Formas de actuación del poder reformador
En las Constituciones y escritas y rígidas, como la guatemalteca, existen dos formas de actuación del poder reformador, como un cuerpo representativo, decisorio e impositivo, o como un órgano proyectista que debe remitirse a la decisión del pueblo.
Para que el ejercicio del poder constituyente sea válido no se tiene que sujetar a ninguna condición positiva, como que dicho poder es originario, ilimitado e incondicionado. En cambio el ejercicio del poder reformador es llamado "poder constituyente constituido", para que sea válido debe cumplir las normas previstas en la Constitución vigente.
Respecto de la identidad, o no, entre ambos poderes existen tres corrientes, según señala Mario de la Cueva, citado por Efraín Polo Bernal, que son:
a. La corriente de identidad de atribuciones. Como su nombre lo dice, esta corriente proclama la identidad de atribuciones de los poderes constituyente y reformador. Ya que la soberanía nacional no puede atarse porque su determinación futura no puede ser interpretada o prevista, ni sometida a formas determinadas, porque es de su esencia de poder el que ella quiera y la manera que quiera. Este mismo autor afirma que esta corriente cae en un contrasentido, toda vez que el poder de revisión tendría la libertad y la autonomía, que el poder constituyente y podría liberarse de las reglas fijadas por éste para el procedimiento de reformas a la Constitución.
b. La corriente limitacionista. Las adiciones y las reformas no podrán nunca ser para limitar o destruir los derechos del hombre, ni los de la sociedad tampoco los de la soberanía del pueblo y las consecuencias de ella. Y esto pasa ya que la soberanía y los derechos del pueblo son naturales, inherentes a él. Porque son condiciones indispensables para de su vida y desarrollo.
Schmitt señala que las decisiones políticas y jurídicas constituyen limitaciones al poder reformador ya que la reforma a ella tiene como fin la adecuación de ella a los cambios de la vida, pero manteniendo la Constitución y no es la facultad de dar una nueva Constitución. Jorge Carpizo afirma que las decisiones fundamentales son de dos clases: materiales y formales. Las materiales son una serie de derechos primarios que la Constitución consigna. Las formales son principios que mantienen la vigencia y el cumplimiento de las decisiones materiales. Decisiones materiales son la soberanía, los derechos públicos, individuales y sociales, el sistema representantivo y la supremacía del poder civil sobre la Iglesia. Son decisiones formales la división de poderes y las garantías constitucionales. Mientras la Constitución establece un orden total, esto es, un orden de valores en lo que afirma una concepción fundamental de la vida social, la revisión la adapta a la nuevas exigencias ya una, ya otra norma, bien una, bien otra institución particular pero sin alterar las líneas fundamentales del sistema De esta manera, dice Mario de la Cueva, se deduce que, en tanto la formación de la Constitución no puede estar sujeta a control alguno, sí puede estarlo la función reformadora, no sólo desde el punto de vista de las formalidades sino también porque el órgano reformador no puede proponer un fin diverso de aquel para el que fue establecido, que no es otro que perfeccionar, completar y adaptar a la vida la esencia constitucional.
Para esta corriente el control judicial de la constitucionalidad comprende las reformas constitucionales o el control de la constitucionalidad que se extiende a las normas emanadas del poder reformador.
Entre las autoridades constituidas con competencia específica figura el órgano reformador de la Constitución que será siempre un órgano del Estado, un órgano creado por la voluntad del poder político supremo con asignación de competencia específica.
El órgano reformador tiene encima a su creador y a la Constitución expedida por aquél y, con la salvedad del Tribunal o Corte Constitucional de control de la constitucionalidad, los demás órganos constituidos están en posición de infraordenación respecto del órgano reformador de la Constitución. Éste órgano es un órgano constituido, subordinado a su creador -el constituyente originario- y a los principios que éste formalmente estableció en la Carta Suprema.
El órgano de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades constituidas interviene y decide, como órgano supremo del Estado, por voluntad del constituyente originario y
se ubica como controlador del órgano reformador y de los restantes órganos estatales igualmente constituidos.
Cuando el Tribunal Constitucional ejercita el poder de controlar la constitucionalidad de los actos de las autoridades constituidas, guarda un nivel y una potestad funcional y decisoria igual a la del órgano revisor de la Constitución; uno, como defensor de la constitucionalidad y el otro, como reformador de la Constitución. La regla general de la posibilidad de controlar la constitucionalidad de todos los actos de autoridad a través de la acción de la constitucionalidad, cuando entrañan violación de los derechos individuales, por lo que también un ato del órgano reformador que emita una disposición que lesione derechos constitucionalmente protegidos es susceptible de impugnarse a través de la citada acción, debiendo el Tribunal Constitucional resolver la misma.
c. La corriente intermedia. Para esta corriente reformar, es la supresión de un precepto de ley, sin substituirlo por ningún otro. Es la sustitución de un texto por otro, dentro de la ley existente. La competencia del "constituyente permanente" es adicionar la constitución o reformarla, pero dicho poder no puede derogar totalmente la Constitución en vigor, sustituyéndola por otra, ya que éste sólo puede adicionar o reformar y estas facultades se ejercitan siempre sobre una ley que existe y sigue existiendo. Se puede reformar o adicionar cualquier parte de la Constitución con tal de que subsista el régimen constitucional que aparece integrado por los principios esenciales para que exista una Constitución.
Felipe Terna Ramírez, en su obra "Derecho Constitucional Mexicano", formulo una clasificación de las constituciones que disponen sobre las atribuciones del poder reformador:
1. El primer grupo lo forman las constituciones que admiten expresamente la posibilidad ilimitada de su reforma o derogación por parte del órgano revisor, lo que significa que el constituyente originario delegó en el instituido, deliberada y explícitamente, la integridad de su soberanía. 2. El segundo grupo contiene las constituciones que excluyen de la competencia revisora de principios fundamentales de la Constitución. 3. El tercer grupo lo forman las constituciones que, sin referirse a los principios fundamentales, dejan a salvo de la futura revisión a determinados preceptos. 4. El cuarto y último grupo lo componen las constituciones que, sin pronunciarse en favor de ninguno de los anteriores sistemas, instituyen la facultad indefinida y general de ser modificadas mediante adiciones o reformas.
El poder reformador es lo mismo que el poder constituyente derivado. A continuación vamos a ver lo que los autores dicen acerca del poder constituyente derivado. El pueblo es el que ejerce el poder constituyente y se organiza políticamente mediante la promulgación de un código constitucional, que crea y regula en lo sucesivo a los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario del Estado. Debe distinguirse dos circunstancias en que puede encontrarse el poder constituyente: 1.- En el acto inicial de creación de un Estado y por ende de una Constitución y leyes. (Etapa primigeniedad el poder constituyente originario). 2.- En el de cambio de organización de un Estado ya existente. (Etapa de continuidad poder constituyente derivativo). Linares, dice que en el primer caso, se trata del "ejercicio de la facultad soberana del pueblo de constituirse originariamente y por vez primera en Estado, dándose un ordenamiento jurídico", y que, en el segundo, solamente se ejerce "la potestad de reformar total o parcialmente la Constitución sancionada anteriormente".
Desde el punto de vista jurídico-positivo, el poder constituyente no admite restricciones: es un poder supremo, porque es la más fiel y directa manifestación de la soberanía popular.
Cuando se trate de una Constitución extremadamente rígida, o sea una Constitución que sólo puede ser modificada por el órgano constituyente, se puede decir que la reforma constitucional implica el ejercicio de este poder. En todos los demás casos el texto constitucional puede ser modificado por el órgano legislativo ordinario bajo cierto procedimiento especial.
El Doctor Edmundo Vásquez Martínez dice que el fondo o el centro del poder constituyente radica en la soberanía del pueblo, éste para ejercer el poder constituyente delega su soberanía en Asambleas o congresos o cortes constituyentes. Explica que el poder constituyente derivado es aquel cuyo ejercicio está regulado por una Constitución anterior. En nuestra Constitución el poder constituyente derivado se puede ver en el título VII, artículos del 277 al 281 los cuales expresan los mecanismos para poder reformar nuestra Constitución.
La mayoría de autores clasifican el poder constituyente en originario y derivado o constituido. En cambio, el Doctor Edmundo Vásquez Martínez lo divide en constituyente y constituido siendo una subdivisión del constituyente el originario y el derivado.
El sujeto del poder constituyente es el pueblo y éste lo delega a una corte o congreso o asamblea constituyente y el objeto del poder es el poder soberano para crear la Constitución.
En Guatemala el poder constituyente se denomina Asamblea Nacional Constituyente y es quien elabora la Constitución. En Guatemala el congreso puede modificar la mayor parte de los Artículos de la Constitución. Será integrada la Asamblea Nacional Constituyente exclusivamente con el objeto de reformar el artículo 278 de la Carta Magna y los referentes a los Derechos Humanos.
En la Asamblea Constituyente está depositado el poder creador (poder Constituyente), que a través de la Constitución crea o reforma al Estado y lo dota de órganos mediante los cuales éste puede ejercer el poder público (Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Dichos órganos son depositarios de poderes creados y, por lo tanto, inferiores al poder creador.
La Asamblea Constituyente es temporal, dado que sólo funcionará el tiempo necesario para crear o reformar la Constitución o las Leyes Constitucionales.
Una Constitución de naturaleza histórica, que establece un sistema de gobierno y de garantías personales que el pueblo valora, no debe ser reformada por una votación popular, en blanco, sin nada en concreto, estimuladas por promesas que luego no puede cumplirse. Éste es el problema de la democracia. El poder constituyente emana de la soberanía nacional y convierte a la asamblea constituyente también en soberana. El poder constituyente es el mayor poder del Estado, porque organiza, estructura y define al Estado mismo en un instrumento de gobierno, derecho y garantías. El poder constituyente puede autodelimitarse para su ejercicio después de creado. Eso mismo ocurre cuando la misma Constitución dispone que la necesidad de su reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de la mayoría o una mayoría determinada.
Existe el poder constituyente originario y derivado: es clásica la distinción de la teoría constitucional entre poder constituyente originario (también llamado revolucionario, fundacional
o en la etapa de primigeneidad) y poder constituyente derivado (constituido, reformador o en la etapa de continuidad.
El poder constituyente derivado (reformador) es aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario a través de la constitución: para reformar la constitución se debe cumplir con el procedimiento y respetar los límites que la propia constitución establece. El iusnaturalismo entiende que no se pueden modificar aquellas partes de la constitución que sirven de sustento a su estructura ideológica valorativa. El poder constituyente derivado actúa de acuerdo al procedimiento que le ha establecido el originario y con las limitaciones establecidas en el marco de competencia constitucional. Si el llamado poder constituyente derivado se sujeta a normas y limitaciones cuando reforma la constitución, lo hará porque le resulta conveniente o porque por razones de oportunidad política no juzga beneficioso apartarse de ellas, pero no porque la constitución se lo imponga, pues, si fuera así, los desvíos del constituyente derivado deberían ser declarados inconstitucionales por otro poder que pasaría a ser, automáticamente, el poder constituyente.
En la teoría constitucional es clásica la distinción entre titularidad y ejercicio del poder constituyente. Se dice que el titular del poder es el pueblo o la nación y que el poder se ejerce sólo a través de "actos" realizados por representantes del titular.
El poder constituyente es la facultad de acción, como la capacidad del pueblo para proveer a la organización política y jurídica del Estado, dándole una constitución y para revisar ésta cuando lo crea necesario, en forma total o parcial, une vez sancionada. Existen dos tipos de poder constituyente el originario y el derivado.
El poder constituyente derivado: Está encargado de reformar total o parcialmente la constitución sancionada anteriormente; es decir que tiene la capacidad de modificar la constitución vigente. También se le denomina poder reformador.
En la democracia prevalece el principio mayoritario, con un poder constituyente cuya titularidad pertenece al pueblo, que se expresa usando de su libertad política.
En un régimen político-constitucional la titularidad del poder constituyente, tanto originario como derivado, pertenece al pueblo.
Así como el poder constituyente originario es ilimitado, el poder constituyente derivado o reformador está subordinado a los límites que le impone la propia Constitución, como ser: límites procesales y límites sustanciales. Los primeros, se refieren al procedimiento que se debe observar, y los segundos, se relacionan con limitaciones de contenidos o sustantivas.
La Constitución puede imponer límites temporales, plazos durante los cuales no se la reforma. En consecuencia, la validez del ejercicio del poder constituyente derivado depende del cumplimiento de las condiciones y del procedimiento impuesto por el ordenamiento constitucional.
LA CONSTITUCIÓN ENTRE LA PERMANENCIA Y EL CAMBIO La idea de constitución, como status social, implica una relativa permanencia de las normas que la integran, a través del cambio de los tiempos y de las personas. Surge de ahí el problema de la armonización de aquella permanencia con el cambio constante de la realidad social, o sea, l a coordinación en un equilibrio estable de la conservación y la reforma de acuerdo con el principio de la adaptabilidad de las antiguas instituciones a las nuevas necesidades, "convirtiendo como dice chukchiu los esfuerzos de nuestros antepasados en una herencia espléndida para que disfrute de ella la democracia moderna y progresiva".
"El que la permanencia de la norma pueda ser armonizada con el cambio ininterrumpido de la realidad social, se debe, en gran parte, a que la normalidad social que se expresa en los principios jurídicos va transformándose en la corriente imperceptible de la vida diaria. Mediante la evolución gradual de los principios jurídicos puede suceder que, no obstante permanecer inmutable el texto del precepto jurídico, su sentido experimente una completa revolución, aunque queda salvaguardada la continuidad del Derecho ante los miembros de la comunidad jurídica" (heller).
En el Estado, como en el Derecho, todo está sujeto al proceso histórico a través del cual fluye la vida. Las constituciones, en cuanto estructuras jurídico-políticas, no permanecen inmutables: "viven, se adaptan, evolucionan, siguen el ritmo de los sucesos políticos, de la transformación de la opinión o de las modificaciones en el equilibrio de las fuerzas políticas". Pero a pesar de ello, la constitución se afirma y existe con un carácter relativamente estático: como dice heller. "no es proceso sino producto, no actividad sino forma de actividad; es una forma abierta a través de la
cual pasa la vida, vida en forma y forma nacida de la vida". Cambian sus elementos, pero la constitución, como unidad, subsiste.
Ciertamente, la constitución no debe concebirse como una ley inmutable en el sentido racionalpositivista, ni tampoco como una realidad en brusco movimiento. Es preciso armonizar estos dos criterios conciliando su permanencia con los cambios q ue pueda experimentar. Este problema induce a plantearse los siguientes interrogantes formulados por lucas verdú: "¿Cómo encontrar el punto de conexión entre la estabilidad que identifica a una constitución a través del proceso histórico y las transformaciones que experimenta? ¿Cómo es posible delimitar a una constitución poli-tica puntualmente, en momentos diferentes de su desarrollo, de suerte que sea esta misma constitución, antes, ahora, y, posiblemente, después, pese a las transformaciones que ha sufrido hasta hoy y que acaso le afecten en lo sucesivo? ¿Cuál es el valor de las constituciones en nuestra época esencialmente cambiante? ¿En qué medida puede hablarse de una constitución, de una y misma constitución en nuestro tiempo de conmociones revolucionarias? ¿No será la transformación de las constituciones algo tan radical y constante que sólo pueda hablarse de un cambio indefinido?"
La conciliación de la estabilidad del orden constitucional y la posibilidad de los cambios indispensables presupone el discernimiento de lo perenne y lo reformable. El tradicionalismo de burke admitía que un Estado que no pueda cambiar nada, carece de medios de conservación, corriendo el riesgo de "perder aquellas partes de la constitución que se querrían conservar con religioso cuidado".
El propio burke establece, sin embargo, algunos principios a los que debe sujetarse toda reforma:
1. En primer lugar, los cambios deben ser lentos, graduales y moderados: la ley del cambio es, quizá la más poderosa de las leyes de la naturaleza y la que garantiza su conservación, pero es deber de todos los hombres procurar que el cambio no sea brusco, a fin de que participe de las ventajas de la evolución y evite los inconvenientes de una mudanza radical;
2. las reformas deben ser posibles, oportunas y precavidas: por el hecho de referirse a los grandes intereses de la Humanidad, los cambios políticos deben permitir que el curso de l as generaciones participe activamente en los consejos que han de afectar tan profundamente a los hombres, y entre los principios que hemos heredado de nuestros antepasados, figuran como guías infalibles, "una precaución política, una circunspección razonable y una timidez más bien moral que natural";
3. las reformas, en fin, deben respetar el equilibrio de las instituciones, combinando "en la unidad del todo, los opuestos principios que se encuentran en la inteligencia y en los negocios humanos".
El problema de la dinámica constitucional nos remite a la clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles. La continuidad de la constitución presupone la posibilidad del cambio, de la adaptabilidad a las nuevas necesidades sociales; su estabilidad se garantiza con su revisión, o sea, con la actividad normativa desarrollada para modificar la propia constitución, ya sea de conformidad con el procedimiento especial regulado en la misma para las constituciones rígidas, o con el procedimiento legislativo ordinario para las flexibles.
Tema 11 11.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INSTITUTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL RAZÓN DE LA REFORMA Linares Quintana indica que cuando se habla de reformas o enmiendas a la Constitución se debe partir del análisis del principio de rigidez constitucional que descansa, en la distinción entre poder constituyente y poder legislativo ordinario y consiste en el establecimiento por parte del propio poder constituyente, de un complicado y riguroso procedimiento que debe observarse para los casos de reforma o enmienda de los preceptos constitucionales, de tal forma que una enmienda o reforma constitucional no puede realizarse mediante el mismo procedimiento establecido para la sanción de leyes ordinarias. La razón de ser de las reformas o enmiendas constitucionales es la adaptación pacífica del orden constitucional a las cambiantes condiciones sociales y políticas para evi tar el tener que acudir a la ilegalidad, a la fuerza o a la revolución.
Las modificaciones que experimentan las relaciones sociales, económicas o políticas, son la responsables de que una norma constitucional, que parecía razonable y suficiente en el momento de crear la Constitución, haya perdido su capacidad funcional y tenga que ser, por lo tanto, completada, eliminada o acoplada de alguna otra manera a las nuevas exigencias en interés de un desarrollo sin fricciones del proceso político.
INICIATIVA PARA PROPONER REFORMAS
Uno de los medios de lograr mayor estabilidad para una Constitución es el de limitar la posibilidad de emprender reformas a la misma. Por lo general se confiere este derecho al órgano del Estado al cual se quiere dar, en un sistema determinado, mayor preponderancia política. Así, en el sistema presidencial la iniciativa de la reforma es compartida entre las r amas ejecutiva y legislativa, cuando no se le da exclusivamente al gobierno, lo cual resulta a todas luces antidemocrático, en tanto que en el sistema parlamentario se le da, generalmente con exclusividad, al Parlamento. Pero si lo que se quiere es ampliar la democracia, a través de una mayor y más directa participación ciudadana en materia tan trascendental como esta, la iniciativa debe dársele también al pueblo- En consecuencia, la iniciativa de la reforma constitucional puede ser restringida, compartida, o popular.
Iniciativa restringida: Cuando la tiene, de manera exclusiva, el Gobierno. Ello ocurre en las constituciones inspiradas en la idea de fortalecer ante todo al órgano ejecutivo, constituciones estas de corte autoritario. Tal fue el caso de la Constitución francesa de 1852, en la cual la iniciativa se le daba a un Senado nombrado por el jefe del Estado. También puede hablarse de iniciativa restringida, aunque más democrática, en los casos en que ella se le da exclusivamente al Parlamento democrática, porque en fin de cuentas el Parlamento es el órgano de representación popular. Aunque pudiera aducirse también que cuando, como ocurre en el sistema presidencial, el jefe del Estado es elegido popularmente, él es igualmente un genuino representante del pueblo. Pero en ningún caso es lo mismo que fa iniciativa la tenga una sola persona o esta junto con los funcionarios que ella misma designa a que la tenga una corporación de personas elegidas todas ellas popularmente.
Iniciativa compartida: Cuando la iniciativa la comparten el Gobierno y el Parlamento, como se da en los sistemas de gobierno no presidencial, en los cuales se busca un equilibrio entre las ramas del poder. Este caso es más democrático que el anterior, por cuanto los dos órganos actúan como representantes del pueblo, elegidos por él.
Iniciativa popular: Cuando se le da al pueblo también la iniciativa, que puede operar mediante ciertos procedimientos, no exentos de complejidad. Entre estos procedimientos figuran:
- El de que un cierto número mínimo de ciudadanos -generalmente cosiderable presente, respaldado en firmas auténticas, temas generales o proyectos concretos de reforma a la consideración del Parlamento o de un órgano especial.
- Que los proyectos elaborados por el Parlamento o un órgano especial sean sometidos a! procedimiento de la "consulta popular, para que asi obtengan o no la ratificación del pueblo;
- Que corporaciones populares de carácter seccional o local se pronuncien sobre proyectos de reforma, bien sea para aprobarlos directamente o para someterlos a la consideración del Parlamento o de un órgano especial.
Este último procedimiento existe en los Estados Unidos, donde si las legi slaturas de los dos tercios de los Estados federados lo solicitan, se reúne una Convención para estudiar l as enmiendas a la Constitución. El procedimiento de la iniciativa popular ha sido muy utilizado en países de alto nivel de organización y desarrollo como Suiza, y ha sido adoptado por otros en los cuales se aspira a implementar el concepto de democracia participativa.
De conformidad con el artículo 277 de la Constitución señala que tienen iniciativa para proponer reformas a la constitución: a)
El presidente de la República en consejo de Ministros;
b)
Diez o más diputados al Congreso de la República;
c)
La Corte de Constitucionalidad;
d) El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.
El sistema jurídico guatemalteco es bastante amplio en cuanto a la legitimación activa para la solicitud de reformas a la Constitución, ya que ésta puede provenir de diferentes sectores del gobierno e incluso de la población. No todos los sistemas constitucionales confieren acción, a un grupo de la población, para que soliciten reformas a la Constitución. El hecho de que en Guatemala sí se acepte demuestra la eficacia de su sistema, ya que el pueblo puede perfectamente reformar la Constitución ejerciendo la iniciativa que posee. Además tienen legitimación el Congreso y el Presidente de la República, así como la Corte de Constitucionalidad. Esta, como defensora del orden constitucional también podría establecer en un momento determinado la necesidad de una reforma a la Constitución, al considerar que una norma jurídica no es aplicable o resulta inconveniente. De no modificarse por los procedimientos legales establecidos, podría dar lugar a su modificación por las vías de hecho, lo que pondría en peligro el sistema constitucional, por lo que en aras de mantener la vigencia de la norma suprema se encontraría legitimidad para solicitar las reforma a la misma.
Procedimientos para reformar la Constitución Según Paolo Biscaretti di Rufia, citado por la Licenciada Aylín Ordoñez, en orden al procedimiento de actuación, la reforma constitucional puede desarrollarse conforme a dos sistemas, los cuales son
1.-
Procedimientos por órganos especiales, diferentes de los legislativos ordinarios
La especialidad de los órganos de la reforma constitucional se da en casos en los que ésta última se desarrolla por medio: de una Asamblea Constituyente, o Convención (prevista en algunos Estados-miembros norteamericanos, para las reformas totales)
de una Asamblea Nacional, formada por las dos Cámaras parlamentarias reunidas conjuntamente (sobre el modelo francés 1875)
del condicionamiento de toda reforma a un referéndum obligatorio (por ejemplo Suiza, Estadosmiembros norteamericanos) y
de la intervención de los Estados miembros, particulares, cuando se trata de reformar una Constitución federal para salvaguardia de su distinta soberanía.
2.- Procedimientos agravados seguidos por los órganos legislativos Éstos procedimientos suelen asumir formas variadas, entre las que pueden diferenciarse sustancialmente, por lo menos, las siguientes: La mayoría calificada (constituciones de Alemania 1919)
la doble aprobación, distanciada temporalmente (con frecuencia acogida en los Estados-miembros norteamericanos para las reformas parciales)
la aprobación repetida en la legislatura sucesiva y después de las elecciones que al respecto, significado de referéndum
adquieren,
La integración de un referéndum facultativo.
Rasgos comunes en los distintos procedimientos En principio, el procedimiento para reformar una Constitución debería ser similar al que se siguió para establecerla. Pero, existen diversos procedimientos en los distintos órganos jurídicos. Se pueden señalar los siguientes:
a. Iniciativa. Es la decisión de emprender la reforma o la declaración de ser ella necesaria. En el derecho comparado corresponde a las cámaras legislativas, o a las Cámaras y al Poder Ejecutivo cuando éste es colegislador. A veces le corresponde al pueblo. En cuanto a la iniciativa de esa decisión por lo general pertenece a las legislaturas estaduales en concurrencia, o no, con las cámaras. Y a veces se encuentra en las Constituciones y es cuando esta misma establece que en determinado lapso de tiempo se reunirá una Convención para su revisión.
b. Reforma. La etapa de reforma comprende la redacción, discusión, en su caso, y la aprobación provisional o definitiva de los nuevos textos. Corresponde la mayor parte de las veces a las cámaras legislativas, con o sin intervención del poder ejecutivo; con menos frecuencia a un órgano representativo especial (asamblea constituyente o Convención), y, es muy pocas ocasiones al pueblo. En el primer caso, las cámaras en cuestión suelen ser las elegidas después de la primera renovación normal o de la disolución ex profeso de las que tomaron la iniciativa. Cuando el procedimiento de reforma comprende una tercera etapa, la aprobación del nuevo texto en al segunda no es definitiva y éste revise el carácter de una proposición.
c. Ratificación. Generalmente, es atribuida al pueblo, que debe manifestarse por medio de referéndum. En los Estados federales corresponde a los Estados particulares, provinciales o cantones, a través de sus legislaturas, de convenciones o de referéndum.
La técnica de la reforma Constitucional y el referéndum constitucional (revisar la fotocopias de navarijo)
El Referéndum Constitucional: Es el sistema en el cual se aplican los principios de la democracia directa. Al pueblo se le somete el texto de una nueva Constitución para que él se pronuncie libremente, mediante sufragio universal, sobre su adopción. Ya no es una asamblea, sino el pueblo mismo quien establece directamente la Constitución. El sistema puede tener modalidades como son: Una Asamblea Constituyente elabora y aprueba un texto constitucional que luego debe ser sometido a la ratificación popular mediante referéndum. Se aplica en este caso el procedimiento de la democracia semi-directa;
El Gobierno elabora un texto que propone a la consideración del pueblo, mediante la vía ad referéndum, caso en el cual el pueblo ejerce directamente el poder constituyente. Este sistema fue utilizado en Francia en 1946 para la adopción de su constitución.
ALGUNOS PROBLEMAS ESPECIALES DE LA TÉCNICA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Reforma por medio de derogación en casos especiales Puede darse un caso particular de modificación de la Constitución, cuando se derogan sus normas sólo en un supuesto determinado, en tanto que en todos los demás posibles tales normas continúan vigentes, quedando incierto establecer si las posibles derogaciones sean, o no, sólo las previstas en el mismo texto constitucional. La derogación de la Constitución es un caso concreto, o en un breve período, dejando inmutable su validez, en general, se denomina "rotura o quebrantamiento de la Constitución".
2.
Reformas temporales mediante la suspensión de algunas normas
En el caso de la suspensión de las normas permanecen válidas, aunque se suspende, temporalmente, su eficacia. La suspensión de la Constitución está ligada a la exigencia de que el ordenamiento sea particularmente eficiente para enfrentarse con situaciones consideradas excepcionales. La suspensión abre el camino a la instauración de un ordenamiento de excepción respecto a la normalidad constitucional. Se definen, dentro estas suspensiones temporales, los estados de excepción. Un aspecto particularmente delicado relativo a la suspensión concierne a la determinación de la fuente normativa que puede permitirla, habilitando un órgano constitucional -por lo general al ejecutivo, pero también al legislativo- para suspender la Constitución y establecer un ordenamiento excepcional cuando se dan situaciones de pelig ro para el ordenamiento constitucional.
3.
Reformas informales, función de la jurisprudencia, de la costumbre y los usos
Otras reformas o mutaciones pueden operarse utilizando técnicas que no se encaminan formalmente a tal fin (la jurisprudencia), o bien se producen de modo tácito, a través de adecuaciones realizadas por vía de la costumbre y de los usos. a. Jurisprudencia. Particularmente importante es la influencia ejercida por los tribunales, cuyo fin principal es comprobar la conformidad de la legislación ordinaria con la Constitución e interpretarla. Para saber cual es el alcance efectivo de la Constitución, es imposible prescindir del conocimiento de las sentencias de los tribunales. La actividad de la interpretación que cumplen tales órganos ha llevado a continuas adecuaciones de la realidad contemporánea de los textos constitucionales. b. Las costumbres y los usos. Éstos asumen función capital en la vida de las constituciones. Las costumbres pueden ser interpretativas, innovadoras o abrogadoras. El límite entre costumbre innovadora es difícil de señalar, pues no se puede excluir que una costumbre innovadora comporte, al mismo tiempo, la abrogación de un instituto dado.
