Test y SP Cordoba

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA TEST Y SUPUESTOS PRÁCTICOS

AUTORES FERNANDO MARTOS NAVARRO Licenciado en Derecho Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Córdoba Profesor de Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RABANAL Licenciado en Derecho AMPARO PITEL HUERTAS Psicóloga de la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla JUAN MILLÁN SANTANA Licenciado en Derecho FRANCISCO ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVERA Licenciado en Derecho Secretario Judicial

ÍNDICE

Test Test n.º 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y Principios Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Tribunal Constitucional .............................................................................................................

11

Test n.º 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey, sucesión y Regencia. El Refrendo. El Poder Judicial: concepción General, principios de organización. Organos jurisdiccionales. Consejo General del Poder Judicial ....

27

Test n.º 3. Las Cortes Generales: concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno: concepto, funciones, deberes y regulación .....

41

Test n.º 4. La Organización Territorial del Estado en la Constitución Española. Las Comunidades Autónomas: Formas de acceso a la autonomía. Los Estatutos de Autonomía: significado y elaboración. Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura. Disposiciones Generales. Organización Territorial...........

55

Test n.º 5. La Administración Local: concepto y características. Entidades que integran la Administración Local: concepto y clasificación. Principios constitucionales ..........................................................................................................................

83

Test n.º 6. El Municipio: concepto y elementos. Servicios Mínimos municipales. Especial referencia al Padrón Municipal ......................................................

97

Test n.º 7. La Organización Municipal en Municipios de gran población. Órganos de Gobierno y Complementarios. Atribuciones. Organigrama Administrativo General del Ayuntamiento de Córdoba..........................................................

105

Test n.º 8. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas, situaciones administrativas y régimen disciplinario en el Estatuto Básico del Empleado Público ...............................................................................................................

113

Test n.º 9. Convenio en vigor de los/as Empleados/as del Ayuntamiento de Córdoba: jornada, vacaciones, permisos y licencias ............................................

129

Test n.º 10. El acto administrativo. Concepto, elementos, clasificación, invalidez. Principios generales del procedimiento administrativo: concepto y clases. Fases del Procedimiento Administrativo Común: principios y normas reguladoras. El expediente administrativo. Cómputo de plazos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad....

137

Test n.º 11. Recursos administrativos contra los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales: Concepto y Clases de Recursos ..........................................

157

Test n.º 12. El Presupuesto de la Administración Local: Concepto y Estructura de gastos e ingresos................................................................................................

165

Test n.º 13. Recursos de la Hacienda Local: Clasificación de los ingresos en las entidades locales. Impuestos obligatorios y potestativos: Naturaleza, hecho imponible, periodo impositivo y devengo. Las Ordenanzas fiscales: elaboración y aprobación........................................................................................................

179

Test n.º 14. La atención al público: Reglas básicas en el trato con el ciudadano. La Oficina de Información y Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Córdoba....................................................................................................................

205

Test n.º 15. El Registro de Entrada y Salida de Documentos. Informatización de los Registros. Comunicaciones y notificaciones .......................................

213

Test n.º 16. El Archivo, clases de archivos. Principales criterios de ordenación. El derecho de los ciudadanos al acceso a archivos y registros ..............

221

Test n.º 17. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Vigilancia de la salud. Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud ......................................................................

229

Test n.º 18. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones y principios generales. Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la función pública andaluza..............................................................................................................................

241

Test n.º 19. Protección de Datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española de Protección de Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano................................

247

Test n.º 20. Administración Electrónica y el Servicio a los Ciudadanos: concepto, características, régimen jurídico. Certificación Digital ...........................

257

Supuestos prácticos ...........................................................................................

265

Test

TEST N.º 1

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS GENERALES. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la muerte de Franco tuvieron lugar en: a) 1975. b) 1976. c) 1977. d) 1978. 2. El referéndum en el que se aprobó popularmente la Constitución se llevó a efecto el: a) 27 de diciembre de 1978. b) 6 de diciembre de 1978. c) 31 de octubre de 1978. d) 29 de diciembre de 1979. 3. La ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución se constituyó en el: a) Senado. b) Senado y Congreso de los Diputados. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 1

c) Congreso de los Diputados. d) Gobierno de la Nación. 4. Si un poder público, en su actuación, infringe lo dispuesto en el Preámbulo de la Constitución: a) Incurre en nulidad. b) Incurre en inconstitucionalidad. c) No pasa nada, salvo que, como consecuencia de esa actuación, se infrinja un artículo de la propia Constitución. d) Nada de lo anterior es cierto. 5. El principio en virtud del cual el ciudadano está amparado por una legislación no sujeta a continuos vaivenes es el de: a) Legalidad. b) Publicidad normativa. c) Seguridad jurídica. d) Jerarquía normativa. 6. El principio en virtud del cual un Reglamento no puede contradecir una Ley es el de: a) Legalidad. b) Jerarquía normativa. c) Las respuestas a y b son correctas. d) Seguridad jurídica. 7. Según la Constitución, una norma que imponga una nueva pena más leve para un delito: a) No se aplica retroactivamente. b) Puede aplicarse retroactivamente. c) Ha de ser reglamentaria. d) Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactivamente. 8. Todos los españoles, respecto al castellano, tienen el: a) Derecho-deber de conocerlo. b) Derecho de usar y deber de conocerlo. c) Derecho-deber de usarlo. d) Nada de lo anterior. 9. La capital del Estado en España es: a) La propia de cada Comunidad Autónoma. b) Madrid. 12


TEST N.º 1

c) Aquella donde se establezca en cada momento el Gobierno de la Nación. d) Aquella en la que resida generalmente el Rey. 10. El Título de la Constitución que trata de la reforma constitucional es el: a) Primero. b) Décimo. c) Noveno. d) Undécimo. 11. El Defensor del Pueblo se regula en el siguiente Título y Capítulo de la Constitución, respectivamente: a) Preliminar y 1º. b) Segundo y 4º. c) Segundo y 3º. d) Primero y 4º. 12. El Título de la misma que trata del Gobierno y la Administración es el: a) Tercero. b) Cuarto. c) Quinto. d) Sexto. 13. Los principios rectores de la política social y económica se regulan en el siguiente Capítulo y Título de la Constitución: a) Segundo del Primero. b) Tercero del Primero. c) Tercero del Preliminar. d) Primero del Séptimo. 14. La derogación de una norma postconstitucional que vaya en contra de la Constitución se efectúa por el/la/las: a) Propia Constitución. b) Tribunal Constitucional. c) Cortes Generales. d) Gobierno de la Nación. 15. El pluralismo político, para nuestra Constitución, es un/una: a) Principio General del ordenamiento político. b) Valor superior del citado ordenamiento. c) Principio rector de la política social y económica. d) Derecho fundamental. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 1

16. La forma política del Estado español es: a) Unitaria y regionalizada. b) Federal. c) La Monarquía Parlamentaria. d) La propia de un Estado Social y Democrático. 17. La justicia, según nuestra Constitución, es un/una: a) Principio de nuestro ordenamiento jurídico. b) Valor superior del anterior. c) Manifestación del Estado democrático. d) Todo lo anterior. 18. Un español de origen puede perder esta nacionalidad: a) Por sanción administrativa. b) Cuando libremente renuncie a la misma. c) Por condena penal. d) En ningún caso. 19. Constituye el fundamento del orden público y de la paz social, según la Constitución, el/la/los: a) Derechos inviolables inherentes a la persona. b) Estado social y democrático de Derecho. c) Seguridad jurídica. d) Justicia. 20. Las Comunidades Autónomas deben usar o instalar la bandera española: a) En sus edificios. b) En los actos oficiales. c) Cuando lo solicite el Delegado del Gobierno de la Nación en las mismas. d) Cuando lo estimen oportuno. 21. Deben tener una estructura interna y un funcionamiento democrático los/las: a) Partidos Políticos. b) Colegios Profesionales. c) Organizaciones Profesionales. d) Todos ellos.

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TEST N.º 1

22. La defensa de la integridad territorial de España se atribuye por la Constitución a/al/a las: a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. b) Fuerzas Armadas. c) Gobierno de la Nación. d) Todas las anteriores. 23. El Título de la Constitución que trata de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales es el: a) Cuarto. b) Quinto. c) Sexto. d) Tercero. 24. La Constitución entró en vigor: a) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. b) El 27 de diciembre de 1978. c) El 29 de diciembre de 1978. d) Al ser aprobada en la sesión conjunta por el Congreso de los Diputados y el Senado. 25. Los medios de producción, según nuestra Constitución, serán: a) Públicos. b) Privados. c) Intervenidos. d) De propiedad sindical. 26. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, respecto del interés general: a) Le está subordinada. b) Tiene primacía sobre el mismo. c) Posibilita a los poderes públicos para ostentar su titularidad por cualquier medio. d) Nada de lo anterior es cierto. 27. Respecto a las sociedades cooperativas, según la Constitución, los poderes públicos deben: a) Creerlas. b) Suprimirlas. c) Fomentarlas. d) Tomar parte en ellas.


