Transparencia, la deuda de Moreno Valle

Transparencia, la deuda de Moreno Valle Informe sobre la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Agradecemos a Ernesto Aroche por el apoyo en la elaboración de este Informe. Agradecemos también a Cuauhtémoc Cruz, coordinador del Observatorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Con los Ojos Abiertos; Shanik David, reportera de Status; Jorge Castillo, reportero de Intolerancia Diario; Kara Castillo, reportera del portal e-consulta y Centro, y Lilia Vélez Iglesias, académica y periodista, por el tiempo otorgado para las entrevistas. La presente obra se respalda con una licencia de creative commons. Alentamos la reproducción de este material por cualquier medio, siempre que se respete el crédito de las organizaciones.

México, D.F. Agosto de 2015

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Contenido

Introducción $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ % La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Puebla$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ & La ratificación, un freno a la efectividad del recurso de revisión $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '

Discriminación en el acceso a la información $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (# Cambio de modalidad sin causa justificada $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ () La afirmativa ficta disfrazada de respuesta $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (* Dolo en la entrega oportuna de información $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ")

Destrucción u ocultamiento de información $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "+ La Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla $$$$$$$$$$$$$ #" Conclusión $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ #+ ANEXO 1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ %,

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Introducción

En Puebla, en 2010, la percepción social de cambio en la estructura gubernamental impulsó una jornada electoral con amplia participación; el resultado enmarcó una contienda que favoreció al Partido Acción Nacional ( PAN) sobre el Revolucionario Institucional ( PRI), con un ánimo democratizador y ciudadano, pero que, al igual que en el año 2000, se sostuvo de panfletos y discursos mitigantes que en la actualidad se han volcado en un entramado violatorio de diversos derechos humanos, con lo cual se pervierten y lastiman las virtudes de la colectividad. La promesa de gobierno para integrar una nueva relación con la sociedad y con los medios de comunicación también se disipó con pasos firmes. Con el arribo de Rafael Moreno Valle a la gubernatura del estado, se instauró una política restrictiva del espacio público, e incluso se legisló en favor del uso desmedido de la fuerza durante las protestas sociales, tolerando y promoviendo el aumento de las agresiones contra la prensa,1 con la intención de inhibir el flujo de información plural y en tiempo real. De hecho, el 9 de agosto de 2015, el gobernador de Puebla anunció que Jesús Rodríguez Almeida, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, sería el nuevo titular del organismo correspondiente del estado que dirige, aun cuando se le considera el principal represor en las manifestaciones de los últimos años en la zona centro del Distrito Federal. 2 La libertad de expresión ha sufrido las consecuencias de la represión, y la transparencia y el derecho de acceso a la información han sido vulneradas de la misma manera. Por un lado, se creó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Puebla, que amplía el alcance de la 1

Tan sólo en el primer año de mandato del actual gobernador de Puebla (2011) se registraron cinco agresiones contra la prensa. Desde entonces, y hasta la impresión de este documento, se

2

Gabriela Hernández, “Llegada de Rodríguez Almeida, un riesgo de más represión en Puebla: Proceso, ONG”, ONG”, en revista 10 de agosto de 2015, recuperado de: . Última consulta: 17 de agosto de 2015.

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protección del derecho de acceso a la información, pero que limita la efectividad del recurso de revisión, con lo que se impide la posibilidad ciudadana de recurrir a una segunda opinión por parte del organismo especializado. Por otro lado, desde su llegada al poder, las entidades de la administración local han implementado prácticas que inhiben el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información es un pilar de la democracia y debe ser garantizado por el Estado. Este derecho funge como una llave para el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos, y es una herramienta fundamental para el control ciudadano sobre la gestión pública. Este informe destaca la responsabilidad del Congreso local de armonizar la Ley General de Transparencia, publicada el 4 de mayo por el Ejecutivo Federal, y eliminar la necesidad de ratificación del recurso de revisión. Asimismo, subraya el deber de las entidades del gobierno local para limitar la política de opacidad, endurecida en los últimos años mediante prácticas que limitan el potencial democrático del ejercicio del derecho de acceso a la información como son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo con la calidad de los usuarios; el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente); la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos, y la cooptación del organismo garante. En este contexto, y con un amplio margen de experiencias documentadas, ARTICLE 19 pone a disposición del público el presente material para visibilizar y documentar, en la voz de diferentes expertas y expertos, la visión de quienes encuentran límites y prácticas violatorias y hostiles desde la perspectiva de quienes soportan el peso de un estado que censura y castiga para logar la imposición de un control general.

)

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Puebla

Para este informe, el punto cero lo ubicaremos el 19 de diciembre de 2011, cuando el pleno del Congreso del estado —la primera legislatura no dominada mayoritariamente por el

PRI,

sino de composición más bien plural en cuanto a los

partidos representados, que llegó junto con el primer gobierno de la alternancia partidista en el poder— aprobó una nueva ley.3 Esta ley fue presentada a la sociedad como la solución a la falta de información que se documentó durante el sexenio de Mario Marín, al menos en los cinco años en los que la transparencia dejó de ser un anhelo social para convertirse en un derecho, pero que en la práctica fue sólo un cuadernillo rojo que regalaban en la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP). Incluso, 30 días después de aprobada y publicada la ley, la organización Actívate por Puebla —que agrupaba a las principales universidades del estado y a los organismos patronales— decidió retirar una piedra de más de seis toneladas que fue colocada a un lado de la entrada principal del Congreso local, que se instaló como recordatorio del compromiso del gobierno de Moreno Valle de reformar la ley que terminara con la opacidad marinista. Sin embargo, a pesar de las virtudes de la nueva ley, las y los especialistas poblanos expresaron un legítimo reclamo sobre dos candados para el ejercicio del derecho de acceso a la información. El primero, relacionado con el costo

3

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Periódico Oficial . Gobierno Constitucional del Estado, Puebla, Puebla, 31 de diciembre de 2011, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015.