La función de la reforma constitucional consiste en adaptar la Constitución a la realidad, lo que puede impedir la ruptura del orden constitucional. La vida de los sistemas constitucionales oscila entre dos polos. Por un lado, la necesidad de una progresiva evolución de la Constitución. Por otro, la convivencia de una estabilidad constitucional que favorezca el conocimiento de la Constitución, así como el arraig o n la sociedad de lo que se ha denominada "sentimiento constitucional", pues el valor simbólico y socialmente integrador a la norma constitucional es innegable. La reforma constitucional no es la única vía de evolución constitucional, existe otro procedimiento el cual es la jurisprudencia constitucional. Esta labor la realiza en Guatemala la Corte de Constitucionalidad. Tal interpretación, por la vía de la actualización de los contenidos de los preceptos constitucionales, puede desempeñar también eficazmente la mencionada labor de adaptación de la Constitución a la sociedad que es siempre, por su propia naturaleza, cambiante.
La Constitución Política de la República de Guatemala regula en el Título VII, Capítulo Unico, lo referente a las Reformas a la Constitución" (artículos 277-281), estableciendo tres tipos de normas según la posibilidad de reforma, y dos procedimientos para realizar éstas, ambos de carácter rígido. La existencia de dos procedimientos de diverso grado de ri gidez evidencia que la Constitución ha optado por agravar el procedimiento de reforma para poder modificar determinados aspectos esenciales del sistema por la naturaleza de los derechos que los mismos
protegen. Así, pueden observarse que el procedimiento más complejo es señalado para la reforma de los derechos individuales.
LIMITES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Límites explícitos. Toda Constitución, rígida o flexible encuentra límites en cuanto a su modificación. Cuando éstos se indican formalmente en la Constitución, se le denominan límites explícitos y éstos son un mecanismo de defensa del ordenamiento preconstituido por fuerzas polí ticas que lo caracterizan. Dentro de esta clase de límites encontramos: a. Los límites sustanciales o materiales. Estos consisten que algunas cláusulas nunca se le podrán reformar. Esta inmutabilidad puede ser absoluta, como cuando se prohibe modificar la forma de gobierno o, relativa, cuando se prohibe en los Estados federales disminuir la representación de cualquier Estado, a menos que el afectado lo apruebe.
La lista de las instituciones típicas que han de salvaguardarse puede ser extremadamente extensa y minuciosa. En Guatemala lo contiene el artículo 281 de la Constitución y es lo referente a la forma republicana de Gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, el principio de alternatividad y no reelección.
b. Límites temporales. Teóricamente no es admisible la reforma cuando se dan circunstancias particulares, como no haber transcurrido cierto período de tiempo desde la adopción del texto constitucional o si se dan ciertas condiciones que pueden afectar a un debate sereno sobre las reformas. Otras veces está prohibida la reforma si no ha pasado cierto tiempo desde la revisión anterior.
La prohibición temporal puede ser expresa o implícita, según surja de los propios términos de la cláusula o de un dilatorio procedimiento de reforma, cuyas distintas etapas se han distanciado unas de otras, en años, bienios, y hasta trienios. A su vez, la prohibición expresa puede ser directa (como cuando la Constitución dispone que no podrá reformarse hasta pasado determinado número de años desde su vigencia o, indirecta, cuando se dispone que en cierto año se reunirá una Convención para revisarla; y pueden ser también ciertas o inciertas, según el plazo de prohibición esté determinado o dependa de ciertas circunstancias: invasión extranjera, estado de emergencia, etc.
2.
Límites implícitos.
Son implícitos en cuanto que ningún ordenamiento, si quiere subsistir, puede consentir que rebasen algunas instituciones que corresponden a la parte esencial de su Constitución.
Los límites conciernen a la intangibilidad de instituciones consideradas esenciales para la supervivencia de una Constitución (límites substanciales), como la inmodificabilidad en circunstancias particulares, o en conexión con el hecho de no haber transcurrido un período mínimo desde adopción de la Constitución o desde una reforma precedente (Límites temporales).
Varios autores, entre ellos Giuseppe de Vergottini, están de acuerdo con la existencia de límites implícitos absolutos. Así, el citado autor señala en su obra "Derecho Constitucional Comparado" que, entre ellos se pueden mencionar los principios políticos-jurídicos puestos en la base de la Constitución, interpretados, según los casos, restrictiva o extensivamente: la forma de gobierno los principios contenidos en las declaraciones de derechos, o el procedimiento de reforma constitucional. Puede afirmarse que estos preceptos, como se señaló anteriormente, sólo pude modificarlos el poder constituyente.
Biscaretti di Ruffia no está de acuerdo al afirmar que todo Estado puede modificar también substancialmente, el propio ordenamiento supremo, o sea, la propia Constitución, si bien moviéndose siempre en el ámbito del derecho vigente, incluso en la hipótesis extrema que sí se cambia su forma de Estado".
LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN GUATEMALA
La Constitución Política de la República de Guatemala regula en el Título VII, Capítulo Unico, lo referente a las Reformas a la Constitución" (artículos 277-281), estableciendo tres tipos de normas según la posibilidad de reforma, y dos procedimientos para realizar éstas, ambos de carácter rígido. La existencia de dos procedimientos de diverso grado de ri gidez evidencia que la Constitución ha optado por agravar el procedimiento de reforma para poder modificar determinados aspectos esenciales del sistema por la naturaleza de los derechos que los mismos protegen. Así, pueden observarse que el procedimiento más complejo es señalado para la reforma de los derechos individuales, es decir los que tienden a proteger l a existencia, libertad, igualdad, seguridad, dignidad e integridad del individuo.
Procedimientos de reforma a. Reformas por la Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar el artículo 278 o cualquier artículo de los contenidos en el Capítulo I del Título II de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de ciento veinte días, procediéndose en lo demás conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
A este respecto, cabe comentar la rigidez del procedimiento de reforma utilizado para modificar los Derechos Individuales, artículos 3 al 46 de la C onstitución, ya que no se trata de una mayoría calificada del legislativo o de un referéndum para la aprobación de las reformas. Se requiere que el Congreso, con el voto afirmativo de dos terceras partes del total de sus miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, señalándose el o los artículos a reformar. Esto se debe a la naturaleza de los derechos, que en esos preceptos se encuentran reconocidos, ya que en los artículos a que se refiere, se hallan contenidos un conjunto de libertades, derechos y principios básicos individuales que, durante muchos años, ha representado una larga lucha por lograr su reconocimiento constitucional. Por ello, si una vez logrado no se protegieron a través de una rigidez constitucional para su reforma, resultarían ineficaces por su facilidad de modificación y hasta extinción. Los constituyentes previeron la forma de salvaguardar estos derechos inherentes, a todo ser humano, de la mejor forma posible y para ello establecieron un procedimiento formalista, complejo y rígido para su reforma, lo que puede considerarse adecuado debido a que muchas veces Guatemala se ha visto gobernada por dictadores que desean limitar los derechos de los individuos y, si la Constitución no se encuentra protegida por sus propios mecanismos de seguridad, podrían estos derechos en esos momentos verse gravemente afectados. También podría suceder que un Congreso, por algún tipo de interés, quisiera disminuir estos derechos, los que podría hacer si los mismos no estuvieran claramente protegidos. Además, no se llega a un grado de rigorismo extremo como sería si se calificara de pétreas a esas normas, prohibiendo su reforma y destinándolas a permanecer estáticas ante toda situación. La Constitución también es taxativa al establecer que en la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente deberá señalarse el o los artículos a reformar, no dando margen a que se modifiquen otros que no sean los mencionados, lo que reafirma la rigidez del procedimiento. En síntesis se puede concluir que los derechos humanos se encuentran altamente protegidos en la Constitución Política de Guatemala.
b. Reformas por el Congreso y Consulta Popular. Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirm ativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas
mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta.
En este caso, puede observarse también un procedimiento rígido para la m odificación del resto de artículos de la Constitución susceptibles a modificación, los que si desean reformarse deberá aprobarse primero la reforma por el Congreso de la República con una mayoría de dos terceras partes del total de sus miembros y, posteriormente, utilizarse el procedimiento de Consulta Popular establecido en el artículo 173.
Este procedimiento implica dos fases esenciales como lo son la aprobación en el Congreso y la ratificación por le pueblo. Si bien los diputados que integran el Congreso de la República pueden discutir las normas a reformar una a una, estando aprobadas estas reformas, el pueblo se deberá concretar a decir si o no a la reforma, lo que de alguna manera limita la libertad de manifestarse puesto que algunos pueden estar conformes con algunas reformas y con otras no. Así, en el caso de que se reformen artículos relativos por ejemplo, el Régimen Económico Social, al Organismo Legislativo, al Ejército, al Ministerio Público y al Procurador General de la Nación, puede estarse de acuerdo con las reformas del Organismo legislativo, pero no con las planteadas para el Ministerio Público, por considera que esta institución se encuentra correctamente regulada.
LA REFORMA DE DOBLE GRADO (FALTA) Tema 12 12. DERECHOS HUMANOS CONCEPTO. Existen diversos conceptos de los derechos humanos, dependiendo cada uno de la escuela filosófica o percepción de la vida que se tenga. El concepto actualmente más aceptado es un punto medio entre el iusnaturalimo y el positivismo: Existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados (Daniel Zovatto, 1er. Seminario Interamericano Educación y Derechos Humanos, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos 1985). Según las escuelas iusnaturalistas, los derechos humanos existen independientemente de que sean reconocidos o no por la sociedad civil o el Derecho positivo. Según la perspectiva positivista, solamente son derechos humanos los que son protegidos por el Derecho positivo, por l o que
pueden ser jurídicamente exigibles. Decimos que el concepto más aceptado actualmente es un punto medio entre ambas posiciones porque parte de que a pesar de que los derechos humanos son inherentes a toda persona y por lo tanto no dependen de la voluntad política, para que efectivamente puedan ser protegidos deben existir los medios jurídicos necesarios. Mientras una sociedad política no reconoce unos determinados derechos recibiéndolos en su derecho positivo o interno o adhiriéndose a una convención internacional que los proteja, no se puede hablar de estos en un sentido estrictamente jurídico, ni se puede alegar ante los tribunales competentes en caso de infracción. (Gregorio Peces-Barba).
Entonces, los derechos humanos son cualidades inherentes del ser humano, pero su carácter jurídico está en su reconocimiento por parte del derecho positivo. Según el Lic. Arnoldo Brenes Castro y para evitar confusiones, se debe diferenciar entre el derecho humano como principio o ideal y el derecho humano como realidad legal. A nivel de principio o de ideal, no hay duda que el ser humano, por su sola condición de tal, tiene una serie de derechos, los cuales se fundamentan en los derechos morales y que se pueden considerar como parte del Derecho Natural. Sin embargo, es indiscutible el hecho de que un derecho humano solamente podrá ser efectivamente protegido si existen los mecanismos jurídicos necesarios que aseguren el requisito de la exigibilidad, que es precisamente la diferencia entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo. En consecuencia, los Derechos humanos como realidad legal solamente serán los que cuentan con los mecanismos jurídicos para exigir los deberes jurídicos de respeto correspondientes. Debido a lo anterior y de acuerdo a la más pura teoría jurídica, debemos concluir que solamente serán derechos humanos en el pleno sentido de la palabra aquellos que tengan el carácter de derechos subjetivos, ya que solamente estos tienen el carácter de la exigibilidad. Todos los demás serán derechos humanos pero entendidos como realidades sociales o ideales políticos, no como realidades legales.
Los derechos humanos, anclados en la realidad social y dependientes de ella, son instrumentos de realización de valores e ideales sociales a los cuales se orientan esencialmente, pero, o consisten en si, también esencialmente, en realidades e instrumentos jurídicos, es decir, en instituciones dotadas de la existencia, validez y eficacia del Derecho, o no son tales derechos humanos. De este modo, cuando hablamos de derechos humanos no nos estamos refiriendo a simples derivaciones de la realidad o conexiones de la vida social, ni tampoco a meras aspiraciones, banderas, reclamos, programas o valores políticos, ni a unos puros ideales filosóficos o derechos naturales con base en los cuales valorar o criticar la realidad política, jurídica, económica o social, sino a auténticos derechos, por lo tanto existentes y válidos, o como si lo fuera, exigibles en la forma y por los medios que el Derecho pone en manos de sus titulares, los seres humanos. Sin embargo los derechos humanos como realidad legal se han orig inado en los derechos humanos como realidad social o como ideal, por lo que existe la esperanza de que aquellos derechos
humanos que todavía no cuenta con la protección jurídica, con el tiempo llegarán a ser derechos humanos como realidades jurídicas. jurídicas. Pero si nos queremos apegar a la teoría jurídica, debemos considerar como derechos humanos sólo aquellos que son derechos subjetivos o que tienen la vocación para llegar a serlo. Según este concepto, concepto, para Rodolfo Piza los Derechos humanos tienen las siguientes características: Son derechos subjetivos, y como tales, jurídicamente exigibles, y sólo en tanto que jurídicamente exigibles adquieren su plena significación. Al ser humanos y fundamentales, son derechos subjetivos de una naturaleza especial.
Por lo tanto y siguiendo a Karel Vask, para que los derechos humanos se conviertan en realidad legal, debe contarse con tres requisitos: Debe existir una sociedad sociedad garantizada en forma de Estado Estado de Derecho. Esto implica, en primer lugar, la capacidad de autodeterminación del pueblo para establecer sus propias leyes o instituciones políticas; en segundo, el imperio de la ley, es decir, que tanto los individuos como las autoridades de ese Estado estén sometidos a unas normas norm as impersonales y generales previamente establecidas, o sea, la ley.
Dentro del Estado, los derechos humanos deben de tener asignado un lugar dentro del orden social en que deben ser ejercitados. ejercitados. En otras palabras, debe crearse un sistema legal que los proteja.
Por último, debe proporcionarse a quienes están en posición de ejercer los derechos humanos las garantías legales específicas y los recursos necesarios para asegurarse de que tales derechos son respetados. Estas garantías pueden ser ser organizadas por los propios Estados, o bien, debe existir la posibilidad de que la persona recurra a la esfera internacional a invocar su protección frente a los abusos del Estado.
El carácter positivo de los Derechos Humanos los sujeta a la evolución histórica de la humanidad, motivo por el cual éstos también han ido cambiando con el tiempo. Al igual que todo derecho, los derechos humanos han nacido en momentos en que los valores que están destinados a tutelar se ven amenazados. Por esto, encontramos diferencias en toda toda la gama de derechos humanos que existen en la actualidad. La clasificación más difundida es la que los ubica en tres generaciones.
HISTORIA. Hace dos mil quinientos años, los griegos gozaban de ciertos derechos protegidos por el Estado, mientras que los esclavos, por no ser considerados ciudadanos no tenían esos derechos. Los romanos conquistaron a los griegos y heredaron su civilización por lo que tenían ciudadanos que gozaban de derechos y esclavos que no. El cristianismo significó un gran paso en la protección a los derechos humanos. Con su advenimiento se originó el derecho de asilo, pues pues los templos eran sagrados y cualquiera podía asilarse en ellos. También se originó el derecho de igualdad, ya que el cristianismo decía que todos eran iguales ante Dios e iguales entre sí. Mucho tiempo después, en el año mil doscientos quince aparece en Inglaterra la Carta Magna en la cual el rey concedía normas jurídicas a favor de la nobleza que luego se fueron extendiendo también al pueblo. El avance de la Carta Magna consiste en que el rey también está obligado oblig ado a acatarla. En sus artículos se prohibe prohibe la detención ilegal, el robo, robo, la tortura y malos tratos, se garantiza la propiedad privada, la libre l ibre circulación, la igualdad jurídica ante la ley. Existen en esta dos principios fundamentales: el respeto a los derechos de la persona y la sumisión del poder público a un conjunto de normas jurídicas. En el año 1628 Carlos Primero ratificó la Carta Magna a través de la Petitión of Rights. En 1689 se promulgó una ampliación de la Carta Magna a través de un documento llamado Bill of Rights. En el año 1776 en Estados Unidos fue aprobada la Declaración de Virginia Virg inia o la Declaración de los Derechos formulada por los representantes del pueblo de Virginia, y a la vez fue la declaración de independencia. independencia. En el artículo primero de la declaración de Virginia, se establece la igualdad, ig ualdad, el derecho a la vida, derecho a la libertad, a la propiedad privada priv ada y a la felicidad. El artículo 2 constituye la primera manifestación de soberanía popular. En sus demás artículos cita algunos otros derechos como: La resistencia, libertad de prensa, libre ejercicio de la religión, etc.. Francia. En el año de 1789 fue aprobada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional Francesa. En su artículo 1, dice que los hombres desde que nacen son y permanecen libres e iguales en derechos. derechos. El artículo 2 contiene el derecho a la libertad, la propiedad, seguridad, resistencia y otros más. El 5 de febrero de 1917 la Constitución Mexica incorporó los derechos sociales, pues anteriormente solo se protegían los individuales. El 12 de enero de 1918 191 8 el tercer congreso de los l os Soviets de Diputados obreros y soldados de Rusia R usia aprobó la Declaración de los derechos del pueblo trabajador explotado. Posteriormente en 1919 aparece la Constitución alemana de Weimar, en la cual se contempla por primera vez la igualdad entre hombres y mujeres tanto en derecho como en obligaciones.
En 1948 se convocó a un congreso de Europa que fue celebrada en la Haya en la cual se manifestaba el deseo de crear una carta de derechos humanos y un tribunal de justicia para velar por la observancia de dicha carta. El 5 de mayo de 1949 1 949 nació el consejo de Europa con las Naciones del Tratado de Bruselas (Dinamarca, Noruega, Suecia, Irlanda e Italia). El 19 de agosto de 1949 la Asamblea discutió sobre las medidas que debían tomarse para proteger los derechos humanos y elaboró una lista de los derechos que serían protegidos. Se crea una comisión europea de derechos humanos y una corte europea de justicia. Las declaraciones de los derechos que el Estado reconoce en favor de las personas constituyen la esencia de la dogmática constitucional y supone dos afirmaciones que están vinculadas históricamente a los movimientos revolucionarios de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, de los siglos XVII y XVIII: 1) la de que el individuo es dueño de una esfera de libertad personal en la que el poder estatal no debe intervenir; 2) la de que toda actividad del Estado debe estar sometida a normas jurídicas precisas, de suerte que el ejercicio esté debidamente limitado y garantice la vigencia de los derechos humanos.
Las declaraciones de derechos giran en torno de esta a firmación de libertad individual y de la consideración del Estado como instrumento para hacer efectiva esa libertad. Históricamente, las primeras declaraciones de derechos con verdadero sentido democrático -que estuvieron dirigidas a la generalidad de la población y no a determinados estamentos privilegiados- fueron: el Bill of Rights inglés del 13 de febrero de 1689, la Declaración de independencia de las trece colonias norteamericanas del 4 de julio de 1776, y la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano, proclamada en Francia el 26 de agosto de 1789. Éstas constituyen el antecedente histórico de las modernas declaraciones de los derechos de la persona humana. Desde el momento de que la Declaración Francesa fue incorporada a la pri mera Constitución revolucionaria revolucionaria de 1791 nació la nueva estructura constitucional formada por una parte orgánica y otra dogmática. Las primeras tablas de derechos se basan en la doctrina de los derechos naturales. Según esta doctrina el hombre tiene por su sola calidad humana y antes de toda sociedad, unos derechos
naturales independientes del fenómeno social y anteriores a él. Y así lo declaran las tres declaraciones citadas anteriormente. El hombre es el que concibe la idea de derechos al sentirse amenazado por los demás. Los derechos surgieron como reacción lógica y natural ante el decisionismo absoluto del régimen, que negaba todo valor al individuo. Así nacen los derechos naturales del individuo.
América también ha tenido su evolución dentro de la protección a los derechos humanos. En 1917, Alejandro Alvarez presentó al Instituto Americano de Derecho Internacional un proyecto sobre los derechos internacionales del individuo y las organizaciones internacionales, aquí se contenían cláusulas de las diferentes constituciones de los Estados latinoamericanos, dicho proyecto se presentó en la V Conferencia Interamericana en Santiago de Chile en 1923.
En 1938 en la VIII Conferencia Interamericana adoptó la Declaración de los derechos de la mujer.
En 1945 en la Conferencia interamericana sobre los problemas de la paz y la guerra, desarrollada en México, se encargo al comité jurídico interamericano la preparación de un proyecto sobre los derechos y obligaciones del hombre.
En 1948 la IX Conferencia Interamericana de Bogotá tuvo cuatro puntos esenciales: 1) la adopción y firma de una nueva carta; 2) la adopción del nombre de Organización de Estados Americanos OEA; 3) la adopción de la declaración americana de los derechos y obligaciones del hombre; 4) la designación del comité jurídico interamericano para que preparara un proyecto para un tribunal interamericano que protegiera los derechos humanos.
En 1959 durante la V conferencia de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de Santiago de Chile obtuvieron grandes resultados en cuanto a la preparación de un proyecto de convenio americano de derechos humanos y la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no fue sino hasta el 22 de noviembre de 1969 cuando pudo ser firmada por los países signatarios
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ÉPOCA EN QUE SE RECONOCIERON
PRIMERA GENERACIÓN : Derechos Civiles y Políticos Los primeros derechos humanos en ser reconocidos históricamente son los llamados derechos civiles y políticos, cuyo reconocimiento se produce como consecuencia de los abusos de las monarquías y gobiernos absolutistas del siglo XVIII y que coincide con los movimientos democráticos y revolucionarios de fines de este siglo. Por esto, como lo señala Celestino del Arenal, del desarrollo de los derechos humanos se produce paralelamente al afianzamiento del Estado Soberano, como forma de organización política, planteando directamente la cuestión de la limitación del poder del Estado, por lo que el primer derecho en ser reconocido es el de la libertad religiosa y de conciencia, el cual se sitúa en la época de la Reforma y de la Contrarreforma.
Entre los antecedentes principales de los derechos civiles y políticos se debe mencionar el Bill of Rights norteamericano del Estado de Virginia del 12 de julio de 1774, la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, producto ésta última de los ideales de la Revolución francesa. En la actualidad, el documento que por excelencia establece la protección de los derechos civiles y políticos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las garantías establecidas en ese Pacto fueron diseñadas básicamente para proteger a los individuos contra las acciones arbitrarias de los gobiernos y para asegurarle a las personas la oportunidad de participar en el gobierno y en otras actividades comunes.
El Pacto reconoce varios grupos de derechos. Comienza con el derecho a la vida artículo 6; a la integridad física artículo 7; a la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso artículo 8; a la libertad y a la seguridad personales, que incluyen la prohibición de la detención o prisión arbitrarias, así como el derecho a las garantías de un juicio justo y sin demora artículos 9 y 10; y la prohibición de la pena de cárcel por incumplimiento de obligaciones contractuales. De manera similar, establece igualdad ante la ley y en cuanto al derecho al acceso a las garantías judiciales artículos 14, 15, 16 y 25; y prohibición de ataques e injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, en la familia, el domicilio o correspondencia y de ataques ilegales a la honra y a la reputación, así como el derecho a la protección de la ley frente a esas injerencias o ataques artículo 17. Establece, asimismo, la libertad para circular libremente dentro de un país, a escoger libremente el lugar de residencia, a entrar y salir sin obstáculos, salvo que sean necesarias restricciones por motivos de orden público o seguridad Artículo 12; libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo ésta última la libertad de manifestar las creencias de manera individual y colectiva, en público y en privado, mediante el culto, las prácticas y la enseñanza, con las limitaciones que el orden público, la moral y los derechos de los demás exijan artículo 18; libertad de opinión y de expresión artículo 19; de reunión pacífica artículo 22. También establece el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultura, a profesar y
practicar su propia religión y a emplear su propio idioma artículo 26. Reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y por lo tanto su derecho a la protección de la sociedad y del Estado, así como el derecho del hombre y de la mujer de contraer matrimonio y fundar una familia si tienen edad para eso artículo 23; Seguidamente reconoce el derecho de todo niño, sin distinción, a las medidas de protección necesarias, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, su derecho a ser inscrito después de su nacimiento y a una nacionalidad artículo 25.
El artículo 25 establece los derechos del ciudadano a: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representes elegidos; b) Votar y ser eleg idos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
CARACTERÍSTICAS: Como se ve de la enumeración de estos derechos, la mayoría de ellos protegen básicamente la libertad y seguridad de las personas. Por esto, a grandes rasgos, la doctrina señala las siguientes características de los derechos civiles y políticos: En general imponen un deben de abstención a los Estados, es decir, un papel pasivo, ya que se parte de que el Estado solamente debe reconocer estos derechos y no violarlos. Esta regla no es absoluta, ya que existen determinados derechos civiles y políticos, que para su efectivo goce y ejercicio, requieren la defensa estatal un hacer, el cual lejos de estar dirigido a interferir en la esfera individual de la persona, limitando o restringiendo esos derechos, tenga como fin crear las condiciones que hagan materialmente posible el goce y ejercicio de los mismos. Así, en el caso de los derechos políticos de elegir y se electo, no basta la simple abstención de la esfera estatal; se requiere, además la existencia de una infraestructura institucional que permita ejercer esos derechos, por ejemplo, un sistema depurado de elecciones al alcance de todos los ciudadanos, una autoridad electoral imparcial, un padrón de electores, etc.
Los titulares son los individuos; en el caso de los civiles es el ser humano y, en los políticos, el ciudadano en ejercicio.
Por su naturaleza son reclamables en general, en todo momento y lugar, porque siendo esencialmente una abstención estatal, no ocasionan una carga que varíe de un Estado a otro. Por este motivo, los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos son de implementación inmediata, como establece el artículo 2 de ese documento.
El pacto también establece medidas específicas de implementación a nivel internacional. El artículo 40 establece el compromiso de los Estados Partes de presentar informes sobre las disposiciones que se han adoptado y sobre el progreso en cuanto al goce de los derechos. Los artículo 28 y siguientes establecen la creación de un Comité de Derechos Humanos, el cual tendrá competencia para recibir denuncias de Estados sobre el incumplimiento por parte de otros Estados. Todo esto hace que los derechos civiles y políticos en la práctica cuenten con la protección del ordenamiento jurídico; en consecuencia, la mayoría de estos derechos humanos son derechos subjetivos.
SEGUNDA GENERACIÓN: Económicos, sociales y culturales. Estos derechos se llaman de segunda generación porque aparecieron en la esfera internacional después de los civiles y políticos. Históricamente se considera que surgen en el siglo XIX, como consecuencia del protagonismo del proletariado, a raíz de la industrialización creciente de las sociedades occidentales. Por este motivo, se dice que estos derechos tratan de integrar la libertad con la igualdad desde una perspectiva social democrática. En este proceso se destaca la acción de la Internacional Socialista, los Congresos Sindicales y el papel de la Iglesia Católica, a través de su Doctrina Social, en especial, a partir de la Encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII. Como lo señala Piza Escalante, estos derechos vienen a implicar una deber positivo generalizado de justicia social, transformando la democracia formal en democracia material y el Estado de derecho en Estado social de derecho.
El documento que por excelencia consagra a nivel internacional estos derechos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el cual vino a detallar, en forma de compromiso, los derechos humanos de esa índole consagrados en la Declaración Universal. El primer derecho enunciado es el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, artículo 6.1. Se ha considera que la implementación efectiva de este derecho en principio eliminaría el desempleo y en consecuencia, la pobreza y sus males concomitentes. Esto a la vez crearía una atmósfera en la cual se podrían disfrutar otros derechos, sobre todo los civiles y políticos, a la vez que la persona al trabajar se realizaría como ser humano productivo para la sociedad. Otros derechos relacionados con el trabajo son el derecho de goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren una remuneración adecuada, seguridad e higiene, descanso adecuado, derecho a formar sindicatos, etc. (artículos 7 y 8 del pacto). Luego se enuncia el derecho de la familia a su protección y asistencia, para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo. Se debe conceder especial protección a las madres antes y después del parto y prestaciones adecuadas de seguro social (artículo 10 del pacto)
El inciso 1º. Del artículo 11 del pacto sintetiza el ideal del bienestar material al reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora contínua de las condiciones de existencia. El inciso 2º. De este artículo reconoce expresamente el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Seguidamente, el artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del m ás alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trab ajo y del medio ambiente; La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servi cios médicos en caso de enfermedad. El artículo 12 reconoce el derecho a la educación, la cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita; la secundaria y superior deben ser generalizadas y hacerse accesibles a todos por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Por último, el artículo 15 del pacto reconoce el derecho de toda persona a: Participar en la vida cultural Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora
CARACTERÍSTICAS DE ESTOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: En general suponen un papel activo de los Estados, ya que éstos deben proveer los medios para que las personas puedan disfrutar de estos derechos. Al igual que con los Civiles y Políticos, existen excepciones a esta regla, como es el caso de la libertad de huelga, que en realidad involucra una abstención del Estado, y no una actuación positiva.
