SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁ PROBLEMÁTICAS TICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA
Hidrocarburos ANÁLISIS GENERAL, ZONA TRADICIONAL Y NORTE DE LA PAZ PAZ Actualización 2009-2010
Marco Octavio Octavio Ribera Ribera Arismendi Arismendi
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA
Hidrocarburos aNÁLisis GENEraL, ZoNa TradicioNaL Y NorTE dE La PaZ PaZ
acTuaLiZacióN 2009-2010 Marco Octavio Ribera Arismendi
SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA
Bolivia - noviembre 2010
T íTulo íTulo:
Hidrocarburos: análisis general, la zona tradicional y norte de La Paz. Actualización 2009-2010 Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia. AuTor:
Marco Octavio Ribera Arismendi Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental - LIDEMA EdiTor:
Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA rEvisión y Edición:
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4 - 1 - 2589 - 10 Las opiniones expresadas son de absoluta responsabilidad del autor y no comprometen comprometen necesariamente a LIDEMA. Se autoriza la utilización sin fines de lucro de la información de la presente publicación para fines de difusión o capacitación, citando la fuente. ciTAr como:
Ribera,A.M.O. 2010. Análisis general, la zona tradicional, el norte de La Paz. Actualización 2009-2010. La Paz, Bolivia. Bolivia. : LIDEMA, 2010. Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia Nº 3. Bolivia - noviembre 2010
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Índice
INTRODUCCIÓN GENERAL AL REPORTE DE ACTUALIZACIÓN 2009 - 2010 DE LOS ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES......................... AMBIENTALES......................... 5 ANÁLISIS CRÍTICO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA DESDE LA L A PERSPECTIVA PERSPECTIVA SOCIO AMBIENTAL ...................... 11 PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN LA ZONA TRADICIONAL ................................. 89 PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL NORTE NORTE DE LA PAZ ..................................... 129
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inTROdUcciÓn GeneRAL AL RePORTe de AcTUALiZAciÓn 2009 - 2010 de LOS eSTUdiOS de cASO SOBRe PROBLeMÁTicAS SOciO AMBienTALeS
El año 2008 LIDEMA realizó la publicación de la inormación sistematizada sobre ocho temas socio ambientales críticos que ueron priorizados para nes de evaluación y seguimiento. En dicha oportunidad ya se ad vertía que estas problemáticas ocasionaban una importante acumulación de impactos severos y amenazas crecientes sobre la calidad ambiental, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones locales. Durante el 2009 y parte del 2010, se hizo el seguimiento y la actualización de estas problemáticas. Muchas de éstas han sido desglosadas en otros subtemas especícos, por ejemplo en temas especialmente comple jos como minería, hidrocarburos o megaproyectos energéticos. En términos generales, y considerando la totalidad de los temas críticos priorizados a los cuales LIDEMA ha venido dando seguimiento, no ha habido mejoras o avances, en el sentido de una reducción del nivel de impacto o de disminución de la amenaza Las situaciones críticas de contaminación por uentes mineras o doméstico-industriales, o la reducción de las amenazas en el caso de los diversos megaproyectos, siguen aumentando en varias regiones del país. Es más, las problemáticas socio ambiental es por diversas causas, o han prolierado o se han magnicado, y en el mejor de los casos permanecen invariables. Una de las causas para esta situación de empeoramiento, ha sido el permanente marginamiento de la 5
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gestión ambiental, la cual ha tenido magros avances en algunos aspectos, pero en general ha predominado un marcado decaimiento. Ambos elementos, causa-eecto, tienen, sin embargo, una raíz en el modelo de desarrollo vigente, caracterizado por su perl extractivista y primario exportador (gas, minerales, energía, suelos-soya), pero que ha hecho un énasis exacerbado en los sectores de hidrocarburos, minería y energía, tornándose más preeminentes que antes. El avance acelerado y a ultranza del modelo extractivista y primario exportador, desaortunadamente requiere de una gestión ambiental y de autoridades ambientales, débiles y sumisa. Paralelamente las organizaciones ambientalistas son atacadas, desprestigiadas y marginadas. Esto se da en nuestro país, al igual que en Perú, Ecuador, Argentina o Brasil y cualquier nación embebida en dicho modelo. Como resultado de esta gura desarrollista, se crean escenarios cada vez más críticos y de mayor incertidumbre, tanto en lo social como en lo ambiental. El seguimiento de los estudios de caso así lo demuestra. En el sector de minería, descontando el logro del Decreto Supremo que declara zona de emergencia la cuenca Huanuni-Sora Sora, los avances de atención de remediación-mitigación de los impactos mineros han sido muy magros, especialmente en las cuencas más contaminadas como Pilcomayo y Poopo. La minería, experimentó a lo largo del 2009 una progresiva recuperación de los precios de metales como zinc, plata, plomo o estaño, tanto en el nivel empresarial (p.e. San Cristóbal) como al nivel de la minería cooperativizada, por tanto los ritmos de explotación y procesamiento no ha surido grandes variaciones. El oro, ha alcanzado precios de record histórico, por tanto las presiones de explotación se han intensicado como nunca antes, tanto en las zonas cordilleranas de La Paz, como en la Chiquitanía, en paralelo a la escasa o ninguna regulación por parte de la Autoridad Ambiental Competente o del Ministerio de Minas, además generando enormes impactos ambientales y confictos con las comuni6
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dades en las diversas regiones de explotación. En tanto que el proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro se convirtió algo así como una nota de aplazo para el Ministerio de Minería y la COMIBOL, por el desapego a la norma y la generación de confictos al interior de las comunidades y organizaciones sociales. El megaproyecto minero metalúrgico Mutún, ha estado paralizado por di versas situaciones y confictos de manejo interno, a pesar de ello, las amenazas previstas en el 2008, como el uso de grandes volúmenes de agua, errovía, camino, canal a Pto.Busch, etc., se han incrementado, incluido el establecimiento de un polo industrial, donde el Brasil ha mostrado su in terés de nanciamiento. Todos estos impactos ocurren dentro de un Área protegida, el PNANMI Otuquis. La región sudeste de Bolivia no se ha limitado a la minería del Mutún sino que los riesgos de enormes impactos socio ambientales se han dado en otra Áreas protegidas. Por ejemplo, la Reserva del Valle de Tucavaca, donde las empresas Kyleno y Sidereste, han proyectado grandes operaciones de exploración, explotación y transormación industrial, amenazando el interior de la Reserva (Serranía de Santiago) y las zonas de infuencia. Por su parte, la voracidad del mega proyecto minero San Cristóbal, debido al uso de enormes volúmenes de agua, genera actualmente el riesgo sin precedentes, de vaciar los acuíeros ósiles, así como los acuíeros superciales y humedales de la región Nor Lípez-Valdivieso al sur del Salar de Uyuni, la región ecológica más seca (semidesértica) del país, “donde el agua vale más que el oro”, y donde la mega minería no paga un dólar por ella. Otras situaciones de alto riesgo ambiental y que generan confictos al interior de las organizaciones indígenas, se da por la ampliación de la rontera petrolera, más allá de la denominada Zona tradicional, tal es el caso de la exploración petrolera en la zona de Liquimuni en el norte de La Paz. En el tema hidrocarburíero, el 2009 y 2010 se vienen generando grandes amenazas que se concretarán los siguientes años, esto en unción 7
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a la multiplicidad de operaciones previstas de exploración sísmica y de peroración de pozos exploratorios. Las de mayor impacto se darán en los bloques Río Hondo y Tuichi, al interior del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas, en tanto que en la Zona tradicional, nuevamente el Parque Aguarague surirá un nuevo ciclo de impactos por operaciones de exploración, que se adicionarán a los graves pasivos ambientales que ya aectan a varias de sus cuencas y no han recibido ningún tratamiento eectivo de mitigación. El aán de asegurar grandes inversiones hidrocarburíeras en el territorio nacional, ha llevado al Gobierno a un acercamiento muy cuestionable con la empresa REPSOL-YPF, la cual tiene un nutrido prontuario nacional e internacional de aectaciones socio ambientales, incluidas deudas ecológicas con los pueblos indígenas. Similares situaciones de “borrón y cuenta nueva” parece haberse dado en el caso de otras empresas (BG, Petrobras, Total) a pesar de los resultados de la auditoria petrolera del 2007. En el tema energético, el nivel de riesgo socio ambiental de los mega proyectos del Brasil (Jirau y San Antonio), así como los megaproyectos “propios”, como El Bala (que aectaría grandes supercies del PN Madidi y la Reserva-TCO Pilón Lajas) y Cachuela Esperanza, se han incrementado, especialmente con el anuncio interés de inversión por parte de grandes transnacionales rusas. No solo ha aumentado el nivel de riesgo por avance de los procesos de estudio, licitaciones, negociaciones con in versores, sino que se han diversicado, tal es el caso de represas grandes como Rositas en Santa Cruz o San José en Cochabamba. En la misma línea de creciente amenaza, avanza el megaproyecto Geotérmico de Laguna Colorada, amenazando por igual, los rágiles ecosistemas, paisajes y la vida silvestre de un área protegida de extraordinario valor patrimonial, así como las iniciativas de turismo comunitario existentes. Este proyecto supuestamente “limpio”, estará ligado a la gran minería de San Cristóbal e incluso la planta de Litio de Río Grande.
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En tanto, la mega iniciativa IIRSA, ha recibido un claro y repetido rechazo de pueblos indígenas y organizaciones sociales, por su espíritu y la orma en que está siendo desarrollado, mientras que el gobierno, la ABC y el Ministerio de Obras públicas, continúan impulsando con mucho en tusiasmo, los corredores bioceánicos, con ninguna o muy escasas medidas de recaudo socio ambiental. Los eectos más drásticos se vienen obser vando en el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, a pesar de contar con un Plan de Protección Ambiental que ue parcialmente aplicado y similares eectos se prevén para el corredor Norte. En otro ámbito, las corporaciones empresariales de la CAO, CAINCO ANAPO junto al IBCE, continuaron el 2009, con una intensa campaña en avor de los biocombustibles, ejerciendo presión y acercamiento al gobierno para la aprobación de un reglamento operativo de la Ley 3207 del 2005 (Ley del Biodiesel). Este acercamiento magnica el riesgo de una apertura del gobierno a la producción de biodiesel y etanol. En tanto que los campos de producción del oriente y norte de Santa Cruz, están inundados de soya transgénica “rr” resistente al gliosato y otras variedades anes, mientras la rontera agrícola de la soya se va expandiendo con escaso control hacia los bosques de la Chiquitanía y de Guarayos. De igual orma, el Complejo Agroindustrial de San Buenaventura en el norte de La Paz, un proyecto de alto riesgo en una de las regiones más rágiles y de mayor riqueza biológica del país, tiene un gran avance, a partir de las desordenadas e inconsistentes acciones promovidas por la preectura y el gobierno central, y a pesar de que un último estudio de suelos del año 2009, concluye que la región del norte de La Paz, es marginalmente apta para el cultivo de caña a gran escala, por las uertes limitaciones edaológicas. Es posiblemente unos de los más claros ejemplos del desarrollismo imperante. Finalmente, la gran contaminación de la Bahía de Cohana en el Lago Menor, sigue avanzando hacia las zonas de las islas interiores como Pariti 9
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y Suriqui, en tanto que todas las acciones que vienen realizando diversas instituciones públicas y privadas, se orientan al tratamiento de los eectos (desde limpiezas de lenteja de agua hasta monitoreos) y no se encaminan soluciones estructurales, que deberían pasar por el tratamiento de las aguas contaminadas que salen de El Alto y Viacha, a través de ríos uertemente contaminados como el Seco y el Pallina. La prolieración y agudización de las problemáticas ambientales, ya sea por omisión o por promoción de proyectos con alto costo ambiental, ha dado lugar a una crítica generalizada al gobierno actual de manejar una dualidad de discursos y de crear una imagen internacional de impostura, que no coincide con lo que se está viviendo en el país, vale decir la promoción del respeto a la naturaleza en los oros internacionales, y la realidad de un modelo de desarrollo avasallante del ambiente, la naturaleza y las comunidades indígenas. En conclusión, ambientalmente y solo considerando las grandes problemáticas bajo seguimiento, estamos mucho peor que en el 2008, con el agravante de que si se siguen manteniendo las actuales políticas de desarrollo y el actual modelo económico, muchas amenazas se irán tornando en mega impactos el 2010 y los siguientes años.
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AnÁLiSiS cRÍTicO deL SecTOR de HidROcARBUROS en BOLiViA deSde LA PeRSPecTiVA SOciO AMBienTAL
Asptos Grals l Stor Bolivia ha sido conocida a lo largo de muchas décadas como un país minero; sin embargo, especialmente en los últimos veinte años, los hidrocarburos (petróleo y gas) jugaron un rol determinante en la vida económica y política nacional. En los últimos años, el gas natural se ha vuelto el commo dity más importante para la economía nacional, llegando a representar el 50% de las exportaciones del país e ingresos para el Estado (Humphreys y Catari, 2009). A pesar de que el 48% del territorio nacional es considerado de potencial interés hidrocarburíero (Reporte Energía, junio 2009), el desarrollo de la exploración y explotación de éstos se ha limitado a un espacio reducido, con una gran concentración en las zonas tradicionales, es decir, en el oriente del país, principalmente en el Chaco de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, las reservas probadas y probables se encuentran en su mayoría en el Chaco Tarijeño (Humphreys y Catari, 2009). Según análisis del CEDLA (2008), hasta el 85% de las reservas de gas natural están bajo el suelo chaqueño. De cualquier orma, existe una elevada incertidumbre sobre las reservas probadas de gas en el país, mientras que a inicios del 2008, el gobierno seguía manejando la cira de 48 trillones de pies cúbicos (TPC), cira derivada de la certicación de la empresa DeGolyer,
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del año 2005, el 2009 se hablaba de ciras notablemente menores de hasta 18 TPC, en realidad según algunos analistas la cira real nunca pasó de 25 TPC (uente: siglo XXI). En general, es un tema que precisa de un nuevo esuerzo de certicación que estuvo a cargo de la Firma Ryder Scott (ReporteEnergía, Nº 32). A mediados del año 2010, el Ministerio de Hidrocarburos, en base a los resultados de dicho proceso anunciaba las reservas probadas en 19 TPC (La Razón, 7 agosto 2010). A nes del 2010, se vivía en el país una elevada incertidumbre sobre un eventual descenso de las reservas gasíeras, incluso por debajo 8,5 TPC (resultado de la última certicación de Ryder Scout), aunque el presidente interino de YPFB declaró que las reservas eran de 12 TPC, lo cual parecía no tener undamento técnico able. Con los sucesivos procesos de nacionalización y la reundación de YPFB a partir del 2007, la situación de muchas empresas fuctuó, y aquellas que se quedaron con las nuevas modalidades como socias minoritarias en las cadenas de producción tuvieron que aceptar las nuevas guras de distribución de benecios. En general, ue una etapa muy conusa y confictiva, dada la posición de las empresas petroleras que veían amenazadas sus prerrogativas de años anteriores. El gobierno boliviano recibió muchas presiones directas de los países relacionados directamente con el origen de las grandes empresas petroleras, como ser Holanda, Inglaterra, España e incluso Brasil. Muchas empresas y las subsidiarias salieron del país o del esquema productivo como SHELL, TESORO y AMOCO. TRANSREDES, la subsidiaria de SHELL-ENRON, ue nalmente nacionalizada a nes del 2008 y la totalidad del transporte pasó a manos de la empresa estatal YPFB. Dicho sea de paso, TRANSREDES se ue, no solo recibiendo pagos del Estado, sino con una deuda por la contaminación del derrame en el río Desaguadero.
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El 2008 estaba claro que las políticas económicas del gobierno apuntaban a dejar la mayor parte del programa económico y social del país a espaldas de la producción hidrocarburíera, a partir de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina. En el 2009, esta tendencia se acrecentó y ue claramente percibida, tanto en los ámbitos de análisis y refexión del país, como por analistas del exterior (Bebington, 2007; Humphreys y Catari, 2009). Esto signicó: a) Conerir al sector hidrocarburíero mayor preeminencia de la que ya gozaba. b) Apoyo incondicional al sector por parte de las máximas autoridades de gobierno. c) Proundizar la lógica del rentismo especialmente en ciertas regiones. d) Intensicación de las actividades de exploración y apertura de nuevos pozos, incluyendo la apertura de las zonas no tradicionales. e) Incremento de los procesos de exportación y signicativo incremento de divisas. ) Políticas distributivas de rentas petroleras a las regiones, vía IDH, generando visiones de justicación de la intensicación de las operaciones hidrocarburíeras. g) Mayor relegamiento de los temas socio ambientales por considerarlos obstáculos al desarrollo económico e inclusive, llegar a calicarlos como una amenaza para las proyecciones del sector. En la dinámica institucional, se pueden destacar las últimas nacionalizaciones (DS. 298887), llevadas a cabo en enero del 2007y a nes del 2009, cuando la totalidad de las acciones de la AMOCO Oil and Gas AB, en la empresa CHACO SA., pasaron al Estado boliviano (YPFB-CHACO SA); en tanto que Air BP (BRITSH PETROLEUM), pasaron a conormar YPFB Aviación. La estatal petrolera tiene bajo su tuición 33 áreas 13
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bajo reserva (YPFB Corp. 2009), es importante conocer que las petroleras que operan en Bolivia son BRITISH GAS, TOTAL, PETROBRAS, REPSOL-YPF, PESA, PAN AMERICAN ENERGY, GTLI, PETROLEX, ORCA, CANADIAN, VINTAGE, PLUSPETROL y las nacionalizadas CHACO y ANDINA. (www.opinion.com.bo, octubre 2009). El año 2009 el mayor énasis en la economía boliviana apuntó a generar mayores volúmenes de hidrocarburos, ampliar la rontera hidrocarburíera, las reservas y el fujo de exportaciones, dando lugar a una clara tendencia hacia la fexibilización de las normas ambientales, minimizar la consulta pública, acilitar el ingreso a las áreas protegidas y agilizar los procedimientos ambientales previstos. Empresas cuestionadas durante varios años en lo ambiental y lo social (incluso por personalidades que cumplen unciones en el actual gobierno), como REPSOL-YPF, PETROBRAS, TOTAL, PLUSPETROL y BG, aceptaron los nuevos contratos de operación y los esquemas impositivos del gobierno, y se quedaron, bajo el compromiso de realizar inversiones de exploración y operación de nuevos pozos. Las inversiones a lo largo del 2009, se ueron dando en muy baja escala y de manera muy orzada, atribuyéndose ello a la inseguridad jurídica derivada de las nacionalizaciones, ademas del desincentivo por la caída de los precios del petróleo y gas a nivel mundial y el bajo precio del petróleo en el país. A lo largo y después de la nacionalización, en ningún momento, la permanencia de las empresas ue condicionada a un buen desempeño ambiental, menos aún en términos de resarcimiento de impactos ocasionados en años anteriores, o de alta de responsabilidad en las acciones de remediación, es el caso de TRANSREDES. Los pésimos antecedentes socio ambientales de algunas de estas empresas, no han sido tomados en cuenta a la hora de armar el nuevo esquema productivo hidrocarburíero del país. Una de las empresas que más daños socio ambientales ha causado en Latinoamé14
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rica es la española REPSOL, que sigue recibiendo paradójicamente un tratamiento muy deerente por parte del gobierno, situación obviamente, mediada por las inversiones comprometidas.
nuvas vrsos A partir del 2010, comenzaron las inversiones signicativas destinadas al desarrollo de campos, ampliaciones y construcciones en las renerías, conexiones al sistema de transporte y el proceso de industrialización. La estatal petrolera (YPFB) tiene prevista la inversión de 1.422 millones de dolares en procesos de exploración (30 pozos exploratorios en dos ases), según declaraciones de la Presidencia de YPFB en el Foro del Gas de Tarija (ReporteEnergía, diciembre 2009). Empresa
Inversión (MM$US) 2010-2015
YPFB Andina
162
YPFB Chaco
211,5
PETROBRÁS
582,6
REPSOL
1.507,4
PESA
24,9
BG
14,3
TOTAL
1.111
PLUSPETROL
12
VINTAGE
7
Iv P P A YPFB. (Fuente: ReporteEnergía, diciembre 2009).
Según inormaciones del Ministerio de Hidrocarburos (www. hidrocarburos.gob.bo), PETROBRAS trabaja en cuatro áreas; mientras que BG, PLUSPETROL, GTLI, CHACO, REPSOL, PETROANDINA, TOTAL y otras empresas también desarrollan actividades importantes. La petrolera BG conrmó que trabaja en los campos La Vertiente, Palo Marcado, Escondido, Los Suris, Taiguati, Ibibobo, Margarita, Itaú, etc. 15
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BG estima inversiones de 87 millones de dolares; en tanto que REPSOL YPFB inormó de que trabajan en la intervención del campo Margarita y en la peroración del campo Huacaya. El gobierno anunció a mediados del 2009 el inicio de exploración de hidrocarburos en el bloque norte del país, que abarca La Paz, Pando y Beni, con participación de Yacimientos Petrolíeros Fiscales Bolivianos (YPFB), en sociedad con GTLI (Gas To Liquid Internacional). Para el eecto, el Senado aprobó un Proyecto de Ley para la conormación de una compañía mixta entre la estatal YPFB y la privada GTLI. Como parte de esa labor, en el norte del departamento de La Paz, especícamente en la provincia Iturralde, se trabajaría en un millón de hectáreas para hacer estudios exploratorios. La inversión estimada en esa región, ronda los 800 millones de dolares, en las ases de exploración y explotación. La GTLI también trabaja en dos bloques de la región oriental de Santa Cruz y en uno de Chuquisaca (ERBOL, julio 2009). En tanto que PETROANDINA SAM tiene previsto triplicar la actividad de prospección petrolera exploratoria en esta gestión, tanto en la región del Subandino Norte (La Paz y Beni) como en el Subandino Sur (Tarija a Chuquisaca), a través de los 12 contratos de exploración en vigencia. Ademas, esta empresa realizó el año 2009, tareas de sísmica 2D en el bloque paceño Lliquimuni en busca de petróleo, e incursionará en el bloque Agüaragüe Sur “A” en el Chaco con una peroración exploratoria el 2010 (Energy Press, junio, 2009). Desde YPFB se informaba que las operaciones de exploración en curso y proyectadas se están ejecutando en el marco de los contratos de operación suscritos el 2006, con las 12 empresas petroleras que operan en el país, incluyendo las dos compañías petroleras nacionalizadas CHACO y ANDINA. Los pozos que están en desarrollo son: El Palmar 18, Río Grande y Tajibo en Santa Cruz San Alberto 15, San Alberto 17 y La 16
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Vertiente Vertiente 12 y Sábalo 5 enTarija enTarija y Kanata X-2 en Cochabamba. A mediados del 2009, se peroraron 12 pozos, tanto exploratorios como de desarrollo (Hidrocarburos.com julio 2009). Por otra parte, el 2009 se anunció que la Empresa India JINDAL esperaba producir gas en Bolivia para su exportación a Argentina. Un despacho de la agencia EFE señalaba que el Vicepresidente de la Siderúrgica, Vikrant Gujral, dijo a los medios tras una “reunión de cortesía” con el mandatario boliviano, que para junio del 2009, su empresa “ esperaba entregar gas que irá a Argentina ”, obtenido de una planta del departamento de Santa Cruz (El Palmar). A nales de marzo, la empresa y sus socios bolivianos iniciaron la peroración del pozo gasíero de El Palmar, en el que invirtieron alrededor de 7 millones de dolares (HidrocarburosBoli via.com, abril 2009). Dirigentes cívicos de las poblaciones de la Chiquitanía de Bolivia, observaron en dicho momento, que mientras la JINDAL se enrasca en aventuras de exploración con vistas a la exportación de gas, dejaba en abandono la explotación de hierro del Mutún, de cualquier orma, la peroración de dicho pozo no arrojó los resultados esperados. PROYECCIONES EXITISTAS: ASÍ SE OBSERVA EL SECTOR Fuente: La Patria/Boris Gómez Úzqueda, sePtiemBre 2009 Los ejes temáticos centrales en la arquitectura legislativa, normativa y regulatoria de un Estado moderno, en cuanto se reere a Energía e Hidrocarburos, tienen que ver con: una Constitución moderna, ágil, adecuada a los tiempos globales, una nueva Ley de Hidrocarburos y Energía, una Ley de Electricidad y una Ley de Biocombustibles y Energías alternativas. Un marco legal que sea atractivo y complementario con las inversiones multinacionales. La actual Constitución no está acorde a los tiempos modernos. La Constitución va a dar el marco general: Bolivia acepta contratos de riesgo compartido en negocios nuevos de exploración de nuevas áreas, de explotación de nuevos reservorios y de negocios de comercialización de gas con otros mercados, adicionalmente acepta contratos de riesgo compartido en todas las iniciativas de industrialización a escala de gas.
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La nueva Ley de Hidrocarburos será más especíca, modelando el diseño de país atractivo en inversiones que queremos ser. Debe haber, evidentemente, un acápite especializado a “industrialización” como prioridad para nuevos negocios entre el Estado y compañías multinacionales. Debe establecer el marco de lo que son los ejes del desarrollo de nuevas reservas de gas, para valor agregado: gas a líquidos (diesel), gas a electricidad, gas a petroquímica de segunda generación, gas a fertilizantes y urea, gas a nuevos energéticos como Dimetil Éter, gas excedente para exportación vía LNG. Deben intervenir con voz y voto las regiones productoras de hidrocarburos. En el afán de ir incentivando la investigación y el desarrollo de nuevos productos, Bolivia puede ponerse a la vanguardia con una Ley de Biocombustibles, que de igual forma sea complementaria a la “ley madre” que sería la nueva Ley de Hidrocarburos y Energía, basada en una nueva Carta Constitucional. Evidentemente toda esta arquitectura legal debe ir acompañada de un proceso técnico serio y coherente. Elevar la producción de gas 40 Mmm3d (millón de metro cúbico) a 80 Mmm3d mínimamente; de 50.000 Bbl (barril por día) a 100.000 Bbl, mejorar las condiciones de reno, de transporte, reducir la importación de diesel y evitar “huecos” nancieros por subvenciones a combustibles. En lo macro: urge acelerar alianzas de riesgo compartido con compañías que quieran nuevos bloques exploratorios para certicación de nuevos reservorios. Tomará tiempo, pero se reencauzará al país a la senda de la que nunca debió haber salido: erigirnos en centro energético continental. Entre tanto se buscarán mercados, se fortalecerán los actuales contratos y se buscarán fórmulas de negocios de industrialización a escala de gas pensando en mercados de ultramar. Hay que evaluar nuestra capacidad de reservas, nuestros volúmenes de exportación, y de posibilidad de industrialización. La vocación boliviana es la energía y los hidrocarburos. La oferta electoral debe estar orientada a ello (La Patria/ Boris Gómez Úzqueda, septiembre 2009).
Como se puede ver, las proyecciones y expectativas del sector hidrocarburíero son muy grandes, pero a pesar de la paraernalia de anuncios de nuevas inversiones y compromisos de peroración de nuevos pozos exploratorios en diversas regiones del país, el balance del sector a nes del 2009, desde la óptica de diversos actores e instituciones privadas relacionadas al propio sector, parecería ser negativo; concretamente se habló de un rezago. La revista Reporte Energía (diciembre 2009) traduce el balance nal negativo de diversos analistas, quienes ponían de maniesto, la caída de las exportaciones de gas, la alta de mercados, la reducción de ingresos por exportación, la ausencia de procesos exploratorios eectivos o desarrollo de nuevos campos, el mal manejo de YPFB, etc. A pesar del panorama, el optimismo de las compañías petroleras que operan en 18
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Bolivia, se centraba en la expectativa de que el 2010, sería el año del gran despegue de la extracción de hidrocarburos, a partir de la rma del nuevo contrato que consolide y amplíe las exportaciones de gas boliviano a la Argentina. En la percepción empresarial, el desarrollo de la industria petrolera en Bolivia, depende dep ende en gran proporción del mercado argentino (www.plataormaenergetica.org, (www.plataormaenergetica.org, marzo 2010). De acuerdo a expertos en materia hidrocarbuíera, los contratos petroleros relativos a la nacionalización son sucientemente tácitos y claros, en cuanto a las obligaciones y responsabilidades de las empresas; por ejem plo, la ausencia de inversiones comprometidas es pasible a procesos de recesión de contratos; sin embargo, a pesar de haberse incurrido en dicho incumplimiento, el Estado, a través de YPFB, no ha tenido la sucien te ortaleza, para hacer cumplir las cláusulas y revertir dicha situación. Como resultado, los megacampos gasíeros, continúan produciendo menos de 40 millones de metros cúbicos de gas/día (MMCD), cuando podrían estar produciendo casi el doble, paradójicamente, se continúa con una dispersión de nuevas exploraciones en diversas regiones, con el n de encontrar mayor número de campos y pozos, amplicando los impactos y riesgos socio ambientales. Las proyecciones de YPFB y las empresas asociadas (operadoras) buscarán hasta el 2015 acelerar la producción de gas natural, con una in versión de 3.466 millones de dólares. Los proyectos exploratorios inmediatos o exploratorios A (previstos entre 2009 y 2015) comprenden 10 pozos, principalmente localizados en la zona tradicional entre Tarija y Cochabamba, con un éxito estimado del 30%. En tanto que los proyectos exploratorios B, previstos por YPFB, están proyectados entre el 2016 y 2026, e incluyen 20 pozos exploratorios, con un éxito estimado del 20%. La magnitud de las operaciones hidrocarburíeras previstas en el terri torio es muy grande y su análisis puede llegar a ser conuso, generando 19
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una alta incertidumbre sobre los riesgos ambientales que puede implicar, incluso bajo un óptimo desempeño ambiental. Podría inclusive, parecer una acumulación desordenada o aleatoria de iniciativas, resultado de la oportunidad y la disposición de las empresas; es decir, más que un proceso estratégico propiamente. El Plan de Inversiones de YPFB para el 2009–2015 (Plataormaenergetica.org 12, mayo 2010. Análisis de Gustavo Rodríguez) consigna de manera detallada todos los proyectos que ejecutará la recientemente nacionalizada YPFB en los próximos cinco años, parece pa rece no responder al ob jetivo de alcanzar la seguridad y soberanía energética y, por el contrario, además de insistir en la prelación otorgada al mercado externo, somete el consumo interno al abastecimiento vía importación. A esto se debe adicionar que el Decreto supremo 0676, emitido a nes de octubre del 2010, incrementa signicativamente el número de zonas de operación petrolera en el país. Vemos Vemos con preocupación que la proyección del sector para los siguientes años aparece como una desenrenada carrera de peroraciones explora torias, para generar mayores volúmenes de hidrocarburos, incluso al in terior de áreas protegidas pr otegidas de enorme signicancia patrimonial. Podemos armar que Bolivia está a la par de otros países, en igual proyectiva de aclaración extractivista de hidrocarburos, como es el caso de Perú, Colombia o Ecuador.
Molo Prmaro exportaor El sector hidrocarburos, junto con la minería, es el centro del modelo de desarrollo actualmente vigente, caracterizado como primario-exportador y extractivista, recayendo sobre los lo s ingresos generados por estos sectores, el sostén mayoritario del actual programa social y económico del país. Ello explica la carrera gubernamental por asegurar y lograr inver20
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siones a como de lugar, buscando acilitar de diversas ormas, el accionar de las empresas, siendo los temas ambiental y sociales, los más sensibles y vulnerables.
En el capítulo reerido a la minería, se han enatizado los aspectos carac terísticos del modelo extractivista y primario exportador, estos aspectos en el sector hidrocarburos tienen plena vigencia, pudiendo incluso asumir, que este sector tiene mayores capacidades de generar lógicas de ren tismo en las regiones que el sector minero, al menos en la actual política socio económica del país. El hecho de que el modelo de desarrollo nacional esté basado undamen talmente en los ingresos petroleros, genera una excesiva dependencia en un solo sector, el cual, es especialmente vulnerable a las variaciones de los precios internacionales. A su vez, la explotación petrolera, genera una gura de aumento sustancial de los recursos económicos a partir del gas que aecta de manera orma crítica, la competitividad de las exportaciones no petroleras, enómeno conocido como “ enermedad holandesa” (economy. blogs.ie.edu). Según Waldo Gutiérrez, ex Ministro de Hacienda, los sec tores de hidrocarburos, minería y otros rubros extractivos conorman un 80% de las exportaciones, y una eventual disminución, por ejemplo por una crisis mundial, genera una uerte caída del ingreso, que no puede ser compensado por ningún otro sector. Precisamente, la contracción de esta actividad ocasionó que el país tenga décit scal los años 2009-2010, y que las alcaldías y preecturas vean reducido drásticamente su presu puesto, las cuales tienen un gran soporte en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Se percibe una situación por demás contradictoria al interior del actual modelo de exportación de hidrocarburos. Por una parte, existe una reducción neta de las exportaciones de gas, debido a los menores volúmenes de importación desde la Argentina, pero principalmente del Brasil. Sin 21
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embargo, la gran cantidad de esuerzos e inversiones ha sido puesta en la exploración de nuevos campos, en especial gasíeros. Esta contradicción daba lugar a que el propio Ministro de Hidrocarburos, L.F.Vincenti, a mediados del 2010, arme que el país detuvo las actividades de exploración de nuevas reservas de gas natural por alta de mercados para la venta del mismo (La Razón, 13 de agosto 2010). El 2009 una de las quejas del sector petrolero se centró en el poco esuerzo en la búsqueda e identicación de nuevos mercados. El 2009 se advertía que los mercados de Brasil y Argentina se estaban constriñendo hasta posiblemente cerrarse, pues Brasil preparaba los procesos de abastecimiento energético desde sus campos de ultramar, en tanto que Argentina recibía oertas de venta de gas de Chile, el cual había empezado a recibir gas en puerto, desde buques tanque metaneros y lo procesaba en su planta de regasicación o relicueacción (LNG) de bahía Quintero (www.gnlquintero.com). La gura se había invertido, Chile ya no necesitaba el gas boliviano vía Argentina. Esto tiene relación además, con los bajos precios del gas, debido al descubrimiento de nuevos yacimientos y la producción a partir de esquistos bituminosos en varios países, habiéndose reducido la demanda internacional y originando una sobreoerta del energético: “ barcos cargados de gas, buscando clientes en los puertos” (reporte Siglo XXI). Entonces, al no existir mercados potenciales (baja demanda), mas al con trario una tendencia a la sobreoerta por existir mayor riesgo de reducción o cierre de nuestras exportaciones a los países vecinos, la pregunta es ¿para qué tanto esuerzo en intensicar la búsqueda de mayores reser vas?, ¿Por qué seguir apostando a este rubro dentro el modelo primario exportador? Entre las paradojas del modelo primario exportador y la escasa cobertura de industrialización, destaca el hecho de que siendo un país productor y 22
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exportador de gas natural, existe por períodos una acuciante escasez de gas licuado en las ciudades y el campo, incluso en las regiones con ma yores reservas como Tarija. Más paradójico aún, es que a nes del 2009, se reportaron compras de gas licuado desde la Argentina y Perú (www. hidrcarburosbolivia.com , www.ino-bolivia.com).
Trasaoals Una de las guras protagónicas en los modelos primarios-extractivistas, son las empresas o consorcios transnacionales. La situación en hidrocarburos, es similar al del sector minero, en términos de liderazgo económico de estas guras corporativas y en el manejo discrecional de infuencias y obtención de ventajas de los gobiernos, así como una marcada tendencia a la inobservancia de las normas nacionales, especialmente las ambientales. Dentro la estructura del modelo extractivista, resalta la asimetría en las capacidades productivas entre las empresas nacionales y las transnacionales. De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, 2009), las empresas transnacionales siguen teniendo el control de la producción de los hidrocarburos y minería. Solamente PETROBRAS, el 2008, representó el 61,5% de la producción de hidrocarburos en el país, mientras que YPFB prácticamente no produjo nada. Similar situación ocurrió el 2009 (www.plataormaenergética.org 3 marzo 2010). Según el CEDLA (27 Nov. 2009) una vez en el poder, y en paralelo al proceso de nacionalización, el gobierno del MAS suavizó su discurso, llegando a deender el “ derecho de las petroleras de recuperar sus inversiones y de obtener ganancias”. Más adelante, el gobierno debe enrentar las triquiñuelas de las grandes corporaciones, como REPSOL-YPF, que buscan por todos los medios mantener el control de importantes segmentos de
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la producción de hidrocarburos e insertarse en las políticas que pretende aplicar el gobierno. Esto parece conrmar el caso de las auditorías petroleras, realizadas el año 2007 y que nunca se llegaron a conocer en su versión original, las cuales volvieron a generar polémica en abril del 2010 (Plataormaenergetica. org M.Orgaz, abril, 2010. Hora 25), cuando se denunciaba que el propio Vicepresidente Alvaro García Linera, en conerencia de prensa, armó: “ que las auditorías a las empresas petroleras no tenían sustancia ni seriedad y ue ron hechas por antropólogos y gente incapaz”. Claramente, ue un intento de ocultar la omisión y alencia, de encarar en su momento a las empresas petroleras, que se habían dado un estín en los años de la privatización y neoliberalismo. Dicha omisión signicó no solamente haber pasado por alto las irregularidades cometidas, sino brindarles resarcimientos del todo injusticados. De acuerdo a los resultados de dichas auditorias, las transnacionales petroleras, durante el proceso de capitalización del gobierno de Sánchez de Lozada, no cumplieron los compromisos de inversión, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nuestro medio ambiente y deraudaron al Estado boliviano, por lo que correspondía “ nacionalizarlas sin ninguna indemnización”. Fue revelador que las empresas transnacionales hidrocarburíeras hubieran dejado en el país un pasivo ambiental equivalente a más de 60 millones de dólares, hecho que hasta el momento no ue, ni es remediado por las mismas. Así se concluye en el Inorme Final de las Auditorías Petrole ras, contenidas en el libro homenaje a Enrique Mariaca, ex presidente de YPFB y auditor principal del proceso del año 2007 (CEDLA, mayo 2010; El Diario, 7 julio 2010). Este inorme recomendó el año 2007, noticar al Organismo Sectorial Competente (OSC) y/o a la Autoridad Ambiental Competente (AAC), proceder a la brevedad posible a la remediación de los pasivos ambientales identicados, porque al tratarse en su mayoría de 24
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procesos erosivos los mismos podrían agravarse en la época de lluvias, por deslizamientos de los taludes y probable ormación de cárcavas y el consiguiente deterioro del entorno ambiental (El Diario, 7 julio 2010). Lo que ocurrió en octubre del 2006 y 2007 ue que el gobierno vulneró su propio Decreto Supremo 28701, como se menciona en la Plataormaenergetica.org (M.Orgaz, abril 2010, Hora 25), se negoció con las empresas petroleras nuevos contratos aprobados por unanimidad en el Congreso, sin tomar en cuenta el resultado de las auditorías. Según este medio especializado, el entonces Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas ocultó los resultados de las auditorías y aceptó la versión de las empresas, que aseguraron, haber invertido mucho más de lo que las auditorías determinaron. La dierencia entre las ciras de la auditoría y la de las empresas es de 800 millones de dólares que el país en su conjunto tendrá que pagar. La gravedad del caso podría incluso implicar, que se habrían modicado los resultados de las auditorias “ porque estaban mal ”. Dichas auditorías no podían ser modicadas al estar normadas por Decretos Supremos que establecían procedimientos administrativos. Finalmente, se menciona que Enrique Mariaca había señalado reiteradamente, que era un error comprar las acciones altantes para tener el 50% más uno, pues, en el marco de la Capitalización al valorar las reservas de hidrocarburos entregadas por Gonzalo Sánchez de Lozada a precio cero, le correspondían a YPFB, como aporte patrimonial 87,18% en Chaco y 93,18% en Andina. Por tanto, no se requería comprar acciones al ser YPFB, socio súper mayoritario en estas capitalizadas (Plataorma energética, abril, 2010). Las empresas hidrocarburíeras, a dierencia de las mineras, en la actual coyuntura que vive el país, con mayor dependencia de ingresos por venta de gas y derivados, gozan de mayores prerrogativas y de mayor preeminencia. El caso de la empresa REPSOL-YPF es actualmente paradig25
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mático en términos del legajo de pésimos antecedentes socio ambientales pasados por alto, tal como en su momento ue TEXACO en el Ecuador. Recordemos el sólo hecho de haber avasallado bajo la venia del primer gobierno de Sánchez de Lozada, un espacio indígena y área protegida (TIPNIS), con total impunidad (Gavalda, 1999). Esto no quiere decir que empresas como PETROBRAS, BG, o la SHELL tengan historiales inmaculados, al contrario, se analiza el caso de REPSOL-YPF porque tiene un especial interés actual, debido al acercamiento al gobierno a nes del 2009 y las proyecciones uturas de sus operaciones en el país. REPSOL es una corporación hispano-argentina-estadounidense y una de las siete empresas petroleras más grandes del mundo que en el 2004 acturó alrededor de 41.689 millones de euros (Energy Press, Nº 278). El proceso por el que esta empresa se convirtió en una de las petroleras más importantes que operan en el país, comenzó con la “capitalización” de las empresas estatales, realizada en 1996 y a través de la cual se adjudicaron las dierentes unidades de negocio de YPFB. En el año 2000, REPSOL se convirtió en dueña del 50% de la empresa ANDINA S.A. A esto se sumaron sus activos en MAXUS BOLIVIA INC., en el bloque San Alberto y San Antonio, donde poseía el 50% de participación y la planta de Compresión de Río Grande, donde también detentaba el 50% del paquete accionario. Igualmente en el campo Víbora participó con el 50% de las acciones. Además participó en la comercialización de gas licuado en el mercado interno a través de la empresa REPSOL-YPF GAS DE BOLIVIA S.A., con el 51% (“Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza”: Inorme de Intermón Oxam: www.intermonoxam.org/es/page ; PetroPress, mayo, 2004). Los impactos ocasionados por las grandes transnacionales, diícilmente pueden ser camufadas pese al enorme despliegue mediático para limpiar su imagen, tal es el caso de REPSOL en diversas regiones de Sudaméri26
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ca, que recibe continuamente una serie de acusaciones de diversas organizaciones y denuncias de pueblos indígenas, por ejemplo el caso de los Wahorani del Ecuador por la contaminación ocasionada a su territorio (www.omal.ino; CEDLA 27 Nov. 2009). En Bolivia, REPSOL-YPF, en noviembre de 2005, ue denunciada por pueblos guaraníes de la Provincia O’Connor del departamento de Tari ja por daños ambientales ocasionados a pueblos y territorios originarios, aectados por la construcción de un gasoducto que realizaba desmontes que aectarían la caza y la pesca; por otro lado, también, consideran que la empresa no respeta la nueva Ley de Hidrocarburos la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados obligatoriamente para las tareas de exploración y explotación petrolera (Ley Nº 3058, artículo 114). Los indígenas pidieron que una comisión gubernamental, visite el Campo Margarita para cuanticar los daños ambientales producidos por la actividad petrolera de REPSOL-YPF a los pueblos guaraníes aledaños a la construcción del gasoducto en la provincia (Los Tiempos, 15 ebrero 2006). En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, invadieron la Comunidad Tentayapi, el último reduc to de los guaraníes Simbas de Bolivia, para esta actividad contrataron a algunos jóvenes para deorestar el monte y enterrar explosivos, este es un ejemplo claro a la vulneración de dicha Ley, donde la consulta previa a la comunidad, obligación estipulada por las leyes bolivianas y tratados internacionales, resultó ser un engaño. Además se denunció que introdujeron alcohol para debilitar la cohesión comunitaria. Otros indígenas, de la Etnia Weenhayek, denunciaron a REPSOL por pretender zanjar la contaminación del río Pilcomayo mediante el pago de 40 mil euros. Y por si esto uera poco, altos directivos de la rma están inmersos en un proceso judicial en Bolivia acusados de contrabando de petróleo por un valor de 8 millones de euros (www.rebelion.org).
