TÍTULO II De la unión marital de hecho CAPÍTULO I Efectos personales de la unión marital de hecho DENOMINACIÓN
[§ 0668] L. 54/90. ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho (§ 0008 0008). ). [§ 0669] COMENTARIO.— Los regímenes patrimonial, seguridad social y pensional previsto para las parejas heterosexuales también se aplica a las parejas del mismo sexo. 1. Mediante sentencia C-075 de febrero 7 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional declaró la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales. Sobre el particular dijo la Corte: “la decisión legislativa de no incluir a las parejas homosexuales en el régimen patrimonial previsto para las uniones maritales de hecho, comporta una restricción injustificada de la autonomía de los integrantes de tales parejas y puede tener efectos lesivos, no solo en cuanto obstaculiza la realización de su proyecto de vida común, sino porque no ofrece una respuesta adecuada para las situaciones de conflicto que se pueden presentar cuando por cualquier causa cese la cohabitación” c ohabitación” 2. En igual sentido la Corte, mediante sentencia C-811 de octubre 3 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra declaró exequible el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, en el entendido de que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo. Al respecto dijo la Corte: “Para la Corte es claro que el perjuicio que se deriva de la exclusión de la pareja homosexual de la cobertura del régimen de seguridad social en salud es de mayor gravedad que el que generaba la exclusión de la pareja homosexual de las normas sobre régimen patrimonial. En el dispositivo que ahora se demanda, el compromiso no es el de la integridad patrimonial de la pareja, sino de la integridad física de sus miembros, de la conservación de su salud y, por supuesto, en última instancia, de la conservación de la vida. A este respecto, recuérdese que la Corte Constitucional aseguró en la citada Sentencia C-075 de 2007 que en la actualidad la opción de vida de las parejas del mismo sexo es una opción válida que, en el ámbito patrimonial, presenta requerimientos “de protección en buena medida asimilables a aquellos que se predican de la pareja heterosexual (Sent. C-075/2007), o cual con mayor razón debe predicarse de los requerimientos en materia de salud”. En el caso concreto, atendiendo a la precisión hecha por la jurisprudencia, en el sentido de que el artículo 54 de la Ley 1990(sic) 1990 no es aplicable para efectos de establecer el acceso a los servicios de salud, esta Corte considera que, en el caso de las parejas del mismo sexo, la comprobación de su calidad y de la vocación de permanencia deben regularse por el mismo mecanismo establecido en la Sentencia C-521 de 2007, e sto es, declaración ante notario en la que conste que la pareja convive efectivamente y que dicha convivencia tiene vocación de permanencia, independientemente de su tiempo de duración. De esta manera, los mismos mecanismos que operan para evitar que parejas heterosexuales que no constituyen familia reclamen
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ilegítimamente del sistema los beneficios a que no tienen derecho, deben aplicarse en relación con las parejas del mismo sexo que pretendan hacer lo mismo". 3. Finalmente mediante sentencia modulada número C-335 de abril 17 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que también son beneficiarias de la pensión de sobreviviente, las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea acreditada en los términos señalados en la Sentencia C-521 de 2007, para las parejas heterosexuales.
[§ 0670] DOCTRINA.— Efectos personales de la unión marital de hecho. :”(...).Estos efectos son de orden personal y de diversas clases. 1. De orden personal. Con este carácter se compendian todos los efectos que se producen con relación a la pareja como persona y la familia, con independencia de la cuestión económica. 2. Clases de efectos. Pueden referirse a la pareja o a la familia. a) En la pareja. Los efectos de la pareja son los que se establecen entre sí, como el vínculo marital, el estado jurídico de compañero, el apellido de la compañera, los deberes, derechos y responsabilidades y el hogar marital; y los de la pareja frente a la comunidad, como la oponibilidad, etc. b) En la familia. Estos efectos de orden extrapatrimonial hacen relación a la institución familiar, como el patrimonio moral. Efectos personales en la pareja 1. Efectos entre los compañeros. Vínculo marital. (...).
Juridicidad. Nace formalmente de la ley, aunque materialmente se sustente en los hechos. (...). Estado de compañero. En términos generales, el estado del compañero, es aquel estado civil imperfecto que asumen los sujetos de un vínculo marital de hecho, con las consecuencias jurídicas pertinentes. II. Consecuencias jurídicas. Las principales consecuencias jurídicas del estado jurídico de compañero se refieren al registro, las relaciones familiares y el apellido de la compañera. (...). 1. Objeto especial de registro de la unión marital de hecho. En primer lugar, hay que señalar que no siendo la unión marital, un hecho que origine un nuevo estado civil, puesto que el estado de compañero no alcanza a serlo; ni siendo tampoco un hecho que altere o extinga uno precedente, pues no lo modifica (v.gr. el de soltero, casado, viudo que se tenga) es preciso concluir que aquélla unión como tal, es decir, como hecho relativo al estado civil, no es objeto de inscripción, al tenor de los dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1260 de 1970. (...). 3. Apellidos entre compañeros. La unión marital de hecho no altera los apellidos de los compañeros. (...). 57. Deberes, derechos y responsabilidades. (...). a) Determinación general. En primer término debe destacarse el artículo 42 de la Constitución de 1991 como precepto básico en esta materia, puesto que prescribe que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y de deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes”. Pero en segundo término, es preciso tener en cuenta que cuando la Ley 54 de 1990 (en sus arts 1º y 3º) objetiva la unión marital de hecho “en una comunidad de vida” señalando la unidad de la pareja (“un hombre y una mujer”) y su desarrollo familiar (“con trabajo, ayuda y socorros mutuos”, “para distribución por partes iguales”) y socialmente (frente a “terceros”), se está consagrando implícita y armónicamente con los principios generales del derecho (y particularmente, del derecho de familia) y los antecedentes históricos, la necesidad de la existencia de tales deberes y responsabilidades que converjan al sostenimiento y desarrollo de dicha comunidad.