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TEST N.º 1

28. La iniciativa económica pública en España: a) Debe ser subsidiaria de la privada. b) Se prohíbe al consagrarse la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. c) Está reconocida por la Constitución. d) Se ejercerá sólo cuando la planificación la imponga. 29. La planificación de la actividad económica se hará a través de: a) Consenso con las fuerzas sociales. b) Ley. c) Decreto del Consejo de Ministros. d) Todo lo anterior. 30. La creación de un tributo por una Corporación Local: a) Se permite sólo para su ámbito de actuación. b) Está permitida, sin limitación alguna. c) No se admite en nuestro ordenamiento jurídico. d) Nada de lo expuesto es correcto. 31. En virtud del principio de progresividad tributaria: a) Se implantarán paulatinamente cada vez mayores tributos. b) Los tipos impositivos serán regresivos. c) Prima el principio de igualdad en el pago de los tributos. d) Nada de lo expuesto es cierto. 32. Además de en la vida económica y política, los poderes públicos deben fomentar la participación de los ciudadanos en la vida: a) Cultural. b) Social. c) Corporativa. d) Las respuestas a y b son correctas. 33. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se aprueba por el/las: a) Gobierno de la Nación. b) Cortes Generales. c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Presidente del Gobierno de la Nación.

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TEST N.º 1

34. Puede instar la reforma de la Constitución el/los/las: a) Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Presidente del Gobierno de la Nación. c) Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. d) Ninguno de los anteriores. 35. No puede instar la reforma de la Constitución el/los: a) Presidente del Gobierno de la Nación. b) Gobierno de la Nación. c) Congreso de los Diputados. d) Parlamentos autonómicos. 36. En el procedimiento ordinario de reforma constitucional, el referéndum es: a) Obligatorio en todo caso. b) Preceptivo cuando se solicite por una décima parte de los Diputados o Senadores, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma. c) Voluntario en cualquier caso. d) Improcedente. 37. La disolución de las Cortes Generales, cuando se va a proceder a la reforma de la Constitución, se produce en caso de: a) Reforma por el procedimiento excepcional. b) Reforma por el procedimiento ordinario. c) Cualquier tipo de reforma. d) Que así lo estime oportuno el Rey. 38. No puede iniciarse la reforma constitucional en: a) Tiempo de guerra. b) El supuesto de que el Rey no lo estime oportuno. c) Un período extraordinario de sesiones de las Cámaras. d) Se puede efectuar en los tres supuestos anteriores. 39. En el procedimiento general de reforma constitucional, en principio, el proyecto de reforma debe ser aprobado por: a) El Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios. b) El Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de tres quintos. c) Ambas Cámaras, por mayoría absoluta. d) Una Comisión Paritaria.


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TEST N.º 1

40. El procedimiento excepcional de reforma está previsto en caso de intentarse ésta respecto del siguiente Título de la Constitución: a) Cualquiera. b) Segundo. c) Tercero. d) Ninguno de los anteriores. 41. Según la Constitución, el Estado es: a) Apolítico. b) Aconfesional. c) De bienestar social. d) Federal. 42. El derecho a la vida se consagra en el siguiente artículo de la Constitución: a) 10. b) 16. c) 15. d) 24. 43. La pena de muerte en España: a) Ha quedado abolida. b) Puede aplicarse en cualquier momento. c) Sólo se aplicará, en tiempo de guerra, a los militares. d) Rige sólo en el ámbito civil. 44. La inmediata puesta a disposición judicial derivada del “habeas corpus”, se produce por: a) Detención ilegal. b) Prisión ilegal. c) Prisión preventiva. d) Detención preventiva. 45. El proceso en el que se enjuicie a un presunto delincuente debe: a) Ser sumario. b) No dilatarse. c) Entorpecer los instrumentos probatorios. d) Nada de lo anterior es cierto.

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TEST N.º 1

46. La entrada en un domicilio en caso de flagrante delito, sin autorización de su titular: a) Puede dar lugar a la aplicación del “habeas corpus”. b) Requiere autorización previa de la autoridad judicial. c) Puede efectuarse en todo momento. d) No puede realizarse en momento alguno. 47. Cuando, al conocerse la comisión de un delito por una persona, se acude a su domicilio para detenerla: a) Está obligada a franquear la entrada. b) Se necesitará autorización judicial para entrar, si no da su consentimiento para ello. c) Pese a que no dé su consentimiento, se puede entrar. d) Nada de lo anterior es correcto. 48. La autorización previa para celebrar una manifestación pública: a) La da el Subdelegado del Gobierno en la Provincia. b) Es ineludible. c) Sería inconstitucional. d) Se da cuando no se prevean alteraciones al orden público, con peligro para personas o bienes. 49. El tipo de sufragio que consagra la Constitución es el: a) Proporcional. b) Universal. c) Censitario. d) Las respuestas a y b son correctas. 50. Además de la no autoinculpación, la Constitución prevé que no se está obligado a declarar sobre un hecho presuntamente delictivo en caso de: a) Parentesco y afinidad. b) Cláusula de conciencia. c) Secreto profesional. d) Las respuestas a y b son correctas. 51. El principio de legalidad penal está íntimamente relacionado con el/la: a) Arbitrariedad de los poderes públicos. b) Responsabilidad de éstos. c) Irretroactividad de las normas sancionadoras. d) Publicidad normativa.


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TEST N.º 1

52. Los Tribunales de Honor están prohibidos respecto de los/la/las: a) Sindicatos y Organizaciones Profesionales. b) Administración Civil y Militar. c) Organizaciones Profesionales y la primera de estas Administraciones. d) Anteriores. 53. El secreto profesional, constitucionalmente, sirve para: a) Ejercer con libertad una profesión titulada. b) La libertad de creación científica y técnica. c) No declarar sobre hechos presuntamente delictivos. d) Todo lo anterior. 54. La fundación de una Internacional Sindical por un sindicato español: a) Es libre. b) Está prohibida. c) Debe plasmarse en un Tratado Internacional. d) Nada de lo anterior es cierto. 55. El ejercicio del derecho de petición a través de una manifestación ciudadana: a) No se admite. b) Se admite en algún caso. c) Se admite, salvo para los militares. d) Ni se admite ni se prohíbe. 56. Nuestro sistema tributario ha de ser: a) Regresivo e igualitario. b) Progresivo y generalizado. c) Confiscatorio. d) Justo y regresivo. 57. Se produce una rotura definitiva del vínculo conyugal, debiendo regularse según la Constitución, en caso de: a) Cese de la convivencia matrimonial. b) Disolución del matrimonio. c) Separación. d) En todos ellos. 58. Las Fundaciones son: a) Entidades constituidas para fines de interés general. b) Administración Corporativa. 20


TEST N.º 1

c) Entidades privadas con fines de carácter también privado. d) Asociaciones de personas para conseguir fines de interés general. 59. La asistencia de todo orden a los hijos habidos extraconyugalmente: a) No está prevista en la Constitución. b) Es un deber de los padres. c) Se dispensará por Instituciones de Beneficencia. d) Se dispensa sólo a los que de ellos tengan discapacidad. 60. La especulación urbanística, según la Constitución: a) Debe evitarse. b) Está permitida c) Genera plusvalías para la colectividad. d) Pueden hacerla los poderes públicos. 61. No es susceptible de recurso de amparo el derecho a la/de: a) Sindicación. b) Investigación científica. c) Secreto de las comunicaciones. d) Lo son todos ellos. 62. Tampoco lo es el derecho de: a) Libertad de cátedra. b) Negociación colectiva. c) Manifestación. d) Huelga. 63. Y sí lo está el derecho de/a la: a) Libre sindicación. b) Petición. c) Cláusula de conciencia. d) Lo están todos ellos. 64. Una vez declarado el estado de excepción no se puede suspender el derecho/libertad de: a) Huelga. b) Enseñanza. c) Adopción de medidas de conflicto colectivo. d) Libertad de circulación.


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TEST N.º 1

65. Durante el estado de excepción, un detenido conserva el derecho de/a: a) Setenta y dos horas para ser puesto a disposición judicial. b) Secreto de comunicaciones. c) Asistencia de Letrado. d) Ninguno de ellos. 66. Se puede suspender, con motivo de investigaciones relativas a bandas armadas, el derecho de: a) Huelga. b) Inviolabilidad del domicilio. c) Libertad de circulación. d) Las respuestas b y c son correctas. 67. Pueden crear tributos: a) Las Cortes Generales. b) Las Corporaciones Locales. c) Los Parlamentos Autonómicos. d) Todos ellos. 68. Las sentencias del Tribunal Constitucional han de publicarse en el: a) Diario Oficial de las Cortes Generales. b) Boletín Oficial del Estado. c) Periódico de mayor circulación de la capital de España. d) Tablón de Anuncios del propio Tribunal. 69. Puede plantear un conflicto negativo de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ante el Tribunal Constitucional: a) Un particular afectado por el mismo. b) Las Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos. c) Sólo el Gobierno de la Nación y los Consejos de Gobierno de dichas Comunidades Autónomas. d) El Defensor del Pueblo. 70. Los Reglamentos sobre funcionamiento y organización, y régimen de su personal y servicios del Tribunal Constitucional se aprueban por el/las: a) Cortes Generales. b) Salas del mismo. c) Pleno del propio Tribunal. d) Presidente del Tribunal.

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Solución al test n.º 1

1. c) 1977. 2. b) 6 de diciembre de 1978. 3. c) Congreso de los Diputados. 4. c) No pasa nada, salvo que, como consecuencia de esa actuación, se infrinja un artículo de la propia Constitución. 5. c) Seguridad jurídica. 6. c) Las respuestas a y b son correctas. 7. b) Puede aplicarse retroactivamente. 8. b) Derecho de usar y deber de conocerlo. 9. b) Madrid. 10. b) Décimo. 11. d) Primero y 4º. 12. b) Cuarto. 13. b) Tercero del Primero. 14. a) Propia Constitución.