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REPSOL YPF enrentó, también acusaciones de raude y robo el año 2007, por registrar en la Bolsa de Valores de Nueva York -como suyaslas reservas de gas natural boliviano que controlaba la empresa en el país (alrededor de 13 trillones de pies cúbicos). REPSOL-YPF concentraba hasta nes del 2008, el 8% de la producción de gas natural, con 112.4 de millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) y, a través de ANDINA la subsidiaria de REPSOL YPF, con 266.4 MMPCD, que representa el 18.9% (CEDLA 27 Nov. 2009). Por otro lado, la Aduana Nacional de Bolivia demandó a REPSOL-YPF por un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo valorados en más de nueve millones de dólares, equivalente a 7,54 millones de euros. Esta demanda ue el resul tado de una investigación realizada sobre las exportaciones de REPSOL YPF entre junio del 2004 y julio del 2005 (CEDLA 27 Nov. 2009). Se menciona que algún alto ejecutivo de la REPSOL llegó a aseverar, que Bolivia es el único país donde se ganan 10 dólares por cada dólar que se invierte (masas.nu/Boton masas; nov. 2009). Contrariamente a todo lo mencionado anteriormente, la imagen que tiene de sí misma la transnacional es asombrosamente exitista y positiva: “ REPSOL YPF ha asumido como principio de actuación empresarial el logro de una gestión eciente, moderna, rentable y ecaz, enmarcada en los principios del desarrollo sostenible y del compromiso con el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de las sociedades donde está presente. Este modelo de gestión, que tiene su origen en la Visión, Valores y Compromisos de la compañía ha sido reconocido en nume rosas ocasiones. En septiembre de 2007, el enoque de la compañía en materia de responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible era reconocido de nuevo por Dow Jones, que volvía a incluir a Repsol YPF en sus selectivos Dow Jones Sustainability Indexes. Esta inclusión avala un año más el compromiso de Repsol YPF con la creación de valor a largo plazo. En el análisis de Dow Jones, entre otros aspectos, REPSOL YPF destacó por su estrategia en materia ambiental y por la solidez de 28
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su compromiso social, obteniendo la mejor puntuación en transparencia, estrategia ante el cambio climático, desarrollo del capital humano e impacto social en las co munidades” ( www.repsol.com/es).
El contenido del párrao anterior, es repetido en muchos documentos ociales de la transnacional REPSOL. Sin embargo, no es diícil desenmascarar la actitud de alsedad, especialmente en relación a la conservación de la biodiversidad y cuidado del medio ambiente, así como ante las comunidades y pobladores de los lugares donde lleva adelante operaciones petroleras (www.iade.org.ar/PETROPRESS, junio 2008). En eecto, no de otra manera se puede comprender la siguiente declaración que se encuentra en el apartado de “Activos Intangibles” del documento de reerencia: “ El Grupo ha recibido gratuitamente derechos de emisión equivalentes a 11,6 millones de toneladas de CO2 conorme al plan nacional de asignación, valo rados en 67 millones de euros. En este plan también se estipulan las asignaciones gratuitas de derechos de emisión en el año 2008 por 11,6 millones de toneladas de CO2”. Es decir, a la vez que declara su “ compromiso con el bienestar, el desa rrollo y la prosperidad de las sociedades” REPSOL nos inorma que ha recibido “ gratuitamente derechos de emisión”: es decir, derechos de contaminación, que además son cuanticados y valorados en su ejercicio contable (PETROPRESS, junio 2008). El extremo de dicha alsedad llega al colmo cuando se constata que “ REPSOL YPF y sus undaciones, destinaron durante el 2007, un total de 32 millones de euros a inversión social. En su conjunto durante el año se desarrollaron más de 800 programas de acción social y cultural ”. En precisión, REPSOL YPF destino el 0,96% de sus utilidades obtenidas el 2007 a “inversión social ”. Una rápida revisión de las actividades de “compromiso social” de la empresa enseña que esos montos ínmos han sido invertidos en la construcción de pequeñas escuelas, postas sanitarias, programas de música, campañas contra el SIDA, apoyo a mujeres microempresarias, etc. No obstante, si comparamos el monto destinado a los 800 programas
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de acción social y cultural que dice apoyar REPSOL, se tiene un promedio de 40 mil euros por programa. Visto de otro lado, si dividimos dicha suma con el número de subsidiarias que tiene la empresa, el promedio es de 93 mil euros. Ambas ciras son sucientemente importantes para contentar la miseria de las comunidades y poblaciones empobrecidas donde REPSOL YPF desempeña sus unciones ( www.iade.org.a/ PETRO www.iade.org.a/ PETROPRESS, 06/2008). 06/2008). Aparentemente, todos los antecedentes de REPSOL pasaron desapercibidos. A nes del 2009, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, se reunió con el presidente de esta transnacional. Antonio Bruau, y anunciaron que ésta invertirá 1.500 millones de dólares dentro de los próximos cinco años para el desarrollo de reservas de gas natural. Par ticiparon de la reunión el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Oscar Coca, y el Presidente a.i. de YPFB, Carlos Villegas; por su parte, esta transnacional hizo el anuncio del inicio de la licitación de la ingeniería y la construcción de la planta de tratamiento para poder desarrollar el Campo Margarita y el de Huacaya. De acuerdo con las proyecciones, las inversiones podrían incrementarse, si existieran grandes reservas de hidrocarburos tal como se prevé (hidrocarburos.gov.bo; 26 noviembre 2009). “ Es una buena noticia para Bolivia ”, respondió Evo Morales y agradeció “ la gran cooperación del gobierno de España y de REPSOL”, mencionando que “ Toda inversión es bienvenida y será respetada y garantizada ”. Acogiéndose a la invitación, la Federación Rusa anunció inversiones en Bolivia, en los rubros de hidrocarburos y minería, por lo que a inicios del 2010 llegó al país una misión de dicho país, para iniciar una ronda de conversaciones con las autoridades del gobierno boliviano, con el n de garantizar la seguridad jurídica de sus posibles inversiones en el país. El proceso apunta a la creación de una compañía mixta en el rubro de hidrocarburos, vale decir, una sociedad mixta YPFB y GAZPROM. Los 30
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primeros acuerdos con el consorcio ruso ya proyectaban inversiones por 3.000 millones de dólares para la exploración de nuevos yacimientos de gas en Bolivia. (El Diario, 12 diciembre 2009).
dáma Pros y Mraos A inicios del 2009, se anunciaba que Brasil bajaba la demanda de gas boliviano, además se reducía la compra de gasolina por Brasil y Argentina (de 31 a 19 MMC), y la reducción de precio de pago, todo esto generaba gran incertidumbre en el país por la reducción de ingresos netos de ex portación (El Deber, Deber, enero 2009). En concordancia, el Brasil registró el 2009, el mayor excedente de gas en la historia brasileña, lo que produ jo una retracción signicativa de las importaciones de Bolivia. Con los descubrimientos de los campos hidrocarburíeros marinos del PRE-SAL (Tupi, Iara y Baleias) en el Brasil, hay incertidumbres de que PETROBRAS vuelva a ser un importante inversionista de proyectos energéticos en Bolivia (Reporte Energía, diciembre 2009). El gobierno del Brasil, a inicios del 2010, anunciaba que prescindirá del gas boliviano en unción a su propia producción de más de 60 millones de pies cúbicos diarios y que si compra gas será por “solidaridad” (siglo XXI, enero 2010). A esto se suma la baja demanda desde la Argentina, que incluso repercutió en el cierre temporal de la Planta de Gas de Santa Rosa (ReporteEnergía, diciembre 2009). También También se menciona que la al ta de demanda de gas está ocasionando que en muchos campos se queme el gas excedente, con el n de evitar el costo de la reinyección (siglo XXI, ebrero 2010). Desde el 1 de abril del 2009, Brasil y Argentina pagaban mucho menos por el gas natural natur al que Bolivia les vende. La considerable caída ca ída en el precio del barril de petróleo, de 140 dólares a un promedio de 40 dólares, se refejaba en los resultados de las órmulas de ajuste acordadas con esas 31
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naciones, en unción de la variación del uel-oil y diésel-oil. En el caso del contrato YPFB-PETROBRAS, el precio de exportación del d el gas boli viano a Brasil habría pasado a ser de aproximadamente 4.34 dólares por millón de BTU, es decir, un decremento aproximado de 19 y 30% (La Prensa, abril 2009). Para evitar que la crisis que se inició en Estados Unidos, infuya en el resto de los países, las naciones más desarrolladas del mundo, propusieron a las regiones exportadoras de petróleos, aumentar su producción para bajar el precio del crudo. Al concretarse este pedido, Bolivia se vio seriamente aectada, ya que el 50% de sus exportaciones dependían del gas, derivados de petróleo y minerales (El Mundo, septiembre 2009). La economía boliviana tiene la debilidad de depender de un producto estrella, que sin embargo, puede caer, ya que sus exportaciones dependen de lo que pase en los precios internacionales, por eso una caída en los precios de los hidrocarburos y minerales aecta seriamente a la economía nacional. En esa línea, de 4.780 millones de dólares, dólar es, que exportó Bolivia en el 2007, un poco más de 2.000 millones de dólares estuvieron constituidos por ex portaciones de gas natural, pero también de petróleo en bruto y derivados (El Mundo, septiembre 2009). Esta baja del precio del petróleo y del gas, a nivel mundial, signicó precisamente que la actividad del sector hidrocarburíero, disminuyera en 13.07% en el primer semestre del año 2009, debido a la caída de la producción y precios, lo que golpeó a la economía que sólo alcanzó una tasa de crecimiento de 3.21%, según el Instituto Nacional de Estadística. Entre el primer y segundo trimestre del año 2009, el precio de exportación de gas a Argentina y Brasil cayó, como eecto directo de la baja del petróleo, para Brasil cae de 10,35 dólares por Unidad Térmica Británica (BTU) a 7,84 BTU, mientras que la cotización a Argentina pasaba de 5,77 dólares por BTU a 4,34 dólares (La Prensa, 13 abril 2009). A pesar 32
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de que Bolivia no es un país altamente productor de petróleo, sino de gas natural, la cotización del crudo es el reerente para denir el valor de su exportación. Como se maniestó en un inicio, una observación central de las empresas y analistas del sector, sector, ue la escasez de mercados para gas y derivados del petróleo, siendo básicamente un requisito para la decisión de mayores inversiones por la parte empresarial.
Rgalías impustos Desde el 2008, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de haber generado un mar de rencillas, rencillas , no solo con el gobierno sino entre las regiones, no aportó para los nes de ortalecimiento eectivo de la relegada gestión ambiental, como tampoco a las comunidades locales en las regiones de explotación. Es paradójico no haber previsto ningún insumo para el sector ambiental, que es precisamente el más aectado por las ac tividades hidrocarburíeras. A lo anterior se debe sumar el hecho de que las oertas de desarrollo, desde el sector hidrocarburíero, por ejemplo, en Tarija o el Norte de La Paz, no tienen las adecuadas contenciones y recaudos ambientales, por lo que se hace necesario, diseñar canales alternativos de articulación entre los objetivos de conservación y de desarrollo, que puedan ir más allá de la aplicación de instrumentos y recaudos ambientales clásicos, como el principio precautorio o las áreas protegidas (Zambrana, 2008). Esto se hace evidente, cuando llegan a las regiones recursos del IDH, que producen un apoyo social casi incondicional a la explotación petrolera o gasíera, situación que no se daba antes. Por otra parte, estos benecios impositivos como el IDH o las regalías, tampoco llegan hacia los pobladores y comunidades indígenas de las zonas con operaciones productivas, así lo maniestan los representantes de las organizaciones indígenas matrices como las Comunidades Indíge33
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nas del Oriente Boliviano (CIDOB) o la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). De acuerdo a estos líderes indígenas, los benecios se quedan en las preecturas, alcaldías, universidades, etc., y no decantan hacia las regiones o en muy escasa proporción. Según el asesor del Consejo de Ca pitanes Guaraníes del Chaco, Hernán Ruiz, la situación en el Chaco sigue siendo de extrema pobreza y de alto impacto para el medio ambiente, las regalías petroleras de Tarija ascendieron en el 2009, a más de 200 millones de dólares, de los cuales ni el 1% llegó a los pueblos indígenas, aproximadamente a más de 100 comunidades, que hacen unas 3.200 amilias sólo en Tarija (ReporteEnergía, octubre 2009). En relación a la dinámica distributiva, según la Fundación Jubileo, existe una distribución inequitativa de la renta petrolera entre los nueve depar tamentos del país por lo cual se planteó un diálogo scal para superar este problema y alcanzar el desarrollo, aumentar el empleo y reducir la pobreza (ERBOL, agosto 2009). Esto obedecería en parte a que la Ley 3058 del 2005 y el D.S. 28421, ue realizada en un clima de prounda crisis social y política y en medio de una serie de confictos, que respondió más a la presión, pugna y protesta por la captación de los recursos, que a un análisis y planicación de lo que se debería hacer con los mismos. Esto signica que la distribución de la renta hidrocarburíera, genera inequidades y confictos entre los dierentes departamentos debido al presupuesto de gobernaciones y municipalidades, cuya principal atribución es la in versión para el desarrollo regional y local, estas desigualdades aectaran al desarrollo equitativo de las dierentes regiones y localidades del país, ocasionando guras de postergación y asimetría. Jubileo sostiene que al ser recursos de uentes extractivas no renovables, es decir, que a uturo no van a existir más, los mismos deben ser invertidos adecuadamente, de manera que se constituyan en la base para el desarrollo uturo del país (ERBOL, agosto 2009).
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Los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) se redujeron debido a la caída del precio internacional del petróleo en los primeros meses del 2009, inclusive a menos de 40 dólares/barríl, con directas repercusiones en el precio del gas que exporta el país, haciendo que se reduzcan y obligando a realizar ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN). Esto repercute en los ingresos por concepto de impuestos y regalías, reduciéndose las asignaciones a gobernaciones y municipios de hasta un 40% (La Prensa, abril, 2009). El Ministerio de Hidrocarburos admitió que durante el primer trimestre, el valor de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina surió una caída de aproximadamente 40%, por lo que sería necesario ajustar el PGN. La Ley Financial ue proyectada sobre un precio promedio de 73,50 dólares para el barril de petróleo, pero la cotización en marzo ue de 43 dólares (La Prensa, abril 2009). Como se mencionó en un punto anterior, a nes del 2009 se conocía que las gobernaciones, alcaldías, universidades y el TGN verán disminuidos sus ingresos por el IDH en un 30% en el 2010 (La Prensa, 12 noviembre 2009). A nes de ebrero del 2010, se ponía de maniesto que la caída de la renta petrolera en un 35% del IDH (2008: 10.873 Bs./2009: 7.115 Bs.) se traducía en una menor recaudación y, por tanto, se aectaba denitivamente la coparticipación, desde el gobierno central hasta los municipios, además en todas las bonicaciones y subsidios sociales en vigencia, algunos de los cuales se están cubriendo con créditos internacionales, como es el caso del Banco Mundial o el BID para el Bono Juana Azurduy (F. Jubileo, 2010). Una vez más alcanzan al país, las consecuencias de apostar a un modelo económico basado esencialmente en la renta de un recurso de precios volátiles. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano creció en 3,24% entre enero y septiembre del 35
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2009, no obstante, los hidrocarburos presentan una variación negativa de -12,18%, lo cual denota que no aportaron al crecimiento económico (ANF, diciembre 2009). Funcionarios del Ministerio de Planicación del Desarrollo, lamentaban a nes del 2009, el comportamiento negativo que se dio en la actividad de petróleo crudo y gas natural. De todas la actividades que aportan al PIB, gran parte de ellas tuvieron una variación positiva, por ejemplo, los minerales metálicos y no metálicos con una variación de 10,69%, o construcción, con una importante variación de 8,85%, en tanto que el único rubro que presenta una variación negativa importante, es el petróleo crudo y gas natural, armaron ejecutivos del INE (ANF, diciembre 2009).
cotos Soals Los confictos sociales por el tema hidrocarburos que ya habían emergido el 2008 en el norte de La Paz, se agudizaron el 2009, aortunadamente sin llegar a niveles de violencia que tuvieron en el Perú (Bagua), pero pusieron de maniesto que las lógicas pro empresariales del modelo de desarrollo, aún bajo moldes socialistas, propician situaciones de conficto y demanda social. Es interesante analizar que en Bolivia, bajo la política de la nacionalización de los hidrocarburos, los confictos sociales han experimentado una migración hacia una conrontación con el Estado, con mayor precisión, con la empresa estatal (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos. Vale decir, que los confictos entre empresas y organizaciones sociales, que se maniestaban bajo el modelo privatizado de los gobiernos neoliberales, son ahora confictos entre el gobierno y las organizaciones sociales. El denominador común para ambos escenarios, sigue siendo el mal manejo de la consulta pública, la intencionalidad de dividir a las organizaciones en avor de las autorizaciones a los proyectos pe troleros y el deciente manejo de los instrumentos de gestión ambiental
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(p.e. Ficha Ambiental y EEIA insucientes), así como la evasión a la normativa ambiental.
Como ejemplo, el año 2008, se había puesto en evidencia que el proceso exploratorio del Bloque Liquimuni, en el Norte de La Paz, adolecía de serias inconsistencias, desde las Fichas Ambientales que obviaban varios aspectos, hasta los EEIA absolutamente decientes e insucientes, pero que a pesar de ello y, por la presión del sector petrolero sobre la Autoridad Ambiental Competente AAC, lograron la Licencia ambiental. Adicionalmente, la consulta pública estuvo mal desarrollada y se denunció la cooptación-intromisión empresarial (PETROANDINA), que logró dividir a las organizaciones indígenas de la región aectada. Las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos aseguraban contar después de la “consulta pública” con la autorización indígena y una lista con más de 2.000 rmas, mientras que los representantes indígenas de la CPILAP replicaban que esta cira es sólo una racción de las 9.000 personas de las comunidades de la región a ser aectada y que en dicha lista hubieron incluso rmas de niños. La manipulación de PETROANDINA-YPFB llegó a omentar una organización paralela que esté a avor de la exploración hidrocarburíera, oertando diversos apoyos y logrando dividir la organización indígena regional (La Prensa, julio 2009). A inicios del 2010, dirigentes indígenas de las racciones que respaldaron las acciones de la empresa petrolera denunciaron que la empresa PETROANDINA había incumplido los compromisos orecido a cambio del apoyo al pro yecto petrolero.
Según Humphreys y Catari (2009), los recientes confictos relacionados a la expansión de actividad hidrocarburíera en tierras bajas de los países andinos, demuestran cada vez más, lo terriblemente contencioso y explosivo que son las disputas por el territorio, las rentas, la protección de los servicios ambientales y la deensa de los medios de vida. 37
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Es importante considerar el conficto sangriento en la Zona de Los Reyes, Campo Hormiguero Sur y los Bloques 14 y 17, a cargo de la PETRORIENTAL/ANDES PETROLEUM el 2009 en el Ecuador, el de Dayuma en el mismo país (2007), los terribles acontecimientos en Bagua en el Perú, en el mes de junio 2009, hasta el conficto abierto entre el gobierno y los líderes indígenas Leco-Mosetenes, que se resisten a la propuesta de explorar hidrocarburos en sus territorios del Norte La Paz. Entonces, se puede evidenciar que hay indicios de que no todos están convencidos de que la actividad extractiva les traerá desarrollo, bienestar y el anhelado buen vivir (Humphreys y Catari, 2009). Un punto culminante de las demandas socio ambiental es de las organizaciones del país, ante los atropellos de los sectores de hidrocarburos y minería, se dio en julio del 2009, cuando los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas conormaron la “Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos de Bolivia”, con la participación de numerosas organizaciones: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Conederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Conederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-“Bartolina Sisa” (CSMIOC–“BS”), la Conederación Indígenas de Bolivia (CIDOB), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST–B) y el Pueblo Aro boliviano (Econoticias Bolivia, julio 2009). Estas emitieron un pronunciamiento de demanda al gobierno. El siguiente recuadro extracta los elementos más relevantes reeridos a dicho pronunciamiento en torno al tema hidrocarburíero.
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Los aspectos más destacados de las resoluciones del Encuentro de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas de Bolivia, del 8 de julio del 2009, en relación al tema Hidrocarburífero: *Nosotros como afectados de los impactos negativos a los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros territorios, sin que los mismos tengan solución por parte del gobierno y sus Ministerios. *Conocedores que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de normas en relación a la industria minera e hidrocarburífera, normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, construidas sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado. *Que los conictos suscitados por la extracción de los recursos naturales, entre las
organizaciones indígenas, originarias y campesinas con empresas privadas/públicas y el gobierno, por el desarrollo de actividades extractivas en hidrocarburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la consulta y participación previa, libre, informada y obligatoria. *Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación a Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas para actividades hidrocarburíferas, afectando a las instancias de representación de estas naciones y pueblos, dividiendo a sus organizaciones, con el n
de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.
POR TANTO, RESOLVEMOS: TERCERO.- En lo referido al tema hidrocarburífero, exigimos la participación de las organizaciones indígenas originarias y campesinas en las decisiones que tome el Órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas, originarios y campesinos establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes. CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Mozeten y Lecos e, integrantes del CPILAP, para obtener respaldo y otorgar la Licencia Ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado en la Constitución Política del Estado. Exigimos la nulidad de los procesos de consulta desarrollados, omitiendo y vulnerando los derechos, hechos que pueden implicar inclusive, la revisión y en su caso la nulidad de la Licencia Ambiental otorgada para las operaciones hidrocarburíferas y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II Bloque Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíferos de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapampa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los Suyus, Markas y Ayllus del CONAMAQ.
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Paralelamente a este pronunciamiento, las organizaciones indígenas Mosetene, Leco y Chimane, denunciaron que la empresa PETROANDINA había ingresado al Parque Nacional Madidi, para hacer la inspección y determinar las líneas sísmicas, sin autorización de las autoridades ambientales para este proceso y, sobre todo sin seguir los adecuados pasos de la consulta establecidos en la norma (BICECA/La Prensa, julio 2009). Desaortunadamente, la reacción gubernamental al pronunciamiento de las organizaciones sociales, hizo recordar los peores momentos del periodo neoliberal, remitiendo una supuesta responsabilidad por el suceso a las ONG´s ambientalistas (ver capítulo de minería). El presidente Evo Morales instó a las organizaciones no gubernamentales presentes en el país a trasparentar su gestión sin beneciarse a costa de los pobres. En un encuentro con la prensa extranjera, el Jee de Estado lamentó la postura de algunas de esas entidades que, con asesoría extranjera, entorpezcan pro yectos hidrocarburíeros en el Norte del Departamento de La Paz (ERBOL, octubre 2009). R ecientemente, autoridades del sector señalaron que bajo alsos argumentos en deensa del medio ambiente, algunas agrupaciones indígenas y originarias, cuestionaron las labores de exploración y peroración de hidrocarburos, pero sin los datos reales. Por otra parte, paradójicamente, el mandatario no dejó de reconocer los daños ocasionados al entorno por la explotación petrolera (ERBOL, octubre 2009). Como reerente comparativo, el presidente peruano, Alan García, insinuó públicamente que los indígenas aislados han sido “creados” por los “medioambientalistas” que se oponen a la exploración petrolíera en la Amazonía, mientras que otro portavoz los comparó con el “monstruo del lago Ness”. En realidad existen quince pueblos indígenas en aislamien to voluntario en Perú, todos ellos bajo la amenaza de la tala masiva y de exploraciones petrolíeras y de gas. La Amazonía peruana ha visto cómo recientemente miles de indígenas peruanos protestaban contra las 40
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nuevas leyes que, aseguran, acilitan a los orasteros, tomar el control sobre sus territorios. Las protestas llevaron al Congreso peruano a revocar dos leyes. (ECOPORTAL, septiembre 2008). También en el Ecuador, el presidente Correa ustigó a los grupos ambientalistas que deenden al territorio Waorani en el Parque Yasuni por la intromisión petrolera, tachándolos de románticos e inantiles. En Bolivia, algunos meses después del pronunciamiento indígena, el contra ataque provenía de la empresa estatal petrolera, en relación a las compensaciones exigidas por las organizaciones indígenas, ante el avasallamiento de las petroleras a sus espacios tradicionales. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, acusó a los pueblos indígenas y a las organizaciones campesinas de obstaculizar, la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con YPFB y que debían invertir este año 600 millones de dólares: “ En muchos casos esa demanda y compensación excede con creces a la disponibilidad de la empresa; inclu sive no guarda proporción con lo que piden, versus las inversiones que realizan las empresas” (La Razón, 22 septiembre 2009). Supuestamente, los pueblos indígenas demandan a las empresas petroleras, que operan en sus terri torios, compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes. Para el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, estas peticiones son justas y no sobredimensionadas, como las calicó la presidencia de YPFB. La posición de YPFB, obviamente es compartida por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, su presidente José Magela maniestó que las empresas petroleras, además de recibir demandas sobredimensionadas de los indígenas, también son víctimas de chantajes derivados de bloqueos de caminos: “ Los comentarios del presidente de YPFB, Carlos Villegas, son muy acertados en relación a que las comunidades indígenas están sobredimensionando sus demandas por compensaciones e indemnizaciones ” (La Razón. septiembre 2009). En enero del 2010 (La Razón), Carlos Villegas armaba que la
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Licencia Ambiental y la Consulta Indígena, eran un obstáculo para la ejecución de los proyectos petroleros y la inversión. Meses después el propio presidente Morales conrmaba esta posición, ante los representantes del CONAMAQ. La posición del sector petrolero, llegó al extremo de la temeridad al armar que dicho “obstáculo”, debía ser superado mediante la modicación de la nueva Constitución Política del Estado. De cualquier orma, YPFB tuvo que enrentar la oposición de los pueblos originarios del norte de La Paz, cuando ingresaron los equipos petroleros del consorcio PETROANDINA, empresa conormada junto con la venezolana PDVSA. Es evidente que la supremacía del Estado progresista se imponía y la exploración petrolera procedió al interior de los espacios indígenas del norte de La Paz, “solucionando” el conficto vía cooptación de dirigentes y archivando todo el artículo 30 de la nueva Constitución Política del Estado. El propio vicepresidente Álvaro García Linera aludió al tema cuando dijo que en esos casos deberá imponerse el interés del Es tado nacional, “ sin olvidar los intereses de las naciones originarias”. Otro actor, visibilizado el año 2008, en relación a los confictos sociales en las regiones productoras de hidrocarburos, se reere a la aceptación y “permeabilidad” de las autoridades locales y pobladores en dichos espacios (subregiones y municipios “gasíeros” como Caraparí, Villamontes, Yacuiba, Camiri, etc.), al ingreso de las empresas petroleras y sus operaciones. El enómeno del rentismo y los aportes nancieros de las regalías, ha ejercido un eecto permisivo a las actividades extractivistas petroleras, por parte de las localidades, municipios y subpreecturas, relegando los problemas ambientales generados. Tales situaciones de “guante blanco” con la actividad hidrocarburíera se dieron en Yacuiba, Villazón, Caraparí, Entre Ríos, etc. Una excepción, pudo haber sido la demanda de dirigentes cívicos de la localidad de Camiri que a nes del 2009, denunciaron irregularidades de 42
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la Empresa REPSOL YPF, la cual no tendría Licencia Ambiental, ni pro yecto de diseño nal y, por lo tanto, no debería iniciar trabajos de exploración. Los cívicos camireños anunciaron un paro indenido pidiendo la renuncia del presidente de YPFB, Carlos Villegas y la salida de la empresa REPSOL (ernestojustiniano.com; noviembre 2009). Este conficto, no tuvo mayores repercusiones y ue tachado de político. De cualquier orma, en este escenario de aceptación regional a las actividades petroleras, se produce un aislamiento de las comunidades indígenas, que enrentan el conficto socio ambiental, en ranca desventaja y con escaso apoyo. Otros actores en conficto son las autoridades ambientales competentes y las sectoriales (parte ambiental del Ministerio de Hidrocarburos), ambas asumiendo un rol de indierencia ante el conficto y la sectorial abiertamente a avor de las actividades petroleras. Ante esta orandad, los únicos actores que apoyan a las comunidades y organizaciones indígenas son algunas ONG´s con compromiso socio ambiental. Vale recordar que en los confictos de Liquimuni o en otros similares, las organizaciones sociales no tuvieron apoyo de ninguna comisión del Congreso, ni de la Ocina de Derechos Humanos o de la Deensoría del Pueblo. Los confictos socio ambientales, en relación a los derechos indígenas y aectaciones a territorios y recursos, a inicios del 2010, se agudizaba y subía la tensión entre el gobierno y las organizaciones indígenas, proceso equivalente en Bolivia como en Ecuador. Se anunciaba que la Conederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) gobierno de Evo Morales, que respete su derecho a la tierra y a la autonomía, en tanto que en el Ecuador la Conederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) convocó a un “levantamiento plurinacional” en contra de las políticas neoliberales y extractivistas del gobierno de Raael Correa (Bol press, marzo 2010).
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Las Políticas Neoliberales y Extractivistas de Correa y Evo enfurecen a la CONAIE y a la CIDOB Fuente: Gustavo saavedra, BoLPress, marzo, 2010. La denominada “revolución ciudadana” en Ecuador no ha modicado el Estado Colonial y sigue fortaleciendo el modelo neoliberal capitalista, traicionando al pueblo ecuatoriano, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades indígenas, denunciaron representantes ecuatorianos en una reunión celebrada el 25 y 26 de febrero de este año en la ciudad de Ambato. El Cónclave Indígena Ecuatoriano dio por terminado el diálogo con el gobierno de Correa por su falta de voluntad política y por su irrespeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y convocó a un “levantamiento plurinacional” en Ecuador, precedido de acciones y movilizaciones concretas, en articulación con otros sectores sociales. Los delegados de la CONAIE acordaron organizar a cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas, desde las bases a través de “gobiernos comunitarios”, con el n de ejercer formas propias de gobierno y de justicia en las áreas de educación, salud, administración de justicia, recursos naturales, biodiversidad y agua. La asamblea decidió “asumir el manejo de todas las reservas nacionales: parques, bosques, páramos y territorios de las nacionalidades y pueblos”, y “prohibir el ingreso y la intromisión de las autoridades gubernamentales en las tierras y territorios indígenas, en ejercicio de nuestros derechos colectivos, justicia indígena y derecho propio”. La CONAIE rechazó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaría Nacional del Agua; y desconoció la elección y designación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana por ser un proceso de institucionalización uninacional, excluyente que no reeja el carácter plurinacional del Estado. Además, desconocieron todas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que desconocen el carácter Plurinacional del Estado y que han sido elaboradas sin la participación de todos los sectores, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, vigente desde septiembre de 2007. El movimiento indígena ecuatoriano y boliviano asegura que sus derechos colectivos son desconocidos, inobservados y violentados por autoridades estatales, las cuales marginan a los representantes originarios, y en algunos casos alientan la división y la criminalización de la protesta social.
En Bolivia, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyo (CONAMAQ) siente que el Presidente Morales los discrimina y margina del escenario político. La prueba es que en el primer Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, abundan los ministros campesinos, pero escasean los representantes indígenas. En Ecuador, Correa vulnera los derechos indígenas, imponiendo una Ley Minera y varias licencias ambientales anticonstitucionales, para explotar recursos naturales en territorios comunitarios. En Bolivia, el Ejecutivo quiere autorizar por decreto la explotación de hidrocarburos en tierras comunitarias, sin consultar a sus ocupantes, como manda la propia Constitución. No estamos molestos con el Presidente Morales, sino con sus ministros que actúan como los nuevos patrones, aclararon los dirigentes de la CIDOB, decididos a marchar desde Riberalta hasta la ciudad de La Paz, para expresar su disconformidad con las políticas del gobierno, declaró el secretario ejecutivo de esa organización, Adolfo Chávez.
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Sus exigencias más importantes son: respeto de los derechos indígenas reconocidos por instrumentos jurídicos internacionales; la conclusión del saneamiento en el Norte de La Paz, parte de Beni y Tarija y en el trópico de Cochabamba; y la implementación inmediata de las autonomías indígenas. El responsable de la Comisión de Tierra y Territorio del CONAMAQ Idelfonso Canasa denunció que el Viceministerio de Tierras, controlado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), gestiona una Ley de Reforma Agraria que promueve la mercantilización de la tierra en el país. (Agencia de Noticias Indígenas de la Red ERBOL). El CONAMAQ respalda el saneamiento y la titulación de territorios comunitarios como propiedades colectivas intransferibles, pero los campesinos exigen la titulación de propiedades agrarias individuales, que se puedan vender y heredar. El territorio es la fuente de identidad y el sustento material y espiritual de las comunidades indígenas. Estos pueblos fueron desplazados de sus tierras en la colonia, y ahora enfrentan nuevas formas de colonización denominadas “concesiones” otorgadas por los Estados, para la extracción de recursos naturales. La CONAIE, en Ecuador, ha pedido anular todas las adjudicaciones, concesiones y autorizaciones mineras, petroleras, madereras, servicios ambientales, farmacéuticos e hidroeléctricos en tierras ancestrales, y ha convocado a expulsar a las empresas mineras, petroleras nacionales y extranjeras, asentadas en territorios indígenas. Los indígenas bolivianos proponen revertir todas las concesiones forestales del país, en cumplimiento de la nueva Constitución que determina un límite máximo de la propiedad agraria de 5 mil hectáreas. La CONAIE y la CIDOB aún no han denido fecha de inicio de las protestas, pero sus comisiones de logística ya comenzaron a organizar la movilización. En Bolivia, fueron convocados todos los diputados indígenas y los 34 pueblos originarios de tierras bajas, quienes comienzan a aprovisionarse de alimentos, banderas y pancartas para participar en la VII gran marcha de los pueblos indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía.
Evidentemente, esta posición extrema que van tomando las organizaciones indígenas de Bolivia y Ecuador implica varios aspectos como tierra, territorios y recursos orestales; sin embargo, uno de los ejes centrales, son las agresivas políticas extractivistas relacionadas a los hidrocarburos y minería en ambos países. La nota reerida a las posiciones de la CONAIE y la CIDOB, bien podría haberse leído el año 1997 o el 2002. Se percibe el desencanto y cansancio de los pueblos indígenas en torno a los modelos de desarrollo imperantes y el riesgo, según la tendencia de las si tuaciones, es desembocar en ambas naciones en acontecimientos neastos como del Bagua.
