UNED - Resumen preguntas exámenes Constitucional III - Torres del Moral

Resúmenes de las preguntas más importantes que han caído en exámenes anteriores PRIMER BLOQUE: Preguntas muy recurrentes.

1. El elemento social en el Estado de Derecho (7- 2009/2010)

La fórmula del Estado social aportado por Heller en el primer tercio del S. XX, supondría la superación de la etapa del Estado liberal , caracterizado por un notable abstencionismo por parte del Estado y donde las declaraciones de derechos tienen un valor formal, dando paso a una marcada impronta intervencionista con respecto a la sociedad civil; se hace patente al objeto de alcanzar el efectivo ejercicio de aquellos derechos, a través de la corrección o disminución de las desigualdades, tratando de armonizar los distintos sectores sociales. Según la definición de García Cotarelo, “ El concepto mismo de Estado social remite a la relación entre Estado y sociedad o entre Estado y sociedad civil ”. El Estado actual se integra en Estado activo, interviniendo en todos los ámbitos que impliquen contenidos sociales. Las manifestaciones que el Estado social proyecta en nuestra norma fundamental según Alonso de Antonio se pueden resumir r esumir en: a) Mecanismos de compensación de las desigualdades : quedando los poderes públicos al servicio de la igualdad real y efectiva, a través de una política de atención a minusválidos psíquicos y físicos, como mediante a una atención adecuada a la tercera edad. b) Mecanismos de equidistribución de los bienes: Reparto justo de la riqueza nacional, tanto personal como autonómicamente. autonómicamente. c) A través del reconocimiento e impulso de los derechos sociales: Función asistencial: El Estado social desarrolla un paquete de prestaciones de cobertura de necesidades, realización de obras públicas, servicios sanitarios, etc. Función de tutela económica: Interviene en la economía de manera directa a través de planificaciones por ley de la economía general o de forma indirecta, creando las condiciones favorables para que los particulares puedan desarrollar sus iniciativas. Función de remodelación social: obligación a los poderes públicos para lograr la igualdad y la libertad efectiva de las personas y grupos, para facilitar y fomentar la participación. par ticipación. −

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Los Derechos Fundamentales son presupuesto, condición y razón de ser del Estado tal y como se refleja en el art. 1.1 de la Constitución, siendo los derechos instrumentos al servicio de la mayor plenitud del sistema de valores. UNED – Derecho Constitucional III – Cuota de Torres del Moral

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2. Características del ejercicio de los Derechos (7- 2009/2010)

Siguiendo a De Esteban, tres son las características o rasgos definitorios de los derechos que, en el ejercicio de los mismos, podemos podemos encontrar: Son directamente aplicables:

El fundamento de esta operatividad directa es la intención del constituyente de evitar condicionar el ejercicio del derecho a lo dispuesto en las leyes de desarrollo por miedo a que éstas no hubieran llegado tal vez a desarrollarse. La inmediatez de la aplicabilidad de los derechos se deduce en primer lugar del art 53.1, que prescribe que estos derechos vinculan a todos los poderes públicos. La innecesariedad de la mediación de ley ordinaria se deduce del apartado 3 del art 53 CE. Se desprende también de la disposición derogatoria 3, por lo que las leyes que regulasen derechos fundamentales debían ser derogados en tanto se opusieran a la regulación constitucional de tales derechos, ello implica que el juez ordinario queda obligado a la aplicación inmediata de lo previsto en el texto constitucional, considerando derogado todo lo que se oponga a lo previsto constitucionalmente. constitucionalmente. Criterio especial de la interpretación de los derechos y libertades

El art. 10.2 dispone que los derechos fundamentales y libertades públicas serán interpretados conforme a la Declaración Internacional de Derechos Humanos y demás tratados y acuerdos que España ratifique en esta materia, aunque el art. 96.1 CE dispone que los tratados internacionales ratificados formarán parte del ordenamiento interno por lo que la interpretación de los derechos y libertades habrá que efectuarla conforme a lo dispuesto en los tratados. La sujeción del ejercicio de los derechos a límites

Cabe señalar que ningún derecho es absoluto, todos están sujetos a un límite último, o límite del límite en su ejercicio: el que deriva de su contenido último. El contenido del derecho configura un “efecto irradiador” que se proyecta frente a la actividad del legislador al cual condiciona.