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TEST N.º 1

15. b) Valor superior del citado ordenamiento. 16. c) La Monarquía Parlamentaria. 17. b) Valor superior del anterior. 18. b) Cuando libremente renuncie a la misma. 19. a) Derechos inviolables inherentes a la persona. 20. b) En los actos oficiales. 21. d) Todos ellos. 22. b) Fuerzas Armadas. 23. b) Quinto. 24. c) El 29 de diciembre de 1978. 25. b) Privados. 26. a) Le está subordinada. 27. c) Fomentarlas. 28. c) Está reconocida por la Constitución. 29. b) Ley. 30. c) No se admite en nuestro ordenamiento jurídico. 31. d) Nada de lo expuesto es cierto. 32. d) Las respuestas a y b son correctas. 33. a) Gobierno de la Nación. 34. a) Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 35. a) Presidente del Gobierno de la Nación. 36. b) Preceptivo cuando se solicite por una décima parte de los Diputados o Senadores, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma.

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TEST N.º 1

37. a) Reforma por el procedimiento excepcional. 38. a) Tiempo de guerra. 39. b) El Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de tres quintos. 40. b) Segundo. 41. b) Aconfesional. 42. c) 15. 43. a) Ha quedado abolida. 44. a) Detención ilegal. 45. b) No dilatarse. 46. c) Puede efectuarse en todo momento. 47. b) Se necesitará autorización judicial para entrar, si no da su consentimiento para ello. 48. c) Sería inconstitucional. 49. b) Universal. 50. c) Secreto profesional. 51. c) Irretroactividad de las normas sancionadoras. 52. c) Organizaciones Profesionales y la primera de estas Administraciones. 53. c) No declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 54. a) Es libre. 55. a) No se admite. 56. b) Progresivo y generalizado. 57. b) Disolución del matrimonio. 58. a) Entidades constituidas para fines de interés general.


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TEST N.º 1

59. b) Es un deber de los padres. 60. a) Debe evitarse. 61. b) Investigación científica. 62. b) Negociación colectiva. 63. d) Lo están todos ellos. 64. b) Enseñanza. 65. c) Asistencia de Letrado. 66. b) Inviolabilidad del domicilio. 67. a) Las Cortes Generales. 68. b) Boletín Oficial del Estado. 69. a) Un particular afectado por el mismo. 70. c) Pleno del propio Tribunal.

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TEST N.º 2

LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY, SUCESIÓN Y REGENCIA. EL REFRENDO. EL PODER JUDICIAL: CONCEPCIÓN GENERAL, PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN. ÓRGANOS JURISDICCIONALES. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1. La asunción de funciones constitucionales por la Reina consorte: a) Está prevista como regla general. b) Depende de la voluntad del Rey. c) Está prohibida. d) Está limitada. 2. La tutoría del Rey puede recaer en: a) Cualquier persona nombrada por las Cortes Generales, en su caso. b) Sus hijos. c) Una, tres o cinco personas. d) Nada de lo anterior es cierto. 3. Una hija del Príncipe de Asturias ostentará este tratamiento: a) Cuando su padre acceda a la condición de Rey, si es la primogénita, aunque tenga hermanos varones. b) Al morir su padre. c) Al acceder a Rey su padre, si no tiene hermano varón. d) Cuando delegue en ella el propio Príncipe.


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TEST N.º 2

4. La Regencia se ejerce: a) Por mandato del Rey. b) En nombre de éste. c) Por mandato constitucional. d) Las respuestas b y c son correctas. 5. La dirección de la defensa del Estado es competencia genuina del/de las: a) Rey. b) Fuerzas Armadas. c) Gobierno de la Nación. d) Todos ellos. 6. El refrendo de los actos del Rey está íntimamente relacionado con: a) Su irresponsabilidad política. b) Su inhabilitación. c) La Regencia. d) Sus poderes discrecionales. 7. En caso de que el Rey sea menor de edad: a) No tomará posesión de su cargo hasta su mayoría de edad. b) Ejercerá la Regencia el Príncipe Heredero. c) Ejercerá la Regencia su cónyuge. d) Nada de lo anterior es cierto. 8. Si el Príncipe Heredero tuviera descendientes y renunciara a sus derechos al trono: a) Su cónyuge ejercería la Regencia hasta que su primogénito varón fuere mayor de edad. b) Su cónyuge ejercería la Regencia hasta que dicho primogénito fuera proclamado Rey. c) Se nombraría Princesa Heredera a su hermana mayor, si la hubiere. d) Nada de lo anterior es cierto. 9. La presidencia por el Rey de las reuniones del Consejo de Ministros: a) Se permite sólo respecto de las decisorias. b) Ha de efectuarse a petición del Presidente del Gobierno de la Nación. c) Está prevista constitucionalmente para dirigir la Administración Civil y Militar. d) Las respuestas a y b son ciertas.

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TEST N.º 2

10. El juramento lo prestará el Rey ante el/las: a) Cortes Generales. b) Gobierno de la Nación. c) Miembros de la Familia Real. d) Pueblo español. 11. Si se agotan todas las líneas llamadas a la sucesión en la Corona de España, se: a) Nombran Regentes. b) Proveerá a la sucesión en la Corona por las Cortes Generales. c) Proclama la República. d) Establece una Dictadura. 12. La inhabilitación del Rey se reconoce por el/los/las: a) Gobierno de la Nación. b) Congreso de los Diputados. c) Cortes Generales. d) Tres Poderes constitucionales. 13. El Regente nombrado en defecto de padre, madre, pariente mayor de edad o Príncipe Heredero mayor de edad se designa por el/las: a) Propio Rey. b) Cortes Generales. c) Congreso de los Diputados. d) Consejo de Regencia. 14. La justicia se administra en nombre del: a) Juez o Tribunal que la imparta. b) Pueblo español. c) Rey. d) Justiciable. 15. El titular de la Justicia es el/los: a) Poder Judicial. b) Rey. c) Pueblo soberano. d) Jueces y Tribunales.


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TEST N.º 2

16. El art. 117 de la Constitución no incluye como característica de los Jueces y Magistrados la: a) Independencia. b) Responsabilidad. c) Inamovilidad. d) Incluye a todas ellas. 17. La ejecución de lo juzgado es competencia genuina de la/los: a) Juzgados y Tribunales. b) Consejo General del Poder Judicial. c) Policía Judicial. d) Administración Pública. 18. Los supuestos de suspensión o movilidad de los Jueces deben estar establecidos en un/una/la: a) Ley. b) Reglamento. c) Instrucción del Consejo General del Poder Judicial. d) Constitución. 19. Según la Constitución, el procedimiento en el ámbito de la administración de justicia debe ser: a) Gratuito siempre. b) Predominantemente oral. c) En audiencia pública. d) Motivado. 20. La colaboración con los Jueces y Tribunales por los particulares es obligatoria: a) En el proceso. b) Antes del procesamiento. c) Sólo cuando no exista Policía Judicial. d) En todo caso. 21. Los Jueces y Tribunales deben elevar al Tribunal Constitucional: a) La cuestión de inconstitucionalidad. b) El recurso de inconstitucionalidad. c) La inconstitucionalidad de las normas reglamentarias. d) Todo lo anterior.

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TEST N.º 2

22. Por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia debe responder el/la: a) Propia Administración. b) Ministerio de Justicia solamente. c) Estado. d) Nadie. 23. La cúspide de la jurisdicción en España la ostenta el: a) Consejo General del Poder Judicial. b) Ministerio Fiscal. c) Tribunal Constitucional. d) Tribunal Supremo. 24. La misión de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social es propia del/de los: a) Poder Judicial. b) Consejo General del Poder Judicial. c) Ministerio Fiscal. d) Jueces y Tribunales. 25. El jurado no intervendrá en procesos: a) De ningún tipo. b) Penales. c) Residenciados en Audiencias Provinciales. d) Civiles. 26. El Jurado en los Tribunales consuetudinarios: a) No existe. b) Existe. c) Ejerce la acción popular. d) Se integra por Jueces y Magistrados. 27. La función del Jurado es: a) Obligatoria y gratuita. b) Incompatible en todo caso. c) Remunerada y voluntaria. d) Nada de lo anterior.


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TEST N.º 2

28. La existencia del Jurado en los Tribunales Superiores de Justicia: a) Es posible. b) No se va a dar. c) Es su única sede. d) Se admite en toda materia. 29. Un Policía Local actuará como Policía Judicial: a) En todo caso. b) Nunca. c) Cuando se le requiera al efecto. d) Previa autorización de su Alcalde. 30. La afiliación sindical de Jueces y Magistrados está: a) Prohibida. b) Permitida. c) Legalizada. d) Admitida, si media consentimiento del Consejo General del Poder Judicial. 31. A efectos judiciales no se constituye como división del Estado el/la: a) Comunidad Autónoma. b) Municipio. c) Partido Judicial. d) Lo son todos ellos. 32. El Partido Judicial se integra por: a) Uno o más Municipios. b) Un solo Municipio o Provincia. c) Una o más Provincias. d) Una Comunidad Autónoma. 33. No existe Tribunal Militar Territorial en: a) Sevilla. b) La Coruña. c) Las Palmas. d) Barcelona. 34. Tampoco existe Tribunal Militar Territorial en: a) Sevilla. b) Baleares.