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Posterior al anuncio de la CONAIE y CIDOB, casi a mediados del 2010, la marcha indígena de los pueblos de la Amazonía y el Oriente de Bolivia arrancaba desde el norte amazónico del país, contando entre sus demandas, el respeto a sus territorios por las petroleras y el derecho a la consulta pública. Tras varias semanas de caminata y su debilitamiento por el abandono de la medida por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que en unción a acuerdos con el gobierno, la marcha indígena nalizó, sin pena ni gloria en una localidad al norte de Santa Cruz, con un acuerdo avorable al gobierno, el cual no dejó en todo el tiempo de duración del conficto, en ustigar y acusar a los indígenas de nes políticos y desestabilizadores. En la misma línea, la aparente érrea resistencia que habían iniciado las comunidades indígenas Guaraníes y la APG, para la deensa del Parque Nacional Aguaragüe ante el ingreso de varias exploraciones petroleras, a nes de julio del 2010, quedó en nada, después de negociaciones de acuerdos con el gobierno, a partir de las cuales se dio luz verde a las operaciones en dicha zona. La posición conciliatoria de la APG ha supuesto un marcado debilitamiento y un retroceso del movimiento indígena de las tierras bajas en Bolivia. A inicios del 2010, la comisión especial sobre Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) había reconocido que en Bolivia hay insatisacción de parte de los pueblos indígenas por la alta de consulta del gobierno en la ejecución de proyectos extractivistas como los hidrocarburíeros y mineros. Mientras que para los miembros del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, se vulneran los derechos de los originarios y aecta a la calidad de vida. El representante en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, sostuvo que: “ la declaración de las Naciones Unidas habla de un consentimiento previo, no es sólo de carácter inormativo, es mucho más” . La Presidenta de este Foro Permanente, Victoria Taulia, cuestionó la idea de desarrollo 46
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equivocado que tienen las empresas mineras y petroleras en el país: “ Las decisiones que están tomando las empresas mineras y petroleras están aectando a los indígenas. Se hace una extracción ilimitada (de los recursos naturales), sin pen samiento alguno, sin tener conciencia de las unciones de las uentes naturales. En Bolivia la explotación minera es uerte” (OBIE/CEDLA, marzo 2010).
impatos y Amazas Ambtals Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca se encuentran entre las regiones más pri vilegiadas por concepto de regalías e impuestos directos de los hidrocarburos, con implicancias en las dinámicas de crecimiento y cambios socioeconómicos asociados, pero también adolecen y comparten un amplio abanico de impactos derivados de muchas décadas de exploraciones y explotaciones. Las aectaciones de las operaciones hidrocarburíeras con alto costo ambiental, tiene su raíz en el pobre desempeño socio ambiental, de las empresas y el bajo perl del Estado en materia de scalización y control. Las amenazas ambientales de este sector se han ampliado en los últimos dos años, hacia las regiones del Subandino Amazónico de La Paz (bloques Liquimuni y Río Hondo), generando riesgos sobre regiones de elevada ragilidad de al menos tres municipios, al interior de áreas protegidas y TCO´s al mismo tiempo que los riesgos, en general, se incrementan en unción a las proyecciones de exploraciones peroratorias a gran escala, que tiene el sector, a la cabeza de YPFB, para el próximo quinquenio. La expansión de la rontera petrolera hacia zonas no tradicionales y la prolieración de operaciones en las zonas tradicionales, ocasionaron el 2009 y 2010, un incremento inusitado de los riesgos socio ambientales. Si se consideran las habituales alencias y deciencias en la realización, aprobación y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental (Fichas y EEIA´s), y la clara presión del sector, en especial de YPFB, para fexibilizar las normas e instrumentos ambientales y sociales, poco se po47
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drá esperar en cuanto a un control real, mitigación o adecuación de las operaciones en los próximos años. Cabe destacar el carácter más agresi vo, arrogante y despectivo de los temas ambientales que tiene el sector hidrocarburos, si comparamos ello con el sector minero, que a pesar de los impactos que ejerce, no llega a tomar posiciones institucionales tan draconianas. Concomitantemente, el concepto que las ocinas estatales y las empresas del sector petrolero manejaron en sucesivos años, se siguen manejando actualmente: “lo ambiental no es más que un obstáculo al desarrollo de las inversiones y la generación de benecios económicos, una majadería de los ambientalistas y de las organizaciones no gubernamentales ”. Esta lógica derivada de la visión capitalista y neoliberal, que tiende a relegar al Estado, se ha hecho maniesta en los últimos tres años, a lo largo de todo el desarrollo de las diversas operaciones hidrocarburíeras, tanto en los campos de las zonas tradicionales, como en las no tradicionales. A nes del 2008 y en el 2009, la crisis mundial aectó los precios de los hidrocarburos y ocasionó reducciones de los ingresos para el Estado y las empresas hidrocarburíeras. La situación de reducción de ingresos y utilidades en estas empresas y el Estado, suele ser un buen argumento para realizar recortes de inversión, siendo los componentes ambiental y social, los que llevan la peor parte. Estas crisis económicas mundiales, conllevan un serio riesgo socio ambiental en el contexto mundial, el riesgo por parte de las empresas transnacionales a la reducción o fexibilización en cuanto a las exigencias ambientales, situación que puede ser, incluso avorecida, por los gobiernos. Una de las uentes principales de contaminación hidrocarburíera son los pasivos ambientales, particularmente concentrados en el Departamento de Tarija. En más de siete décadas, YPFB peroró 1.731 pozos petroleros, principalmente en la zona tradicional que abarca el Subandino y Chaco 48
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de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. (YPFB Corp. 2009). A esto se suman, otras peroraciones provenientes de operaciones de muchas otras empresas a lo largo de décadas. Sin necesidad de remontarnos demasiado en el pasado, situaciones socio ambientalmente muy críticas y ocasionadas especialmente en los últimos 15 años, desde el período de las capitalizaciones hasta el presente, no ueron resueltas, en términos de remediación, mitigación o indemnización. Es decir, ni en el período de transición después del gobierno de Sánchez de Lozada (etapa Mesa-Rodríguez Veltze) ni en el período ya transcurrido del actual gobierno, se prestó atención para dar soluciones a las situaciones ambientales de impacto, que habían generado las empresas en su paso por Bolivia. Como ya se analizó antes, tampoco se exigieron cuentas; al contrario, se realizaron contratos y sociedades los mismos que ueron celebrados, como es el caso de REPSOL-YPF o de PETROBRAS. Existen indicios de que los túneles abiertos para la instalación de los duc tos del Aguagaragüe, construidos por PETROBRAS, en el año 2002, pudieron haber ocasionado severos daños a las venas de acuíeros y zonas de recargas de dicha serranía, aspectos que no han sido evaluados o auditados hasta ahora. Muchos daños ambientales considerables y sociales quedaron olvidados, un claro ejemplo es la contaminación del río Desaguadero por el derrame del año 2000, situación ingrata que epiloga con la salida airosa de SHELL del país y posteriormente con la nacionalización de TRANSREDES, con la cual la deuda que tenían dichas empresas se diumina al ser “asumida” por el Estado. Los anuncios de las grandes inversiones por parte del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y de las empresas transnacionales como REPSOL, entre otras, indican que Bolivia está por entrar en un nuevo ciclo de expansión hidrocarburíera signicativa (Humphrey y Catari, 2009). El Presiden te interino de YPFB, Carlos Villegas, anunciaba que se busca duplicar 49
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la producción en los próximos años. Sin embargo, la gestión del sector hidrocarburíero, a partir de la nacionalización del sector en el 2006, no da muestras de haber desarrollado políticas de gestión adecuadas de los pasivos ambientales. Por lo tanto, es muy probable que un nuevo ciclo de expansión hidrocarburíera revele las grandes debilidades del Estado en esta materia, situación que podrá dar lugar a un nuevo escenario de confictividad socio ambiental (Humphrey y Catari, 2009). Representantes del gobierno han armado que no hay dinero para limpiar (pasivos ambientales), sólo para producir más hidrocarburos. Palabras que deben provocar la respuesta según Humphrey y Catari (2009): ¿Por qué no? ¿Cómo puede haber una política de promoción de producción sin estar acompañada por una política de gestión de los pasivos ambientales existen tes y por los pasivos ambientales que seguramente se generarán en el uturo? Dado que el Decreto Supremo 26171 del 2001, prevé que todo pasivo ambiental pasa al gobierno, y dado que éste anuncia a menudo la situación avorable de las reservas nancieras que goza el país, parece que la no remediación de los pasivos, no es un problema de alta de dinero (Humphrey y Catari, 2009) sino de alta de voluntad y de sensibilidad ambiental. Las declaraciones por parte de las empresas que resaltan la adopción de tecnología de punta y que adhieren a altos estándares de responsabilidad social y ambiental, no son sucientes. Las empresas que desarrollan es tudios de impacto ambiental que sólo toman en consideración el espacio de su proyecto, dejando de lado el impacto más amplio y acumulativo del conjunto de actividades (Humphrey y Catari, 2009). Hablando de limpiar, vuelve a la palestra el tema del pasivo ambiental de SHELL-TRANSREDES en el río Desaguadero (Haglund, 2008; Ribera, 2008). En el haber de TRANSREDES y las otras empresas de trans porte, incluida la actual nacionalizada CHLB (caso del derrame en el río Acero: Ribera, 2008), quedan muchas cuentas ambientales pendientes, 50
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debido a accidentes negligentes y mal mitigados, donde destaca el del río Desaguadero. Al momento de las “nacionalizaciones”, en este caso particular, no estuvo prevista una auditoría ambiental especíca, que pudiera establecer responsabilidades. Sin embargo, la auditoría general técniconanciera a las empresas petroleras, encargadas por el propio Ministerio de Hidrocarburos el año 2007, ue concluyente en sentido de que TRANSREDES se dedicó al benecio y descuidó la protección del medio ambiente. Nueve Años del Derrame de Petróleo en el Desaguadero Norma Mollo Mollo. CEPA/LIDEMA, Enero 2009 El 30 de enero del año 2000, la empresa transportadora de Hidrocarburos TRANSREDES, socia de la SHELL, causó uno de los sucesos más nefastos para el medio ambiente en el país. Lo más destacable de la auditoría ambiental realizada tiempo después, fue que resolvió que debería efectuarse una compensación económica (ascendía a unos 6,5 millones de dólares americanos) por haber causado pérdidas en los cultivos, pastos nativos, mortalidad de ganado, etc. Lo más insólito de la auditoría fue que en los análisis químicos de los diferentes parámetros, casi todos estaban dentro los límites permisibles o sea “no hubo contaminación ambiental de los factores” pese a que los impactos eran totalmente visibles; por ello, la compensación que debería efectivizarse era por los “perjuicios económicos” por haber impedido el ingreso de los animales a las zonas de pastoreo. A pesar de haberse compensado por los daños a los comunarios, después de nueve años aún quedan pendientes recomendaciones de la auditoría ambiental y algunas sanciones que había ejecutado la Autoridad Ambiental Nacional, como el monitoreo ambiental que debía efectuarse; compensación por las enfermedades causadas a los animales; pérdida de la calidad de agua y suelo particularmente; y monitoreo de la salud a toda la población que estuvo expuesta al derrame, (actividad que nunca se efectivizó). El 2 de junio del 2008, el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de TRANSREDES, mediante el Decreto Supremo 29856. De este modo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pasaba a controlar aproximadamente un 98% de la empresa. Un elemento que nos preocupa en este tema, es la situación de la deuda de la empresa TRANSREDES con las comunidades afectadas, suponemos que la mencionada empresa debería sanear sus deudas con los diferentes acreedores, antes de ser transferida del todo, de lo contrario signicaría que YPFB o el gobierno se hace cargo de estos compromisos. TRANSREDES aún tiene temas pendientes con comunidades del departamento de Oruro: multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente; multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado su Licencia Ambiental para el depósito de los suelos impregnados con petróleo; y programas de atención a la salud de los animales.
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¿Quién asume ésta deuda socio ambiental de TRANSREDES?, ¿será el Estado Boliviano o pasará al olvido? Creemos que con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la temática ambiental adquiere un rango constitucional y precisamente el Artículo 347, Párrafo I indica “…Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”, lo cual corresponde al derrame de petróleo ocasionado por la empresa TRANSREDES. Existen muchas denuncias aún de parte de los comunarios, en sentido que a la fecha no ha desaparecido el petróleo de sus tierras y que en algunas oportunidades, aora en la supercie, enfermedades de animales, nacimientos con deformidades y desestructuración de la organización social, son algunos de los problemas que aún persisten.
Ser parte del principio de que cualquier operación hidrocarburíera, inde pendientemente de su ase de actividad (exploración, planchadas, caminos de acceso, peroración, instalación de ductos, etc.), ocasiona impactos a los ecosistemas y medios de vida locales, los cuales deberían estar detalladamente denidos en los Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y en los Planes de Mitigación o Remediación Ambiental. A pesar de exis tir este recaudo y bajo la incertidumbre del pleno y eectivo cumplimiento de éstos, los impactos inmediatos y posteriores (pasivos) pueden estar presentes. Posiblemente los pozos abandonados y mal sellados, sea que culminaron su ase productiva o que no resultaron económicamente viables, son las uentes de pasivos que generan mayores impactos y suman varias decenas sólo en el departamento de Tarija. Se hace una reerencia sucinta de algunas operaciones petroleras en el territorio nacional, a partir de las cuales se pueden prever pasivos e im pactos y amenazas actuales: y
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Pozos en desarrollo a mediados del 2009: El Palmar 18, río Grande y Tajibo (en Santa Cruz); San Alberto 15, San Alberto 17, La Vertiente 12 y Sábalo 5 (Tarija); y Kanata X-2 (Cochabamba). Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguaragüe: Fuertes im pactos de numerosos pasivos ambientales no mitigados de contaminación, deterioro de los ecosistemas por obras e inraestructuras (caminos, túne52
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les, ductos, planchadas, etc.), posible deterioro de las venas de acuíeros y recurrencia de episodios de riadas y avalanchas en el pie de monte. y
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Impactos de pasivos provenientes de operaciones recientes e impactos actuales, de exploración peroratoria y explotación a gran escala, en los megacampos San Antonio, San Alberto, Sábalo, Itau, Margarita y Huacaya. Así como en otros campos menores como El Palmar en Santa Cruz (pozo PMR-18, GTLI-DONG WONG). Impactos en los Bloques XX y Tarija Oeste operados por TOTAL con participación de la BRITISH GAS (BG). BG conrmó inversiones por 87 millones de dólares en el Chaco Tari jeño (Suris, Palo Marcado, Escondido, La Vertiente y Taiguati), mien tras que REPSOL YPF inormaba la intervención en Mega campo Margarita y las peroraciones del Mega campo Huacaya. Impactos a ecosistemas de elevada ragilidad y medios de vida de comunidades indígenas en el Bloque Liquimuni (norte de La Paz), a cargo de PETROANDINA. Dada la inconsistencia de las Fichas y EEIA aprobadas, puede preverse importantes impactos socio ambientales, los cuales deberían ser evaluados o auditados el año 2010. A menos de un año de haber iniciado trabajos de exploración petrolera en el Norte de La Paz, el proceso a nes del 2009 tenía un avance del 70% de los regis tros sísmicos 2D en los 1.093 kilómetros cuadrados previstos. Tendido de ductos, como el del Altiplano, campo Kanata (Sta. Cruz) y entre los campos productores y las plantas localizadas en Camiri y Villamontes. Uno de éstos cruza la TCO Weenhayek en el Chaco de Tarija. Todo el sistema de ductos (gas o petróleo y condensados) implica, además, un riesgo de accidentes, más aún considerando la caducidad de algunos tramos. No se conoce un inorme actualizado al 2009 de YPFBTransporte sobre el estado de los ductos hidrocarburíeros en Bolivia.
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Otra operación se desarrolla en el Pozo Kanata X-2, cuya peroración es responsabilidad de la empresa petrolera CHACO, que ahora es subsidiaria de YPFB. Exploraciones 3D en el campo de Vuelta Grande Proundo en Chuquisaca (ERBOL, enero, 2010), iniciados a nes del 2009 y en proyecciones para los años 2010-2011, a cargo de la empresa operadora CHACO, subsidiaria de YPFB, y bajo subcontrato de GEOKINETICS. El campo Vuelta Grande está actualmente en producción. Las empresas TOTAL EXPLORACION y PRODUCCIÓN BOLI VIA (80%, operadora) y TECPETROL iniciaron el 2010 la peroración del pozo exploratorio Aquio X-1001, situado en Caraparicito en la Serranía de Incahuasi (Lagunillas-Santa Cruz), en busca de gas en la ormación Huamampampa, en el área del bloque Aquío, con una inversión de 63 millones de dólares. El inicio de la peroración es vertical a 6.300 metros de proundidad y se utilizó un taladro considerado como uno de los más grandes que se usa en Bolivia. Es menester mencionar el gran número de pasivos ambientales en el Subandino y Chaco Serrano de la zona tradicional, los cuales hasta el momento han recibido escasa atención (ver los datos de Humprheys y Catari para el Aguaragüe). Se sabe de un inicio de operaciones de mi tigación a mediados del 2010 en tres campos de la zona de Sanandita. Pasivo del río Desaguadero, donde no se realizaron posteriores evaluaciones del impacto, pero que según reerencias locales, existen zonas con indicios de uerte deterioro ecosistémico y diícil recuperación de la vegetación, a casi diez años del desastre.
Entre las amenazas y en unción a las ambiciosas proyecciones de YPFB, se prevén numerosas aectaciones socio ambientales en los próximos años, tanto por la magnitud de las operaciones, y sobre todo, debido a la
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especial renuencia que tiene la empresa estatal, respecto al cumplimiento de las normas e instrumentos ambientales y sociales. Algunas de las operaciones de mayor riesgo, previstas para el 2010 y los siguientes años son: y
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Proyectos exploratorios inmediatos o proyectos exploratorios A, pre vistos entre 2009 y 2015) y que comprenden 10 pozos exploratorios, principalmente localizados en la zona tradicional entre Tarija y Cochabamba, con un éxito estimado del 30%. En tanto que los proyectos exploratorios B, previstos por YPFB, están proyectados entre el 2016 y el 2026 los que incluyen 20 pozos exploratorios, con un éxito estimado del 20%. Entre los pozos exploratorios están: Ingre de Petrobras; Víbora de ANDINA; El Palmar de GTLI (Gas To Liquid International) e Itaguazurenda de YPFB. Se prevén impactos de las operaciones de peroración en el Campo San Alberto 15, que está a cargo de la Sociedad de las Empresas YPFB, la Brasileña PETROBRAS, la Española-Argentina REPSOL YPF y la Compañía Francesa TOTAL. YPFB – PDVSA (PETROANDINA – SAM) tienen previsto triplicar la actividad de prospección petrolera exploratoria, tanto en la Región del Subandino Norte (La Paz y Beni), como en el Subandino Sur (Tarija a Chuquisaca) a través de los 12 contratos de exploración en vigencia, la misma incursionará en el Bloque Agüaragüe Sur “A” en el Chaco con una peroración exploratoria, en el segundo semestre de 2009. También realizará tareas de sísmica exploratoria en los bloques Tiacia, Agüaragüe Norte, Agüaragüe Centro y Agüaragüe Sur B, en la zona de explotación tradicional del Chaco. El 2010 ingresará con operaciones en los bloques Tiacia e Iñiguazú, también ubicados en el Chaco Serrano. Dependiendo de los resultados de las exploraciones
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sísmicas; además, PETROANDINA tiene previsto el ingreso en el bloque Liquimuni con exploraciones peroratorias. Las operaciones de PETROANDINA serán 3D en cada uno de los siete bloques (un promedio de 300Km² por bloque) y se perorará 14 pozos exploratorios, dos por bloque, calculando una inversión total, alrededor de 646 millones de dólares. y
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Exploración petrolera prevista por PETROBRAS-TOTAL y REPSOL YPF, en las zonas de máxima protección (zona núcleo) del Parque Nacional Madidi y zonas de uso comunal de la Reserva Pilón Lajas. Se teme una aectación muy uerte a estos patrimonios naturales del Estado Plurinacional, además de la aectación de los medios de vida de varias comunidades indígenas, también está previsto el ingreso de esta empresa a las zonas de Chepite, Chispani y Sécure. YPFB realizará la primera prospección peroratoria después de más de 15 años, con el Pozo Itaguazurenda –X3 en el reservorio de la ormación Iquiri (municipios de Charagüa de Departamento de Santa Cruz), con una proyección de conclusión para el 2010. El cronograma de YPFB-ANDINA contempla, además, la peroración del Pozo SRR-X1 para abril del 2010, dentro el Proyecto Sararenda (Reporte Energía, diciembre, 2009). YPFB, también, encarará la exploración del Proyecto Camiri Proundo, con una inversión de 55 millones de dólares y que implica el desarrollo de 5 nuevos pozos entre 2012 y 2016. YPFB Corporación operará Carohuaycho 8D, en un área reservada bajo su tuición que incluye los campos Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos), así como el proyecto Sararenda, que ha sido nalizado y con peroraciones previstas desde la planchada Guairuy.
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Se proyecta la megaplanta de gas Sararenda PG-SRR (2013) y la cons trucción de un gasoducto de 44 Km. de largo y un oleoducto que enlazará con el ducto OCY-1. Las obras civiles del proyecto estarán a cargo de YPFB Andina y VIALCO, que implican el mejoramiento de caminos de acceso, planchada del pozo, del campamento, osas de quemas, osas de agua y áreas de acondicionamiento tubular. Construcción del gasoducto que irá desde el Campo Margarita hasta Madrejones en la rontera con la Argentina, donde YPFB Transportes prevé invertir 20 millones de dólares, operación prevista a partir del segundo trimestre del 2010. PETROANDINA SAM inició tareas para la exploración en los bloques del Subandino Sur, prospecto Timboy y área Iñiguazú, de acuerdo con el Plan de Inversiones 2010-2015 de YPFB. GAZPROM, socia de TOTAL, inició junto a YPFB, negociaciones para conormar una Sociedad Anónima Mixta, con vistas a realizar operaciones el año 2010 en el bloque Azero de 465.000 hectáreas, en el Subandino entre Chuquisaca y Santa Cruz. Conormación de una compañía mixta entre la estatal YPFB y la em presa GTLI, que operativizará los contratos, para cuatro bloques: Nor te para La Paz - Beni y Pando, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Inversiones de REPSOL-YPF por 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años, para el desarrollo de reservas de gas natural. Se proyectan la ingeniería y la construcción de la planta de tratamiento, para el desarrollo del los mega campos Margarita y Huacaya. Adicionalmente, de acuerdo a esta transnacional, las potencialidades hidrocarburíeras del subandino sur, se incrementan al considerar las ormaciones geológicas proundas como Huamampampa, Icla y Santa Rosa,
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lo cual ue conrmado por los hallazgos de los nuevos megacampos Huacaya e Incahuasi. Pasivos ambientales y contravenciones, como resultado de la auditoria técnica y ambiental del año 2007 (E.Mariaca Bilbao et al.) Empresa PETROBRAS Bolivia SA.
Bloques y campos bajo administración y operación de las empresas Campo San Alberto, Sábalo Humanpampa,Icla-Santa Rosa
Pasivos ambientales y contravenciones Procesos erosivos severos, deslizamientos. Incumplimiento de compromisos de la LA. Ausencia de EEIA y LA del proyecto 2D del campo S. Antonio. Incumplimiento del PASA de líneas de transferencia y recolección de la quebrada Los Monos. Construcción del tunel y oleoducto, atravesando la serranía de Aguarague desde campo Sábalo, posible deterioro de venas de acuíferos, y perturbaciones hidrológicas que ocasionaron riadas, rotura del ducto y contaminación de la quebrada Los Monos. El año 2000, la empresa tramitó las licencias ambientales de los Proyectos de Sísmica 2D Río Hondo Sur y Sísmica 2D Río Hondo Norte, en el Bloque Río Hondo que afecta al PNANMI Madidi y RB-TCO Pilón Lajas. El año 2010, el gobierno del MAS autoriza a la empresa, el ingreso de las operaciones de exploración sísmica a dichas áreas protegidas.
PETROBRAS ENERGIA
Campo ColpaCaranda-Pesa
Pozos abandonados sin restaurar y sin cierre técnico. Incumplimiento del Plan de monitoreo del Maniesto Ambiental para gases y aguas de descarga.
PETROBRAS Bolivia SA.
San Alberto, Sábalo
Procesos erosivos severos, deslizamientos en las zonas de operaciones. Ausencia de EEIA, LA y MMPASA, del proyecto sísmico 2D del campo San Antonio. Incumplimiento del MMPASA de líneas de transferencia y recolección en quebrada Monos.
REPSOL YPF
Campo Margarita, Campos: Monteagudo, Paloma, Surubi, Surubi noroeste, Cambeiti, Itatique, Caipipendi, Huacaya
Reclamos indígenas por afectaciones e incumplimiento de compromisos asumidos. Existen reportes de quema de gas, inltración de compuestos químicos, degradación de las piscinas de lodos, afectación a cultivos y aguas en la Región, además de áreas erosionadas, deslizamientos, riesgos de vertidos de lodos micro-encapsulados (Campo Itatique). La auditoria del año 2007, evidenció diversas contravenciones sujetas a
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sanciones administrativas. El Campo Margarita no contaba con documentación que autorice la construcción de líneas de recolección de pozos. El Campo Caipipendi no contaba con LA, en tanto que el Campo Monteagudo no contaba con MA. A ello se deben sumar los pasivos ambientales de contaminación y deterioro de los ecosistemas, dejados en zonas del PNTCO Isiboro Secure (ríos Putintiri e Isinuta) y Villa Tunari, los años 1997 y 1998. El año 2000 se tramita la licencia para exploraciones sísmicas en los Bloques Tuichi Norte y Sur, que afecta a las áras protegidas Madidi y Pilón Lajas, El año 2010 el gobierno del MAS, viabiliza el ingreso de las operaciones exploratorias de la empresa a dichas áreas protegidas. PLUSPETROL
Campos: Bermejo (Huamanpampa), Toro, Tacobo (Huamanpampa) – San Isidro (SC) - Tajibo-Petaca, Madrejones, Huayco, Rio Seco.
Pozos: 50 abandonados, 18 en cierre. Pozos antiguos de Campos Bermejo y Toro no tenían DAA. Gran quema de gas en Madrejones el año 1999, tardíamente controlada y con afectaciones a pobladores locales y a la biodiversidad. Denuncias de las organizaciones indígenas Guaraní de operaciones, obviando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones ambientales y en materia de consulta social.
CHACO
Kanata, Bulo Bulo, Carrasco, Patujuzal, Chimore 1, Suarez Roca, Los Cusis, Montecristo, Patujuzal, San Roque, Vuelta Grande.
Contaminación de cultivos en colonia El Palmar (Trópico de Cbba.), vertidos de crudo en ríos en zona de Campo Katari, rebalse de fosas de lodos de perforación, Campo Carrasco. Evidencias de incumplimiento del PASA y EEIAs, ausencia de tareas de remediación en zonas afectadas y de monitoreos ambientales. Como socio de AMOCO, el año 1999, ocasionó la contaminación en el Bloque Aguarague (Comunidades Ipa y Tarairi) por derrame de lodos de perforación en el pozo exploratorio Camatindi X-1000, e incumplimiento del EEIA. Contaminación por derrame de petróleo (tubería del pozo X-8) en la quebrada Los Monos (Aguarague). En la perforación Exploratoria Timboy X-1, en el PN-ANMI Aguaragüe, se ocasionaron problemas ambientales por la desesta-bilización de taludes durante la apertura del camino provocando daños en la Quebrada Timboy y afectando la fuente de agua de las comunidades locales, además del incumplimiento de LA por el desvío no autorizado del camino que generó problemas de erosión y deterioro de la vegetación.
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TOTAL
Campo Itaú, Campo Incahuasi, Ipati,
Fue la única empresa que no tuvo observa-ciones a lo largo de la auditoria del año 2007. Procesos erosivos
BG
Escondido, Vertiente, Los Suris, Palo Marcado, Taiguati
Cursos de agua, vegetación y aumento de la erosión. Carencia de documentación ambiental y contravenciones al cumplimiento de de monitoreo de la construcción de la planta La Vertiente en Villamontes y la perforación de pozos. Carencia de LA para el cruce del ducto por el río Pilcomayo.
ANDINA
Campos: Arroyo Negro, Penocos, Camiri, Cascabel, Guairuy, PeñaTundy, Los Sauces, Río Grande, Sirari, Víbora, Yapacani
Denuncias en el Trópico de Cbba sobre pozos abandonados, contaminación de suelos y fosas de residuos con petróleo. La auditoria reportó que existen evidencias razonables de incumplimiento administrativo de la Ley 1333, además de un manejo discrecional de los PASA y fallas en la frecuencia de monitoreos ambientales. Intención el año 2000, de ingresar con exploraciones sísmicas al interior del PNANMI Amboró.
VINTAGE
Chaco sur, Naranjillos, Ñupuco, Porvenir.
Incumplimiento del PASA e incumplimiento de la normativa de manejo de desechos líquidos, aguas de formación y residuos de procesamiento industrial. Carencia de inventario anual de emisiones atmosféricas. Incumplimiento de MA de las plantas Naranjillos, Provenir y batería de pozos de Ñupuco. Fallas en el manejo del MA del campo Chaco Sur.
TRANSREDES Ducto SA CochabambaSica Sica-Arica
Pasivos del derrame del Desaguadero del año 2000 e incumplimiento de compromisos de remediación e indemnización a las comunidades, lo que implica una deuda que fue asumida de facto por el Estado después del proceso de nacionalización. La auditoria del 2007 evidenció, no renovación de LA, la instalación de infraestructuras fuera de norma ambiental, ausencia de MA y reportes de monitoreo 2000-2005, no aplicación de recomendaciones del PASA sobre mantenimiento de ductos y contratación de una empresa (SERLIMP) sin licencia para el manejo de residuos peligrosos.
Fuente: Informe completo de las auditorias petroleras (Legado de Enrique Mariaca Bilbao), CEDLA/OBRN/ Hora 25. 2010. (LA Licencia Ambiental, FA Ficha Ambiental, PASA Plan de adecuación y seguimiento ambiental, MA Manifiesto Ambiental, MM Medidas de mitigación, DAA Declaratoria de Adecuación ambiental).
Un impacto muy preocupante que pasó casi desapercibido a mediados del 2010, ue la contaminación por mercurio, en un espacio cerrado del Cam po San Alberto (Tarija), operado y administrado por PETROBRÁS. En 60
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julio del 2010, la empresa INESCO que prestaba servicios de ingeniería y construcción a la empresa petrolera, denunció una contaminación con mercurio en instalaciones de PETROBRAS, la cual aectó a varios trabajadores (www.cedla.org/obie. 16 julio 2010). Uno de los aectados presentó una polineuropatía y según estudios se encontró una concentración de mercurio en la sangre mayor a la normal. Varios de los aectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía y exigieron que INESCO pague los gastos médicos y se les otorgue una indemnización (El Deber, 16 julio 2010). El mercurio puede ser liberado en los campos hidrocarburíeros en el proceso de renación – licueacción del gas natural, se encuentra presente en las corrientes de CO2 de los pozos y debe ser eliminado usando tecnología adecuada, algo que PETROBRAS evidentemente no hizo, mas al contrario minimizó el suceso argumentando que se realizó una limpieza inmediata. La magnitud de las operaciones hidrocarburíeras previstas en el territorio es muy grande y su análisis puede llegar a ser conuso. Cabe retrotraer lo mencionado anteriormente, no hay mercados de gas y los esuerzos según el ministerio del sector, deben direccionarse el 2010 a la búsqueda de demandas. Entonces, ¿en qué queda toda la paraernalia explorativa y las inversiones, que YPFB desencadenó a inicios del 2009 en todo el país? En otras latitudes y bajo la misma lógica: Ecuador, Inmensos Pasivos Ambientales Fuente: Bustos Lozano, H. 2008 La debilidad del Estado, la falta de políticas nacionales que velen por nuestro patrimonio y establezcan obligaciones claras para las compañías petroleras, en cuanto a remediación de daños socio ambientales en las zonas de exploración, explotación, extracción, transporte y demás componentes de esta actividad, muestran una historia dolorosa de impacto sobre la vida de muchas comunidades y sobre el ambiente. Si bien en los últimos quince años, aproximadamente, los estudios de impacto ambiental son una herramienta clave para formular programas y acciones concretas de prevención y remediación, no es menos cierto que formularlos, no es condición para que realmente se cumplan.
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La zona petrolera del Ecuador está localizada mayoritariamente en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Los efectos locales de más de tres décadas de explotación petrolera son desastrosos. Se estima en más de dos millones, las hectáreas de bosque húmedo tropical desforestadas con la consecuente pérdida de biodiversidad y afectación a zonas de vida de los Pueblos Ancestrales de la Amazonía; miles de barriles de crudo derramados en bosques, ríos, esteros y lagunas, con consecuencias en el ecosistema natural y efectos en la salud de la población; millones de galones de aguas de formación que contienen metales pesados que contaminan el ambiente, destruyen fuentes de agua, producen enfermedades y colocan a etnias como Sionas, Secoyas, Huaorani, en peligro de desaparición. La historia de los derrames petroleros es interminable. Por ejemplo, entre 1948 y 1989, petróleo proveniente del campo Cuyabeno, se derramó contaminando el sistema lacustre de esta reserva. En 1989 se produjo un derrame de tal magnitud que despertó a la opinión pública y cuestionó la responsabilidad del Estado y de las compañías petroleras frente a la actividad petrolera y sus impactos en las condiciones ecológicas de la Reserva Cuyabeno. Los derrames que se producen a nivel de oleoductos también afectan el ambiente, la salud y la seguridad de muchas poblaciones. La mayor parte del agua que se consume en Quito, proviene de la Laguna de Papallacta; sin embargo, actualmente, los dos oleoductos, el SOTE y el OCP, pasan por los lados de la laguna. En varias ocasiones los derrames del SOTE, han afectado grandes extensiones de la supercie de
la laguna, por lo que preocupa la bioacumulación de residuos hidrocarburíferos, como un riesgo a largo plazo, ya que el crudo contiene tóxicos y metales pesados que pueden permanecer hasta 10 años. La renería de Balao también contribuye a problemas socio ambientales graves. Basta recordar el incendio que se produjo en la renería, en 1998.
Después del incendio, varias organizaciones demandaron a Petroecuador por daños y perjuicios; solicitaban remediación de los impactos ambientales y sociales, y, nalmente,
ganaron la demanda. Sin embargo, los peligros persisten. En Esmeraldas, además de la renería, se encuentra el Terminal del Oleoducto Transecuatoriano, el Petrolero de
Balao, y la cabecera del poliducto Esmeraldas-Quito-Ambato. La interferencia de esta infraestructura desalojó a la población pescadora, ha modicado la vida agrícola y
recolectora de una población mayoritariamente afro descendiente, contamina el ambiente por la descarga de desechos a los ríos Teone y Esmeraldas, y por la emisión de gases. La compañía Texaco, hoy Chevrón-Texaco, explotó petróleo entre 1964-1990. Cuando hace más de una década, se retiró el Ecuador, dejó daños ambientales y sociales incalculables. Por ejemplo, se estima que, por ahorrar en costos de producción, fueron abandonados 18 mil millones de galones de aguas residuales en piscinas que no fueron remediadas.
A nes de octubre del 2010 (OBIE, 26 octubre 2010), se emitía el Decre to Supremo 0676, por el cual se ampliaba el número de áreas de exploración y explotación hidrocarburíera en el país, a cargo de YPFB y con amplias posibilidades de realizar sociedades y contratos con las diversas empresas transnacionales, que ya vienen operando en el país desde el año 62
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2007. Las áreas reservadas para YPFB son Madre de Dios, Río Beni, Madidi, Secure zona 19, Secure zona 20, Cedro, Almendro, Azero, Carohuaicho, Iñau, Sauce Mayu, Itacaray, Huacareta, Tiacia, Aguarague Sur A, Aguarague Sur B, Aguarague centro, Aguarague Norte, Iñiguazu, San Telmo, Coipasa, Corregidores, Buena Vista, Camatindi, Sanandita, Astillero, Sunchal, Sayurenda, Villamontes, Isipote, Carandaiti, Boyuibe, Yoai, Cupecito, Chispani, Lliquimuni, Chepite, Isarsama, Manco Kapac, San Miguel, Florida, El Dorado Oeste, Arenales, Taputá, Ovai, Algarrobilla, Uchan, Casira, La Ceiba, Capiguazuti, Río Salado, La Guardia, Iguembe, San Martín, Okinawa, Rodeo, Pilar, El Remate, Nuevo Horizonte y Puerto Grether. Varias de estas áreas, ya estaban con operaciones petroleras amparadas por otras normas emitidas en años anteriores. El Decreto 0676, viene esencialmente a rerendar la intención del gobierno actual, de ampliar la rontera petrolera y gasíera, en todo el país, con lo cual se llegará a aectar de orma denitiva a varias áreas protegidas de enorme importancia socioambiental, como Madidi, Pilón Lajas, Amboró, Manuripi, Isiboro Secure, Iñao y desde luego Aguarague, además de otras tantas TCOs. Solo dentro del Parque Nacional Madidi se abrirán 690.000 hectáreas, y más de 720.000 hectáreas en el PN-TCO Isiboro Secure. Lo que nunca habían logrado los gobiernos neoliberales (calicados de vende patrias) gracias a la resistencia social en contra de la intromisión transnacional, está siendo impulsado por el gobierno socialista del MAS, en unción a una política progresista y contradictoria con sus postulados más íntimos. Claramente, esto es un resultado de la incertidumbre sobre el eventual descenso de la reservas gasíeras del país, ha disparado una desesperada carrera que tendrá un elevado costo socioambiental en los próximos años.