En cuanto al destinatario, el titular es tanto el individuo como algunas colectividades. Al hablar de colectividades como destinatarias de estos derechos se debe entender la suma de todos los componentes sociales.
Su efectiva implementación depende de los recursos económicos de cada Estado, por lo que no son reclamables inmediatamente, y su carácter será más bien programático. Esta regla tampoco es absoluta, porque existen algunos derechos de esta categoría como el derecho a la huelga y a la libre sindicalización, cuyo ejercicio depende no del Estado sino de las personas, y la garantía se puede lograr a través de la acción policial del Estado y los recursos jurisdiccionales tradicionales. Debido a la desigualdad económica de los Estados, no se les puede exigir a todos de igual manera la puesta en práctica inmediata de estos derechos. Por esto, el pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estable en el artículo 21: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Es claro que muchos de estos derechos, al no poder ser exigidos en la práctica, no son derechos subjetivos y por lo tanto, no son derechos humanos como realidad legal. Según este criterio, sólo los derechos de segunda generación cuyo ejercicio dependa del propio titular, como es el caso de los derechos de huelga y libre sindicación y para cuya garantía son suficientes la acción policial del Estado y los recursos jurisdiccionales tradicionales, serán verdaderos derechos humanos.
TERCERA GENERACIÓN Los derechos de la tercera generación son los derechos de los pueblos los cuales estaban incluidos dentro de los derechos sociales pero se separaron de los sociales. Estos derechos no son individuales sino colectivos y todavía se estan formando o gestando. También entre los derechos de la tercera generación se incluyen los derechos al desarrollo y el derecho al medio ambiente.
Germán Bidart dice que "la primera generación de derechos fue la de los clásicos derechos civiles que, expresan a la libertad negativa o libertad "de". La segunda es, en nuestro siglo, la de los derechos convencionalmente adoptados sociales y económicos, que no dejan de ser del hombre, aunque en su titularidad y en su ejercicio se mezclen entidades colectivas o asociaciones. Esta segunda generación de derechos es más difícil que los civiles para adquirir vigencia sociológica,
porque normalmente requieren prestaciones positivas por parte de los sujetos pasivos , se i nspira en el concepto de libertad positiva o libertad "para", conjuga l a igualdad con la libertad, busca satisfacer necesidades humanas cuyo logro no está siempre al alcance de los r ecursos individuales de todos, pretende políticas de bienestar, asigna funcionalidad social a los derechos, acentúa a veces sus limitaciones, deja de lado la originaria versión individualista del liberalismo, propone el desarrollo, toma como horizonte al Estado social de derecho. La tercera generación de derechos, sin extraviar la noción de subjetividad de los derechos del hombre, la rodea más intensamente de un conjunto de supraindividual o colectivo, porque lo que en ese conjunto de derechos se formula como tales muestra el carácter compartido y concurrente de una pluralidad de sujetos en cada derecho de que se trata. Uno de los derechos de la tercera generación es el derecho a la preservación del medio ambiente y todos tenemos ese derecho subjetivamente, pero como el bien a proteger es común, forma una titularidad que, aun cuando sigue siendo subjetiva de cada sujeto es a la vez compartida por esa pluralidad en la sumatoria de un interés común".
SEGÚN SU CONTENIDO. Según su contenido los derechos humanos pueden dividirse en tres categorías: - Individuales - Sociales, culturales, económicos - Políticos Pero actualmente se podría agregar otra categoría que es nueva, la cual es: -los derechos de los pueblos que son de naturaleza colectiva.
Según Jorge Mario García Laguardia y Edmundo Vásquez Martínez existen solamente tres categorías de derechos humanos. Y estas son:
La primera es la integrada por los derechos autónomos o de libertad o derechos individuales, hoy en día conocido como los derechos civiles. Estos derechos son los que reconocen determinados ámbitos de acción a la autonomía de los particulares, garantizándole la iniciativa e independencia frente a los demás miembros de la comunidad y frente al Estado, en aquellas áreas concretas en que se despliega la actividad y capacidad de las personas, incluyendo una pretensión de excluir a todos los demás sujetos del ámbito de acción que se pone a disposición de sus titulares.
La segunda categoría esta compuesta por los derechos políticos o de participación política y estos son los derechos a través de los cuales se reconoce y garantiza la facultad que corresponde a los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, de tomar parte en la organización, actuación y desarrollo de la potestad gubernativa.
La tercera categoría es la conformada por los derechos sociales que más específicamente conocidos como económicos, sociales y culturales estos derechos constituyen pretensiones que los ciudadanos, individual o colectivamente, pueden esgrimir frente a la actividad social y jurídica del Estado, es decir, que implican el poder exigir al Estado determinadas prestaciones positivas.
DECLARACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Tal como había sucedido en las asambleas de las antiguas colonias inglesas de Norteamérica, uno de los primeros propósitos de la Asamblea Nacional Constituyente instalada el 17 de junio de 1789 en el campo de pelota de Versalles, fue el de proclamar una "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano''. Con tal finalidad se integraron varias comisiones redacto-ras que trabajaron intensamente durante las siguientes semanas. Varios anteproyectos fueron presentados a la consideración de la Asamblea y discutidos acaloradamente por ella. Después de prolongados debates, la Asamblea decidió acoger el proyecto elaborado principalmente por el abate sieyés y por lafayette, el cual fue formalmente publicado, con algunas enmiendas, el 26 de agosto. Esta Declaración, dice el profesor gaudechot, "no es, como algunos han dicho, una copia servil de las declaraciones americanas, particularmente de la vida de Virginia de 1777. Ciertamente, agrega, las declaraciones de derechos de los diversos Estados americanos tuvieron una enorme influencia sobre los redactores de la declaración francesa, y particularmente, sobre lafayette. Pero hay una gran diferencia entre los textos americanos y el texto francés. Los primeros, totalmente impregnados de pragmatismo, fueron concebidos para ser invocados ante los tribunales por los ciudadanos lesionados. Ellos proclaman los derechos del ciudadano de Virginia o de Massachusetts. La declaración francesa, al contrario, quiso ser universal". En efecto, esa es la gran diferencia entre la Declaración de 1789 y las que le precedieron en Norteamérica o en Inglaterra. Y ahí radica, a la vez, su enorme importancia para el mundo: fue la primera declaración universal de derechos, hecha para todos los hombres y los ciudadanos, y no solamente para los súbditos de un Estado en particular.
Contenido de la Declaración:
La Declaración francesa comienza invocando al "Ser Supremo", fórmula de transacción entre quienes pedían citar el nombre de Dios, en una Nación de fuerte mayoría católica y de acendrado sentimiento religioso, y quienes deseaban ignorarlo. Su art. 1° comienza por afirmar: " Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos"; con ello se consagra como el primero de los derechos del hombre al de la libertad, y se consagra así mismo el derecho a la igualdad; la libertad es el tema fundamental en toda la Declaración. En el art. 2°, se la señala de nuevo en primer lugar:
"El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e im prescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión". A renglón seguido, el art. 3° consagra el principio de la soberanía nacional: "El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane de ella expresamente". El art. 4° vuelve sobre el tema definiéndola y señalando sus límites: 'La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos, y estos límites no pueden ser determinados sino por la ley". Los artículos siguientes se ocupan de determinar la posición del individuo frente a la ley, a través de varios principios:' 'La ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad..;."' (art. 5°); "La ley es la. expresión de la voluntad general... Debe ser la misma para. todos, tanto cuando protege como cuando castiga...(art. 6°); Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni preso, sino en los casos determinados por la ley y según ¡as formas que ella prescriba..." (art. 7°); "La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley formulada y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada" (art. 8°). El art. 9° consagra la presunción de inocencia " a rodo hombre mientras no sea declarado culpable". El art. 10 consagra la libertad de conciencia: "Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aun religiosas, mientras su manifestación no perturbe el order. público establecido por la ley". El art. 11 consagra las libertades intelectua' les: "La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar escribir, imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad, en los casos determinados por la ley". Los arts. 12, 13 y 14 si refieren a la necesidad de que haya una "fuerza pública" que garantid los derechos del hombre y del ciudadano y de que exista una "contribución común", que debe repartirse igualmente entre los ciudadanos, "en razón de sus bienes", para su sostenimiento, así como al derecho de estos d vigilar su empleo, etc. El art. 15 establece que "La sociedad tiene el derecho de exigir cuentas de su gestión a todo agente público". El art. 16 es 1 consagración formal del constitucionalismo moderno: "Toda sociedad e. la cual no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada 1 separación de los poderes, carece de Constitución". El art. 17, en fin, consagra el derecho de propiedad de manera casi absoluta: Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ell a sino e caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa un justa indemnización".
Incidencia de la Declaración Francesa: Pese a que en los años siguientes a la Revolución fueron aprobadas otras tres declaraciones de derechos en 1791 y en 1793, ya que aparte de 1798 la fórmula original fue abandonada por las constituciones francés; del siglo xix, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 sigue gravitando sobre todas las mentes libres no solo de Francia y Europa, sino de América. Recordemos que fue un colombiano, don antonio riño, quien tradujo por prim era vez a la lengua castellana, en 1794, el texto de la Declaración francesa, lo cual le valió persecución y cárcel por pe te de las autoridades españolas del Virreinato de la Nueva Granada y, la postre, le mereció el justo título de "Precursor de la Independencia".
Esta Declaración, más que la propia Revolución Francesa, lo que contribuyó a pro pagar y afianzar en el mundo el ideal del liberalismo, entendido el término en su acepción amplia y universal, como la toma de conciencia por parte del individuo de sus derechos frente al Estado y. sobre todo, de su derecho a la libertad. Por ello no cabe duda de que la Declaración francesa de 1789 constituye la más trascendental declaración de derecho y libertades públicas de cuantas se hayan proclamado en la historia, y de que a ella habrá de remitirse forzosamente cualquier catálogo de libertades fundamentales, como fuente de inspiración. Es cierto sí que su contenido respondía a la concepción liberal de la época; de ahí que consagre, por ejemplo, con un carácter casi absoluto, el derecho de propiedad como "inviolable y sagrado", y que, en cambio, no haya incluido otros derechos que para el hombre moderno son fundamentales, y que tras una larga evolución habrían de ser reconocidos, comenzando por el primero de todos: el derecho a la vida.
Evolución de los Derechos del hombre en la era Moderna El profesor Rivero distingue tres etapas sucesivas en la evolución de los derechos del hombre, a partir de la Declaración francesa de 1789. La primera se prolonga hasta 1914; durante este período, anota él, se consolidan las concepciones liberales surgidas de aquella Declaración, no solo en Francia sino en muchos países de Europa y América. La segunda etapa comprende desde el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia y final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1946; en ella ciertos Estados se esfuerzan por conciliar la tradición liberal con los ideales socialistas. Cabe recordar que para los socialistas marxistas las libertades consagradas por el Estado burgués capitalista no son sino "libertades formales y que para ellos la verdadera liberación del hombre resulta de su emancipación económica, la cual se logra a través de la socialización de los medios de producción y de la tierra'0. La tercera etapa, en fin, es la etapa contemporánea que arranca de 1946 y se caracteriza por una proliferación de documentos, tanto nacionales como internacionales, que intentan sintentizar los ideales liberales y los socialistas en lo que concierne a
los derechos del hombre. Entre estos documentos se destaca por su importancia y su vigencia mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos Esta Declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Se buscó con ella asegurar una protección más efectiva de los derechos del hombre a nivel mundial, pese a que la Declaración en si misma no tiene fuerza coercitiva ni compromete jurídicamente a los Estados signatarios. Pero indiscutiblemente estos adquieren, por el hecho de su adhesión a ella, un serio compromiso moral de respetar sus principios ante la comunidad internacional.
La Declaración consta de un Preámbulo, y de treinta artículos. En el Preámbulo se consigna el propósito de los pueblos de las Naciones Unidas", entre otras cosas, de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas", y se afirma que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
El art. 1° define sumariamente la base ideológica de la Declaración:
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos ...".
El art. 2° define su campo de aplicación: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración", sin distingos de ninguna especie. Enseguida, del art. 3° al 14 se proclaman los derechos inherentes a la persona: Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad (art. 3°), prohibición absoluta de la esclavitud en todas sus formas (art. 4°). prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5°), derecho a tener personalidad jurídica (art. 6°). igualdad ante la ley (art. 7°), protección ante los tribunales por la violación de los derechos (art. 8°), prohibición de la detención arbitraria y del destierro (art. 9°), derecho a la defensa frente a la justicia (art. 10), derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario e irretroactividad de la ley penal (art. 11), derecho a la protección de la honra y a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia (art. 12), derecho a la libre circulación y residencia y a salir de 'cualquier país y a regresar al suyo (art. 13). y derecho al asilo por motivos políticos (art. 14). Los arts. 15 a 17 proclaman el estatuto privado de las personas:
derecho a tener una nacionalidad, a contraer matrimonio y formar familia, a la propiedad individual y colectiva.
Los arts. 18 al 21 proclaman las libertades públicas y políticas: libertad de conciencia, de opinión, de expresión de la opinión y de información, libertad de reunión y de asociación, derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, principalmente a través de los sistemas electorales libres, y según los principios fundamentales de la democracia, igualdad de acceso a las funciones públicas. Los derechos económicos y sociales son enunciados, de manera detallada, en los arts. 22 a 27, comenzando con el derecho a la seguridad social y siguiendo con el derecho al trabajo, a la remuneración equitativa, a formar sindicatos, al descanso y a las vacaciones remuneradas, a la salud y el bienestar, a la asistencia a la maternidad y la infancia, a la educación, a la enseñanza y a la cultura. El art. 28 afirma el derecho de todos a que "se establezcan un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados'' en la Declaración, se hagan plenamente efectivos.
Otras Declaraciones Contemporáneas:
Con posterioridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con el propósito de desarrollar e implementar aún más sus alcances, han sido adoptadas, tanto a nivel mundial, como regional y nacional, por los Estados, otras trascendentales declaraciones de derechos. Entre ellas se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, sobre cuyo contenido haremos referencia más adelante en la reseña de los derechos individuales y las libertades públicas, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica", suscrito el 22 de noviembre de 1969 por los plenipotenciarios de los países americanos, y que busca, de acuerdo con su Preámbulo, "consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".
Tema 13 13. DERECHOS INDIVIDUALES Ramiro de León Carpio dice que Los derechos humanos individuales son los que están unidos a todos los seres humanos y no se separan, son los derechos fundamentales del hombre como una conquista al poder público, o sea aquellos a los que el pueblo tiene derecho ante cualquier
gobierno del mundo por el solo hecho de haber nacidos como seres humanos (hombres o mujeres). Son aquellos derechos que el hombre y la mujer tienen y que ningún gobierno justo puede dejar de respetarlos. Son los que han nacido del propio derecho natural y de la inteligencia del ser humano. Los derechos humanos constituyen el derecho a vivir una vida digna en todos los aspectos.
Derecho a la Vida (Art. 3º. De la Constitución) Para De Cupis se trata de un derecho esencial entre los esencias, innato y estima que el derecho a la vida supera a los demás derechos pro la circunstancia de que ningún otro derecho puede concebirse separadamente de la vida. El derecho a la vida no se circunscribe a la mera subsistencia, al simple hecho de vivir, sino a un modo de vivir humano. Es el derecho a mantener y desarrollar la existencia del hombre como medio fundamental para la realización del fin específicamente humano: el perfeccionamiento propio y el de todo género humano.
La vida humana no está a disposición del hombre. El respeto a la vida de los demás viene además, avalado por el principio de igualdad entre los hombres: todos tienen un derecho idéntico a tender hacia su fin por lo que la igualdad se manifiesta en una estricta igualdad ante la vida.
La doctrina tradicional ha admitido excepciones al derecho de respeto a la vida, para lo cual es preciso explicar tres principios justificativos de las mismas:
Principio del voluntario en causa:
Un acto humano es voluntario cuando procede efectivamente de la voluntad con conocimiento del fin. Es voluntario directo, si la voluntad lo busca directamente en sí mismo como fin o como medio; e indirecto, cuando lo permite al querer directamente otra cosa con la que se ve ligado como efecto con su causa. Lo voluntario en la causa puede determinar o aumentar la malicia del acto humano y el efecto malo modifica la moralidad de un acto cuando concurren las siguientes condiciones: previsión, libertad y obligación.
Acción de doble efecto:
Hay casos en que una misma acciòn puede tener varios efectos, unos buenos y otros malos. Se puede aplicar si se dan conjuntamente las siguientes circunstancias: Que la causa o acciòn sea en sí misma buena o indiferente. Que produzca sus efectos, buenos, malos, inmediatos e independiente, es decir que el efecto bueno no se consiga a través del malo. Que el sujeto agente pretenda el efecto bueno y se mantenga pasivamente respecto al malo, tolerándolo simplemente. Que exista una causa suficiente para permitir el efecto malo.
Legítima defensa:
Se debe respetar la vida de los demás porque son iguales a un mismo, pero uno mismo tiene por la misma razón, el derecho a que los demás respeten la propia vida del sujeto. El derecho a defender la propia vida, incluso con la muerte del agresor es consecuencia del principio de igualdad. Para que exista legítima defensa es necesario: Que la agresión sea actual e inminente. Que se trate de una agresión injusta. Que no exista posibilidad de recurso a la defensa que la autoridad dispensa normalmente a los ciudadanos. Que se tenga intención de defenderse y no de causar a l agresor un mal mayor al necesario. Que exista un ataque al derecho a la vida.
Principales trangresiones: Homicidio: es la privación de la vida de un hombre causada por otro hombre. Eutanasia: es la supresión de los dolores en el moribundo, con posible abreviación de la vida, cuando la muerta es ya cierta y próxima.
Aborto: es la expulsión violenta, fuera del seno materno, del feto que todavía no está en condiciones de viabilidad. Es la muerte del concebido y aún no nacido. La pena de muerte: es misión del Estado la defensa de los ciudadanos contra quienes atacan sus derechos infringiendo el ordenamiento jurídico. Dicha defensa se ejerce mediante las normas del Derecho Penal y este proceso puede entrar en juego el derecho a la vida de los súbditos del Estado o de los ciudadanos extranjeros y el Estado también tiene el deber de respetar el principio que impide disponer de la vida ajena, la cual si no es patrimonio de un particular tampoco lo es del Estado El derecho a la vida es considerado, por su naturaleza, como el primero de los derechos de la persona; es un derecho natural, básico en toda sociedad civilizada. Su protección debe ser absoluta en todo ordenamiento constitucional, sobre todo si ese ordenamiento responde a un régimen democrático. Es así como debe señalarse, entre las obligaciones fundamentales de los gobernantes, la de proteger la vida de los asociados. La protección del derecho a la vida está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Nuestra constitución regula al respecto en sus artículos 2 y 3: Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y l a seguridad de la persona.
Derecho a la Integridad Física (Art. 3º. De la Constitución) Este derecho es afectado cuando se le ocasiona daño, menoscabo o lesión al individuo en su salud, tanto física como mental. Este derecho ampara todos los miembros o partes del cuerpo, así como cadáver.
No es sino una consecuencia del derecho a la vida y su fundamento es el mismo: entender la vida no como una mero subsistir, sino como existe humana, es decir, capaz de realizar, a través de sus diferentes órganos y funciones, su misión de perfección y desarrollo en todas sus facultades.
Mutilación: Consiste en la ablución o inutilización temporal o perpetua de un miembro corporal.
Esterilización: es toda intervención medico-quirúrgica que tiene como consecuencia la supresión de la facultad generativa, cualquiera que sea su indicación (eugénica, terapéutica, etc) y que puede tener lugar tanto en el varón como en la mujer. Narcoanálisis: es la exploración de la conciencia por la inducción del suero artificial mediante el suministro de barbitúricos. Se considera un procedimiento atentatorio a la integridad personal porque se suspende en impunemente violar la seguridad y la libertad del ciudadano.
El derecho a la integridad física nace y muere con la persona y. de cierta manera, va más allá de la muerte. Tiene por objeto proteger la integridad corporal del individuo, que es parte sustancial de su existencia como persona. De ahí que las legislaciones modernas en las sociedades civilizadas impongan castigos severos a delitos como la mutilación, la castración, la desfiguración del rostro, la privación de la vista, o del habla, o. en general, a los atentados contra el cuerpo humano que dejen huella perdurable. También, aunque en menor escala, se sancionan las lesiones que se causan por agresiones físicas o aun por accidentes involuntarios.
La protección de la integridad física está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 5°: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho de Igualdad (Ref. Art. 4 Constitución y 5to Considerando de Declaración Universal.) Art. 4º.21 Código Procesal Penal, 14 Declaración Universal de Derechos Humanos.
Igualdad ante la ley, significa que todos los seres humanos, cualquier que sea la clase, condición social a la que pertenezca, sus medios de fortuna, su raza, o su religión, tienen iguales derechos, están sujetos a los mismo deberes y son tutelados por las mismas garantías.
La igualdad se refiere a la dignidad de la persona individual en cuanto que todos los hombres son radicalmente iguales por lo que a su naturaleza específica respecta. De allí se deriva la igualdad en cuanto a los derechos fundamentales y como objetivo último, también en cuanto a una igualdad de oportunidades en la promoción de valores y desarrollo humano.
Cabe resaltar que los hombres son diferentes en cuanto a cualidades físicas y morales, en aptitudes y vocación, en sexo, edad, en capacidad para trabajo, etc. Y es imperativo de la justicia
tomar en cuenta muchas de estas desigualdades porque la justicia obliga a dar a cada uno lo suyo, pero no a cada uno lo mismo. Al margen de las diferencias señaladas todos los hombres seguirán teniendo los mismos derechos fundamentales.
El reconocimiento del derecho a la dignidad personal se ve conculcado por la esclavitud, discriminación social, por la arbitrariedad en la administración de la justicia.
Su objetivo es asegurar a todos los ciudadanos la misma protección por medio de la ley. No significa que todos los hombres sean absolutamente iguales, pues por naturaleza son desiguales, sino que todos los seres humanos tienen iguales derechos.
Se ha distinguido entre dos tipos de igualdad: - Igualdad Formal: Es la que tiene por objeto el de asegurar a todos los ciudadanos la misma protección por medio de la ley, sin llegar a la igualdad real y efectiva que atiende a las condiciones económicas, sociales y culturales de los individuos.
- Igualdad Jurídica: Es aquella que se refiere a la igualdad en cuanto a la dignidad de la persona humana, y en cuanto a los demás derechos fundamentales, dando por justicia a cada quien lo que le corresponde.
La igualdad ante la ley no significa que todos los hombres sean absolutamente iguales, pues por su naturaleza son desiguales, no pudiendo estas ser suprimidas por la ley.
La igualdad ante la ley significa que todos los habitantes del Estado, están sujetos a los mismos deberes, gozan de los mismos derechos y están tutelados por las mismas garantías.
14. DERECHOS DE LIBERTAD Art. 4º de la Constitución, Artículo 5º. ,202 Código Penal, 3º. Declaración Universal de Derechos Humanos y 4º. Pacto de San José, 4o LOJ. La libertad es la facultad que el hombre posee para dirigirse meritoriamente hacia su fin individual y social, moral y jurídico.
El fin inmediato del Derecho es garantizar la libertad e independencia del hombre. No hay orden político justo que no esté basado en la libertad porque sin libertad no se da la verdadera justicia.
El derecho a la libertad es un medio para el cumplimiento de los fines humanos, tampoco es absoluto e ilimitado. Es un derecho susceptible de mayor o menor perfección porque los actos del hombre son tanto mas humanos, es decir, tanto más libres, cuanto más deliberados y racionales sean y cuanto mas directamente se orienten al bien, a la felicidad y a la perfección y desarrollo íntegros de la personalidad.
Las libertades suponen el disfrute de los denominados derechos fundamentales, mediante los cuales el hombre puede satisfacer sus necesidades también fundamentales. De la harmonización entre derechos y libertades surge el debido equilibrio entre justicia y libertad que evita a la vez el anquilosamiento de las instituciones y de la convivencia social y las convulsiones revolucionarias que la amenazan y ponen entredicho, a través de a ctos como:
La esclavitud: es la supeditación de un hombre a otro de forma que se convierta en objeto de su propiedad, en mero medio o instrumento de servicio. La servidumbre: Mediante la servidumbre un hombre queda adscrito al servicio de otro, aùn exclusivamente pero sin considerarse de su propiedad. La discriminación: es una distinción entre los hombres con perjuicio para unos y a consecuencia de hechos no imputables al individuo o irrelevantes bajo el punto de vista jurídico social (raza, color, sexo) o de su pertenencia a determinadas categorías colectivas (idioma, religión, política, nacionalidad, etc. ) .
La discriminación puede ser meramente social, que solo puede tratarse mediante m edidas de orden educativo y jurídico, que abarca aquellos actos u omisiones que desconocen o violan derechos subjetivos fundamentales de la persona humana. Puede provenir de la autoridad, en cualquiera de sus escalas sociales, y de las personas particulares con reflejo en las relaciones jurídicas laborales, etc.
Derecho de Libertad: Art. 4º. De la Constitución. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que menosacabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. (Arts. 5, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43 todos del a Consti.)
Libertad de Acción (Art. 5 Consti.): Art. 5º. 202 CP, 3 Declaración Universal de Derechos Humanos y 4 Pacto de San José, 4 LOJ. Se le denomina Principio de Legalidad y consiste en que todo a cto estatal que limite a la libertad jurídica del individuo, imponiéndole acciones u omisiones debe estar fundada en ley. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni ser privado de hacer aquello que no prohibe.
Libertad de Locomoción (Art. 26 Consti.) Consiste en el derecho inherente a todo individuo de vivir donde quiera. El derecho de circulación es fundamental para ejercitar el domicilio.
Osorio y Gallardo nos indica que cada persona es dueña de vivir donde la plazca, de elegir el lugar de su residencia. Buscar una casa y ocuparla tranquilamente es algo tan peculiar al ser humano como respirar, andar o comer. Si uno tiene el derecho de vivir donde quiera, también tendrá el de trasladarse a donde quiera. Ni vínculos privados ni ligámenes de orden público obligan al ciudadano a permaneces indefinidamente en el lugar.
El ámbito de esta garantía es amplio y comprende: La libertad de desplazamiento: toda persona tiene pleno derecho de moverse o desplazarse libremente dentro del territorio nacional, sin otras limitaciones que las señaladas por la ley. La libertad de elección y fijación de residencia o domicilio: lleva consigo la permanencia y ofrece la protección de que nadie puede ser compelido a mudarse, salvo en los casos expresados por la ley o por mandato de autoridad competente. La prohibición de expatriación de ningún guatemalteco: por ninguna causa o motivo, ni por condena en juicio penal.
Entre las limitaciones a las anteriores libertades se señalan las siguientes:
Los extranjeros no autorizados están impedidos de gozar de permanencia. La garantía de prohibición de mutación de residencia no alcanza al que esta condenado judicialmente, o al enfermo que por disposición de la autoridad sanitaria debe trasladarse a otro sitio, enfermedades infecto contagiosas. En caso de confinamiento (obligación de residir en un lugar) acordado durante la vigencia del estado de sitio. La libertad de desplazamiento y o locomoción puede restringirse en caso de arr aigo (art. 523 Código Procesal civil y mercantil). La libertad de desplazamiento y de migración pueden restringirse durante el estado de alarma. Se concibe, por lo demás que no se autorice la salida de quienes están en deuda con el Estado, por servicio militar o por responsabilidades penales contraídas.
Derecho de Petición (Art. 28 Consti.): Es un derecho que sirve para hacer valer los demás derechos cuando son desconocidos o vulnerados; de ahí su enorme trascendencia. Aunque no se incluyó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo consagró la Constitución francesa de 1791, al hablar de "la libertad de dirigir a las autoridades constituidas peticiones firmadas individualmente" (parágrafo 3° del titulo i), como uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución33. Algunas Constituciones contemporáneas lo consagran expresamente.
Pueden distinguirse tres clases de petición, teniendo en cuenta el fin perseguido:
- la petición-queja: tiene por objeto poner en conocimiento de la autoridad competente una irregularidad o una arbitrariedad que haya sido cometida por alg una autoridad inferior, con el objeto de que se sancione o corrija al responsable.