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TEST N.º 2

c) Madrid. d) Santa Cruz de Tenerife. 35. El segundo escalón de la Jurisdicción Militar lo constituye el/la/los: a) Tribunal Militar Central. b) Tribunales Militares Territoriales. c) Juzgados Togados Militares. d) Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. 36. El órgano judicial que se establece a nivel de partidos judiciales es el Juzgado de: a) Primera Instancia e Instrucción. b) Lo Penal. c) Paz. d) Menores. 37. La instrucción de los sumarios de los que conoce la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corresponde a la/los: a) Propia Audiencia Nacional. b) Juzgados Centrales de Instrucción. c) Juzgados de lo Penal. d) Juzgados de Instrucción. 38. En el orden penal, los Juzgados de Paz pueden conocer de determinados procesos por: a) Delitos. b) Delitos y faltas. c) Faltas. d) Infracciones administrativas. 39. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo existirán en el siguiente ámbito territorial: a) Comarcal. b) Provincial. c) Municipal. d) De Comunidad Autónoma. 40. En la Audiencia Nacional no existe Sala de lo: a) Penal. b) Contencioso-Administrativo.


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TEST N.º 2

c) Civil. d) Social. 41. La jurisdicción del Tribunal Supremo abarca a: a) Todas las materias. b) Las actividades de las Cortes Generales. c) Todo el territorio nacional. d) Las cuestiones constitucionales. 42. La Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo es la: a) Sexta. b) Quinta. c) Cuarta. d) No existe como tal. 43. En el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta se dedica a lo: a) Penal. b) Contencioso-Administrativo. c) Militar. d) Social. 44. Con su Presidente, integran el Consejo General del Poder Judicial los siguientes miembros: a) Doce. b) Veintiuno. c) Veinte. d) Trece. 45. Actualmente, el Congreso de los Diputados propone los siguientes miembros del Consejo General del Poder Judicial: a) Cuatro. b) Doce. c) Diez. d) Seis. 46. En materia de modificación de plantillas orgánicas de Jueces y Magistrados, el Consejo General del Poder Judicial: a) Decide. b) Informa posteriormente.

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TEST N.º 2

c) Informa previamente. d) Propone en todo caso. 47. La propuesta de nombramiento de los miembros de este Consejo General del Poder Judicial parte del: a) Congreso de los Diputados y Senado. b) Gobierno de la Nación. c) Las respuestas a y b son correctas. d) El Tribunal Constitucional, en parte. 48. No es órgano del Consejo General del Poder Judicial las/el/la: a) Pleno. b) Secciones. c) Vicepresidente. d) Comisión Permanente. 49. El Vicepresidente en el Consejo General del Poder Judicial: a) Es un cargo facultativo. b) Existe siempre. c) Se elige por la Comisión Permanente. d) No está prevista su existencia. 50. La mayoría que se exige en dicho Consejo para proponer al Presidente del Tribunal Supremo es de: a) Mayoría absoluta. b) Dos tercios. c) Mayoría simple. d) Tres quintos. 51. La propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial: a) Es improcedente. b) Ha de adoptarse por mayoría de tres quintos de sus miembros. c) Ha de adoptarse por mayoría absoluta del número legal de miembros del mismo. d) No requiere quórum cualificado. 52. Los miembros del Ministerio Fiscal se integran en: a) Un Cuerpo único. b) Una estructura no jerarquizada.


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TEST N.º 2

c) Una sola categoría. d) Categorías independientes. 53. Los principios con arreglo a los cuales han de ejercer sus funciones los miembros del Ministerio Fiscal son los de: a) Igualdad y legalidad. b) Imparcialidad e igualdad. c) Imparcialidad y legalidad. d) Legalidad y dependencia. 54. El Fiscal General del Estado es nombrado por el: a) Rey. b) Consejo General del Poder Judicial. c) Gobierno de la Nación. d) Ninguno de ellos. 55. Una característica de la actuación del Ministerio Fiscal, en lo que a su organización interna se refiere, es la de: a) Dependencia del Gobierno de la Nación. b) Dependencia jerárquica. c) Parcialidad. d) Inamovilidad.

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1. d) Está limitada. 2. a) Cualquier persona nombrada por las Cortes, en su caso. 3. c) Al acceder a Rey su padre, si no tiene hermano varón. 4. d) Las respuestas b y c son correctas. 5. c) Gobierno de la Nación. 6. a) Su irresponsabilidad política. 7. d) Nada de lo anterior es cierto. 8. c) Se nombraría Princesa Heredera a su hermana mayor, si la hubiere. 9. b) Ha de efectuarse a petición del Presidente del Gobierno de la Nación. 10. a) Cortes Generales. 11. b) Proveerá a la sucesión en la Corona por las Cortes Generales. 12. c) Cortes Generales. 13. b) Cortes Generales. 14. c) Rey.


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TEST N.º 2

15. c) Pueblo soberano. 16. d) Incluye a todas ellas. 17. a) Juzgados y Tribunales. 18. a) Ley. 19. b) Predominantemente oral. 20. a) En el proceso. 21. a) La cuestión de inconstitucionalidad. 22. c) Estado. 23. d) Tribunal Supremo. 24. c) Ministerio Fiscal. 25. d) Civiles. 26. a) No existe. 27. d) Nada de lo anterior. 28. a) Es posible. 29. c) Cuando se le requiera al efecto. 30. a) Prohibida. 31. d) Lo son todos ellos. 32. a) Uno o más Municipios. 33. c) Las Palmas. 34. b) Baleares. 35. a) Tribunal Militar Central. 36. a) Primera Instancia e Instrucción. 37. b) Juzgados Centrales de Instrucción. 38


TEST N.º 2

38. c) Faltas. 39. b) Provincial. 40. c) Civil. 41. c) Todo el territorio nacional. 42. b) Quinta. 43. d) Social. 44. b) Veintiuno. 45. c) Diez. 46. c) Informa previamente. 47. a) Congreso de los Diputados y Senado. 48. b) Secciones. 49. b) Existe siempre. 50. d) Tres quintos. 51. b) Ha de adoptarse por mayoría de tres quintos de sus miembros. 52. a) Un Cuerpo único. 53. c) Imparcialidad y legalidad. 54. a) Rey. 55. b) Dependencia jerárquica.


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TEST N.º 3

LAS CORTES GENERALES: CONCEPTO, ELEMENTOS, FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONES NORMATIVAS. EL GOBIERNO: CONCEPTO, FUNCIONES, DEBERES Y REGULACIÓN 1. El número mínimo de Diputados previstos para el Congreso de los Diputados es de: a) 250. b) 300. c) 400. d) 350. 2. No es incompatible para ser elegido Diputado del Congreso de los Diputados un: a) Militar en activo. b) Miembro de una Junta Electoral. c) Juez. d) Ministro. 3. La Palma elige los siguientes Senadores: a) Ninguno. b) Dos. c) Uno. d) Cuatro.


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TEST N.º 3

4. La declaración del estado de sitio debe hacerla el/las: a) Gobierno de la Nación. b) Rey. c) Congreso de los Diputados. d) Presidente del Gobierno de la Nación. 5. El Presidente de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es el: a) Del partido mayoritario. b) Portavoz del partido con mayor número de escaños. c) Presidente de la Cámara. d) Elegido por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 6. El mínimo de miembros integrantes de una Comisión de Investigación según el art. 76 de la Constitución es de: a) Veintiuno. b) Mayoría simple. c) Mayoría absoluta. d) No se establece. 7. No puede solicitar la celebración de una sesión extraordinaria de las Cortes Generales el/la: a) Mayoría absoluta de sus miembros. b) Diputación Permanente de ellas. c) Mesa de cada Cámara. d) Gobierno de la Nación. 8. El primer período de sesiones de las Cámaras concluye, según la Constitución: a) Al finalizar su mandato. b) En enero. c) En diciembre. d) En junio. 9. No puede delegarse en una Comisión Legislativa Permanente la posibilidad de aprobar una Ley: a) Tributaria. b) De funcionarios públicos. c) Orgánica. d) Las respuestas a y c son correctas.

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TEST N.º 3

10. El Defensor del Pueblo da cuenta del ejercicio de sus atribuciones al/a las: a) Tribunal Constitucional. b) Gobierno de la Nación. c) Cortes Generales. d) Poder Judicial. 11. La elección del Defensor del Pueblo compete al/a la/a los: a) Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado. b) Comisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados. c) Gobierno de la Nación. d) Rey. 12. La inviolabilidad, respecto al Defensor del Pueblo: a) No la tiene. b) La posee sobre cualquier actuación, personal o propia del cargo, que realice. c) La ostenta en cuanto a los actos que realice en el ejercicio de sus competencias como tal. d) Supone que está exento de dar cuenta de su trabajo a las Cortes Generales. 13. Si se presenta una queja anónima ante el Defensor del Pueblo: a) Deberá darle trámite. b) Sólo la tramitará si el asunto es de interés general. c) No está obligado a darle trámite. d) Se deja a su arbitrio el darle o no trámite. 14. Las quejas deben presentarse al Defensor del Pueblo: a) A través de Abogado y Procurador. b) En papel de pagos al Estado. c) Con el justificante de haber pagado las tasas correspondientes. d) En papel común. 15. El auxilio al Defensor del Pueblo por parte de los funcionarios públicos: a) Se supedita a lo que, en cada caso, determine la Autoridad administrativa de la que dependan. b) Sólo se realizará cuando judicialmente se reclame. c) Ha de ser preferente y urgente. d) Es potestativo para ellos.