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(...). 1. Deberes, derechos y responsabilidades. Los efectos personales son deberes cuando se mira por la necesidad de la adopción de un comportamiento; derechos cuando se tiene la potestad para satisfacerlos y exigir su cumplimiento con el patrimonio moral de cada uno con las demás consecuencias jurídicas desfavorables que acarrean el incumplimiento (disoluciones, separaciones, indemnización de perjuicios, etc.). 2. Clases. Tales aspectos se refieren al débito, la fidelidad, la comunidad, el respeto y el socorro y la ayuda mutua maritales, pues todos conducen a integrar la comunidad de vida marital de hecho. (LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de familia. Unión marital de hecho. 1ª edición, Editorial Librería del Profesional, págs. 157 y ss.). [§ 0671 a 0683] Reservados.
[§ 0684] JURISPRUDENCIA. — Evolución histórica del tratamiento jurídico que la familia extramatrimonial ha recibido en Colombia. "En la base de todo se encuentra el concubinato, que así era uso y costumbre denominarlo, esto es, la convivencia de hombre y mujer, como si de matrimonio se tratara. Hecho social estigmatizado a través de los tiempos, pues consideróse que socavaba en lo más profundo los cimientos de la institución matrimonial. Es así que, con tal parecer, reprobada fue esa forma natural de vida, por el hecho de no observar la forma que el matrimonio apareja. El Código Civil, sin embargo, muy atento del desenvolvimiento social, trató de mitigar en parte tan deshonroso señalamiento, y no ignoró del todo su realidad ontológica, como que a más de dar una idea de lo que por tal debía entenderse, quiso reconocerle algunos efectos en bien de la prole, llegando incluso a consagrar, con criterio de semejanza de lo que acontece en el matrimonio, la presunción de paternidad de los hijos de la mujer que de tal modo vivía, vale decir, públicamente con un hombre “como si fueran casados” (arts. 328 y 329), y amén de regular lo relativo al cuidado y la crianza de los hijos, permitía, aunque en casos muy reducidos, investigar la filiación natural. Mas el adelantamiento fue pasajero, porque a poco andar el código, tan solo algunos días después de su adopción, fue derogado por la Ley 153 de 1887. Allí empezó una etapa caracterizada por un largo silencio legislativo, hasta el punto que la existencia misma del concubinato, equivalía paradójicamente a la nada. Pudiera decirse que en ese ámbito el derecho era antinómico, porque en vez de recoger la realidad y aprisionarla en normas jurídicas, regulando el caso como mejor le pareciese, prefería callar, tal vez bajo el pretexto de que aludir al tema implicaba favorecer la práctica de lo ilegal, sin percatar que el silencio es terreno abonado para los excesos y las iniquidades, y que el derecho, en cuanto arrostra lo que existe, antes bien, es orientador de conductas y cumple con sus fines. Preciso fue, entonces, que los esfuerzos viniesen de otros costados, para tratar de que el derecho, que es, por encima de cualquier consideración, sinónimo de equilibrio, proporción y medida, se amoldara a la realidad y acabara con la inarmonía que los distanciaba. En ello reclama un lugar preponderante la jurisprudencia, que tuvo asomos, que no por tímidos dejan de ser encomiables, y perfiló paulatinamente algunos derechos de los concubinos. No es tiempo de entrar aquí en detalles, toda vez que basta subrayar algunos acaeceres que fungieron de signos precursores; viose así a la concubina con algunos derechos, verbigracia, de carácter laboral, indemnizatorio y, quizás lo más importante, pensose seriamente en una eventual sociedad de hecho entre concubinos, a condición, eso sí, de que la sociedad no hubiere tenido por móvil crear o fomentar la relación concubinaria. En fin, tras algunos avances consagrados en las leyes 45 de 1936, 75 de 1968, Decreto 2820 de 1974, que ciertamente consagraron y afianzaron algunos derechos alrededor de la familia extramatrimonial, el verdadero año que marcó el comienzo del fin del prejuicio es el de 1990. Ya la realidad, venida para entonces a borbotones, señaló estadísticamente las innúmeras parejas que en el país hacían vida marital, sin la fórmula del matrimonio, de tal suerte que la Ley 54 de dicha anualidad no hizo más que identificar una problemática ya bastante sentida, la diagnosticó jurídicamente y le proporcionó el tratamiento que consideró adecuado. Y abrió como tenía que hacerlo, erradicando de un tajo todas aquellas denominaciones que, aun cuando dibujaban etimológicamente lo que era la vida de una pareja sin casamiento, habían degenerado hacia lo peyorativo; prefirió que no se hablara más de concubinatos, ni de uniones libres, sino que se partiera llamándola unión marital de hecho; y que la mujer involucrada allí no se denominara amante, concubina, manceba o barragana, sino compañera permanente. A vuelta de lo cual, definió la unión marital de hecho
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como la establecida entre un hombre y una mujer, que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular" (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 10/2003, Exp. 7603, M.P. Manuel Ardila Velásquez).