- la petición-manifestación: tiene por objeto dar una información o expresar un deseo a la autoridad competente, con el fin de que se tomen ciertas medidas de carácter individual o colectivo; y
- la petición-demanda: es aquella que se dirige fundamentalmente a las autoridades jurisdiccionales con el objeto de solicitar del Estado el reconocimiento de un derecho que según el peticionario le ha sido conculcado o amenazado por alguien o para pedir el simple
restablecimiento de la legalidad quebrantada por un acto administrativa.- Es esta la petición de justicia o demanda propiamente dicha, por medio de la cual el juez entra en acción y conoce de un litigio; es una modalidad esencial del derecho individual de petición. El derecho de petición es a la vez un derecho del ciudadano y una garantía individual. Autoriza para dirigirse a los poderes públicos solicitando gracia, reparación de agravi os o adopción de medida que satisfagan el interés del peticionario.
No se ejercitan con respecto a los ciudadanos, ni en forma difusa a la colectividad, no se conforman como una adhesión platónica: se destina a los poderes públicos e impli ca una contestación. Pero el derecho de petición no es absoluto ni general. Tiene sus limitaciones, en efecto el articulo 137 de la Constitución dispone: El derecho d e petición en materia política corresponde e3xclusivamente a los guatemaltecos. Se excluye a los extranjeros.
Como una modalidad del derecho de petición en materia jurídica constitucional, el articulo 138 en su inciso 5to. Establece el derecho de petición del ciudadano para que se revise el decreto de suspensión o restricción de garantías constitucionales.
Ver articulos 248, 221 de la Constitución Política de Guatemala.
Libertad de acceso a tribunales y dependencias del Estado (Art. 29 C onsti.): Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Este artículo Garantiza el derecho de toda persona de presentarse a los tribunales y a las oficinas públicas en su calidad de interesado o por medio de sus representantes legales. En los tribunales y las oficinas publicas pueden existir espacios reservados sin producirse vi olación constitucional siempre que en tales espacios se ubique una oficina de información y atención publico.
Acceso a Archivos y Registros Estatales (Art. 31 Consti.). Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan
prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las aut oridades electorales y de los partidos políticos.
15. DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN (Art. 33 Constitución) Sin libertad de reunión no puede haber gobierno democrático. Consiste en la cita voluntaria y temporal de varias personas en un lugar determinado, conforme a un acuerdo preestablecido para un fin determinado. Si es accidental, sin acuerdo previo, se trata de una conglomeración. Las características del derecho de reunión y manifestación: Es momentáneo, Es concertado e intencional Tiene por objeto el intercambio de ideas y opiniones a la defensa de intereses.
Derecho de Asociación (Art. 34 Consti.)Los colegios profesionales no se incluyen ya que son entes creados imperativamente por el derecho para el cumplimiento de fines públicos. La única excepción es la elección profesional de los periodistas.
El fenómeno de la asociación comprende todas las manifestaciones de la ag rupación humana deliberada y no reducida a una actuación episódica o momentánea.
La asociación además de constituir un derecho fundamental del hombre es el resultado necesario y lógico de la naturaleza gregaria de éste, es el resultado lógico de la necesidad de los hombres que por sí mismos no pueden realizar sus aspiraciones o la culminación de sus anhelos, propósitos, etc. Por la asociación se unifican esfuerzos, se pone en común la inteligencia, la industria, etc, y resulta un ente absolutamente diferente de las personas de los asociados, más fuerte y poderoso que cada uno de ellos.
Las asociaciones pueden tener finalidad política, económica, profesional, religiosa, cultural, deportiva,etc. , pero ella debe tender siempre al perfeccionamiento integral moral o físico del hombre en forma individual o colectiva.
Por tanto esta libertad garantiza la de su constitución y la de su actuación o acción, así como la libertad de no asociación, es decir el derecho de no ser obligado a pertenecer a asociación alguna. Para lo cual conviene distinguir lo siguiente:
Asociaciones simples: creadas por la iniciativa privada de sus fundadores. Asociaciones o corporaciones públicas: como los Colegios de profesionales, de abogados, etc, cuya permanencia a ellos es obligatoria para el ejercicio de dichas actividades.
Los elemento que se necesitan para que haya asociación son: Pluralidad de personas físicas Un fin común que va a perseguir los asociados Medios o servicios mutuos con que se han de alcanzar. Una idea de permanencia para distinguir la asociación de la reunión. Una mínima organización por rudimentaria que sea.
La asociación es una libertara para la convivencia y no hay razón para excluir de su ejercicio a los extranjeros, salvo aquellas que tengan fines políticos.
Libertad de Emisión del Pensamiento (Art. 35 Consti.): La libertad de emisión del pensamiento consiste en la facultada de exponer la propia convicción científica, religiosa, política, etc, sin necesidad de previa autorización, aunque salvando los respetos de la libertad ajena y las exigencias del orden público.
La libertad de expresión, es un complemento indispensable de la libertad de pensamiento, es esencial para el progreso de la humanidad porque de poco serviría creer o pensar si no existiera modo de expresarlo, de comunicarlo a los demás pero no tan solo en forma privada, sino del modo que se considere mas conveniente, practico y útil.
La libertad de expresión y de pensamiento deben ser siempre de carácter integral indivisible. NO puede tener matices ni existir únicamente para algunas actividades o expresiones porque entonces deja de ser un derecho para convertirse en una gracia o concesión.
Hocking dice la libertad de expresión y de prensa están ligadas al significado central de toda libertad. Donde los hombres no puedan comunicarse libremente sus pensamientos ninguna de las otras libertades esta segura. La libre expresión es así única entre las libertades como protectores y promotora de las demás libertades.
Es el pensamiento el don divino que coloca al hombre por encima de la bestia y que lo capacita para escoger entre el bien y el mal. La palabrea escrita o hablada constituye la fuera que verdaderamente mueve a los hombres. Pensar, hablar y escribir son los medios más eficaces para ejercitar a los ciudadanos su derecho.
Existe la Ley de Emisión del Pensamiento ver artículos: del 2 al 4 (determinan que debe considerarse impreso, su clasificación y publicación). El art. 5 reitera el libre acceso a las fuentes de información Art. 6 al 12 La ley regula las responsabilidades y derechos del autor, del editor y del director, establece que son publicaciones clandestinas.
En relación a las limitaciones (art. 27 al 36 de la Ley de emsiòn del Pensamiento). El art. 28 establece que pueden dar lugar a juicio de jurado y a sanciones las publicaciones en que se abuse de la libertada de emisión del pensamiento, en los casos siguientes:
Los impresos que impliquen traición a la patria. Los impresos que esta ley considera de carácter sedicioso. Los impresos que hieren la moral. Los impresos en que se falta al respeto de la vida privada. Los impresos que contengan calumnias o injurias graves. Son calumnias, las publicaciones que imputan falsamente la comisión de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. (art. 33 del Código Penal). Son Injurias: las publicaciones que ataquen la honra o la reputación de las
personas o las que atraen sobre ellas menosprecio de la sociedad. (art. 34 de la Ley de emisión y 161 al 163 del Código Penal)
El Estado con su enorme poder, puede o bien ser un enemigo de la libertad de emisión del pensamiento o bien su gran amparador con una adecuada legislación sobres cuestiones tales como:
El poder de los anunciantes La excesiva publicidad La indefensión del receptor especialmente los niños, ante la abundancia violencia, sexo, etc. La protección del periodista honesto, competente y serio no del colega desleal o a de la empresa amarillista y mercantilista. La colonización del país por los medios de comunicación extranjeros. La concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos. La función cultural y educativa de los medios de comunicación El fomento de las lenguas indígenas, culturas, tradiciones Los limites entre el derecho a la información y el derecho al honor y la intimidad.
Este derecho también es llamado de conciencia y de Expresión. También esta reg ulado en el artículo 5 de la consti. Tiene como consecuencia el derecho a la libertad de expresión de ese pensamiento. El pensamiento sólo puede ser combatido por medio del pensamiento, y nunca por la fuerza o intimidación. Es de carácter integral. De este se deriva la Libertad de Prensa. (EN ESTE TEMA ES NECESARIO ESTUDIAR LA LEY DE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO Y VER LO REFERENTE AL JUICIO DE JURADOS QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULO 53 AL 70)
Libertad de Prensa: Es el derecho del público a tener acceso a los hechos, a estar plenamente informado de las decisiones tomadas en su nombre, a expresar su desaprobación, etc.
Restricciones
En el Orden Político La prohibición impuesta por sectores políticos y sociales para crear órganos de expresión propios o manifestarse en los existentes. - Influencia coactiva de los gobiernos sobre la orientación y la información de los órganos periodísticos.
- La Presión, la persecución y el destierro por el ejercicio de la actividad periodística.
En el Orden Económico: - Monopolio en los medios de difusión periodístico.
- Financiamiento de las empresas periodísticas por medio de fuentes económicas secretas, como subsidios secretos, etc.
La libertad de prensa comprende la LIBRE DISTRIBUCIÓN Y CIRCULACIÓN DE PUBLICIDAD.
Libertad de Religión (Art. 36 Consti.): La libertad de religión comprende 3 aspectos:
La libertad de conciencia o de creencias, que es el derecho de cada uno de creer interiormente lo que quiera. La libertad de expresión de la creencia, que es el derecho de cada uno de expresar públicamente por la palabra oral o escrita, sus creencias religiosas, y que constituye un aspecto de la libertad de expresión o de prensa respectivamente. La libertad de culto, que es el derecho de practicar libremente el culto de su religión, así como el de no ser obligado a practicar el culto de una religión determinada y que en cierto sentido puede constituir un aspecto de la libertad de reunión o de asociación.
Duguit dice que la libertad de conciencia escapa forzosa y naturalmente a los designios del legislador, lo mismo que la libertad de pensar propiamente dicha. Ni en el derecho ni en el hecho puede el legislador penetrar en el interior de las conciencias individuales e imponerle una obligación o prohibición cualquiera. Asimismo afirma que son dos elementos generales que caracterizan el concepto de religión:
La creencia en ciertos principios y proposiciones de orden metafísico. El cumplimiento de ciertos ritos que corresponden a aquellas creencias y que im plican la convicción de una comunicación del hombre con una fuerza sobrenatural.
Art. 37 Personalidad Jurídica de la Iglesia: Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución y el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público.....
En este precepto se plantea la cuestión espinosa de la conexión entre la Iglesia y el Estado. Es forzoso reconocer que existe la religión y es necesario adoptar un criterio a ella. Ahora bien cualquier que sea la religión, los bienes inmuebles, destinados al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones.
Para hablar más ampliamente del tema, podemos referirnos a las libertades espirituales, que son las que le permiten al hombre profesar creencias religiosas y exteriorizar su fe, a través de las distintas manifestaciones del culto. Ella ha sido reconocida por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y luego, tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley quesean necesarias para proteger la seg uridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales dé los demás.
Las libertades espirituales comprenden;
a) La libertad de conciencia b) la libertad de religión. c) la libertad de cultos,
Como se verá, estas libertades también pueden estar sujetas a determinadas l imitaciones; por tanto, tampoco pueden considerarse absolutas, a excepción, quizás, de la de conciencia.
Libertad de conciencia. Consiste en la facultad de profesar o no alguna reli gión o creencia, de elegir la religión o creencia que se desee o de cambiar de religión o creencia. Es una libertad que se ejerce en el fuero interno de la persona y que no requiere de manifestaciones externas; gracias a ella el individuo se reserva el derecho de creer o de no creer y, en el primer caso, de creer lo que su conciencia le dicte, sin que pueda ser objeto de ninguna especie de coerción o cortapisa. Tal vez esta sea, por su naturaleza misma, la única libertad que pueda considerarse como absoluta, ya que, como se ha dicho, pertenece al fuero interno de la persona. Sin embargo, puede estar sujeta a presiones externas, derivadas del medio ambiente en que se vive, de la influencia de familiares o maestros, o de los sutiles métodos de "lavado cerebral" empleados en ciertos regímenes o sociedades. Pero en ningún caso la libertad de conciencia puede ser objeto de limitaciones legales o constitucionales, razón por la cual la consideramos como absoluta.
Libertad religiosa. De la anterior libertad se desprende la facultad que tiene toda persona para expresar o no públicamente sus creencias religiosas, cualquiera que ellas sean, sin que sea molestado por ello o impedido a hacerlo, o perseguido, u objeto de discriminación de ninguna especie. El hecho de tener una religión o de no tener ninguna, no puede ser causa para establecer diferencias legales o sociales entre las personas. Tampoco se puede obligar a nadie a profesar una religión en la que no cree o a hacer pública manifestación de pertenencia a ella. Las leyes no deben ser expedidas de manera que obliguen a las personas a afirmar o renegar de una determinada fe religiosa, ni deben prohijar situaciones en las cuales exista discriminación por causas religiosas. Cosa distinta es que en ellas se reconozca, como una realidad social, la existencia de una religión mayoritaria en determinada sociedad, y busquen amoldarse a tal situación, pero sin menoscabo de los derechos y libertades de las demás religiones.
Libertad de cultos. Es el medio más idóneo para hacer efectiva la libertad religiosa; consiste en ¡a facultad de practicar exteriormente una religión o creencia, a través de actos o de ritos públicos, sin ser molestado por ello o impedido a hacerlo. Implica, además, a la inversa, que nadie puede ser obligado, directa o indirectamente, a practicar un culto cualquiera. No se trata de una libertad
absoluta, por cuanto la práctica del culto puede estar limitada legalmente, con miras a impedir que, a través de ella, se atente contra la moral, la salubridad o el orden públicos.
Tanto en el caso de la libertad de cultos, como en el de la religiosa y la de conciencia, la protección no solo es frente a posibles atentados por parte del poder público, sino también por par te de los particulares, cosa de común ocurrencia en sociedades intolerantes o retrógradas que aún no han superado, en este aspecto, la mentalidad medieval.
16. TENENCIA Y PORTACIÓN DE ARMAS (Art.38 Consti.) Toda persona tiene derecho a poseer cierto tipo de armas en su domicilio, a fin de reforzar su seguridad y legítima defensa o la de su familia, bienes o derechos y en algunos casos y bajo determinadas condiciones previstas por la ley a llevarlas consigo con el mismo propósito. Solo las Constituciones de 1965 y 1965 consignaban este derecho, estableciéndolo en los mismo términos, por un lado que el derecho de portación de armas sería regulado por la ley, y por el otro que la simple tenencia en su domicilio de armas de uso personal, exceptuándose las legalmente prohibidas no constituía ni delito ni falta
Propiedad Privada (Art. 39 Consti.): La regulación de la propiedad privada pertenece al Derecho privado y en algún sector al Derecho administrativo, pero toca al Derecho constitucional decidir en que términos fundamentales se acepta la propiedad entre los derechos esenciales a reconocer, fijar el sentido general que en un desenvolvimiento ulterior ha de prevalecer.
La propiedad es el sustentáculo de todo el mundo de los derecho patrimoniales y la mejor garantía de mantenimiento y perpetuación de la familia y el criterio que se adopte respecto a ella orientará las mas apartadas relaciones.
En un sentido jurídico el derecho de propiedad es la plena facultad de disponer a voluntad de los bienes, salvo las prohibiciones legales.
Duguit entiende la propiedad según dos proposiciones:
- El propietario tiene el deber, y por tanto el poder de emplear la cosa que posee en la satisfacción de las necesidades individuales, y propias.
- El propietario tiene el deber y por tanto el poder, de emplear su cosa en la satisfacción de necesidades comunes, de una colectividad nacional entera o de colectividades secundarias. González Calderón advierta que la propiedad no es solamente la que se relaciona con las cosas materiales, sino con todos los bienes corporales e incorporales que integran el patrimonio de una persona física o jurídica. La propiedad privada que reconoce y garantiza la Constitución es todo eso, vale decir la universalidad de los bienes materiales o inmateriales que componen o integran el patrimonio. Lo mismo es la propiedad para la Constitución un predio o una vaca, que un crédito o un contrato de hipoteca.
Objeto de atención y protección especial para el Estado son las tierras de las comunidades y cooperativas de indígenas, o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria. Así lo dispone el art. 67 de la Constitución Política de Guatemala.
Cuestiones que preocupan en esta materia: - Es motivo de especial atención los predios rústicos, existe una vieja aversión hacia las manos muertas y el ansia de no trabar la disponibilidad.
- El derecho a la herencia, el modo de repartirla y la parta que debe corresponder al Estado.
- Las posesiones en manos de extranjeros.
- El régimen de intervención en las empresas.
Regulación Internacional: Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Art. 21 Convención americana de los Derecho Humanos.
Derecho de autor o inventor (Art.42 Consti.)
Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, los titulares de los mismo gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.
Es evidente que la protección del derecho de propiedad es sumamente amplia. No se refiere solamente a los bienes muebles e inmuebles, sino que abarca toda suerte de derechos como la propiedad intelectual o derechos de autor, del inventor y del artista, el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos y distintivos o nombres comerciales, agrícolas, etc.
Tal garantía ampara al autor de obras literarias y científicas, al periodista ideológico y al periodista informativo en cuanto a reportajes, entrevistas y otros trabajos sim ilares en donde se puede apreciar su aporte personal, al autor de obras artísticas en todas sus manifestaciones (pintor, dibujante o caricaturista, arquitecto, etc. ) al inventor de obras, procedimientos, mecanismos para el comercio, la agricultura, la industria, al inventor de preparaciones medicinales, sanitarias, etc.
Hay que poner este artículo en concordancia con otros artículos de la Constitución: art. 35 (libertad de emisión del pensamiento), 39 al 42 (derecho de propiedad), art. 57 al 65 ( derecho a participar en la vida cultural) y artística en la comunidad, así como a beneficiarse del progr eso científico de la nación)
Libertad de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 43 Consti.) Esta libertad consiste en la posibilidad de consagrarse a cualquier género de actividad productora sin tropezar con privilegios o trabas de origen estatal. La garantía que otorga se dirige contra el Estado, no contra los demás ciudadanos.
La organización económica medieval, de tipo cerrado, de ámbito local estricto, de estructura jerarquizada fuertemente y en que el privilegio concedido por el poder público impide concurrencia, es lo que motiva la repulsa del sistema y la consagración del principio opuesto.
Aunque es esta disposición no se habla específicamente de derechos de propiedad, es obvio inferir que la persona en uso de las indicadas libertades de industria, comercio y trabajo, produzca bienes sobre los cuales ejercerá los derechos de propiedad correspondientes.
La libertad de industria y comercio no es absoluta en ningún país, sino que esta sujeta a reglamentación legal, existen monopolios fiscales (tabaco, bebidas alcohólicas, petróleo, etc.) servicios públicos (correo, teléfonos, transporte, minas, sanidad, educación, etc.) que son servicios del Estado.
Además la libertad de industria y comercio sufre un nuevo ataque de la Administración al cumplir esta con su función de policía, cada vez mas importante. Así la clasificación de establecimientos en peligrosos, insalubres.. exige una intervención administrativa (autorización previa, fiscalización...) actividades limitadas por motivos de seguridad (armas, explosivos...) por razones de salud (farmacias, elementos radiactivos..), por tutela social (despacho de bebidas, empresas de ahorro y capitalización..).
La libertad de industria para los hombres de 1789 era una cosa tan evidente y ligada a la libertad individual que no necesita formulación expresa.
Tema 17 17. DERECHO DE SEGURIDAD SEGURIDAD PERSONAL Detención legal:(Art. 6 Consti.) Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a dis posición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad.
El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.
Notificación de la causa de detención (Art. 7 Constitución). Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación.
Derechos del detenido (Art. 8 Constitución). Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente.
Interrogatorio a detenidos o presos (Art. 9 Constitución). Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.
Centros de detención legal (Art. 10 Constitución). Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas.
La autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artículo, serán personalmente responsables.
Detención por faltas e infracciones (Art. 11 Constitución).
Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación, por el testimonio de persona de arraigo, o por la propia autoridad.
En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará su cometido a dar parte del hecho al juez competente y a prevenir al infractor, para que comparezca ante el mismo dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles todos los días del año, y las horas comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas.
Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. La persona que no pueda identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo, será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana, dentro de la primera hora siguiente a su detención.
Tema 18
18 DERECHO DE DEFENSA (Art. 12 Constitución).
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Derecho a conocer los motivos para el auto de prisión y de procesamiento (Art. 13 Constitución). No podrá dictarse auto de prisión, sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él.
Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.
Derecho a no auto incriminarse (Art. 16 Constitución). En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus pari entes dentro de los grados de ley.
Presunción de Inocencia (Art. 14 Constitución). Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata.
Casos de irretroactividad de la Ley (Art. 15 Constitución). La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo.
Principio de Legalidad (Art. 17 Constitución). No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda.
Tema 19 19. PENA DE MUERTE La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: | |a) Con fundamento en presunciones; | |b) A las mujeres; | |c) A los mayores de sesenta años; | |d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y |
| | |
| |e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. |
Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos.
Sistema Penitenciario (Art. 19 Constitución). El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas: |a) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos || |crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones | | |denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos. || |
||
|b) Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal| | |especializado; y
||
c) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.
La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata.
El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
Menores de Edad (Arts. 20 y 21 Constitución). Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud.
Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia.
Los funcionarios, empleados públicos y otras personas que den o ejecuten órdenes contra lo dispuesto en los dos artículos anteriores, además de las sanciones que les imponga la ley, serán destituidos inmediatamente de su cargo, en su caso, e inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo o empleo público.
El custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso, será responsable conforme a la Ley Penal. El delito cometido en esas circunstancias es imprescriptible.
Antecedentes Penales y Policiales (Art. 22 Constitución). Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantiza, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma.
Tema 20 20. INVIOLABILIDAD DE VIVIENDA (Art. 23 Constitución). La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas, Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado, o de su mandatario.
Inviolabilidad de Correspondencia, documentos y libros (Art. 24 Constitución).
La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.
Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley.
Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio.
Registro de Personas y vehículos (Art. 25 Constitución). El registro de las personas y de los vehículos, sólo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de l as fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas.
Derecho de Asilo (Art. 26 Constitución). Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales.
La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales.
Por delitos políticos no se intentará la extradición de g uatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional.
No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político, con destino al país que lo persigue.
Objeto de Citaciones (Art. 32 Constitución). No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Publicidad de los actos administrativos. Publicidad en el proceso. Derecho que le asiste el Ministerio público con relación a la reserva de actuaciones, documentos y diligencias del proceso penal (Art. 29, 30 y 31 Constitución). Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal, el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.
CADENA DE CUSTODIA: Es el nombre que se utiliza para cualquier sistema interno de manejo de evidencia, diseñado para asegurar su integridad durante su custodia por alguna autoridad, generalmente una dependencia investigativa o policial, en Guatemala sería el MP.
Tema 21 21. GARANTÍAS DE EFECTIVIDAD
Son aquellas que tienen por objeto obligar al poder público a que respete las garantías individuales de seguridad, libertad e igualdad que la propia Constitución le otorga al individuo, así como establecer a favor de éste, las acciones que obliguen a aquél a respetar esas garantías cuando no lo haga espontáneamente. (Ramiro De León Carpio)
Acción contra infractores (Art. 45 Constitución). La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna.
Legitimidad de resistencia (Art. 45 Constitución). Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.
Amparo (Art. 265 Constitución). Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
Exhibición Personal (Art. 263 Constitución). Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto.
Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar.
Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en e lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado.
El Procurador de los Derechos Humanos (Art. 274 y 275 Constitución). El procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración; ejercerá su cargo por un período de cinco años, y rendirá informe anual al pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones: |a) Promover el buen funcionamiento y la agilización de l a gestión administrativa gubernamental, en materia de Derechos Humanos; | |b) Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; | |c) Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos Humanos; | |d) Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado; | |e) Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales; | |f) Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente; y | |g) Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.
|
El Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones: El Procurador de los Derechos Humanos, de oficio o a instancia de parte, actuará con la debida diligencia para que, durante el régimen de excepción, se garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida. Para el cumplimiento de sus funciones todos los días y horas son hábiles.
Ramiro de León Carpio dice que los derechos humanos sociales son el conjunto de derechos y prerrogativas que la Ley Suprema reconoce a los individuos como miembros de l a sociedad y a la
vez constituyen el conjunto de obligaciones que la misma ley impone al Estado, con el fin de que tanto aquellos derechos como estas obligaciones protejan efectivamente a los diferentes sectores de la población, quienes debido a las diferencias en las estructuras del Estado, se encuentran en condiciones desiguales, tanto económicas como sociales, culturales, familiares, etc. Según Héctor Gross "los derechos sociales se inician con descubrimiento de América por los españoles en 1492". La licenciada María Morales de Sierra dice que "los derechos sociales inician en 1914 como producto de ciertas ideas especiales; seguridad internacional y colectiva; limitación de la guerra y la preocupación para proteger los derechos humanos a nivel internacional. Un ejemplo es el Tratado de Versalles".
Tema 22 22. DERECHOS SOCIALES Ramiro de León Carpio dice que los derechos humanos sociales son el conjunto de derechos y prerrogativas que la Ley Suprema reconoce a los individuos como miembros de l a sociedad y a la vez constituyen el conjunto de obligaciones que la misma ley impone al Estado, con el fin de que tanto aquellos derechos como estas obligaciones protejan efectivamente a los diferentes sectores de la población, quienes debido a las diferencias en las estructuras del Estado, se encuentran en condiciones desiguales, tanto económicas como sociales, culturales, familiares, etc. Según Héctor Gross "los derechos sociales se inician con descubrimiento de América por los españoles en 1492". La licenciada María Morales de Sierra dice que "los derechos sociales inician en 1914 como producto de ciertas ideas especiales; seguridad internacional y colectiva; limitación de la guerra y la preocupación para proteger los derechos humanos a nivel internacional. La Familia: ...El matrimonio es considerado en la legislación guatemalteca como una institución social, protegido especialmente porque a partir de él se establece la fami lia, y de ésta el Estado. Cuando la persona se integra a la institución del matrimonio, la autonomía de la voluntad opera como elemento esencial en su máxima expresión de libertad y, siendo el legislador quien crea las normas, lo hace en protección de valores superiores a favor de la familia, los menores, la paternidad y la maternidad responsable. En el matrimonio hay un papel para cada uno de los cónyuges, el que determina el Estado dentro de los valores tradicionales guatemaltecos y la diversidad de concepciones, costumbres y creencias nacionales en relación con el matrimonio. El Estado ha regulado la constitución con normas precisas para que den certeza y seguridad jurídica a cada uno de los cónyuges... Gaceta No. 28 página 33, expediente No. 84-92 sentencia 24-06-93 de la C.C.) (Ver derecho civil y artículos 47 al 56 de la Constitución)
La Cultura (estudiar Arts. 57 al 65 de la Constitución). Comunidades Indígenas (estudiar Art. 66 al 70 de la Constitución). Educación ( estudiar Arts. 71 al 81 de la Constitución). Universidades ( estudiar Arts. 82 al 90 Constitución). Deporte (estudiar Arts. 91 al 92 de la Constitución).
Tema 23 23. SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL (estudiar artículos del 93 al 10 0 de la Constitución) Con amplitud la Constitución reconoce el derecho a la salud y a la protección de la salud, por el que todo ser humano pueda disfrutar de un equilibrio biológico y social que constituya un estado de bienestar en relación con el medio que lo rodea; implica el poder tener acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o la restitución del bienestar físico, mental y social. Este derecho, como otros reconocidos en el texto, pertenece a todos los habitantes, a los que se garantiza la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los mismos. Constituye la prerrogativa de las personas de disfrutar de oportunidades y facilidades para lograr su bienestar físico, mental y social, y corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar su pleno ejercicio con las modalidades adecuada para la protección de la salud individual y colectiva, y que se pongan al alcance de todos, los servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Implica, también, que se adopten las providencias adecuadas para que los habitantes puedan ejercer este derecho y colaborar en la solución de los problemas de la salud general ... Gaceta No. 28 páginas 19 y 20 expedientes acumulados No. 355-92 y 359-92, sentencia 12-05-93 de la C.C.
Trabajo (estudiar artículos del 101 al 106 de la Constitución) El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un mínimun de garantías sociales, protectoras de trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse a través de la legislación ordinaria, la contratación individual colectiva, los pactos de trabajo y otras normas. Fundamentada en estos principios, la constitución Política de la República regula lo relativo al trabajo, considerando éste como una derecho de la persona y una obligación social.... Gaceta No. 37, páginas No. 59 y 60, expediente No. 291-95 sentencia 16-08-95 de la C.C. Trabajadores del Estado (estudiar artículos del 107 al 117)
24. RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL (estudiar artículos del 118 al 135 de la Constitución)
Los artículos 118 al 134 forman parte del Régimen Económico Social que la Constitución establece dentro del capítulo de los derechos sociales. En ellos se preceptúa lo relacionado a los principios de dicho régimen, las obligaciones del Estado, la intervención de empresas que prestan servicios públicos, los bienes del Estado, Reservas territoriales del Estado, limitaciones en las fajas fronterizas, Enajenación de los Bienes Nacionales, Explotación de recursos naturales no renovables, régimen de aguas, Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos, Electrificación, Prohibición de monopolios, Servicio de Transporte comercial, Moneda, Junta Monetaria, Descentralización y autonomía.