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TEST N.º 3

16. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozan de la independencia e inamovilidad propia de los: a) Miembros del Gobierno de la Nación. b) Jueces. c) Funcionarios públicos. d) Carecen de estas prerrogativas. 17. El informe anual que ha de emitir el Tribunal de Cuentas, ha de remitirlo al/a las: a) Gobierno de la Nación. b) Cortes Generales. c) Tribunal Constitucional. d) Defensor del Pueblo. 18. La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas se integra por el siguiente número de miembros: a) Nueve. b) Siete. c) Cinco. d) Tres. 19. El nombramiento del Presidente del Tribunal de Cuentas se efectúa a propuesta del/de las: a) Gobierno de la Nación. b) Cortes Generales. c) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Pleno del propio Tribunal de Cuentas. 20. Dentro del Tribunal de Cuentas, se organiza en Salas el/la: a) Pleno. b) Sección de Enjuiciamiento. c) Sección de Fiscalización. d) Comisión de Gobierno. 21. Se entiende automáticamente investido de la confianza un candidato a Presidente del Gobierno de la Nación en el supuesto de que prospere: a) Una moción de censura. b) La cuestión de confianza planteada.

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TEST N.º 3

c) Una interpelación al efecto. d) Cualquier moción presentada en las Cortes Generales contra el Gobierno de la Nación. 22. Las normas, con rango de Ley, que puede aprobar el Gobierno de la Nación se denominan: a) Decretos-Leyes. b) Decretos Legislativos. c) Proyectos de Ley. d) Las respuestas a y b son ciertas. 23. La emisión de deuda pública, previa autorización por Ley, es una competencia reservada a/al/a la: a) Ministro de Economía y Competitividad. b) Consejo de Ministros. c) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. d) Ninguno de los anteriores. 24. La convocatoria de elecciones generales cuando ningún candidato a Presidente del Gobierno de la Nación obtiene la confianza del Congreso de los Diputados: a) Es potestativa. b) Se refrenda por el Presidente del Gobierno de la Nación en funciones. c) La efectúa directamente el Presidente del Congreso de los Diputados. d) Nada de lo anterior es cierto. 25. Dentro del Ejecutivo, puede presentar el recurso de inconstitucionalidad: a) Sólo el Presidente del Gobierno de la Nación. b) El Consejo de Ministros exclusivamente. c) Cualquier Ministro en las materias de su competencia. d) Las respuestas a y b son correctas. 26. La propuesta al Rey de convocatoria de un referéndum consultivo debe estar previamente autorizada por el: a) Presidente del Gobierno de la Nación. b) Consejo de Ministros. c) Consejo de Estado. d) Congreso de los Diputados.


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TEST N.º 3

27. La estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno de la Nación se aprueba por el/la: a) Ley. b) Consejo de Ministros. c) Ministro de la Presidencia. d) Presidente del Gobierno de la Nación. 28. En la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reglamentos de desarrollo de las Leyes, debe recaer previo dictamen del/de la: a) Ministro competente por razón de la materia. b) Ministro de la Presidencia. c) Consejo de Estado. d) Comisión Delegada del Gobierno competente por razón de la materia. 29. Los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales se crean por el: a) Consejo de Ministros. b) Ministro respectivo. c) Presidente del Gobierno de la Nación. d) Ministro de la Presidencia. 30. Según la Constitución, debe garantizarse siempre la audiencia de los ciudadanos en el: a) Procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que le afecten. b) Procedimiento a través del cual se produzcan los actos administrativos. c) Total actuar de la Administración. d) Las respuestas a y b son ciertas. 31. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan bajo la dependencia de/del/ de las: a) Rey. b) Gobierno de la Nación. c) Fuerzas Armadas. d) Todos ellos. 32. Exime de responsabilidad a la Administración el hecho de causar un daño a un particular: a) Cuando actúe en ejercicio de sus prerrogativas y potestades. b) Si actúa como una persona de Derecho privado.

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TEST N.º 3

c) Cuando se trate de un caso fortuito. d) En los tres supuestos anteriores debe indemnizar. 33. La responsabilidad política del Gobierno de la Nación se dirime en el/ la/las: a) Cortes Generales, en sesión conjunta de las Cámaras. b) Congreso de los Diputados. c) Pleno del Tribunal Constitucional. d) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 34. La responsabilidad criminal de los Ministros se exigirá por el/la: a) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. b) Tribunal Constitucional. c) Juzgado Central de lo Penal. d) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 35. La cuestión de confianza que puede plantear el Presidente del Gobierno de la Nación está prevista para/sobre: a) Una declaración de política general. b) El programa de Gobierno de la Nación. c) Asuntos que requieren referéndum consultivo. d) Las respuestas a y b son ciertas. 36. En caso de denegación de una cuestión de confianza: a) No puede plantearse otra en el mismo período de sesiones. b) Los que la suscribieron no pueden hacerlo en lo que queda de mandato de las Cortes Generales. c) Se nombra Presidente del Gobierno de la Nación al candidato propuesto en la misma. d) Nada de lo anterior es cierto. 37. Dentro de las Cortes Generales, compete decidir sobre el otorgamiento o no de la confianza al Presidente del Gobierno de la Nación al/a la/a las: a) Congreso de los Diputados. b) Dos Cámaras en sesión conjunta. c) Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. d) Dos Cámaras por separado.


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TEST N.º 3

38. En la disolución anticipada de las Cámaras, el Presidente del Gobierno de la Nación: a) Traslada al Rey el acuerdo al efecto del Consejo de Ministros. b) Efectúa una propuesta personal al Rey para ello. c) No tiene competencia alguna. d) La acuerda, informando después al Rey. 39. En caso de que se efectúe una propuesta de disolución anticipada de las Cortes Generales, estando tramitándose una moción de censura: a) Se tramita la moción por las siguientes Cortes Generales. b) Se acuerda la disolución cuando se concluya la moción. c) Se entiende desestimada dicha moción. d) No puede tramitarse dicha propuesta. 40. No requiere previa autorización del Congreso de los Diputados la declaración del estado de: a) Alarma. b) Excepción. c) Sitio. d) Ninguno de ellos lo exige. 41. Si, estando disuelto el Congreso de los Diputados, se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a la declaración de alguno de los estados de anormalidad de la vida constitucional: a) Quedan automáticamente convocadas las Cámaras. b) El Presidente del Congreso de los Diputados ejerce las competencias propias del mismo. c) Se convocará al Congreso de los Diputados y se reunirá éste en el plazo máximo de un mes. d) La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados será la que actúe. 42. La propuesta de declaración del estado de sitio compete al: a) Presidente del Gobierno de la Nación. b) Rey. c) Consejo de Ministros. d) Congreso de los Diputados. 43. Respecto del estado de excepción, el Congreso de los Diputados: a) Lo declara. b) Lo autoriza, así como su prórroga.

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TEST N.º 3

c) Sólo es informado de su declaración por el Gobierno de la Nación. d) Se limita a prorrogarlo, en su caso. 44. Para las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad está prevista la declaración del estado de: a) Alarma. b) Excepción. c) Sitio. d) Ninguno de ellos puede declararse para este fin. 45. Se puede prorrogar por treinta días el estado de: a) Alarma. b) Excepción. c) Sitio. d) Guerra.


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1. b) 300. 2. d) Ministro. 3. c) Uno. 4. c) Congreso de los Diputados. 5. c) Presidente de la Cámara. 6. d) No se establece. 7. c) Mesa de cada Cámara. 8. c) En diciembre. 9. c) Orgánica. 10. c) Cortes Generales. 11. a) Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado. 12. c) La ostenta en cuanto a los actos que realice en el ejercicio de sus competencias como tal. 13. c) No está obligado a darle trámite.


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TEST N.º 3

14. d) En papel común. 15. c) Ha de ser preferente y urgente. 16. b) Jueces. 17. b) Cortes Generales. 18. d) Tres. 19. d) Pleno del propio Tribunal de Cuentas. 20. b) Sección de Enjuiciamiento. 21. a) Una moción de censura. 22. d) Las respuestas a y b son ciertas. 23. b) Consejo de Ministros. 24. d) Nada de lo anterior es cierto. 25. a) Sólo el Presidente del Gobierno de la Nación. 26. d) Congreso de los Diputados. 27. d) Presidente del Gobierno de la Nación. 28. c) Consejo de Estado. 29. a) Consejo de Ministros. 30. a) Procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que le afecten. 31. b) Gobierno de la Nación. 32. d) En los tres supuestos anteriores debe indemnizar. 33. b) Congreso de los Diputados. 34. d) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 35. d) Las respuestas a y b son ciertas.

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TEST N.º 3

36. d) Nada de lo anterior es cierto. 37. a) Congreso de los Diputados. 38. b) Efectúa una propuesta personal al Rey para ello. 39. d) No puede tramitarse dicha propuesta. 40. a) Alarma. 41. d) La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados será la que actúe. 42. c) Consejo de Ministros. 43. b) Lo autoriza, así como su prórroga. 44. a) Alarma. 45. b) Excepción.