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normatva strumtos gstó ambtal Al igual que en el sector minero, el año 2009 no se dieron signicativos avances en cuanto a ortalecer el cumplimiento de las normas e instrumentos de la gestión ambiental, destinados a reducir los impactos de las operaciones exploratorias y de las otras ases. Al contrario, ueron reiteradas las voces y tendencias del sector, para lograr la fexibilización de las normas ambientales y sociales, y así dar mayor celeridad y discrecionalidad a los procesos de exploración y explotación. A ello, se suma, la crítica hecha en torno al tema minero, reerido a la escasa aplicabilidad de las normas, debido a la “pesadez jurídico ambiental”, así como los vacíos y ambigüedades que dicultan la toma de decisiones (Peláez, 2009). La página de diusión del Viceministerio de Medio Ambiente (VMABCC: Página Ambiental, octubre 2009) hace un análisis del Decreto Supremo 29595 (2008), que incrementa sustancialmente los plazos de revisión para la obtención de Licencias Ambientales, a partir del cual se habrían “reducido” los plazos para la obtención de éstas. Posiblemente, exista un error de interpretación o de trascripción, puesto que el Reglamento Ambien tal para el Sector Hidrocarburos (RASH, 1996) otorgaba a la Autoridad Ambiental Competente sólo 5 días hábiles para la revisión de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental categoría I o II. Las modicaciones del DS. 29595 aumentaron el tiempo de revisión a 15 días hábiles. Similares plazos se dan con esta nueva norma a la revisión de los Planes de Prevención y Mitigación (PPM), al Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) y al Maniesto Ambiental (MA). Por medio de la misma norma, las empresas o responsables de la Autoridades-Obras-Pro yectos (AOP) tienen, también mayores lapsos de tiempo, para responder a las observaciones y recomendaciones de ajuste. En general, la nota del órgano de diusión del Viceministerio, no es clara y puede dar lugar a conusión. Por ejemplo, se menciona que la sumatoria nal de tiempo de 64
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revisión no se hubiese incrementado, cuando en todos los casos se tienen 10 días más de tiempo de revisión. Esta situación se contrapone, sin embargo, a la posición del Ministerio de Hidrocarburos que observa los “prolongados tiempos” para el otorgamiento de las Licencias por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) además de los constantes reclamos de premura, que sólo han logrado, que en más de una vez, se otorguen Licencias Ambientales en tiempo record y sin la suciente rigurosidad en las observaciones y los ajustes. En tanto, en abril del 2009, mediante Resolución Administrativa 006/09, el Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad aprobó el mecanismo integral de integración de Licencias Ambientales, que constituiría un avance de la gestión ambiental y permitiría a los promotores de AOP, reconocer la existencia de impactos de manera sinérgica y acumulativa, así como un control mucho más cercano de sus obligaciones ambientales; es decir, un mejor control por parte de la AAC (Página Ambiental, VMABCC-DGMACC; octubre 2009). Esta se considera una solución al problema de los requerimientos de varias licencias ambientales, para di versas ases de AOP, las mismas que han dado lugar al cumplimiento de compromisos ambientales de orma aislada y parcial, a pesar de que las actividades tienen vinculación objetiva y pueden generar impactos de orma concurrente y sinérgica. Estos buenos deseos e intenciones de la AAC podrían quedar en nada, si la mentada nueva Ley de Hidrocaburos aplica lo declarado con mucho desenado por el Ministro de Hidrocarburos, L.F.Vincenti, en sentido de que el gobierno prevé transerir de orma exclusiva al ministerio del sector, la potestad de otorgar Licencia Ambiental a proyectos petroleros, tarea que actualmente está en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bajo el argumento de que al momento el trámite para la obtención de la cha ambiental es “ extremadamente largo e injustifcadamente burocrático” 65
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(La Razón, 18 agosto 2010). Según el ministro L.F.Vincenti “la nueva Ley, deberá asignar al ministerio de sector —con carácter exclusivo— esta competencia”. Esto en lenguaje popular signica, dar a cuidar “ las gallinas al zorro”. El tiempo que toma emitir una Licencia, se prolonga en unción al número de operaciones petroleras en curso, las cuales han aumentado de orma extrema. Paralelamente, las ocinas de la AAC siguen adoleciendo de una apremiante limitación de capacidades en términos de recursos, algo que el Estado no se ha encargado de subsanar en varios años. Entonces, existe una mayor carga de trabajo debido a la explosión de iniciativas y pro yectos petroleros, pero, al mismo tiempo, no se tiene el apoyo suciente para aumentar la capacidad de atención, y desde luego los trámites son prolongados, pues requieren una mínima responsabilidad y tiempo en la revisión y ormulación de solicitud de ajustes. Si desde el Ministerio de Hidrocarburos se piensa piensa, que otorgar una Licencia Ambiental, es sólo mirarla, rmarla y remitirla, grave equivocación, pues ello incremen tará nuevamente el nivel de riesgo socio ambiental. Lo anterior es sólo una muestra de la tendencia y rumbo que pretende tomar la norma sectorial. El panorama es muy preocupante, puesto que los escasos recaudos ambientales, que se habían logrado en la Ley 3058 aún vigente, están siendo obviados en la nueva propuesta, la cual apunta a una fexibilización extrema en relación a los temas socio ambientales. En octubre del 2009, se mencionaba que el proyecto de Política Hidrocarburíera estaba concluido. Sin embargo, debía superar “ el examen del gobierno”, para luego pasar a la ase de nueva consulta para anar detalles y, una vez que tenga el visto bueno del Jee de Estado, entrar en vigencia (www.opinion.com.bo, octubre 2009). Según inorme ocial del grupo comisionado a estas taréa, la misión estaba cumplida en su primera ase (documento nal de Política de Hidrocarburos). Se preveía que si el Ejecutivo lo autorizaba, en una segunda ase se podría volver a consulta e 66
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inormación a los actores involucrados, es decir, tanto de empresas, analistas y movimientos sociales. La política que tiene “ una visión integral del sector”, establece mecanismos para el desarrollo de la industria. Se encara desde 12 áreas de trabajo, abarcando todos los eslabones de la cadena productiva (www.opinion.com.bo, octubre, 2009). Se mencionó que las compañías que tienen contratos de operación, asistirán a la convocatoria del gobierno, para hacer conocer sus planteamientos reeridos a la nueva política sectorial pero, lamentablemente, ninguna reerencia acerca de la participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil. El nivel de participación social en la elaboración de las propuestas de políticas y Ley de Hidrocarburos, ue prácticamente cero. La crítica que tantas veces se hizo a los gobiernos de los años 90, de elaborar leyes entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo, es totalmente válida para el proceso realizado con la Ley de Hidrocarburos. Los elementos de análisis en la nueva Ley giraron exclusivamente en torno a las consecuencias de la pérdida de mercados para las exportaciones del sector y la consecuente ausencia de inversiones, además de las condiciones estables para las inversiones, es decir, que éstas no cambien de un momento a otro, el tema de los precios congelados para el mercado interno, los mismos que desalientan a los inversionistas, etc. Estos temas ueron debatidos a nes del 2009 en el Foro de Expertos Petroleros ac tores a los cuales el gobierno quiso escuchar (La Razón, octubre 2009). En tanto, los temas ambientales ueron tratados mayormente como un obstáculo y los temas de preocupación ueron, cómo limitar el poder de los pueblos originarios, cómo salvar la barrera de las áreas protegidas, la mayor prontitud para la emisión de las Licencias Ambientales, etc., una situación mucho peor que lo sucedido en los años 2004 y 2005 para la aprobación de la Ley 3058.
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El nuevo proyecto de la Ley de Hidrocarburos ha sido calicada como extraordinariamente pobre en cuanto a aspectos ecológicos y socio ambientales, debido a que es una propuesta hecha a la medida del más voraz modelo extractivista, característica que ya tenía en parte Ley 3058, pero la nueva Ley es mucho peor. Comparativamente la nueva Ley de Minería tiene un perl de mayor responsabilidad socio ambiental que la Ley del sector petrolero. Entre los vacíos e inconsistencias más relevantes de la propuesta de la nueva Ley, se identicaron las siguientes: y
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En relación con el tema de la consulta pública, se menciona que la reali zación del Estudio de Impacto Ambiental estará a cargo de YPFB de manera directa (Art. 136), situación que contradice los Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente. Con total intencionalidad y mala e, la nueva propuesta no menciona el tema de las áreas protegidas, como lo hacía la Ley 3058, posición claramente dirigida a crear una gura de vacío institucional. El artículo 137 dene la categoría 1 de Estudio de Evaluación de Im pacto Ambiental (EEIA), si los proyectos hidrocarburíeros se desarrollarán en “ áreas de alto valor para la biodiversidad”, aspecto esencialmen te ambiguo y que carece de precisión. Por ejemplo, considerando la presencia de especies amenazadas, un alto valor para la biodiversidad, tiene tanto la Zona Altoandina del Sajama, como los bosques pluviales del Madidi. Se menciona que todo impacto socio ambiental que produzcan las actividades hidrocarburíeras, será compensado nancieramente, de manera justa (Art.138). Aquí se aplica una lógica reduccionista de sustitución monetaria, que no da alternativas en el caso de que se traten de bienes o valores no sustituibles económicamente. El mencionado artículo tiene una con68
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notación sarcástica cuando dice: “ respetando la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad, territorialidad, t erritorialidad, prácticas y costumbres y la propia cos movisión de los aectados ”, Similar situación se plantea para las indemnizaciones (Art.141). Además se ingresa en el campo también ambiguo y mercantilista de la valoración de los impactos socio s ocio ambientales para determinar la compensación (Art.139). y
La propia Dirección Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos realizará las actividades de monitoreo socio ambiental a las empresas, man teniendo la gura de “juez y parte” (Art.145)
A esto se añade, la neasta alternativa anunciada anuncia da por el titular del Minis terio de Hidrocarburos, de que las Licencias Ambientales, las otorgará el Ministerio del sector. sector. Respecto al enómeno de la fexibilización de las normas ambientales, en septiembre del 2009 se anunciaba que el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía “ elaboraba una una norma norma que evitará la obstaculización de las inversiones en las áreas petroleras”, debido a las demandas y reclamos que tienen los pueblos indígenas. Se mencionaba que en principio, “Esta disposición “Esta disposición legal, busca diálogos masivos con las las comunidades comunidades y no sólo con sus sus líderes, para explicarles explicarles los benecios y llegar a consensos”, contradiciendo el espíritu del Decreto 29033, del Reglamento de Consulta Pública, que reconoce la estructura organizacional y el rol de las autoridades indígenas en el proceso. El propio presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, anunció que el Ministerio del sector trabajaba en una norma para que en el uturo “ no haya obstáculos para la inversión” (La Razón, 22 septiembre 2009). Según el ministerio, los impactos negativos sobre la actividad hidrocarburíera, se originan en los “ procesos largos e interesados de Consulta y Participación”. Ante ello, el inorme gubernamental propuso una “ Reglamentación del pro-
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ceso de consulta pública” y otras acciones orientadas a lograr que “la Consulta y Participación demuestre que los habitantes consultados, no tengan derecho a vetar actividades, obras y proyectos” (El Diario, 6 de enero 2010).
El sector petrolero observó además, que existen varias debilidades en el subsector (ambiental), como la “Dispersión de la normativa” Ley, Reglamentos y Resoluciones Ministeriales, la existencia de vacíos legales, la dualidad de unciones y atribuciones en prevención y control, el uso inadecuado del instrumento para la obtención de Licencias Ambientales a través de Maniestos Ambientales e insuciencias en el Reglamento Socio Ambiental y en los mecanismo de Seguimiento y Control. Todo esto signica, no sólo un retroceso histórico, sino la negación a los logros del movimiento indígena, que con mucho esuerzo y en ardua lucha a lo largo de varios años, logró incorporar aspectos a spectos relativos al respeto de sus espacios tradicionales y sus medios de vida. El tema de la fexibilización de los instrumentos de gestión ambiental se extendió más allá del 2009, cuando en enero del 2010 (El Deber, 16 de enero) Carlos Villegas conrmó nuevamente, que el gobierno se propone cambiar la normativa de la Licencia Ambiental, necesaria para cualquier proyecto de explotación de recursos naturales en el país. Según Villegas, aquella norma se ha convertido, en el caso de la industria petrolera, en un obstáculo para el avance de los proyectos del sector. Como respuesta la Conederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) declaraba que no permitirá que sean atropellados los Derechos de los Pueblos Originarios en la deensa de los recursos naturales existentes en sus territorios ancestrales, en este marco la CIDOB argumenta el Artículo 30, incisos 15, 16 y 17 de la nueva Constitución Política del Estado, reeridos al derecho de las naciones originarias, a ser consultadas sobre cualquier pro yecto de explotación de los recursos naturales que existieren en sus terri torios. Todo Todo esto muestra que, en eecto, hay una discrepancia acerca del 70
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derecho a veto, que las naciones originarias creen tener como resultado del Artículo 30 de la CPE. El gobierno nacional, a juzgar por lo que ha dicho Villegas, considera que algunas naciones originarias están poniendo obstáculos al avance de “proyectos vitales” para el sector petrolero, mientras que las organizaciones relacionadas con el medio ambiente, reclaman la plena vigencia del mencionado artículo de la Carta Magna. La contradictoria y retrógrada posición del sector petrolero ha llegado a sugerir, sugerir, que podría ser necesario D eber,, enero 2010). hacer algunos ajustes al texto de la CPE , (El Deber Sin embargo, a inicios del 2010 las tendencias de fexibilización llegaron al límite de lo absurdo. De acuerdo a un inorme de la Plataorma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA): El Ministerio de Hidrocarburos y Energía preparaba la ormulación de la Ley Sectorial, debido a la existencia en Bolivia de cinco amenazas de carácter ambiental, que ambiental, que pueden renar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional . Según el inorme gubernamental, se asegura que estas amenazas provienen: a) Del carácter de la negociación sobre compensaciones entre las em presas petroleras y los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas; b) De la preservación estricta de las áreas protegidas; c) De los procesos de Consulta y Participación; d) Del proceso de obtención de la Licencia Ambiental y; e) De los pasivos ambientales (El Diario, 6 de enero 2010). Concretamente, se llegó a armar en el sector hidrocarburíero que: “ Las áreas protegidas estrictamente conservacionistas, pueden inviabilizar los proyectos de interés nacional ”, ”, además, que similar eecto tendría la “ negociación libre” 71
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sobre compensaciones que entablan las compañías petroleras, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas asentadas en áreas en las que se quiere explorar y explotar hidrocarburos. El hecho de armar que las “ áreas protegidas y pueblos indígenas, indígenas, son una una amenaza amenaza que renan renan proyectos proyectos en hi drocarburos”, muestra claramente el perl anti-ambiental radical que tiene el sector petrolero en Bolivia. Es casi risible que el sector que más ha atentado contra el medio ambiente y los pueblos indígenas, no sólo en el país sino en el mundo, se muestra como una víctima de las limitaciones y regulaciones ambientales y sociales, y se pone en posición de sector desvalido y amenazado. Algo inédito que en ningún lugar del mundo se había argumentado hasta ahora. La gura hace recordar a las grandes industrias tabacaleras, objetando las normas que obligan, anunciar en los paquetes de cigarrillos la nocividad del producto para la salud, o las del sector que abrica bebidas bebida s alcohólicas, en contra de las campañas de abstinencia o de beber con moderación, bajo el argumento de que dichas campañas y anuncios son una amenaza a sus utilidades. La embriaguez de la ciega prepotencia, puede estar llevando a un extremo muy peligroso de anomia a ciertos sectores , en la cual incluso los contrabandistas, se pueden sentir con el total derecho de objetar las normas de la Aduana porque los perjudican. Es cierto que la normativa ambiental es dispersa, al momento es obsoleta, conusa y, en general, tiene poca capacidad de aplicabilidad real, además de ser poco rigurosa y presentar vacíos o ambigüedades, algo que debería ser un alivio para los sectores extractivistas. El plantear modicaciones para agilizarla y hacerla más coherente sería una posición razonable y responsable, además de aumentar la capacidad operativa de la Autoridad Ambiental Competente (AAC), pero buscar una fexibilización arbitraria y pretender abrir la puerta de orma irrestricta a la extracción masiva de los recursos, sin regulaciones racionalmente estrictas, es señal de prepo72
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tencia y una gran irresponsabilidad. Es retroceder a los años 80, cuando las empresas que explotaban recursos en Bolivia y otros países latinoamericanos como Ecuador, vivían un absoluto carnaval. Esto es un mal ejemplo y pésimo antecedente, para cualquier país en el mundo. LIDEMA observó, a inicios del 2009, la poco meditada política hidrocarburíera hacia la fexibilización de las normas ambientales y la consulta pública en el país, para lo cual promovió un pronunciamiento público, en contra de las intenciones del sector petrolero, que vulneran de pleno la nueva Constitución Política del Estado y todas las conquistas de los pueblos indígenas y originarios. Pronunciamiento de las Instituciones Nacionales en Medio Ambiente y Desarrollo en contra de las intenciones de Flexibilizar las Normas Ambientales y la Consulta Social. La exibilización de las normas ambientales vulnera los derechos de las naciones indígenas y originarias y de la Madre Tierra Ante recientes declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero, en sentido de que en Bolivia existen cinco amenazas de carácter ambiental, que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional, y que “reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto”, las instituciones y organizaciones rmantes señalamos que este intento de exibilizar los recaudos socio ambientales, contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el Patrimonio Natural y Cultural del Estado Plurinacional, en la medida que ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales. Estas conquistas quedaron establecidas en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuyo Artículo 299, Parágrafo II señala: “El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las que se encuentran las autonomías indígena originario campesinas, ejercerán la función de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”. Así mismo, en el Artículo 312, se señala que: “Todas las formas de organización económica, tienen la obligación de proteger el medio ambiente”. Por otra parte, se pretende vulnerar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30, Parágrafo II, incisos 15, 16 y 17 de la CPE, garantiza su derecho a la consulta previa obligatoria, respecto a la explotación de
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los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, así como a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. Igualmente, quebranta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos y raticados por el país. De la misma manera, la administración y preservación de áreas protegidas está también contemplada en la NCPE, como competencia de los diferentes niveles del Estado, toda vez que constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, éstos cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable (artículos 298, 304, 385). Si bien coincidimos en que la normativa ambiental no ha sido aplicada en su plenitud, es contradictoria con otras normas y requiere de actualización y complementación en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. Las modicaciones que se realicen para agilizarla y hacerla más preventiva y coherente, deben responder a un proceso en el que participen todos las y los bolivianos. Sin embargo, expresamos nuestro desacuerdo con la intención maniesta de buscar una exibilización y abrir las puerta de forma irrestricta a la extracción intensiva de los recursos no renovables, sin regulaciones ni recaudos concordantes con las políticas y visiones expresadas en la CPE. Lo contrario signicaría eludir las responsabilidades sociales y ambientales y, sobre todo desconocer los derechos de la Madre Tierra, dando continuidad a un modelo primario exportador, que está siendo duramente cuestionado por el Presidente del Estado Plurinacional. Es necesario recalcar una vez más que la dimensión ambiental, así como la social, no es un obstáculo para el desarrollo; sino la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien del pueblo boliviano, principalmente de las actuales y futuras generaciones de las naciones indígenas y originarias. Por ello, llamamos a las autoridades nacionales a reexionar sobre sus posiciones anticonstitucionales y a superar el falso dilema entre desarrollo y protección ambiental, entendido éste último, como la forma de garantizar la conservación de la base productiva y el buen vivir de la población boliviana. Instituciones que rmaron el pronunciamiento: ACT - AMUPEI - APT - ASE - CADES - CARITAS Oruro - CECASEM - CDS Molle - CEDEFOA - CEEDI - CEJIS - CENDA - CEPA - CER DET - CETHA Emborozú - CETHA Socamani - CIAC - CIAT - CIDDEBENI - CIDEM - CIEC - CIMAR - CINEP - CISTEM - CSUTCB - FADECO - FIDES - Fundación ACLO - Fundación LAMPI - FUNDARE - HERENCIA - IDI AA - IE UMSA - IICCA INBOMETRAKA - IPTK - IYA - JCI ELP - LIDEMA - MAN B El Alto - MHNNKM - NICOBIS - PAAC - PASOS - PROAGRO - PRODEMA - PRODENA - PROMETA - QHANA - RED NAVA - SAVIA SEMTA - SOBE - SOBE Guayaramerín - SOPE - TEAPRO - TROPICO - VIVE.
No puede pasar desapercibida, la escasa capacidad de responder y reba tir con opinión undamentada, que ha mostrado la Autoridad Ambiental Competente AAC (Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Viceministe74
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rio de Medio Ambiente y Biodiversidad o sus demás reparticiones) ante las numerosas intervenciones y declaraciones de las autoridades de hidrocarburos, energía o minería. Nunca se ha conocido una réplica pública de refexión por parte de la AAC, a las temerarias opiniones y anuncios del Ministerio de Hidrocarburos, del Presidente de YPFB, del Gerente de COMIBOL o de las diversas instancias técnicas dependientes de estas ocinas. No hay vocería ambiental en el Estado, que alerte o de una voz de refexión, más aún cuando los responsables de los sectores extractivis tas tratan temas críticos como la fexibilización de las normas ambientales, descalicar la consulta pública o pretender otorgarse tuición sobre la declaratoria de la Licencia Ambiental. Esto permite percibir el carácter subalterno que tiene el MMAA, respecto de los ministerios de los sectores de desarrollo, los cuales cuentan además con la venia de las cúpulas gubernamentales.
Aálss ríto sobr los estuos evaluaó impato Ambtal (eeiA) En términos generales, el nivel de aplicación y cumplimiento de estos ins trumentos, en los últimos 20 años, ha sido parcial y con seguridad ha alcanzado apenas un 30% de cumplimiento (industria, minería, hidrocarburos y obras públicas), situación que obedece a la debilidad de la gestión ambiental e institucional en el país y que explica en parte, los pronunciados niveles de deterioro ambiental en muchas regiones. El hecho de que los EEIA en el país sean considerados como meros ormalismos para dar luz verde a obras o proyectos que implican elevados costos ambientales y sociales, además de la negligencia con que son elaborados, aplicados, evaluados y aprobados, tiene como una de sus principales raíces, en la debilidad ya acostumbrada de la gestión ambiental, situación que se enrenta desde hace varias décadas. Todos los aspectos 75
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mencionados en el capítulo de análisis del sector minero, también son válidos en el caso de los hidrocarburos, añadiendo que en el sector petrolero, la tendencia al manejo de los instrumentos de gestión ambiental es más discrecional. Los EEIA adolecen de un mal congénito o de origen, algo denido a nivel internacional: su realización orma parte de la propuesta de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP) y corre a cargo de la empresa que es represen tante legal de la AOP, desde la contratación del equipo, y lo que le toca al Estado, a partir de la Autoridad Ambiental Competente, es revisar y aprobar. Existe una situación prevista en la norma ambiental que contribuye a generar inconsistencia al proceso, pues el Reglamento de Prevención y Control Ambiental establece que los organismos sectoriales competen tes, como la Dirección Ambiental de Hidrocarburos, realizan en primera instancia una revisión de la Ficha Ambiental, el EEIA y el Maniesto Ambiental y posteriormente remiten los inormes a la AAC, para que ésta, únicamente haga observaciones y apruebe u homologue el proceso. La AAC aprueba los EEIA, de manera casi orzada, vale decir, con una enorme presión por parte de las ocinas estatales ligadas a los sectores preeminentes como hidrocarburos o minería. En más de una oportunidad la AAC no ha tenido tiempo suciente para desarrollar una evaluación cuidadosa, ni realizar las recomendaciones de ajuste pertinentes. De exis tir observaciones de parte de la AAC sobre inconsistencias o vacíos, éstos se toman como intentos de obstaculizar la obra o proyecto. La trivialidad con que se elaboran los EEIA, ha ocasionado que el instrumento haya perdido credibilidad tanto desde los proponentes, como de la propia AAC. Por otra parte, la realización del EEIA no es una actividad neutral, como puede ser una auditoría ambiental, la cual es licitada y adjudicada por el Estado. Existe, por tanto, un sesgo donde la empresa o representante de la AOP, contrata el equipo consultor y tiene la potestad absoluta de orien76
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tar el estudio según sea la conveniencia del proyecto; por ejemplo, minimizando los impactos potenciales, sesgo que se inicia con la elaboración de la Ficha Ambiental. Es imposible pensar, que un equipo a cargo del EEIA y contratado por la propia empresa que impulsa la AOP, observe y cuestione la viabilidad del proyecto (por ejemplo, una exploración petrolera), o recomiende la adecuación, la reubicación o la no realización por el elevado riesgo socio ambiental. Bajo la gura de ventaja total de los sectores extractivistas, lastimosamente es diícil imaginar a la AAC, cuestionando y oponiéndose a un pro yecto de alto costo socio ambiental. También es muy diícil pensar que ésta cuestione y rechace la exploración petrolera en la zona más rágil y de máxima protección del Parque Nacional Madidi, aun cuando hipoté ticamente el EEIA así lo recomendara, cosa que además nunca podría suceder. La última propuesta de la Ley de Hidrocarburos, pretende determinar que la elaboración de los EEIA esté bajo la responsabilidad directa de YPFB, lo cual proundiza aún más la insustancialidad del instrumento. Para aumentar el absurdo, a parte de elaborar el EEIA, ellos mismo se otorgarían la Licencia. Otro claro ejemplo de insustancialidad de los EEIA, está en el componen te de análisis ecológico-biológico. Los estudios, en general, se han limitado a procesos de inventarios de especies de animales y plantas sin mayores detalles de distribución espacial, abundancia, estado de conservación, importancia para las poblaciones locales, etc. El conocer, si existen poblaciones de plantas o animales más o menos aisladas de una especie en determinadas zonas de la región (lo cual la haría rara en dicha zona), es de gran importancia, cuando dicha región va a ser impactada de alguna manera, aun cuando la misma especie pueda tener una distribución más regular y abundante en otras partes de la misma región. Por ejemplo, muchas especies de auna y fora en los bosques del Subandino y Yun77
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gas, tienen una distribución restringida a parches, es decir, ragmentada y disyunta, además de ser endémicas, lo cual hace que sean muy sensibles. El análisis de los ecosistemas es también extremadamente genérico, reduciéndose a la descripción de la vegetación, pero sin considerar el nivel de ragilidad, sensibilidad o prestación de servicios ambientales (cabeceras y ojos de agua). En tanto que aspectos socioculturales importantes, como la distribución de recursos o sitios de valor cultural (sitios sagrados), son denitivamente soslayados (Ribera, 2008). En el caso del Bloque Liquimuni (Norte de La Paz), se podía advertir que la supercialidad del EEIA no mostraba una distribución de este tipo, es decir de valores en las zonas atravesadas por las líneas sísmicas y otro tipo de inraestructuras. Si alguno de estos elementos naturales y culturales es cruzado por las líneas de exploración sísmica, algo que ue conrmado por algunos líderes indígenas de la zona Liquimuni, existe una gran probabilidad de degradación o pérdida de dichos valores. Todo lo antes observado, tiene estrecha relación con las situaciones acaecidas en torno al caso del bloque Liquimuni en el norte de La Paz, en los confictos mineros de Coro Coro, o en la elaboración de un EEIA para Cachuela Esperanza, sin haber elaborado previamente la Ficha Ambiental. Falencias, vacíos y limitaciones técnicas de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental Fuente: J.CoeLLo (2008: inForme de estado amBientaL de BoLivia, 2007-2008). • La diferencia entre EEIA de categoría 1 y 2 se centra en el número de factores ambientales comprometidos, más que en la necesidad de profundizar el análisis de los factores involucrados en la categoría más exigente. • En el proceso de categorización no existe la “categoría cero” que signicaría la incompatibilidad de la AOP, con el área de intervención propuesta. • Para la categoría 3, no hay una denición operativa sobre el término de “impactos no signicativos” dando lugar a una libre interpretación y subjetividad de los umbrales de aceptación de un impacto ambiental.
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• En la práctica no hay una clara denición del momento en que debe aplicarse el EEIA de una AOP; por ejemplo en prefactibilidad, factibilidad y diseño nal. • No es habitual la presentación y análisis formal de alternativas sobre el tipo de AOP (en función de los objetivos que se persiguen), la locación de puntos jos, la tecnología, etc. • Los EEIA y las propias Fichas Ambientales no denen los límites del área de inuencia de la AOP con claridad y la suciente justicación técnica. • En los estudios de impacto ambiental clásicos, siempre se ha considerado el medio receptor de los impactos, como una supercie invariante, sin realizar estudios de la variación espacial de la sensibilidad del medio receptor, para cada capa temática. • No se conocen casos de uso de modelos de simulación, para reportar predictivamente el comportamiento de los factores ambientales. • No existe una adecuada vinculación entre la línea base y el capítulo de identicación y evaluación de impactos. • Escasa credibilidad y experiencia en la predicción y valoración cuantitativa de la magnitud del impacto ambiental. • No se analizan o integran sucientemente los riesgos ambientales (impactos ambientales potenciales). • No se analiza a profundidad la evaluación del futuro inducido, por ejemplo, sísmica de hidrocarburos, aspecto que facilita la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. • La Consulta Pública y documento de divulgación en la práctica, han sido muy poco productivos para los nes requeridos, presentándose como instrumento de manipulación y validación de intereses particulares a favor de la obtención de la Licencia Ambiental. • El Programa de Prevención y Mitigación, incluyendo las actividades de restauración, se constituyen en relatorios repetitivos (“cut” and “paste”) de medidas escasamente articuladas con los otros capítulos del EEIA. • El Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) muchas veces no muestra una clara articulación con el Plan de Prevención y Mitigación (PPM), no obstante que ambos no tienen generalmente un asidero técnico, basado en el análisis de sensibilidad de línea base y evaluación de impactos. • Deciente formulación del documento síntesis y una escasa aplicación del mismo, cuyo n es dar a conocer a la ciudadanía, a través de la AAC, los aspectos más importantes del estudio realizado. • El RPCA no establece el contenido mínimo del reporte de monitoreo, se deja a la discreción del Representante Legal de la AOP, la estructura del documento, aspecto que incide negativamente en la calidad y orientación del reporte.
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• No se observa en la práctica que el equipo consultor responsable del EEIA sea realmente multidisciplinario y demuestre la suciente experiencia y formación profesional idónea para encarar el EEIA de AOP en áreas protegidas. • No existe rigurosidad en la presentación bibliográca ni en las referencias cientícas y técnicas. • No es frecuente la presentación de las referencias metodológicas, pese a que así se requiere según el Art. 34 del RPCA.
Especialmente para regiones donde se conoce o presume una elevada ragilidad-sensibilidad ecológica y en obras que amenazan áreas protegidas, se deberían asumir metodologías que permitan una dierenciación de la calidad ecológica y ambiental de los ecosistemas o hábitats. Se mencionan algunas de las situaciones en las cuales los EEIA deberían realizarse con mayor rigurosidad (Ribera, 2008): y
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Ecosistemas en regiones de elevada ragilidad ecológica por limitaciones topográcas y sistemas de pendientes, condiciones tectónicas o climáticas, por ejemplo diversos tipos de bosques lluviosos de montaña. Áreas protegidas en diversas categorías de manejo. Zonas Núcleo y Zonas de Amortiguación interna de áreas protegidas, en cualquier categoría de manejo. Espacios territoriales tradicionales indígenas, mayormente con predominio de ecosistemas naturales o poco intervenidos como TCO u otras modalidades, las que muchas veces coinciden con áreas protegidas. Espacios con importantes valores culturales donde se realizan prácticas tradicionales en el uso del suelo y los recursos; sitios sagrados, patrimonio arqueológico, etc. Masas de Bosques primarios regularmente extensas, como únicos remanentes bien conservados y con alto grado de pristinidad a nivel macroregional.
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Sitios de especial relevancia para la conservación, que corresponderían a “habitats naturales críticos”, normalmente inmersos en regiones o zonas de mediana o incluso baja sensibilidad. Zonas de protección de cuencas y prestación de servicios ambientales, regulación de caudales u oerta de agua, dentro o uera de áreas protegidas.
Finalmente, los EEIA además de adolecer de insuciencias en la ejecución y regirse a ormatos técnicos ortodoxos y genéricos (como recetarios de libros), que tienden a ser extremadamente superciales, no indagan ni traducen la realidad de los espacios ecológicos y culturales desde la visión y lógica de los propios pobladores locales, es más ni siquiera los toman en cuenta.
el salto ustral Al igual que en el caso de la minería, el salto industrial podría ser un elemento importante para contribuir a reducir la preeminencia del modelo primario exportador y los sectores extractivistas de materias primas, gura en la que está sumida el país, sería importante además por la generación de empleos cualicados; sin embargo, reviste un enorme riesgo socio ambiental. Es necesario recordar una vez más que la gestión ambiental en Bolivia tiene una debilidad crónica particularmente llamativa y que la Autoridad Ambiental Competente está muy venida a menos en las dinámicas del Estado, las cuales son manejadas por los sectores productivos preeminen tes, como hidrocarburos, con pleno apoyo de las cúpulas gubernamentales. Una prolieración de industrias petroquímicas o mineras, conlleva un riesgo adicional de incrementar los impactos y la generación de pasivos ambientales de diversa naturaleza, a los ya existentes del proceso extracti vo primario. Dicho en pocas palabras, considerando la gestión ambiental
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raquítica que tenemos, estaríamos poco preparados para desarrollar una industrialización eectiva, responsable ambiental y social. Ocialmente se anunció que, a partir del control de las empresas estratégicas y la nueva administración de gobierno, un nuevo ciclo comenzaba en enero de 2010. Según el Ministerio de Hidrocarburos (hidrocarburos.gov.bo), el Plan Quinquenal de YPFB establece que el sector de hidrocarburos, requerirá una inversión total de 11.200 millones de dólares hasta el 2015, en las áreas de exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los energéticos. De esos recursos, alrededor de 7.500 millones de dólares serían generados con ondos propios de YPFB. Con esa proyección, el gobierno undó recientemente la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), que será la entidad más importante, bajo tuición de Yacimientos e impulsará la construcción de nuevas plantas, para la abricación de productos o derivados del gas na tural y petróleo con valor agregado. La nueva entidad se creó en el marco del Artículo 363 de la nueva Cons titución Política del Estado, que señala que la EBIH “será responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la indus trialización de los hidrocarburos”. Bolivia se ha planteado el reto de que “ no es suciente la nacionalización y que el siguiente paso es la industrialización ” esto se armó desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. La nueva compañía estatal comenzará a uncionar en enero de año 2011 con un ca pital de más de 28 millones de bolivianos, provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Las proyecciones muestran que con la industrialización del gas, Bolivia incrementará sus ingresos de cinco a siete veces más. Entre los principa82
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les proyectos de industrialización, según el plan de Yacimientos, gura la construcción de la ábrica de urea y amoníaco en Cochabamba, cuya inversión asciende a mil millones de dólares y generará 1.500 empleos directos y 3.000 indirectos. Además, se tiene previsto instalar una planta de re-licueacción o GTL (“Gas to liquid”) en Tarija para obtener diesel, que demandará 500 millones de dólaresy se espera que inicie operaciones en el 2015. También se construirá una planta de policloruro de vinilo (plás tico), que operará desde el 2014, al respecto se menciona la abricación de “petrocasas”. Adicionalmente se instalará una planta de extracción y separación de licuables en Tarija para obtener gasolina, gas licuado de petróleo (GLP) y etano, que entrará en uncionamiento el año 2012. La petroquímica es una parte de la cadena de hidrocarburos, la cual comienza con el “upstream” (exploración y producción), pasa por renerías y separadoras de gas, sigue por las centrales petroquímicas de primer nivel o de básicos (etano y etileno), para continuar luego por la petroquímica intermedia o de resinas y, nalmente, al convertidor de plásticos (Repor teEnergía, septiembre 2009). También se enunciaba que YPFB destinará el 2010, alrededor de 230 millones de dólares, más del 70% de su presupuesto, para desarrollar pro yectos de “downstream” petrolero, estraticando proyectos de industrialización del gas natural, transporte y almacenaje de hidrocarburos destinados a garantizar el abastecimiento del mercado interno en una gestión de crítico equilibrio entre la oerta y demanda de combustibles (Energy press, junio 2009). De acuerdo a los planes de inversión de YPFB Corporación, la indus trialización del gas natural será encarada en dos grandes proyectos; en primer lugar, la instalación de una planta de GTL, para producción de diesel, que procesará en el sur del país 4,5 MMCD de gas natural, a partir del año 2015 con una inversión de 500 millones de dólares; en segundo 83
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lugar, la planta de urea-amoniaco que se construirá en la localidad de Carrasco del Trópico de Cochabamba, que demandará un consumo de 2 MMCD de gas natural y una inversión de 1.000 millones de dólares para la producción de 600 mil TM anuales de Amoniaco y 720 mil TM anuales de Urea (Plan de Inversiones de YPFB, Corp., 2009-2015). A pesar de estos anuncios, existen opiniones menos optimistas. Según el Observatorio boliviano de Industrias Extrativas OBIE (CEDLA, julio 2009). Las políticas energéticas del MAS, siguen reduciendo el rol del sector energético a un simple generador de excedentes, ignorando su na turaleza e importancia para la economía y la calidad de vida de la población. Por ejemplo, ignora el rol de las energías renovables, ortaleciendo el rol primario exportador del país. Las ambigüedades de dichas políticas energéticas ocultan a la opinión pública, la continuidad de las políticas implantadas por los gobiernos neoliberales. Todo esto se estaría dando a pesar de los anuncios del ingreso a la era de la industrialización hechas por el gobierno a nes del 2009. Según el análisis del OBIE, la amosa industrialización de los hidrocarburos no pasaba de ser un enunciado. De cualquier manera, el discurso del salto industrial tiene una gran incertidumbre cuando en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2010, se observa una reducción del 50% respecto de la gestión 2009 (Fund. Jubileo, 2010) para el rubro que incluye inversión pública en el sector de la industria. Esto hace suponer, o que los procesos industriales serán postergados debido al descenso en las recaudaciones impositivas, o que la industrialización estará supeditada a los capitales externos de las corporativas transnacionales. En esta línea , la Empresa Rusa GAZPROM identicó a inicios del 2010, las zonas que cuentan con las condiciones para instalar tres plantas de petroquímica en el país, para el desarrollo de la industria nacional de er tilizantes. Se trata de las localidades de Villamontes en Tarija, Bulo Bulo 84
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en Cochabamba y Puerto Suárez al sudeste del departamento de Santa Cruz. El plan también identicó que las regiones del Choreti y Villamon tes son actibles para el desarrollo de dos complejos de diesel sintético. La empresa rusa considera de importancia estratégica el desarrollo de la industria petroquímica, sobre todo para la abricación de productos con valor agregado como el polietileno, etileno, metanol y otros, aunque no se mencionan los volúmenes de gas que se necesitarán para impulsar la industria. Otra consideración importante del esquema de desarrollo realizado por los expertos rusos, es la instalación de plantas para la ex tracción de gas licuado de petróleo, así como la sustitución de productos energéticos importados por energía más barata producida en el país. Esto está orientado a proveer de energía barata sobre todo a los sectores indus triales (OBIE 9 marzo 2010). Por su parte, a inicios de abril del 2010, una comisión gubernamental brasileña de alto nivel llegó al país para abordar con el gobierno boliviano, la puesta en marcha de un polo de gas químico en Puerto Suárez (Santa Cruz) con una posible inversión de 2.000 millones de dólares (Plataormaeneregtica.org /ABI, abril 2010).
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Futs osulta BEBINGTON, A. 2007. The New Extraction: Rewriting the Political Ecology of the Andes? / report: environment. NACLA REPORT ON THE AMERICAS. 40 p. CEADL. 2010. El Legado de Enrique Mariaca Bilbao. Informe Completo de las Auditorías Petroleras. SAIH, Hora 25, OBRN. La Paz, Bolivia. 253 p. COELLO, J.C. 2008. Desafíos de la Gestión Ambiental ante Emprendimientos de Exploración y Explotación Petrolera en Bolivia. 39-57 p. En Belpaire, C.M y Ribera, A. M. O. Eds.: Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La Paz, Bolivia. SAAVEDRA, G. 2010. Las Políticas Neoliberales y Extractivistas de Correa y Evo enfurecen a la CONAIE y a la CIDOB. Bolpress, marzo 2010. HUMPHEYS, D.B., CATARI, H. 2009. Expansión de la Actividad Hidrocarburífera en el PNANMI Aguaragüe. CER-DET, Tarija-LIDEMA / Universidad de Manchester, Reino Unido. Tarija, Bolivia. 13 p.
GAVALDA, M. 1999. Las Manchas del Petróleo Boliviano: Tras los pasos de REPSOL en el TIPNIS. R.A.P./OLCA/FOBOMADE. Cochabamba, Bolivia. 220 p. GAVALDA,M. 2004. La recolonización. REPSOL en América Latina. Invasión y Resistencias. Kipus ed. La Paz, Bolivia. 211 p. LIDEMA 2009. Pronunciamiento de las Instituciones Nacionales en Medio Ambiente y Desarrollo en contra de las intenciones de Flexibilizar las Normas Ambientales y la Consulta Social (2, febrero 2010). MOLLO, N. Nueve años del Derrame de Petróleo en el Desaguadero. CEPA/LIDEMA, enero, 2009. Oruro, Bolivia. PELÁEZ, C. 2009. Análisis de la legislación relativa al tipo de impactos que sufren los afectados por la minería y elaboración de propuestas para llenar los vacíos. Comisión minero ambiental LIDEMA. 85 p. RIBERA, A.M.O. 2008. Problemas Socio ambiental es de la Explotación Hidrocarburífera en Bolivia. Estudio de Caso Nº 2. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 135 p. VMABCC-DGMACC. Octubre, 2009. Página Ambiental. YPFB, Corp. 2008. Plan de Inversiones, 2009-2015 Resoluciones del Encuentro de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas del País, del 8 de julio del 2009.