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desproporcionado del acceso a documentos presupuestarios y fiscales 4 y, el segundo, respecto a la necesidad de ratificar el recurso de revisión al que nos referiremos más adelante. En lo que concierne al costo desproporcionado de reproducción de documentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 73 y 76 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de 2011 que promovió la Procuraduría General de la República ( PGR) a petición del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información ( IFAI, ahora INAI)

y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (C OMAIP).

Por esto, en el acto protocolario de retiro de la mole de piedra, el gobernador anunció la presentación de una iniciativa para corregir la Ley de Ingresos. En su discurso, el mandatario estatal dijo: “es importante mostrar voluntad política, disposición del Ejecutivo para construir una Puebla diferente y mejor, sobre todo cuando hay participación de los ciudadanos”. 5 Posteriormente, fue derogada la disposición que obligaba a pagar 80 pesos por copia certificada para la reproducción de información del gasto público.

4

Roberto Alonso, “Ley de ingresos: el tema es de derechos”, en LADO B, 29 de noviembre de 2011, Puebla, Puebla, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015. 5 Boletín del gobierno del estado titulado: “Tiene Puebla la 4ª mejor Ley de Transparencia” del mes de febrero del año 2012, Puebla, Puebla, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015.

+

La ratificación, un freno a la efectividad del recurso de revisión

Como hemos mencionado, el nuevo marco normativo es progresivo con respecto al anterior, sin embargo, creó un vicio que limita la efectividad del único mecanismo de exigibilidad del derecho de acceso a la información: el recurso de revisión. La ley dispone que para poder recurrir una respuesta de autoridad (por la parcialidad o falta de respuesta, reserva, inexistencia, etc.) es necesario que se ratifique el interés en la revisión. Esto significa que, para iniciar un proceso de revisión, el solicitante de la información tiene, primero, que interponer un recurso y, después, ratificar personalmente o mediante “escrito libre” su interés en el mismo. La ratificación es un procedimiento único en todo el país según documentó el portal Lado B el 20 de septiembre de 2012, tras revisar las leyes de todos los estados. 6 El polémico párrafo dice a la letra, en el artículo 77: Para el caso de interponer el recurso por medios electrónicos, será necesaria la ratificación del mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su interposición. Si el domicilio se encuentra dentro del lugar de residencia de la Comisión deberá hacerlo de forma personal; en caso de que éste tenga su residencia en otra localidad deberá remitir escrito libre firmado, donde manifieste la voluntad de interponerlo, en términos de lo que establezca el Reglamento de esta ley. La presencia de este candado fue denunciado por especialistas en la materia durante el proceso de discusión de la iniciativa. De hecho, dos días antes de su aprobación en el Congreso, Roberto Alonso Muñoz, secretario de la Asociación 6

Ernesto Aroche Aguilar, “Puebla, el único estado que pide ratificar el recurso de revisión”, en Lado B, Puebla, Puebla, 20 de septiembre de 2012, disponible en: . Última consulta del 17 de agosto de 2015.

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Mexicana de Derecho a la Información (A MEDI), Capítulo Puebla, alertó sobre el tema en un artículo publicado en el portal Lado B titulado “El gran pero de la iniciativa de Ley de Transparencia” 7 en el que señaló señ aló —al referirse a la ratificación— que el proyecto contenía un mecanismo que bloquea gravemente el acceso a la información pública y constituye un retroceso en comparación con la ley vigente. A pesar de los señalamientos, no hubo modificación y se aprobó como venía. Fuentes gubernamentales consultadas para este informe aseguraron que en la confección de la ley participaron no sólo los diputados de la Comisión de Transparencia, sino también personal jurídico de la Secretaría de la Contraloría, de la Secretaría de Finanzas —específicamente Gilberto Suárez Machado, coordinador general jurídico de esa dependencia— y de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, y que ese grupo impuso la ratificación como una medida para contener los recursos de revisión. Luego, el 19 de septiembre de 2012, a tan sólo siete meses de aprobado el nuevo marco normativo, el entonces presidente de la

CAIP,

Samuel Rangel,

exigía, “que se reformara el segundo párrafo del artículo 77 de la ley de transparencia, el cual fue considerado una artimaña para incumplir la norma pues obliga a las y los ciudadanos a ratificar un recurso de revisión cuando se le niega una solicitud de información y acaba provocando el desinterés de seguir con la petición de datos”.8 En su declaración, el funcionario ofreció las cifras siguientes: “A la fecha se han desechado 35 recursos de revisión de 152 presentados porque ciudadanos no

Roberto Alonso, “El gran pero de la iniciativa de Ley de Transparencia”, en Lado B, 13 de diciembre de 2011, Puebla, Puebla, disponible en: . Última consulta del 17 de agosto de 2015. 8 Kara Castillo, “La [ sic ] exige la CAIP a Buxadé eliminar candados en la Ley de Transparencia“, en La Jornada de Oriente, Puebla, Puebla, 19 de septiembre de 2012, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015. +

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salvaron el requerimiento legal, esto constituye una violación al derecho de la información”.9 Es decir, uno de cada cinco solicitantes que pidieron la intervención de la

CAIP

ante la negativa de las autoridades de hacer pública la información vieron desechada su solicitud por no cumplir con el trámite burocrático de presentarse físicamente en las oficinas del organismo garante y ratificar que sí, que efectivamente ellos son quienes dicen ser, y sí, que ellos promovieron el recurso y quieren que la CAIP intervenga. De esta manera, a más de tres años de aprobada la ley, y su ratificación, las cifras de la

CAIP confirman

el escenario que se preveía incluso antes de su

aprobación en el Congreso: la ratificación es una piedra para el derecho de acceso a la información. De esta manera, de 209 casos resueltos en 2012, 28 se dieron por no interpuestos por falta de la ratificación, es decir, 13 %. Para 2013, la cifra de quejas no interpuestas subió a 50 de 278 casos recibidos en la

CAIP,

lo que

representa 18 % del total. Y para 2014 escaló a 75 casos de 305 recursos interpuestos, lo que representa 25 %. Finalmente, según la

CAIP,

hasta junio de

2015, 35 % de los recursos que se presentaron no se tuvieron por interpuestos por la falta de ratificación. De esta manera, se puede afirmar que la ratificación es un requisito que convierte el recurso de revisión en un mecanismo poco efectivo en la garantía del derecho de acceso a la información pues, en promedio, 23 % de los casos no llega a estudiarse a fondo.