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TEST N.º 4

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONTITUCIÓN ESPAÑOLA. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: FORMAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA: SIGNIFICADO Y ELABORACIÓN. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: ESTRUCTURA. DISPOSICIONES GENERALES. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 1. Según la Constitución, las entidades que forman parte de la organización territorial del Estado tienen la nota común de: a) Autogobierno. b) Independencia. c) Autonomía. d) Financiación propia. 2. La titularidad de la soberanía española radica en el/las: a) Cortes Generales como representantes del pueblo español. b) Rey como Jefe del Estado. c) Pueblo mismo. d) Nacionalidades y regiones que integran España. 3. No pueden constituirse en Comunidades Autónomas los territorios: a) Que no estén integrados en la organización provincial. b) Que, no siendo superiores a una provincia, tengan entidad regional histórica. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 4

c) Que, no siendo superiores a una provincia, no tengan entidad regional histórica. d) Interinsulares. 4. La vía ordinaria de acceso a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución se sigue por los/las: a) Provincias con entidad regional histórica. b) Territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativamente proyecto de Estatuto de Autonomía. c) Provincia sin entidad regional histórica directamente. d) Supuestos especiales de Ceuta, Melilla y Gibraltar. 5. Entre las determinaciones de los Estatutos de Autonomía no es necesario incluir la: a) Delimitación de su territorio. b) Denominación de las instituciones autónomas propias. c) Denominación de la Comunidad. d) Denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas. 6. En las Comunidades Autónomas que siguen la vía común, el Proyecto de Estatuto será elaborado por la/los: a) Asamblea de Parlamentarios que se constituye al efecto. b) Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. c) Diputación Provincial correspondiente. d) Miembros de la Diputación u órgano interinsular y por los Diputados y Senadores elegidos por ellas. 7. El voto de ratificación por los Plenos del Senado y del Congreso de los Diputados se dará en el/las: a) Comunidades Autónomas que siguen la vía común. b) Comunidades Autónomas que siguen la vía especial. c) Acceso a la autonomía de Ceuta y Melilla. d) Acceso a la autonomía de Gibraltar. 8. La responsabilidad política del Presidente de una Comunidad Autónoma se exige por el/la: a) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. b) Congreso de los Diputados. c) Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. d) Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.

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TEST N.º 4

9. La Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas se elige: a) Con criterios de representación territorial. b) Con criterios de representación proporcional. c) Por sufragio individual. d) Con criterios de representación provincial. 10. El principio de coordinación con la Hacienda estatal se consigue por: a) El Fondo de Compensación Interterritorial. b) Los preceptos de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. c) La creación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. d) Imperativo de la propia Constitución. 11. Los Estatutos de Autonomía deberán contener el/la/las: a) Competencias que se dejan al Estado y las que asume la Comunidad. b) Competencias que, en función de la Constitución, asume cada Comunidad Autónoma. c) Desarrollo de la Administración Autonómica. d) División provincial y órganos de gobierno. 12. En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales: a) Siempre. b) Nunca. c) Sólo cuando se trata de Comunidades Autónomas que accedieron por la vía común. d) En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente. 13. Los miembros de las Diputaciones u órganos interinsulares intervienen en la elaboración de los Estatutos de Autonomía: a) En todo caso. b) Nunca. c) En las Comunidades Autónomas de vía común. d) En las Comunidades Autónomas de vía especial. 14. Los Estatutos de Autonomía en la vía común se aprueban por el: a) Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica. b) Congreso de los Diputados y Senado por Ley Orgánica. c) Congreso de los Diputados y Senado por Ley ordinaria. d) Parlamento Autonómico solamente.


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TEST N.º 4

15. La más alta representación de una Comunidad Autónoma la ostenta el: a) Presidente del Parlamento Autonómico. b) Presidente de la Comunidad Autónoma. c) Rey. d) Presidente del Gobierno de la Nación. 16. La asunción de competencias y de mayor autonomía por las Comunidades Autónomas es, como regla general: a) Regresiva. b) Progresiva. c) Automática. d) Inmediata. 17. En la elaboración por la vía común de los Estatutos de Autonomía: a) No intervienen los Municipios afectados. b) Intervendrán en todo caso. c) Sólo intervienen las Diputaciones Provinciales u órganos interinsulares. d) Sólo intervienen los Municipios y los Diputados y Senadores. 18. El principio de solidaridad consagrado por el artículo 138 de la Constitución exige una atención especial a: a) Las Comunidades Autónomas de economía más deprimida. b) Las Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal. c) Todas las partes del territorio nacional. d) Las Islas. 19. La federación de Comunidades Autónomas, según la Constitución: a) Sólo se permite respecto de las limítrofes. b) Requiere Ley Orgánica de las Cortes Generales. c) Ha de efectuarse previa reforma de la propia Constitución. d) Está absolutamente prohibida. 20. La autonomía reconocida a los Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas lo es para: a) Gozar de soberanía. b) Dictar todo tipo de normas.

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TEST N.º 4

c) Gestionar sus intereses. d) Todo lo anterior. 21. Según el Estatuto de Autonomía, en las materias en que la Junta sólo tenga competencias de ejecución de legislación estatal, la potestad reglamentaria para la ejecución de la normativa del Estado corresponde a la propia Junta de Andalucía: a) Siempre. b) Cuando proceda. c) En ningún caso. d) Previa delegación del Gobierno de la Nación. 22. La competencia originaria respecto de la potestad reglamentaria en Andalucía para el desarrollo y ejecución de las Leyes la ostenta: a) El Parlamento de Andalucía. b) El Presidente de la Junta de Andalucía. c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. d) Cada Consejero. 23. Respecto a los criterios básicos del Régimen Local, la Junta de Andalucía tiene competencia: a) Exclusiva. b) Compartida con el Estado. c) Concurrente con el Estado. d) De ningún tipo. 24. En materia de aguas, respecto a la planificación y gestión hidrológica de aprovechamientos hidráulicos intercomunitarios, la Junta de Andalucía tiene competencia: a) De ejecución de la legislación estatal. b) Exclusiva. c) De participación en las mismas. d) De ningún tipo. 25. Y en materia de expropiación forzosa: a) Exclusiva. b) De ningún tipo. c) Ejecutiva. d) Compartida.


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TEST N.º 4

26. La celebración de Tratados que regulen la asistencia a los emigrantes andaluces en el exterior: a) Es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. b) No está prevista en nuestro ordenamiento, limitándose la Junta de Andalucía a reconocer las comunidades andaluzas en el exterior. c) Se puede instar al Estado por parte de la Junta de Andalucía. d) Se reserva al Presidente de la Junta de Andalucía, como representante de la misma en el exterior. 27. La planificación de la actividad económica andaluza es competencia: a) Exclusiva de la Junta de Andalucía. b) Exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general. c) Ejecutiva. d) Delegada. 28. Respecto de las decisiones sobre inversiones en bienes y equipamientos culturales de titularidad estatal en Andalucía, la Junta de Andalucía: a) Tiene competencia exclusiva en cuanto a su iniciativa. b) Ejecuta las mismas. c) No tiene competencia alguna. d) Participará en las mismas. 29. La política de suelo y vivienda es competencia de la Junta de Andalucía: a) Exclusiva. b) Compartida. c) De transferencia. d) Delegada. 30. La Junta de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de: a) Establecimiento de planes de estudio, incluida la ordenación curricular. b) Productos farmacéuticos. c) Caza. d) Derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas. 31. Y la tiene de ejecución de la legislación estatal en materia de: a) Seguridad privada. b) Planificación de la actividad económica.

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TEST N.º 4

c) Agricultura y ganadería. d) Las respuestas a y b son correctas. 32. Tiene la Junta de Andalucía competencia compartida en materia de: a) Aprovechamientos agroforestales. b) Denominaciones de calidad. c) Planificación del sector pesquero. d) En todo lo anterior tiene dicho tipo de competencia. 33. La participación por la Junta de Andalucía en los procesos de designación de miembros de los organismos económicos y sociales del Estado de carácter económico y social, en los términos que establezcan la Constitución y la legislación estatal aplicable, se atribuye originariamente al: a) Presidente de la Junta de Andalucía. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. c) Consejero a cuyo ámbito de competencias afecte la actuación del organismo de que se trate. d) Parlamento de Andalucía. 34. Respecto a la organización y estructura de sus Organismos Autónomos, la Junta de Andalucía tiene competencia: a) Exclusiva. b) De ejecución sólo. c) De desarrollo legislativo y ejecución. d) Transferida por el Estado. 35. La regulación por la Junta de Andalucía de la distribución de los excedentes y de la obra social de las Cajas de Ahorros, forma parte de una competencia: a) Exclusiva. b) De ejecución sólo. c) Compartida. d) Que no tiene. 36. En cuanto a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la Junta de Andalucía: a) Con carácter ejecutivo, la tiene encomendada. b) La regula y lleva a efecto. c) No tiene competencia alguna. d) Nada de lo anterior es cierto.