[§ 0685] JURISPRUDENCIA. — No puede decirse, ni aún en el caso de matrimonio nulo, que entre los cónyuges existió unión marital de hecho. "Visto lo anterior, no puede decirse, entonces, que el matrimonio nulo debe tenerse como absolutamente ineficaz, o como si no hubiese existido, pues, de un lado, como ha quedado establecido, mientras no se declare su invalidez, produce, por regla general, todos los efectos que le son propios, de modo que los contrayentes se reputan casados y son titulares de los mismos derechos y obligaciones que aquellos que no están afectados de vicio legal alguno, y no de manera aparente o artificial sino real y verdadera; y, de otro lado, porque la nulidad judicialmente declarada no produce efectos retroactivos de tal modo absolutos que pueda colegirse que se tiene por no celebrado. En ese orden de ideas, tampoco puede decirse que el matrimonio cuya nulidad se declara por razón de existir respecto de ambos o uno de los contrayentes el vínculo de un matrimonio anterior, deba tenerse como ineficaz y, por ende, que no constituye obstáculo para que se forme entre la pareja una sociedad patrimonial similar a la de los compañeros permanentes, pues esa unión conyugal existe como tal y produce los efectos que le son propios mientras no se declare su invalidez. Más exactamente: mientras no se decrete judicialmente la nulidad, existe vínculo matrimonial y los contrayentes tienen la calidad de cónyuges y, obviamente, los derechos y obligaciones que la ley les impone. El régimen de la Ley 54 de 1990, reitérase, aún a riesgo de fastidiar, tuvo por finalidad regular las uniones maritales que no estuviesen precedidas de vínculo conyugal, bajo el entendido de que de existir este, así no generase sociedad conyugal o estuviese viciado de nulidad, debía sujetarse a las normas que lo reglamentan, las cuales, no sobra decirlo, no fueron reformadas mediante tal estatuto. Habiendo, pues, admitido el casacionista que la demandante y el demandado contrajeron realmente nupcias en la República de Venezuela, matrimonio que el tribunal invalidó por existir, respecto de él, vínculo conyugal no disuelto, debe concluirse que no hay lugar a la formación entre ellos de unión marital de hecho y que, subsecuentemente, se encuentran sometidos al régimen legal previsto para el enlace matrimonial, incluso, los declarados nulos" (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 25/2004, Exp. 7291, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena). [§ 0686] COMENTARIO.— La unión marital de hecho en sí misma es un estado civil. La Sala Civil de la Corte Suprema de justicia corrige su doctrina jurisprudencial. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia venía sosteniendo que la unión marital de hecho, definida como la “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y singular”, en sí misma no era un estado civil. Veánse autos: 266 de 28 de noviembre de 2001, expediente 0096; 247 de 1º de noviembre de 2004, expediente 00773; 179 de 9 de agosto de 2005, expediente 1999-00042-01; y 028 de 30 de enero de 2006, expediente 2005-01595-00. Mediante auto de junio 18 de 2008, la Corte sostiene que la unión marital de hecho si genera un estado civil, corrigendo su doctrina anterior . Vease § 0687 [§ 0687] JURISPRUDENCIA. — La unión marital de hecho es un estado civil. "Desde la vigencia de la Ley 54 de 1990, la Corte ha sostenido, por mayoría, que la “unión marital de hecho”, definida por aquella como la “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y singular”, no originaba un estado civil, porque conforme lo preveía el artículo 42 de la Constitución Política, el legislador era el único facultado para determinar lo “relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”, situación que no podía deducirse de la precitada ley, “pues ella no tuvo por cometido crear un estado civil”(1). De una parte, porque no regulaba derechos y deberes entre los compañeros permanentes. De otra, por cuanto no era suficiente la mera declaración formal de los interesados para conformar la unión marital de hecho, dado que necesitaba de la presencia de hechos materiales que la revelaran. Y por último, porque carecía de una regulación que la proyectara en los libros del estado civil de las personas. (...).Es de verse, sin embargo, que un nuevo análisis de la cuestión demanda rectificar la doctrina sobre el particular, porque aun sin que se haya expedido la ley que haga la asignación que en tales antecedentes se
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echó de menos, normativamente se han introducido cambios que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio y a todo lo que gira alrededor de esas situaciones, cuestiones todas que sin lugar a dudas permiten subsumir a aquella en la definición del artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, según el cual el “estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible y su asignación corresponde a la ley”. Así, por ejemplo, la Ley 1060 de 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil, reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanentes, al que es concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho o al que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes a la celebración de aquel o a la declaración de esta. De otra parte, si bien la unión marital de hecho requiere de actos materiales para constituirla, en la hora de ahora no es aceptable que la declaración formal de los compañeros permanentes sea insuficiente para conformarla, porque amén de las “providencias” que la declaran, también tiene sus fuentes en las actas de conciliación y en el mutuo consentimiento de los interesados manifestado ante notario, como expresamente se consagra en las leyes 640 de 2001, artículo 40, numeral 3º, y 979 de 2005, artículo 4º, numerales 1º y 2º. (...).Desde luego, al margen de que pueda surgir la sociedad patrimonial, no escapa a la Corte que en ciertos
casos, como cuando uno de los integrantes de la pareja, o ambos, tiene vivo un matrimonio anterior, puede confluir la condición de casado con el de compañero permanente. Esto, empero, no atenta contra el principio de la indivisibilidad del estado civil, porque la fuente ontológica de una y otra situación es distinta, y porque como se reconoció en el precedente inmediatamente citado, los mismos hechos hacen que la unión marital tenga la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella.