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3. Contenido del derecho ideológica, religiosa y de culto

de

la

libertad

El precepto constitucional del art.16 engloba la libertad ideológica y la libertad religiosa y de culto, tratándose de 2 libertades diferentes. Según Pérez Royo:  Son libertades negativas en un doble sentido: porque son libertades que contienen un núcleo íntimo al que no cabe acceder desde el exterior y porque implican el derecho a no tener que declarar ninguna ideología, ni religión o creencia concreta.  Son al mismo tiempo libertades positivas ya que también incluye el derecho a expresar sus ideas públicamente y a relacionarse con otros individuos con la misma afinidad tanto ideológica como de religión. Dentro del art.16 hay que diferenciar entre la libertad ideológica y la libertad religiosa y de culto ya que su contenido es de naturaleza diferente. En cuanto a la libertad ideológica verificado por el constituyente responde a los siguientes criterios: Evitar los efectos discriminatorios que pudieran sobrevenir por la adscripción de los individuos a determinadas ideologías. Impedir que se reproduzcan en nuestra sociedad actual determinadas prácticas, en base a las cuales la adscripción a determinadas ideologías incapacitaba para el acceso a determinados cargos públicos. Reconocimiento constitucional de la posibilidad de asumir ideas aisladas de orden político y la libertad de elaborar un conjunto de ideas que configuren un grupo coherente, ideología, y que pueda ser instrumentalizada conforme a la consecución de un objetivo. −

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En cuanto a la libertad religiosa, del criterio del constituyente para configurar el contenido: Inmunidad absoluta del derecho de toda persona a profesar libremente las creencias que elija, a no profesar ninguna, cambiar de profesión religiosa o abandonar la que tenía. Practicar actos de culto de su propia confesión y conmemorar sus festividades, y no ser obligado a recibir asistencia religiosa contraria a sus creencias. −

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4. El Derecho a la propia imagen Recogido en el art. 18 CE junto con el der. Al honor y a la intimidad personal y familiar. El derecho a la imagen, es el más reciente en su configuración y reconocimiento, debido a que siempre se le entendió como una manifestación del honor. En muchas ocasiones no se distingue entre intimidad y propia imagen. El elemento capital que justifica su autonomía como derecho, radica en la posibilidad existente de lesiones de la propia imagen, sin que exista intromisión en el honor o en la intimidad. −

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Conviene tener claro qué es la imagen: Como derecho se traduce en la facultad de toda persona para decidir sobre la captación o reproducción de su imagen física . De esta forma la imagen hace referencia a lo puramente externo de la persona. El fundamento de la protección radica en que la propia imagen es un instrumento básico de identificación y proyección exterior del individuo. La titularidad de este derecho también conviene delimitarla, de esta forma todos poseemos el derecho, si bien algunas personas tienen un régimen especial en cuanto a su ejercicio, como son los menores o incapacitados. Por el contrario, no existe diferencia en cuanto al contenido del derecho entre una persona privada y otra pública, pero sí habrá que delimitar las imágenes que forman parte del contenido inescindible de su faceta pública, y las que no lo son. También conviene referenciar que el contexto donde son tomadas las imágenes es relevante, de esta forma los lugares públicos suponen una restricción del ejercicio del derecho por la indisponibilidad de la persona, por el contrario, en lugares no públicos, la disposición del derecho a la propia imagen expande su vigencia. Por último, manifestar que el derecho a la propia imagen es patrimonializable, o susceptible de explotación económica, ahora bien, ésta no es susceptible de protección a través del recurso de amparo, únicamente es susceptible de reclamación por vía civil ante los tribunales ordinarios.



5. Límites al ejercicio inviolabilidad de domicilio

del

derecho

de

La protección del domicilio no tiene ni carácter absoluto ni ilimitado. La Constitución española establece excepciones a su vigencia, a los que denominamos límites (consentimiento del titular, resolución judicial o en caso de flagrante delito) y a los que denominamos suspensiones: −

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Consentimiento del titular: es un requisito para la excepción a la vigencia del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ha de ser emitido libremente y por el que tenga capacidad suficiente para ejercitarlo (expresa o tácita). Una vez dado puede ser revocado en cualquier momento. La flagrancia: es “evidencia del delito y necesidad urgente de la intervención para evitar su realización total”. La resolución judicial: La entrada o registro sólo podrá ser dictada por el juez instructor, debiendo quedar determinadas las personas autorizadas. La entrada se realizará en presencia del titular del domicilio o de la persona que lo represente. Si no se hiciese así sólo se daría una infracción de legalidad ordinaria. Tendrá que ser motivado. La Suspensión: El art. 55.1 CE establece la posibilidad de suspensión de derechos en los supuestos previstos para los estados de Excepción y de Sitio, al igual que en los casos de actuación de bandas armadas y elementos terroristas (art. 55.2CE)

Para la doctrina, cada uno de los cotitulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio, tienen atribuido el poder de exclusión o de limitar la entrada en el domicilio.