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TEST N.º 4

37. Sobre la convocatoria por ella misma o por los Entes Locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas y cualquier instrumento de consulta popular tiene la Junta de Andalucía competencia: a) Exclusiva. b) Compartida. c) Sólo la ejecución. d) De ningún tipo. 38. La Junta de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de juego: a) En ningún caso. b) Siempre. c) Cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. d) Cuando no sean de tipo informático o telemático. 39. En el caso de que la Junta de Andalucía cree un Cuerpo de Policía Autonómica: a) Se nutrirá de miembros de las Policías Locales de su territorio. b) Asumirá, en Andalucía, las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. c) Dependerá, en último extremo, del Ministerio del Interior. d) Nada de lo anterior es correcto. 40. En materia de salvamento marítimo en el litoral andaluz, la Junta de Andalucía tiene competencia: a) De ejecución. b) Exclusiva. c) Compartida. d) De ningún tipo. 41. El tipo de sufragio a través del cual se elige a los Parlamentarios Andaluces ha de ser: a) Libre. b) Indirecto. c) Secreto. d) Las respuestas a y c son ciertas. 42. Asimismo, dicho sufragio es: a) Proporcional. b) Secreto.

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TEST N.º 4

c) Singular. d) Las respuestas a y b son correctas. 43. Ejercen este tipo de sufragio: a) Todos los andaluces mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. b) Sólo los andaluces avecindados como tales en Andalucía, que sean mayores de edad. c) Al ser indirecto, los representantes de los anteriores. d) Nada de lo anterior es cierto. 44. Un andaluz que no goce de sus derechos civiles, a efectos de las elecciones autonómicas: a) No puede ser elegido. b) No puede ser elector. c) Ha de actuar a través de representante. d) Nada de lo anterior es cierto. 45. Los miembros del Parlamento de Andalucía representan a: a) Quienes les votaron. b) Toda Andalucía. c) Sus respectivos grupos políticos. d) La Junta de Andalucía. 46. En el Parlamento de Andalucía ninguna Provincia puede tener más de la siguiente proporción máxima de Diputados que otra: a) El doble. b) Una décima parte. c) El triple. d) No hay límite al efecto. 47. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía el Parlamento de Andalucía está compuesto por un mínimo: a) Ciento diez Diputados. b) Noventa y nueve Diputados. c) Ciento nueve Diputados. d) Noventa Diputados.


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TEST N.º 4

48. El mandato de los Diputados titulares y suplentes que integren la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía termina: a) Cuatro años después de su elección. b) El día de disolución de la Cámara. c) El día de la constitución de la nueva Cámara. d) Las respuestas a y b son correctas. 49. Los Grupos Parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo, con el siguiente número de representantes en las Comisiones del Parlamento de Andalucía: a) Un diez por ciento del total de Parlamentarios de su Grupo. b) Un uno por ciento de dicho total. c) Uno. d) Un tres por ciento del número total de su Grupo. 50. El único mandato imperativo a que están sujetos los Parlamentarios Andaluces es: a) Al de sus electores. b) Al de su partido político. c) Al del propio Parlamento de Andalucía. d) A ninguno. 51. El hecho de que los Parlamentarios Andaluces no puedan ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en Andalucía, salvo en caso de flagrante delito, se conoce con el nombre de: a) Incompatibilidad. b) Irresponsabilidad. c) Inviolabilidad. d) Nada de lo anterior. 52. La delegación en una Comisión Legislativa del Parlamento de Andalucía de la aprobación de un Proyecto de Ley es competencia del: a) Pleno del Parlamento de Andalucía. b) Presidente del Parlamento de Andalucía. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. d) No es posible esta delegación.

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TEST N.º 4

53. Excepcionalmente, puede constituirse un Grupo Parlamentario con los siguientes escaños: a) Uno. b) Cinco. c) Tres. d) Seis como mínimo. 54. El número de Vicepresidentes existente en el Parlamento de Andalucía, que se integran en la Mesa del mismo, es: a) Uno. b) Tres. c) Variable. d) Tantos como Grupos Parlamentarios se constituyan. 55. El Parlamento de Andalucía puede remitir al Congreso de los Diputados: a) Proposiciones de Ley. b) Anteproyectos de Ley. c) Proyectos de Ley. d) Decretos-Leyes. 56. La sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía se celebra en el plazo de veinticinco días desde la: a) Disolución del anterior Parlamento de Andalucía. b) Convocatoria de las elecciones. c) Celebración de las elecciones. d) Expedición de las credenciales a los Parlamentarios electos. 57. La Mesa del Parlamento de Andalucía consta de un número de miembros máximo de: a) Veintiuno. b) Nueve. c) Doce. d) Nada de lo anterior es cierto. 58. La elección de Senadores por el Parlamento de Andalucía: a) Se efectúa por y entre los Parlamentarios andaluces. b) Puede recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz. c) Compete a la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. d) Se efectuará proporcionalmente al número de escaños de cada grupo político y de entre sus miembros. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 4

59. No puede ser objeto de delegación legislativa en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía una Ley: a) De organización administrativa de la Junta de Andalucía. b) De reforma del Estatuto de Autonomía. c) Que afecte al Régimen Local. d) Ninguna de las anteriores puede ser objeto de delegación. 60. Después de haber cesado en su cargo, los Parlamentarios Andaluces gozan del siguiente privilegio respecto a su actuación como tales: a) Inmunidad. b) Inviolabilidad. c) Extraterritorialidad. d) Ninguno de ellos. 61. El quórum exigido para la aprobación del Reglamento del Parlamento de Andalucía es de: a) Mayoría simple de miembros presentes. b) Mayoría absoluta de los Diputados. c) Dos tercios del número legal de miembros. d) Unanimidad de miembros presentes. 62. Los Decretos-Leyes que aprueben el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía han de ser convalidados por el Parlamento de Andalucía en el plazo de: a) Quince días. b) Veinte días. c) Treinta días. d) Diez días. 63. El mínimo de Diputados que puede solicitar una sesión extraordinaria del Parlamento de Andalucía es de: a) Una cuarta parte. b) Dos tercios. c) Mayoría absoluta. d) Mayoría simple. 64. Puede pedir -y debe convocarse- una sesión extraordinaria del Parlamento de Andalucía: a) Un Parlamentario Andaluz. b) Un miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

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TEST N.º 4

c) Una Comisión del Parlamento de Andalucía. d) La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. 65. Como mínimo, los períodos ordinarios de sesiones, deben durar un total de: a) Una semana. b) Dos meses. c) Ocho meses. d) Diez meses. 66. La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos del Parlamento de Andalucía, respecto al nombramiento del Defensor del Pueblo Andaluz, lo: a) Propone. b) Acuerda. c) Informa. d) Ratifica. 67. En el caso de que el Defensor del Pueblo Andaluz sea condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso: a) Automáticamente queda cesado. b) Debe pedir un suplicatorio al Parlamento de Andalucía. c) Puede ser cesado por el Parlamento de Andalucía. d) Nada de lo anterior es cierto, al gozar de inmunidad. 68. Los Adjuntos del Defensor del Pueblo Andaluz se nombran por el/la: a) Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos del Parlamento de Andalucía. b) Propio Defensor del Pueblo. c) Pleno del Parlamento de Andalucía. d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 69. En el caso de que hubiere expirado el mandato del Parlamento Andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de su actividad, se dirigirá a/ al/a la: a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. c) Presidente del Parlamento de Andalucía. d) Cualquiera de ellos.


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TEST N.º 4

70. Las quejas anónimas que reciba el Defensor del Pueblo Andaluz las: a) Remitirá al Ministerio Fiscal. b) Tramitará de oficio. c) Rechazará. d) Puede desestimar. 71. La representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas la ostenta el: a) Delegado del Gobierno de la Nación en las mismas. b) Presidente del Gobierno de la Nación. c) Presidente de la Comunidad Autónoma. d) Rey. 72. El Presidente de la Junta de Andalucía, necesariamente, ha de ser: a) Andaluz. b) Del partido gobernante. c) Parlamentario Andaluz. d) Jurista. 73. El Presidente de la Junta de Andalucía responde políticamente ante el/la: a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) Parlamento de Andalucía. c) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. d) Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 74. La propuesta de un candidato a Presidente de la Junta de Andalucía se efectúa al: a) Rey. b) Parlamento de Andalucía en sí. c) Presidente del Parlamento de Andalucía. d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 75. El candidato a Presidente de la Junta de Andalucía se propone por el: a) Partido ganador de las elecciones. b) Presidente del Parlamento del Andalucía. c) Presidente del Gobierno de la Nación. d) Rey.

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TEST N.º 4

76. Para ello, debe previamente consultarse al/a los: a) Parlamento de Andalucía. b) Gobierno de la Nación. c) Portavoces de los Grupos políticos con representación parlamentaria. d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 77. En primera votación, el candidato a Presidente de la Junta de Andalucía, para ser elegido, ha de obtener: a) Dos tercios del número de votos emitidos. b) Mayoría simple. c) Mayoría absoluta. d) Tres quintas partes del número de votos. 78. La coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía se reserva a/al: a) Presidente de la misma. b) Cada miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. c) Consejo de Gobierno de Junta de Andalucía. d) Consejero de Hacienda e Interior. 79. En los actos protocolarios, el Presidente de la Junta de Andalucía tiene precedencia sobre: a) Cualquier otra Autoridad. b) Las Autoridades de la Administración de la Junta de Andalucía sólo. c) Las Autoridades de la Comunidad Autónoma. d) Todos los anteriores. 80. Los gastos del personal al servicio del Presidente de la Junta de Andalucía en su residencia oficial corren a cargo del: a) Propio Presidente de la Junta de Andalucía. b) Presupuesto de la Junta de Andalucía. c) Parlamento de Andalucía. d) Las respuestas a y b son ciertas. 81. El nombramiento del Presidente de la Junta de Andalucía se efectúa por el: a) Rey. b) Presidente del Parlamento de Andalucía.