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Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de recursos de revisión publicadas por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Puebla 2012, 2013, 2014 y el acumulado de enero a junio de 2015.

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Discriminación en el acceso a la información

Uno de los entrevistados, Cuauhtémoc Cruz, quien dirige el Observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos, de la Universidad Iberoamericana, y recluta estudiantes para que aprendan a trabajar con la ley de transparencia como herramienta de su derecho de acceso a la información, advirtió que la identificación de los solicitantes de la información es una factor determinante para la restricción del derecho. Cuauhtémoc Cruz ha notado que, al inicio de cada semestre, las respuestas que reciben los alumnos son rápidas y, en muchos casos, no sobrepasan el plazo legal (10 días hábiles). Sin embargo, conforme avanza el semestre y las respuestas se publican en el Observatorio, la rapidez se esfuma y se abre paso al tortuoso camino que desde el periodismo se transita para arrancar un documento a los funcionarios de gobierno de Puebla.10 En el mismo sentido y con la intención de probar si existía una discriminación por tipo de solicitante en el acceso a la información, la reportera Shanik David, del portal Status, envió dos solicitudes de información similares, una a su nombre y la otra a nombre de un usuario desconocido. La respuesta fue idéntica en ambos casos, sin embargo, la del usuario desconocido fue remitida en los primeros días del plazo y la suya se extendió hasta su vencimiento.

10

En especial de la administración de Rafael Moreno Valle, pero no exclusivamente, puntualiza el entrevistado, pues también han encontrado resistencias en el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ( BUAP).

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Cambio de modalidad sin causa justificada

Los entrevistados, Jorge Castillo,11 Kara Castillo, 12 Shanik David y Cuauhtémoc Cruz, afirman que el principal problema que enfrentan los periodistas en el uso cotidiano de la Ley de Transparencia es el “cambio de modalidad”. El cambio de modalidad de entrega de la información hace referencia al momento en el que la autoridad responsable de dar respuesta decide que la información no puede entregarse de la misma forma en que se solicitó (vía INFOMEX, por correo electrónico, por correo certificado, en copias simples o certificadas, etc.), 13 sino que la manera de acceder a ella es mediante algún otro medio, normalmente la consulta directa. Al respecto, Jorge Castillo señaló que en algunos casos le indicaron que la información que originalmente solicitó se otorgaría vía INFOMEX y, al momento de llegar a consultarla, los encargados de la unidad volteaban el monitor de su computadora para que copiara los datos. En otras ocasiones, señaló, imprimían directamente la información, situación por la cual se infiere que podían enviar la información vía electrónica. En otro momento, un funcionario le advirtió que había una orden directa de que la información sólo se entregase mediante consulta directa. Por economía de tiempo, la mayoría de los periodistas y muchas personas que hacen uso de la ley, piden que se entregue la información en versión digital a través de la plataforma INFOMEX o vía correo electrónico. El problema —según Jorge Castillo— es que el cambio de modalidad se ha vuelto la herramienta común de los Sujetos Obligados para retrasar el acceso o incluso inhibir el derecho de acceso a la información. 11

Reportero de Intolerancia Diario. Reportera de e-consulta y Centro. 13 Artículo 49, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla. 12

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Sobre este tema, las estadísticas de la

CAIP advierten

que en 2010 la proporción

de recursos de revisión en donde el solicitante se quejaba del cambio de modalidad fue de 7.4 %, para 2011 la cuota bajó a 3.4 % y, a partir de 2012, se disparó hasta llegar a 13.9 %; para 2013 cayó a 11.2 % y en 2014 se elevó a 14 %; en abril de 2015, en el primer cuatrimestre del año, el número de recursos por cambio de la modalidad seguía la misma tendencia que en el año anterior.

Fuente: Elaboración propia con base en la respuesta a la solicitud de información 132315

(&

En este sentido, vale la pena señalar que, si bien la proporción parece menor, hablar de más de 10 % de recursos interpuestos por cuestiones procedimentales es preocupante, toda vez que la resolución del recurso a su favor daría lugar a una respuesta que, de fondo, podría seguir siendo insatisfactoria para el solicitante de la información y esto dilataría mucho más el acceso. Shanik David, asimismo, confirma que el cambio de modalidad en el acceso es la constante en los últimos dos años: “Tú pides en formato digital, muchas veces para darle velocidad al proceso no pido el documento, sino la información; un monto, un número, al fin proviene de un documento oficial, y así evito que me respondan que no tienen el documento en digital, y la respuesta invariablemente es el cambio de modalidad” . Existen casos en los que incluso se tardan años en el proceso, cuando la queja inicial fue el cambio de modalidad de entrega de información. El 30 de abril de 2013 el reportero Ernesto Aroche hizo cinco solicitudes de información relacionadas con el gasto público de dos dependencias. 14 En esas solicitudes se incluía una sobre la publicidad oficial del sexenio de Rafael Moreno Valle. Los Sujetos Obligados cambiaron la modalidad, se promovió un recurso ante la

CAIP y,

siete meses después, el 12 de noviembre de 2013, ésta desechó

la queja por la propuesta del comisionado Federico González Magaña con el voto en contra de la entonces comisionada Blanca Lilia Ibarra, argumentando que el recurso había sido presentado antes de que iniciara el plazo legal para hacerlo. Tras la resolución, el reportero, con apoyo de ARTICLE 19, promovió un amparo que recayó en el Juzgado Sexto de Distrito en el estado y, en mayo de 2014, dictó sentencia dando la razón al periodista, desechando la resolución de la

CAIP.

14

Solicitudes de información con números de folios Infomex Puebla, núm. 00152913, 00153013, 00152613, 00152713 y 00152813.

(+

Luego, el organismo garante, lejos de reconocer su error y aceptar la sentencia, llevó el caso ante una siguiente instancia y fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa la instancia encargada de confirmar el otorgamiento del amparo. El 27 de octubre de 2014 ordenó a la

CAIP reponer

el proceso y ordenar

la entrega de la información en la modalidad solicitada. Desde entonces —dice el reportero— tanto la Secretaría de Finanzas como Puebla Comunicaciones han retrasado la entrega de la información con el cómplice aval de la CAIP.