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Págas Wb F. Jubileo: www.jubileobolivia.org.bo INE: www.ine.gov.bo CEDLA: ww.cedla.org www.plataformaenergetica.org OBIE: www.cedla.org/obie PetroPress: www.bolpress.com Econoticias Bolivia: www.econoticiasbolivia.com Ecoportal: www.ecoportal.net Intermón Oxfam masas.nu/Boton masas www.omal.info www.rebelion.org www.intermonoxfam.org/es/page www.iade.org.a www.cenlibrosecuador.org La Prensa www.laprensa.com.bo El Diario: www.eldiario.com La Razón: www.larazon.com La Patria: www.patrianueva.bo El Mundo: www.elmundo.com.bo Bol Press: www.bolpress.com Jornada.net: www.jornadanet.com ERBOL: www.erbol.com.bo ANF: www.noticiasdes.com EFE: www.efe.com (agencia de noticias esp.) Opinión: www.opinion.com.bo, La Patria: www.lapatriaenlinea.com Siglo 21: revista especializada de economía ABI: www.abi.bo www.hidrocarburos.gov.bo www.repsol.com/es YPFB Corp: www.ypfb.gov.bo Reporte Energía: www.reporteenergia.com Energy Press: www.energypress.com.bo Hidrocarburos Bolivia,com. www.hidrocarburosbolivia.com
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Lsta Sglas AAC APG AOP BG CBH CEDIB CEPILAP CEJIS CEADESC CIDOB CONAIE CONAMAQ EEIA EBIH FA GTL IDH LA LIDEMA LNG MMAA MMCD OIT OBIE PGN RASH RPCA SAM SERNAP TCO TGN VMABCC YPFB
Autoridad Ambiental Competente Asamblea del Pueblo Guaraní Actividades-Obras-Proyectos British GAS Camara Boliviana de Hidrocarburos Centro de Documentación e Información de Bolivia Central de Pueblos Indígenas de La Paz Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos Ficha Ambiental Compañía Gas to Liquid Impuesto Directo a los Hidrocarburos Licencia Ambiental Liga de Defensa del Medio Ambiente Liquid Natural Gas (licuefacción del gas natural) Ministerio de Medio Ambiente y Aguas Millones de Metros Cúbicos por Día Organización Internacional del Trabajo Observatorio Boliviano de Industrias Extrativas Presupuesto General de la Nación Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos Reglamento de Prevención y Control Ambiental Sociedad Anónima Mixta Servicio Nacional de Áreas Protegidas Tierra Comunitaria de Origen Tesoro General de la Nación Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios climáticos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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PROBLeMÁTicA SOciO AMBienTAL de LAS OPeRAciOneS HidROcARBURÍFeRAS en LA ZOnA TRAdiciOnAL
estao Según Humphreys y Catari (2009), los planes del Ministerio de Hidrocarburos implican duplicar la producción de gas natural a corto plazo, para poder cumplir con las obligaciones de los contratos con Brasil y Argentina, como también para satisacer la creciente demanda energética que incluye el Megaproyecto Minero el Mutún ubicado en los llanos orientales de Santa Cruz. Dado el poco entusiasmo mostrado por las empresas transnacionales en invertir para expandir su producción, después de la renegociación de contratos, el gobierno autorizó la creación de sociedades de asociación mixta o SAM´s, para desarrollar los bloques que están reservados para YPFB por Decreto Supremo 29226. El gobierno asignó a la Empresa PETROANDINA siete bloques en el Sub Andino Sur y cinco bloques en el Sub Andino Norte, para realizar actividades de exploración y explotación. De los doce bloques incluidos, cinco se encuentran en territorio del Departamento de Tarija todos están sobrepuestos al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Serranía de Aguaragüe. Esta empresa mixta propone realizar estudios sísmicos en cada uno de los siete bloques (un promedio de 300Km² por bloque) y perorar catorce 89
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pozos exploratorios, dos por bloque, en el tiempo previsto, calculando una inversión total de alrededor de 646 millones de dólares (La Prensa, 4 octubre 2009). La propuesta de explorar los bloques Aguaragüe Centro, Sur A (Timboy), Sur B y parte del Bloque Tiacia representan una amenaza para la integridad del PNANMI Serranía de Aguaragüe y para los pueblos indígenas y campesinos, cuyos medios de vida dependen de los recursos de la zona, en particular del agua. Pero no es sólo el espectro de daños ambientales provocado por la actividad extractiva, la cual es preocupante, sino también los impactos sociales y culturales sobre poblaciones muy pobres y altamente vulnerables que siempre acompañan a cualquier escenario de extracción. A lo anterior, se suman los planes de exploración de PETROBRAS, por la extensión de sus actividades en el campo San Antonio las que aectarán el área protegida. Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca se encuentran entre las regiones más privilegiadas por concepto de regalías e impuestos directos, con implicancias en las dinámicas de crecimiento y cambios socioculturales asociados, pero, también adolecen y comparten un amplio abanico de impactos resultado de muchas décadas de exploraciones y explotaciones. Las aec taciones de las operaciones hidrocarburíeras, con alto costo ambiental, tiene su raíz en el deciente desempeño ambiental de las empresas y el bajo perl del Estado en materia de scalización. Según Humphreys y Catari (2009), las reservas probadas y probables de gas se encuentran en su mayoría en el Chaco tarijeño. Bajo esta lógica, se preveía en un uturo próximo, el omento de un centro energético exportador y un rol predominante en este sector estratégico. De acuerdo a estos autores, a pesar de los esuerzos del gobierno nacional de procurar ampliar la rontera petrolera y buscar hidrocarburos en otras zonas no tradicionales, las presiones
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nancieras inmediatas obligarán a éste mantener el estado de dependencia de la producción tarijeña en el mediano plazo. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL TEMA HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA Rolando Romero: Coordinación Departamental de Chuquisaca 2009 LIDEMA-ASE La exploración y posterior explotación de hidrocarburos en Chuquisaca data de 1924, cuando se realizó la perforación del primer pozo exploratorio en la estructura de Buena Vista en el Chaco chuquisaqueño. Según datos de la Superintendencia de Hidrocarburos, actualmente en el departamento existen un total de cinco campos petrolíferos, dos sin producción: Buena Vista y Camatindi, y tres en producción: Porvenir, Vuelta grande y Monteagudo. El total de reservas cericadas al 1ro de Enero de 2004 de Gas Natural probadas, es de 626.886 MPC y de petróleo condensado probadas, es de 6.195.406 barriles. Los campos en producción, campo Vuelta Grande (en Macharetí, Provincia y Luís Calvo), cuenta con 36 pozos en producción; en el campo Monteagudo existen dos pozos en actual producción y dos pozos en Porvenir. En tanto que los campos de Huacaya e Incahuasi son campos compartidos entre los departamentos de Chuquisaca-Tarija y Chuquisaca-Santa Cruz respectivamente, los mismos que están dentro de los planes de explotación futura del gobierno. El reciente campo descubierto Huacaya X-1, pertenecienteal Bloque Caipipendi, tiene un 20% de su estructura en el Departamento de Tarija, mientras que el restante 80% se encuentra en territorio chuquisaqueño. El descubrimiento del mega campo gasífero Huacaya X-1, cuya producción inicial se calcula en 800 mil metros cúbicos diarios de gas, además de 900 barriles de condensados, volúmenes que se destinarían al mercado Argentino y al consumo interno. Este campo es similar al mega campo Margarita de Tarija. Se ha mencionado la posibilidad de generar mayores recursos por regalías e impuesto a los hidrocarburos para Chuquisaca, similar o mejor que a los de Tarija. En cuanto al monitoreo ambiental que realiza la Gobernación sobre los tres campos en actual producción, se pudo constatar que éste se ejecuta, revisando el informe ambiental que presentan trimestralmente las empresas que están realizando la explotación, y en algunas ocasiones el único técnico representante de la Gobernación realiza viajes esporádicos a los diferentes campos para vericar el informe escrito presentado. Según versiones de este representante, no se realizan seguimientos y monitoreos cuando se están realizando las exploraciones, la que es la etapa más crítica. Otra situación que no se pudo constatar, fue el seguimiento a los pasivos ambientales que van dejando las empresas, cuando no encuentran gas o petróleo; por ejemplo, los campos de Buena vista y Camatindi que no se encuentran en producción y prácticamente han sido abandonados.
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También preocupa la situación de que, si bien se hacen esfuerzos para declarar y gestionar áreas protegidas, en estas mismas se prevén exploraciones, como es el caso del PNANMI Serranía del Iñao, o las concesiones que se han otorgado para la exploración en el Área Protegida “Reserva de Vida Silvestre y Área Natural de Manejo Integrado Departamental de la Serranía de Mandiyurenda”, ubicada en el Municipio de Huacaya de Chuquisaca.
En Tarija, mas que en Chuquisaca, y en particular en el Chaco, prevalece un estado de elevada incertidumbre y de alarma ambiental y social entre las comunidades indígenas y las organizaciones ambientalistas, en previsión de un nuevo ciclo intensicado de inversión, exploración y extracción que podría generar signicantes impactos sociales y ambientales, incluyendo un alza en la confictividad social en el corto plazo (Humphreys y Catari, 2009).
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El año 2009 quedaba por demás maniesto, que las operaciones hidrocarburíeras en el país, estaban en gran medida dirigidas por la Empresa Estatal YPFB, que detentaba las áreas reservadas el año 2008, genera sociedades mixtas (caso PDVSA y GTLI) y tenía control sobre las subsidiarias y operadoras post-nacionalización (CHACO, ANDINA y PETROBRAS). Los contratos petroleros actualizados los años 2007 y 2008, después del Decreto de Nacionalización, viabilizaron la amplia participación de empresas transnacionales como PETROBRÁS, REPSOL-YPF, TOTAL y BG, con operaciones mayoritarias en la región tradicional sur del país. Relación de campos hidrocarburíferos al 2009 (fuente: YPFB Corp). CAMPO San Alberto
Departamento
Ecoregión
Empresa
Tarija
Subandino
Margarita
Tarija
Subandino
Surubi NW
Cochabamba
Llanura amazónica
Huacaya
Chuquisaca
Subandino
Itaú (Incahuasi)
Chuquisaca
Subandino
TOTAL-TECPETROL
Tarija
Llanura Chaco
VINTAGE
Naranjillos
Santa Cruz
Transición
VINTAGE
Vuelta Grande
Chuquisaca
San Roque
Tarija
Sábalo
Chaco Sur Ñupuco
Santa Cruz
Kanata Carrasco I y II
REPSOL-YPF
Llanura Chaco
Patujuzal W Los Cusis
PETROBRÁS Bol.
CHACO Llanura Amazónica
Cochabamba
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La Peña-Tundy Transición Amazonia-Chaco
Los Sauces Río Grande Yapacani
Santa Cruz
Sirari
ANDINA Llanura Amazónica
Víbora Carandá-Colpa
Santa Cruz
Llanura Amazónica
Petrobrás-Energía
Tarija
Llanura Chaco
BG
La Vertiente Escondido Suris
Prsó Las presiones de la exploración hidrocarburíera se incrementaron notablemente el año 2009. Los principales impactos hidrocarburíeros actualmente vericables, corresponden a un importante conjunto de actividades de exploración y explotación en la zona tradicional del subandino tarijeño, como en el Chaco de Tarija y Santa Cruz. Muchos de estos impactos se relacionan con las operaciones en los mega campos San Alberto (Sábalo), San Antonio y Margarita-Huacaya. Los impactos provenientes de sucesi vas operaciones exploratorias han generado severos impactos, aectando regiones de elevada ragilidad ecológica, como es el caso del PNANMI Serranía de Aguaragüe, una de las áreas protegidas en peor estado ambiental del SNAP, donde además de los procesos exploratorios, se tienen impactos por cruce de túneles para ductos petroleros (PETROBRAS), y de la obra caminera que cruza la serranía entre Caraparí y Yacuiba (Palmar) impulsada por la gobernación de Tarija el 2008. A las presiones en curso, se suman los pasivos ambientales derivados de las actividades hidrocarburíeras. En la zona tradicional petrolera sur del país, aproximadamente existen alrededor de 400 pasivos en los departa-
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mentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, muchos de los cuales generan eectos crónicos de contaminación a cuerpos de agua. En el caso del Área Protegida Aguaragüe el impacto de la quebrada Los Monos ya es crónico, la cual es aectada por pasivos contaminantes desde hace varios años y que hasta el momento no han sido mitigados (Mamani, 2003). Los pasivos de las quebradas Monos y Caigua corresponden a las operaciones de YPFB y una empresa americana (Gleen McCarthy) de los años 70. Además destacan los pasivos de la quebrada Cororoi, resultado de las operaciones de MAXUS-REPSOL y los pozos Camaitindi X-1000 y Timboy X-1, pasivos dejados por CHACO. Los pozos abandonados abiertos o mal sellados, sea que culminaron su ase productiva o que no resultaron económicamente viables, así como las piscinas de lodos y de aguas de ormación, son las uentes de pasivos que generan mayores im pactos y suman varias decenas sólo en el departamento de Tarija. Tarija. El año 2009 se comentaba en la prensa de Tarija, que trece pozos abandonados ueron identicados como de alto impacto ambiental, cuya si tuación obliga a ejecutar permanentes intervenciones de mitigación para renar la emanación de petróleo, gas natural y suluros aguas arriba y abajo de las planchadas. planchadas . La emanación contamina las quebradas Cororoy, Tucán, Los Monos y Caigua circundantes a la zona, donde está ubicado el campo petrolero de Sanandita, descubierto a nales de 1920 por la STANDARD OIL (Tarija Economía, junio 2009). Alipio Valdez (CERDET-LIDEMA) DET -LIDEMA) estimó que la salud de al menos cinco mil personas, en tre guaraníes y campesinos, está en peligro por beber agua contaminada por la existencia de pasivos hidrocarburíeros en la zona del Aguaraguüe: “ Hay animales que mueren, la vegetación no crece y las afuentes de agua están contaminadas por la emanación de crudo y gas”. En tanto que La Unidad de Gestión y Calidad Ambiental de la gobernación de Tarija, respaldó las ad vertencias propaladas hasta el momento, añadiendo que los pozos pozos Sanan-
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dita X-1, Sanandita 31 y Tucán-9 son pasivos hidrocarburíeros de alto riesgo, debido a que producen petróleo alrededor de 2 barriles por día. A estos pasivos se agregan aquellos del campo Los Monos que contaminan las aguas y el suelo de la quebrada del mismo nombre con aproximadamente la emisión de 4 barriles de petróleo diarios (Tarija (Tarija Economía, junio 2010). Un experto geólogo de la región opina que entre el 2003 y 2004, el proyecto de peroración exploratoria del pozo Timboy X-1, por parte par te de la empresa Chaco, generó problemas ambientales por la desestabilización de taludes durante la apertura del camino, provocando daños en las quebradas (Tarija Economía, junio 2010). A los severos impactos por pasivos, en los próximos años, se sumarán dos procesos de exploración: a) la exploración sísmica 3D de YPFB-PETROBRAS. El uso de la 3D hace suponer que hay mayores probabilidades de éxito de encontrar algún depósito hidrocarburíero económicamente atractivo para las empresas, con lo cual aumenta el nivel de riesgo; b) las exploraciones sísmicas de PETROANDINA, Aguaragüe Norte, Aguaragüe Centro, Aguaragüe Sur A y Aguaragüe Sur B. Las operaciones hidrocarburíeras ocasionarán impactos a los ecosistemas y medios de vida locales, los cuales deberían estar claramente denidos en el Es tudio de Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de mitigación y otros instrumentos de gestión. A pesar de los recaudos a tomarse, los impactos inmediatos, posteriores (pasivos) y acumulativos, estarán presentes.
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Lodos y Aguas de Formación Fuentes: arenas, 2008. CBH Los lodos de perforación tienen alto poder contaminante, son uidos utilizados en la perforación de pozos para lubricar los taladros y las rocas, refrigerar, equilibrar las presiones de las aguas de formación, transporte de recortes, estabilizar las paredes rocosas. Además de aceites del tipo diesel (lodos con base aceite), incluyen adelgazantes como ligninas y lignosulfatos, sosa caústica, bisulfato de amonio o de sodio, antiespumantes, detergentes, biocidas como formaldehído o fenol clorinado (para evitar proliferación de hongos y bacterias en los equipos), aguas tiritadas y otros marcadores como Bario o Radón. Los volúmenes de lodos utilizados varían entre 500 y más de 5.000 metros cúbicos, dependiendo de la profundidad de perforación. Los lodos de perforación implica la utilización de aguas de fuentes locales. Las aguas de formación constituyen las mezclas que aguas liberadas en el proceso de perforación y tienen también un alto poder contaminante por la presencia de aguas con cantidades variables de hidrocarburos, metales pesados, incluso materiales radiactivos y desde luego los materiales de los lodos de perforación. Las aguas de formación y lodos residuales pueden ser reinyectados, pero la modalidad más común es su depósito en piscinas que deben ser impermeables y controladas para evitar fugas. Los rebalses de piscinas y fugas accidentales o negligentes, ocasionan eventos de severa contaminación a cursos o cuerpos de agua en las zonas de operación.
Otras amenazas se derivan del tendido de ductos, como el del Altiplano, campo Kanata (Santa Cruz), entre los campos productores y las plantas localizadas en Camiri y Villamontes. Uno de estos cruza la TCO Weenha yek en el Chaco de Tarija; otro cruza el área protegida Aguaragüe. Todo Todo el sistema de ductos (gas o petróleo y condensados) implica además un riesgo de accidentes, más aún considerando la caducidad de algunos tramos. No se conoce un inorme actualizado al 2009 de YPFB-Transporte, sobre el estado de los ductos hidrocarburíeros en Bolivia. Las presiones sociales también han mantenido un ritmo constante, los espacios indígenas han sido de diversas ormas avasallados por el ingreso temporal o permanente de las empresas petroleras, en tanto que los mecanismos de consulta social han sido débilmente aplicados y con múltiples deciencias de acuerdo a recurrentes denuncias de los líderes de la APG y las dierentes TCO´s Guaraníes y Weenhayek. Los líderes y monitores
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indígenas enrentan uertes limitaciones de acceso por parte de las empresas a las zonas de operaciones, dentro de sus propias TCO´s o espacios comunitarios. Un caso tristemente anecdótico y que podría ser paradigmático del accionar abusivo de las empresas petroleras, es el descrito por Katari (2009), en un inorme de monitoreo, en la zona de las comunidades Central y Tucainti en la zona de los pozos Sábalo 1-6, bajo operaciones de PETROBRAS: Lo más sorprendente ue el ingreso a la comunidad Guaraní Tucainti donde se tiene un portón de ingreso controlado por PETROBRAS, el mismo que sólo se puede pasar en horarios determinados; es decir, decir, se limita gravemente la circulación de los comunarios, si llegan tarde, deben esperar la hora habilitada por la empresa para ingresar a sus viviendas. A decir del Capitán comunal, ese problema lo vienen suriendo desde desde hace más de 6 años, sin que PETROBRAS en ningún ningún momento momento pro cediera a consultarlos”. Es insólito e inaudito, los indígenas guaranies, con pleno apoyo apoyo de la nueva Constitución Política del Estado están impedidos de entrar a sus propias tierras, cuando así lo necesitan o quieren. La todo poderosa empresa empresa brasilera así lo ha dispuesto. Esta situación es una clara violación de los derechos humanos y los derechos indígenas, anteriores gobiernos así lo permitierony, desaortunadamente el actual gobierno lo sigue haciendo. Caso Sanandita y la Eastern Humphreys y Catari, 2009 El PNANMI Serranía del Aguaragüe creado en el año 2000, mediante la Ley No 2083, es considerado la fuente más importante de agua para los tres municipios de Caraparí, Villa Montes y Yacuiba que conforman la Provincia del Gran Chaco. La extensa vegetación de esta selva de montaña produce el “efecto esponja” que absorbe humedad y envía agua a través de una serie de quebradas y riachuelos hacia el río Pilcomayo. Al interior de la parte ANMI, se encuentran 33 comunidades indígenas (Guaraní y Weenhayek) de las cuales 15 están dentro de los límites del Área Protegida y 18 están en la zona de inuencia inmediata. La población total del área cuenta con un poco más de 5.500 habitantes.
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Hidrocarburos
Al Sur de la Serranía de Aguaragüe en el municipio de Yacuiba, se encuentra el campo Sanandita, uno de los campos petroleros más antiguos de Bolivia que data del tiempo de la Standard Oil, para luego pasar a ser operado por YPFB, hasta que dejó de producir en 1982, habiéndose perforado 27 pozos en total. El proceso de cierre y restauración de la zona no se realizó y, por varias décadas los pasivos ambientales han sido fuente de denuncias por parte de las organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y líderes indígenas y campesinas que tienen que convivir con la contaminación. YPFB estima que hay diez pozos en estado crítico en la zona. El año 2006 el Vice-Ministerio de Biodiversidad había exigido una acción inmediata para el cierre denitivo de pozos petroleros abandonados en el campo Sanandita. El año siguiente YPFB contrató a la Consultora Ambiental Quebracho para realizar un estudion de diagnóstico sobre los pasivos ambientales. A nales de octubre del 2008, una pequeña comisión conformada por representantes de esta entidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, YPFB, SERNAP, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, representantes indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní Yaku Igua (Yacuiba) y del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, realizaron una inspección a los pasivos ambientales del campo Sanandita. Quedó maniesto que varios pozos se encontraban en un avanzado estado de abandono y deterioro abierto, evidenciándose la necesidad de remediación inmediata de los pozos X1, X3, X9, X17 y X31 que fue anotada en el Acta de Inspección. A nes del 2008, la Empresa Eastern Petrogas,una empresa de capitales chinos con poca trayectoria en el sector hidrocarburífero y con ninguna operación en América Latina, noticó a las autoridades del área protegida la intención de solicitar un permiso de ingreso al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado PNANMI Aguaragüe para realizar “medidas provisionales de control de la contaminación” y la implementación del plan de acción ambiental inmediato para el campo Sanandita, plan que todavía no terminaba de ser elaborado. También se informó que la empresa necesitaba ingresar a la zona para realizar otras actividades que parecían más ligadas a la exploración, como el realizar una evaluación de la potencialidad de la zona para el desarrollo de proyectos futuros. La carta fue rmada por el Director Ejecutivo de Eastern Petrogas. A pesar de no contar con un permiso para entrar en la zona, se observó en el acta de inspección la deciente actuación por parte de YPFB, de no organizar un proceso de Consulta y Participación con los Pueblos Indígenas de la zona, los representantes de Eastern Petrogas realizaban visitas a la zona, donde sostuvieron conversaciones con los residentes para “socializar” el proyecto. Según algunos residentes entrevistados, los representantes de la empresa les aseguraban que el proyecto avanzaba y contaba con el apoyo del gobierno aunque YPFB y Eastern Petrogas no habían rmado aún un contrato. Los líderes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Yaku Igua, junto con el Concejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, observaron que los funcionarios públicos de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos estaban a favor de las empresas ofreciendo comentarios como: “Hay que perforar,” y “ellos (las empresas) nos pueden presentar demandas si resistimos su entrada”. Por otro lado, los líderes estaban especialmente preocupados por las expectativas que se levantan en las comunidades y las divisiones que resultan entre los pobladores, como consecuencia de la presencia petrolera. En el pasado, las ofertas de empleo, compensación y benecios han producido fuertes disputas por el poder, dentro de algunas organizaciones indígenas y comunidades campesinas. En esta ocasión los líderes expresaban su frustración con un gobierno que no tenía la capacidad de entender las consecuencias de sus acciones, para con las organizaciones indígenas.
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Hidrocarburos
Reunidos con funcionarios de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos, SERNAP y el Viceministerio de Biodiversidad, los líderes manifestaron su frustración por la falta de una buena comunicación, y la falta de respeto hacia sus organizaciones. La representante de YPFB admitió que el tema de remediación de los pasivos ambientales, era más complicado de lo esperado: “No hay plata para limpiar, confesó ella, sólo hay plata para producir”. En este caso, existía la autorización para llevar a cabo los trabajos de remediación; sin embargo, no se había asignado un presupuesto para realizar la actividad. Según esta representante, el gobierno no cuenta con fondos designados para trabajos de remediación y que los recursos para tales actividades, tendrán que venir de la cooperación internacional. En el transcurso del año 2009, YPFB y EASTERN PETROGAS formaron una sociedad mixta para realizar un proyecto de recuperación de pozos en el Campo Sanandita, con una inversión aproximada de 193.5 millones de dólares Sin embargo, dos inspecciones independientes, el primero en el mes de mayo de 2009, conformado por un grupo de periodistas tarijeños, acompañados por representantes de la sociedad civil y funcionarios del SERNAP. El segundo en septiembre de 2009, una expedición conformada por profesionales de la sociedad civil junto con el SERNAP y representantes indígenas, encontraron lo mismo: Una situación de pasivos ambientales, incluyendo el campo Sanandita, totalmente desatendidas, compromisos incumplidos por parte de las empresas y el gobierno. A pesar de las promesas hechas por YPFB en enero de ese mismo año, de actuar en forma inmediata para remediar los pozos más peligrosos, todo quedaba igual.
itsfaó Rsgos El año 2009 ue el año del incremento de riesgos por las actividades hidrocarburíeras, básicamente la preparación de lo que será el 2010 (al contrario de lo que ocurre en minería), en términos de aectaciones por las diversas operaciones de exploración sísmica y de peroración de pozos exploratorios. De acuerdo a los planes del gobierno, se prevé una intensa actividad de exploración y explotación para los próximos años. El año 2009 estaban en puertas, varias operaciones de peroración exploratoria en diversas regiones de Tarija a cargo de las empresas “socias” de YPFB (PETROANDINA, PETROBRAS, BG, GTLI y TOTAL). La empresa REPSOL-YPF, una gran transnacional española con numerosos antecedentes de incum plimientos ambientales en el país y el mundo, anunció en noviembre de ese mismo año, una millonaria inversión en los campos Margarita-Huacaya. Por otro lado, YPFB-PETROANDINA perorará el pozo Timboy en el 101
Hidrocarburos
Bloque Sur A, del PNANMI Aguaragüe. En tanto, TOTAL tiene partici pación en las operaciones del megacampo Huacaya y la BG ya ampliaba sus operaciones en la llanura Chaqueña, aectando la TCO Weenhayek. En la región Chaqueña hacia Santa Cruz, se viene dando similar situación al igual que la región Subandina. Como se podrá apreciar, la magnitud de las operaciones hidrocarburíeras previstas en el territorio es muy grande y su análisis puede llegar a ser conuso y ambientalmente abrumador. Podría inclusive parecer una acumulación desordenada o aleatoria de iniciativas de ampliación de la ron tera petrolera, resultado de la oportunidad de inversiones y la disposición de las empresas, más que a un proceso estratégico. Resulta paradójico todo este enorme esuerzo exploratorio y de ampliación de la rontera hidrocarburíera, cuando a mediados del 2010, el propio Ministro Vincenti reconocía la alta de mercados, en especial para el gas boliviano, lo cual determinó la paralización de más acciones exploratorias (La Razón, 13 agosto 2010). De cualquier manera, con lo avanzado hasta mediados del 2010, se puede prever una enorme multiplicidad y acumulación de impactos y riesgos socio ambientales, incluso bajo el supuesto de un óptimo desempeño ambiental. Áreas de operación reservadas para YPFB (2008-2009) Bloque
Ubicación
Superfcie Has.
Carohauicho
408.000
Subandino y Chaco serrano de Santa Cruz
Iñau
100.000
Subandino de Chuquisaca, afecta la zona sudoeste del PNANMI Iñao
Aguaragüe
114.375
Subandino de Tarija. Es un PNANMI
Tiacia
91.225
Subandino de Chuquisaca-Tarija
Iñiguazu
64.375
Subandino de Tarija
Cedro
124.275
Subandino del PN Amboró en Santa Cruz
102
Hidrocarburos
Operaciones Hidrocarburíferas en Curso o recientemente explorados Campo-pozo-operación
Empresa responsable
Ubicación
Palmar 18
GTLI
Llanura central de Santa Cruz
Río Grande - Tajibo
Andina
Llanura central de Santa Cruz
Víbora
Andina
Pie de monte norte de Santa Cruz
Itaú exploración, posible explotación para el 2010
Total E&P
Subandino sur de Tarija
Ipati (Incahuasi)
Total E&P
Subandino sur Chuquisaca-Tarija
Bloque XX y Tarija Oeste
Total con participación de BG
Subandino de Tarija
Ipati y Aquío X 1001 Formación Huamanpampa
Total E&P-Tecpetrol
Caraparicito en la serranía de Incahuasi (Lagunillas-Santa Cruz).
San Alberto 15, San Alberto 17
YPFB, Petrobras, REPSOL YPF
Subandino de Tarija
Sábalo 5
Petrobras
Bloque San Antonio, Subandino de Tarija
Ingre
Petrobras
Subandino sur de Chuquisaca
Margarita
Repsol YPF
Subandino de Tarija
Escondido, La Vertiente
BG
Llanura chaqueña entre Villamontes y Yacuiba
Kanata X-2
YPFB-Chaco
Subandino norte Cbba-Sta.Cruz
Vuelta Grande Profundo. Sísmica 3D
Chaco-Geokinetics
Chuquisaca
La participación societaria en el Bloque San Antonio consiste en: ANDINAREPSOL con el 50%, el operador de los trabajos PETROBRAS con el 35%, mientras que la rma TOTAL FINA BOLIVIA es el accionista menor en el proyecto con el 15%. PETROBRAS daba a conocer en julio del 2009, una inversión superior a los 25 millones de dólares en el desarrollo del Pozo Gasíero Sábalo 103
Hidrocarburos
X5, con lo que prevé aumentar la capacidad de producción de la Planta Sábalo a más de 13 Millones de Metros Cúbicos por Día (MMCD). Las acciones de PETROBRAS en el bloque San Antonio (Planta Sábalo y Pozo X5) se desarrollan en gran parte de la serranía Caipipendi de la pro vincia Gran Chaco, entre los municipios de Villamontes y Caraparí (El Mundo, julio 2009). La planta Sábalo, a mediados del 2009, trabaja con cuatro pozos encargados del aprovisionamiento de los casi 14 MMCD de exportación de gas; en tanto que en la instalación del pozo Sábalo X5, se peroraron 4.557 metros de proundidad y las actividades continuaron hasta encontrar el nivel del reservorio gasíero, a una proundidad programada cercana a los 5.000 metros. El proyecto de desarrollo del pozo Sábalo X5 demandó, además, la cons trucción del puente que atraviesa el río Pilcomayo como apertura de rutas de acceso. En la zona operada por PETROBRAS, se encuentra el túnel de la serranía Aguaragüe, que ue construido en el período 2003-2004, atravesando el cerro en una longitud mayor a los dos kilómetros y, por donde atraviesan dos ductos que se conectan con las líneas Gasyrg y Yabó (El Mundo, julio 2009). Las proyecciones de YPFB y las empresas asociadas apuntan a acelerar la producción de gas natural hasta el 2015, con una inversión de 3.466 millones de dólares. Los proyectos exploratorios inmediatos o proyectos exploratorios A (previstos entre 2009 y 2015), comprenden 10 pozos ex ploratorios, principalmente localizados en la Zona tradicional entre Tarija y Cochabamba, con un éxito estimado del 30%.
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Hidrocarburos
Compañía Operadora
Proyecto exploratorio A
Año
PETROBRÁS Bol.
Ingre
2009
YPFB Andina
Camiri Profundo
2010
PETROANDINA
Timboy
2010
YPFB
Itaguazurenda
2010
Percheles
2011
Carrasco
2010
Vuelta Grande
2011
El Dorado
2014
Liquimuni
2014
Iñau
2015
CHACO
PETROANDINA
Plan de proyectos exploratorios inmediatos (fase A) Fuente: YPFB CorPoraCión
En tanto que los proyectos exploratorios B, previstos por YPFB, están proyectados entre el 2016 y 2026, e incluyen 20 pozos exploratorios, a un éxito estimado del 20%. La Empresa Mixta PETROANDINA publicó la convocatoria para la “Contratación del Servicio de Levantamiento Sísmico Bidimensional (ex ploración sísmica 2D), en los bloques Iñaú 09G 2D e Iñiguazú 10G 2D”. Según la convocatoria, la empresa tiene proyectado, en el 2010, “ realizar la grabación de registros sísmicos bidimensionales terrestres ” en los bloques señalados.. La zona en la que se desarrollará el proyecto comprende los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Otras operaciones de PETROANDINA será la sísmica 3D en cada uno de los siete bloques del sur (un promedio de 300 kilómetros cuadrados por bloque) y se perorarán 14 pozos exploratorios, dos por bloque, en el tiempo previsto, calculando una inversión total de alrededor 646 millones de dólares. Paralelamente, se anunciaba que la Empresa Estatal YPFB, incorporó en su presupuesta 2009, la primera prospección peroratoria después de más de 15 años, con el Pozo Itaguazurenda –X3 en el Reservorio de la Forma105
Hidrocarburos
ción Iquiri (municipios de Charagua del departamento de Santa Cruz), con una proyección de conclusión para el 2010 (YPFB Corp. 2009). La inversión total de la empresa estatal para exploración y producción, será de casi 88 millones de dólares, concentrando acciones en la zona tradicional del Chaco. En septiembre del 2009 (YPFB Corp.), se anunció que YPFB encarará la exploración del Proyecto Camiri Proundo, con una inversión de 55 millones de dólares proyectados a 500, en su ase integral y que implica el desarrollo de 5 nuevos pozos (entre 2012 y 2016). YPFB considera histórica la reactivación de las peroraciones en Camiri, pues signica su reactivación operativa después de 15 años. YPFB Corporación operará Carohuaycho 8D en un área reservada bajo su tuición que incluye los campo Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos), así como el proyecto Sararenda, que ha sido nalizado y con peroraciones previstas para nes del 2010, desde la planchada Guairuy, a cargo de la empresa subcontratada PETREX (ERBOL, 14 julio 2010). También se proyecta la Megaplanta de Gas Sararenda PG-SRR para el2013 y la construcción de un gasoducto de 44 kilómetros de largo y un oleoducto que enlazará con el ducto OCY-1. Las obras civiles del proyec to estarán a cargo de YPFB-Andina y VIALCO, que implican el mejoramiento de caminos de acceso, planchada del pozo, del campamento, osas de quemas, osas de agua y áreas de acondicionamiento tubular (Reporte Energía, Noviembre, 2009). El cronograma de YPFB-Andina contempla además la peroración del pozo SRR-X1 para abril del 2010, dentro el proyecto Sararenda (Reporte Energía, Diciembre, 2009). Las nuevas tecnologías de exploración en zonas más proundas (caso Sararenda, Carohuaicho e Incahuasi, Tacobo y Huacaya) abren posibilidades de encontrar mayores reservorios de hidrocarburos en el Subandino Sur de Bolivia. Los descubrimientos de Bermejo y San Alberto han
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Hidrocarburos
motivado la exploración de reservorios más proundos (proundidades mayores a 4 Km.). Operaciones de Mayor Riesgo Previsto para el 2010 y los Siguientes Años : Campo-pozo-operación
Empresa Responsable
Ubicación
Timboy
Petroandina SAM (YPFB-PDVSA)
Bloque Sur del PN. Aguaragüe (Sur A)
Huacaya
Total
Subandino Sur de Chuquisaca
Margarita-Huacaya
Repsol-YPF
Subandino de Tarija y Chuquisaca
Suris, Palo Marcado, Escondido, La vertiente y Taiguati
BG
Llanura Chaqueña de Tarija entre Villamontes y Yacuiba
Bloque Aguaragüe Sur “A”
Petroandina SAM
Subandino central de Tarija
Tiacia, Aguaragüe Norte, Aguaragüe Centro y Aguaragüe Sur B,
Petroandina SAM
Subandino Norte de Tarija
Tiacia e Iñiguazú
Petroandina SAM (2010-2015)
Subandino Norte de Tarija
Megacampo San Antonio-Sábalo. Exploración Sísmica 3D
Petrobras
Subandino Sur de Tarija
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.
YPFB-GLTI
Subandino y llanura chaqueña
Percheles, Vuelta Grande y Chimoré (Cbba.).
YPFB-Chaco (2010-2011)
Bloque Azero
Total-Gazprom y YPFB
Subandino entre Chuquisaca y Santa Cruz.
Carohuaycho 8D, incluye los campos Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos)
YPFB Corporación
Subandino Sur de Santa Cruz
YPFB Corporación
Provincia Cordillera, pie de monte chaqueño de Santa Cruz
YPFB Andina
Provincia Cordillera, pie de monte chaqueño de Santa Cruz
Sararenda (perforaciones previstas desde la planchada Guairuy) Pozo SRR-X1 dentro el proyecto Sararenda
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Subandino Sur - Chaco de Tarija
Hidrocarburos
Pozo Itaguazurenda –X3 (primera prospección perforatoria después de más de 15 años)
YPFB Corporación
Formación Iquiri (Municipio de Charagua en Santa Cruz)
Camiri Profundo: 5 nuevos pozos (2012-l 2016)
YPFB Corporación
Subandino Sur de Santa Cruz
Megaplanta de gas Sararenda PG-SRR (2013) y gasoducto de 44 kilómetros de largo y oleoducto de enlace al ducto OCY-1.
YPFB Andina-VIALCO
Subandino Sur de Santa Cruz
Gasoducto Campo Margarita-Madrejones
YPFB Transportes
Frontera con la Argentina
En abril del año 2008, el Congreso Nacional aprobó el contrato para la exploración y explotación de áreas reservadas: Aguaragüe Norte, Centro, Sur “A” y Sur “B” Iñau, Iñiguazu y Tiacia, suscrito entre YPFB y PDVSA (PETROANDINA SAM). Entre las cláusulas del contrato destacan la ejecución por parte de PETROANDINA SAM de actividades de ex ploración y explotación, en un plazo de 40 años. En tanto que a nes del 2008, el Senado aprobó un Proyecto de Ley para la conormación de una compañía mixta entre la Estatal YPFB y la Empresa GTLI. A inicios del 2009, sólo restaba ser aprobada los contratos para cuatro bloques del nor te que implicaban La Paz, Beni y Pando, además de otros en Chuquisaca Santa Cruz y Tarija. En tanto, YPFB-GTLI también trabaja en dos bloques de la Región Oriental de Santa Cruz y en un bloque de Chuquisaca (Hidrocarburosbolivia.com, julio 2008). En los próximos cinco años se proyecta la inversión para la ingeniería y la construcción de la planta de tratamiento destinada a desarrollar los megacampos Margarita y Huacaya con inversiones de REPSOL YPF por 1.500 millones de dólares, para el desarrollo de reservas de gas natural. Adicionalmente, de acuerdo a esta empresa transnacional, las potencialidades hidrocarburíeras del Subandino sur se incrementan al considerar las ormaciones geológicas proundas como en Huamampampa, Icla o 108
Hidrocarburos
Santa Rosa, lo cual ue conrmado con los nuevos megacampos Huacaya e Incahuasi. El Presidente Morales resaltó que “la inversión extrajera será siempre bienve nida y respetada” siempre y cuando esté circunscrita en los términos de res petar la soberanía del país. De acuerdo con las proyecciones, las inversiones podrían incrementarse, si existen grandes reservas de hidrocarburos. Para el desarrollo de la cadena productiva en los próximos 10 años, se creará la Empresa Boliviana de Industrialización. La petroquímica es una parte de la cadena de hidrocarburos, la cual comienza con el “ upstream” (exploración y producción), pasa por renerías y separadoras de gas, sigue por las centrales petroquímicas de primer nivel o de básicos (etano, etileno), para continuar luego por la petroquímica intermedia o de resinas y, nalmente, al convertidor de plásticos (ReporteEnergía, septiembre, 2009). Paralelamente, se anunciaba que YPFB Transportes invertirá 20 millones de dólares en un gasoducto que irá desde el campo Margarita hasta Madrejones en la rontera con la Argentina, lo cual está previsto a partir del segundo trimestre del 2010. De esta orma el gobierno busca compensar la disminución de la demanda brasilera y aprovechar la declinación de la producción de hidrocarburos en el norte argentino . Estas que evidentemente son buenas noticias para diversos sectores del gobierno y el sector petrolero en particular, pero para los ambientalis tas es motivo de uerte preocupación, en especial considerando la posición que adoptaron en los últimos meses del 2009, el entonces Ministro de Hidrocarburos y la Presidencia de YPFB, caracterizada por su pleno desprecio a la aplicación de las normativas y regulaciones ambientales y una actitud en exceso prepotente (ver capítulo de contexto general de los hidrocarburos, en este trabajo).