6. El derecho a la tutela judicial efectiva El art. 24.1 CE establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión”. En el 24.2 CE recoge una serie de derechos y garantías procesales asegurando también la tutela efectiva a través del correcto funcionamiento de los instrumentos procesales. El derecho a la tutela judicial efectiva se trata de un derecho instrumental, es el medio que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las personas para defender sus bienes y derechos. En cuanto a su naturaleza: Derecho de prestación, derecho a que exista una administración de Justicia dotada con medios materiales y personales que permita que la tutela sea eficaz. La tutela judicial es presupuesto y garantía de los demás derechos constitucionales. Los titulares de este derecho son todas las personas (españoles y extranjeros). En cuanto a las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva, podemos señalar: Derecho a acceder a la jurisdicción. Derecho a una sentencia motivada, razonable y congruente. Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. Derecho a los recursos legalmente establecidos. La prohibición de indefensión. − − − − −

Por lo que se refiere a las garantías procesales contempladas en al artículo 24.2, reflejan o plasman a través de los siguientes derechos: − − − − − − − − −

El derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley. Derecho a la defensa y asistencia de letrado. El derecho a ser informado de la acusación formulada. Derecho a un proceso público Derecho a un proceso sin dilaciones. Derecho a un proceso con todas las garantías. Derecho a la utilización de medios de prueba para la defensa. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a la presunción de inocencia



7. Las Garantías institucionales de los Derechos: Las Cortes Generales Aunque la actividad de las Cámaras parlamentarias no está dirigida de forma directa a la protección de derechos y libertades, la función garantista se puede ejercer a través del Parlamento: El Control del Gobierno. A través de este control se consigue, a su vez, el control de la Administración Pública, ya que actúa bajo la dirección de aquel. No todos los instrumentos de control utilizados por el Parlamento son válidos para el cumplimiento de la función garantista. Si se desglosa el control parlamentario sobre el Gobierno en sus dos vertientes se puede observar que: control-responsabilidad (resulta inservible) y control-fiscalización (se convierte en el único utilizable al efecto, a través de las preguntas, las interpelaciones y las Comisiones de Investigación, aunque no son los más idóneos para la función protectora). Ni las preguntas ni las interpelaciones están dotadas de poder coercitivo sobre el Gobierno por lo que éste para dar respuestas puede demorarse, aplazarlas, o desatenderlas. La Administración (dirigida por el Gobierno), actúa en la práctica con casi total autonomía lo que hace que difícilmente pueda considerarse a un Gobierno o a un Ministro responsable de los actos de la administración. El Parlamento tiene dificultad técnica debido al desbordamiento de la actividad ordinaria.



8. Funciones del Defensor del Pueblo Con lo dispuesto en el art. 54 CE, al defensor del pueblo se le asigna la función principal de la defensa de los derechos reconocidos constitucionalmente y la función instrumental dirigida a posibilitar el ejercicio de aquélla y consistente en supervisar la actividad de las Administraciones Públicas. El art. 9.1 LODP ha ampliado esta estricta vinculación poniendo su labor de supervisión o al servicio de la defensa de derechos y también del efectivo cumplimiento de los postulados de servicio y actuación que consagra el art. 103.1 CE. De este modo, el ciudadano queda protegido frente a la actuación administrativa, tanto en relación con los derechos que le reconoce la Constitución, como ante los abusos, incorrecciones y disfunciones de aquella actividad, que, aun sin incurrir en de una forma notoria en ilegalidad, le puedan causar algún tipo de perjuicio. Como órgano de acción judicial, se halla legitimado por los arts 162.1 CE (apdos a y b) y 32.1 LODP para interponer por sí mismo o mediante representante recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el TC (no sólo en defensa de los derechos, no está sujeta a límites o condiciones de ningún tipo). Se le otorga de modo específico la necesaria legitimación activa para iniciar el procedimiento de “Habeas Corpus”. También ejerce la representación de la institución, así como las funciones de relación externa y de dirección económico-administrativa que aparecen recogidas en el art. 8 ROFDP.



9. El estatuto jurídico del Defensor del Pueblo: Prerrogativas e incompatibilidades El acceso al cargo de Defensor del Pueblo, para el que está facultado cualquier español, mayor de edad y en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos requerirá votación favorable de 3/5 en ambas Cámaras. La duración del mandato será de 5 años con posibilidad de reelección. La extinción del mandato: renuncia, muerte o incapacidad sobrevenida, la notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes y la condena por delito doloso, cuando ésta sea firme. Una vez publicado el nombramiento y tomado posesión del cargo, queda sometido a un estatuto jurídico, en el que destacan sus derechos y deberes, sus prerrogativas y su régimen de incompatibilidades. Prerrogativas

El Defensor goza de las tres prerrogativas típicas parlamentarias: Inviolabilidad : (no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo). Se trata de una prerrogativa de carácter mixto (penal y administrativa) que sólo tiene aplicación en el ámbito de actuación de la institución. Inmunidad: Es de carácter policial y se extiende a la actividad personal del titular de la magistratura. El Defensor “no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito”, aunque podrá ser judicialmente inculpado, sometido a prisión provisional, procesado y juzgado cuando su conducta personal así lo justifique. Fuero especial: El órgano de la jurisdicción penal que debe conocer del asunto es la Sala de lo Penal del TS. −

