DELITO DE PERTURBACIÓN PERTURBACIÓN ELECTORAL La infracción contra las reglas de elección de los representantes del pueblo ha ido en aumento debido al desarrollo de instrumentos democráticos que permiten la participación de los ciudadanos. Antiguamente, en Grecia se castigaba con la pena de muerte acto de corrupción electoral (compra (compra y venta de votos). En Roma, se impuso la privación de libertad, el destierro y la deportación. deportación. En Alemania, el Código Imperial los ilícitos de sufragio consistía en no querer permitir que la voluntad del pueblo se llegue a manifestar de una manera libre y genuina. El objeto jurídico tenía doble naturaleza: Atentar contra el libre ejercicio de los derechos de la asamblea legislativa, y vulnerar el ejercicio del derecho electoral o derecho de sufragio de los ciudadanos. En la legislación penal francesa, los delitos electorales eran considerados delitos atentatorios a la Constitución, ejecutados por funcionarios públicos. El Código de Napoléon de 1810 castigaba los actos contra la sinceridad, la autenticidad y la legalidad del sufragio. El derecho penal francés, en materia electoral se agrupaban en tres rubros: 1) Los actos de violación de la libertad de sufragio. 2) Los actos de falsedad de escrutinio. 3) Lo actos de corrupción del elector. La legislación comparada de la actualidad, presenta varias formas de tratamiento legislativo. 1) Se acoge en un título o sección especial del Código Penal, donde los delitos electorales se ubican dentro de un rubro diferente a otros grupos. 2) Se acoge en un título genérico del Código Penal, donde los delitos electorales se incorporan en el Código Penal bajo un rubro genérico junto a otros delitos diferentes, entorno al bien jurídico que los encaja. A veces, los Códigos los ubican dentro del grupo de delitos que atentan contra la libertad individual. Entre ellos están el Código Penal de El Salvador. 3) Se acoge en una legislación especial, donde los delitos electorales se haya fuera de la parte especial del Código Penal, presentándose en una normativa extrapenal. Es preciso determinar su naturaleza jurídico-penal y el interés de protección frente a otros delitos. Las alternativas de legislación se pueden dar en dos opciones: Tipificar en un título especial del catálogo de delitos, o en una legislación especial. La Legislación Penal adopta los delito electorales en una legislación especial (Título
XVI “De los Delitos, sanciones y procedimientos judiciales”; Ley 26859 (Ley Orgánica de Elecciones) y a la vez en un título especial del Código Penal (Título XVII “Delitos contra la voluntad pop ular”, Cap. Único “Delito contra el derecho de sufragio. Este sistema mixto no genera problemas de tipicidad y determinación de la pena. Al respecto, Hugo Vizcardo afirma que esta duplicidad innecesaria podrá crear inequidad y afectaría la seguridad jurídica y trasgresión trasgresión del principio principio de legalidad. legalidad.
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y LA JUSTIFICACIÓN PENAL La soberanía del pueblo reside en el sufragio electoral, en la cual los ciudadanos participan en la vida política del Estado, ya sea eligiendo a sus representantes u ocupando ellos una función pública. De esta manera el pueblo participa en la conformación del Estado.
La tutela penal genérica establece que el sufragio es el elemento que permite la concreción de la voluntad popular. El bien jurídico de los delitos electorales pretende proteger la universalidad, libertad, secreto, igualdad y personalidad personalidad del sufragio.
Con la universalidad del sufragio, se busca evitar la discriminación de los ciudadanos electorales. Por ello se describe que el voto es universal y no hay limitaciones de ninguna índole. La libertad de sufragio implica que los ciudadanos pueden ejercer su
derecho de voto de acuerdo a su voluntad sin ningún tipo de presión o intimidación. Otro requisito que complementa la defensa de la libertad de sufragio es el secreto del sufragio, en el que el ciudadano goza de la intimidad de ejercer su voto sin presiones ni amenazas de grupos privados. Mediante la igualdad del sufragio se estatuye que todos los votos tienen el mismo valor y deben ser emitidos sin privilegios ni pesos adicionales. El sufragio personal implica que el derecho de voto es único y se ejerce por una sola persona, no hay usurpaciones ni duplicidad de votos. Todos estos aspectos determinan la autenticidad de sufragio, donde la voluntad del pueblo debe coincidir con los resultados obtenidos en el escrutinio. El sufragio como bien jurídico genérico encuentra protección en los casos de comisión delictiva, en los cuales se notan la concurrencia de intereses determinados que protegen la universalidad, libertad, secreto, igualdad, personal y autenticidad del sufragio. La sociedad es el único sujeto pasivo del delito. El sufragio es un derecho de los ciudadanos, no una mera función con el que los delitos de este rubro afecten al Estado, ya que a través del Sistema Electoral se convierte en organismo titular del ejercicio de esta función. El Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento del sufragio, brindando las condiciones necesarias para su realización. Para ello dispone de un Sistema Electoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil) que asegura que las votaciones y escrutinios traduzcan la voluntad auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. También debe contar con instrumentos jurídicos que son indispensables para prevenir y reprimir todo acto que atente contra este derecho.