El artículo 118 contiene una indicación finalista del sentido de la Constitución en cuanto a fundar el régimen económico social de la República en principios de justicia social... Estas disposiciones de política económica conciernen a las estrictas competencias del poder público, el que tiene encomendado discernir, de acuerdo con las tendencias legislativas y en interpretación de la opinión pública y de los agentes económicos, las medidas que tiendan a incentivar el flujo de capitales y la retención de los mismos dentro del sistema nacional, en lugar de busca otros mercados más atractivos. Asimismo el de calcular que por efectos de la competencia la tasa promedio ponderado de intereses pasivos como activos tienda a encontrar el nivel apropiado a las condiciones económicas del país... Gaceta 41, página 41, expediente 230-96, sentencia 31-07-96 de la C.C.
Tema 25 25. DERECHOS POLÍTICOS Los derechos políticos reconocen la facultad que los ciudadanos tienen para participar en la organización, actuación y desarrollo de la potestad gubernativa.
Elegir y ser electo (FALTA)
Derechos de Solidaridad Es por la necesidad de cooperación y esfuerzo conjunto que estos derechos se ll aman de solidaridad, ya que implican la solidaridad de todos los Estados, los pueblos y hasta de las personas para poder tutelarlos. Sin embargo, estos derechos aún están jurídicamente en estado
naciente o embrionario, ya que no han terminado de ser conceptualizados por la doctrina, a la vez que en la práctica no son jurídicamente exigibles, por lo que no se pueden considerar como derechos subjetivos y por lo tanto no son derechos humanos como realidad legal. Sin embargo, no se puede negar que estos nuevos derechos humanos han aparecido como consecuencia de necesidades históricas, por lo que, aunque no sean derechos humanos propiamente, representan valores que tutelan necesidades actuales.
Entre estos nuevos derechos humanos se incluyen el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad.
Derecho a la paz El derecho a la paz se fundamenta en el derecho de toda persona a la vida. Es con la creación de la ONU el 26 de junio de 1945, que se puede decir que realmente se sientan las bases que dieron origen al derecho a la paz. La creación de este organismo se dio con el fin de crear un foro internacional para la resolución de conflictos, de manera que no se repitieran los horrores de la 2ª. Guerra Mundial. Otro fundamento para el derecho a la paz se puede encontrar en la Declaración Universal de Derecho Humanos de 1948, proclamada por la Asamblea General de la ONU, a pesar de que no se hace referencia expresa a este derecho, en el preámbulo se relaciona con la protección de los derechos humanos, así como otros artículos de la mencionada declaración: 3, 6.1, así mismo se puede recalcar que la sección del pacto sobre Derechos Civiles y P olíticos relacionado con el derecho a la vida no es derogable bajo ninguna circunstancia según el artículo 4(2).
El exponer a los seres humanos a la guerra es una privación arbitraria de la vida, por lo que se puede argumentar, en consecuencia que los anteriores documentos implícitamente reconocen el derecho de los seres humanos a la paz, ya que la paz es necesaria para el mantenimiento del derecho a la vida. Se debe asimismo recalcar el papel de la UNESCO en la promoción del derecho a la paz.
Es en 1978 que se empieza ya a hablar del Derecho a la Paz. Así, la Asamblea General de la ONU, estableció el derecho a la paz en el artículo 1 de su Declaración para la Preparación de las Sociedades para vivir en paz.
La paz no solamente es un derecho humano sino que se podría considerar como el derecho humano más fundamental después del derecho a la vida misma.
Además del contenido de los instrumentos citados anteriormente se desprende la clara relación que existe entre la paz y los derechos humanos, de manera que no puede haber protección efectiva de los derechos humanos a menos que haya verdadera paz. Por esto, para algunos autores el derecho a la paz es un derecho síntesis en la medida en que abarca a los demás derechos humanos.
Derecho a un ambiente sano El derecho al ambiente sano se fundamenta en el derecho de toda persona a disfrutar de bienestar y de un nivel de vida adecuado. Para algunos autores es con la Declaración de Estocolmo de 1972 que se establecen las bases al derecho del medio ambiente. Otro documento que vale la pena estudiar con detenimiento es la Carta Mundial por la Naturaleza, dados los compromisos que la comunidad internacional se fijó en ella. Este documento es de suma importancia porque presenta un análisis muy actualizado de la crisis, tomando en cuenta sus diferentes aspectos y la interrelación entre los diversos factores y manifestaciones. Además habla de la responsabilidad que compete a los individuos y a las colectividades por el mejoramiento del medio ambiente. En cuanto al derecho al medio ambiente sano, es en la carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos que se establece específicamente este derecho. El último documento que vale la pena citar es la resolución que aprobó el Reporte Brundtland en 1987, estableciendo el desarrollo sostenible como una solución global al problema.
Derecho a la libre determinación de los pueblos
Tema 26 26. LIMITACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Las sociedades humanas necesitan para su desenvolvimiento normal un adecuado ambiente de paz y de tranquilidad. El Estado tiene entre sus atribuciones específicas, establecer el orden social, a que se llega cuando las relaciones de la convivencia se encauzan mediante el derecho y la
justicia. A ese orden social se encuentra condicionado el bien común, y éste orden social puede verse perturbado por distintos factores ya sean internos o externos. Ante la posibilidad de ese peligro o frente al orden alterado, el poder público tiene la misión de restablecer el equilibrio y la paz social. El ordenamiento jurídico debe señalarle los medios y recursos suficientemente idóneos para satisfacer las exigencias de aquella responsabilidad. Entonces se trataría, en consecuencia, de medidas extraordinarias que el Estado, en situaciones de emergencia, se encontraría en la posibilidad de adoptar con el propósito, en primer término, de asegurar su propia existencia y conservación, y luego, restablecer el orden social amenazado o quebrantado, frente a enemigos externos o en presencia de factores internos de anarquía o disociación.
Tales medidas, traducidas con frecuencia en la suspensión total o parcial de las leyes fundamentales que estrechan los límites de la actividad estatal ordinaria, se han util izado en todas las épocas, para superar, precisamente, aquellas situaciones de grave o inminente peligro, y en las que los derechos y las garantías individuales deben necesariamente sacrificarse en la medida requerida para salvar el país o el bien común. Estas medidas fueron usadas por los romanos, los germanos, en las monarquías absolutas etc.
"En tal caso de la suspensión de las normas permanecen válidas, aunque se suspende, temporalmente, su eficacia. La suspensión de la Constitución está ligada a la exigencia de que el ordenamiento sea particularmente eficiente para enfrentarse con situaciones consideradas excepcionales. La suspensión abre el camino a la instauración de un ordenamiento de excepción respecto a la normalidad constitucional. Se definen, dentro estas suspensiones temporales, los estados de excepción. Un aspecto particularmente delicado relativo a la suspensión concierne a la determinación de la fuente normativa que puede permitirla, habilitando un órgano constitucional -por lo general al ejecutivo, pero también al legislativo- para suspender la Constitución y establecer un ordenamiento excepcional cuando se dan situaciones de pelig ro para el ordenamiento constitucional. "
La Ley de Orden Público se concreta a regular lo que conocemos como estados de excepción y las medidas que la autoridad legalmente constituida puede adoptar en esos casos. Las estado de excepción fundamentalmente se traducen en una restricción a determinados derechos expresamente reconocidos y garantizados por la ley suprema del país. El problema surge cuando deja de existir la normalidad de la vida estatal, o sea ya no se dan los presupuestos para la aplicación de la ley común, por tr atarse de situaciones extraordinarias que hasta pueden degenerar en un verdadero caos, de donde surge la necesidad de tomar medidas de carácter extraordinario que permitan superar tales situaciones.
Pero estas medidas deberán también estar encuadradas dentro de la ley, porque de lo contrario se caería en la arbitrariedad. El Estado de Derecho lleva en su propia dialéctica la necesidad de prever la excepción y de normativizar ésta.
Desde la Dictadura Comisoria, creación del Derecho público romano, que consistía en la designación de un dictador para casos de emergencia, conforme a normas constitucionales precisas y por un tiempo limitado. Pasando por los comisarios nombrados por príncipes y emperadores para superar estados críticos en la Edad Media, hasta nuestros días, el Derecho Público no ha podido dejar de prever normas de conducta para afrontar situaciones de anormalidad institucional.
La doctrina al tratar lo relativo a los Estados de Excepción lo hace con la denominación de Estados de Emergencia y señala que sus rasgos perfiladores deberán concurrir de consumo en su gravedad, excepcionalidad y transitoriedad. Una situación extraordinaria es esencialmente un estado de cosas que amenaza la continuidad del mantenimiento del imperio del Derecho y, para superar esto, el Derecho Constitucional establece normas especiales. La emergencia no crea poderes extraordinarios dentro del Estado Constitucional, sino que históricamente autoriza el uso del poder ya otorgado por la ley, no crea poder, el que debe ser anterior a la misma. Si se quiere obrar dentro de la legalidad, la falta de ella no puede suplirse ni con la arbitrariedad ni pretendiendo crear poderes nacidos de la situación extraordinaria.
En conclusión se puede decir que los estados excepción son aquellas medidas de carácter extraordinario previstas en la ley, cuyos rasgos perfiladores son su gravedad, excepcionalidad y transitoriedad y que tienen aplicación como consecuencia de fenómenos naturales o convulsiones sociales de carácter político o económico que no es posible conjurarlos aplicando la ley común; y que se traducen en una concentración del poder o aumento de facultades del Ejecutivo, a través de limitar algunos de los derechos expresamente reconocidos por la Constitución, con el fin de restaurar la normalidad.
Un estado de excepción tiene las siguientes características: .
Debe existir una situación extraordinaria, o sea que debe ser evidente el caos reinante;
b.
Las medidas a aplicar deben ser de carácter temporal o transitorio;
c. La aplicación de medidas de esta naturaleza, será la consecuencia de fenómenos naturales, específicamente en el caso del estado de calamidad pública; o por convulsiones sociales de carácter político o económico en los demás casos; d. Concentración del poder o aumento de facultades en el ejecutivo, a través de la restricción de determinados derechos reconocidos por la Constitución; e. ley; y
Nunca la emergencia creará poderes sino se hará uso de los poderes ya otorgados por la
f. La finalidad es la defensa del orden constitucional o superar un caos provocado por fenómenos naturales.
Básicamente los estados de excepción tienen como nota característica el hecho de darse una concentración de poder o aumento de las facultades del ejecutivo, a través de una amenguamiento de los derechos personales y colectivos operantes en tiempos de paz, lo que comúnmente se ha conocido como restricción o suspensión de garantías, expresión ésta que en la actualidad resulta obsoleta, dada la posición adoptada por la doctrina moderna r especto al concepto de Garantías. De manera que resulta más adecuado sustituir la expresión aludida por la Limitación a los derechos constitucionales como se hace en nuestra Constitución.
Lo que es propiamente limitación a los derechos constitucionales o restricción de garantías en la terminología tradicional, se ha llegado a confundir o identificarse con los conceptos de "Estado de Excepción" o "Estado de Sitio", lo cual es erróneo, toda vez que la limitación o restricción a que se hace referencia es el efecto inmediato y más importante en caso de darse un estado de excepción en cualquiera de sus grados.
La limitación de los derechos constitucionales se fundamenta en que esta limitación está hecha para la seguridad e integridad del Estado y del orden público y es para que se cumpla el bien común que persigue el Estado. Y además se sustenta que el interés de la sociedad priva sobre el particular.
Los derechos que se van a limitar deben de estar contenidos en la Constitución política y no se pueden limitar otros derechos que no sean los señalados en la Constitución política y el modo, tiempo y lugar que la Constitución política lo indica. ESTUDIAR Art. 138, 139 DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE ORDEN PÚBLICO DECRETO NÚMERO 7)
Según nuestra Constitución Política, nuestros derechos constitucionales pueden limitarse en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del estado o calamidad pública.
Derechos que pueden suspenderse: Los derechos que pueden suspenderse o limitarse son los contemplados en los artículos: 5º. Libertad de acción. 6º. Detención legal. 9º. Interrogatorio a detenidos o presos 26. Libertad de locomoción 33. Derecho de reunión y manifestación, El primer párrafo del artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. El segundo párrafo del artículo 38. Tenencia y portación de armas Segundo párrafo del artículo 116. regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Esto es lo que comúnmente se ha conocido como suspensión de garantías.
Causas por las que pueden suspenderse los Derechos Constitucionales: Según nuestra Constitución Política, nuestros derechos constitucionales pueden limitarse en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del estado o calamidad pública.
Grados en que se suspenden El licenciado Ramiro de León Carpio nos dice que los grados en que pueden suspenderse del más leve al más severo son: a)
Estado de prevención;
b)
Estado de alarma;
c)
Estado de calamidad pública;
d)
Estado de sitio; y
e)
Estado de guerra.
Nos dice que también existe el toque de queda que puede ser decretado o establecido por el gobierno. "El toque de queda consiste en que el gobierno establece que de tales horas a tales horas no pueden circular las personas ni en vehículo ni a pie, a menos que tengan para ello un permiso especial. Esto se hace para evitar el bandolerismo, el pill aje, el desorden y así poder controlar mejor cualquier situación de calamidad pública (terremotos, inundaciones, etc.) u otro tipo de situaciones que alteren la paz o la seguridad del Estado".
La suspensión es una limitación que supone una derogación transitoria del normal funcionamiento de algunas de las instituciones y del ejercicio de ciertos derechos garantizados por ella. Por lo general, la suspensión afecta al mecanismo regular de relación entre órganos del Estado y suele permitir la concentración temporal de diversos poderes, calificados de excepcionales emanados del Gobierno, del Jefe de Estado o de una dictadura, unipersonal o colegiada. Dado el carácter de excepcionalidad -que ha de responder, por supuesto, a una anormalidad en la vida del Estado- la restauración del orden constitucional y de dicha normalidad de la sociedad estatal pueden ser encomendadas, en la práctica, a la fuerza armada del Estado. Ahora bien, todo lo dicho se produce dentro de las normas previstas en la propia Constitución. Ya que la ley fundamental no sólo siguen en vigor, sino que, justo para conservar su poder normativizador, regula el estado excepcional para que, hasta en tal supuesto de excepción, el Derecho siga imperando sobre la fuerza. En consecuencia los poderes excepcionales son asignados a quien debe ostentarlos por quien puede otorgarlos según la ley. Y son asignados dentro de unos límites temporales precisos y para realizar unos fines específicos, que no son otros que el restablecimiento de la normal aplicación de la Constitución, es decir el final del estado excepcional y, por tanto, de la suspensión de la ley fundamental. Tanto la Constitución actual de Guatemala como las que le antecedieron, regulan los estados de excepción, estableciendo una gradación de los mismos, lo que naturalmente implica diferencias entre cada uno de éstos grados, es decir, algunas medidas serán de carácter más amplio que la otras, por lo que resulta conveniente para los fines de este estudio analizar aunque sea sucintamente cada uno de estos grados.
Estado de Prevención y Estado de alarma: Tanto prevención como alarma significan idiomáticamente "disposición que se toma para evitar un peligro, inquietud o sobresalto". Los estados de prevención y alarma limitan transitoriamente sin suspender los derechos a los efectos a reprimir o evitar hechos que sin poner en peligro inmediato la Constitución, afectan los derechos que ella garantiza, incidiendo en el normal desenvolvimiento de las actividades de la población. El Estado de prevención y al arma o alarma simplemente se dirige a enervar no hechos que atacan la Constitución, sino los hechos que atacan los derechos
que ésta garantiza. Se califica al estado de alarma como racional elemento del orden. No es más que el poder de policía en tiempos normales fortalecido por situaciones de emergencia, creado para una real aplicación de la carta magna.
Se resume al estado de prevención como un refuerzo de las atribuciones de las autoridades civiles, y un estado de alerta para las fuerzas de policía, pero sin la intervención preponderante de que al ejército y a la autoridad militar corresponden en los estado de sitio y de guerra.
Es evidente que estos estados de emergencia son mucho más benignos en su aplicación considerándose como legislación intermedia entre la ley común y el estado de sitio, aplicables a situaciones intermedias entre la normalidad y la conmoción grave.
En la legislación guatemalteca se supone que el estado de alarma es un tanto más drástico, porque al implantarse se autorizan no sólo las medidas destinadas al estado de prevención sino otro más, de ahí que se den ambas instituciones en nuestro sistema jurídico, aunque con muy escasa aplicación por la vaguedad que acusan.
Estado de Prevención (ver artículo 8 de la Ley de Orden Público) En la Legislación guatemalteca es aquel estado de emergencia que el P residente de la República podrá decretar en casos de conmoción popular o desarrollo de actividades, coordinadas o no, que puedan perturbar el orden público o constituyan una amenaza para la seguridad del Estado.
Estado de alarma: En Guatemala puede ser decretado cuando a juicio del Ejecutivo sean graves los hechos que perturban el orden público y amenacen seriamente la seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones o el goce de los derechos de los habitantes del país; o bien cuando las medidas tomadas durante el estado de prevención no hayan sido suficientes para restaurar la normalidad.
Este estado de emergencia puede comprender, además de la zona afectada, el territorio que se considere necesario; no excederá de 30 días y dentro del mismo podrán ser restringidas algunas o
todas las garantías señaladas en el artículo 138 de la Constitución. Ver artículo 13 de la Ley de Orden Público.
Estado de Calamidad Pública: El estado de calamidad pública es contemplado como un grado de la excepción en la Constitución actual y en las anteriores. No se ha tratado casi nada al respecto de este estado, posiblemente por la naturaleza misma de la l a institución, la cual se encuentra destinada a proveer de las medidas apropiadas en casos provocados especialmente por fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, epidemias epidemias u otros infortunios que afecten ya sea a todo el territorio nacional o a determinadas zonas del mismo. En términos generales, calamidad pública es la desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas.
Realmente la naturaleza jurídica del estado de calamidad pública es totalmente diferente a la de los demás estados de excepción. Dentro del más estricto estado de derecho se concibe la excepción o emergencia como producto de una grave alteración del orden público como consecuencia consecuencia de convulsiones sociales de carácter político y económico, sin tomar en cuenta los fenómenos naturales, objeto específico del estado de calamidad pública. Es cierto que al producirse cualquier siniestro, los poderes públicos deberán en lo posible remediarlo, pues aparte de constituir un mal material, conlleva un peligro para el orden social por la terrible depresión que produce y, lo que es más grave, el pillaje que se incrementa en tales circunstancias. circunstancias. El estado de calamidad pública tiene en común con los otros estados de excepción que para evitar tales mayores, se autoriza la restricción de algunos derechos gar antizado por la Constitución.
Artículo 14 de la Ley de Orden Público El estado de calamidad calam idad pública, podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos.
Estado de Sitio: El Estado de sitio tuvo su origen en la Ley Francesa de 1791, la cual estaba destinada a prever situaciones que nacen de la guerra o están vinculadas con ella, es una ley típicamente marcial que no tenía aplicación en la vida civil, o sea que el estado de sitio si tio en sus orígenes fue una institución militar. Las Constituciones modernas hacen referencia al estado de sitio pero en una concepción totalmente diferente.
Una de las definiciones más completa es la de Joaquín González , éste define define el estado de sitio como "Una medida de gobierno de carácter excepcional, dictada en circunstancias de extrema gravedad para el orden público, para la paz interior y la l a seguridad común, de carácter temporario y limitada en sus efectos. consiste en investir a la autoridad ejecutiva con el poder necesario para acudir eficazmente al restablecimiento de de la paz, a la defensa inmediata del territorio y al mantenimiento de la constitución, que es la garantía permanente de la libertad".
El Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio con motivo m otivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión, cuando se pretenda cambiar por medios violentos las instituciones públicas, o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado. (ver artículo 16 de la Ley de Orden Público)
Es necesario aclarar que tanto durante los estados de prevención, de alarma como de calamidad pública, las autoridades continúan ejercitando ejercitando sus servicios bajo el mando m ando de sus jefes o instituciones ordinarias; por por ejemplo: Todas las policías que dependen dependen del Ministerio de Gobernación continúan continúan bajo las órdenes de dicha dependencia; en cambio en el estado de sitio, el presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de comandante general del Ejército, a través del Ministerio de la Defensa Nacional y todas la entidades y autoridades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia. Estado de Guerra: Para principiar la Real Academia define lo que es guerra de la siguiente manera: "Desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias."
Artículo 23 de la ley de Orden Público El estado de guerra se decretará por el Congreso de la República de conformidad con el inciso F del artículo 171 de l a Constitución, a solicitud del Ejecutivo, tomándose en cuenta cuenta los intereses nacionales y la situación internacional. internacional. Sin perjuicio de las disposiciones extraordinarias que deben tomarse en el estado de guerra y de la observancia de las normas y usos internacionales, i nternacionales, la ley de Orden Público será aplicable como supletoria en cualquiera de sus Estados para resguardar el orden interno y la seguridad del propio Estado.
Requisitos para la declaratoria del Estado de Excepción Al concurrir cualquiera de los estados de excepción, el Presidente de la República hará la declaratoria correspondiente correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán
las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el Estado de prevención, no será necesaria esta formalidad El decreto que acuerde el estado de excepción especificará: a.-
Los motivos que lo justifiquen. Este es uno de los aspectos más importantes ya que muchas veces los gobiernos de turno pueden abusar de esta facultad, esgrimiendo en muchos casos motivos ficticios con el fin de restringir l os derechos fundamentales a los habitantes del país, por lo que el decreto deberá especificar en forma clara los motivos m otivos que lo originan, los cuales deberán deberán ser de suficiente suficiente peso para que verdaderamente justifiquen justifiquen una medida de tal magnitud.
b.Los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud. El decreto deberá ser explícito en este sentido, a efecto de no dar lugar l ugar a extralimitación de parte de la autoridad, basada en ambigüedades que pudieran existir en cuanto a los derechos que se restringen.
c.El territorio que afecte. En relación a esto, el decreto deberá determinar si es de aplicación en todo el territorio nacional o en una parte o zona del mismo; y
d.El tiempo que durará su vigencia. Los efectos del decreto no podrán exceder de treinta días por cada vez.
La actual Constitución estipula que en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de tres días lo conozca, ratifique, modifique o impruebe y si estuviera reunido r eunido lo conozca inmediatamente.
27.ASPECTOS GENERALES DEL ESTADO
Concepto El Estado es una sociedad humana asentada permanentemente en un territorio determinado, sujeto a un poder soberano (el pueblo), que crea, define y aplica un ordenamiento jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes.
El Estado es un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una actividad que se ejerce a través de sus propios órganos, cuya soberanía es reconocida por otros Estados.
Elementos Territorio: (ELEMENTO CONSTITUTIVO) Es el espacio o soporte físico en que el Estado ejerce su poder y desenvuelve su actividad específica respecto a la comunidad humana que constituye su población.
Es un elemento necesario para la existencia del Estado ya que sin el no podrá existir. El Territorio no es en realidad sino el ámbito especial de validez del orden jurídico del Estado. Es el asiento físico donde está la población de un Estado constituido. Lugar donde reside la población estatal.
Funciones del Territorio: Función Positiva: El Territorio sirve de asiento a la población del Estado, que quedan sometidas a su poder y a su ordenamiento jurídico y constituye la fuente principales de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas. Función Negativa: El Territorio de un Estado limita, sin su conocimiento, la actividad de cualquier otro Estado o persona y organización en ese Territorio. En cuanto a la Soberanía: i) Constituye una limitación física de la soberanía estatal y ii) Constituye el fundamento espacial dentro del cual se ejerce la soberanía.
Características: Estabilidad: Se da cuando sus habitantes, residen permanentemente en el Territorio del Estado. Circunscripción Territorial: Es el espacio geográfico reconocido por otros Estados, o el territorio que está bajo su jurisdicción, bajo su poder, al igual que sus habitantes Espacios Geográficos: El territorio comprende tres espacios geográficos: Espacio Terrestre Comprende no sólo el suelo, sino que también el subsuelo terrestre, el lecho y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Art. 142 Constitución.
Estado Archipielágico: Es el Estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos, siendo éste un grupo de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales.
Espacio Marítimo. (Ref. Convención sobre los derechos del Mar) Mar Territorial: Es la anchura del mar hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas base. La soberanía del Estado Ribereño, se extiende más allá de su Territorio y de sus aguas interiores y en el caso del Estado archipielágico, de sus aguas a la franja del mar adyacente designado con el nombre mar territorial. Zona Contigua: No podrá ser mayor de 24 millas marinas contadas desde la línea base. El Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes o reglas aduaneras, fiscales, inmigrantes o sanitarias, que puedan cometerse en su territorio o en su mar territorial. Zona Económica Exclusiva: No se extenderá mas allá de 200 mi llas náuticas contadas a partir de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Es aquella área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste. Sus derechos de soberanía conllevan fines de explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales. Plataforma Continental: Es aquella que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial. No comprende el fondo oceánico profundo con sus orestas oceánicas, ni su subsuelo. Tiene una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar Territorial. Se ejercerán derechos de soberanía en cuanto explotación y exploración de sus recursos naturales. Alta Mar: La alta mar será utilizada para fines exclusivamente pacíficos y no forma parte de la soberanía del Estado Ribereño. La alta mar comprende las partes del mar No incluidas en la ZEC, en el MT o en las aguas interiores de un Estado, ni las aguas archipielágicas de un Estado y está abierta a TODOS los Estados sean ribereños o sin litoral. La Zona: Son los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de jurisdicción nacional. La zona y sus recursos son patrimonios de la humanidad y ningún Estado podrá ejercer soberanía. No forma parte del espacio marítimo de un Estado
Espacio Aéreo
Al respecto del espacio aéreo, siete cosas ocupan la atención de los Estados:
Navegación Aérea: Derecho aeronáutico: Es el uso del espacio aéreo con el objeto de permitir la navegación de otras naves en el Territorio del Estado soberano. Telecomunicaciones a larga distancia: Disposiciones que aseguran la garantía y la libertad de comunicaciones y de tránsito. Colocación de Satélite: Los satélites no sólo han sido colocados para facilitar las telecomunicaciones, sino para predecir fenómenos naturales o climatológicos. Altura del Espacio Aéreo: (ref. Convención sobre Aviación Civil Internacional): Se reconoce que los estados partes disfrutan de manera completa y exclusiva de su soberanía, sobre el Espacio aéreo, situado sobre su Territorio, consagrando el principio del Dominio Exclusivo del Estado Subyacente sobre su Espacio aéreo. Las cinco Libertades:(Ref. Acuerdo de las 5 Libertades): -El derecho de atravesar el Territorio de los Estados partes sin aterrizar; -El derecho de aterrizar por motivos no comerciales en el Territorio de los Estados parte; -El derecho de desembarcar pasajeros, correo y mercancías, embarcadas en el Territorio del Estado del cual la aeronave posea la nacionalidad. -El derecho de embarcar pasajeros, correo y mercancías, con destino al T. Del E. Del cual la aeronave posea la nacionalidad; -El derecho de embarcar pasajeros, correo, etc, con destino al T. De cualquier otro E. Parte y el derecho de desembarcar P., C, y M, de procedencia de T de cualquier otro E. Parte. Espacio Aéreo y Espacio Ultraterreste: El espacio Ultraterrestre comienza donde la atmósfera de la tierra se desvanece, en un vacio entre 80 y 160 km sobre el suelo y es aquí donde termina el espacio aéreo o atmosférico. Su altura no está oficialmente delimitada por el Convenio. Espacio Aéreo según la ley Guatemalteca: (Ref. Ley de Aviación Civil en Guatemala): El Estado de Guatemala, ejerce plena y exclusiva soberanía sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio y aguas territoriales.
Población: (Elemento Previo y Esencial del Estado) Sin la existencia del elemento humano, perdería su razón de ser el Estado. La Población de los Estados está constituida por los habitantes que residen en forma permanente en su Territorio.
Nacionalidad: Es el estatus de una persona física que está ligada a un Estado por lazos de fidelidad. Es el lazo jurídico y político de carácter permanente, que vincula un individuo a un Estado.
La nacionalidad puede ser: Originaria: Cuando resulta del nacimiento. Adquirida: Cuando proviene del cambio de la nacionalidad por otra.
Sistemas que rigen la nacionalidad: Ius Sanguinis: Es la filiación la que determina la nacionalidad, es derecho sobre los lazos consanguíneos. Ius Soli: La nacionalidad de la persona se determina por el lugar de su nacimiento. Sistema Mixto: Combina la filiación con el lugar de Nacimiento.
Apatrida: Es toda aquella persona que carece de nacionalidad.
Principios: -Todo hombre debe tener una nacionalidad -El hombre es libre de cambiar su nacionalidad -La naturalización puede ser revocada o dejarla sin efecto por el Estado que la otorgó -La nacionalidad implica vinculación efectiva con el país del cual es nacional -A nadie debe privársele de su nacionalidad.