Lo anterior se corrobora en el campo personal, porque, precisamente, los “derechos y deberes” a que se hizo referencia, ponen de presente no solo el innegable carácter de estado civil de dicha unión, sino que al exigirse que la “comunidad de vida debe ser permanente y singular”, y al establecerse la presunción de paternidad en comento, amén de comportar la obligación de fidelidad, al igual que ocurre en el matrimonio, todo ello permite superar el problema de la indivisibilidad. El mismo artículo 42 de la Constitución Política, fuera de señalar que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, reconoce que las relaciones de las familias natural y jurídica se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Para no mencionar otros, respecto de los cónyuges y compañeros permanentes, la ayuda y socorro mutuos, y de los hijos, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de estos, así como el deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 4. De lo dicho se sigue que la unión marital de hecho, al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil, pues aparte de no ser una relación cualquiera, no es algo que sea externo a las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es decir, a la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente considerados, con cierto status jurídico en la familia y la sociedad, estado que, como lo dicen los hermanos Henry, León y Jean Mazeaud, “está… unido a la persona, como la sombra al cuerpo. Más estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona""6)".(CSJ, Cas. Civil, Auto jun. 18/2008, Exp. 2004-00205 , M.P.Jaime Alberto Arrubla Paucar). (1) Autos 266 de 28 de noviembre de 2001, expediente 0096; 247 de 1º de noviembre de 2004, expediente 00773; 179 de 9 de agosto de 2005, expediente 1999-00042-01; y 028 de 30 de enero de 2006, expediente 2005-01595-00. (6) Lecciones de derecho civil, parte I, volumen II, EJEA, Buenos Aires, página 33.
[§ 0688 a 0694] Reservados. CAPÍTULO II
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Efectos patrimoniales de la unión marital de hecho PRESUNCIÓN DE SOCIEDAD PATRIMONIAL
[§ 0695] L. 54/90. ART. 2º—Modificado. L. 979/2005, art. 1º. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: 1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo. 2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo. NOTA: El artículo 37 de la Ley 962 de 2005 (0751-1), dispuso que los notarios también son competentes para la "constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes", norma reemplazada días después por los artículos 1º a 5º de la Ley 979 de 2005 que modificó parcialmente la Ley 54 de 1990.
[§ 0696] DOCTRINA.—La presunción legal de sociedad patrimonial entre compañeros permantes admite prueba en contrario. “Tratándose de una presunción legal especial de sociedad patrimonial, fundada en la unión marital de hecho con las condiciones mencionadas, admite prueba en contrario o modificatoria. I. Determinación. Solamente se refiere a las capitulaciones maritales con contenido en contrario o modificatorio. 1. Capitulaciones maritales. Es el único medio idóneo para desvirtuar la mencionada presunción, debido al carácter sustitutivo del régimen legal patrimonial”. (LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de fa milia. Unión marital de hecho. 1ª edición, Editorial Librería del Profesional, pág. 308). [§ 0697] JURISPRUDENCIA. — Diferencias entre la sociedad de hecho entre concubinos y la sociedad patrimonial marital entre compañeros. “Con mucha anticipación a la vigencia de la Ley 54 de 1990, la jurisprudencia permitía la declaración judicial de existencia de sociedades de hecho entre concubinos, no sobre la hipótesis de ser reales esas relaciones concubinarias, que para tal efecto fueron intrascendentes, sino merced a la concurrencia de un consentimiento recíproco de asociarse entre los concubinos, que aunado al suministro de aportes hechos por ambos permitieran la explotación económica de una actividad lucrativa, tendiente al reparto de utilidades. Sobre esa hipótesis específica procedía, pues, la declaración de existencia de la sociedad en mención y, por ende, la pretensión del actor debía estar orientada no sólo a la declaración de esa relación patrimonial, sino que su actividad procesal tenía que moverse en orden a la comprobación de los supuestos fácticos ya dichos.
Bajo el sistema de la Ley 54 de 1990, al concubino actor le basta probar la prolongación de sus relaciones concubinarias en el tiempo para que se presuma la existencia de la sociedad patrimonial, supuesto que envuelve una situación sustancialmente diferente a la anterior, y ha conducido a la Corte a aseverar que “... su decreto conlleva el reconocimiento legal de un núcleo familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan”; es decir, que mientras para el régimen que pudiera llamarse jurisprudencial las relaciones
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concubinarias no eran aptas para denotar la existencia de una sociedad civil o comercial de hecho, para éste son la fuente misma de la comunidad patrimonial, llamada unión marital. Sin duda, entonces, cuando se invoca el derecho consagrado en la Ley 54 de 1990, la pretensión gira alrededor de una relación de contenido familiar, distinta del entorno en que se mueve la acción de origen jurisprudencial conformada, como se dijo, por relaciones de contenido eminentemente patrimonial. Esto explica que aquella acción haya sido asignada al conocimiento de los jueces de familia y evidencia al mismo tiempo las razones que no permiten igual giro para la segunda, que continúa adscrita en su conocimiento a los jueces ordinarios. Esa la razón para que esta Sala haya indicado que “... es del resorte exclusivo de los jueces civiles el reconocimiento del otro tipo de sociedad que busca efectos patrimoniales o económicos, aun entre concubinos, quienes, por no reunir quizás los presupuestos requeridos para convertirse en núcleo familiar reconocido legalmente, o por interponer la acción antes de que existiera la Ley 54, acudieron a esas otras modalidades”.(CSJ, Cas. Civil, Auto, ago. 25/92, M.P. Alberto Ospina Botero).