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La afirmativa ficta disfrazada de respuesta

Un año después de aprobada la Ley de Transparencia, la Secretaría de la Contraloría emitió el Reglamento de la Ley de Transparencia. Un reglamento que contenía, de acuerdo con los entrevistados, dos dedicatorias al gremio periodístico, pero que tienen repercusiones para todos los usuarios de la ley: prohibir el uso de cámaras fotográficas o mecanismos de reproducción digital en las consultas directas y establecer que, como parte del procedimiento para la consulta directa, el usuario debe agendar previamente una cita con la unidad de transparencia para acudir a revisar la información. Así quedó asentado en el artículo 47 del reglamento de Ley: “Cuando la información se haya puesto a disposición para consulta directa del solicitante, el Sujeto Obligado le hará saber en la respuesta el lugar, día y horario en que podrá realizar la consulta”. Al respecto, Ernesto Aroche advierte que “con la cita llegó la segunda pinza de una estrategia estatal para impedir el acceso a la información en su totalidad”. Por ejemplo, Jorge Castillo solicitó al gobierno de Moreno Valle que le informaran cuál era el monto salarial de Diódoro Carrasco, el ex gobernador oaxaqueño que fue contratado como representante del gobierno poblano en el Distrito Federal, 15 información que por ley debería estar publicada en el portal gubernamental. En la respuesta cambiaron la modalidad y pusieron la información a consulta, pero no agendaron cita para que acudiera a revisar la información, y fue hasta después de que publicó en el diario Intolerancia que la Secretaría de Finanzas se aferraba a no entregar dicha información, que finalmente le dieron la cita, sólo para cancelarle después de último minuto.

15

Solicitud de información con número de folio Infomex Puebla 105915.

(*

Jorge Castillo lo relata así: Primero agotaron el término. Y me dieron la cita hasta el final del plazo para consultar la información; en el último minuto me avisaron, me dieron una dirección extraña, yo no la conocía como inmueble de la Secretaría de Finanzas. Para esto tuve que estar llame y llame, y presionando para que me dieran la cita; finalmente, tras unos periodicazos, fue como me la dieron. Era en un lugar raro, en la colonia Romero Vargas, una Junta Auxiliar de la capital poblana, lejana a las oficinas de la Secretaría de Finanzas. Me habían citado a las dos de la tarde de un viernes, el viernes en que vencía el plazo. Ese día en la mañana, previendo que me podía perder, me fui temprano a buscar el lugar. Cuando llegué, era una nave grande, pero sin ningún señalamiento o anuncio. Preguntando, me dijeron los vecinos que sí era una bodega de Finanzas, pero que nadie iba, solamente se paraban a dejar cosas, pero que había un policía; le pregunté y me dijo que era la bodega de Finanzas, pero se le hizo extraño que me hubieran citado ahí. Regresé al centro y, horas después, cuando me preparaba para la cita, me habló Ericka Rojas, encargada de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información ( UAAI) de Finanzas para cancelar la cita y la entrega de la información. Me dijo que no fuera, pues no me iban a entregar nada y que si quería interponer un recurso lo hiciera. Cuando le pregunté por qué, infirió que fue una orden. Otro caso da cuenta de estas malas prácticas gubernamentales: el de las solicitudes de los contratos de CREA S.A. de C.V., iniciados por Ernesto Aroche y Shanik David.

",

Al respecto, los entrevistados cuentan que, a mediados de 2014, cuando se lanzaron las primeras solicitudes para conocer el monto de los contratos del gobierno local con la empresa Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V., únicamente se solicitaron montos. Después, copias simples de los contratos. Las solicitudes se hicieron a dependencias donde ya se había detectado la contratación de la empresa subsidiaria de Corporativo Internacional de Entretenimiento (CIE)16 que a su vez es socio de Grupo Televisa. Luego a todas las dependencias de gobierno, con la hipótesis de que la estrategia era dispersar los contratos para hacer menos visible la compañía. Así, más de la mitad de las dependencias de gobierno reconocieron contar con contratos, pero ninguna de las dependencias entregó la información o la documentación solicitada acerca de los montos. Primero, retrasaron al máximo la respuesta. Después, como es costumbre, cambiaron la modalidad de entrega. Por último, se negaron a agendar la cita argumentando que el titular del área, que descansa en la Dirección Jurídica de las dependencias, no estaba disponible para atender el teléfono, o simplemente no atendían. Tampoco respondieron los correos electrónicos que se enviaron a los titulares de las UAAIs.

16

En octubre de 2013 el periódico La Jornada de Oriente daba a conocer que entre 2011 y 2012, “la empresa Creatividad y Espectáculos había recibido del gobierno del estado de Puebla 59 millones 637 mil 948 pesos, para la organización de espectáculos así como de eventos especiales del gobernador Rafael Moreno Valle”. Javier Puga Martínez, “Una empresa recibió 60 mdp para organizar actos para el gobierno de RMV”, en La Jornada de Oriente, 1 de octubre de 2013, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015. En 2014 se volvió a registrar en la prensa un nuevo contrato con la compañía, esta vez para la realización del evento en el que Moreno Valle entregó la presidencia de la C ONAGO. La constante aparición de la empresa como proveedora de servicios disparó las alertas periodísticas y comenzaron las solicitudes. Ernesto Aroche Aguilar, “Despedida de C ONAGO cuesta en Puebla 7.3 mdp, en Sinaloa 2.8”, en LADO B, 7 de abril de 2014, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015.

"(

Ernesto Aroche señaló lo siguiente: Hubo dependencias, como la Secretaría de Turismo, que aseguraban no contar con versiones digitales de los contratos para justificar el cambio de modalidad, cuando nunca se pidieron versiones digitales, sino copias simples. Además, la Secretaría de Turismo sí tiene en su página electrónica una versión digital del contrato de marras (núm. de pedido 601/2013) 17 , firmado por el entonces secretario del ramo, Ángel Trauwitz Echeguren para la realización de un video mapping que cuenta la historia de la ciudad de Puebla y que se proyectó sobre la Catedral del estado. En este sentido, vale la pena destacar que se realizaron 10 solicitudes al respecto y en todos los casos la respuesta fue la misma: el cambio de modalidad para la consulta directa (ver tabla 1). A su vez, en todos los casos se solicitaron las citas y nunca se obtuvo respuesta (ver Anexo 1).