Pueblos Homogéneos: Aquellos que pertenecen a la misma raza, idioma, cultura y religión. Esto implica el derecho natural de los pueblos homogéneos que les permite organizarse políticamente de manera independiente y de constituir un Estado.
Poder/Soberanía: -Dominio que se ejerce sobre la población-
PODER: El Estado no podría alcanzar sus fines sin la existencia del poder, es decir la autoridad. Lo esencial del poder no es el uso de la fuerza, sino la ordenación de la colectividad para cumplir sus atribuciones.
El poder Supremo es el que nos manda, y para que este poder no se aleje, no se limite, evitando así arbitrariedades, se han creado las normas jurídicas por parte del Estado. Características: -El poder del Estado no es absoluto -El poder del Estado está determinado en el ordenamiento jurídico, siendo un poder de derecho -Es un poder soberano, un poder que está por encima de otro poder -Es un poder supremo y es denominado soberanía o poder soberano -Es un poder de dominación, ya que permite hacer uso de la coacción para que se cumplan las disposiciones legales.
SOBERANÍA: Es el poder supremo del Estado, poder que no está sometido a ningún otro poder, y que tiene bajo su dominio a todos los otros poderes que puedan existir en esa organización política.
El poder es una fuerza que está ligada a la soberanía, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en sus gobernantes, quienes determinan y constituyen el poder.
Características: -La soberanía es única -Indivisible -Inalienable: No puede cederse -Imprescriptible: No deja de tener vigencia por el transcurso del tiempo.
-Perpetua -Es un poder Absoluto -Es un poder Supremo legalmente establecido. SUJETO DE LA SOBERANÍA: EL ESTADO. Soberanía y Derecho: El Estado como persona jurídica, solo puede existir en el derecho. La soberanía también se encuentra sometida al Derecho, ya que la soberanía si gnifica la existencia de un poder supremo, que tiene sentido hacia el Bien Común Público Temporal, que justifica la Soberanía del Estado, determina su sentido y su límite.
El Estado es una institución de competencia limitada por su finalidad, por lo que la soberanía solo puede existir dentro de estos limites.
Gobierno y Administración: El organismo Ejecutivo realiza una doble función: a) de tipo Político, y b) De tipo Administrativo
Los actos de gobierno tienden a la dirección de la administración. El gobierno formula mandato para la conservación del Estado y para el logro de sus fines.
La administración organiza los servicios públicos destinados a ayudar a los par ticulares a obtener el Bien Público.
¨ LA SOBERANÍA RADICA EN EL PUEBLO, QUIEN LA DELEGA A SUS REPRESENTANTES.¨ (Art. 141 Constitución) Ordenamiento Jurídico: Es el conjunto de normas jurídicas vigentes y positivas que se relacionan entre sí, que están escalonadas o jerarquizadas y que r igen en cada momento la vida del ser humano y de las instituciones de todas clases dentro de una nación determinada.
Fin Común o Bien Común: El Estado persigue el desarrollo de la sociedad con el propósito de lograr un fin común, siendo el bienestar de sus habitantes, su progreso y el aseguramiento de la paz dentro del ordenamiento jurídico.
El bien común es el valor primordial del Derecho, cuyos medios de realización estriban en la Paz y en la Justicia. Es la suma de aquellas condiciones de la vida social mediante las cuales las personas pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Es el conjunto de aquellas condiciones con las cuales los seres humanos, las familias y las asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección. (Ref. Art. 1 Consti.) Es el conjunto de elementos materiales y morales que coordinan la acción de l os individuos, reunidos en sociedad, procurando la felicidad temporal colectiva, sin dañar los derechos de la persona.
28.FORMAS DE GOBIERNO
CLASIFICACIONES TRADICIONALES POR SU FORMA DE ESTADO Estado Simple o Unitario Es la forma de gobierno adoptado por la mayoría de Estados y es aquel en que la soberanía se ejercita de manera directa sobre un solo pueblo que está habitando un mismo territorio y que además posee un solo centro de impulsión política y administrativa, dando lugar a: Centralización Política: La actividad pública corresponde a órg anos, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. Centralización Administrativa: Cuando el órgano superior mantiene la dirección y control sobre todos los órganos que integran la administración. Descentralización: Cuando las funciones del Estado son cumplidas por órganos con competencia limitada.
Todos los individuos obedecen a una sola autoridad y viven bajo un solo régimen constitucional.
Estado Compuesto Es aquella forma de gobierno en la que aparecen unidos de una u otra forma dos o más Estados, sea por vínculos políticos nacionales o internacionales.
Estado Federal: Es una asociación de Estas en la cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder y control único, pero conserva su propia autonomía, para el ejercicio de determinadas actividades internas de carácter administrativo o político. Confederación de Estados: Es una asociación de carácter internacional, permanente y orgánicamente constituida. Sus miembros conservan su plena soberanía. Nace de un tratado y en ningún caso constituye un nuevo estado. Unión Personal: Tiene rasgos históricos. El poder está en manos del mismo soberano. Cada estado miembro conserva su organización administrativa y su legislación. Es una asociación transitoria y permanente. Se rigen por disposiciones de sucesión (monarca), y su disolución ocurre por la muerte del monarca común. Estado Sui Géneris: Es aquella forma de gobierno que tiene un género propio, debido a su integración. Ejs. Organización de las Naciones Unidas, OTAN. O Estado del Vaticano, en donde el Papa que es considerado el Jefe Supremo de la Iglesia Católica, es al mismo tiempo Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano (Surge por celebración de tratado de Letrán, es un Estado Monárquico, absoluto, patrimonial y electivo)
POR SUS SISTEMAS DE GOBIERNO Son utilizadas para designar al conjunto de poderes públicos o sea los órganos a los que se le atribuye el ejercicio supremo de la soberanía.
1. Monarquía: Esta es hereditaria y Vitalicia. Es el gobierno de uno y es el símbolo de la unidad. Clases: a)Monarquía Absoluta: El monarca ocupa una posición superior a la Constitución y es el único titular de la soberanía. B)Monarquía Constitucional: El monarca está sometido a la constitución y le acompañan otros órganos a quienes también les corresponde el ejercicio de la Soberanía. Monarquía Constitucional Pura: El monarca ejerce directamente la soberanía. Monarquía Constitucional Parlamentaria: El parlamento con los Ministros ejercen la soberanía.
2. República: Esta es Electiva y Temporal. Existen o pueden existir una jefatura encargada a una persona o a varias, siendo el resultado de una elección. El ejercicio del poder está directo o indirectamente en el pueblo, quien lo delega en sus gobernantes. Clases: República Directa: La población participa directamente en las funciones estatales;
República Indirecta: El pueblo es soberano y el ejercicio de la soberanía lo delega en los gobernantes, a través del sufragio.
3. Parlamentario o de Gabinete: Sistema de gobierno mediante la cual el ejecutivo está dividido en dos elementos: a) Jefe de Estado: y b) Jefe de Gobierno, quien es responsable junto con el gabinete ante el parlamento, el cual tiene facultades para revocar su m andato.
4. Presidencial: Este sistema confiere al Presidente de la República gran libertad de acción y poder decisorio virtual por lo que los ministros, no pueden ser removidos ni censurados por el legislativo y dependen exclusivamente del Presidente.
5. Convencional o de Asamblea: En este sistema se da l a preeminencia del legislativo sobre el gobierno, es decir, la Asamblea absorbe la totalidad de las funciones que le corresponden al Ejecutivo. El gobernante o gobernantes estarán a merced de la Asamblea tanto en su nombramiento como en su remoción.
DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL PODER (FALTA)
29. EL ESTADO DE GUATEMALA
Estructura (FALTA)
Forma de Gobierno Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo.
Soberanía
La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida. El Estado ejerce plena soberanía, sobre: El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos La zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional; y Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley, conforme la práctica internacional.
Territorio El territorio nacional consta de un área de 108,889 kilómetros cuadrados, y está integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las fuentes y m anantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas: -Los inmuebles situados en zonas urbanas; y -Los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis. Los extranjeros necesitarán autorización del ejecutivo, para adquirir en propiedad, inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Limitaciones en las fajas fronterizas. Sólo los guatemaltecos de origen, o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de quince kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se exceptúan los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis.
Idioma oficial
El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, forman parte del patrimonio cultural de la Nación.( Ref. art. 143 Constitución). Son idiomas oficiales del Estado: El Español para todo el territorio nacional y los idiomas indígenas que establezca la ley, fijando su ámbito de aplicación material de acuerdo a criterios técnicos, lingüísticos y territoriales.
El Proyecto de reformas Constitucionales de Guatemala no aprobadas por el Referéndum de 1999, establecían: Son idiomas oficiales del Estado: El Español para todo el territorio nacional y los idiomas indígenas que establezca la ley, fijando su ámbito de aplicación material de acuerdo a criterios técnicos, lingüísticos y territoriales.
El Estado reconoce, respeta y promueve los siguientes idiomas indígenas: Achi', Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch'orti', Chuj, Itzá, Ixil, Popti', Kaqchikel, K'iche', Mam, Mopan, Poqoman, Poqomchi, Q'anjob'al, Q'eqchi', Sakapulteko, Sipakapense, Tekiteko, Tz'utujil, Uspanteko, Garifuna y Xinka.
Nacionalidad: (Ref. Elementos del Estado, Población) Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce la nacionalidad, y establece en los artículos del 144 al 146 las diferentes clases de Nacionalidad respectivamente:
Nacionalidad de Origen: Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen, puede privársele de su nacionalidad.
Nacionalidad de Centroamericanos: También se consideran guatemaltecos de origen, a los nacionales por nacimiento, de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar en ante autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos.
Naturalización Son guatemaltecos, quienes obtengan su naturalización, de conformidad con l a ley. Los guatemaltecos naturalizados, tienen los mismos derechos que los de origen, salvo l as limitaciones que establece la Constitución. Ciudadanía Es una institución que habilita para el ejercicio de todos los derechos políticos y comporta deberes y responsabilidades hacia el Estado, sin embargo, se puede ostentar la ciudadanía de un país, sin tener todos los derechos políticos. (Ref. Artículo 147 Consti.) Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de dieciocho años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limi taciones, que las que establecen la Constitución y la ley, específicamente en el Código Civil (Ref. Artículo 8 en adelante).
Por otra parte el artículo 135 de la Constitución establece: Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:
-Servir y defender a la Patria; -Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República -Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos; -Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley; -Obedecer las leyes; -Guardar el debido respeto a las autoridades; y -Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley
Relaciones internacionales (Ref. Arts.149-151) Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión
política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas.
30. EL PODER PÚBLICO
ORIGEN, CONCEPTO Y EJERCICIO Manuel Ossorio escribe que "La potestad inherente al Estado y que autoriza para regir, según reglas obligatorias, la convivencia de cuantos residen en territorio sujeto a sus facultad políticas y administrativas" constituye lo que es el poder público, y con otras palabras agrega que está representado por "Cada uno de los Poderes fundamentales del Estado. Guillermo Cabanellas dice al respecto: "Poder Público es la Facultad consubstancial con el Estado que le permite dictar normas obligatorias que regulen la convivencia social de las personas que por vínculos personales o situación territorial se encuentran dentro de su jurisdicción legislativa o reglamentaria". Este jurisconsulto también nos refiere a los poderes del Estado como si am bas frases se consideraren sinónimas. Y Luis Sánchez Agesta manifiesta que "Este poder político institucionalizado, como hemos indicado, se regula por el Derecho (Derecho Constitucional) que determina quién, cómo y con qué limites ha de ser ejercido."
El Poder Público es considerado como competencia, imperativo jurídico y medio para realizar el fin fundamental del Estado, El Bien Común. - Como competencia: porque se distribuye en tres funciones principales: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. El poder Público no equivale o no es lo mismo que Estado, ni debe confundirse con el concepto de Estado, es decir el Estado cuenta con un poder Público, que es parte del mismo, el Estado es el Continente y el poder público el Contenido.
- Es Imperativo Jurídico: Son los mandatos previstos en la normas jurídicas. El poder público implica la facultad de crear el Derecho, definirlo en normas jurídicas y aplicarlo unilateralmente, sin previa consulta, empleando la coacción si es necesario.
El Poder Público es un conjunto de competencias constitucionales o de competencias reconocidas por la Constitución, que sirven para garantizar el propio orden jurídico.
- Es un Medio: Es el instrumento adecuado para realizar los fines fundamentales del Estado en especial del Bien Común o Interés Público
La Constitución guatemalteca, en el título IV, capítulo I nos ilustra sobre el ejercicio del poder público y establece que el Poder proviene del pueblo, pero agrega que ese ejercicio está sujeto a limitaciones que señala la carta magna y la ley, y que ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse esa facultad. En otr a parte, nuestra constitución se ha referido a la soberanía que radica en el pueblo, y deja bien claro que la deposita en los Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Como podemos apreciar, en ningún momento dicha constitución emplea el vocablo pode para identificar a esos órganos; lo que ha hecho es englobarlo en la frase poder público y, según estimamos, estaría ajustándose al criterio de que no hay división de poderes porque el poder del Estado es uno, sino enseñamos que se trata de funciones estatales propiamente dichas, tal y como lo veremos en los párrafos siguientes, en los que pondremos atención a los denominados poderes constituidos, según la doctrina, porque fueron creados por el poder constituyente que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente al emitir aquella constitución.
Teoría de la representación: Las notas del tema anterior, están identificadas con el sistema democrático, en el cual se producen elecciones libres y periódicas, pluralidad de partidos políticos, diversas corrientes de opinión con libertad de expresión y otras figuras que hemos identificado al estudiar el constitucionalismo. Este sistema, de acuerdo con el criterio que sostienen muchísimos tratadistas sobre derecho político, es el único que evita que el poder político sea arbitrario y que se respeten las libertades individuales. Por lo tanto, es la puerta por la que ingresa el individuo hábil para participar en política y es completamente libre de manifestarse por medio de los procesos electorales. Es decir, que el hombre actúa a través de representantes, a quienes encomienda por mandato, vertido a través del voto, que se dedique al ejercicio de las funciones públicas en virtud que el mismo no puede hacerlo, toda vez que forma parte de una multitud a la que le es imposible gobernarse a sí misma. Aparece entonces, la teoría de la representación cuyo nacimiento dejó atrás a la democracia antigua en la que las elecciones no tenían ninguna importancia. A ese respecto, Jaime Vidal Perdomo escribe que "En el curso del siglo XVIII apuntó el fenómeno de asimilación de democracia y elección, en la filosofía política de la época, ante la imposibilidad del ejercicio del gobierno directo y como corolario inmediato de las teorías representativas. En el siglo XIX buena parte de la lucha reposó en la extensión del sufragio, expresión del proceso de democratización del Estado que se anhelaba."
En nuestra constitución, al referirse al Estado de Guatemala y su sistema de gobierno, está escrito que es republicano, democrático y representativo, conceptos con los cuales está en concordancia con la doctrina moderna, pues lo republicano significa que se opone a lo monárquico, lo democrático a lo autocrático y lo representativo se opone al papel que el ciudadano desempeñaba en la democracia antigua, al dedicarse personalmente a tomar decisiones directas, con relación a los negocios públicos.
imperio de la Ley El "imperio de la ley" constituye la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho (Rule of Law). En el contexto ideológico-político en que tiene sentido y aplicabilidad la noción del Estado de Derecho, es decir, en el contexto que arranca del liberalismo y culmina en la democracia y el socialismo, por ley debe entenderse la formalmente creada por el órgano popular r epresentativo (Parlamento o Asamblea Nacional) como expresión de la voluntad general. En el Estado de Derecho la ley es la concretización racional de la voluntad popular, manifestada, con las posibles intervenciones del ejecutivo a que después aludiremos, a través de un órgano de representación popular libremente elegido- La ley ordinaria se conexiona y subordina a la ley fundamental (Constitución) y el control de constitucionalidad de las leyes asegura precisamente esa conexión y subordinación.
Para evitar posibles confusiones de otro tipo conviene hacer quizá la si guiente precisión: con la anterior afirmación (ley como expresión de la voluntad general) no se quiere decir, claro está, que sólo sea Derecho (y ley) el derivado de esa legitimidad liberal y después democrática; en modo alguno. También es Derecho (y ley) el derivado no de la voluntad general, sino de la posible voluntad individual de un dictador o de un monarca absoluto que, de hecho, logra dar vigencia social a la normatividad por él creada. Todo Derecho positivo es Derecho, tanto el que procede de un Parlamento, democráticamente elegido, como el que deriva de una decisión personal de un dictador que se hace obedecer, aunque no consideremos, por supuesto, igualmente legitimado (justificado) uno y otro.
Hecha esta aclaración sobre el concepto del Derecho, aparece manifiesto que no todo "imperio de la ley" es ya, por ello, Estado de Derecho: que no hay tal si la ley proviene de una voluntad individual absoluta y no de una asamblea de representación popular libremente elegida. Es decir, que no hay Estado de Derecho si la ley no es expresión de la voluntad general, o admitámoslo de lo que, en cada momento, más se acerca a la verdadera voluntad general.
Algunas veces, sacándolo totalmente de su contexto, se ha querido aprovechar interesadamente el prestigio de la fórmula "imperio de la ley", sacralizando ésta en pro de la conservación inamovible y la defensa a toda costa de un orden y de una legalidad autoritaria, de una legalidad nada democrática, donde la ley se dicta sin suficiente participación popular, y donde se olvidan las otras exigencias del Estado de Derecho. En este contexto autoritario "imperio de la ley" no significa ni más ni menos que "imperio de la voluntad absoluta del ejecutivo incontrolado", nunca "imperio del legislativo de representación popular".
Se dirá, y con razón, que el Estado liberal no cumplía sino muy parcial y formalmente esa condición (la ley, más que expresión de la voluntad general, era expresión de la voluntad de la burguesía) y algo similar podría decirse de otras condiciones como, por ejemplo, respecto de la pro tección efectiva material de los derechos fundamentales. Esto es cierto, y ello es l o que justifica precisamente ese paso que en los tiempos actuales se ha dado hacia el Estado social de Derecho, y el que
Función Pública: Los Funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (Principio de legalidad Administrativa, Ref. art. 154 Const.)
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.
La función publica no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.
Responsabilidad por Infracción de la Ley: Los funcionarios y los empleados públicos actúan unilateralmente imponiendo sus decisiones dentro del marco de la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes, pero actúan limitadamente. Los particulares tienen el deber de obediencia pero también el derecho de afirmar la juricidad y de reclamar por cuanto daño y perjuicio la actuación unilateral indicada.
Nuestra Constitución Política de la República establece al respecto en su artículo 155:
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles.
NO OBLIGATORIEDAD DE ÓRDENES ILEGALES (REF. ART. 156 CONSTITUCION) Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
31. ÓRGANOS DEL ESTADO. Organismo Legislativo *Concepto : Órgano del Estado que tiene a su cargo esencialmente la función de legislar. El poder legislativo tiene naturaleza eminentemente política, así como la función creadora del derecho que les corresponde.
* Función legislativa y Justificación de la función legislativa Según Duguit, la Función Legislativa es la que permite al Estado formular el derecho objetivo o regla de derecho; hacer la ley, que se impone a todos, gobernantes y gobernados, porque obliga a todos por igual. O como lo ha expresado Luis Sánchez Agesta, al considerar que son reglas preceptivas o decisiones de autoridad que obedecemos todos porque nos obligan, nos prohiben o nos permiten hacer algo Con tales argumentos, vamos a recordar la conocida división que se hace de la función legislativa en ordinaria y extraordinaria, recayendo en manos del Congreso de la República la primera y en las de la Asamblea Nacional Constituyente la segunda.
Como característica esencial de la función legislativa Manuel Ossorio escribe que únicamente existe en los Estados de Derecho, es decir, en las democracias, ya que en los gobiernos antidemocráticos, ya fueren autocráticos, totalitarios o de facto, no se tolera existencia.
De la función legislativa, con rasgos de definición, Ferrero Rebagli ati dice que "Mediante la legislación, el Estado instituye el ordenamiento jurídico que regula su organización y su acción, así como la vida social". Por su lado. Naranja Mesa define con mayor amplitud dicha función, pues contempla tres criterios distintos. En primer lugar, explica que hay un punto de yista orgánico, porque hay un poder legislativo y si esta afirmación fuere realmente correcta, habría que precisar "si la indivisión de poderes correspondiera exactamente a la separación de funciones", lo que no ocurre porque en algunas circunstancias a este poder se le atribuyen funciones de orden administrativo. En segundo lugar, anota que hay un criterio formal, y en este caso aquella función "es la actividad estatal manifestada conforme al .proceso establecido para la sanción de las leyes", cuyas consecuencias fijan lo eficaz del acto jurídico llamado ley y que se ajusta a las pautas del Derecho Constitucional. Y por último, expresa que hay un criterio material, de donde resulta que "la función legislativa es la actividad estatal que tiene por objeto la creación de normas jurídicas generales o, en otras palabras, la de hacer las leyes..."
*Composición del organismo legislativo La organización pública Organismo Legislativo es la creación de la Constitución Política, artículo 141. Se regula en la Constitución en los artículo 157 al 181 y especialmente en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. En el interior del Organismo Legislativo funcionan diversas organizaciones, entre ellas, el Pleno del Congreso (diputados). La Junta Directiva, la Presidencia del Congreso, la Secretaría del Congreso, la Comisión Permanente, la Comisión de Derechos Humanos, las Comisiones Ordinarias, las comisiones extraordinarias y específicas y los bloques legislativos. La Junta Directiva, Presidencia y Secretaría ejercen funciones administrativas y permanentes.
* UNICAMERALISMO
Sostiene que el poder legislativo se ejerce por una sola cámara llamada de diputados o representantes; y
* BICAMERALISMO Que sostiene el criterio vinculado con dos cámaras distintas en cuanto a sus miembros y en cuanto a sus funciones: esto quiere decir que hay senadores y diputados. Los primeros integran la cámara alta y los segundos la cámara baja.
Las ventajas y los inconvenientes de uno y otro sistema, han sido fuente de discusión en la doctrina, sin embargo, ha prevalecido en la mayoría de constituciones el que se refiere a la bicameralidad, por estimarse que el senado o cámara alta sirve de contrapeso al mayor impulso de la cámara baja o de diputados. Sánchez Agesta, al escribir sobre el bicameralismo, dice que se funda en que la cámara de senadores tiene una representación diversa con carácter nobiliario, corporativo o federativo, o es sólo una cámara de reflexión debido a la mayor edad de sus miembros o por una mayor calificación política y que, en todo caso, permite una doble deliberación.
* INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA (FALTA)
* LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Una Asamblea Constituyente es una corporación especialmente integrada para elaborar un texto constitucional para un Estado en Formación, para reemplazar una Constitución ya existente, o para introducirle a la vigente modificaciones sustanciales, básicamente en cuanto a la forma del Estado, al sistema de gobierno o al régimen político. En los últimos dos casos, esto ocurre cuando el ordenamiento jurídico-político se encuentra quebrantado, o su vigencia a sido interrumpida por obra de una grave conmoción interna, un golpe de Estado, una revolución triunfante o una guerra civil.
No se trata de una institución de carácter permanente sino eminentemente transitorio y circunstancial: su duración no puede ir más allá del tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de su objetivo.
* DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA Como se ha señalado la complejidad que caracteriza el funcionamiento del Estado moderno se ha hecho necesario asignarle a la rama ejecutiva del poder, particularmente a su cabeza, el Gobierno, el cumplimiento de determinadas funciones propiamente legislativas, ampliando así considerablemente su radio de acción. Por ello en casi todas las constituciones se encuentran consagradas expresamente normas que le confieren al ejecutivo el ejercicio de funciones legislativas.
Entre estas delegaciones se destacan algunas de fondo;
función colegisladora del Gobierno, es decir, la facultad reconocida a este de presentar, a través de los ministros, proyectos de ley al Parlamento, facultad que en muchos casos va más lejos; se le otorga al ejecutivo la iniciativa exclusiva en la presentación de ciertos proyectos de ley, como son los relativos al presupuesto de rentas y gastos, a los planes y programas de desarrollo económico y, en general, al gasto público.
También figuran entre estas, las llamadas Facultades Extraordinarias que el parlamento puede conferir al gobierno, -generalmente con carácter temporal y con fines específicos-, a través de las cuales el Gobierno puede dictar decretos con fuerza de ley, supliendo así el propio legislador ordinario. Además está la facultad concedida al Jefe de Estado, sobre todo en sistema de gobierno presidencial, de objetar por inconveniencia o por inconstitucionalidad los proyectos de ley aprobados por el Parlamento y sometidos a su sanción.
En esta categoría se incluyen también la facultad concedida al ejecutivo de solicitar trámite de urgencia al estudio, por parte del Parlamento, de determinados proyectos, la de convocar al Parlamento a sesiones extraordinarias destinadas a la evacuación de los proyectos que el Gobierno considere necesarios, y la potestad reglamentaria de las leyes conferidas al ejecutivo, la cual, por sí sola implica una vasta incursión de parte de este en la función legislativa.
Funciones de Carácter Formal: Estas son asignadas al ejecutivo dentro de la función legisl ativa, como son la concurrencia del propio Jefe de Estado a la instalación y clausura de las cámaras legislativas, oportunidad que se le brinda para exponer ante ellas sus ideas sobre la marcha del Estado y, concretamente, sobre la labor del legislador y sus relaciones de Gobierno.
Casos Excepcionales: Habría que agregar dentro de las funciones legislativas, los casos en que el ejecutivo queda investido de poderes excepcionales, como ocurre en los casos de estado de sitio o, en general, bajo los regímenes de crisis previstos en las Constituciones Modernas.
32. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POTESTAD
La potestad legislativa corresponde con exclusividad al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un período de cuatro años pudiendo ser reelectos.
INTEGRACIÓN Cada uno de los departamentos de la República, constituye un distrito el ectoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central, y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que correspondan a cada distrito en proporción a la población. Un número equivalente al veinticinco por ciento de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán, según el caso, llamando al postulante que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado.
QUÓRUM Las resoluciones del Congreso, deben tomarse con el voto favorable de l a mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial.
El veinticinco por ciento de diputados o más tiene derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. Si la solicitare por lo menos la mitad más uno del total de diputados, la comisión permanente deberá proceder inmediatamente a su convocatoria
SESIONES El período anual de sesiones del congreso se inicia el catorce de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria. El congreso se reunirá en sesiones ordinarias del catorce de enero al quince de mayo y del uno de agosto al treinta de noviembre de cada año. Se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión Permanente o por el Organismo Ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. El veinticinco por ciento de diputados o más tiene derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. Si la solicitare por lo menos
la mitad más uno del total de diputados, la comisión permanente deberá proceder inmediatamente a su convocatoria.
MAYORÍA PARA LAS RESOLUCIONES Las resoluciones del Congreso, deben tomarse con el voto favorable de l a mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial.
AUTORIZACIÓN A DIPUTADOS PARA DESEMPEÑAR OTRO CARGO Los diputados pueden desempeñar el cargo de ministro o funcionario de Estado o de cualquier otra entidad descentralizada o autónoma. En estos casos deberá concedérseles permiso por el tiempo que duren en sus funciones ejecutivas. En su ausencia temporal, será sustituido por el diputado suplente que corresponda.
PRERROGATIVAS DE LOS DIPUTADOS Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguiente prerrogativas:
Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia, no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flag rante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.
Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República. Sólo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes.
Hecha la declaración a que se refiere el inciso uno, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción de juez competente. Si se les decretare prisión provisional quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante.
REQUISITOS PARA EL CARGO DE DIPUTADO Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN PERMANENTE El Congreso elegirá, cada año, su Junta Directiva. Antes de clausurar el período de sesiones ordinarias elegirá la Comisión Permanente, presidida por el Presidente del Congreso, la cual funcionará mientras el Congreso no esté reunido. La integración y las atribuciones del Junta Directiva y de la Comisión Permanente serán fijadas en la Ley de Régimen anterior.
PROHIBICIONES Y COMPATIBILIDADES No pueden ser diputados: Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo, Judicial y del Tribunal y Contraloría de Cuentas, así como los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el dir ector del Registro de Ciudadanos. Quienes desempeñen funciones docentes y los profesionales al servicio de establecimientos de asistencia social, están exceptuados de la prohibición anterior; Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas, tengan pendiente reclamaciones de interés propio; Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme, no hubieren solventado sus responsabilidades; Quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos; y
Los militares en servicio activo.
Si al tiempo de su elección o posteriormente, el electo resultare incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en este artículo, se declarará vacante su puesto, pero si fuera de los comprendidos en los literales a) y e) podrá optar entre el ejercicio de esas funciones o el cargo de diputado. Es nula la elección de diputado que recayere en funcionario que ejerza jurisdicción en el distrito electoral que lo postula, o la hubiere ejercido tres meses antes de la fecha en que se haya convocado a la elección.