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Hidrocarburos
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que implica cuantiosas regalías a las regiones, además de haber generado una lógica rentista y un mar de rencillas, no sólo entre las regiones y el nivel central del Estado, sino entre las propias regiones, no ha aportado ni un centavo para nes de ortalecimiento eectivo de la paupérrima gestión ambiental del gobierno central o de las gobernaciones. Paradójicamente, no se ha previsto ningún insumo para el sector ambiental, que es precisamente el más aectado por las actividades hidrocarburíeras. A lo anterior se debe sumar el hecho de que las oertas de desarrollo, desde el sector hidrocarburíero; por ejem plo, en Tarija o en el Norte de La Paz, parecen no tener las adecuadas contenciones ambientales, por lo que se hace necesario, diseñar canales alternativos de articulación entre conservación y desarrollo, que puedan ir más allá de la aplicación de instrumentos y recaudos ambientales clásicos, como el principio precautorio (Zambrana, 2008). Esto es eviden te cuando llegan a las regiones los recursos del IDH, que producen un apoyo social regional incondicional a la explotación petrolera y gasíera, situación que no se daba antes. El Caso de PETROBRAS y la Expansión del Megacampo Sábalo (Bloque San Antonio) Humphreys y Catari, 2009 En diciembre del 2008, el SERNAP y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT) rmaron un acuerdo para la co-administración del PNANMI Aguaragüe. Sin embargo, existe cierta disconformidad con los planes del gobierno nacional por ampliar la actividad hidrocarburífera dentro del Aguaragüe. Un mes antes, es decir, en noviembre del 2008 se inició la expansión de actividades hidrocarburíferas por parte de PETROBRAS, el operador del mega campo Sábalo-San Antonio, dentro del Municipio de Villa Montes en el Gran Chaco. Esta transnacional y el Grupo PCA Ingenieros Consultores S.A. llamaban a una reunión para socializar la información con el público; sin embargo, según el acta de la reunión, rmada por los participantes, se cuestionó a los organizadores, por no haber invitado a las demás organizaciones de la sociedad civil de la zona.
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Hidrocarburos
La propuesta presentada fue de un Proyecto de Exploración Sísmica 3D que proyectaba cubrir un área grande, aproximadamente 936km², establecer 5 campos de base, construir 500 helipuertos (uno cada 2km²) y crear 1.700 zonas de descarga. Además se abrirá 226 brechas sísmicas de 1.5m de ancho con una longitud total de más de 4.000 kilómetros de líneas sísmicas con más de 6.000 puntos de explosión. En la reunión, no se hizo mención a la cantidad de pueblos y familias impactadas y menos sobre las dimensiones de los impactos. La poca participación de la sociedad civil de la zona impactada (o sea del Chaco), por un lado, es indicador del poco conocimiento de la zona que tienen los consultores y, por el otro el poco interés de establecer buenas relaciones con las poblaciones afectadas. El Ministerio de Hidrocarburos no había llamado aún a los pueblos indígenas y comunidades campesinas a participar en un proceso de Consulta y Participación. De hecho, estos grupos ni sabían de la existencia de la propuesta de expansión por parte de PETROBRAS. En septiembre del 2009, CERDET-LIDEMA y la Plataforma Ambiental de Tarija en coordinación con la APG Yaki Igua, el SERNAP Aguaragüe y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija organizaron una expedición a la zona de Aguaragüe para realizar actividades de seguimiento y vigilancia ambiental en relación a las operaciones hidrocarburíferas en el Chaco. En relación al desagüe de las aguas residuales del campo Sábalo al río Pilcomayo, se tiene información de que en el día vierte aguas tratadas; no obstante, en horas altas de la noche o madrugada se vierte aguas no tratadas las que despiden un olor fuerte. Hasta la fecha no se tiene datos de laboratorio que pruebe el grado de contaminación de dichas aguas.
Rspusta La respuesta de la Autoridad Ambiental Competente (AAC), a través de la scalización, aplicación de instrumentos ambientales, normas, consulta pública, remediación, etc. ue extremadamente magra, por diversas limi taciones operativas y jerárquicas. Se observaron persistentes alencias y deciencias en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental (Fichas y EEIA), lo cual se maniestó en una ausencia de acciones de scalización, control y prevención de impactos de las operaciones petroleras. Algo que evidentemente contribuye a la reducida ecacia de la AAC, es la gran cantidad de operaciones petroleras en diversas regiones del país, en relación a la alta de recursos humanos y poca capacidad logística, así como los vacíos de acción de las autoridades ambientales departamentales en el tema, y la inexistencia de coordinación entre las autoridades ambien111
Hidrocarburos
tales del nivel nacional y departamental. El rol de la AAC ue eminentemente pasivo y con muy escaso protagonismo en cuanto a aspectos de refexión y de alertar al sector petrolero, sobre los riesgos de los procesos intensicados y acelerados que impulsa el sector energético. Un rol incluso más penoso, tuvieron las ocinas ambientales sectoriales dependientes, tanto del Viceministerio de Hidrocarburos como de YPFB. El concepto ambiental que las ocinas estatales del sector ocial petrolero manejaron desde hace décadas, se continúan manejando actualmente y es la misma que han enarbolado las propias empresas petroleras, en sentido de que lo ambiental es un mero obstáculo al desarrollo de las inversiones y la generación de benecios económicos; en resumidas cuentas, una ma jadería de los ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales, una lógica propia del desarrollismo que no tiene colores políticos, pues emergen, tanto en gobiernos de derecha como del Perú, o en gobiernos progresistas socialistas, como el de Bolivia o Ecuador. A lo largo de varios años se ha dado una resistencia por parte de las organizaciones indígenas a las actividades petroleras en la región; sin embargo, siempre han tenido muy escaso apoyo de las instancias gubernamentales responsables como es el de ortalecer la participación social y asuntos indígenas, e incluso de las autoridades ambientales. La tónica de las empresas y de las ocinas sectoriales ha sido procurar debilitar a las comunidades a través de la división, cooptaciones y compensaciones inadecuadas (testimonio directo, Nelson Bartolo, APG. Febrero, 2010). En los últimos años, algunas empresas transnacionales, más allá de la reticencia de YPFB a coordinar y concertar con los indígenas, han progresado en cuanto a plantear acuerdos de indemnización y compensación, más concordantes con las expectativas indígenas, tal es el caso de la TOTAL con la APG. Las dirigencias indígenas mencionan reiteradamente, la di-
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Hidrocarburos
cultad de lograr acuerdos avorables con YPFB o algunas empresas nacionalizadas como CHACO o ANDINA. Al igual que en años anteriores, el 2009, las principales maniestaciones de control-resistencia social a las operaciones hidrocarburíeras, se dieron a partir de las propias organizaciones indígenas de la región chaqueña. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), las dierentes TCO´s Guaraníes y la TCO Weenhayek ueron las protagonistas de recordar permanentemente al gobierno y a las dierentes empresas, la existencia de un marco normativo y una nueva Constitución Política del Estado, a las que se tenía que responder y cumplir. Se debe destacar el pronunciamiento de las organizaciones indígenas a mediados del 2009 (analizado a detalle en capítulos anes del presente trabajo), rechazando las políticas atentatorias e irresponsables en la explotación tanto hidrocarburíera como minera, las cuales vulneran no sólo las normas ambientales vigentes, sino los principios y disposiciones relacionadas a la consulta pública. El nivel de empoderamiento y de capacidades adquiridas; por ejemplo, la APG desdice la visión paternalista del gobierno hacia los indígenas, en sentido de que éstas dependerían de la supuesta manipulación de ONG´s, y serían incapaces de realizar sus propios planteamientos. Varias instancias privadas como ONG´s, redes, centros, ligas o oros (CEDLA, CEJIS, LIDEMA, FOBOMADE, CEADESC, CEADL) tuvieron un rol importante en el cuestionamiento, no sólo del accionar ambientalmente decitario del sector petrolero, sino denunciando la agresividad del modelo de desarrollo extractivista y primario exportador, hacia el ambiente y los medios de vida locales, del cual el sector hidrocarburíero es posiblemente, en la actualidad el primer abanderado. Otra queja recurrente de las organizaciones indígenas ha sido que las empresas ponen muchos obstáculos en el acceso a las zonas de operación,
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Hidrocarburos
para nes de monitoreo, lo que desdice la aparente “buena voluntad” y transparencia de éstas. A inicios del 2010, empezó el conficto en la región sur de Tarija, ante el anuncio de YPFB-PETROANDINA sobre la peroración de su primer pozo (Timboy) en el PNANMI Agüaragüe (bloque Sur “A”). Los indígenas guaraníes rechazaron los proyectos exploratorios y de explotación, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos abogaba por continuar con las actividades petroleras y “buscaba el diálogo” con los guaraníes para bajar la tensión y acilitar la ejecución de proyectos (ReporteEnergia, abril 2010). Se conocía que PETROANDINA tramitaba la respec tiva Licencia Ambiental y encaraba los trabajos de ingeniería básica y de detalle para construir accesos a los sitios escogidos y localización de la planchada sobre la que se construirán las undaciones que soportarán el equipo de peroración. Por el contrario, no solamente son PETROBRAS y PETROANDINA, las empresas con proyecciones en el Aguaragüe, sino que, además, guran en la lista de operadoras de YPFB, a TOTAL, BG y la empresa rusa GAZPROM, la cual es nueva en el conjunto de las recientes alianzas que ha realizado el gobierno. Los indígenas se reunieron con el Ministro Vincenti de Energía e Hidrocarburos, donde expusieron sus demandas y avanzaron en el análisis de algunos temas, pero respecto a las operaciones en el Parque Nacional Aguaragüe y áreas de infuencia no hubo acuerdo y se decidió no permitir actividad de exploración y explotación. El documento resolutivo de los indígenas Guaranies exigía una: “ pausa por la Madre Tierra que se traduzca en la suspensión denitiva de todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Aguaragüe y áreas de infuencia, mismas que son parte de nuestro territorio ancestral y sobre las cuales el Pueblo Guaraní tiene derechos precedentes al Estado boliviano” (ReporteEnergia, abril 2010).
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La alocución del Ministro de Energía e Hidrocarburos, a los indígenas en la asamblea respecto al conficto de Aguaragüe, son testimoniales del modelo extractivista primario, preeminente a cualquier otra necesidad o expectativa de los habitantes de la nación: “… la exploración en el país no puede parar debido al aumento de la demanda de gas en el mercado interno por las conversiones a Gas Natural Vehicular (GNV), y mayores envíos de este energético a países vecinos. De alguna u otra orma, todos contaminamos el medio ambiente, pero se puede trabajar en reducir la mitigación. Las soluciones no son inmediatas, es un proceso en el que tendremos que avanzar, pero hay que explorar no más, es inevitable” (ReporteEnergia, abril 2010). Ante el discurso tecnocrático ministerial, los dirigentes indígenas armaron: “ La verdad es que hay muchas cosas en las que deben refexionar los ministros. Esta marcha que hemos realizado es una muestra de que se deben corregir algunas cosas que se están cometiendo en contra de la humanidad y que el pueblo sale a de ender. No estamos hablando de compensación sino de que se respeten los derechos y se hagan cumplir las normas para evitar que se dañe los recursos naturales, espe cialmente el agua” (ReporteEnergia, abril 2010). La paciencia de los indígenas parecía haber llegado a su límite los primeros meses del 2010, cuando en el mes de abril, se inició una marcha indígena en el Chaco Tarijeño desde Yacuiba a Villamontes, en protesta por la conservación de los recursos naturales y la explotación de hidrocarburos. La medida busca generar conciencia de respeto y preservación de los recursos naturales en el gobierno nacional, precisamente como respuesta a los anuncios de las incursiones petroleras en el Parque Nacional Aguaragüe por parte de YPFB y las empresas socias (El Nacional, abril 2010). “Sabemos que quieren realizar seis mil explosiones subterráneas para estudios sis mológicos en el Aguaragüe. Imagínese el daño que esto puede causar a nuestro reservorio natural de agua dulce, uno de los más importantes de Sudamérica. Con todo el trabajo sísmico que se va a hacer en el Aguaragüe tenemos miedo que nuestro recurso 115
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más preciado, como es el agua, se vaya a perder ”, señaló un alto dirigente indígena. El Viceministro de Hidrocarburos se trasladó a Yacuiba en un intento de suspender la marcha. Los dirigentes indígenas raticaron la medida y que ésta se realiza porque “ es determinación de los indígenas de Yacuiba, Cara parí y Villa Montes, cansados de no lograr una atención real a sus demandas por parte del gobierno”. Los Guaranies critican que el gobierno nacional no está diciéndoles la verdad sobre los proyectos en hidrocarburos que pretenden realizar en el Parque, por ello, piden mayor sinceridad en el tema.
El epílogo de esta resistencia indígena, se quiebra a nes de julio e inicios de agosto del 2010, cuando el Ministerio de Hidrocarburos anunció la suscripción de un acuerdo con la APG, que viabilizaba el ingreso de cuatro empresas petroleras al Aguaragüe y las zonas de infuencia (PETROANDINA, BG, TOTAL y GAZPROM) para las tareas de exploración (La Razón, 5 agosto 2010). Llama la atención que no se mencionen ni conozcan, las condiciones del acuerdo suscrito entre el gobierno y la APG, debido a que es una muestra más de la supremacía del discurso gubernamental, sobre las reivindicaciones indígenas. Esto podría estar relacionado a su vez, con la posición que la APG asumió a mediados de julio, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno, y abandonando la racasada marcha indígena de la CIDOB. Al nal de cuentas, mucho discurso para nalmente, dejar al Aguaragüe en manos de las petroleras. A pesar de la posición de la APG, las comunidades del Aguarague, raticaron posteriormente, su rechazo a la intromisión de las petroleras en su espacio tradicional. En general, la respuesta desde los poderes del Estado al tema hidrocarburíero, en la zona sur tradicional del país, estuvo marcada por la polarización y avoritismo hacia las inversiones y operaciones de YPFB con las empresas “socias-operadoras”. Esto se puede concluir de las declara-
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ciones del Ministro Vincenti ante la Asamblea del Pueblo Guaraní, por el conficto de Aguaragüe. Por su parte, el accionar del sector hidrocarburíero, a partir de YPFB principalmente, ue absolutamente agresivo y contrario, no sólo al marco normativo ambiental; generando posturas abiertas hacia la fexibilización de las leyes, para dar paso, por ejemplo, a las operaciones petroleras en áreas protegidas, como es el caso de Aguaragüe y Madidi, sino desmereciendo el espíritu de la consulta pública y las demandas de los pueblos indígenas. El sector ha sido recurrentemente reacio hacia el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, es decir la revisión de la Ficha Ambiental, el EEIA y la aprobación de la Licencia Ambiental, consideradas como simples trámites o ormalismos que deben ser cumplidos lo antes posible y sin mayores dilaciones. De existir observaciones de la Autoridad Ambiental Competente sobre inconsistencias o vacíos, estos se toman como intentos de obstaculizar la obra o proyecto. Este tipo de comportamientos institucionales e individuales muestran una notoria al ta de responsabilidad y menosprecio por el marco normativo, en la que se denota, además, una maniesta arrogancia y alta de sensibilidad hacia los temas socio ambientales. Tal es el caso del presidente de YPFB, Carlos Villegas que acusó a los pueblos indígenas y a las organizaciones campesinas, de obstaculizar la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con Yacimientos: “ Los pueblos indígenas demandan a las empresas petroleras que operan en sus territorios compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes”. Para el Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE), estas peticiones son justas y no sobredimensionadas, como las calicó el presidente de YPFB, Carlos Villegas. En tanto que el presidente de la Conederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolo Chávez, censuró la declaración de Villegas y 117
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criticó la alta de voluntad para reunirse con las etnias del oriente para coordinar las labores petroleras que se pretende realizar (La Razón, 22 de septiembre 2009). Hacia nes del 2009, el Capitán Grande del Pueblo Weenhayek, Moisés Sapiranda, reveló que solicitaron a la empresa bri tánica BRITISH GAS (BG) 11 millones de dólares. Sin embargo, tras una negociación, nalmente llegaron a acordar una compensación de 2 millones de dólares, con pagos anuales de 100 mil dólares, durante 22 años. La autoridad indígena dijo también que se exigió empleo, punto en el que aún no se llegó a un acuerdo debido a que la demanda era de 150 empleos y la petrolera sólo orece 65 puestos de trabajo. Aclaró que la propuesta aglutina a 20 Comunidades del Pueblo Weenhayek, que viven en la región del Chaco tarijeño. El dirigente armaba: “ No consideramos que nuestros pedidos sean sobredimensionados, en absoluto, no es así, están conorme y de acuerdo a los impactos de la explotación petrolera ” (La Razón, 22 septiembre 2009). La BG Bolivia trabaja en los campos La Vertiente, Palo Marcado, Escondido, Los Suris, Taiguati, Ibibobo, entre otros. El tema de la consulta publica considerada por el gobierno y el sector energético, como un obstáculo a los proyectos de desarrollo, ue el cen tro de análisis y controversia en la región. En noviembre del 2009, la Deensoría del Pueblo de Tarija organizaba una reunión para estudiar, refexionar y dialogar sobre el derecho a la consulta previa en la provincia del Gran Chaco y los posibles escenarios de confictividad social, en anticipación a una nueva ola de inversión en la región. Con la participación de representantes de la sociedad civil, las organizaciones indígenas, el Minis terio de Hidrocarburos y la misma Deensoría del Pueblo, se buscaba desarrollar instrumentos de diálogo y manejo de confictos, para responder a las situaciones que pudiesen surgir a raíz de la propuesta de expansión hidrocarburíera y los proyectos de inraestructura, relacionados a aquella expansión. En cuanto a las acciones de la Deensoría departamental,
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se comentó que éstas refejan, tanto un nivel de preparación, como una actitud prudente rente a un uturo muy incierto y posiblemente altamen te confictivo. Por su parte, bajo el título, Consulta Indígena: “Cuello de Botella para el de sarrollo de la industria petrolera” , la revista especializada ReporteEnergía (octubre, 2009) analizó las contradicciones entre el desarrollo hidrocarburíero y los derechos indígenas establecidos en la normativa vigente (Reglamento de Gestión Ambiental y Reglamento de Consulta del sector hidrocarburíero-DS 29033), pero especialmente en la nueva Constitución Política del Estado. Un punto central de análisis era el pronunciamiento de diversas organizaciones indígenas, observando las alencias de las ocinas estatales en términos del cumplimiento de la consulta y exigiendo la participación, en las decisiones que tomen las ocinas del ejecutivo, en proyectos que aectan las TCO´s y áreas indígenas, según lo establecido en la nueva CPE. Según Miguel Vargas del CEJIS, existe una vulneración a los derechos indígenas, porque en el 2009, cuando se establecieron muchos contratos de operación petrolera, ya estaba vigente la nueva CPE. Incluso, el no respetar el procedimiento de consulta ha generado problemas al interior de las organizaciones indígenas, promoviendo divisiones (ReporteEnergía, octubre, 2009). Es importante maniestar que lo acaecido en Liquimuni (Norte de La Paz) y el tratamiento social que se hizo, es un evento unesto, que no se había producido ni en los peores momentos de la intervención de las transnacionales vía privatización, hace seis o siete años. Por otro lado, lo ocurrido en la TCO Itika Guazu del Chaco Tarijeño, es paradigmático en cuanto al uso de la consulta para lograr demandas como el saneamiento de sus tierras y paralizar las inversiones de la Empresa brasileña PETROBRAS (ReporteEnergía, octubre, 2009). Según el asesor del Consejo de Capi119
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tanes Guaranies del Chaco, Hernán Ruiz, la posición indígena ue dura y puso en una situación diícil a la petrolera, puesto que, mientras no se avance en el proceso de saneamiento, no habrá otorgación de la Licencia Ambiental. Al mismo tiempo, se observó como una burla y un engaño, la primera consulta al pueblo Weenhayek en el Campo Palo Marcado (BGBritish Gas), en la cual sólo se hizo una transerencia de inormación, que ni siquiera ue producida por las ocinas del Estado sino por la propia empresa. Según Ruiz, “la situación en el Chaco sigue siendo de extrema pobreza y de alto impacto para el medio ambiente ”, las regalías petroleras de Tarija ascendieron el 2009 a más de 200 millones de dólares, de los cuales ni el 1% ha llegado a los pueblos indígenas, considerando que son de sus territorios ancestrales de donde salen esas riquezas. Sólo en Tarija, existen más de 100 comunidades indígenas Guaraní Weenhayek y Tapiete, que superan las 3.200 amilias, las cuales se ubican en el centro o cerca de los bloques de exploración y explotación petrolera, generando impactos sociales, ambientales y culturales negativos (ReporteEnergía, octubre 2009). Según Miguel Vargas del CEJIS, luego de las experiencias en zonas de exploración petrolera, el gobierno esta viendo el reglamento de consulta como una traba para el desarrollo de operaciones hidrocarburíeras, por lo que existirían planes para su modicación, de modo que no constituya uente de problemas y confictos. Vargas maniestó esto como alarmante, toda vez que estas modicaciones a la norma se estarían produciendo sin la participación de las organizaciones indígenas y viendo sólo la conveniencia de las empresas. De acuerdo al activista social esto es paradógico, dado que en el ámbito internacional se considera a Bolivia como uno de los países más avanzados en el reconocimiento de los derechos colectivos, siendo que en la realidad, las acciones del gobierno constituyen un retroceso en el tema. 120
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A inicios del 2010, se daba lo que se puede calicar como un inicio de acercamiento positivo entre una empresa petrolera y la organización indígena matriz Guaraní. La empresa petrolera TOTAL y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) acordaron llevar adelante, previo a los trabajos de peroraciones del pozo AQUIO X-1001 en Caraparicito, un relacionamiento comunitario en base a la Ley de Consulta en el Área de Hidrocarburos (Erbol, ebrero 2010). El acercamiento comprende la asignación de 300 mil dólares y la ejecución de proyectos sociales a avor de los originarios. El Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la APG, Nelson Bartolo, inormó que previo a los trabajos de peroración del pozo petrolero remitieron a la consulta de acuerdo a la legislativa vigente. “ Nos estamos beneciando las dos capitanías: Alto Parapetí e Irupaguatzu, porque es el área de infuencias en las tierras comunitarias de origen que abarca. A cada capitanía se ha entregado 150 mil dólares, es decir, 300 mil dólares para ambas regiones. Se desarrollará proyectos productivos” . Además de la compensación económica, la empresa TOTAL captaría mano de obra en los trabajos de peroración, sobre todo en las pruebas sísmicas y en la ejecución de los proyectos sociales. La compensación económica beneciará a 9.700 habitantes aproximadamente, comprendidos en 36 comunidades de ambas capitanías, entre estas comunidades serán distribuidos los 300 mil dólares americanos. La compensación económica no es suciente; sin embargo, ayuda apalancar y sirve como contraparte, según el vocero indígena. Al respecto, la Gerencia de Relaciones Institucionales de TOTAL declaraba: “ Nosotros hemos sido muy cuidadosos y respetuosos con los pueblos indígenas, eso nos ha ayudado en los estudios de impacto ambiental que se hicieron de manera conjunta entre el Pueblo Guaraní y nosotros” (La Razón, 22 ebrero 2010). Sin embargo, a pesar de esta buena predisposición, la APG denunciaba a nes de ebrero del 2010, que se restringió el acceso a los monitores indígenas a la zona de peroración del Pozo AQUIO X-1001 (bajo subcontrato
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de TECPETROL), permitiendo su ingreso sólo a una parte de las ins talaciones. Supuestamente la culpa de dicha restricción tuvo la empresa de seguridad contratada por el consorcio y se anunciaba la autorización de ingreso de los monitores hasta la zona de peroración (La Razón, 27, ebrero 2010). El Pozo Aquio X-1001, a cargo de la Empresa TOTAL, sería el primer pozo que se opera en Bolivia, utilizando lodos de baja toxicidad. El com ponente más contaminante, el diesel en elevado porcentaje ha sido reem plazado por una parana sintética de baja aromaticidad en comparación del diesel, proveniente del hidro-cracking del petróleo. El uso de lodos en base al agua en este pozo será de más de 4.700 metros cúbicos, además de más de 1.500 metros cúbicos de paranas de baja toxicidad (Energy Press, ebrero, 2010). En cuanto a investigación y generación de inormación sobre los impactos ambientales petroleros, a nes del 2009, el reino de Holanda destinó un ondo de casi un millón de Bs (cerca a 140.000 dólares) para la realización de estudios ambientales relacionados a las actividades hidrocarburíeras en la serranía de Aguaragüe y norte de La Paz. La donación suma 978.502 Bs. Además, dona 33,74 millones de bolivianos, equivalente a más de 4,77 millones de dólares, ondos destinados al Programa Estratégico de Fiscalización y Control Social, en el uso de los recursos de la tierra y los bosques, administrado por la Autoridad Sectorial. La evaluación ambiental estratégica del sector hidrocarburos en el área protegida de Tarija, brindará inormación para identicar y prevenir posibles impactos ambientales en estas zonas con interés petrolero. Los estudios se realizarán en ocho ases, incorporando la participación de las comunidades originarias, (Hidrocarburosbolivia.com, diciembre, 2009). El tema de impacto por los pasivos ambientales petroleros, volvía a ser tema de análisis un año después., YPFB en julio del 2010, anunciaba 122
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acciones para la mitigación y remediación de tres pasivos en la zona de Sanandita (Parque Nacional Aguaragüe), especialmente el pozo X-31, considerado como uno de los de mayor riesgo ambiental. Es un buen comienzo, entendemos que es un esuerzo inicial, puesto que quedarían al menos un centenar de pasivos, sólo en el departamento de Tarija, lo cual implica que debería tratarse de un proceso sistemático y no una acción eventual. Un aspecto crítico, respecto al tema de pasivos al interior de un área protegida, es que mientras se inicia muy tardíamente la atención a los pasados impactos de las actividades petroleras, al mismo tiempo, se prepara la agresiva campaña de operaciones por PETROANDINA y PETROBRAS, considerada como de “uerza mayor”. Otro aspecto crítico respecto a los pasivos ambientales, es el hecho re velador de que las empresas transnacionales hidrocarburíeras habrían dejado en el país, un pasivo ambiental de más de 60 millones de dólares, que hasta el momento no ue, ni es remediado por las mismas. Así conclu ye en el Inorme Final de las Auditorías Petroleras, contenidas en el libro homenaje a Enrique Mariaca, ex presidente de YPFB y auditor principal del proceso del año 2007 (El Diario, 7 julio 2010). El Inorme Final de estas auditorías recomendó noticar al Organismo Sectorial Competente (OSC) y/o la Autoridad Ambiental Competente (AAC) para proceder a la brevedad posible a la remediación de los pasivos ambientales identicados, porque al tratarse en su mayoría de procesos erosivos los mismos podrían agravarse en la época de lluvias, con deslizamientos en los taludes y probable ormación de cárcavas y el consiguiente deterioro del entorno ambiental (El Diario, 7 julio 2010). Un análisis más detallado de dicho inorme revela que en lo relacionado a los pozos abandonados por las empresas petroleras: PETROBRAS ENERGÍA y PLUSPETROL, estos debían haber sido considerados en su programa de Abandono de Pozos y Reservorios a ser presentados a 123
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YPFB, para proceder a la restauración ambiental establecido en el Art. 37 del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburíero (RASH), con el objeto de devolver a su originalidad las actividades intervenidas. Asimismo, se identicaron pasivos ambientales de responsabilidad de la empresa petrolera ANDINA, por los scales de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con la respectiva valorización para su remediación (El Diario, 7 julio 2010). La conclusión nal de la auditoría petrolera encabezada por E. Mariaca, es ominosa al mencionar: “ En suma, las auditorías, prueban que las petroleras no invirtieron, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nuestro medio ambiente y deraudaron al Estado boliviano, correspondiendo simple y llanamente nacionalizarlas totalmente y sin indemnización ”. Los hidrocarburos y las comunidades guaraníes del Chaco boliviano Testimonios de dos experiencias Testimonios levantados por Sarah Friederich, antropóloga, LIDEMA. • Testimonio de Fidel Cejas, responsable de recursos naturales del Alto Parapetí (Chaco cruceño): “Lo que nosotros buscamos es que se respete nuestros derechos como pueblo indígena. A veces el gobierno adjudica a empresas petroleras sin consulta de nosotros. Por ejemplo, el bloque Incahuasi X-2, cuando nosotros no sabíamos ya estaba adjudicado a la empresa petrolera Total. Entonces ¿qué hacen los de la empresa? Vienen y dicen no, no, nosotros ya hemos hablado con el Gobierno”, y punto. Y nosotros ¿qué somos? Entonces esto no, no tiene que suceder. Esto es por lo que nosotros siempre hemos estado peleando y vamos a seguir peleando. Muchas veces nos han dicho: -“Están peleando por la parte económica, la plata.”- No, nosotros no peleamos por esto. Por nosotros, como capitanía del Alto Parapetí, ¡qué no se haga ni una actividad petrolera! Porque nosotros nunca hemos vivido de esto. Cuando se hace la actividad petrolera, entran en los bosques primarios que tenemos nosotros. Pero cuando ya entra la actividad petrolera, ¿qué va a pasar? Se va a ir la hurina, se va a ir la pava, la charata… Donde hay la carahuata, eso quiere decir que donde nadie ha entrado, ahí vamos, esto nosotros lo utilizamos para ir a cazar, para consumir carne. Pero ahora la actividad ahí mismo se está haciendo. Cuando se hace la actividad petrolera, a ellos no les interesa nada. Porque la actividad petrolera, lo único que le interesa a la empresa es netamente la economía, la ganancia. Y a nosotros no, lo que a nosotros nos interesa es mantener nuestros recursos que tenemos ahí. Pero a veces no nos están entendiendo ellos.”
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• Testimonio de Yariguira Cañani Iguanday, técnico en saneamiento ambiental y asesor del capitán de Tentayape (Chaco chuquisaqueño): “La empresa petrolera REPSOL, creo que entraron al territorio en el 2004. Tenían una actividad de exploración sísmica. Claro que más antes nosotros no sabíamos que ellos estaban proyectando lo que es la actividad esta. Y habían llegado ellos un día aquí a la casa de un comunario, y con unas dos, tres autoridades nomás se han encontrado ahí, y les han hecho rmar un documento, diciéndoles que era para su respaldo que han llegado aquí. Pero esto había sido la justicación para que ellos tengan lo que es
el Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales, lo han hecho pasar como consulta, como autorización. Porque la comunidad en general, también las autoridades, todos no sabían que es lo que va a pasar. Entonces nos hemos movilizado contra la empresa, porque la actividad que ellos estaban realizando nos está afectando lo que es la tierra y el agua, especialmente el agua. Esto era la preocupación, que más allá, en un año, dos años, el ojo de agua se pierda. Y también ya la tierra y el bosque quedan dañados. El medio ambiente es lo principal, es nuestra base para vivir. REPSOL nalmente, se fue
después de una larga lucha, cuando ya se había hecho un acta de resolución con rmas, con la APG nacional. Del ministerio también han venido aquí para hacer una investigación, porque el problema estaba fuerte. La empresa, nalmente, no pudo
realizar ninguna explotación de hidrocarburos, gracias a nuestra resistencia. Pero en realidad la actividad sísmica en su bloque la han terminado de hacer. Mientras nosotros nos movilizábamos, ellos seguían trabajando, porque ellos económicamente son fuertes. Nos ha costado de frenar, pero este es el ejemplo que ha dado Tentayape para toda la zona del Chaco, para lo que son las organizaciones guaraníes. Entonces ha demostrado este ejemplo, esta lucha, porque a nosotros nos corresponde, nos hemos defendido por derecho, la tierra es nuestra.”
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Futs osulta ARENAS, M. E. 2008. Introducción a la industria de los hidrocarburos. CBH. PLURAL eds. La Paz, Bolivia, 711 p. CASTRILLO, H. M. 1986. Reseña Histórica del Petróleo en Bolivia. YPFB. La Paz, Bolivia. 82 p. CEADESC. 2008. Atlas de Contratos Petroleros en Tierras Comunitarias de Origen y Municipios de Bolivia. Geoespacio. 200 p. COELLO, J. C. 2008. Desafíos de la gestión ambiental ante emprendimientos de exploración y explotación petrolera en Bolivia. 39-57 p. En Belpaire, C.M y Ribera, A. M. O. Eds.: Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La Paz, Bolivia. CPT/CIDOB. 2000. ATLAS. Territorios indígenas en Bolivia. Situación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y procesos de titulación. INRA-FACO/CERES-SNV-HIVOS-IWGIA-IBIS-PDPICIPCA-PRAIA-PAF BOL-CID. La Paz, Bolivia. 263 p. HUMPHREYS, D. B., CATARI, H. 2009. Expansión de la actividad hidrocarburífera en el PNANMI Aguaragüe. CER-DET, Tarija-LIDEMA/Universidad de Manchester, Reino Unido. Tarija, Bolivia. 13 p.
KATARI, H. 2009. Informe de actividad de monitoreo de las actividades petroleras, en los municipios de Yacuiba, Villamontes y Carapari. 13 de agosto del 2009. Tarija, Bolivia. RIBERA,A.M.O. 2008. Problemas Socio ambiental es de la Explotación Hidrocarburífera en Bolivia. Estudio de caso Nº 2. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 135 p. ZAMBRANA, G. 2008. Estado actual y proyecciones de la gestión ambiental municipal en Bolivia. 600-609 p. En Belpaire, C. M y Ribera, A. M. O. Eds. : Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La Paz, Bolivia.
Págas Wb YPFB Corp: www.ypfb.gov.bo Hidrocarburosbolivia: www.hidrocarburosbolivia.com Reporte Energía: www.reporteenergia.com www.cbh.org.bo. www.energypress.bo www.plataformaenergetica.org CEDLA: www.cedla.org www.oilwatch.org La Razón: www.larazon.com.bo Los Tiempos: www.lostiempos.org La Prensa: www.laprensa.com.bo www.bolpress.com ERBOL: www.erbol.com.
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Lsta Sglas AAC ANMI APG BG CBH CEDIB CEJIS CEADESC CIDOB EEIA FA FOBOMADE GTL IDH LA LIDEMA MMAA MMCD OIT PNANMI RASH SAM SERNAP SNAP TCO YPFB
Autoridad Ambiental Competente Area Natural de Manejo Integrado Asamblea del Pueblo Guaraní British GAS Cámara Boliviana de Hidrocarburos Centro de Documentación e Información de Bolivia Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Ficha Ambiental Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo Compañía Gas to Liquid Impuesto Directo a los Hidrocarburos Licencia Ambiental Liga de Defensa del Medio Ambiente Ministerio de Medio Ambiente y Aguas Millones de metros cúbicos por día Organización Internacional del Trabajo Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos Sociedad Anónima Mixta Servicio Nacional de Áreas Protegidas Servicio Nacional de Áreas Protegidas Tierra Comunitaria de Origen Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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PROBLeMÁTicA SOciO AMBienTAL de LAS OPeRAciOneS HidROcARBURÍFeRAS en eL nORTe de LA PAZ estao La exploración sísmica a cargo de PETROANDINA SAM (sociedad mixta PDVSA-YPFB) está en ejecución bajo el antecedente de los EEIA decientes aprobados y de una consulta pública parcial y manipulada, que condujo al debilitamiento de las organizaciones indígenas Leco y Mosetene. Existe un elevado riesgo de eectosdada la elevada ragilidad de los ecosistemas de la zona. PETROANDINA SAM, constituida como empresa mixta en agosto de 2007, realizó una serie de compromisos de desarrollo que se encuentran refejados en seis contratos de exploración y explotación de áreas reservadas, los cuales ueron suscritos el 23 de abril de 2008 y aprobados por el Congreso Nacional el 15 de julio de 2008. La protocolización de los contratos ante Notaría de Gobierno data del 18 de septiembre del 2008 y a partir de esa echa viene ejecutando un “plan mínimo” de desarrollo, que se encuen tra endosado en los mismos contratos de exploración y explotación. De las 33 áreas bajo reserva de Yacimientos Petrolíeros Fiscales Bolivianos (YPFB), PETROANDINA tiene la concesión más importante con cuatro bloques en el subandino norte (Madidi, Liquimuni, Chepite, Chis pani y Sécure) y otros siete en el bloque del subandino sur (Aguaragüe Norte, Centro, Sur “A”, Sur “B”, Iñau, Iñiguazu y Tiacia). El sector del 129
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bloque Liquimuni, en su totalidad, comprende la zona de infuencia inmediata de la Reserva Pilón Lajas y el espacio tradicional de varios pueblos indígenas (parte de las Tierras comunitarias o TCO de las etnias Mosetene, Chimane y Leco), que abarca ecosistemas de elevada ragilidad ecológica, pero también de una elevada riqueza de biodiversidad. La escasa responsabilidad de la Empresa Estatal de Hidrocarburos (YPFB) se hizo evidente a inicios del 2009, al iniciar las actividades de exploración en el Norte de La Paz (bloque Liquimuni), dando lugar a un proceso viciado de inconsistencias, atentatorio a la Ley del Medio Ambiente y a la nueva Constitución Política del Estado. Ya en el año 2008, se evidenció una aceleración en las labores de exploración sísmica en el sector Norte del bloque Liquimuni II, correspondiente con la TCO Mosetene, labores que, de acuerdo a lo maniestado por dirigentes indígenas, habrían contravenido las disposiciones de la norma ambiental al haber intentado incursionar en dicha TCO sin que exista la aprobación especíca del EEIA para esta ase y sector, ni contar con la respectiva licencia ambiental. A ritmo vertiginoso, el Viceministerio de Hidrocarburos, a través de su ocina ambiental sectorial, otorgó un tiempo excesivamente corto (menos de 24 horas y bajo presiones) a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) para revisar y “aprobar” la Ficha Ambiental, contradiciendo los tiempos dispuestos en la norma (DS 29595), que es de 5 días hábiles y que incluso ue aumentada a 15 días hábiles por adecuación de dicho decreto. A esto se sumó la presión de YPFB para la agilización de las licencias ambientales, las que ueron emitidas a pesar de los EEIA decientes presentados. Es necesario mencionar que antes de que la AAC categorice ormalmente y apruebe la Ficha Ambiental, el EEIA para la zona de la TCO Mosetene (“bloque II”), ya estaba siendo nalizado (supuestamente bajo categoría I). La Ficha Ambiental elaborada para PETROANDINA presentaba im portantes inconsistencias respecto de los posibles impactos a los ecosiste130
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mas y notables vacíos en el tratamiento de aspectos sociales y culturales. Asimismo, los EEIA revisados (para Liquimuni I y II) mostraron igualmente una bajísima calidad técnica y supercialidad. Fue muy llamativo que la Autoridad Ambiental Competente, haya aprobado dichos estudios de tan baja calidad (desde luego bajo la premura exigida por la autoridad de hidrocarburos). La respuesta de la ACC (el VMABCC) ha sido extremadamente débil y complaciente a las exigencias del sector de hidrocarburos (uertemente respaldada por las máximas autoridades de gobierno). Lógicamente mucho menos se podía esperar de la ocina ambiental sectorial, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Las presiones del sector hidrocarburíero no permitieron que la ACC realice una adecuada labor de revisión, seguimiento y aplicación de las normas ambientales. La ocina ambiental más importante del estado está supeditada a los dictámenes y premuras del sector hidrocarburíero. Se puede percibir incluso una situación de velado autoritarismo sectorial, casi una gura de amedrentamiento hacia la ACC, la cual parecía no tener voz de réplica y contra argumento (al menos no se ha dado una vocería pública ocial desde el sector ambiental) ante las irregularidades del sec tor hidrocarburíero y las empresas. Un riesgo mayor proviene de las uturas operaciones en los bloques Río Hondo y Tuichi en la zona núcleo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Madidi y las áreas de uso tradicional de la Reserva-TCO Pilón Lajas, cuyas operaciones están a cargo de empresas transnacionales que lograron contratos aprobados de operación en abril del 2007: PETROBRAS-TOTAL-Contrato Ley 3672/2007 y REPSOL YPF-Contrato Ley 3668/2007, y otras zonas reservadas para YPFB (D.S. 29130/2007), también previstas en la zona de infuencia del Parque Nacional Madidi, para ser exploradas y operadas por PETROANDINA. En agosto del 2010, continuaban las presiones desde el Ministerio de Hidrocarburos para acilitar las exploraciones al interior de las áreas protegidas. 131
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Según inormación de ERBOL (julio, 2009), la Empresa Mixta de Bolivia y Venezuela, PETROANDINA, inició labores de exploración de crudo en el norte paceño en julio del 2009, tras recibir la licencia ambien tal otorgada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía; pero según Energy Press (ebrero 2010), el proceso exploratorio habría empezado en octubre del 2008 en la Zona de Achiri, al Norte de Caranavi, con la apertura o desmonte de las sendas sísmicas, quedando de maniesto lo errático de la inormación al respecto a la echa de inicio de actividades. EXPLORACIÓN EN LIQUIMUNI ARRANCA Fuente: El Diario, 28 de octubre 2008 Con una inversión total de 242 millones de dólares (cinco bloques), Petroandina SAM arranca hoy con actividades de exploración en la Fase Sísmica 2D en la Zona de Liquimuni, una de las cinco áreas que se asignó la empresa binacional. Petroandina SAM está conformada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en sociedad con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), con una mayoría accionaria para la estatal boliviana. La sociedad anónima entre YPFB y Petroandina (PDVSA) es del 60 a 40% y las inversiones de 600 millones de dólares. El memorando de entendimiento rmado entre Bolivia y Venezuela, el 9 de agosto de 2007, precisa que YPFB asignará una o más áreas bajo su reserva a YPFB Petroandina SAM, para actividades de prospección y exploración conducentes a determinación y cuanticación de reservas y su posterior explotación. Al respecto, cabe recordar que se trata de Chispani con 755.209.62 hectáreas en la Zona 19, bajo reserva de YPFB, un área no tradicional, ubicado entre los departamentos de Beni, La Paz, y Cochabamba, comprende las provincias Moxos, Sud Yungas, Inquisivi, Ayopaya y el Chapare. En tanto que Liquimuni dispondrá de un área de 675.000 hectáreas, también en la Zona 19, como reserva de YPFB en un área no tradicional ubicada en La Paz, provincias Franz Tamayo, Larecaja, Caranavi y Sud Yungas. Mientras que Chepite tiene 387.500 hectáreas para explorar, en la Zona 19 en reserva de YPFB en área no tradicional, en el Departamento de La Paz, provincias Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja.