El documento mencionado aún se encuentra en línea, puede descargarse y está disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015.

(+

""

Tabla 1. Lista de solicitudes realizadas para obtener los contratos con Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V. Folio

Sujeto Obligado

Fecha de

Fecha de

Sentido

solicitud

respuesta

de la respuesta

00108415

PGJ

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00108515

SECOTRADE

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00108715

SEDESO

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00109015

SIT

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00109315

SSP

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00109415

SECTUR

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00109515

SGG

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00109715

CECAP

20 de marzo

21 de abril

Consulta directa

00109815

Convenciones y 20 de marzo

21 de abril

parques 00108815

SEP

Consulta directa

20 de marzo

4 de mayo

Consulta directa

Fuente: Elaboración propia con base en las solicitudes de información con números de folio señalados.

"#

Es importante resaltar que al momento de escribir el presente informe, las respuestas estaban siendo revisadas por la CAIP.

J6 .7B6/59 792 60 ./347B09 &Y 56 0. T92:3;3B7;>2 -9043;7. 56 09: @:3.59: Z2;59: [6F;7.29:? 395. 0. ;2<9/=.7;>2 62 G9:6:;>2 56 0.: 623;5.56:? >/1.29: L 9/1.2;:=9: 56 09: 3/6: G956/6: 56 0. B2;>2 L 09: 3/6: 2;E606: 56 19A;6/29 6: GPA0;7. L 56A6 :6/ 1./.23;H.5. G9/ 60 @:3.59$ Q56=K:? 6: :B 9A0;1.7;>2 GBA0;7./ 62 =65;9: 60673/>2;79: 395. 0. ;2<9/=.7;>2 /60.7;92.5. 792 60 6D6/7;7;9 56 09: /67B/:9: GPA0;79:? ;270BL6259 09: 7923/.39: CB6 .7/65;3.2 09: 3V/=;29: L 60 9AD639 560 1.:39$ QRNSTI@ (* /6<;6/6 CB6 0. 261.3;E. 56 0. 7;3. G./. 792:B03. 5;/673. 6: ;1B.0 . 29 79236:3./ B2. :90;7;3B5 56 .776:9 . 0. ;2<9/=.7;>2? 09 CB6 /6G/6:623. 0. E;90.7;>2 =K: 1/.E6 .0 56/6789 56 .776:9 . 0. ;2<9/=.7;>2 L 0. <.03. 56 /679297;=;6239 56 09: WBD639: XA0;1.59: 56 09: 56/6789: 1./.23;H.59: 62 0. T92:3;3B7;>2 =6F;7.2.$

"%

Dolo en la entrega oportuna de información

El pasado 17 de abril de 2015, un integrante del Observatorio Con los Ojos Abiertos ingresó dos solicitudes de información al organismo de Carreteras de Cuotas del estado de Puebla, en las que se pedían los datos estadísticos del número de quejas registradas contra las líneas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), desglosados por mes y señalando el motivo de la queja.18 Un mes después, la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Sujeto Obligado cambió la modalidad de entrega y la puso a disposición para consulta directa. Sin embargo, de acuerdo con la nota que se publicó en el sitio web del Observatorio, 19 el oficio CCP/UAAI/0302/2015 estaba acompañado de un documento que incluye una serie de correos electrónicos en donde Josué Aguilar Ramírez, funcionario responsable de la

UAAI,

informaba —a los que se presumen

sus superiores— que desde el 4 de mayo de 2015 —es decir después de transcurridos los 10 días de plazo legal para la respuesta—, los datos solicitados estaban listos para su entrega. El funcionario recibió dos respuestas a ese correo, las dos desde correos no institucionales (uno de informació[email protected] informació[email protected] y otro de Mariel Méndez). En un primer correo se le pedía que se ampliara el plazo de entrega y se le informaba que la información se entrega en la fecha de vencimiento. En el segundo, remitido por Mariel Méndez Raid, 20 se le notificaba que le enviaban la información para la puesta a disposición. 18

Solicitudes de información con número de folio Infomex Puebla 00140715 y 00140815 Información disponible en: . Última consulta: 18 de agosto de 2015. 20 Durante el segundo semestre del 2014 trabajó como coordinadora departamental en la Director General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública. (*

")

Es decir, primero extendieron el plazo de respuesta, aunque no era necesario porque los datos estaban listos, y después le ordenaron cambiar la modalidad de entrega y ponerlos a consulta directa. El coordinador del Observatorio advierte que nunca tuvieron claro si la respuesta adjunta con los correos, donde se revela la estrategia gubernamental, les fue enviada “a propósito o por descuido de los funcionarios”, pero lo que es un hecho, señala, es que “aplicaron la prórroga violando la ley de transparencia y, además, cambiando la modalidad de entrega”. De acuerdo con el coordinador, 30% de las solicitudes que se realizan en el Observatorio se ponen a disposición para consulta directa: “la pedimos vía Infomex, y pedimos datos muy concretos. Y nos dicen: sí te la doy, pero en consulta directa”.