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Incompatibilidades

Recogidas en el art.7 LODP. Mientras se encuentre en activo, no podrá simultanearlo con: Ningún cargo de representación política. Ningún cargo de confianza política Ninguna actividad de propaganda política. El servicio activo en la Administración Pública La afiliación a un partido político o el desempeño en él de funciones directivas. Ningún cargo directivo o puesto de trabajo en un sindicato, asociación o fundación. El ejercicio de las carreras judicial y fiscal Ninguna actividad profesional liberal mercantil o laboral. Si se encontrara al ser nombrado en los cargos o actividades incompatibles, deberá cesar de ellos en el plazo de diez días a partir del nombramiento, en caso de no hacerlo se presumirá de iure la no aceptación del cargo; lo mismo sucederá si estando en activo incurre en incompatibilidad se entenderá que renuncia al mismo desde la fecha en que aquélla se origina. − − − − − − − − −



10. Funciones del ministerio fiscal La administración de justicia, que se atribuye al Poder Judicial, se escinde en dos vertientes funcionales y, a la vez, orgánicas: por un lado, la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), que es ejercida por juzgados y tribunales; y, por otro lado, la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, que es la constitucionalmente asignada al Ministerio Fiscal. Concepto:

Órgano dentro del Poder Judicial, con autonomía para el ejercicio de la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. (art.124 CE), y caracterizado por su complejidad, ya que se constituye en una estructura jerarquizada en la que todos sus integrantes actúan conforme a los principios de unidad de actuación, de legalidad y de imparcialidad. La Función del Ministerio Fiscal, consiste en “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”. El art.3 LOMF detalla hasta un total de quince funciones. Las funciones que se encuentran relacionadas con la defensa de los derechos son: −

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Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas acciones exija su defensa. Interponer el recurso de amparo constitucional, para lo que se halla facultado por el art. 162.1.b) CE, en los casos y forma previstos en la LOTC. Intervenir en los procesos judiciales de amparo.

Cabe plantear el problema de su posible coincidencia con la actuación del Defensor del Pueblo en lo relativo a la defensa de derechos fundamentales y libertades públicas y a la interposición del recurso de amparo constitucional. 1. El Ministerio Fiscal, en cuanto defensor de la legalidad, se ciñe a promover la acción de la justicia, mientras que la actividad del Defensor afecta a otros ámbitos, disponiendo de una mayor amplitud de medios, particularmente del poder de supervisión de la actividad administrativa. 2. Respecto del segundo punto de posible coincidencia funcional, la interposición del recurso de amparo constitucional, lo cierto es que, tal como está redactado el artículo 46 LOTC, no parecen advertirse diferencias entre las actuaciones de uno y otro, por lo que existe un apreciable riesgo de que se produzca esa duplicidad, que ha sido objeto de crítica por la doctrina científica.



Resúmenes de las preguntas más importantes que han caído en exámenes anteriores SEGUNDO BLOQUE: Preguntas 2009-2010.

11. El Estatuto de los Derechos (2- 2009/2010)  Sección

Título I CE – Cap. II (Arts. 14-38)

1ª: De los der fund y lib publicas

(Arts. 15-29)  NOMINALMENTE FUNDAMENTALES Sección

2ª: De los der y deb de los ciudadanos (Arts. 30-38)

El Constituyente aplica el término de derechos fundamentales para los comprendidos entre los arts. 15 y 29 que son los nominalmente fundamentales de nuestra norma superior, aplicándoles un específico estatuto diferente de los demás derechos. Según Pérez Royo, tal estatuto viene determinado por: a) Estar protegidos por una norma rígida para proyectar su reforma , por configurar tales derechos un contenido material, cuya reforma implicaría activar el procedimiento super agravado que al art 168 CE contempla. b) Porque solo pueden ser regulados a través de ley orgánica , lo que comporta que la aprobación, derogación o modificación de tales leyes requiera la mayoría absoluta del Congreso. c) Es recabable la tabla de los mismos a través de un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales de justicia y a través del Recurso de Amparo ante el TC. Aunque todos los derechos reconocidos entre el art 14 y 38 CE son derechos fundamentales, no poseen el mismo estatuto jurídico, el cual queda reforzado en los derechos fundamentales nominales.



12. Derecho a la integridad física y moral (2- 2009/2010)

El derecho a la Integridad física y moral de las personas se vincula directamente con el derecho a la vida y con el concepto de dignidad humana. Según el art. 10.2, el derecho a la integridad física y moral deberá ser interpretado además de acuerdo con los tratados internacionales y convenios ratificados por España. Contenido del derecho a la integridad física y moral. −

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Este derecho ha asumido en nuestra Constitución relevancia de primer orden por su conexión con el concepto de la dignidad humana, la cual adquiere categoría de fundamento del ordenamiento jurídico y se encuadra en el ámbito de los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político en los que aquél se inserta con el modelo de Estado social y Democrático de Derecho. La dignidad humana como fundamento con el que se vincula la integridad física y moral no puede ser instrumentalizada como medio, del mismo modo que la vulneración del derecho a la integridad física y moral no justifica ningún fin.