El cargo de diputado es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas temporales o especiales y con la representación de Guatemala en congresos internacionales.
ATRIBUCIONES Corresponde al Congreso de la República: a) Abrir y cerrar sus períodos de sesiones; b) Recibir el juramento de ley al Presidente y Vicepresidente de la República, al Presidente del Organismo Judicial y darles posesión de sus cargos; c) Aceptar o no la renuncia del presidente o del Vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva; d) Dar posesión de la Presidencia de la República, al Vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del Presidente, e) Conocer con anticipación, para que los efectos de la sucesión temporal, de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la república. En ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el Presidente y Vicepresidente. f) Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deban ser designados por el Congreso; aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas que han de sustituirlos; g) Desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el Ejército pasará automáticamente a depender del Congreso; h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Viceministros de Estado, cuando estén
encargados del Despacho, Secretarios de la Presidencia de la república, Subsecretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Pr ocurador General de la Nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el congreso i) Declarar, con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el congreso, la incapacidad física o mental del Presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una comisión de cinco médicos, designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a solicitud del Congreso; j) Interpelar a los ministros de Estado y conceder condecoraciones propias del Congreso de la República, a guatemaltecos y extranjeros; y k) Todas las demás atribuciones que le asigne la Constitución y otras leyes.
INTERPELACIONES A MINISTROS Los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones pendientes.
Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados, con cuarenta y ocho horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirl as.
Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación y de ésta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por cuatro diputados, por lo menos, y tramitado sin demora, en la misma sesión o en una de las dos inmediatas siguientes.
EFECTOS DE LA INTERPELACIÓN Cuando se planteare la interpelación de un ministro, éste no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna.
Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El Presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros, que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los ocho días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un períodos no menor de seis meses.
Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso, después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato.
En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de cuatro en cada caso.
ASISTENCIA DE MINISTROS AL CONGRESO Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos. No obstante, en todo caso podrán asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrá hacerse representar por los Viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste o sus comisiones lo consideren necesario.
CONVOCATORIA A ELECCIONES POR EL CONGRESO Es obligación del Congreso, o en su defecto de la Comisión Permanente, convocar sin demora a elecciones generales cuando en la fecha indicada por la ley, el Tribunal Supremo Electoral no lo hubiere hecho.
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS a) Calificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos;
b) Nombrar y remover a su personal administrativo. Las relaciones del Organismo Legislativo con su personal administrativo, técnico y de servicios, será regulado por una ley específica, la cual establecerá el régimen de clasificación de sueldos, disciplinario y de despidos; Las ventajas laborales del personal del Organismo Legislativo, que se hubieren obtenido por ley, acuerdo interno, resolución o por costumbre, no podrán ser disminuidas o tergiversadas; c) Aceptar o no las renuncias que presentaren sus miembros; d) Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios; y e) Elaborar y aprobar su presupuesto, para ser incluido en el del Estado
OTRAS ATRIBUCIONES (ESTUDIAR EL ART. 171 CONSTI.)
MAYORÍA CALIFICADA Aprobar antes de su ratificación, con el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando:
Se refieran al paso de ejércitos extranjeros por el territorio nacional o al establecimiento temporal de bases militares extranjeras; y Afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un estado de guerra.
PROCEDIMIENTO CONSULTIVO Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas se someterán a los ciudadanos. «La ley constitucional electoral regulará lo relativo a esta institución.»
* La Interpelación
El Origen Parlamentario de la interpelación es innegable, pues precisamente del sistema parlamentario se ha tomado tal institución, la cual conquistada por los Lores y Los Comunes frente al Monarca Británico, haciendo así efectiva la responsabilidad política de los gobernantes.
Esta institución se incorporó a nuestro derecho constitucional en la constitución de 1945, y ha sido mantenida en las Constituciones posteriores.
El origen de esta institución se encuentra en el malestar que produce la preponderancia presidencial. A partir del asentamiento de las reformas liberales - a finales del siglo pasado e inicios del presente- se produce en América latina un fortalecimiento inusitado de los poderes del Presidente. La Constitución cubana en 1940, por primera vez, en América latina, estableció un sistema semi-parlamentario o Presidencial Moderado, en el sentido de fijar mayores limitaciones a la actividad del Ejecutivo. Así pues, se incorporó por primera vez la interpelación y el voto de falta de confianza, elemento propio del régimen parlamentario y no del presidencial.
Este mecanismo de control ha sido controvertido y el Congreso de la República ha hecho diversas interpretaciones. En 1959, afirmó que la interpelación es un derecho ilimitado de los diputados y no está sujeto a la calificación previa de ninguna especie.
Sin embargo en 1972, la mayoría conservadora se decidió por un criterio restrictivo, habiendo sentado la tesis que la solicitud debe calificarse previamente por la Junta Directiva, la que determinará: Sí se ajusta a la constitución y a la naturaleza de la institución, para evitar que se desnaturalice y sea objeto de exceso de iniciativa de los diputados, o de c ualquier otro factor que haga perder el sentido de la unidad de los actos y resoluciones del congreso de la República, haciendo el planteamiento al Pleno del Congreso para su aceptación o no.
Para muchos esta interpelación anulaba prácticamente el derecho de interpelación de los diputados, y su ejercicio quedaba en manos de la mayoría.
Precisamente esta situación fue la que motivó una innovación en nuestra Constitución actual al incluirse un párrafo que no permite tales intepretaciones, al establecer el art. 166 párrafo segundo: Ni el Congreso ni el pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los Diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas.
Podemos apreciar, pues, que la facultad de interpelación es de los diputados individualmente considerados, y no del Congreso en Pleno, tal y como lo establece nuestra Constitución.
Juicio Político (también llamada Interpelación)
Ley del Organismo Legislativo (ESTUDIAR LA LEY DEL ORGANISMO LEGISLATIVO)
33. FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LEY Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.
Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.
Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará un procedimiento que prescribe la Ley Orgánica y de Régimen Interior del Organismo Legislativo. Se pondrá a discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran.
Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación
Dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente.
Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente período de sesiones ordinarias.
Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente sesión, y el congreso, en un plazo no mayor de treinta días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto como ley de la República.
La ley empieza a regir en todo el territorio nacional, ocho días después de su publicación integra en el diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación.
No necesitan de sanción del Ejecutivo, las disposiciones del Congreso relativas a su Régimen Interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de l a Constitución Política de la República.
ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO Las etapas del moderno proceso legislativo, según la doctrina jurídica, son: Iniciativa Discusión Aprobación Sanción
Promulgación Publicación El proceso legislativo supone la existencia de una serie de actividades que deben ser realizadas por lo órganos estatales competentes, constituyendo cada de ellas etapas específicas, que de modo consecutivo, deberán irse desenvolviendo necesariamente hasta llegar a la efectiva formación de la ley.
Iniciativa: El acto por el cual un proyecto de ley es presentado a la consideración del Organismo Legislativo por lo órganos del Estado debidamente facultados para el efecto en cada sistema jurídico. (VER ARTÍCULO 174 DE LA CONSTITUCIÓN)
Discusión: El acto mediante el cual el cual el Organismo Legislativo delibera acerca de los proyectos de ley presentados, discutiendo sobre la conveniencia de aprobarlos o no. (VER ARTÍCULO 176 DE LA CONSTITUCIÓN)
Aprobación: Tras discutir el proyecto de ley, el Organismo Legislativo lo somete a votación. Para aprobarlo deberá contarse con el voto favorable de la mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros que integran el Congreso, salvo los casos en que la propia Constitución exija un número especial (2/3 partes) . VER ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN. Por ejemplo, en su artículo 175 establece que para la reforma de las leyes constitucionales es necesario el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. (VER ARTÍCULOS 177, 178).
Sanción: Consiste en la aceptación por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley ya debidamente aprobado por el Organismo Legislativo. En nuestro sistema jurídico la sanción del Poder Ejecutivo deberá ser otorgada en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la recepción del proyecto. En caso contrario se tendrá por sancionado y deberá promulgarse como ley de la República dentro de los 8 días siguientes.
Derecho de Veto: Es la facultad del Organismo Ejecutivo de poder oponerse a los proyectos de ley ya aprobados por el Congreso. Nuestra Constitución en el Artículo 178 establece que previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá vetar el proyecto de ley; asimismo estipula que las leyes no pueden ser vetadas parcialmente.
En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo de 15 días en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente período de sesiones ordinarias del período siguiente, ya sea sancionándolo o vetándolo. (el período ordinario de sesiones del Congreso se inicia, sin necesidad de convocatoria, el 15 de enero de cada año).
- Primacía Legislativa: No obstante el mencionado Derecho de veto de que goza el Ejecutivo, la Constitución otorga al Congreso la facultad de no aceptar dicho veto, mediante la ratificación del proyecto con el voto de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran. (vemos aquí la mayoría indispensable para oponerse al veto del Ejecutivo es superior a la mayoría requerida en la generalidad de los casos, mitad más uno). Nuestra Constitución establece que en este caso el Organismo Ejecutivo deberá necesariamente sancionar y promulgar la ley; si no lo hiciere, el Congreso ordenará su publicación para que surta efecto como ley de la República (Artículo 179 de la Constitución).
Promulgación: Consiste en el reconocimiento solemne por el Ejecutivo de que una ley ha sido aprobada conforme el proceso legislador establecido por la Constitución y que, por consiguiente, debe ser obedecida. Por lo tanto, promulgada la ley equivale a ordenar que la misma debe ser publicada y cumplida por aquellos a quienes va dirigida.
Publicación: Es el acto por el cual una ley ya aprobada y debidamente sancionada, se da a conocer a la colectividad. Nuestra Constitución señala en su artículo 180 que la ley debe ser publicada íntegramente en el Diario Oficial (Diario de Centroamérica) y que empezará a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. Ejemplo: El plazo puede ser ampliado por la propia ley; también el término legal puede ser restringido por la propia ley; tal es el caso de los decretos que ponen en vigor la Ley de Orden Público, en que generalmente se establece que la misma entrará en vi gor inmediatamente. La etapa de publicación de la Ley corresponde al Ejecutivo, salvo el caso contemplado en el artículo 179 de la Constitución que contempla la situación en que el Congreso podrá ordenar dicha publicación.
VACATIO LEGIS: El período que transcurre entre la publicación de la ley y su entrada en vigor se conoce en doctrina con el nombre de vacatio legis.
34. ORGANISMO EJECUTIVO Concepto, Naturaleza y Características:
La Función Ejecutiva, llamada también función administrativa en e! ámbito doctrinario, la que en términos generales consistente en la actividad que tiene a su cargo el Organismo Ejecutivo. Al respecto. León Duguit manifiesta que es todo aquello que hace el Poder Ejecutivo, idea a la que el mismo autor califica como una definición puramente formal, tanto así que a esa actividad le llama "la pretendida función ejecutiva", la cual muchos autores han considerado como opuesta a la función legislativa- Asimismo, dice: "los tratados elementales de Derecho Público y de Derecho Privado francés distinguen siempre la función legislativa y la función ejecutiva. Sin embargo, la expresión función ejecutiva no se encuentra, ni una sola vez, en nuestras leyes constitucionales, políticas ni administrativas. Lo que a cada instante se encuentra, es la expresión poder ejecutivo. Pero no hay mayor error que creer sinónimos los vocablos función y poder". Y agrega: "los poderes (refiriéndose a lo que pensaron los redactores de la Constitución francesa de 1791) no eran ni las funciones ni los órganos del Estado, sino los diversos elementos constitutivos de la soberanía y. especialmente, el poder ejecutivo venía a ser la soberanía misma, en tanto que se manifestaba en el orden ejecutivo, no siendo las funciones otra cosa que l as manifestaciones de la voluntad del Estado, en tanto que producían cierto efecto en el campo del derecho". Además, este tratadista francés llega al extremo de subdividir la función ejecutiva en tres partes. porque considera que legisla cuando elabora y aprueba reglamentos, emite resoluciones con carácter de actos administrativos que son recurribles, y algunas actuaciones de órganos o agentes suyos que pueden calificarse dentro del orden judicial.
Es oportuno citar la opinión que Rafael Bielsa ha sostenido sobre la función legislativa del ejecutivo que aduce Duguit, la cual amplia diciendo que el Poder Ejecutivo tiene realmente un carácter colegislador, ya que puede proyectar leyes al hacer uso de la iniciativa que la misma constitución le concede, intervenir en los debates del Congreso por medio de los Ministros cuando informan a la cámara de diputados -sin votar- y cuando aprueba o sanciona las leyes o utiliza su derecho de veto.
En otros términos, Sánchez Agesta explica que la función ejecutiva es la misma función administrativa que se confunde con la ejecución de la ley, abarca la emi sión de reglamentos que desarrollan las leyes y que a través de los actos administrativos, tiende a establecer concretamente un derecho, una obligación o una situación subjetiva; asimismo, puede expresar juicios por medio de los informes, manifestar un deseo o autenticar un hecho mediante certificaciones.
Para definir esta función, otros autores han expuesto su pensamiento así:
Naranjo Mesa emplea los mismos términos que utilizó al referirse a la función legislativa.
Por lo tanto, dice que hay un criterio orgánico en el que aparece el poder ejecutivo como responsable de la realización de la función administrativa: el criterio material se estaría refiriendo a que esa actividad estatal consiste en realizar actos jurídicos subjetivos; y en cuanto al criterio formal, dice que es "realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las Poyes, así como los objetivos del bien común dentro del Estado". Para Sánchez Agesta, que también utiliza la frase función administrativa, la función ejecutiva es, realmente, una decisión de la Administración que se materializa a través actos administrativos, comprende la actividad pública que desarrolla la ley y tiende a establecer mediante una declaración de voluntad, concretamente un derecho, una obligación o una situación subjetiva, decidiendo bajo el ámbito de una norma los términos de una relación jurídica; o a expresar un Juicio (informes); o manifestar un deseo; o autentificar un hecho (certificaciones). Agrega que "esta función administrativa se nos aparece como la contraposición dialéctica del contenido de la ley". Y Raúl perrero la define con un enfoque un tanto diferente, con carácter ideológico, diciendo que esta función "tiene por finalidad asegurar la ejecución de las leyes y el funcionamiento de los servicios públicos, proveyendo a las necesidades del grupo social". De lo anterior, podemos colegir un dato importante que nos indica que esta actividad corresponde al Parlamento en aquellos países que practican el sistema parlamentario, hablándose entonces de un ejecutivo parlamentario en lugar de un ejecutivo presidencial.
En Guatemala tampoco se habla de función ejecutiva, tal como sucede en Francia en opinión vertida por Duguit, similitud que se demuestra cuando la Constitución guatemalteca se refiere al Organismo Ejecutivo y menciona que hay funciones que están a cargo del Presidente de la República (artículo 182 y 183), el cual, desde la perspectiva doctrinaria, como nos lo enseña Naranjo Mesa, ha sido calificado como monocrático o unitario, cuando hay una sola persona que es a la vez jefe de Estado y jefe de Gobierno; como dualista, que es la situación contraria a la anterior, es decir, hay dos personas que distintamente desempeñan los cargos de jefe de Estado y de jefe de Gobierno; como directorial, que es cuando existe un número plural de personas en un mismo plan de igualdad y que ostentan colectivamente la jefatura del Estado; y colegial, cuando hay más de dos personas que desempeñan en forma al terna y sucesiva la jefatura del Estado.
Seguidamente, abordaremos el tema del veto de manera más o menos amplia. Al respecto, Rafael Bielsa lo enfoca así:
"El verdadero principio de separación de los poderes no es una cuestión funcional, ni moral, ni económica, sino una cuestión de atribución jurídica con respecto al poder público, o sea, que los actos de un poder no están sujetos a la autoridad del otro, sino al ordenamiento jurídico que la Constitución ha establecido respecto a los principios, derechos y garantías. Por eso de dice división de poderes, o repartición de la potestad jurídica del Estado, y en ese sentido la concepción de Montesquieu tiene todavía su valor. Ningún poder puede rever los actos del otro , en virtud de tener mayor autoridad; ésta resulta de la índole de la función con respecto a la ley, en el sistema de la Constitución. Si un poder puede enervar -esto significa debilitar- los actos del otro no es por mayor autoridad, sino por ejercer una función específica, y de ahí que sus decisiones deben, además, ser motivadas. Si el Poder Ejecutivo puede oponer veto a una ley no es por porque ejerza función de revisión sobre el Congreso, sino porque es colegislador. Tanto que si el Congreso insiste, por la mayoría especial que la Constitución señala, él enerva el veto". Esta referencia coincide con lo que dispone el artículo 179 de nuestra Constitución. Continúa Bielsa diciendo: "Si el Poder Judicial puede declarar inconstitucional una ley, y en consecuencia no aplicarla, no es porque tenga función fundada en la potestad de rever leyes, sino porque lo primero que todo juez debe aplicar es la Constitución, y si una ley (en sentido material) altera garantías constitucionales, él no aplica la ley sino la Constitución, pero lo hace porque el lesionado por la ley le demanda sentencia, o sea que el Juez no puede decidir sino en caso concreto, o sea enjuicio".
En cuanto a caracteres generales del veto, el tratadista argentino mencionado nos dice que se trata de una atribución que hoy solamente se justifica, más que como prerrogativa, como una forma de contribuir a la mas eficiente y oportuna legislación. No obstante el veto es un medio de impedir. siempre relativo, pues la insistencia del Congreso, según lo dijimos ya, o en su caso, la insistencia de una mayoría especial en la Cámara de origen, lo puede enervar también. Montesquieu lo concibió claramente al hacer la distinción entre el poder de estatuir y el poder de impedir, cuando decía:
"Llamo facultad la distinción entre el derecho de ordenar por sí mismo, o de corregir lo que ha sido ordenado por otro. Llamo facultad de impedir al derecho de anular una resolución tomada por cualquier otro; éste era el poder de los tribunos de Roma. Montesquieu, después de establecer la división de los poderes de legislar y ejecutar,, consideró que es necesario para asegurar garantías de libertad, establecer en el seno mismo del Poder Legislativo y fuera de él un sistema de frenos y contrapesos.
La facultad de veto define claramente el carácter de colegislador que el Poder Ejecutivo tiene. Su virtud consiste, realmente, en que mediante él se ejerce un papel contralor que podríamos dividir también, según Bielsa, en contralor de oportunidad y contralor de legitimidad, o "mutates mutandis", es decir, -cambiando lo que se debe cambiar, con l os cambios necesarios-; tratándose
de leyes, de un veto que tiene por \ objeto el examen: a) de la conveniencia general de la ley; y b) de su constitucionalidad.
En efecto, el veto puede fundarse en la defensa de los intereses públicos de orden económico, social, etc., y en razones de buena administración que el Poder Ejecutivo debe conocer directamente. El mismo tratadista argentino justifica también el veto de leyes, cualesquiera que sean, ya irreflexivas, demagógicas o de privilegio de clase o personas, por ser repugnantes a la Constitución y a la armonía social y política que debe reinar en la sociedad.
En sentido clasificatorio, del veto se dice que puede ser absoluto y suspensivo. El primero es aquél que rechaza la ley totalmente, o sea que no puede cobrar vigencia en ningún momento. El segundo, se limita a retrasar su aprobación o aplicación. También se habla de veto total y de veto parcial. El Total se .da cuando el Poder Ejecutivo rechaza el articulado completo de la ley; y el parcial, cuando el proyecto solo es , desechado en parte. En ambos casos, el Ejecutivo devuelve al Congreso el proyecto con las objeciones u observaciones correspondientes. Con respecto al veto absoluto y el suspensivo, Bietsa dice que en rigor el veto no se diferencia substancialmente así, desde luego, todo veto es suspensivo y se convierte en absoluto cuando el Congreso no insiste en su sanción. Él veto absoluto puede llamarse también definitivo por sus efectos. Por su lado, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, anota que puede ser con carácter obstativo o impeditivo, o para ser sometida a nueva deliberación o para suspender la eficacia de la ley durante un lapso más o menos prolongado.
Para reforzar el fundamento del veto, Bielsa le asigna los caracteres constitucionales siguientes: 1°. Es una atribución de índole colegislativa, que se funda en l a más amplia manera de aprobar la ley, para que ésta tenga vigor de tal.
2°. Su fundamento jurídico es la conveniencia de aportar, fundadamente, mayor suma de opinión, de acuerdo con la ciencia constitucional.
3°. El veto puede ser total o parcial.
4°. Siendo el veto un medio de paralizar o enervar una sanción del Congreso, la decisión sobre la insistencia y los fundamentos del veto deben ser publicados por la prensa.
5°. El veto puede ser opuesto por el Ejecutivo a los proyectos sancionados que él mismo ha enviado al Congreso, pues la atribución del veto no es renunciable.
La información anterior no está completa si ignoramos qué es y en qué consiste el veto. Etimológicamente significa prohibo. Tal prohibición consiste o se fundamenta en el ejercicio de un derecho que las constituciones otorgan al Presidente de la República, lo cual se ajusta en nuestro país a lo que establece el articulo 178 de la Constitución Política, de donde resulta que es facultad del Jefe del Estado oponerse a la promulgación de una ley aprobada, por el Congreso de la República. Dicho artículo exige que el citado funcionario haga sus observaciones y que "Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente".
Sobre la conceptualización de lo que es el veto, hemos encontrado una brevísima referencia histórica en Naranjo Mesa al indicar que en Roma era insoportable para los plebeyos la oligarquía imperante; sin embargo, para su suerte "se llegó a un acuerdo por el cual los plebeyos tendrían sus propios funcionarios, elegidos por ellos mismos como sus representantes en número de dos: estos fueron los tribunos. Su misión era la de proteger los intereses de la plebe e impedir que los patricios aprobaran leyes injustas para ellos. Más tarde consiguieron los tribunos el poder de suspender les leyes que consideraron perjudiciales, mediante el veto. Pero modernamente el autor argentino mencionado -Bielsa es generoso al exponer su criterio con respecto a esta figura tan especial, según lo vimos en párrafos anteriores.
Ya que nuestro empeño no es solamente traer a colación criterios ajenos sobre Derecho Constitucional, sino relacionarlos en cada caso con la normativa Jurídico-politica nacional correspondiente y ubicar adecuadamente al estudiante o al estudioso, nos vamos a referir a la integración del Organismo Ejecutivo. En ese sentido, el tercer párrafo del artículo 182 de la Constitución establece que "El Presidente de la República, juntamente con el Vicepresidente, los Ministros, Viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y ...", aspecto que amplia el articulo 5° de la Ley del Organismo Ejecutivo, en el que además indica que los órganos de éste pueden ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos.
Atribuciones y poderes del Poder Ejecutivo (FALTA)
35. ORGANISMO EJECUTIVO EN GUATEMALA
La organización pública Organismo Ejecutivo es creación de la Constitución Política, artículo 141. Se regula en la Constitución en los artículo 182 al 202 y especialmente en la Ley del Organismo Ejecutivo. Cada Organización del Organismo Ejecutivo regula as actuaciones con reglamentos orgánicos internos. El Organismo Ejecutivo se integra con organizaciones públicas jerarquizadas y no jerarquizadas.
JERARQUIZADAS: Presidente de la República, vicepresidencia de la República, Ministerios de Estado,, Gobernaciones departamentales, y Consejos constitucionales.
NO JERARQUIZADAS: Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad. Las organizaciones jerarquizadas dependen directamente del Presidente de la República, del cual reciben órdenes e instrucciones. Las organizaciones no jerarquizadas, no dependen directamente del Presidente debido a que gozan de autonomía o descentralización.7
Presidencia de la República: Es la suprema organización política y administrativa del Organismo Ejecutivo y del Estado de Guatemala. Es la organización fundamental del Estado de derecho, del Estado constitucional, de la República y de la democracia. La cabeza de la Presidencia de la República es el Presidente de la República.
El Presidente de la República, actuará siempre con los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El Presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno.
Integración del Organismo Ejecutivo
En el último párrago del artículo 182, de la Constitución dispone la integración del Organismo Ejecutivo con el El Presidente y Vicepresidente de la República, y los Ministros de Estados, de cada uno de los trece ministerios, vicemistros y demás funcionarios que laboran en dicho organismo. Los ministerios de Estado son los siguientes:
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Gobernación Ministerio de la Defensa Nacional Ministerio de Finanzas Públicas Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Ministerio de Economía Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura y Deportes Ministerio del Medio Ambiente
La Ley del Organismo Ejecutivo integra este Organismo con elementos que no figuran en la Constitución: Secretarías de la Presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales, órganos que dependan de la Presidencia de la República y gabinetes específicos. Cuando se presenta la situación de elementos en la Constitución y elementos diferentes en la ley, hay que tener presente que los elementos constitucionales no se eliminan en la ley en ninguna forma. La existencia de dos clases de elementos permitirá diferenciar entre elementos constitucionales y elementos legales, igualmente válidos, y manejarlos unos como complemento de los otros.
Funciones del Presidente de la República (Ref. Art. 183 Consti.)
En la Constitución en el artículo 183 se enumeran funciones políticas, funciones administrativas y funciones político-administrativas que ejerce el Presidente de la República. Las funciones políticas se localizan en los inciso b), f), h), k), l), ñ), o), p). Las funciones administrativas se localizan en los incisos a), c), d), g), i), m), n), q), r), s), t), u), v), w). Las funciones político-administrativas, en los incisos e), j), x),
Todas las funciones del Presidente de la República se consideran principales. Sin embargo pueden subrayarse cuatro por su especial importancia. 1. Dirigir y orientar la política general del Estado de Guatemala. Texto resumido similar al inciso o) del artículo 183 de la Constitución,
2. Ejecutar y respetar las leyes. Texto adecuado. Corresponde al contenido del inciso a) artículo 183 de la Constitución. 3. Nombrar y remover funcionarios y empleados públicos. La reforma contenida en el Acuerdo Legislativo número 18-93 del Congreso de la República, obliga al Presidente a nombrar y remover a los Ministros de Estado, Viceministros, Secretarios y Subsecretarios de la P residencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. Específicamente no hay referencia al nombramiento y remoción de empleados en el inciso s) del artículo 183.
4. Organizar la administración pública. La organización y coordinación de la administración pública, corresponde al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, artículo 225 de la Constitución. El Presidente de la República coordina el citado Consejo, de manera que no se excluye su participación. La función debiera atribuirse directamente al Presidente de la República. Esta disposición constitucional nunca se observa en la práctica y el Consejo nunca participa en la organización administrativa. La norma constitucional obliga al Consejo a decidir y aprobar la organización del Ejecutivo.
Elección del Presidente y Vicepresidente de la República: El Presidente y Vicepresidente de la República, serán electos por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto.
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de sesenta ni menor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la primera y en día domingo, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Requisitos para optar a los cargos de Presidentes y Vicepresidente de la República: Podrán optar a cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de cuarenta años.
Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República: a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; b) La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones;
c) Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo;
d) El que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en los seis meses anteriores a la elección;
e) Los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos cinco años antes de la fecha de convocatoria;
f) Los ministros de cualquier religión o culto; y
g) Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral
Prohibición de reelección: La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Pr esidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso.
La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo.
Convocatoria a elecciones y toma de posesión: La convocatoria a elecciones y la toma de posesión del Presidente y del Vicepresidente de la República, se regirán por lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Falta temporal o absoluta del Presidente de la República: En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República, lo sustituirá el Vicepresidente. Si la falta fuere absoluta el Vicepresidente desempeñará la Presidencia hasta la terminación del período constitucional; y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho período la persona que designe el Congreso de la República, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados.
36. MINISTROS DE ESTADO Ministerio: Es la organización jerárquica basada en la ordenación escalonada de funcionarios y empleados públicos que persiguen determinados objetivos. El nombre del Ministerio usualmente identifica a la competencia.
Ministro: Es la persona individual al servicio de la organización denominada Ministerio. El Ministro en cuanto funcionario público representa al Gobierno en la solución de problemas y en la dirección y ejecución de negocios políticos y administrativos del Organismo ejecutivo. El Ministro es la cabeza de la organización administrativa ejecutiva de mayor importancia del Organismo Ejecutivo, indispensable para gobernar. Para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma les señale.
Funciones: Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio, Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo, cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley;
Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con su despacho para que tengan validez; Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con su despacho para que tengan validez; Presentar al Presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de las labores desarrolladas; Presentar anualmente al Presidente de la República, en su oportunidad el proyecto de presupuesto de su ministerio; Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio; Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita; Concurrir al Congreso de la República y participar en los debates sobre negocios relacionados con su ramo; y Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo.
Consejo de Ministros y su responsabilidad: El consejo de Ministros constitucionalmente se organiza a partir de 1945.
El Presidente, el Vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el Presidente de la República, quien lo convoca y preside.
Los ministros son responsables de sus actos de conformi dad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del Presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso.