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"&

Destrucción u ocultamiento de información

La destrucción de información que contiene valores administrativos, fiscales, legales o históricos es una falta muy grave que amerita sanciones e incluso penas. Si bien existen mecanismos de destrucción, los mismos tienen que sujetarse a lo dispuesto tanto en la Ley de Transparencia como en la de archivos de cada entidad. Ningún funcionario público puede desaparecer o ocultar información sin causa legítima. En este sentido, la desaparición de documentación notoriamente existente es la última práctica documentada en el presente informe. De acuerdo con uno de los entrevistados, el gobernador Rafael Moreno Valle hizo propaganda de su persona en los estadios de futbol mediante un contrato con publicidadvirtual.com, y advirtió: “lo primero que aparece al ingresar a la página publicidadvirtual.com es la leyenda ‘Ponemos tu marca en el futbol’. Y la marca ‘Moreno Valle’ llegó al futbol y apareció en vallas electrónicas en diferentes estadios en enero de 2014. Un video del sitio de noticias Frontera.info, que puede consultarse en youtube, 21 muestra que en el partido del 10 de enero entre Xolos y América el apellido del gobernador poblano apareció en las vallas electrónicas del estadio junto con la leyenda ‘Transformando Puebla’ ”. Al respecto, en julio de 2013 el gobierno del estado reconoció 22 que mantenía relaciones comerciales con la empresa Publicidad Virtual S.A. de C.V., pues en 2012 firmaron un contrato por 4 millones 106, 400 pesos. Lo anterior según la lista publicada por la Dirección General de Comunicación Social. Sin embargo, 21

El video puede consultarse en Youtube, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015. 22 El 31 de agosto de ese año, la Dirección de Comunicación Social del gobierno poblano dio a conocer a través de un comunicado su “Inversión en difusión del Gobierno del Estado de Puebla”, un listado de contratos de publicidad oficial y las respectivas empresas contratadas entre 2008 y 2013. El documento puede consultarse en línea, disponible en: . Última consulta: 17 de agosto de 2015.

"+

ese contrato y cualquier otro con la misma empresa desaparecieron del archivo de Puebla Comunicaciones, el organismo del que depende la dirección citada. En respuesta a una solicitud de información 23 en la que se pidió copia simple de los contratos firmados con la empresa encabezada por Eduardo y David Sitt, — padre e hijo respectivamente—, la dependencia estatal aseguró que dicha documentación no existe, tal y como a continuación se refleja: Mediante el memorándum DA/2015, de fecha 3 de febrero de 2015, la Dirección Administrativa de este organismo, informa al titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de Puebla Comunicaciones, que derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de esta Dirección no se localizó ningún contrato que se haya realizado con la empresa denominada Publicidad Virtual S.A. de C.V. No obstante la notoriedad de su existencia, la respuesta fue ratificada el pasado 16 de abril, cuando se envió una versión digital de la declaración de inexistencia firmada por José Luis Martínez Juárez, titular de la

UAAI del

organismo, y Ricardo

Vázquez Chávez, director administrativo. Luego, se recurrió a la CAIP y el recurso quedó en manos del comisionado Javier Fregoso Sánchez,24 presidente de la Comisión, quién confirmó la respuesta de Puebla Comunicaciones al considerar que dicho Sujeto Obligado había cumplido con la formalidad de generar una “declaratoria de inexistencia”. El Comisionado no consideró que dicha información era notoriamente existente por los antecedentes expuestos ni que podría haberse ocultado o desaparecido la información a fin de dar vista al Órgano Interno de Control. 23

Solicitud de información con número de folio Infomex Puebla 498214. Recurso de Revisión de Acceso a la información con número de expediente 27/PUE COM02/2015; el documento puede consultarse en línea, disponible en: . Última consulta: 18 de agosto de 2015.

24

"'

En su resolución, Fregoso Sánchez planteó lo siguiente: El hecho de argüir que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, específicamente en la Dirección Administrativa del Sujeto Obligado, no se encontró el contrato o contratos celebrados por el Sujeto Obligado con la entidad mercantil denominada Publicidad Virtual, Sociedad Anónima de Capital Variable, a juicio de quien esto resuelve, constituye un argumento sólido que justifica la imposibilidad de proporcionar la información solicitada por el hoy recurrente, pues [!] existe una configuración correcta de la hipótesis normativa invocada en la Resolución de Inexistencia de Documento, el supuesto jurídico contenido en el artículo 55 de la Ley de la materia y los argumentos que invoca el Sujeto Obligado; cumpliendo con los principios de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 Constitucional. En ese tenor, esta Autoridad determina que si bien es cierto, lo solicitado se refiere a aquélla información que el Sujeto Obligado debe documentar, tal y como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y que al momento de consultar el link proporcionado por el recurrente, quien esto resuelve pudo constatar que la página corresponde al Gobierno del Estado, relativa a Prensa en Línea, bajo el título: Inversión en Difusión del Gobierno del Estado de Puebla, de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, y en ella aparecen doce tablas que contienen el número progresivo, el beneficiario, el año y el monto de los contratos celebrados, y específicamente, en cuanto a la especie que nos ocupa, en el número doscientos sesenta, aparece en el año dos mil doce, como beneficiaria la entidad mercantil denominada “Publicidad Virtual”, Sociedad Anónima de Capital Variable, con lo que se acredita

"*

la preexistencia del contrato solicitado; también lo es que como reza uno de los principios generales del Derecho, fuente de Ley, nadie está obligado a lo imposible, bajo esa tesitura, el Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para proporcionar la información solicitada; en virtud, que como ha quedado acreditado. Este caso es el segundo registrado en que los documentos relacionados con la publicidad oficial del gobernador desaparecen de los archivos oficiales. En el primer caso —a principios de marzo de este año, el portal Lado B documentó 25 cómo el Congreso del estado desapareció la información relacionada con la compra de publicidad en cines vía la empresa Make Pro, y la resolución que tomó el Poder Legislativo local de exonerar al mandatario, 26 a pesar de que el entonces Instituto Federal Electoral ( IFE) llegó a la conclusión de que había violado la ley en la promoción de su primer informe de labores. 27 Sobre la desaparición de documentos y la inacción de la

CAIP,

la reportera Kara

Castillo relata que ella también ha promovido recursos de revisión y que la

CAIP le

informa que si el Sujeto Obligado no tiene la información, entonces no pueden obligarlo a proporcionarla. Incluso, señala que en un acta resolutiva del mismo Comisionado se advierte que la información solicitada se generó, fue presentada y se perdió y que, por lo tanto, la

CAIP no

puede obligar al Sujeto Obligado a

entregarla. 25

Ernesto Aroche Aguilar, “Desaparece el Congreso información sobre procesos contra Moreno Valle”, en Lado B, Puebla, Puebla, 1 de marzo 2015, disponible en: . Última consulta: 18 de agosto de 2015. 26 La resolución se tomó en la sesión de la Comisión de Gobernación de fecha 1 de agosto de 2012. Sin embargo, no existe una versión estenográfica que permita reconocer el detalle del análisis jurídico y los argumentos de los legisladores para desechar la petición del IFE, lo que de facto exoneró al gobernador de sanción alguna, El acta de la sesión puede consultarse en línea y está disponible en: . Última consulta del 18 de agosto de 2015. 27 Expediente del IFE núm. CG280/2012. Puede consultarse en línea, disponible en: . Última consulta del 18 de agosto de 2015.