Integridad Física: −

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El contenido mínimo esencial de este derecho no es evaluable, se respeta o no, ya que viene definido en la Constitución con carácter de prohibición: “En ningún caso puede someterse a una persona a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La prohibición absoluta -en ningún caso- de la persona a recibir torturas o maltrato físico. Su prohibición se proyecta y se hace efectivo contra todos, aunque se ha vinculado su aplicación práctica hacia los poderes públicos para conseguir el esclarecimiento de algunos delitos y es en esas circunstancias donde se hace patente la indefensión de las personas. La Constitución ha elevado la integridad física a rango de derecho fundamental dándole el carácter de absoluto, no dejando lugar a dudas de su prohibición en relación con las actividades policiales (torturas, trato infrahumano o degradante, etc.) que se pudieran emplear para obtener por ejemplo la confesión de una persona. La infracción de este derecho cuenta con los mecanismos de cobertura y reparación para prevenir que la intervención de los poderes públicos lesiona por abuso de poder su contenido esencial. El reconocimiento de la integridad física de la persona en relación con el derecho de la salud impide la experimentación desconocida o no deseada por el sujeto. UNED – Derecho Constitucional III – Cuota de Torres del Moral


−

La falta de voluntad expresada por el embrión objeto de determinadas manipulaciones genéticas no le eximiría del derecho a que su integridad física no sea alterada bajo ningún concepto porque la responsabilidad de su tutela se ha de trasladar a los poderes públicos que quedan vinculados (art.9 CE).

Integridad Moral: −

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El fundamento de este derecho está vinculado con la dignidad de la persona, teniendo el carácter negativo o de prohibición igual que en la integridad física. Se entiende por integridad moral un concepto psíquico o anímico y no moral en el sentido semántico de la ética. La vulneración del derecho a la integridad moral puede ejercerse como medida de fuerza en situaciones especiales (recabar información en interrogatorios, instrumento de intimidación o chantaje), atentando contra la integridad moral y dignidad de la persona.



13. El Derecho al Honor: concepto (2- 2009/2010)

El núcleo al derecho al honor viene constituido por la consideración de la persona en cuanto a su integridad como ser humano. Para que se dé la vulneración de este derecho es necesaria una intromisión ilegítima en su dignidad, que lesione el reconocimiento que los demás tienen de la persona, de su integridad moral o de su consideración social. Según el TC el derecho al honor lo constituye “el derecho a la propia estimación, al buen nombre y reputación” y “otorga rango constitucional a no ser escarnecido o humillado ante sí mismo a ante los demás”. Proyecciones Una objetiva: valoración de la persona en sociedad Una subjetiva: desde el propio individuo, tiene su raíz en la dignidad moral, obedeciendo al desarrollo de su personalidad. − −

El TC, establece que los límites del derecho al honor, es un concepto jurídico indeterminado, cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. Hay que distinguir entre el honor en la persona física y el reconocimiento del honor a la persona jurídica. El reconocimiento del honor a la persona física El derecho al honor que garantiza nuestra Constitución (art.18.1 CE), deviene del propio fundamento del orden político y la paz social y en especial a la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad (art.10.1 CE). El honor es un atributo inherente a toda persona. Tanto la LO 1/1982 (LO de protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) como la Jurisprudencia, vienen estableciendo limitaciones en el ejercicio de estos derechos, distinguiéndose dos grandes grupos de personas físicas (las que su actividad tiene una relevancia pública y las que permanecen en el anonimato). La Constitución y la legislación de desarrollo tanto para el honor, intimidad y a la propia imagen, establecen un umbral mínimo de protección, dado que estos derechos son modelables por el propio individuo. 1.3. El reconocimiento del honor a la persona jurídica. −

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Hasta 1995, se afirmaba la imposibilidad de atribuir el derecho al honor a las personas jurídicas. Tras la STC 139/1995, se establece que “ninguna norma de rango legal, ni constitucional impide que las personas jurídicas puedan ser sujetos de derechos fundamentales, por lo que las personas jurídicas tienen también derecho a la protección del honor”. En cuanto a la titularidad del derecho al honor a la persona jurídica hay que distinguir entre las que tienen carácter público (no puede aplicarse la norma general establecida a las instituciones públicas ya que tienen legitimidad, prestigio o autoridad moral, pero no honor) y las que tienen carácter privado (2 grupos: las que tienen una configuración patrimonial y su fin es lucrativo (SL o SA) y las que no tienen esas características (asociaciones, agrupaciones, etc.) siendo éstos sujetos plenos de este derecho.