Requisitos para ser Ministro de Estado: Ser guatemalteco; hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos; ser mayor de treinta años.
Prohibiciones para ser Ministro de Estado: Los parientes del Presidente o del Vicepresidente de la República, así como los de o tro ministro de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y s egundo de afinidad; Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieren solventado sus responsabilidades; Los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios; Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos; y Los ministros de cualquier religión o culto.
En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas individuales o jurídicas, ni gestionar en forma alguna negocios de particulares
Memoria de actividades de los ministerios: Los ministros están obligados a presentar anualmente al Congreso, en los primeros diez días del mes de febrero de cada año, la memoria de las actividades de sus respectivos ramos, que deberá contener además la ejecución presupuestaria de su ministerio.
Comparecencia obligatoria a interpelaciones: Interpelación se define como el acto del Congreso de la República por el cual se requiere la presencia de uno o varios ministros al pleno de diputados, con la finalidad de que rindan informes o den explicaciones. La Constitución regula la interpelación, procedimiento y efectos, artículos 166, 167 y 199,
Los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso, con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formule.
Viceministros de Estado: En cada Ministerio de Estado habrá un viceministro. Par a ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro.
Para la creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros.
Responsabilidad de los ministros y viceministros: Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de esta Constitución y lo que determina la Ley de Responsabilidades
Secretarios de la Presidencia: El Presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de éstos serán determinadas por la ley. Los secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades del cargo.
Las secretarías de la Presidencia de la República se definen legalmente como dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la República, según el artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo, o como oficinas públicas dependientes de una autoridad superior: el Presidente de la República. Las secretarías pueden ser CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Distinción que se hace atendiendo al origen. Constitucionales, las secretarías creadas por la Constitución: Secretaría General y Secretaría Privada. Legales, las secretarías creadas por la Ley. La Ley del Organismo Ejecutivo crea las siguientes secretarías: Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Secretaría de Análisis Estratégico, Secretaría de Planificación y Programación, y Secretaría de la Paz (según l a ley, esta secretaría es temporal, hasta que el Presidente decida que ya no es necesaria). Actualmente, el Presidente de la República ha creado otras secretarías emitiendo Acuerdos Gubernativos: Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Secretaría de Desarrollo Social (suprimida), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (suprimida), Secretaría de la Mujer.
37. ORGANISMO JUDICIAL Función jurisdiccional A esta función también se le denomina función judicial y según G roppali: Es la actividad del Estado, encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del Derecho y a la observancia de la norma jurídica preconstituida, mediante la resolución, con base en la misma, de las controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre particulares, como entre particulares y el poder público y mediante la ejecución coactiva de las sentencias.
Independencias La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes ordinarias. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
Garantías Los jueces y magistrados que se consideren inquietados en su independencia lo pondrán en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, dando cuenta de los hechos al tribunal competente para seguir procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar para sí mismos l as diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.
Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes: |
|a) La independencia funcional;
|
|b) La independencia económica;
| |
| |c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos | |
|por la ley; y
|
|d) La selección del personal.
| |
Obligaciones: "Restaurar y mantener la armonía y paz social a través de prestar a la sociedad una satisfactoria administración de justicia fundamentada en los principios de imparcialidad, celeridad, sencillez, responsabilidad, eficacia y economía, con el propósito de hacer realidad y alcanzar los valores de justicia, verdad y equidad." Integración, Composición y Estructura: La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por los tribunales, organizados en jerarquías y competencias. De acuerdo a su jerarquía existen cuatro niveles: La Corte Suprema de Justicia; Los tribunales de 2ª. Instancia; Los tribunales de 1ª. Instancia; y Los juzgados de paz.
La Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados, los que designan a su Presidente cada año. Está organizada en 3 cámaras: a) Civil, b) Penal, c) Amparo y Antejuicios.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia preside también el Organismo Judicial.
Organismo Judicial en Guatemala
* Corte Suprema de Justicia Institucionalmente la Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de justicia y el órgano colegiado de gobierno del Organismo Judicial. En consecuencia, sus funciones abarcan lo propiamente jurisdiccional y lo administrativo; sin embargo, la Ley del Organismo Judicial en su artículo 52 establece que la función jurisdiccional corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a
los demás tribunales, y las funciones administrativas del Organismo J udicial corresponden a la Presidencia de dicho Organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a la misma. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por los tribunales, organizados en jerarquías y competencias. De acuerdo a su jerarquía existen cuatro niveles: - La Corte Suprema de Justicia; - Los tribunales de 2ª. Instancia; - Los tribunales de 1ª. Instancia; y - Los juzgados de paz.
La Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados, los que designan a su Presidente cada año. Está organizada en 3 cámaras: a) Civil, b) Penal, c) Amparo y Antejuicios.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia preside también el Organismo Judicial.
La Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Judicial establecen dentro de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, como órgano superior de l a administración del Organismo Judicial, entre otras, las siguientes:
a. Formular el presupuesto del ramo (art.213 de la Constitución);
b. Nombrar a los jueces, secretarios y personal auxiliar (art. 209 de la Constitución);
c. Emitir las normas que le corresponda en materia de sus funciones jurisdiccionales, así como en relación al desarrollo de las actividades que le confiere la Constitución y la Ley del Organismo Judicial; (art. 54 literal F, de la Ley del Organismo Judicial);
d. Asignar la competencia de los tribunales;
e. Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se presten art. 54 literal N de la Ley del Organismo Judicial); y
f. Ejercer la iniciativa de ley (art. 54, literal J, de la Ley del Organismo Judicial.)
Antecedentes (FALTA)
Integración La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su Presidente, y se organizará en las cámaras que la ley determine. Cada cámara tendrá su presidente.
El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia y su autoridad, se extiende a los tribunales de toda la República.
En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo sustituirán l os demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, que la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.
La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la comisión.
En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.
Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegiado, ser mayor de cuarenta años, y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
Presidencia: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de l a misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte.
El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia y su autoridad, se extiende a los tribunales de toda la República.
Corte de Apelaciones y otros tribunales: Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado.
Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General de
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La elección de candidatos requiere el voto de por lo m enos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.
En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.
La Integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción.
38. CONTROLES ÍNTER ORGÁNICOS E INTRA ORGÁNICOS Dentro del juego del poder, entre los distintos órganos, que cooperan en el proceso de gobierno, se han creado instituciones de control. Algunos funcionan dentro del propio órgano y otras dentre diversos órganos.
Los controles existentes entre los órganos integrantes de un Estado Constitucional Moderno, encuentran su fundamento en la teoría de los Frenos y Contrapesos, que se desarrolla a continuación.
Esta teoría consiste en: Repartida la soberanía entre varios órganos del Estado dentro de un mismo plano de igualdad, se puede obtener un equilibrio que se traduzca en un prudente ejercicio del poder, en un balance de poderes, con el fin de que un poder sirva de freno o de control hacia el otro.
En términos generales, un poder vigila y controla la actividad del otro, en atención a su respectiva vigilancia, en virtud de que estando perfectamente delimitados sus campos, cada uno dentro de su propia esfera, evitará salirse de ella y que los otros puedan también inmiscuirse dentro de su correspondiente esfera de competencia.
En nuestra legislación se puede presentar los siguientes ejemplos: El organismo Legislativo puede desconocer al Presidente de la República cuando éste ha terminado su período y continúa ejerciendo el cargo. (Art. 165 inciso q Constitución)
El organismo Ejecutivo puede hacer uso de su derecho de Veto Presidencial y rechazar una ley aprobada por el Organismo Legislativo,
El organismo Ejecutivo puede convocar al Legislativo a sesiones extraordinarias para el conocimiento de un negocio determinado. (Art. 183 incisos h, k, y l Constitución).
El Organismo Judicial actúa en contra del Organismo Ejecutivo al emitir sentencia y revocar o declarar la nulidad de los actos administrativos.
La Corte de Constitucionalidad controla los actos del Organismo Legislativo por medio del Recurso de Constitucionalidad
Como conclusión, esta teoría ha venido a dar seguridad y estabilidad a los habitantes de la República de Guatemala para sus instituciones ya que la soberanía es distribuida de una manera uniforme dando a los órganos del Estado la facultad de especializarse en sus funciones y así no poder intervenir en las funciones de los otros, por lo que hace posible un mejor ejercicio del poder.
39. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO (FALTA) 40. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO (FALTA) Régimen de Control y Fiscalización Régimen financiero
Ejército (VER CONSTITUCIÓN Y CÓDIGO MILITAR)
El Ejército ha sido considerado como institución y órgano a la vez. El General Victor Manuel Argueta indica: Que entre los deberes del Estado, está el de garantizar a los habitantes de la República, la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Por seguridad se debe entender aquella situación, en la cual, el Estado tiene garantizada su ex istencia y la integridad de su patrimonio, así como la facultad de actuar con plena autonomía en el campo interno y libre de toda subordinación en el campo externo, básicamente por defensa nacional se ha entendido como la salvaguardia armada de la integridad del territorio y honor patrio, que el ejército profesional, compete disponer en todo tiempo y al pueblo de contribuir en la hora de peligro y de la lucha.
Como Defensa nacional se entiende modernamente: Como el conjunto de acciones y previsiones que permiten la supervivencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, y facultad de actuar con autonomía en lo interno y libre de subordinación en lo externo; posibilitando que el proceso de desarrollo, se realice en las mejores condiciones, es decir que permita y g aranticen al estado alcanzar y mantener los objetivos nacionales a pesar de los obstáculos y oposiciones, tanto en el campo interno como externo.
La Defensa Nacional tiene por finalidad mantener la inviolabilidad de la soberanía e independencia del país y el ejercicio absoluto de su libertad y acción así como la integridad de su patrimonio.
En ese orden de ideas lo que distingue a un ejército de una muchedumbre armada es la organización que constituye con la estrategia y la técnica las tres ramas fundamentales de arte militar.
41. MINISTERIO PÚBLICO. Procedimiento constitucional para el nombramiento del Fiscal general de la república y del Jefe del Ministerio público. Causas de remoción. Características y fines del Ministerio público. (VER ARTRÍCULO 251, Y LA LEY ORGÁNICA DEL MP DECRETO 40-94)
El ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la r ealización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece. (Art. 1º. De la Ley Orgánica del MP Dto. 40-94), también los artículos del 107 al 111 del Código Procesal Penal.
Procedimiento Constitucional para el nombramiento del Fiscal General de la República y del Jefe del MP: ESTUDIAR EL ARTÍCULO 251 DE LA CONSTITUCIÓN, EL 10, 11, 12 DE LA LEY ORGANICA DTO. 40-94
Causas de Remoción: ESTUDIAR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MP DTO. 40-94 Y EL 15 DEL MISMO.
Procuraduría General de la Nación: ESTUDIAR ARTÍCULO 252 DE LA CONSTITUCIÓN Y VER EL DECRETO 512 LA ANTERIOR LEY DEL MP QUE UNA PARTE ESTÁ VIGENTE.
42. RÉGIMEN MUNICIPAL (FALTA)
43. RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL * Antecedentes (FALTA)
* El sufragio y el electorado: (FALTA EL ELECTORADO PASIVO Y EL ACTIVO BUSCAR Y AGREGAR.) El sufragio universal, como medio de elección de los gobernantes, está hoy admitido en todas las democracias liberales del mundo, e incluso es utilizado, aunque deformándolo, en sistemas autocráticos tanto socialistas como de tipo tradicionalista. Como dice Lucas Verdú, mediante el sufragio los ciudadanos ejercen el derecho reconocido en las normas constitucionales y ordinarias, y con arreglo a las mismas, a participar en la fijación de la orientación política nacional eligiendo a los candidatos para puestos parlamentarios y otros cargos públicos y votando las cuestiones que se les someten o que ellos decidan. En términos generales, el sufragio universal consiste en la posibilidad que tiene todo ciudadano, por el solo hecho de serlo, de participar con su voto en los procesos electorales.
Conforme a la anterior definición, podrían distinguirse cinco clases de elecciones por sufragio universal: elecciones para cuerpos colegidos; elecciones presidenciales; elecciones para provisión de otros cargos unipersonales; elecciones referendarias o plebiscitarias y elecciones de iniciativa popular.
a. Elecciones para cuerpos colegiados. Se trata en ellas de integrar o renovar, total o parcialmente, el Parlamento o Congreso, y demás corporaciones de carácter colegiado como son en el caso colombiano las asambleas departamentales, los concejos municipales, y los consejos intendenciales y comisariales. Son estas las elecciones más frecuentes en una democracia liberal, ya que el período constitucional de dichas corporaciones por lo general no es muy prolongado; rara vez pasa de cinco años.
b. Elecciones presidenciales. Se realizan en los países con sistema de gobierno presidencial, para elegir al jefe del Estado, quien como se sabe es, al mismo tiempo jefe del gobierno. Sin duda son estas las elecciones que mayor interés despiertan en la opinión pública y en torno a las cuales mayor actividad despliegan los partidos y coaliciones políticas, dada la importancia que se reconoce a la figura del presidente de la República.
c. Elecciones para proveer otros cargos unipersonales. Entre estas figuran las elecciones para gobernadores o mandatarios seccionales, para alcaldes municipales, para jueces, o para otros cargos cuya provisión, sobre todo en Estados de forma federal, deba ser hecha por el pueblo, a través de votación.
d. Elecciones referendarias o plebiscitarias. Son formas de practicar la democracia semi-directa establecidas en varios países para los casos previstos en sus r espectivas constituciones.
e. Elecciones de iniciativa popular. Son aquellas en que el pueblo se pronuncia sobre temas o cuestiones propuestos por él mismo, y que constituyen la aplicación de la democracia directa.
El sufragio universal supone la participación, en igualdad de condiciones, de todos los ciudadanos, sin distingos de raza, ni condición social, ni credo político ni religioso, en el proceso electoral. Fue proclamado por primera vez en Francia en la Constitución de 1793, aunque no se llevó a la práctica. Luego se consagró en la Constitución francesa de 1848 y por la misma época se adoptó en Suiza. Alemania lo consagró en 1871, Austria en 1907, Italia en 1912 e Inglaterra en 1918. Solo después de la Primera Guerra Mundial el sistema se generalizó en todo el mundo Occidental.
Formas del Sufragio Restringido:
Las más conocidas han sido el sufragio censitario y el sufragio capacitario. El primero es el sufragio restringido por razones de fortuna; consiste en no otorgar el derecho al voto sino a las personas que paguen una determinada cifra de contribución directa llamada "censo electoral"; es el sufragio de los contribuyentes. Pero hay otras formas de sufragio restringido por razones de fortuna: por ejemplo el sufragio de los propietarios, en el que solo se permite el voto a quienes sean dueños de propiedad inmobiliaria. Los defensores de esta forma de sufragio r estringido aducen que es justo que se conceda el derecho al voto exclusivamente a quienes tienen que soportar el peso económico de las decisiones gubernamentales. En la práctica, el sufragio censitario obedeció a un esfuerzo de la burguesía por conservar el poder político arrancado a la aristocracia por ella. Esta forma es aún utilizada, aunque de manera atenuada, en los Estados Unidos, donde se impone el pago de una tasa electoral y se priva del derecho al voto a los indigentes, en un intento por impedir el voto de los negros en ciertos Estados del Sur.
El sufragio capacitarlo llamado también voto calificado consiste en reservar el derecho al voto a los ciudadanos que posean un cierto grado de instrucción, básicamente a quienes sepan leer y escribir. En esta forma se amplía la base electoral, respecto del sufragio censitario, dándosele una apariencia más justa al sistema. Este sistema ha sido utilizado en muchos países, particularmente subdesarrollados, en épocas contemporáneas. En algunos Estados del sur de los Estados Unidos, siempre con el ánimo de restringir el derecho al voto de la población negra, se exige el saber leer y explicar la Constitución a los electores, lo cual no deja dé ser, cuando menos, exótico.
Los partidos políticos (Ref. Ley Electoral y de Partidos P olíticos) El Licenciado Jorge Mario García Laguardia en relación a los Partidos Políticos indica En el régimen constitucional guatemalteco, el concepto de partido político se integra por varios elementos: Una agrupación de ciudadanos; que se reúnen con el objeto de influir en la orientación general del gobierno, actuar en la vida pública, conquistar y ejercer el poder e influenciar a quienes lo ejerzan por los medios establecidos en la ley; con una organización estable; inspirados en una ideología y proyecto político general; agrupación que se construye sobre un vínculo jurídico perfectamente establecido de naturaleza contractual que tiene su origen en el acto constitutivo o expediente de su reconocimiento y que tiene el carácter de institución de derecho público. (ver la Ley electoral y de Partidos Políticos) Los partidos políticos en Guatemala también están llamados a cumplir un liderazgo en la conducción de las políticas estatales, estableciendo o exigiendo, en su caso, un verdadero régimen de derecho, donde los derechos humanos sea respetado.
Los partidos políticos son, en las democracias liberales, los más importantes medios de expresión de las inquietudes y anhelos de la opinión pública. Son, por así decirlo, los canales naturales de
comunicación entre gobernantes y gobernados. Su operancia es vital para que pueda existir un régimen democrático, el cual exige que haya al menos dos partidos distintos, ya que donde existe uno solo de carácter oficial u oficialista que monopoliza el poder y el manejo del Estado, o donde se ha prescindido de ellos totalmente, el régimen democrático desaparece para convertirse en un régimen totalitario. De ahí que la pluralidad de partidos políticos sea una de las condiciones básicas de la democracia liberal.
De los partidos políticos pueden darse definiciones diversas, pero todas ellas han de coincidir en dos puntos esenciales: que son medios de expresión de la opinión pública y que buscan el poder para obtener, a través de él, determinados objetivos. Así, por ejemplo, para edmundburke "un partido es un grupo de hombres unidos con el fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, sobre la base de algún principio particular en el que todos ellos coincidan". Para lenin. "un partido político, en general, y el partido de la vanguardia, en particular, no tendría derecho a la existencia, no sería más que un pobre cero a la izquierda, si renunciara al poder, teniendo posibilidad de conseguirlo". Para buroeau, "un partido político es toda agrupación de individuos que. pretendiendo los mismos objetivos, se esfuerzan por alcanzarlos, intentando, a la vez, conseguir la adhesión del mayor número posible de ciudadanos y conquistar el poder, o por lo menos, influir en sus decisiones". Para giovanni sartori, en fin, "los partidos son conductos de expresión; son un instrumento para representar al pueblo al expresar sus exigencias. Los partidos no se desarrollaron para comunicar al pueblo los deseos de las autoridades, sino para comunicar a las autoridades los deseos del pueblo".
El jurista hans kelsen ha sido uno de los teóricos que con más rigor y profundidad ha explicado la necesidad que existe de los partidos en las democracias. Al respecto dice: Es patente que el individuo aislado carece por completo de existencia política positiva por no poder ejercer ninguna influencia efectiva en la formación de la voluntad del Estado, y q ue, por consiguiente, la democracia solo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políticos, de tal manera que entre el individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de partidos políticos las voluntades coincidentes de los individuos. Solo por ofuscación o dolo .puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos. La democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un Estad' de partidos".
La autoridad electoral: (Ref. Ley Electoral... del artículo 121 al 1 92) El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y
atribuciones están determinados en esta ley (ley de Electoral y de Partidos Políticos). (estudiar los artículos referentes a este tema)
El proceso electoral: Según el artículo 193 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y termina al ser declarada su conclusión por el Tribunal Supremo Electoral.
El proceso electoral en una democracia comprende diversas fases. Pero, ante todo, hay que señalar que en él solo pueden intervenir, como sujetos activos, ios ciudadanos, esto es. los mayores de edad, siempre y cuando disfruten de la plenitud de sus derechos políticos. Excepcionalmente se permite la participación de los menores, en el campo de la agitación y en labores de organización logística de los partidos y grupos. Las fases que comprende el proceso son las de actividad preparatoria, convenciones partidistas, campaña electoral, votación, escrutinio y proclamación de los elegidos.
ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL: Estudiar el Reglamento a la Ley Electoral
a. Actividad preparatoria.En esta fase cada partido o grupo adelanta su campaña proselitista empleando diversos medios como reuniones en recintos cerrados, en cuentros con la prensa, manifestaciones públicas, divulgación de propaganda, publicación de manifiestos, programas y declaraciones, etc. Durante esta fase tiene lugar la postulación de precandidaturas a cargos gubernamentales y a corporaciones públicas, las cuales se hacen, por lo general, a través de convenciones de carácter regional o local, en las cuales se eligen los delegados a la Convención nacional. También durante esta fase se confeccionan las listas de candidatos a cuerpos colegiados, según el procedimiento establecido en cada partido para ese efecto.
b. Convenciones partidistas.En los estatutos de cada partido deben estar previstas las fechas en las cuales deben efectuarse sus respectivas convenciones nacionales. A estas, además de los delegados previamente elegidos, por lo general tienen derecho a asistir con voz y voto, los expresidentes de la respectiva filiación política, los exministros, los directivos oficiales del partidos, sus congresistas y otras figuras relevantes de la colectividad. También se da cabida en ellas a representantes de los medios de comunicación, organizaciones sindicales, gremios económicos, la juventud y la mujer. Las convenciones nacionales se realizan en grandes recintos. En los Estados Unidos estas son particularmente espectaculares y están rodeadas de gran aparato publicitario. El
objetivo principal de las convenciones nacionales es, además de la aprobación de plataforma ideológica y programática, el de proclamar oficialmente, en los países de sistema presidencial, el candidato del partido a la jefatura del Estado.
c. Campñaa electoral.Realizadas las convenciones estatutarias y proclamados los candidatos, viene la etapa de la campaña electoral, que es más o menos prolongada según el lapso que medie entre aquellos eventos y el día de las elecciones. En los países de sistema parlamentario, esas campañas son relativamente breves; tienden en cambio a ser muy prolongadasy por tanto más costosas en los países de sistema presidencial. En las campañas electorales se utilizan todos los medios de difusión y propaganda: radio, prensa, televisión, manifestaciones públicas, agasajos a los candidatos. banquetes, afiches, pancartas, etc., lo cual las hace que en ellas se inviertan grandes sumas de dinero, además del gasto enorme en tiempo y energías. Los candidatos se dedican durante esta fase a recorrer el territorio y a presidir reuniones y manifestaciones en busca del favor del electorado. Es necesario que durante todo el proceso electoral, pero especialmente durante esta fase, los partidos y candidatos puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes. Pero igualmente deben someterse a las limitaciones previstas en estas.
d. Votación.Las campañas electorales deben culminar con prudente antelación al día de las elecciones, con el fin de dejar al ciudadano un margen de reflexión en el cual se sustraiga a las presiones de la propaganda y la agitación partidista. Ese día el ciudadano debe estar en condiciones de acudir a las urnas a depositar su voto con entera libertad. Al gobierno de turno corresponde garantizar la pureza del sufragio. Con este objetivo el voto debe ser personal, libre y secreto, a) Voto personal, significa que debe ser estrictamente individual; con razón se ha dicho que el momento de depositar el voto en la urna es el único en el que cada ciudadano es verdaderamente soberano, b) Voto libre, esto es, que en el momento de acudir a las urnas el ciudadano debe estar exento de todo tipo de presiones, para que pueda sufragar en conciencia como desee, c) Voto secreto, es decir que nadie está obligado a decir cómo o por quién va a votar o ha votado. El ideal es que la papeleta le sea suministrada por el Estado, en el momento mismo de sufragar, como ocurre en varios países, particularmente en los anglosajones.En algunos países las mesas de votación se instalan en recintos cerrados escuelas o establecimientos públicos. mientras que en otros, como en Colombia, se instalan en espacios abiertos. En cada mesa debe haber un Jurado escogido previamente por sorteo entre la ciudadanía; el cargo de jurado de votación es considerado como un servicio público de forzosa aceptación. Su tarea es la de supervigilar la votación en la correspondiente mesa, certificando que en ella se efectúe de acuerdo con las normas legales y verificando, para el efecto, la identidad de cada elector y que esta corresponda al registro electoral previamente elaborado; además le compete al jurado la realización del escrutinio de su respectiva mesa.
e. Escrutinio y proclamación.El escrutinio se verifica en varias etapas. En primer término está la del escrutinio de mesa, el cual se realiza una vez cerrada la votación. En ese momento las urnas, que han debido permanecer cerradas y selladas desde antes de iniciarse las votaciones, son abiertas públicamente por los jurados, para proceder al conteo de las papeletas depositadas en ellas. Si el número de votos llegare a exceder al de votantes registrados, deberá anularse ese excedente, tomado al azar entre las papeletas depositadas. Luego se procede al conteo de v otos por cada candidato y por cada partido o grupo, según se trate de elección uninominal o plurinominal. De todo ello se debe levantar un-acta, la cual debe ser firmada por todos los jurados de mesa y entregada, junto con la respectiva urna que contiene todos los votos emitidos, a las autoridades electorales del correspondiente distrito. Unos días más tarde se realiza el escrutinio municipal o distrital, el cual se hace con base en las actas de los escrutinios de mesa, por parte de las autoridades electorales, en presencia de delegados o representantes de los distintos partidos, grupos y candidatos. Posteriormente tiene lugar el escrutinio regional por departamentos, estados o secciones, efectuado con base en las actas del escrutinio municipal o local. Y finalmente se hace el escrutinio nacional, con base en las actas de los escrutinios regionales, por parte de las autoridades electorales nacionales, a las cuales corresponde hacer la proclamación oficial de los elegidos- A esa autoridad corresponde expedir las credenciales que acrediten a los candidatos ganadores como electos para el cargo o corporación a l a cual aspiraban.
Contra los resultados de los escrutinios pueden interponerse recursos, a través de procesos llamados contencioso-electorales, cuya decisión puede atribuirse a una jurisdicción especial que puede ser la misma autoridad electoral o a la contencioso-administrativa. Esos recursos o demandas pueden interponerse con base en anomalías presentadas en el curso de las votaciones, como son el fraude, la coacción, la compraventa de votos, la falsedad en los documentos electorales, la alteración de resultados, la múltiple cedulación, la retención y posesión indebida de cédulas, la violación de derechos políticos y demás delitos contra el sufragio contemplados en la respectiva legislación, los cuales de ser comprobados, producen la anulación de la elección. Esos recursos o demandas pueden ser resueltos en las distintas etapas del escrutinio, o posteriormente, según su naturaleza.
44. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL En América Latina es el Jurista Héctor Fix Zamudio, el que ha profundizado más en el tema, en uno de sus documentos afirma que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento, y lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido: desde el punto de vista de la Constitución formal lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia C arta Fundamental.
Fix Zamudio clasifica el concepto Defensa de la Constitución en dos categorías: LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. La primera se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales, con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Y la segunda con los medios jurídicos, predominantemente de carácter procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, a pesar de los instrumentos protectores, instrumentos destinados a la corrección de una pa tología constitucional.
Protección Constitucional: Está constituida por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Pueden ser de diverso carácter: Político, económico, social, y estrictamente de normas de carácter constitucional. Políticos - División de poderes: Posiblemente el más conocido de ellos, es el de la división de poderes, formulada en el siglo XVII y XVIII entre la ilustración y la teoría política del liberalismo. Teoría orientada a contener a los diversos poderes dentro de sus propias competencias y a limitar el ejercicio del poder.
- Controles intraorgánicos e interorgánicos: Dentro del juego del poder, entre los distintos órganos, que cooperan en el proceso de gobierno, se han creado instituciones de control Algunos funcionan dentro del propio órgano y otras entre diversos órganos. Dentro de esta categoría se pueden mencionar: Procedimiento legislativo Refrendo ministerial Organización del Poder Judicial Veto Presidencial Interpelación ministerial
b) Económicos y hacendarios
Otros instrumentos protectores se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Al Congreso corresponde decretar los impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y también determinar las bases de su recaudación; los ingresos del Estado serán previstos y los egresos fijados en el presupuesto General que regirá y los egresos fijados en el presupuesto General que regirá durante el ejercicio para el cual haya sido aprobado.
c) Sociales. Régimen constitucional de los partidos: Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en el proceso de poder.
d) Rigidez Constitucional Consecuencia de la supremacía constitucional es su rigidez. Un dificultado procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa, a su estabilidad, para preservar al texto de circunstancias críticas, y además para incorporar al proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. Nuestra constitución es rígida, al reconocer la posibilidad de su reforma de c onformidad con un procedimiento preestablecido, fija las pautas del mismo.
Garantías constitucionales
El segundo apartado de la defensa constitucional está constituido por las gar antías constitucionales. Durante mucho tiempo se les tuvo como sinónimo de derechos, insistiendo sobre su equívoco que se remonta a la Declaración Francesa de Derechos Humanos y se reguló en los textos de las Constituciones latinoamericanas con el nombre de Garantías individuales, la regulación de los derechos humanos.
Actualmente el concepto de garantías tiene otra significación propiamente procesal. Las garantías son medios técnicos, jurídicos, orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado.