#,

La reportera agrega: “Si alguien perdió un documento que por ley debía tener hay una responsabilidad ahí, y tendría que haber sanción, porque si no hay sanciones no pasa nada, seguimos despareciendo los documentos y no pasa nada. La Comisión si tiene la obligación de sancionar”.

I. T92:3;3B7;>2 -9043;7. :6U.0. CB6 395.: 0.: 623;5.56: 6:3K2 9A0;1.5.: . 597B=623./ L 1626/./ 0. ;2<9/=.7;>2 /60.7;92.5. 792 :B: <.7B03.56:? 79=G63627;.: L 2 56 0. 6F;:3627;. 56 ;2<9/=.7;>2 :; :6 /6<;6/6 . 0.: <.7B03.56:? 79=G63627;.: L 2 56 0.: 7.B:.: CB6 =93;E62 0. ;26F;:3627;.$ QRNSTI@ (* 8.76 B2 62V/1;79 00.=.59 . 0.: .B39/;5.56: G9A0.2.: . 60;=;2./ 0. G/K73;7. 56 97B03.=;6239 L 56:3/B77;>2 56 ;2<9/=.7;>2 2939/;.=6236 6F;:36236$

#(

La Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla

La Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (conocida como

CAIP)

es un organismo público

autónomo, independiente y de carácter permanente, responsable de promover, difundir y garantizar el derecho de donde toma su nombre. Fue creado por la reforma a la fracción VII del artículo 12 de la Constitución Política del estado de Puebla, el 10 de diciembre de 2004. Desde que se eligió a la y los primeros Comisionados 28 se han señalado faltas fundamentales a los procesos de designación, dando prioridad al acuerdo político sobre la especialización, la probidad o la meritocracia del pleno. Estas características son fundamentales para tomar decisiones colegiadas, informadas y apegadas a la Ley, más allá de las respuestas coordinadas entre los poderes de gobierno que impiden los contrapesos necesarios y los criterios que debe mantener un organismo autónomo. Los Comisionados y comisionadas de la

CAIP siempre

han dado de qué hablar a

los medios. Por ejemplo, Alexandra Herrera Corona, quien trabajaba como directora del registro civil y llegó como suplente de Blanca Lilia Ibarra tras su renuncia, demostró desconocimiento ante el tema descrito con anterioridad sobre la polémica en torno a la ratificación de los recursos de revisión, 29 aun cuando es un tema central en materia de acceso a la información. José Luis Fregoso, actual presidente de la

CAIP,

fue elegido como comisionado a pesar de que reconoció

que no tenía conocimiento en la materia. 30 28

La y los Comisionados que integraron el primer pleno fueron Roberto Díaz Sáenz, Josefina Buxadé Castelán y Antonio Juárez Acevedo 29 Jorge Castillo, “Alexandra Herrera comienza con el pie izquierdo en la CAIP, En su primera sesión, la flamante comisionada titubea y exhibe su falta de conocimiento en la materia”, en Intolerancia diario, 24 de junio de 2014, disponible en: . Última consulta: 18 de agosto de 2015. 30 Mónica Camacho, “Nuevo comisionado de la CAIP reconoce ser inexperto y cercano a Moreno Valle”, en La Jornada de Oriente, 10 de diciembre de 2010, disponible en: . Última consulta del 18 de agosto de 2015.

#"

Si bien en su conformación el organismo garante siempre se ha visto cooptado por el poder estatal, lo mismo en el sexenio de Mario Marín que en la administración de Rafael Moreno Valle, el control no había llegado a los niveles que se tienen registrados desde el comienzo de 2015, cuando el Congreso del estado dominado por el grupo del gobernador eligió a Gabriela Sierra Palacios, funcionaria de la Auditoria Superior del Estado, como integrante de la

CAIP.

Gabriela Sierra, servidora pública en activo y cercana a Patricia Leal, 31 la presidente de la Comisión Inspectora del Congreso del estado y ex contralora en el gobierno de Moreno Valle, llegó a ocupar el cargo que quedó vacante al concluirse el plazo de Blanca Lilia Ibarra Cadena. Y en ese momento se acabaron las voces disidentes al interior de la CAIP. Ibarra Cadena, a decir de los reporteros con los que se conversó para este documento, hizo un trabajo de contrapeso en la Comisión. Kara Castillo señala que la salida de Blanca Lilia fue desastrosa: siempre ha sido un órgano a modo, pero tuvo sus luces. El mejor momento de la comisión fue cuando estuvieron juntas Lilia Vélez y Blanca Lilia. Sin duda la salida que más lamento es la de Lilia Vélez, aunque Blanca Lilia desató tres o cuatro recursos muy importantes para mí. Y desde que ya no está, no he tenido información de nada, los trabajos de investigación basados en documentos oficiales que se pueden obtener por vías legales han ido en picada. Por su parte, Shanik David relató que los comisionados constantemente buscan la forma en la que pueden proteger al gobierno del estado: 31

Sobre la designación se especifica en el numeral 27, fracción VI los impedimentos de “No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

##

[...] son muy cuidadosos del gobierno, más que proteger el derecho a la información protegen el derecho de esconder del gobierno, y hasta las estadísticas lo revelan: son más los recursos en donde fallan en contra de los ayuntamientos que contra el gobierno del estado, aunque sea muy evidente la falla del gobierno. Uno entiende que el gobierno les da todo, el dinero y eso [sic], pero en teoría se trata de un órgano con autonomía, en teoría! Las cifras a las que hace referencia Shanik, y que pueden consultarse en la página de la CAIP, en su aparatado de estadísticas de recursos,32 señalan que en 2012 sólo se revocó la respuesta en el 7 % de las recursos en los que el Sujeto Obligado era el Ejecutivo del estado, sus dependencias y entidades; mientras que a los ayuntamientos se les revocó 63 % de los casos. Para 2013, el porcentaje de revocados para el poder ejecutivo fue de 13 %, mientras que para los ayuntamientos el porcentaje se mantuvo al mismo nivel que el año precedente. En 2014 la cifra de revocados para la administración de Moreno Valle cayó al 6 %, mientras que en los municipios se revocó 55 por ciento.