[§ 0698] JURISPRUDENCIA. — La unión de hecho incestuosa no solo no genera sociedad patrimonial entre los amantes sino que impide que aflore entre ellos una unión marital. "Así las cosas, resulta palmario que de entenderse que la unión de hecho incestuosa genera sociedad patrimonial entre la pareja, es tanto como aseverar que, simultáneamente, una misma conducta sea permitida por el ordenamiento y a la vez reprimida por este, lo que es inadmisible en nuestro sistema legal que reclama la coherencia entre sus instituciones. Inclusive, es tan rotundo y vigoroso en el ordenamiento patrio el rechazo al incesto que bien miradas las cosas, y de la mano de los reseñados antecedentes históricos, considera la Corte que la existencia de un vínculo de parentesco en los grados previstos por el legislador como causal de impedimento no solamente obsta el nacimiento de una sociedad patrimonial entre los amantes, sino, lo que es más tajante, impide que aflore entre ellos una unión marital que merezca tutela legal. O, por decirlo con mayor claridad, si entre la pareja existe una relación de parentesco que el ordenamiento considere como incestuosa, no surge entre ellos una unión marital de las previstas en la Ley 54 de 1990, ni, menos aún, una sociedad patrimonial. Por supuesto que sería una inconcebible paradoja que lo que el resto del ordenamiento reprime con reciedumbre, fuera protegido ciegamente por la susodicha ley”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 19/2005, Exp. 7756, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena).
[§ 0698-1] JURISPRUDENCIA. — La liquidación de la sociedad conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la unión marital de hecho, basta su disolución. "La ley exige dos años de convivencia tanto a parejas de solteros como de divorciados Conclúyese de los precedentes que lo verdaderamente importante no es la existencia o inexistencia del vínculo matrimonial, sino que la cuestión fundamental es, como se dijo en el citado fallo, “rigurosamente económica o patrimonial”. Y se reiteró en la misma sentencia que: (la Corte se refiere a la Sentencia de Casación Civil de sep. 10/2003. Exp. 7603, M.P. Manuel Ardila Velásquez). “... no cabe exigir la liquidación de la sociedad conyugal. Porque si lo que se busca es atajar a toda costa la multiplicidad de sociedades, en principio el asunto debe predicarse de todos los eventos en que exista ese riesgo, sin que importe averiguar, subsecuentemente, por la existencia de impedimentos para contraer matrimonio, como con desventura pudiera inferirse de las descuidadas voces del segundo artículo de la ley comentada. Y son descuidadas porque de primera intención pareciera que la liquidación de la sociedad conyugal sólo se exige para quienes, además, tuvieran impedimento para casarse, pues que aquel requisito no figura sino en la segunda de las hipótesis de la norma. Pero, lo erróneo está en creer que donde no haya impedimento para casarse, no hay que hablar, por sustracción de materia, de sociedad conyugal, suponiéndose equivocadamente que allí no pueden haber sino solteros, y de ahí que el artículo comentado nada dijese sobre liquidaciones en la primera hipótesis; se olvidó que personas hay como los viudos que, sin tener impedimento para casarse, tuvieron sociedad conyugal, disuelta sí por causa de la muerte del cónyuge, pero aún sin liquidarse. Lo propio cabe decir frente al caso de nulidad del matrimonio: desaparecido el lazo matrimonial no tienen por este aspecto impedimento para casarse de nuevo, pero pueden cargar ilíquida la
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sociedad. Para decirlo en breve, pensóse, algo muy cuerdo por demás, en la necesidad de separar las situaciones de los que jamás han tenido sociedad conyugal con los que la tienen o la tuvieron; pero la terminología empleada para ello fue desafortunada”. Así, la Corte dejó establecido que la liquidación de la sociedad conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la unión marital de hecho, para que de ahí pudiera nacer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces, aunque la ausencia de impedimento para contraer matrimonio puede venir del estado de soltería, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se está indagando genuinamente por la suerte del vínculo matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente un común denominador: la sociedad conyugal ha quedado disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es posible que a pesar de la ausencia de vínculo, los antiguos socios aún arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no empece, según se dijo en el precedente, para que se constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 1990. Síguese de lo anterior, que desaparecida la exigencia de liquidación, porque esta norma de carácter legal “deviene insubsistente” por la entrada en vigor de la nueva Constitución, no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 04/2006, Exp. 1998-00696, M.P. Edgardo Villamil Portilla). PERTENENCIA IGUALITARIA DE BIENES
[§ 0699] L. 54/90. ART. 3º—El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes. PAR.—No formarán parte del haber de la sociedad los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, pero sí lo serán los réditos, rentas, frutos *o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho.