A nes del 2009, se anunciaba que, de acuerdo a declaraciones de la em presa mixta, la exploración sísmica 2D ue exitosa y PETROANDINA preveía la peroración de pozos exploratorios el 2010, con una duplicación del presupuesto inicialmente calculado en 45 a 93 millones de dólares (La Prensa, diciembre 2009). 133
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En ebrero del 2009, se anunciaba que el bloque Liquimuni ya contaba con datos de sísmica 2D, tras haber terminado la primera ase del pro yecto de exploración petrolera en el Norte de La Paz, en cuyo proceso participaron 1.637 trabajadores provenientes de 337 comunidades locales de la región, según un inorme de PDVSA (Cambio, ebrero 2010). De acuerdo a inormación del Ministerio de Hidrocarburos, este proyecto es parte de uno más amplio que se desarrollará en base a la interpretación de los datos relevados y de acuerdo con el plan mínimo de exploración del Norte de La Paz, por lo que las actividades seguirán su curso una vez concluida esta primera etapa de exploración. La siguiente ase del proyecto consistirá en el análisis e interpretación de los datos relevados por expertos bolivianos y venezolanos, lo cual permitirá validar, delinear y prospectar trampas estructurales de gran complejidad asociadas a ajas plegadas; y mejorar las correlaciones tectónico-estratigrácas entre los dierentes trenes estructurales del área en estudio. Así también se podrán determinar espesores ormacionales, continuidad lateral y límites de las unidades estratigrácas para obtener un mayor conocimiento de la geología regional y la actibilidad exploratoria para considerar su peroración utura (www.abrebrecha.com). Según el analista Carlos Miranda, (www. cbh.org.bo, 30 abril 2009), las probabilidades de encontrar combinaciones con mayor petróleo que gas son altas. A Noviembre del 2010, no se conocía inormación alguna sobre los resultados de las exploraciones sísmicas de Liquimuni.
Prsó impatos y Amazas El modelo extractivista primario y exportador, en el que el actual gobierno ha impreso una inusitada premura y dedicación, abrió las puertas a las operaciones petroleras en las denominadas zonas no tradicionales con la 134
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aprobación de los contratos de operación (Leyes 3668, 3672, abril 2007), el otorgamiento de las zonas reservadas para YPFB el 2007, y la conormación de la sociedad YPFB-PDVSA (PETROANDINA SAM). Concretamente, este consorcio tiene contratos de exploración en Liquimuni (675.000 hectáreas), Chepite, Madidi (no en Río Hondo) y Chispani. También opera en la Zona 19, en las provincias Franz Tamayo, Larecaja, Caranavi y Sud Yungas. En Chepite abarca 387.500 hectáreas, cubriendo las provincias Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja. Chispani tiene 755.209.62 hectáreas en la Zona 19, bajo reserva de YPFB (zona 19), y está ubicado entre los departamentos de Beni, La Paz, y Cochabamba. Comprende las provincias Moxos, Sud Yungas, Inquisivi, Ayopaya y el Chapare. El gobierno y el sector energético están absolutamente empeñados en expandir la rontera petrolera hacia las zonas de mayor biodiversidad de Bolivia. Entre los años 2001 y 2002, la política estatal abierta a las transnacionales se plasmó en el otorgamiento de concesiones en el Norte de La Paz, propiamente en interior del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas. Tal es el caso de PETROBRÁS/TOTAL E&P y REPSOL YPF. Estas transnacionales son actualmente operadoras de los bloques Río Hondo y Tuichi, bajo una gura de migración de contrato de riesgo compartido a contrato de operación 2007, con la nueva Ley de Nacionalización. Estos consorcios están esperando desde 2002 la Licencia Ambiental para realizar labores sísmicas, y el actual gobierno busca acilitar dicho proceso. A nes de ocubre del 2010, el Decreto Supremo 0676, paracía allanar las intenciones de YPFB y sus socias operadoras, ocializando una vez más las operaciones de exploración en dichos bloques. De cualquier orma, las expectativas petroleras en el Norte de La Paz se remontan a la década de los 70. La región permaneció sin actividad has ta 1976, cuando SUN OIL peroró Tuichi sin éxito. De esa echa hasta 135
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1992, SHELL, UNION, ELF (ahora Total), TEXACO, HISPANOIL (ahora Repsol), PHILIPS, MOBIL y LONE STAR realizaron reconocimientos sin perorar pozos. Previo a su capitalización en 1996, YPFB peroró un pozo en Liquimiri y dos en Tacuaral; todos sin éxito. En 1996, Total peroró el pozo Yariapo con resultados cientícos alentadores, pero sin importancia económica real (Castrillo, 1986; C.Miranda,/ hidrocarburosbolivia.com, 2009). De los cinco bloques asignados a YPFB (Ley 3911 del 2008), cuatro aec tan el PNANMI Madidi y la Reserva Pilón Lajas. El Parque Nacional Madidi enrenta actualmente tres riesgos de operaciones de exploración: a) Madidi (zona limítroe a la zona de Liquimuni), donde PETROANDINA, el año 2009, habría realizado ingresos exploratorios de terreno sin las autorizaciones ni del Parque ni de las comunidades locales. b) Río Hondo, en la zona núcleo (en mejor estado de conservación) del Parque Nacional Madidi. c) Bloque Tuichi. Los bloques Río Hondo y Tuichi quedaron en suspenso desde el año 2002 y 2004 respectivamente, debido a la superposición con el Área Protegida, situación que YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos están esperando superar a partir de la fexibilización de las normas ambientales y el veto a las decisiones indígenas. Actualmente, los bloques Tuichi y Río Hondo, en el Departamento de La Paz, están con relación contractual con dos transnacionales y bajo declaración de uerza mayor por su ubicación en el sector de dos áreas protegidas (Parque Nacional Madidi - Pilón Lajas) y una decidida oposición de los comunidades indígenas a la ejecución de trabajos de exploración. El bloque Tuichi es operada por la compañía REPSOL YPF, que se encuentra sin actividad, por declaración de uerza mayor al inicio de 136
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la ase 3, a partir del 5 de diciembre de 2002. REPSOL llegó a realizar trabajos de magnetometría aérea en la zona sobre una extensión de 5.790 Km. cuadrados. El bloque Río Hondo, cuyo operador es PETROBRAS Bolivia, también se encuentra sin actividad, por declaración de uerza mayor a la conclusión de la ase 1, a partir del septiembre del 2004. La pe trolera brasileña realizó también trabajos de magnetometría aérea sobre una extensión de 10.049,00 Km. cuadrados (Fund. Milenio-IBCE, 2007: Inormación Nacional de Coyuntura). La transnacional TOTAL partici pa como socia accionista en los bloques Río Hondo con el 50%, junto con PETROBRAS (www.planguarani.com), en tanto REPSOL tiene contra to de operación en el bloque Tuichi (CEADESC, 2008). Expertos del sector maniestaron en alguna oportunidad que tanto PETROBRAS –TOTAL como REPSOL habrían desestimado antes del 2005 su ingreso al bloque debido a las bajas probabilidades de encontrar reservorios económicamente importantes, argumentando los obstáculos ambientales y sociales; cuando, en realidad, había la expectativa de ob tener otras áreas de compensación. Sin embargo, los contratos de operaciones se mantuvieron vigentes luego del proceso de la nacionalización de abril del 2007. En abril del 2010, se anunciaba (Reporte Energía, Nº 32) que el Ministerio de Energía e Hidrocarburos se comprometió ante la comitiva de empresas brasileñas que visitó Bolivia, a inicios del 2010, a dar las condiciones técnicas y legales para viabilizar el desarrollo de los trabajos de exploración en el bloque Río Hondo que están a cargo de la empresa PETROBRAS. A mediados del 2010, PETROBRÁS ya era anunciada a al prensa como operadora ocial del bloque Río Hondo dentro del Parque Madidi, además de operar en los bloques Monteagudo (Chuquisaca), Ingre en Santa Cruz y los mega-campos gasíeros de San Alberto y San Antonio en Tarija (La Razón, 22 julio 2010). 137
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En agosto del 2010, se reactivaba la arremetida gubernamental para abrir las exploraciones petroleras en el interior de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, algo que quisieron lograr los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorque Quiroga, pero que no pudieron debido al rechazo de los movimientos sociales. A inicios de agosto del 2010, el Ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, anunciaba que “ con la nalidad de dar viabilidad y comenzar la exploración petrolera, el Gobierno y las compañías debaten mecanismos para reanudar esta actividad en áreas protegidas”. Añadió : “Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y las petroleras “para establecer los costos de las acilidades que se requeriría” para levantar la “uerza mayor” en varios bloques que tienen contrato de operación. (La Estrella del Oriente, 5 agosto 2010). El ministro Vincenti hacía reerencia a los bloques Río Hondo, Tuichi, Amboró-Espejos y Chimoré-1, los cuales tienen contratos de operación “ bajo causal de Fuerza Mayor”, por estar situadas en Áreas Protegidas tales como PNANMI Madidi, Reserva-TCO Pilón Lajas, PNANMI Amboró y PN. Carrasco. De igual manera, están “bajo causal de Fuerza Mayor”, por el impedimento de las comunidades locales, las áreas de contrato de exploración Sara Boomerang I y Sara Boomerang III en Santa Cruz (La Estrella del Oriente, 5 agosto 2010). Desaortunadamente, los uturos inormes del seguimiento a estas problemáticas podrían estar abocados al análisis y denuncia de los eectos y consecuencias de la exploración petrolera en regiones ecológicas de ele vada ragilidad y deterioro de los medios de vida y organización de los pueblos indígenas.
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Avasallamiento neoliberal en el Parque Amboró (1997) Fuente: miGueL anGeL CresPo (ProBioma). exPLoraCión PetroLera amBoró. en inForme deL estado amBientaL 2007-2008. Lidema
Y deFensa deL
Parque naCionaL
El Parque Nacional Amboró (PNA), uno de los parques nacionales más importantes, no sólo del país sino del mundo entero, contiene tres ecosistemas muy vulnerables. La altitud del parque varía entre 200 y 2.800 msnm uno de los parques más ricos del mundo en diversidad. El PNA ha sufrido continuas amenazas, por ejemplo, a consecuencia de la aprobación del Código de Minería (en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), prácticamente se cuadriculó las riberas del río Surutú, límite natural del Parque en la Zona Norte. Las organizaciones campesinas de Yapacaní, junto con los municipios, consiguieron revertir las concesiones. Lo mismo ocurrió en 1997, cuando la empresa petrolera capitalizada ANDINA se hizo dueña de la concesión que pertenece al Bloque Amboró-Espejos, con una supercie de 320.000 ha, entre los cantones Florida y El Filo. El proyecto pretendía desarrollar seis líneas sísmicas, de 15 a 20 km de largo por 1,5 km de ancho. De acuerdo con el boletín informativo de la empresa, el impacto ambiental en la zona sería mínimo, porque no habría necesidad de construir caminos de acceso, ya que todo sería transportado por helicópteros. Pero, para llevar a cabo estas actividades, Andina tenía que ingresar a la zona establecida como Área de Protección estricta. Con dichos antecedentes, ANDINA presentó ante las autoridades gubernamentales de ese entonces, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) para su aprobación. Ante la falta de acción de las autoridades ambientales, las organizaciones campesinas plantearon su rechazo, determinando que no se permita ninguna actividad minera o hidrocarburífera en el PNA. Los movimientos sociales decidieron no ingresar en el ámbito de la consulta pública, ni evaluar los EEIA, ya que sería aceptar que las actividades que pretendía realizar la empresa petrolera, podían ser motivo de una negociación; y el PNA no es negociable desde ningún punto de vista. Esta propuesta fue también asumida por las organizaciones campesinas, la Cámara Hotelera y otros movimientos urbanos que se sumaron a la defensa del PNA, como fue el caso del Grupo Ecológico Universitario, Grupo Ecológico América y los Comités de Fiscalización de la actividad hidrocarburífera de la Gran Chiquitanía, quienes iniciaron una campaña de recolección de rmas de apoyo, que fueron enviadas a las autoridades de gobierno. A pesar de este rechazo masivo, la empresa inició los trámites de Licencia Ambiental en la ciudad de La Paz. Esta situación promovió movilizaciones, marchas y bloqueos encabezados por las organizaciones campesinas de la Provincia Ichilo. Alrededor de mil campesinos iniciaron una marcha de protesta en la que recorrieron más de 20 km desde la localidad de Huaytú hasta la localidad de Buena Vista y bloquearon la carretera principal que une los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. El bloqueo duró 10 horas y fue levantado por acción de la Policía. Ante esta represión, los campesinos expresaron que seguirían con sus acciones hasta que la empresa Andina desista de su intención de ingresar al PNA.
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Sin embargo, el gobierno y la empresa persistían en continuar el proceso de trámite de la Licencia, amparados por la Ley de Hidrocarburos de entonces, en la que se señala de interés nacional cualquier actividad hidrocarburífera, aún por encima de las Áreas Protegidas. Esta posición fue rechazada por el movimiento campesino, amenazando ante tal situación con tomar el PNA si la empresa ANDINA ingresaba. Es más, amenazaron con “recuperar” más de 3.500 hectáreas cedidas para la creación del PNA e ingresar con 200 familias para habilitar tierras para la agricultura, aduciendo que la ley debía ser igual para todos. Por otra parte, la Cámara Hotelera de la mancomunidad Sara-Ichilo se pronunció, rechazando el ingreso de la empresa Andina, ya que la exploración petrolera afectaría a la inversión de la industria sin chimeneas, a la identidad cultural, religiosa y el ecoturismo, en los que se invirtieron millones de dólares. Este proceso derivó en que, en marzo del 2001 y ante la presión social, el gobierno niegue la solicitud de la empresa ANDINA, declarando que a cambio se compensaría con otra concesión en el país, para que ejecute la exploración. De esta manera, la acción social logró frenar una intencionalidad que hubiera tenido serios impactos sociales y ambientales.
Opraos Lqumu La zona de Liquimuni no se encuentra dentro de un área protegida real, pero sí en una zona de infuencia directa. Varios estudios indican que la zona es de alta ragilidad y sensibilidad ecológica, así como de una elevada biodiversidad que, además, presta diversos servicios ambientales a la región (www.bolpress.com). Después de un año y cuatro meses de labor, la empresa mixta PETROANDINA realizó el registro sísmico número 43.284 sobre un área de aproximadamente 6.750 km. Cuadrados, el cual se había iniciado en octubre de 2008 (Cambio, 19 ebrero 2010). Las operaciones se extendieron a la zona de transición de los departamentos de La Paz y el Beni, adentrándose desde el pie de monte a menos de 700 msnm, en las riberas del los ríos Alto Beni, Popoy, Boopi, hasta las zonas subandinas y de los yungas en alturas superiores a los 2.200 msnm (www.hidrocarburos. com, 18 ebrero, 2010). A nes del 2008, el Presidente del Directorio de YPFB – PETROANDINA (Nota: SAM Nº 134 01/10/08, dirigida al Ministerio de Hidrocarburos) 140
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solicitaba la autorización para realizar trabajos de prospección sísmica 2D del proyecto Lliquimuni, uera de su bloque y explicaban que necesariamente debían ingresar al bloque Río Hondo. Estas líneas se encontraban al norte de las TCO Mosetene y progresaban hacia la región sur del Bosque Chimanes (Provincia Ballivián, Municipio de San Borja), evidentemente, uera de un área protegida; pero al interior de la TCO Chimane TICH. El despacho jurídico del Ministerio de Hidrocarburos (Inorme Legal Nº DGAJ – 0024/2009) concluía que la Empresa PETROANDINA, debía presentar una certicación del área donde realizará los trabajos de sísmica, demostrando que no está dentro de Tierras Comunitarias de Origen, o en su caso, debía realizar la consulta respectiva de acuerdo a lo que indica el Artículo 114 de la Ley Nº 3058. Hasta donde se ha indagado, dicho proceso de consulta no ue realizado ormalmente y no siguió la norma con la organización matriz Chimane. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía (nota: MHE/2159 – DESP 924) noticó a PETROBRAS la necesidad de eectuar el Registro Sísmico en el bloque Río Hondo por parte de la Empresa PETROANDINA, a lo cual el consorcio operador del bloque Río Hondo, PETROBRAS-TOTAL E&P, respondió no tener objeción (nota: PEBGG-CT-235/09). En tanto, la ocina jurídica solicitaba la autorización para el reconocimiento supercial de Río Hondo y sugería la emisión de la Resolución Ministerial correspondiente. El 15 de mayo del 2009, se emitía la Resolución Ministerial Nº 093/2009 que autorizaba de manera excepcional a la Empresa PETROANDINA SAM la realización de trabajos de Reconocimiento Supercial en las Líneas Sísmicas LQM – 08 – 28P, LQM – 08 – 30P y LQM – 08 – 32P. La misma resolución disponía que el Viceministerio de Desarrollo Energético, a través de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (Unidad de Medio Ambiente), una vez terminado el trabajo de reconocimiento supercial, quede encargado
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de evaluar los daños causados, a eectos de dar cumplimiento al Artículo 33 de la Ley Nº 3058. El proceso anterior, que tenía carácter excepcional, no contó con un proceso de consulta pública a las organizaciones indígenas regionales. Hay situaciones de alta incertidumbre en torno a las operaciones de la empresa PETROANDINA, que exceden los aspectos socio ambientales. Toda vez que rmó al menos cinco contratos que eluden a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) y también a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), adscribiéndose únicamente al Código de Comercio. La socia minoritaria de PETROANDINA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), pidió usar el Código de Comercio para las contrataciones. Expertos observaron la incongruencia de la medida en el procedimiento, al ser una compañía con mayoría accionaria estatal. Así lo revela un inorme del síndico, Amalia Gutiérrez, enviado al presidente de YPFB, Carlos Villegas. El analista en hidrocarburos Hugo del Granado coincidió en señalar que PETROANDINA es una compañía estatal, y que la Ley SAFCO ue elaborada para todas las empresas de esta índole, aunque sean petroleras. El Presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, aseguró que PETROANDINA opera en el marco del Código de Comercio. Por lo tanto, “no se aplica la Ley SAFCO” (de Organización y Control Gubernamental), al enatizar que “el Código de Comercio dice que con participación del Estado puede aplicarse” (La Prensa, 4 Octubre 2009). A nes del 2009 e inicios del 2010, Liquimuni se convierte en el emprendimiento más crítico impulsado por el gobierno en las zonas no tradicionales del Norte de La Paz; sin embargo, es sólo un acápite dentro de los planes del actual Gobierno, pues se mantiene vigente el grave riesgo de la exploración de los bloques Río Hondo (PETROBRAS-TOTAL) y Tuichi (REPSOL YPF-E&P), que compromete la zona núcleo y la 142
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de mejor estado de conservación del Parque Nacional Madidi, zonas de uso tradicional de la TCO Leco-Apolo y zonas de uso tradicional indígena Mosetene-Chimane en la Reserva-TCO Pilón Lajas (CPT-CIDOB, 2000; CEADESC, 2008). En cuanto a Liquimuni, los pobladores indígenas ya han reportado daños a los ecosistemas y uentes de agua, como en el caso de Villa Concepción en la región de Covendo (Com. per. Lorenzo Paredes, marzo, 2010), donde nacientes de aguas aectadas por líneas sísmicas han experimentado drásticas reducciones de agua en plena época de lluvias. La aectación de venas de acuíeros en las serranías y ahuyentamiento masivo de auna ue vericada a partir de testimonios tomados inclusive en la zona de colonización de Palos Blancos, por el becario Iver Sarabia de PRODENA en agosto del 2010. En esta población existe malestar y preocupación incluso entre la población colona que avaló el proceso. Se espera un enorme número de impactos ocasionados en la ase exploratoria 2D en la totalidad del área aectada, considerando la ragilidad tectónica y ecológica de la región. Sin embargo, más intenso y aún más preocupantes que los impac tos ambientales son los impactos sociales y culturales ocasionados en la región.
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Ecosistemas frágiles y cicatrices petroleras: Expedición al cerro La Boya Marco Octavio Ribera A. Octubre 2010 El año 1986 una expedición de exploración y colecta biológica partió desde la Misión Fátima de Chimanes con rumbo al cerro La Boya. Reconocidos cientícos como Stephan Beck, Mario Baudoin, Juan Pablo Arce, Adrian Forsyth, entre otros, participaron en dicha oportunidad. Navegamos durante dos días el río Chimanes y uno de sus auentes hasta llegar al borde del cerro La Boya, una muy particular formación geológica en el subandino del sudoeste del Beni, parecida a un domo y conteniendo material de areniscas cuarzosas. Otros dos días más de caminata bajo persistentes lluvias nos llevó hasta la cúspide del mencionado cerro, a más de 800 metros de altitud por encima de los terrenos bajos de los valles subandinos. Allí nos encontramos con los pasivos de la exploración petrolera que había dejado la compañía Bolivian GULF el año 1962. Una pista de aterrizaje de casi dos kilómetros de largo ubicada en la cresta del cerro La Boya, mostraba el paisaje desolado y las fallas de la resiliencia de los ecosistemas tropicales de especial fragilidad, ante efectos masivos de la perturbación humana. Habían pasado más de treinta años y ninguna vegetación crecía en los centenares de metros cuadrados del tramo y solo algunos arbustos dispersos se veían a intervalos. La erosión laminar a expensas de las lluvias constantes, removía el terreno rojizo y varias cárcavas regularmente profundas cruzaban la pista en muchos lugares. En la actualidad, desde el aire a cientos de kilómetros de altura, a través del google earth, se puede ver la cicatriz dejada por la compañía petrolera.
Falas la osulta públa El tema en debate es la orma errónea en que la empresa PETROANDINA y el organismo sectorial de hidrocarburos habría desarrollado la consulta pública (DS 29033 del 2007) en la zona indígena (Mosetene-Leco-Chimane) del bloque Liquimuni, vale decir, sin considerar las instancias de representación regional, como dene la norma, sino desarrollando reuniones parciales y separadas con dierentes comunidades, las cuales, además no habían sido previa y oportunamente inormadas, como dene el mencionado reglamento. La consulta pública de acuerdo a la norma debía desarrollarse a nivel de las autoridades originarias de los pueblos indígenas Mosetene y Leco, principalmente. Si consideramos el caso de los Lecos, pero también el de los Mosetenes (caso TCO OPIM, aectada por la segunda ase Li144
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quimuni), son pueblos indígenas muy reducidos, en especial los Lecos, que constituyen una especie de relicto cultural (a pesar de su glorioso pasado guerrero, en especial en la guerra de Independencia), producto de sucesivos avasallamientos históricos (Diez Astete y Murillo, 1998). Su organización y consolidación tanto identataria como territorial ueron resultado de una ardua labor de muchos años. Sin embargo, en poco menos de seis meses, la empresa PETROANDINA (de la que es parte YPFB) y el Viceministerio de Hidrocarburos desbarataron, en unción a sus in tereses sectoriales, un logro de enorme valía cultural del país. Aún más, la propia Preectura del Departamento, en el caso de los Lecos, propició la división de las organizaciones sociales, proveyendo personería jurídica en tiempo record a la acción indígena que había aceptado la exploración petrolera (Lorenzo Paredes: com.per. marzo 2010). Por otra parte, la em presa petrolera y el propio Viceministerio de Hidrocarburos, ahondaron la polarización y antagonismo entre los pobladores colonos de la “zona sur” del bloque (Caranavi y Palos Blancos) y los pobladores indígenas Mosetene-Leco de la región norte de dicho bloque petrolero. Los planes del gobierno encontraron gran anuencia entre los pobladores colonos (y los municipios) que actuaron esencialmente bajo una gura politizada de “consigna de aceptación” a la exploración petrolera, en tanto que la resis tencia indígena ue debilitada por la cooptación y manipulación de ciertos liderazgos. Estos aspectos deberían ser investigados, pues incluso podrían tener algún tipo de responsabilidad legal en tribunales internacionales de derechos humanos e indígenas. El proceso exploratorio de PETROANDINA signicó, en resumidas cuentas, un avasallamiento a los espacios y organizaciones indígenas, tal como se analiza en adelante. En mayo del 2009, desde el Ministerio de Hidrocarburos, se inormaba que se cumplieron las consultas públicas 145
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y que los trabajos contaban con la Licencia Ambiental correspondiente. Sin embargo, el Secretario de Recursos Naturales de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lorenzo Paredes, inormó que el 11 de mayo del 2009, Hortensia Jiménez, del Ministerio de Hidrocarburos, convocó al Consejo Regional Tchimán-Mosetén (CRTM) para el proceso de consulta. Sin embargo, ya antes GEOKINETICS había ingresado a la zona; lo cual signica que la consulta habría sido inoportuna, contraviniendo el DS 29033. En julio del 2009, los dirigentes de los pueblos de la zona del bloque Liquimuni denunciaban que PETROANDINA había incumplido la Ley de Hidrocarburos en el bloque Liquimuni, Norte de La Paz, porque los trabajos exploratorios habían comenzado sin la debida consulta pública, ni aviso a las comunidades. “ Nosotros queremos que se cumplan las normas y procedimientos, tal cual señala la ley ”, remarcó el Vicepresidente de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), Eddy Enríquez, al asegurar: “ Estamos unidos todos los pueblos del Norte de La Paz para lograr que nuestros derechos se cumplan”. Por su parte, Alex Villca, Representante de la Comunidad San José de Uchupiamonas, quechua-tacana, del Norte de La Paz, maniestaba: “ Los pueblos indígenas no hemos creado esas leyes o convenios internacionales, no hemos sido nosotros los que hemos raticado el Convenio Internacional 169 de la OIT. Sin embargo, con un gobierno indígena estamos siendo vulnerados en nuestros derechos ” (CBH, ANF, junio, 2009). Las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos aseguraron contar, des pués de la “consulta pública”, con la autorización indígena y una lista con más de 2000 rmas, mientras que los representantes indígenas de la PILCOL replicaron que “ esta cira era sólo una racción de las 9.000 personas de las comunidades de la región a ser aectada, y que en dicha lista existían incluso rmas de niños” . La manipulación de la empresa llegó a “crear” una organización paralela que “apoyaba” la exploración hidrocarburíera, oertando 146
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diversos apoyos y logrando dividir la organización indígena regional (La Prensa, julio 2009). El testimonio directo y de comunicación personal de una de las principales autoridades indígenas del CPILAP (Lorenzo Paredes, com.per. marzo 2010) mostró el grado de arbitrariedad y carácter antiético de la Empresa PETROANDINA, cuando irrumpieron en una de las reuniones comunales en la región de Palos Blancos, lugar donde los líderes de la organización indígena explicaban las particularidades de la consulta pública. En dicha irrupción, la gente de la empresa ingresó sin permiso y “ oreció abiertamente una parrillada ” a los participantes, mientras hacían rmar unas planillas de “asistencia” a los comunarios indígenas. Este tipo de situaciones vergonzosas y con una alta absoluta de respeto ueron utilizadas por la Empresa PETROANDINA para tratar de convencer sobre la realización de una “eectiva consulta pública”. También en julio del 2009 (La Prensa, 30 julio 2009), las organizaciones indígenas del Norte de La Paz denunciaban que PETROANDINA había ingresado al PN Madidi sin ninguna autorización del Área Protegida, con el n de inspeccionar la utura instalación de las líneas sísmicas. En la misma nota se denunciba que en el bloque Liquimuni, se realizó una consulta pública parcial (sólo con algunas comunidades, e incluso a nivel de amilias) sin considerar lo dispuesto en la norma respectiva, la cual prevé la participación protagónica de las representaciones reconocidas por las comunidades. Los indígenas observaron que ni antes, ni duran te la elaboración de dicho EEIA “casi nalizado”, se realizó la consulta pública ormal, la cual establezca las normas ambientales y sectoriales vigentes. Según el Presidente de la Organización Indígena Matriz CIDOB, Adolo Chávez, el conficto en el Norte de La Paz se produjo debido a la inexperiencia de los uncionarios públicos que no supieron dialogar con las autoridades locales y comunales de dicha región (Reporte Energía, 147
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ebrero 2010). En opinión de este líder indígena, “ el error de las autoridades del sector y la empresa petrolera, ue no consultar con las máximas autoridades de la organización indígena y optar por consultas aisladas a líderes menores o incluso amilias, al obviar el mecanismo aprobado por norma, no se respetó la estructura or ganizacional y se cometieron manipulaciones. Se dedicaron a hacer churrascos para que la comunidad acepte, a cambio de obras que hasta el momento no han llegado” (Reporte Energía, ebrero, 2010). La Consulta Social en la Ley de Hidrocarburos Fuente: J. CoeLLo 2008 La Ley 3058, como resultado de las conquistas del movimiento indígena, incorpora un título íntegro referido a la consolidación, en materia hidrocarburífera, de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y originarias y prevé los siguientes derechos: • Consulta • Compensaciones e Indemnizaciones • Intangibilidad de sitios • Servidumbres La Consulta es obligatoria y debe ser realizada oportunamente y con carácter previo al desarrollo de cualquier actividad hidrocarburífera. El objeto de la Consulta es contar con el consentimiento o disentimiento de la comunidad o pueblo afectado y sus resultados deben ser respetados. La consulta de acuerdo a los incisos a) y b) del Artículo 115 de la Ley deben realizarse previamente a: • La Licitación (posterior a la nominación de áreas de interés hidrocarburífero) • Autorización (anterior a la explotación para la gestión comercial o económica) • Contratación (anterior a la licitación y antes de la suscripción del Contrato Petrolero) • Convocatoria (se entiende como Licitación) • Aprobación de medidas, obras o proyectos ( la reglamentación deberá desarrollar las especicaciones) • A la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) de acuerdo al RPCA.
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La Compensación entendida como un monto económico para impactos socioambientales negativos, directos, acumulado y a largo plazo, tomando como base el EEIA y otros medios que permitan valorar los daños no cuanticados. La Indemnización como medida por daños y perjuicios emergentes de las actividades, obras o proyectos y considerados en la medida de los perjuicios derivados de la pérdida de benecios por actividades productivas, conocimientos tradicionales o aprovechamiento de recursos naturales. La Intangibilidad de Sitios Sagrados y Áreas de Especial Valor Natural y Cultural, garantiza los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y originarias, sean de carácter individual o comunitario, eximiéndoles de los procedimientos de expropiación salvo que una Ley expresa declare la utilidad y necesidad pública, siempre y cuando tenga los estudios de evaluación de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales correspondientes y , en caso de emitirse esta declaratoria, un procedimiento justo de expropiación y una compensación territorial a favor del pueblo o la comunidad afectada. Las Servidumbres para el caso de actividades de Transporte y Distribución de Gas por Redes e indistintamente del tipo de propiedad individual o comunal del pueblo o comunidad indígena, campesina u originaria y sujeta a un monto compensatorio por las afectaciones socio-ambientales que puedan sufrir, de acuerdo a los EEIA realizados. Nota.- Estos aspectos están refrendados y profundizados en el DS 29033, que reglamenta la consulta y participación para actividades hidrocarburíferas en Tierras Comunitarias de Origen
Algo alarmante que se dio en la etapa álgida del conficto en la zona ue que algunos uncionarios del Ministerio de Hidrocarburos sugirieron “ con enviar tropas militares y al ejército para romper la resistencia indígena ”. (www. econoticiasbolivia.com). Casual y paradógicamente, justo por esas echas, a inicios de junio del 2009, se producía la matanza de Bagua en el Perú. Las causas inmediatas eran dos decretos legislativos, el 994 y el 1090, relacionados con el régimen orestal y de acceso a la tierra, los cuales supuestamente invocaban la conservación de la biodiversidad y los derechos de las inversiones privadas, pero que en realidad tienen un trasondo de abrir los recursos de la Amazonía a las multinacionales petroleras y mineras. A pesar de que dichos decretos legislativos evidenciaron contradicción a la constitución peruana, la posición del neoliberalismo de este país se orientó a complacer a su “gran socio” del norte y su enjambre de pirañas empresariales, es decir, PERENCO, REPSOL o PETROBRAS. Esa 149
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misma constitución vulnerada con la emisión de los decretos ue utilizada por lo jerarcas de turno para justicar la matanza indígena por el ejército y tildar de terroristas a los Kandozi, Shabi, Awajum, Wampi, Kishua, Asháninka (Clavero, 2009). Para colmo y mayor escarnio, la masacre de los indígenas amazónicos de Bagua se producía un 5 de junio, el día mundial del medio ambiente. Entonces, respecto de Liquimuni, ¿estábamos realmente dispuestos a replicar esta iniquidad en nuestro territorio? En resumen, se debe observar la poca seriedad con la que se ha venido abordando el tema de las consultas públicas en el país. No se debe olvidar que los gobiernos neoliberales, al amparo de la Ley 1689, otorgaron concesiones hidrocarburíeras en Áreas Protegidas y TCOs, sin que se consideren procesos de consulta o coordinación con las instancias del propio Estado ni de la sociedad civil. Se ha desconocido abiertamente las disposiciones normativas especícas en la materia. Tal es el caso de la Ley Nº 1257 que ratica el Convenio Nº 189 de la OIT y reglamentos conexos, y el propio Régimen Especial de Áreas Protegidas, establecido por Decreto Supremo 24781 (RGAP), además de los decretos y leyes de creación de las Áreas Protegidas. Así, se puso en riesgo los objetivos de creación de las mismas por la intención de implementar los proyectos petroleros en zonas de alta sensibilidad ambiental. La exploración petrolera en la región ha puesto en situación de riesgo a la organización social y los medios de vida de los pueblos indígena Mosetene, Leco-Larecaja, Leco-Apolo, Chimane, Quechua-Tacana, Tacana y Ese Ejja, así como a las colonias campesinas multiétnicas ribereñas del Río Beni y sus tributarios. Un elemento muy crítico y preocupante en el avance petrolero al norte de La Paz es que en las regiones donde comenzarán los procesos de ex ploración y eventual explotación petrolera, dentro del Parque Nacional Madidi, existen evidencias de la presencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario, los Toromona, sobre los cuales incluso existe un de150
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creto supremo del actual Gobierno para asegurar su protección. En dicha región podrían incluso existir otras poblaciones aisladas de otros grupos que se creen extinguidos como los Aguachiles. Es importante a este último punto rescatar un evento homólogo suscitado en la Amazonía Peruana, precisamente a mediados del 2009. Cien días después de que las otograías de uno de los últimos pueblos no contactados en la región limítroe entre Perú y Brasil aparecieran en los titulares de todo el mundo, el inorme prometido por el Gobierno Peruano sobre este asunto no había sido aún hecho público. Las otos tuvieron una gran repercusión en los medios internacionales y obligaron moralmente al Gobierno a enviar un equipo de investigadores al interior de la selva. Se observó ahí los madereros ilegales en el lado peruano estaban arrasando la selva y habían obligado a otros indígenas aislados a trasladarse de Perú al Brasil. “ Lo que está ocurriendo en esta región [de Perú] es un crimen descomunal contra la naturaleza, los indígenas, la auna, así como una prueba evidente de la completa irracionalidad con la que nosotros, los “civilizados”, tratamos al mundo, casa de todos nosotros”, arma José Carlos dos Reis Meirelles Júnior, un experto en indígenas aislados del Gobierno Brasileño, que estaba en el avión desde el que se tomaron las otograías. El Presidente peruano A. García, desde su visión desarrollista que impulsa a ultranza, insinuó públicamente que talesindígenas aislados no existían y que ueron “ creados por los medioambientalistas” que se oponen a la exploración petrolíera en la Amazonía. Otro portavoz incluso llegó a compararlos con el monstruo del lago Ness. En realidad hay quince pueblos indígenas aislados en el Perú, todos ellos bajo la amenaza de la tala masiva y de las exploraciones petrolíeras, y de gas (Ecoportal, mayo 2009).
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Más exploraos El caso de Liquimuni y las zonas asociadas de Chepite y Chispani parecen ser sólo un acápite de los planes gubernamentales. En julio del 2009, se anunciaba que el gobierno boliviano daría inicio de exploración de hidrocarburos en el bloque norte del país, que comprende La Paz, Pando y Beni, con la participación de YPFB, en sociedad con la privada Gas To Liquid Internacional (GTLI). En ese sentido, se destaca la aprobación en el Senado de un proyecto de ley para la conormación de una compañía mixta entre la Estatal YPFB y GTLI. Como parte de esa labor, en el Nor te del Departamento de La Paz, especícamente en la Provincia Iturralde, se trabajaría un millón de hectáreas para hacer estudios de búsqueda de petróleo. La inversión estimada en esa región ronda los 800 millones de dólares para las ases de exploración y explotación (www.patrianueva. bo, julio 2009). Estos anuncios se plasmaban a partir del Decreto 0676 emitido a nes del año 2010. De acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos, existe un gran optimismo en este proyecto, debido a que en la estructura en la cual se está realizando esta ase de exploración es relativamente similar a la que tienen los bloques en Camisea, en la región del Perú”. De acuerdo a las proyecciones, en no más de seis meses comenzaría la explotación de hidrocarburos en el Norte de La Paz, consolidando un proyecto “largamente anhelado”. El Preecto de La Paz, Pablo Ramos, apoyó el pedido del presidente Evo Morales a la Cámara de Senadores para que se sancione lo antes posible una ley que apruebe el contrato con la empresa GTLI y apresure la exploración de hidrocarburos en el Norte de La Paz. El Preecto de La Paz explicó que esa empresa tiene un equipo con el cual se puede perorar a mayores proundidades. “ Mi pedido a los movimientos sociales es presionar al Senado para la aprobación de la Ley”, dijo el Preecto a los pobladores de Ixiamas, Tipuani, Guanay, Mapiri, Tacacoma y Teoponte, quienes asistieron a una inaugu152
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ración del Coliseo Cerrado de Apolo (eaebolivia.com, junio 2009). Esto se puede interpretar como una clara orma de manipular la presión social para lograr de cualquier orma el apoyo a los megaproyectos, algo que no se había visto de una orma tan explícita en el pasado. En julio del 2009, el gobierno anunciaba el inicio de exploración de hidrocarburos en el denominado bloque Norte o bloque Río Beni, que com prende La Paz, Pando y Beni, con participación de YPFB, en sociedad con la empresa GTLI-GAS TO LIQUID INTERNACIONAL (Erbol, 10 julio 2009). Esto refeja el decidido apoyo del gobierno a la inversión privada para la exploración de hidrocarburos en el bloque Norte del país, en este caso, en manos de la privada GTLI y, de ese modo, continuar con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo transnacional. Con estas acciones, sigue consolidándose el patrón expoliador de materias primas, contrario a la lucha de los movimientos sociales por proteger del gran impacto negativo que se causa en el medio ambiente. De cualquier orma, a mediados del 2010, no se conocía inormación precisa y concreta sobre cuáles son las acciones y zonas (supuestamente es el bloque Río Beni) en las cuales YPBFB-GTLI estarían operando con la sísmica 2D, o si las operaciones están paralizadas.