32

CAIP, Estadísticas sobre recursos de revisión del disponibles en: . Última consulta: 18 de agosto de 2015.

#%

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas publicadas por la CAIP.

Cuauhtémoc Cruz también advirtió que: A partir de la integración de la nueva comisionada no hemos tenido muchos recursos como para hacer una medición, pero sí nos llamó la atención que el proceso en el cual fue seleccionada Gabriela Sierra fue muy opaco, y por lo que hemos estado monitoreando en otros

#)

medios y con colegas, si vemos que el cambio no fue positivo; en especial, al resolver casos del gobierno del estado si hay cierta “mano cargada”. Desde el proceso de selección señalamos que se tiene ya a tres comisionados a modo, pero creo que con la nueva reforma de transparencia que permitirá que el Instituto Nacional de Acceso a la Información utilice su facultad de atracción puede haber un contrapeso, porque si no, hay otra salida más que el amparo en los juzgados federales, que sí funciona, pero es un largo camino. Las designaciones deben ser transparentes, abiertas y medibles. Los plenos deben incorporar personas con perfiles, capacidades, probidad y autonomía comprobable. La

CAIP está

lejos de ser un organismo como el que se pensó al

fundarlo en la reforma de 2004; lamentablemente, es un espacio de simulación, cargado de discursos ciudadanos.

#&

Conclusión

El presente informe muestra un panorama preocupante de la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla. Por un lado, nos encontramos con un vicio de origen en el marco normativo que desarma el único mecanismo de exigibilidad del derecho de acceso a la información, como lo es el recurso de revisión, a través de la ratificación. Por otro lado, los obstáculos y prácticas descritas a lo largo el documento son hechos que generan gran preocupación pues no sólo refieren el arraigo de la cultura del patrimonialismo de la información en los Sujetos Obligados, que supone un contexto de opacidad y corrupción, sino que representan violaciones graves al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Respecto a ello, ARTICLE 19 considera que la diferenciación del acceso a la información de acuerdo con la calidad de los usuarios, la falta de otorgamiento de citas y la destrucción de información son hechos graves que anulan el derecho a la información y crean desincentivos para su ejercicio. Estas violaciones deben perseguirse de manera estricta y sancionarse por las autoridades competentes, a fin de fomentar la cultura de la transparencia y la apertura gubernamental. Sin sanciones específicas para los funcionarios públicos, el sistema de acceso a la información en el estado nunca será una realidad. Asimismo, se advierte que prácticas como el cambio de modalidad para la entrega de información y la extensión del término sin causa justificada no se corregirán si el organismo garante de la entidad no genera criterios que las desincentiven. La parcialidad de la

CAIP

hacia estas prácticas es preocupante.

Este organismo debe fungir como ejemplo y orientación para los demás Sujetos Obligados. Para ello, es de vital relevancia reconocer, en el caso de la

CAIP,

que

existe un precedente judicial al respecto y que la falta de aplicación del mismo es

#+

una señal de que la garantía del derecho de acceso a la información es simulada y es el reflejo de un proceso laxo de designación de Comisionados y Comisionadas, que carece de mecanismos ciudadanos que garanticen su autonomía y especialización. En este sentido, el presente informe hace referencia a las designaciones de las y los representantes del organismo garante que no garantizaron la publicidad del proceso para la participación ciudadana, así como la especialidad e independencia del organismo. Esta situación se refleja en la percepción de los usuarios del derecho de acceso a la información, quienes aluden a un organismo cooptado. Al respecto, ARTICLE 19 insta al Congreso local a que adopte las prácticas desarrolladas en el proceso de designación de las y los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), que incluyen una amplia participación de la sociedad e instrumentos técnicos que dan cuenta de la especialización de los candidatos para ocupar el cargo. Llama la atención —además— que la mayoría de las solicitudes a las que se hace referencia en el presente informe están relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos, información que, por derecho constitucional, debe encontrarse disponible en medios electrónicos. En este sentido, los funcionarios del estado de Puebla, en un claro abuso de autoridad, están soslayando el espíritu constitucional de la garantía efectiva del derecho de acceso a la información y — de nuevo— deben ser sancionados. Actualmente estamos en el proceso de armonización estatal de la Ley General de Transparencia y en la definición de los lineamientos, criterios y políticas que habrá de implementar el Sistema Nacional. En lo que concierne a este tema, se hace necesario, primero, que el Congreso local elimine disposiciones que

#'

perviertan las alcances de la reforma constitucional y la Ley General, específicamente en lo que toca a la ratificación del recurso. Segundo, es importante considerar que, si bien es cierto que las nuevas disposiciones ponen trabas importantes para que los funcionarios públicos sigan desarrollando las prácticas aquí planteadas, esto no es determinante para omitir la garantía efectiva del derecho de acceso a la información. Por ello, es primordial que la

CAIP y

los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados

funjan como un verdadero contrapeso ante las autoridades encargadas de responder y hagan una interpretación de la Ley en favor de los solicitantes de la información. Tercero, el

INAI,

como organismo revisor, deberá estar atento a estas prácticas

con el fin de coadyuvar en el acceso a la información de las y los ciudadanos del estado de Puebla.

#*

ANEXO 1

Solicitud de información 00108415

Respuesta de cambio de modalidad para consulta directa:

Solicitud de cita:

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Solicitud de cita:

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Solicitud de cita:

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Solicitud de cita:

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Solicitud de cita:

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Transparencia, la deuda de Moreno Valle

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