NOTA: La expresión “o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho” fue declarada exequible por la Corte Constitucional en fallo de constitucionalidad condicionada , “bajo el entendido de que la valorización que experimentan los bienes propios de los convivientes, por causa de la corrección monetaria no forma parte de la sociedad patrimonial”. (C. Const., Sent. C-014, feb. 14/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). [§ 0700] COMENTARIO.—El trabajo doméstico constituye un aporte a la sociedad de hecho entre compañeros permanentes. En novedoso pronunciamiento la Corte Constitucional sostuvo en Sentencia T494 de 12 de agosto de 1992, dentro del expediente 1909, que el trabajo doméstico como una modalidad del aporte de industria tiene significación económica suficiente para ser reconocido como un aporte que otorga la calidad de socio dentro de una sociedad de hecho entre compañeros permanentes. En efecto, después de hacer un análisis en torno al hecho de que el trabajo doméstico constituye una actividad económica que contribuye al ingreso del hogar y a su vez al ingreso nacional, concluye que su desconocimiento viola los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación en contra de la mujer quien es a la que generalmente se le han asignado el rol social de desempeñar las labores domésticas. PRUEBA DE LA UNIÓN [§ 0701] L. 54/90. ART. 4º—Modificado. L. 979/2005, art. 2º. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. 2. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
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3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia (§ 4664, num. 5º, par. 1º). [§ 0702] JURISPRUDENCIA. — Es aplicable por analogía el numeral 4º del artículo 23 de Código de Procedimiento Civil a la disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes. “Es preciso tener en cuenta que en materia de competencia por razón del territorio a más del
fuero general existente radicado en el domicilio del demandado (CPC, art. 23, num. 1º), la ley contempla algunos casos donde, por la naturaleza de los mismos, la competencia territorial está determinada por factores específicos expresamente señalados que pueden hacerla o no concurrente con la disposición general referida. Así, para los procesos cuyo objeto sea la liquidación de sociedades conyugales, además del correspondiente al domicilio del demandado, es competente el juez del domicilio común anterior de los cónyuges mientras el que demanda lo conserve, precepto éste que se encuentra consagrado en el citado artículo 23 numeral 4º y aplicable por una evidente razón de analogía a los procesos de disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes a los que se refiere en sus artículos 4º y 7º la Ley 54 de 1990, disposiciones estas que tienen por supuesto la notoria semejanza existente entre la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal, tanto en su regulación sustancial como en todo aquello que concierne a los procedimientos judiciales que con fines declarativos o liquidatorios, deben observarse en uno y otro caso”. (CSJ, Cas. Civil, Auto mayo 22/98, Exp. 7151, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).
[§ 0703 a 0705] Reservados CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN [§ 0706] L. 54/90. ART. 5º—Modificado. L. 979/2005, art. 3º. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por los siguientes hechos: 1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario. 2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido. 3. Por sentencia judicial (§ 4664, num. 5º, par. 1º). 4. Por la muerte de uno o ambos compañeros.
[§ 0707] DOCTRINA.— Operatividad de las causales de disolución de la sociedad patrimonial”. De acuerdo con su operatividad, las causales pueden ser ipso jure y judiciales. a) Ipso jure. Son aquéllas que operan y se consuman de pleno derecho, tan pronto ocurre el hecho y, por lo tanto, no requiere sentencia judicial, tal como acontece con la muerte, el matrimonio con tercero y mutuo acuerdo solemne. b) Judicial. Es aquélla que necesariamente necesita sentencia judicial para que adquiera certeza jurídica, como ocurre con los motivos generales y específicos (separación de hecho, ausencia y desaparecimiento y ruptura de comunidad de esfuerzo patrimonial)”. (LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de familia. Unión Marital de hecho. 1ª edición, Editorial Librería del Profesional, pág. 342). [§ 0708 a 0713] Reservados. LEGITIMACIÓN EN CAUSA PARA SOLICITAR LA LIQUIDACIÓN [§ 0714] L. 54/90. ART. 6º—Modificado. L. 979/2005, art. 4º. Cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos podrán pedir la declaración, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial y la adjudicación de los bienes.
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Cuando la causa de la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial sea, la muerte de uno o ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión, siempre y cuando previamente se haya logrado su declaración conforme a lo dispuesto en la presente ley. NORMAS APLICABLES A LA LIQUIDACIÓN [§ 0715] L. 54/90. ART. 7º—A la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se aplicarán las normas contenidas en el libro 4, título XXII, capítulos I al VI del Código Civil. Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia en primera instancia.