14. La Ley Orgánica 1/1982 de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen (2- 2009/2010)

Esta Ley pretende establecer los límites en virtud de los cuales pueda constatarse que existe una trasgresión, una lesión de los derechos que componen su contenido. Utiliza un sistema indirecto de protección. El legislador establece como elemento delimitador “la intromisión ilegítima ”, según ésta existe lesión de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen y aparecen los mecanismos para reparar el daño causado. Si no existe la intromisión ilegítima, no hay vulneración del derecho. El primer aspecto a considerar es la no fundamentación de la protección de los derechos en el resarcimiento patrimonial por un daño producido. Ahora persiste la indemnización o reparación del daño causado, pero no es el fundamento de la protección. Como consecuencia de ello, la demostración del daño causado no es capital en la atribución de responsabilidad. Dado que ahora el bien jurídico que se protege es la persona y su libre desarrollo, la lesión consiste en la violación de ese ámbito de vida privada. El art. 9.3 de la LO 1/82 establece que “La existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima”; la mecánica de protección que utiliza esta ley está más próxima a las formas y proceder de la legislación penal. El daño no es lo relevante, sino lo subsidiario. Lo capital es la constatación o no de una intromisión no legal ni consentida en el ámbito de la vida privada, o una lesión de los derechos objeto de protección por la ley, verificadas estas circunstancias, llevan aparejadas un resarcimiento económico. La opción del legislador por una delimitación negativa es válida, adecuándose mejor a la protección de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. También es acertado no fundamentar la lesión a la vida privada en el resarcimiento económico, dado que el daño que se produce es moral, personal, es agravio y se protege la interioridad personal. El legislador delimita un ámbito como impenetrable, fundamentando ello en la dignidad de la persona y estableciendo como ilícitas las intromisiones no consentidas y lesivas en ese ámbito, acompañándose una delimitación de responsabilidad como consecuencia (art.1.2 de la LO 1/82). La LO de 1/82 en cuanto al alcance de la protección no entra en el ámbito penal. Para el TC la delimitación de intromisiones ilegítimas deben ser entendidas a título enunciativo, por lo que el TC viene a corregir las vacilaciones que tuvo el legislador al respecto de incluir o no en la ley el contenido del art 7.



Resúmenes de las preguntas más importantes que han caído en exámenes anteriores TERCER BLOQUE: Otras que han caído.

15. Caracteres generales del Título I de la Constitución. Formulación amplia. Justificación. Curso 04-05

Tres son las notas que de sobremanera han caracterizado este primer Titulo de la C.E y que son su formulación amplia, su asistemática y su ambigüedad, derivado, sobre todo por lo atípico, singular y hasta heterodoxo del proceso constituyente. A. Formulación amplia. La CE contempla una regulación extensa de los derechos, libertades y deberes, con un minucioso estudio de todos ellos, lo que conduce a pensar en un talante exhaustivo en su tratamiento, inducido sin duda por una clara intencionalita por apartarse del planteamiento ideológico del antiguo régimen. B. Formulación asistemática. Se trata de una relación de derecho poco diáfana, no correspondiéndose la clasificación de derechos que introduce con la que habitualmente ha reconocido la doctrina, ni existe una equiparación de los contenidos de los derechos con los títulos de los capítulos o secciones. C. Formulación ambigua. Han sido varios los autores que han denunciado la oscuridad que dimana de determinados preceptos, regulados entre los derechos y libertades y que se aprecia en el lenguaje, en la semántica y en la lectura que de la CE se haga según la coyuntura política y según el partido gobernante.



16. El Estado Social y Democrático de Derecho: el elemento democrático en el Estado de Derecho Curso 03-04 Curso 07-08

La denominación Estado de Derecho aportada por R. VON MOHL ha sido acuñada por la doctrina para definir que el poder se encuentra efectivamente limitado por el Derecho. La caracterización del Estado de Derecho en nuestra Constitución viene determinada por la subordinación del Estado al Derecho y por sus poderes tradicionales: la división de poderes, Cortes generales, Gobierno, Poder Judicial y el reconocimiento y protección de los derechos. La idea del Concepto de Estado de Derecho es la limitación jurídica del poder y del reconocimiento de los derechos y libertades, de la que caben predicarse: a) Imperio de la ley : ley como expresión de la voluntad popular. b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. c) Legalidad de la administración: actuación conforme a la ley y control judicial pertinente. d) Derechos y libertades fundamentales: reconocimiento y garantías efectivas. El significado de Estado de Derecho de un ordenamiento es la articulación sobre la supremacía de la ley como expresión de voluntad general, la sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos a la Constitución y a la ley, separación de poderes y reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. La idea de Estado Democrático comporta una posición sobre el modo de entender y organizar el poder, su ejercicio y su titularidad que se concreta en los siguientes aspectos: a) Determinación de la soberanía: Nuestra Constitución ha conjugado los dos modelos de soberanía nacional y popular. b) Pluralismo social: Reconocimiento de una pluralidad de grupos sociales que implica una transformación en el modo de diferenciar los diversos conceptos de Estado. La Constitución exige que su estructura y funcionamiento sea democrático. c) Participación política: Se plasma en el art. 9.2 haciendo referencia a la obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social y cultural; en la esfera política, la participación se concreta en el art. 23.1. La participación en sentido amplio se encuentra en otros artículos: 48, 105, 125, 129.1 Todos ellos de la CE.