Rspusta Ante las presiones de una exploración petrolera con deciencias en el manejo de la instrumentación de la gestión ambiental y notables allas en el manejo de la consulta pública, las respuestas provinieron de las re presentaciones sociales indígenas de los pueblos directa o indirectamente avasallados y de organizaciones ambientalistas comprometidas con los movimientos sociales desde hace décadas. La respuesta del gobierno desde las ocinas de la ACC se caracterizó por una inusitada debilidad, en la que primó un absoluto silencio y pasividad 153
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hacia el preeminente sector hidrocarburíero. No se llegaron a conocer expresiones de refexión y reclamo en avor del cumplimiento de las normas ambientales y sociales, o el respeto de los derechos indígenas. En tan to que desde la instancia sectorial (Ocina Ambiental de Hidrocarburos), el accionar estuvo marcado por una absoluta discrecionalidad y ranco apoyo al consorcio petrolero, así como por una alta de consistencia en la aplicación correcta de las normas e instrumentos de gestión ambiental. Por su parte, las máximas autoridades del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, deendieron a ultranza a la ocina de hidrocarburos y a la Empresa Petrolera (PETROANDINA), poniéndose abiertamente en contra de los pueblos indígenas aectados que reclamaron sus derechos amparados en las normas y la nueva Constitución Política del Estado. Desde las organizaciones sociales, en marzo del 2009, se daba a conocer el pronunciamiento de los pueblos indígenas del Norte de La Paz, como reacción a las acciones desordenadas que llevó adelante la ocina de hidrocarburos y la Empresa PETROANDINA. ASAMBLEA CONSULTIVA DEPARTAMENTAL: Santa Ana de Mosetenes 21 al 23 de marzo de 2009 En la población de Santa Ana de Mosetenes, en el gran Salón Tamarindo, las organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía del Departamento La Paz: Consejo Indígena del Pueblo Takana (CIPTA), Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), organización del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización del Pueblo Indígena Mosetene (OPIM), Consejo Regional T’simane Mosetene (CRTM), Pueblo Indígena Quechua Takana de San José de Uchupiamonas (PIQT-SJU), Comunidad Originaria Agroecológica Mosetene de Palos Blancos (COAPB) y Comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo, todas aliadas a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), reunidas en Asamblea Consultiva Departamental, han realizado un amplio análisis y debate sobre la temática de hidrocarburos, en especial el avance que se está dando en el marco del proyecto de prospección sísmica 2D del bloque Liquimuni, que afecta directamente a las TCOs de los pueblos Mosetene y Leco de Larecaja e indirectamente a los pueblos T’simane-Mosetene de Pilón Lajas, Leco de Apolo y la Comunidad Agroecológica Mosetene de Palos Blancos.
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CONSIDERANDO: Que, CPILAP permanentemente ha raticado su posición en el tema Hidrocarburos manifestada en sentido de que “COMO CPILAP ENTENDEMOS LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL NORTE DE LA PAZ PARA IMPULSAR EL PROCESO DE CAMBIO EN EL DEPARTAMENTO Y EL PAÍS EN SU CONJUNTO, POR LO QUE RESPALDAMOS ESTE PROCESO. SIN EMBARGO, NUESTRO PLANTEAMIENTO SE AMPARA EN EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS, PRINCIPALMENTE LOS REFERIDOS A LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN, PREVIA E INFORMADA, Y AL DERECHO A LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IMPACTOS, ASÍ COMO A UNA COMPENSACIÓN O INDEMINIZACIÓN DIGNA Y ADECUADA POR LOS IMPACTOS NEGATIVOS INTEGRALES, QUE ESTA ACTIVIDAD PUEDE GENERAR EN NUESTROS PUEBLOS, PARA VIVIR BIEN”. CPILAP, mediante varias Resoluciones fundamentadas en informes técnicos, ha observado permanentemente los irregulares procedimientos, el incumplimiento de las normas y el no respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por parte de la empresa y el propio gobierno nacional, en el desarrollo del proyecto de prospección sísmica 2D del bloque Liquimuni. Los pueblos indígenas de la Amazonía de La Paz, en Asamblea Consultiva Departamental del CPILAP, en uso de sus legítimos derechos amparados por la Constitución Política del Estado, la Ley y en base a normas y procedimientos propios resuelven: Raticar todas las decisiones asumidas en la Asamblea Consultiva de Guanay de Octubre de 2008, raticadas en la Asamblea Extraordinaria de Palos Blancos y en la Comisión Departamental, realizada en la ciudad de La Paz, exigiendo el cumplimiento de todos los puntos manifestados en esa resolución. Asimismo, se dene incorporar a la instancia de negociación del CPILAP a representantes de los Directorios de los pueblos y a autoridades de las comunidades afectadas. Raticar la demanda de que tanto la empresa como las instancias del gobierno nacional, respeten la instancia orgánica, legal y legítimamente constituida y dejen de lado sus intentos por romper la estructura orgánica del CPILAP y de dividir la organización, recurriendo a la prebenda, la calumnia y la difamación. Censurar y declarar personas no gratas y enemigas de las organizaciones indígenas del Norte de La Paz a la Sra. Jacqueline Gutiérrez López y al Sr. José Luis Villarroel, empleados de la empresa YPFB PETROANDINA SAM, exigiendo que las personas mencionadas no sean parte de ninguna reunión futura, que se realice con las organizaciones aliadas a CPILAP. Exigir a la empresa YPFB PETROANDINA SAM, que no siga con sus intenciones de quebrantar y vulnerar la estructura orgánica de CPILAP, ingresando directamente a las comunidades, sin respetar las instancias orgánicas legal y legítimamente constituidas.
Las comunidades indígenas que habrían demandado que los proyectos exploratorios se paralicen, por daños al medio ambiente, ueron las Mo155
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setene de Simay, Santa Ana y San Pedro, y las comunidades de Leco de Michiplaya, Mariapu, Nueva Generación, Santa Rosa de Carura, Carura, Candelaria, Barompampa y Tutilimundi (plataormaenergetica.org./ CEDLA 26 marzo, 2010). La sociedad civil también se maniestó al respecto. En abril de 2009, una carta abierta de la organización FOBOMADE, dirigida al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, y titulada “ Por una Amazonía sin Petróleo” , entre sus partes más sustanciales mencionaba: y
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El 2006 el Estado boliviano creó la Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta, para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario Toromonas, comprometiéndose a respetar sus ormas de vida individual y colectiva. Con la nueva Constitución, el Estado Boliviano (Art. 31) pereccionó dicha resolución, comprome tiéndose a proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, que habi tan en el territorio nacional, evitando que sean perseguidos, acosados y exterminados por grandes proyectos que se instalan en sus zonas de vida, que los asxian hasta desaparecerlos. A pesar de ello, el 2008 se rmó contratos petroleros precisamente en el área de protección, con la Empresa PETROANDINA SAM, a la cual, entre mayo y agosto de 2007, se le adjudicó más de 3 millones de hectáreas, además de que se renovaron los contratos petroleros con Repsol YPF, Petrobras, Total E&P, en una supercie de 1 millón y medio de hectáreas, todo ello, en la Amazonía. La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recono cido el derecho de los pueblos al desarrollo con identidad. “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y otros programas económicos y sociales que les conciernan, y en 156
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lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”. Si el Estado pretende aplicar una estrategia de desarrollo nacional, en relación a los pueblos indígenas, la concertación de las políticas que puedan aectar sus territorios y sus tierras es undamental, pues de lo contrario, se estaría aplicando la misma vieja política de implantación verticalista de los proyectos de explotación, que van,”sí o sí ”.
En julio del 2009, y como un corolario a la problemática socio ambiental de Liquimuni, y otras iniciativas extractivistas en el país, un importante conjunto de organizaciones indígenas y originarias emitieron un pronunciamiento en contra de las políticas desarrollistas y de avasallamiento de las Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias, lo cual incrementó aún más la posición deensiva en la que se encontraba el gobierno. Reunidos en La Paz el 7 y 8 de julio, los representantes de los pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia habían exigido al gobernante de Bolivia que consulte y respete la decisión de los pueblos sobre las actividades mineras e hidrocarburíeras en sus comunidades. Los indígenas conminaron al Presidente Morales a detener los trabajos petroleros que se iniciaron en la Amazonía y otros emprendimientos mineros en el altiplano, considerando que se trata de un atentado contra el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades. “ Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la con servación de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en Áreas Protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de actividades hidrocarburíe ras y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales ”, advirtieron los originarios. Los representantes indígenas y campesinos retaron a los gobernantes a debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo sostenible y a denir una justa distribución de las riquezas generadas por la explotación del gas y los minerales. 157
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Entre los aspectos más destacados de las resoluciones de dicho Encuentro de las Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas del país, del 8 de julio del 2009, sobre el tema hidrocarburíero, se menciona : y
y
Nosotros como aectados de los impactos negativos a los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la ex tracción de los recursos hidrocarburíeros y mineros en nuestros terri torios, sin que los mismos tengan solución por parte del gobierno y sus ministerios. Conocedores que a la echa el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de nor mas en relación a la industria minera e hidrocarburíera normas que aectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, construi das sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado. ,
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Que los confictos suscitados por la extracción de los recursos naturales, entre las organizaciones indígenas originarias campesinas con empresas privadas/públicas y el Gobierno, por el desarrollo de actividades extrac tivas en hidrocarburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre, inormada y obligatoria. Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación a Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas para actividades hidrocarburíeras, aectando a las instancias de representación de las naciones y pueblos indígenas originarios y dividiendo a sus organizaciones, con el n de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíeros.
Por Tanto, Resolvemos: TERCERO.- En lo reerido al tema hidrocarburíero, exigimos la participación de las organizaciones indígenas originarias y campesinas en las decisiones que tome el órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburtos, Ministerio de Medio Ambiente 158
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y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas, originarios y campesinos, establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes. CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Moseten y Lecos, integrantes del CPILAP, para obtener res paldo y otorgar la Licencia Ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participa ción conorme a la normativa y lo señalado en la Constitución Política del Estado. Exigimos la nulidad de los procesos de consulta desarrollados, omitiendo y vulne rando los derechos, lo que puede implicar incluso la revisión y en su caso la nulidad de la licencia ambiental para las operaciones hidrocarburíeras y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II bloque Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíeros de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Ama yapampa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los suyus, marcas y ayllus del CONAMAQ.
La posición del gobierno, y la del propio Presidente de la República, tuvo una alta dosis de agresividad hacia la misiva enviada y puesta en la WEB. Las contra-argumentaciones del gobierno a la misiva ueron notoriamente insustanciales y diícilmente podían resistir un análisis medianamente crí tico. Se inormaba en los medios de prensa nacional (Econoticias Bolivia, julio, 2009) sobre la decisión de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, de impedir que se emprendan nuevas operaciones petroleras y mineras en sus territorios, es decir, en la Amazonía, los valles y el Al tiplano, sin su expreso consentimiento y previa consulta. Esto enojó al presidente Evo Morales, quien maniestó: “ No solamente hay una oposición que son los neoliberales, sino también alguna oposición de algunas ONGs que van desorientando al pueblo boliviano (…) Algunas ONGs decían “Amazonía sin petróleo (...) eso quiere decir que no haya gas ni petróleo para los bolivianos. Entonces ¿de 159
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qué Bolivia va a vivir si algunas ONGs dicen Amazonía sin petróleo ?”,….” Algunas ONGs usan a algunos dirigentes sindicales o al movimiento indígena para oponerse y se oponen y no nos acilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo; por supuesto, cuidando el medio ambiente. Es nuestra obligación ”.
Similar postura deensiva y de ataque a las ONG´s y organizaciones sociales tuvo el entonces Ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, quien una supuesta injerencia de organizaciones no gubernamentales con asesoría extranjera, con objetivos de entorpecer los proyectos hidrocarburíeros en el Norte del Departamento de La Paz: “ Bajo alsos argumentos en deensa del medio ambiente, algunas agrupaciones indígenas y originarias han cuestionado las labores de exploración y peroración de carburantes, pero sin los datos reales” (www.patrianueva.bo), negando la vulneración de las normas y procedimientos sociales y ambientales. Los desmentidos y la postura de las declaraciones del ex ministro Coca se comparan a las expresiones del ex ministro Echazú, en el caso de las acciones similares de COMIBOL en Coro Coro (ver capítulo de Minería en esta serie). El discurso gubernamental de julio del 2009 es muy similar a declaraciones ociales emitidas en otras épocas, como lo maniesta la nota en el siguiente recuadro: Se repite la historia Fuente: eL diario, sePtiemBre de 2004 Organizaciones como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y el Foro Boliviano del Medio Ambiente (FOBOMADE) denunciaron que en los últimos años, los gobiernos de turno han otorgado una serie de concesiones a las empresas petroleras, que se sobreponen a las áreas protegidas (AP) del país. El Ministro de Desarrollo, Gustavo Pedraza, reconoció la existencia de la actividad petrolera en éstas áreas, pero, garantizó que las empresas cumplen con la normativa y están obligadas a mitigar posibles daños ambientales e implementar planes de reforestación: “La legislación permite realizar actividades petroleras dentro del Área Protegida, siempre y cuando se tenga cuidado, no es ilegal y no podemos oponernos si es que las empresas se sujetan en forma estricta, a lo que establece la reglamentación de áreas protegidas”.
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Pedraza manifestó que muchas de las denuncias de daños al medio ambiente derivados de la actividad petrolera, a veces contienen demasiada carga política y obedecen a intereses de grupos que no desean que el país siga preservando áreas protegidas, a n de explotar libremente, por ejemplo maderas tropicales. De acuerdo a datos del propio Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), las empresas petroleras se adjudicaron 11 Áreas Protegidas para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica, poniendo en riesgo a la fauna, ora y el desarrollo armónico de las comunidades originarias, asentadas en éstas zonas.
Al respecto de la denuncia ocial sobre la “manipulación de los indígenas” por las organizaciones ambientalistas, se puede mencionar que esa es una visión paternalista que menosprecia las capacidades y el valor de crítica, denuncia y empoderamiento que han alcanzado los Pueblos Indígenas. Es parte de un discurso devaluativo y reduccionista que asume que los indígenas no pueden pensar por sí mismos. Este tipo de críticas serían creíbles en regímenes abiertamente neoliberales, como el del Perú actualmente, pero suena a paradoja en el caso de Bolivia. Todo lo que está aconteciendo en el país es que el modelo desarrollista -”socialista”, no dista demasiado, de los modelos neoliberales en términos de generación de impactos ambientales y vulneración de los derechos de las minorías culturales, ni dista mucho de lo que está aconteciendo en el Perú, Brasil o Chile. El modelo extractivista - economicista del MAS se debate en el doble discurso. No sólo es el tema hidrocarburíero, el campo de la vulneración, sino el energético en general (mega represas, geotermia en áreas protegidas de alta ragilidad, minería, complejos agroindustriales cañeros en la Amazonía, etc.). El panorama es desolador y ahora, a dierencia de hace seis o diez años, no hay contenciones sociales relevantes (los pueblos indígenas de Amazonía y Chaco son minorías con poco chance), que puedan contrarrestar las políticas desarrollistas del gobierno, las cuales llegan a contar con el abierto apoyo de las instancias cívicas y municipales en las regiones productoras que avalan los procesos de extracción de recursos, 161
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debido a la expectativa de los recursos monetarios impositivos (ejemplo IDH y regalías). Al igual que en la región sur del país, las alcaldías del norte de La Paz tienen expectativas positivas sobre la explotación petrolera en la región. Sin embargo, estos benecios se quedan en los niveles preecturales y municipales, y no llegan a las poblaciones indígenas (caso de la región Guaraní). En resumidas cuentas, existe doble paradoja: reciben los impactos sociales y ambientales y no ven ningún benecio económico sustancial. Otro rente de conficto y reclamo surgía hacia nes del 2009, c causa de que supuestamente los indígenas demandaban a las empresas petroleras que operan en sus territorios compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes. Para el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), estas peticiones son justas y no sobredimensionadas, como las calicó el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, quien acusó a los pueblos indígenas y a organizaciones campesinas de obstaculizar la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con YPFB, y que debían invertir este año 600 millones de dólares. Dijo que no se opone a sus exigencias, sino a lo “sobredimensionado de sus demandas”: “ En muchos casos esa demanda y compensación, excede con creces a la disponibilidad de la empresa; inclusive no guarda proporción con lo que piden versus las inversiones que realizan estas” (La Razón, 22 septiembre 2009). Martín Gutiérrez, miembro del equipo legal de FOBOMADE, consideró que las demandas son justas y que las petroleras tienen una deuda histórica con las poblaciones y comunidades donde desarrollan sus labores. Armó que las empresas y el gobierno han violado las normas y la Constitución Política del Estado, donde se establece la consulta social. Recordó que el problema con los indígenas no sólo se da en la región del Chaco sino también en la Amazonía, donde la Empresa PETROANDI162
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NA realiza trabajos de exploración, sin cumplir las normas y sin respetar la propiedad privada ni áreas protegidas (La Razón, 22 septiembre 2009). Según la posición en dicho Foro, al determinar áreas de exploración, no se ha inormado debidamente a la población que iba a ser aectada; se ha incumplido la Constitución, la Ley de Hidrocarburos y los reglamentos. En la Ley se señala que previamente a denir nuevas áreas, se debe realizar un estudio ambiental estratégico, y eso tampoco se ha hecho”. En tanto, el presidente de la Conederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolo Chávez, censuró lo dicho por Villegas y criticó por no haberse reunido con las Etnias del Oriente para coordinar las labores pe troleras que se pretende realizar. “Nosotros nunca hemos dicho que no haya tal trabajo, lo que se quiere es coordinar” (La Razón, 22 septiembre 2009).
También en septiembre de 2009, se maniestaba en la prensa que el gobierno, a través de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, elaboraba una norma que evitaría “ la obstaculiza ción de las inversiones en las áreas petroleras” y que sería socializada en cuanto sea concluida. El propio presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció que el Ministerio trabaja en una norma para que en el uturo no haya obs táculos para la inversión” (La Razón, 22 septiembre 2009). Por supuesto, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), desde su presidente, José Magela, apoyaba la posición del presidente de YPFB, contrario a los derechos y reivindicaciones indígenas. Mencionaba que “ Las petroleras tam bién son víctimas de chantajes, además de recibir demandas sobredimensionadas de los indígenas, también son víctimas de chantajes derivados de bloqueos de caminos ”, y “Los comentarios del presidente de YPFB, Carlos Villegas, son muy acertados en relación a que las comunidades indígenas están sobredimensionando sus deman das por compensaciones e indemnizaciones” (EFE-La Razón, 22 Septiembre 2009). En resumen, “los lobos se sienten atacados por los corderos ” .
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Desde mediados del 2009, no se conoció nuevos pronunciamientos de los sectores sociales directamente aectados por el proceso exploratorio, en este caso el pueblo indígena Mosetene. Muy al inicio del 2010, se dio una voz de rechazo a la tercera ase de la exploración sísmica en la TCO Mosetene. Curiosamente, esto vino de la parte de las comunidades que el año 2009 apoyaban la exploración (es decir que ueron cooptadas por la empresa), las cuales denunciaron el incumplimiento de PETROANDINA en el apoyo comprometido a proyectos de desarrollo en las comunidades, lo que ue calicado como un engaño (La Razón, 15 enero 2010). Es decir, esta empresa petrolera mixta, no sólo dividió y debilitó la organización indígena, con maniobras manipulativas de una consulta pública decitaria, sino que además engañó a los indígenas con promesas incumplidas. Poco después, en marzo del 2010, ocho comunidades de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Mosetene, se reunían de emergencia en la ciudad de Santa Cruz con la CIDOB para denir medidas que se tomarán en contra de la Empresa Estatal Boliviana-Venezolana PETROANDINA, después de que ésta incumpliera con los proyectos de desarrollo a cambio de la exploración de petróleo en esa zona. De acuerdo al Cacique Mayor de la OPIM, Daniel Gigasi: “ Nos hemos cansado de que nos prometan y no cumplan. Tomaremos medidas ante el incumplimiento, porque nuestros derechos han sido vulnerados, porque como dirigentes no uimos consultados para que se inicie con la exploración y al contrario sólo nos dividieron a cambio de proyectos que no se cumplen” (Plataormaeneregtica.org, 26 marzo 2010). Según esta autoridad indígena, “los daños causados por las pruebas sísmicas son “incalculables” en los miles de kilómetros que constituyen las Tierras Comunitarias de Origen Mosetene, pero PETROANDINA no quiere hablar de la compensación y exige que se le muestre con hechos de cuáles son los eectos que se ha causado con la exploración” (Jornada.net/ERBOL, 29 marzo, 2010). Según los dirigentes 164
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de la CPILAP, este problema es resultado del engaño de la empresa petrolera, pero también de la alta de convicción y responsabilidad de algunas comunidades y autoridades de la TCO Mosetene y la OPIM, quienes aceptaron el ingreso a su TCO a cambio de compensaciones que ahora no ven. Por nuestra parte, observamos con preocupación la acilidad con la que todavía pueden ser engañados algunos dirigentes y comunidades indígenas, al mismo tiempo de conrmar, una vez más, la perversidad con la que siguen actuando las empresas petroleras. En otros ámbitos de la respuesta a los problemas generados por la exploración - explotación de los hidrocarburos, se debe mencionar el reerido a la generación de inormación sobre los impactos ambientales. El Reino de Holanda destinó un ondo de casi un millón de bolivianos para la realización de estudios ambientales relacionados a las actividades hidrocarburíeras en Aguaragüe y Norte de La Paz (Diciembre, 2009). Holanda nanciará dos estudios ambientales en áreas con potencial hidrocarburíero en el Parque Nacional Aguaragüe y las Áreas Protegidas de La Paz y Beni. La donación suma 978.502 Bs. Además, dona 33,74 millones de Bs, equivalente a más de 4,77 millones de dólares, como ondos destinados al Programa Estratégico de Fiscalización y Control Social en el Uso de los recursos de la tierra y los bosques, administrado por la Autoridad Sectorial. Los convenios de donación por cerca de 5 millones de dólares ueron suscritos entre el Ministerio de Planicación y el Embajador de los Países Bajos. La evaluación ambiental estratégica del sector hidrocarburos en las áreas protegidas del Norte del país brindará inormación para identicar y prevenir posibles impactos ambientales en estas zonas con interés petrolero. Los estudios se realizarán en ocho ases, incorporando la participación de las comunidades originarias, indica un inorme del Ministerio (Hidrocarburosbolivia.com; diciembre, 2009). Llama la atención que, en este proceso coordinado por el Ministerio de Planicación, sin embargo,
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que parezca estar ausente la participación de la AAC (Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambios climáticos) del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. A inicios de agosto del 2009, no se conocía todavía ninguna reacción sobre las lamentables declaraciones del Ministro Vincenti en torno a la “ bús queda de acilidades” para el ingreso de las empresas petroleras PETROBRAS -TOTAL E&P y REPSOL YPF a los bloques, lo cual aectaría a las zonas mejor conservadas del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas. Es posible que el ya mencionado Decreto 0676, se la unesta llave que abra es posibilidad. el corrdor ishpngo-Tambooha-Tputn o iTT dl euador
Respecto de la economía post-petrolera y post extractivista que parece alborar con dicultades en el hermano país del Ecuador, la propuesta ecua toriana ITT (en reerencia al corredor petrolero Ishipingo-TambocochaTiputini), consiste en no explotar las reservas comprobadas de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, uno de los más importantes del Ecuador y Sudamérica, si la comunidad internacional llegara a compensar al Ecuador con al menos la mitad de las rentas que recibiría por la explotación de ese crudo. La propuesta ue presentada por el presidente del Ecuador Raael Correa el año 2007 ante las Naciones Unidas (Acosta et al. 2009). La iniciativa apunta a evitar la explotación de combustibles ósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y cultural, donde además viven pueblos indígenas no contactados, y que además implica evitar la emanación de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono a través de la no ex plotación del campo ITT, en una reserva natural protegida. Después de la Cumbre Climática de Copenhague, dicha propuesta tropezó con más problemas de tipo administrativo y de manejo del ondo duciario, que del manejo de la liquidez nanciera. De cualquier orma, su éxito está 166
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rodeado de incertidumbres y se ha sugerido que su eventual nauragio podría deberse a una intererencia directa de las empresas petroleras. Abordamos someramente el tema del ITT en este capítulo debido a que en algún momento se mencionó la remota posibilidad de un proceso análogo para el Norte de La Paz, y en especial reerencia a los bloques Río Hondo y Tuichi que aectarrían la zona núcleo del PN Madidi, considerada el Área Protegida más importante de Bolivia. En términos comparativos, Bolivia está todavía inmersa en la lógica del extractivismo puro y está muy lejos de poder concebir una propuesta como el ITT, desde las eseras de mayor capacidad decisional del gobierno. Un tema de la dimensión del ITT no sólo depende de un buen nivel de sensibilidad de los gobernan tes y el sentido de “sacricio” del poderoso sector hidrocarburíero que deja escapar una oportunidad, sino de la buena voluntad y conanza de la comunidad internacional, tres elementos ciertamente diíciles de con juncionar de manera simultánea. Esto, por supuesto, dependerá de si se llega a encontrar o no un gran campo petrolero o gasíero en el interior del Parque Nacional Madidi. De ser así, la alternativa de un modelo tipo ITT, dada la dinámica de la economía desarrollista de Bolivia, y del tiempo que toma concretar una propuesta de dicha dimensión, estaría por demás muy lejos de alcanzar. Por su parte, tampoco se han analizado, todavía, las potenciales millonarias alternativas de extracción, a través de peroraciones diagonales o laterales, es decir, desde uera del Parque Nacional o al menos desde uera de la zona núcleo.
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Axo CHEVRON-TEXACO y el Genocidio Cultural en Ecuador Fuente: testimonio de KerrY KennedY. 14 diCiemBre de 2009 (t ierramériCa) Las huellas del paraíso están todavía visibles. Desde el aire, la región selvática del Norte de Ecuador, conocida como el Oriente, parece un tapiz de niebla plateada y franjas de intenso verde. Pero bajo el manto de nubes y el dosel de los árboles, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire, que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar, se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos. Este paisaje de pesadilla es el legado de la Corporación Petrolera TEXACO. Entre 1964 y 1990, TEXACO (adquirida por CHEVRON en 2001), perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una supercie de 2.700 millas cuadradas de la Selva Amazónica Ecuatoriana. La empresa obtuvo aproximadamente 30.000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18.000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción - una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos - que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan. En el proceso, TEXACO construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas. A diferencia de las piscinas, estos hoyos fueron cavados sin revestir la tierra. No se colocó ningún material impermeable para proteger el suelo y el veneno que se escurrió al agua subterránea. “Yo había escuchado hablar durante años del “Chernobyl de CHEVRON en la Amazonia”. Pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo durante mi visita al Ecuador. Tuve en mis manos una libélula embadurnada de petróleo, que trataba de mover desesperadamente sus alas. Vi huellas de patas de cerdo en el barro al lado de inmundicias grasientas, donde los animales habían comido pasto contaminado, que pronto estará infectando a niñas, niños, mujeres y hombres, que al comer carne de puerco terminarán consumiendo los desperdicios de CHEVRON. Conocí a un hombre cuyos dos niños habían muerto después de nadar en el agua contaminada. Uno murió en menos de 24 horas. El otro se retorció en agonía durante seis meses. Otro hombre tiene su vivienda ubicada sólo a unos metros de uno de los pozos. Tiene diez hijos. Todos se han enfermado, algunos cubiertos de llagas. Sus gallinas y sus puercos murieron. Nada crece cerca de su casa”. “Vi un pozo envenenado abandonado por TEXACO en 1974, que nunca fue usado por otra compañía. Los ductos que salen de ese estanque contienen un líquido claro que uye por
ellos. Cuando acerqué el líquido a mi nariz, olía a gasolina. La cañería va directamente a un riachuelo cercano, que es la fuente principal de agua de consumo para la gente que vive en sus riberas”…..“Escuché historias aterradoras acerca del maltrato inigido por trabajadores
de TEXACO: mujeres violadas; chamanes llevados en helicóptero a alejadas cadenas de montañas para ver si lograban encontrar el camino para devolverse; indios a los que les dijeron que friccionarse petróleo en sus cabezas calvas les haría crecer cabello fuerte y largo; y camiones de la empresa que derramaron desechos de petróleo en las sendas donde la gente caminaba y sufría quemaduras causadas por la brea pegajosa expuesta a los calcinantes rayos del sol. Este no es un asunto de sentimentalismo ecológico. Es un asunto de derechos humanos, de violaciones claras de los derechos de los indígenas ecuatorianos a la vida, la seguridad y la autodeterminación”.
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Cuando los petroleros de TEXACO descendieron de sus helicópteros en la jungla a principios de la década de los 60, regalaron a los aborígenes pan, queso, platos y cucharas. Hasta hoy, esa es la única compensación que los grupos indígenas han recibido. Nunca se les pidió permiso para que su tierra fuera horadada, antes de que los ejecutivos de TEXACO negociaran un contrato con funcionarios del gobierno ecuatoriano. Texaco sabía que había gente que podía morir por sus actividades, y la ignoró. De acuerdo con el último conteo, 1.400 niños, mujeres y hombres han muerto de enfermedades atribuidas directamente a la contaminación provocada por TEXACO. El índice de casos de cáncer en las comunidades afectadas por la actividad petrolera es 30 veces mayor que en cualquier otro lugar del país. Otros equipos médicos han documentado altas tasas de defectos congénitos, abortos, enfermedades de la piel y daños al sistema nervioso. Dos grupos nómadas que habitaban la región, los Tetetes y los Sansahuari, han desaparecido. Lo que TEXACO hizo podría calicarse penalmente como homicidio por negligencia. Ahora, los grupos indígenas que quedan en el Oriente Ecuatoriano -los Cofán, Siona, Secoya, Kichwa, y Huaorani- han tomado en sus manos la lucha contra CHEVRON. Organizados a través del grupo de base Frente de Defensa de la Amazonía, están exigiendo, mediante una demanda colectiva sin precedentes, que CHEVRON arregle el daño que causó. La evidencia de la maldad de TEXACO está a la vista de todo el mundo. El año pasado, un cabildero de CHEVRON -cuya identidad no fue revelada- fue citado diciendo que la lección para Ecuador es que “nosotros no podemos permitir que países pequeños hostiguen a compañías grandes como ésta, empresas que han hecho grandes inversiones en el mundo”.
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Futs osulta ACOSTA, A., GUDYNAS, E., MARTÍNEZ, E., VOGEL, J. 2009. Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido: Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT. FLACSO/CLAES/Oilwatch/Acción Ecológica/U. San Juan de Puerto Rico. 16 p. ACOSTA,A., MARTINEZ,E. 2009. El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Abya-Yala Eds. Quito, Ecuador. 184 p. CASTRILLO, H. M. 1986. Reseña Histórica del Petróleo en Bolivia. YPFB. La Paz, Bolivia. 82 p. CEADESC. 2008. Atlas de contratos petroleros en tierras Comunitarias de Origen y Municipios de Bolivia. Geoespacio. 200 p. CLAVERO, B. 2009. ¿Quién comete genocidio en el Perú?. Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. COELLO, J. C. 2008. Desafíos de la gestión ambiental ante emprendimientos de exploración y explotación petrolera en Bolivia. 39-57 p. En Belpaire, C. M y Ribera, A. M. O. Eds. : Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La Paz, Bolivia. CPT/CIDOB. 2000. ATLAS. Territorios Indígenas en Bolivia. Situación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y procesos de titulación. INRA-FACO/CERES-SNV-HIVOS-IWGIA-IBIS-PDPICIPCA-PRAIA-PAF BOL-CID. La Paz, Bolivia. 263 p. DIEZ ASTETE, A., MURILLO, D. 1998. Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. MDSP-PNUD. La Paz, Bolivia. 330 p. KENNEDY, K 2009. Chevron y el Genocidio Cultural en Ecuador. Testimonio de Tierramérica. RIBERA, A. M. O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p. RIBERA, A. M. O. Y LIBERMAN, M. 2005. El uso de la tierra y los recursos de la biodiversidad en las Áreas Protegidas. SERNAP-GEF II. La Paz, Bolivia. 540 p. SERNAP, 2004. Plan de manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI. Proc.GEF II. WCS/CARE. La Paz, Bolivia.
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Págas Wb http://clavero.derechosindigenas.org www.plataformaenergetica.org CEDLA: www.cedla.org www.econoticiasbolivia.com eaebolivia.com www.planguarani.com) www.fobomade.org.bo www.cbh.org.bo www.hicrocarburosbolivia.com La Prensa: www.laprensa.com.bo El Diario: www.eldiario.com La Razón: www.larazon.com La Patria: www.patrianueva.bo Bol Press: www.bolpress.com Reporte Energía: www.reporteenergia.com Energy Press: www.energypress.com.bo Petropress: www.cedib.org/index Jornada.net: www.jornadanet.com ERBOL: www.erbol.com.bo ANF: www.noticiasdes.com EFE: www.efe.com (agencia de noticias esp.)
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Lsta Sglas AAC
Autoridad Ambiental Competente
CBH
Cámara Boliviana de Hidrocarburos
CEDIB
Centro de Documentación e Información de Bolivia
CEDLA
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
CEJIS
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales
CEADESC
Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CIDOB
Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano
CIPTA
Consejo Indígena del Pueblo Tacana
CONAMAQ
Consejo Nacional de Ayllu y Markas del Kollasuyo
CPILAP
Central de Pueblos Indígenas de La Paz
EAE
Evaluación Ambiental Estratégica
EEIA
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
FA
Ficha Ambiental
FOBOMADE
Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo
LA
Licencia Ambiental
LIDEMA
Liga de Defensa del Medio Ambiente
OIT
Organización Internacional del Trabajo
OPIM
Organización del Pueblo Indígena Mosetene
PDVSA
Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
PILCOL
Organización del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja
PNANMI
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
PNA
Parque Nacional Amboró
RB
Reserva de la Biosfera
RGAP
Reglamento General de Áreas Protegidas, Decreto Supremo 24781
RPCA
Reglamento de Prención y Control Ambiental
SERN AP
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SNAP
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
TCO
Tierra Comunitaria de Origen
VMABCC
Viceministerio de Medioambiente Biodiversidad y Cambios Climáticos
WCS
Wildlife Conservation Society
YPFB
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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Matrz gral para la orgazaó la valuaó y sgumto uturo bas a lmtos lavs TEMA PRIORIZADO
INDICADORES FUENTES Y HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO
ELEMENTOS CLAVE PARA EL SEGUIMIENTO y
Hidrocarburos – contexto general
Hidrocarburos – zona tradicional
Peso o importancia de la explotación de hidrocarburos (gas en especial) como soporte del modelo extractivista
Exploraciones petroleras en el AP Aguarague (Petrobras, Petroandina)
y
y
Seguimiento de medios de prensa Seguimiento a medios especializados (Reporte Energía, Energy Press) Reportes del Ministerio de Hidrocarburos
y
Reportes de afectaciones a los ecosistemas
y
Intensicación de los conictos sociales
y
y
y
y
y
Situación del avasallamiento de tierras comunitarias en la comunidad Guaraní de Tucainti en el campo Sábalo por Petrobrás Vulneración de las AP Madidi y Pilón Lajas por exploraciones en los bloques Río Hondo y Tuichi (PetrobrasTotal, Repsol YPF)
y
Eventual inicio de exploración perforatoria en el bloque Liquimuni por Petroandina
Nivel de restricciones a la transitabilidad y uso del espacio tradicional
y
y
Ingreso de equipo petroleros a las zonas críticas
y
Inicio de conictos sociales
y
y y
y
y
Impactos sociales y ambientales inducidos por la exploración en el bloque Liquimuni
Coordinación con organizaciones que tienen acciones directas (CERSDET, CEDLA, APG) Coordinación con el SERNAP y dirección del AP Seguimiento de medios de prensa
Seguimiento socio ambiental – testimonios locales Información y percepciones de autoridades indígenas locales y regionales, APG, organizaciones de apoyo, etc. Reportes de prensa
y
y
Hidrocarburos – Norte de La Paz
Niveles de incremento del número de exploraciones petroleras (grado de expansión de la frontera petrolera) Niveles de exportación de gas a países vecinos
Seguimiento socio ambiental – testimonios locales Información de autoridades indígenas locales y regionales, CEPILAP, CRTM, organizaciones de apoyo, SERNAP. etc. Seguimiento información de prensa Información de YPFB y Ministerio de Hidrocarburos Perturbaciones a los ecosistemas, daños en cuencas y vertientes, pérdida de recurso fauna, daños a sitios sagrados, en zonas cruzadas por líneas sísmicas
y
Reportes, denuncias y testimonios locales Evaluaciones in situ y estudios Seguimiento a información de prensa
y
Datos positivos de la exploración sísmica
y y
y
y
y
Anuncio de planes de perforación por YPFB-Petroandina-MHE Información de prensa Información de SERNAP, organizaciones indígenas y organizaciones de apoyo que trabajan en la zona
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Derrame petrolero en el río Acero. Foto ASE.
Vista general del esplendor de la región de Aguarague. Foto google earth.
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ISAT mostrando el campo Sábalo en el subandino de Tarija. Fuente google earth.
Construcción de caminos y planchadas petroleras en zonas de alta fragilidad ecológica del bosque tucumano boliviano. Fuente google earth.
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Derrame petrolero en el río Acero-Monteagudo (ducto CLHB), septiembre 2004. Foto ASE.
Construcción de infraestructuras para las operaciones petroleras en la serranía de Aguarague. Foto google earth.
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Quebrada Monos en el Parque Aguarague, afectada por la contaminación y construcción de infraestructuras petroleras. Foto SERNAP.
Tramo pavimentado de la quebrada Monos. La velocidad de los caudales se incrementa y aumenta el riesgo aguas abajo. Foto SERNAP.
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Impactos de construcción de infraestructuras petroleras en zonas de alta fragilidad del subandino su r. Foto J.Coello.
Severos pasivos ambientales petroleros en el subandino sur. Foto J.Coello.
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Intensa contaminación y deterioro ecosistémico en zonas de alta fragilidad del subandino sur. Foto J.Coello.
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Los ductos atraviesan ecosistemas de elevada sensibilidad ecológica como cursos de agua. Subandino sur. Foto J.Coello.
Paisaje subandino de Alto Beni, la exploración de Liquimuni impactó ecosistemas de elevada fragilidad. Foto S. Friederich.
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Viviendas de colonos. Sus medios de vida también fueron perturbados por la exploración petrolera de Liquimuni. Foto S.Friederich.
Ecosistemas de elevada fragilidad serán impactados por las operaciones petroleras. Foto M.Ribera LIDEMA.
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Vista general del Río Hondo, una de las zonas mejor conservadas del PN Madidi, a ser impactada por la exploración transnacional. Foto paoloscolari google earth.
Los ecosistemas ribereños como estos del interior Madidi, son los más sensibles a las actividades petroleras. Foto SERNAP.
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Impactos sociales negativos a las organizaciones y comun idades indígenas Mosetene por la actividad petrolera, fueron activamente denunciados. Foto S. Friederich.
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