[§ 0715-1] JURISPRUDENCIA. — Competencia para conocer de causas judiciales de declaración de sociedades de hecho entre concubinos y de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes.Al respecto, parece oportuno reiterar que, como frecuentemente lo ha señalado la Corte, la competencia para conocer de las causas judiciales concernientes a la declaración de existencia de la sociedad de hecho entre concubinos, sea esta de naturaleza civil o comercial, como las relacionadas con su disolución y liquidación, está atribuida a los jueces civiles, al paso que las controversias originadas en aquellas otras, las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, deben ser dirimidas, por mandato del artículo 7º de la mencionada Ley 54 de 1990, por los jueces de familia" (CSJ, Cas. Civil, sent. Jul. 30/2004. Exp. 7117, M.P. Pedro Antonio Munar Cadena). [§ 0715-2] JURISPRUDENCIA. — El procedimiento para disolver y liquidar judicialmente una sociedad comercial de hecho entre concubinos es diferente al previsto por la Ley 54 de 1990 para los compañeros permanentes. "(...).De otro lado, tampoco es posible confundir una sociedad de esa especie (de hecho entre concubinos) con la sociedad patrimonial a que alude el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, que tiene como fundamento la existencia de una unión marital de hecho entre compañeros permanentes ajustada a los requerimientos que allí se determinan y cuyos elementos definidores difieren de aquellos que convergen para estructurar las sociedades de hecho, distinción esta que, ciertamente, no es del caso precisar en esta oportunidad, ni mucho menos, con las sociedades conyugales, pues estas sólo tienen por fuente la celebración del matrimonio. 3. Pues bien, el procedimiento a que se someten las causas judiciales de disolución judicial y liquidación de sociedades civiles, comerciales o de hecho es el previsto en el capítulo I del título XXXI del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, en el cual se advierten con nitidez incuestionable dos fases, cuya naturaleza y finalidad, como lo ha destacado esta corporación, son “completamente diferentes: la primera, que constituye un proceso declarativo, tiene por objeto único discutir y resolver si existe la sociedad, y que, si es positiva, termina con la sentencia en la cual se declara disuelta la sociedad, ordena su liquidación, la inscripción de aquélla en el competente registro y la publicación de la parte resolutiva (arts. 628 a 630); y la segunda, que asume el carácter de ejecución de la sentencia con que culminó la anterior, busca determinar cuáles son los bienes partibles, el pasivo común, y cuál el monto de lo que a cada socio corresponde (arts. 631 a 643). Esta etapa final, o sea la de distribución del saldo líquido entre los socios, termina con la sentencia aprobatoria del trabajo de partición (Cas. jul. 8/76, G.J. CLII, pág. 243)” (Sent., ago. 29/85); decisión esta que, como es sabido, es susceptible de ser cuestionada a través del recurso de casación. Dado, pues, que la distinción entre cada una de esas etapas es, francamente, notoria, amén que ellas sirven a fines y objetivos disímiles, al mismo tiempo que cumplen funciones de distinta naturaleza, no resulta desatinado decir que corresponden a dos estructuras formales autónomas e independientes aunque profundamente ligadas entre sí, por supuesto que a la segunda no se llega sin haber rebasado exitosamente la primera (CSJ, Cas. Civil, sent., jul. 30/2004. Exp. 7117, M.P. Pedro Antonio Munar Cadena). PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES [§ 0716] L. 54/90.
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ART. 8º—Las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. PAR.—La prescripción de que habla este artículo se interrumpirá con la presentación de la demanda. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD
[§ 0717] CPC. ART. 90.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 41. Modificado. L. 794/2003, art. 10. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos. [§ 0718] JURISPRUDENCIA-CONSTITUCIONALIDAD.— El artículo 8º de la Ley 54 de 1990 establece una prescripción, no una caducidad. “(...). Hay que tener en cuenta además, que el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 establece expresamente una prescripción, no una caducidad. Diferencia que tiene importancia por esto: según el inciso primero del artículo 2541 del Código Civil, la prescripción extintiva se suspende en favor de las personas enumeradas en el ordinal 1º del artículo 2530 del mismo código: los menores, los dementes, los sordomudos y quienes están bajo patria potestad, tutela o curaduría; y, además, la herencia yacente, según el numeral 2° del mismo artículo. La caducidad, por el contrario, no se suspende.
En el caso que nos ocupa, la ley expresamente establece un término de prescripción. ¿Por qué denominarlo caducidad, si de este modo se desprotegen los intereses de las personas mencionadas en el artículo 2530 del C.C.? (C. Const., Sent. C-114, mar. 21/96, M.P. Jorge Arango Mejía).
[§ 0719] CPC. ART. 91.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 42. Modificado. L. 794/2003, art. 11. Ineficacia de la interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos: 1. Cuando el demandante desista de la demanda. 2. Cuando el proceso termine por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7º del artículo 99 o con sentencia que absuelva al demandado. 3. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda. VIGENCIA DE LA LEY
[§ 0720] L. 54/90. ART. 9º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. NOTA: La ley se sancionó el 28 de diciembre de 1990. Fue publicada en el Diario Oficial Nº 39.615 del 31 de diciembre del mismo año, fecha a partir de la cual rige.
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[§ 0721] COMENTARIO.—¿La Ley 54 de 1990 rige hacia el futuro o por el contrario tiene efectos retroactivos o retrospectivos? En cuanto a la vigencia temporal de la Ley 54 de 1990 la Corte Constitucional ha venido sostiendo que la ésta no produce efectos retroactivos ni retrospectivos. En tal sentido se citan las sentencias C-511 de 1992 y C-239 de 1994 (§0722). La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria, en sede de casación, también adoptó la misma postura hermenéutica en sentencias de casación de abril 20 de 2001 (§ 0723), diciembre 13 de 2002 y marzo 20 de 2003. No obstante, la Corte Suprema, en sentencia de casación de octubre 28 de 2005, M.P.Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, cambió dicha doctrina con relación a las uniones maritales existentes para la época en la que entró a regir la Ley 54 de 1990, esto es, el 31 de diciembre de 1990, y que continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia al concluir que la citada ley sí se aplica a dichas uniones, de tal manera que para efectos de la conformación de la sociedad patrimonial marital entre los compañeros permantes debe tenerse en cuenta todo el tiempo en que convivieron, incluido el anterior al 31 de diciembre de 1990 (§ 0724).