17. La Constitucionalización de los Derechos y Libertades: elementos configuradores de los derechos fundamentales Curso 03-04

Son aquellos aspectos de los derechos que se vinculan íntimamente a éstos para que puedan seguir siendo reconocibles ya que de otra forma no serían derechos sino cualquier otro contenido de la norma constitucional al que se le ha vaciado de todo contenido. Estos elementos serían: a) Eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos b) Reserva de ley y contenido esencial. c) Control de constitucionalidad Art. 53.1 de la CE: Los derechos y libertades reconocidos en el Capitulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con los previ sto en el artículo 161.1.a.



18.

El contenido esencial de los Derechos

Curso 03-04 2 x Curso 04-05

El artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos define que el ejercicio del derecho o de la libertad correspondiente puede quedar sometida a ciertas restricciones que “constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la defensa del orden, la prevención del delito, la proyección de la salud o de la moral”, etc. El art. 10.2 de la CE nos impone un vinculación necesaria con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por España. Luego, quedamos sujetos al reconocimiento de determinados límites en el ejercicio de nuestra tabla de derechos que garantizan la protección de su esencialidad. Sin perjuicio del precepto constitucional 53.1 que dispone que la regularización del ejercicio de los derechos deberá serlo por ley que deberá respetar su contenido esencial, el máximo intérprete de la Constitución ha diseñado en su Sentencia las condiciones que rodean el contenido esencial del derecho: −

−

− −

Facultad que el ejercicio del derecho en cuestión sea practicado conforme a la propia naturaleza de ese derecho y no de otro diferente por haber desnaturalizado aquél. La interpretación del derecho seguirá el criterio semántico de las condiciones sociales de cada momento histórico . Su ejercicio lo será conforme a las premisas de una sociedad democrática. No pueden ser practicadas limitaciones que hagan inviable la aplicación del derecho en cuestión.

El Tribunal Constitucional, se ha dejado llevar de manera injustificada, por una errónea y equívoca aplicación semántica cuando menciona la palabra “otorgar” en materia de derechos ya que los derechos de la persona no los “otorga” el Estado, ni los crea, son inherentes a la persona y el Estado debe limitarse a reconocerlos, según la afirmación de Lucas Verdú.



Relación entre honor, intimidad y propia imagen, con las libertades del art. 20.1 de CE. 19.

Curso 04-05 Curso 05-06 Curso 06-07

El art. 20.1 CE reconoce la libertad de expresión, la producción y creación literaria, la libertad de cátedra y la libertad de información. En el art 20.4 CE establece que estas libertades tienen como límite especial el respeto a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. La jurisprudencia del TC ha modelado la ponderación de estos derechos “la libertad de comunicación tiene valor preferente sobre los derechos reconocidos en el art. 18.1, porque aquella es “garantía institucional de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo democrático”. Se exige el cumplimiento de: Que la información sea veraz. Que la información se refiera a personas públicas o implicadas en asuntos de relevancia pública. Que la información sobre la persona pública, sea de interés general o social. − −

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Si sobre quien se versa la información o comunicación no es persona pública, tienen valor preponderante los derechos de la personalidad.



Límites del derecho manifestación (Art. 21 CE) 20.

de

reunión

y

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Según doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho de reunión, como todo derecho fundamental tiene sus límites, por no ser un derecho absoluto e ilimitado. La anterior Ley 17/1976, reguladora del derecho de reunión, fijó como límite del derecho de la comunicación, un plazo de diez días a la Administración el ejercicio del derecho; a cuyo fin debe estimarse vigente el art. 6.1 de la Ley 17/1976 por complementar el art. 21.2 de la Constitución. Tras la LO 9/1983, la existencia de límites en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación viene definida en base a dos criterios: a) El de la comunicación a la autoridad sobre la intención de ejercer el derecho: La LO establece en su art.8 que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o por su representante si se tratara de personas jurídicas. Es un derecho subjetivo de ejercicio colectivo, que al ser realizado incide en los intereses de otros ciudadanos. El máximo intérprete de la norma fija un triple criterio de la finalidad de la comunicación a la autoridad: Antelación razonable para conocer el alcance y determinar la procedencia de previas averiguaciones. Facilitar el uso del lugar donde vaya a ejercerse el derecho de reunión o bien modificar su emplazamiento, tomando las necesarias medidas de seguridad. Tener la facultad de prohibirla si concurren las circunstancias que constitucionalmente así lo determinan. b) Plazo temporal previsto para dicha comunicación : Relativo al plazo temporal, la LO establece en su art. 8, que dicha comunicación ha de realizarse con una antelación de 10 días como mínimo y 30 como máximo (días naturales), en caso de urgencia se podrá comunicar con una antelación de 24 horas −