La naturaleza jurídica del delito electoral se ha planteado considerarla como delito político o común. Del análisis realizado a los ilícitos electorales, se determina que no existe algún elemento subjetivo para ser considerado fin político, quedando entonces como delito
común.
Clasificación de los delitos electorales Las infracciones electorales se clasifican en: a. Actos que atentan la universalidad del sufragio, como el delito de discriminación electoral, exclusión de votos del escrutinio de un partido político. b. Actos que atentan la libertad del sufragio, como el delito de perturbación del proceso electoral, coacción al elector y corrupción electoral. c. Actos que atentan el secreto del sufragio, como el delito de violación del secreto del voto. d. Actos que atenta la igualdad del sufragio, como el delito de voto múltiple y el sufragio indirecto. e. Actos contra la unidad del sufragio, como el delito de suplantación del elector. f. Actos contra la autenticidad del sufragio, como el delito de falsificación o destrucción del material electoral.
PERTURBACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL El delito de perturbación del proceso electoral se encuentra tipificado en el Art. 354, Capítulo I (Delitos contra el derecho de sufragio), Título XVII (Delitos contra la voluntad popular), Libro Segundo (Parte Especial Delitos) del Código Penal vigente, en el que se indica que si se perturba con violencia el desarrollo del proceso electoral, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. Por su parte el bien jurídico protegido, describe que los delitos de perturbación electoral, que se sancionan penalmente son aquellos que atentan la libertad del sufragio. El bien jurídico es el sufragio, y los actos delictivos son los que afectan el ejercicio libre y voluntario del derecho de voto. La conducta delictiva va dirigida directamente sobre el proceso electoral que vendría a ser el objeto material de la acción.
El proceso electoral consta de cinco etapas: Convocatoria de elecciones, inscripción de candidatos, actividades previas al sufragio, el sufragio y el cómputo y la proclamación. Dentro del desarrollo de estas etapas se comprueba si es posible admitir que el acto de perturbación o impedimento haya logrado el atentado contra el proceso electoral. Al respecto el juez deberá analizar, valorar e identificar en dónde incide la perturbación. No cualquier tipo de proceso electoral se constituye como objeto material del delito electoral. Justamente el Art. 34, precisa cuáles son las afectadas: Un proceso electoral general, parlamentario, regional o local. Asimismo, los procesos electorales, objeto de la acción deben responder a intereses públicos antes que privados. El sufragio deviene del pueble y no de una parte de éste, justificándose así la acción penal. Los procesos electorales deben responder a las exigencias de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. Sujeto activo es considerado cualquier persona particular, funcionario o servidor público, inclusive algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, estos últimos serán sancionados de 1 a 3 años de inhabilitación; los demás serán penados como autores no cualificados. Como sujeto pasivo se entiende a la sociedad por ser el titular principal del bien jurídico protegido. En este caso los ciudadanos o funcionarios que se vean afectados por las acciones agresivas de los agentes serán considerados agraviados. En torno a las modalidades conductuales a imputar, consideramos el perturbar o impedir que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local, mediante violencia o amenaza. Estos actos de perturbación se pueden ejecutar antes de iniciarse el proceso electoral como durante su desarrollo. Los efectos de estos actos delictivos puede generar demora, suspensión o paralización del desarrollo del proceso electoral, lo cual debe ser concordado como peligro concreto al bien jurídico protegido. En este caso las fórmulas penales de la ley orgánica de sufragio precisa que las conductas deben dirigirse contra el acto electoral. Nos encontramos entonces ante conductas de perturbación con efectos mínimos y máximos. De otra parte los medios delictivos en la perturbación del proceso electoral, son agentes utilizados en la comisión delictiva, entre ellos t enemos a la violencia o amenaza. La violencia es la agresión física o material ejercida por un agente para impedir el normal desarrollo del proceso electoral. La amenaza es la agresión moral o psicológica ejercida por el agente afectando el proceder de los sujetos del sufragio y su normal desarrollo.
Imputación subjetiva Ante la figura dolosa, se requiere conocimiento y voluntad de impedir las elecciones mediante violencia y amenaza. Se tiene conocimiento del agente en la etapa propia del sufragio, el acto perturbatorio puede ser percibido por conocimientos circunstanciales o especiales.
Tipo imperfecto realizado La consumación del delito electoral se concreta con el desenlace perturbador del proceso electoral, logrando afectar considerablemente el normal desarrollo de las elecciones. Para concluir, la Ley 26859, la pena privativa de libertad para los delitos electorales no será menor de 1 ni mayor de 3 años, pero para el Código Penal, la pena es más grave, privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años.