[§ 0722] JURISPRUDENCIA-CONSTITUCIONALIDAD.— La Ley 54 de 1990 no se aplica a las relaciones concubinarias nacidas y extinguidas antes de su vigencia. "Durante la vigencia de la Constitución de 1863, el único matrimonio válido ante la ley era el civil. Adoptada la Constitución de 1886, se dictó la Ley 153 de 1887, cuyo artículo 21 dispuso: “El matrimonio podrá por ley posterior, declararse celebrado desde época pretérita, y válido en sus efectos civiles, a partir de un hecho sancionado por la costumbre religiosa y general del país; en cuanto este beneficio no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación”. De la norma citada surge un primer criterio que esclarece el asunto que se estudia: la aplicación de la Ley 54 de 1990 a relaciones concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas antes de su vigencia, sólo sería posible, idealmente, en la medida en que no se vulneraran derechos adquiridos, en razón del principio consagrado en el artículo 58 de la Constitución: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. Aunque hay que advertir que ello implicaría darle a la ley un efecto retroactivo, que ella misma no previó, y que está, en general, prohibido en guarda de la seguridad jurídica (C. Const., Sent. C-239, mayo 19/94, M.P. Jorge Arango Mejía). [§ 0723] JURISPRUDENCIA. — La Corte Suprema de Justicia reitera la doctrina de la no retroactividad de los efectos de la Ley 54 de 1990. " De la lectura detenida de todo el articulado de la Ley 54 de 1990 se infiere que el legislador no consagró reglas específicas encaminadas a extender hacia el pasado los efectos de la aludida legislación, ni puede entenderse que tal hubiese sido su tácito designio, ya que, por el contrario, dispuso en el artículo 9º, que esa ley “rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”, amén de que en el artículo primero fue enfático al señalar que “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles se denomina unión marital de hecho, ...”, enunciado con el cual declara, con cierta vehemencia, que todos los efectos civiles que le atribuye a las relaciones maritales que constituyen su objeto sólo surgen desde su entrada en vigor, pues únicamente a partir de este momento esas situaciones tienen reconocimiento legal. Colígese, entonces, que si el legislador a quien, como ha quedado dicho, le incumbía determinar, con sujeción a los imperativos constitucionales, sus efectos temporales, extendiéndolos en el tiempo, si así lo reclamaban las necesidades sociales que intentaba remediar, se abstuvo de hacerlo, no le es dado al juzgador concederle los efectos que aquél se negó a otorgarle, puesto que él se encuentra subyugado al principio general de la irretroactividad que, como quedó visto, gobierna su labor hermenéutica. Síguese, por consiguiente que, inmediatamente entró en vigor la Ley 54 de 1990, ella sometió a su imperio toda relación entre “un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen comunidad de vida permanente y singular”, a la que denominó unión marital de hecho, de modo que los vínculos que la relación de compañero o compañera comportan, los derechos y obligaciones familiares que de ella brotan, la protección jurídica y todos los demás efectos civiles que le corresponden, surgieron solamente al momento de su vigencia. Así mismo, cumplidos dos años contados a partir de su vigencia, todas aquellas uniones que reúnan las exigencias
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de la precitada ley, y aun las que se conformaron con anterioridad, darán lugar, por vía de la presunción prevista en el artículo segundo ejusdem, a la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, puesto que, como ha quedado dicho, se vulneraría el principio de la irretroactividad de la ley si se admitiese que el aludido estatuto tiene la aptitud de atribuirle a aquellos hechos que de conformidad con la legislación anterior no eran aptos o idóneos para constituir la situación jurídica creada por la nueva ley los efectos constitutivos que ésta les atribuye" (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 20/2003. Exp. 6726, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles ).
[§ 0724] JURISPRUDENCIA. — Cambio de doctrina jurisprudencial. La ley 54 de 1990 si se aplica a las uniones maritales existentes el 31 de diciembre de 1990.." Efectuada esta precisión, importa memorar que la Corte, como juez natural llamado por la Constitución a definir en casos particulares la aplicación en el tiempo de una determinada ley -como lo aceptó la Corte Constitucional en la sentencia C-239 de 31 de mayo de 1994, que declaró la exequibilidad de un aparte de la Ley 54 de 1990-, ha venido sosteniendo en diversos pronunciamientos, que esta legislación no puede aplicarse a las uniones maritales que nacieron con anterioridad a su vigencia, motivo por el cual, el término que en ella se establece para presumir la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, sólo puede computarse desde la fecha de su promulgación, ocurrida el 31 de diciembre de 1990, pues, se afirma, así lo impone el principio de irretroactividad de la ley, que es la regla general (Cfme: cas. civ. de 20 de abril de 2001; exp.: No. 5883; 20 de marzo de 2003; exp. 6726 y 9 de marzo de 2004; exp.: No. 6984). Sin embargo, un nuevo análisis de esta problemática conduce a la Corte a modificar su aludida doctrina, para concluir que la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia -no así a las que para ese momento ya habían fenecido-, por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria" (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct 28/2005. Exp. 591. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo) .[§ 0725 a 0740] Reservados.
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