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21. La suspensión de derechos. Características comunes a los estados de alarma, excepción y de sitio. El estado de alarma. La posibilidad de que se produzcan acontecimientos extraordinarios que, de alguna forma, entrañe n una seria perturbación de la normalidad constitucional obliga a formular las oportunas previsiones normativas con las que enfrentar la sobrevenida situación de crisis. Este conjunto de normas jurídicas, conocido doctrinalmente como «derecho de excepción», no debe entenderse como algo extraño al Estado de Derecho, sino como un mecanismo de carácter extraordinario que se necesita para su defensa. Como dice ÁLVAREZCONDE, en un Estado donde se hallan completamente reguladas las relaciones de normalidad, «hay que suponer que el caso excepcional, el supuesto anormal, debe encontrarse también sometido a la correspondiente normatividad - F. En nuestro ordenamiento, estos mecanismos de defensa extraordinaria de la Constitución han sido previstos en los artículos 55 y 116 CE. El primero de ellos contempla la posibilidad de suspender determinados derechos, tanto de forma general como individual, mientras que el segundo establece la tipología de las situaciones excepcionales (los tres estados de alarma, excepción y sitio ). Las características comunes a los estados de alarma, excepción y sitio que se deducen de la normativa reguladora son: −

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La limitación de las alteraciones constitucionales previstas :

No se trata, en efecto, de suspender todo tipo de derechos, sino que sólo se limita o suspende el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Se compensa con una serie de medidas tendentes a garantizar el regular funcionamiento democrático": prohibición de que se interrumpa el funcionamiento de las Cámaras y de los demás órganos constitucionales, prohibición de disolución del Congreso, convocatoria automática de las Cámaras no reunidas, asunción de competencias por la Diputación Permanente (en caso de extinción del mandato de las Cámaras). La temporalidad de las medidas a adoptar : estrictamente indispensable para la consecución de esa finalidad. La proporcionalidad en la aplicación de las medidas a adoptar : "el uso de los poderes excepcionales [...] debe adecuarse a la naturaleza e intensidad de la crisis que ha de enfrentar» proporcionalidad que "se proyecta también territorialmente La limitación del contenido de los poderes excepcionales: estos no pueden ser ilimitados, sino que deben incluir estrictamente las facultades necesarias para conseguir el retorno a la normalidad constitucional. La subsistencia del régimen de responsabilidad administrativa los que, sin culpa alguna por su parte, sufran en su persona o en sus bienes o derechos algún daño o perjuicio por actos o disposiciones de los poderes públicos, dictados UNED – Derecho Constitucional III – Cuota de Torres del Moral


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durante la vigencia de un estado excepcional, tienen derecho a que se les indemnice debidamente. La exigencia de publicidad ha de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y difundida a través de los medios de comunicación social, públicos o privados, que se determinen. Igualmente, serán objeto de difusión obligatoria las disposiciones dictadas por la Autoridad competente durante la vigencia del estado excepcional.

El estado de alarma.

La declaración del estado de alarma procede para hacer frente a determinadas eventualidades, que se origina n por causas naturales o de conflictividad social. Vienen especificadas en el artículo 4 de la LO 4/1981, que recoge las cuatro siguientes: a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios, etc.). b) Crisis de carácter sanitario (epidemias, contaminación, etc. ). c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad . d) Desabastecimiento de productos de primera necesidad. Así pues, cuando se produzca alguna de estas cuatro circunstancias de alteración de la normalidad constitucional, el Gobierno, a iniciativa propia o, en su caso, del Presidente de la Comunidad Autónoma afectada, podrá declarar el estado de alarma mediante la aprobación del oportuno decreto, en el que quedarán fijados el ámbito territorial afectado, la duración (que no podrá exceder de 15 días) y los efectos a que dará lugar. De este decreto, así como de los que pudiera dictar durante la vigencia del estado de alarma, deberá dar cuenta al Congreso de los Diputados. No hay, por tanto, intervención previa de esta Cámara legislativa, a la que sólo se necesitará para autorizar la prórroga del período de tiempo inicialmente acordado por el Gobierno. En este caso de prórroga , el Congreso podrá, si lo considera oportuno, modificar el alcance y las condiciones que, en principio, estaban previstas. Los efectos a que da lugar el estado de alarma son, fundamentalmente, dos: en primer lugar, las autoridades y los empleados públicos del ámbito territorial afectado se pondrán bajo la sola dirección de la Autoridad competente (el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma afectada); y, en segundo lugar, la adopción de medidas extraordinarias que, sin llegar estrictamente a lo que es una suspensión de derechos, pueden limitar o condicionar el ejercicio de los mismos: límites de circulación o de permanencia de personas y vehículos; requisas temporales de bienes; prestaciones persona les obligatorias; intervención de industrias, fábricas o talleres, etc. El sábado 4 de diciembre de 2010 el Gobierno de España declara, por primera vez en 35 años de la historia de la democracia española, el estado de alarma con motivo del cierre del tráfico aéreo por la ausencia de controladores aéreos, a través del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre . Se vieron afectadas más de 600.000 personas, lo que ha UNED – Derecho Constitucional III – Cuota de Torres del Moral


supuesto una pérdida de negocio para las empresas dedicadas al turismo. Con esto se pretendió obligar a los controladores aéreos a realizar su trabajo, amparándose en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y por el cual se les podría aplicar penas de prisión al desobedecer a un mando militar.



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