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c) Parlamento de Andalucía. d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 82. Para apreciar la incapacidad permanente del Presidente de la Junta de Andalucía se debe reunir en el Consejo de Gobierno de la misma, excluido el propio Presidente de la Comunidad Autónoma, el siguiente quórum: a) Mayoría absoluta. b) Unanimidad. c) Mayoría simple. d) Dos terceras partes. 83. En el caso, anterior, si no existiere Vicepresidente, se nombrará como Presidente de la Junta de Andalucía interino a/al: a) Cualquiera de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) Una persona idónea. c) Consejero de la Presidencia e Igualdad. d) Consejero de Justicia e Interior. 84. Tras su cese, el Presidente de la Junta de Andalucía continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que quien le suceda tome posesión del cargo en el siguiente supuesto: a) Pérdida de la condición de Parlamentario Andaluz. b) Condena penal, mediante sentencia judicial firme, que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo. c) Aprobación de una moción de censura. d) En todos ellos permanece en el cargo. 85. La responsabilidad penal del Presidente de la Junta de Andalucía se dirime ante la: a) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cualquiera que sea el lugar donde haya cometido el delito por el que se le exige. b) Sala anterior, si el delito lo comete fuera de Andalucía. c) Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si el delito lo cometió en Andalucía. d) Las respuestas b y c son correctas. 86. Al hecho de no poder ser detenido como cualquier particular se le denomina: a) Inviolabilidad. b) Exención penal.

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TEST N.º 4

c) Inmunidad. d) Irresponsabilidad. 87. La sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía se convoca por el: a) Presidente del Parlamento de Andalucía. b) Rey. c) Parlamentario andaluz de más edad de entre los elegidos. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 88. La aprobación de la estructura orgánica de una Consejería compete al: a) Consejero respectivo. b) Presidente de la Junta de Andalucía. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. d) Consejero de la Presidencia e Igualdad. 89. Los Consejeros miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía están sujetos al mismo régimen de incompatibilidades del/de los: a) Funcionarios de la misma. b) Presidente de la Junta de Andalucía. c) Parlamentarios andaluces. d) No tienen incompatibilidades. 90. Los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se designan por el: a) Presidente de la Junta de Andalucía. b) Parlamento de Andalucía. c) Rey. d) Propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 91. Un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones continuará como tal hasta: a) La toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) El nombramiento de un nuevo Presidente de la Junta de Andalucía. c) La celebración de las elecciones. d) La constitución del nuevo Parlamento de Andalucía. 92. El planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, en el caso de la Junta de Andalucía, es competencia del: a) Presidente de la Junta de Andalucía. b) Consejero de que se trate. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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c) Parlamento de Andalucía. d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 93. La aprobación de los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes andaluzas es competencia de/del: a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) Presidente de la Junta de Andalucía. c) Cada Consejero. d) Parlamento de Andalucía. 94. En la disolución del Parlamento de Andalucía decretada por el Presidente de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la misma: a) Delibera previamente. b) La propone. c) La acuerda. d) No tiene intervención de ningún tipo. 95. La responsabilidad política del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es: a) Ante el Presidente de la Junta de Andalucía. b) Solidaria, ante el Parlamento de Andalucía. c) Inexistente. d) Mancomunada. 96. La decisión de plantear recursos de inconstitucionalidad, en el caso de la Junta de Andalucía, compete al: a) Tribunal Superior de Justicia. b) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. c) Parlamento de Andalucía. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 97. En las convocatorias de las sesiones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía debe acompañarse el orden del día de las mismas: a) En todo caso. b) Cuando lo decida el Consejero encargado de la Secretaría del Consejo de Gobierno. c) Cuando proceda. d) En ningún caso, al haberse tratado antes los asuntos en la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

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TEST N.º 4

98. El acceso de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a las sesiones del Parlamento de Andalucía: a) Debe ser autorizado por el Presidente de la Junta de Andalucía. b) Lo autorizará el Presidente del Parlamento de Andalucía. c) Es libre. d) Sólo lo tienen cuando, a la vez, sean Parlamentarios andaluces. 99. La elaboración de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, para su remisión al Parlamento de Andalucía es competencia del: a) Consejero de Hacienda y Administración Pública. b) Presidente del Parlamento de Andalucía. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 100. El régimen general de funcionamiento de las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ajusta a los mismos criterios establecidos para el/las: a) Comisiones del Parlamento de Andalucía. b) Consejo General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. d) Ninguno de los anteriores, al tener su propio régimen. 101. La responsabilidad política ante el Parlamento de Andalucía por la actividad de un Consejero cuando actúe con funciones delegadas de Presidente de la Junta de Andalucía, debe exigirse al: a) Propio Presidente de la Junta de Andalucía. b) Consejero de que se trate. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. d) Consejero de la Presidencia e Igualdad. 102. El impulso para la actualización de los planes y programas para promover el desarrollo económico en Andalucía es una competencia atribuida al/a la: a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) Comisión Delegada para Asuntos Económicos. c) Presidente de la Junta de Andalucía. d) Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 103. La Presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos la ostenta el: a) Presidencia de la Junta de Andalucía. b) Consejero de la Presidencia.


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c) Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. d) Consejero de Justicia e Interior. 104. El Secretario de la Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración es el a) Consejero de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. b) Consejero de Justicia e Interior. c) Viceconsejero de Justicia e Interior. d) Viceconsejero de la Presidencia e Igualdad. 105. Pertenece a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el Consejero de: a) Justicia e Interior. b) Educación. c) Presidencia e Igualdad. d) Ninguno de ellos. 106. El Secretario de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos es el: a) Presidente de la Junta de Andalucía. b) Consejero de la Presidencia e Igualdad. c) Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. d) Secretario General de Economía. 107. El examen de las propuestas referidas a documentos de presentación obligatoria en la Unión Europea es competencia del/de la: a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. b) Parlamento de Andalucía. c) Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. d) Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 108. El Secretario de la Comisión General de Viceconsejeros es el: a) Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. b) Consejero de la Presidencia e Igualdad. c) Viceconsejero de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. d) Viceconsejero que se designe en su seno. 109. La sede oficial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es: a) Granada. b) Málaga. c) Sevilla. d) Cualquiera de las anteriores, al actuar Salas del Tribunal en ellas.

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110. Sobre los recursos que se formulen contra los actos del Defensor del Pueblo Andaluz en materia de personal conoce el Tribunal Superior de Justicia en: a) Única instancia. b) Segunda instancia. c) Primera instancia. d) Ninguna instancia. 111. Jurisdiccionalmente, por encima del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se encuentra el/la: a) Tribunal Constitucional. b) Tribunal Supremo. c) Audiencia Nacional. d) Están todos ellos. 112. La publicación del nombramiento del Fiscal Superior de Andalucía en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se ordena por el: a) Consejo General del Poder Judicial. b) Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. c) Fiscal General del Estado. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 113. Respecto de las causas penales contra los Consejeros, por delitos cometidos en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: a) Conoce en única instancia. b) Conoce en segunda instancia. c) No puede enjuiciarlas. d) Conoce en primera instancia. 114. Respecto de los recursos que se presenten contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, dicho Tribunal: a) No tiene competencia. b) Conoce en segunda instancia. c) Conoce en única instancia. d) Conoce en primera instancia. 115. La Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se presenta ante el: a) Consejo General del Poder Judicial. b) Presidente del propio Tribunal. c) Parlamento de Andalucía. d) Presidente de la Junta de Andalucía.


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TEST N.º 4

116. Entre los principios de la organización territorial de Andalucía, según nuestro Estatuto de Autonomía, no figura el de: a) Subsidiariedad. b) Eficacia. c) Cooperación. d) Lealtad institucional. 117. Sobre los derechos sociales, deberes y políticas públicas trata el siguiente Título de nuestro Estatuto de Autonomía: a) Preliminar. b) Primero. c) Tercero. d) Quinto. 118. La sede de la capital de Andalucía se determina por el: a) Parlamento de Andalucía. b) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. c) Propio Estatuto de Autonomía. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 119. Gozan de la condición política de andaluces los ciudadanos españoles que: a) Hayan nacido en Andalucía. b) Tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus Municipios. c) Reúnan necesariamente las dos condiciones anteriores. d) Todos los anteriores y los que tengan ascendientes andaluces. 120. Según el artículo 1 del Estatuto de Autonomía, Andalucía es un/una: a) Nación. b) Región nacionalizada. c) Estado dentro del conjunto del Estado español. d) Nacionalidad histórica.

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1. c) Autonomía. 2. c) Pueblo mismo. 3. d) Interinsulares. 4. a) Provincias con entidad regional histórica. 5. d) Denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas. 6. d) Miembros de la Diputación u órgano interinsular y por los Diputados y Senadores elegidos por ellas. 7. b) Comunidades Autónomas que siguen la vía especial. 8. d) Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 9. b) Con criterios de representación proporcional. 10. c) La creación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 11. b) Competencias que, en función de la Constitución, asume cada Comunidad Autónoma. 12. a) Siempre. 13. c) En las Comunidades Autónomas de vía común.


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TEST N.º 4

14. b) Congreso de los Diputados y Senado por Ley Orgánica. 15. b) Presidente de la Comunidad Autónoma. 16. b) Progresiva. 17. a) No intervienen los Municipios afectados. 18. d) Las Islas. 19. d) Está absolutamente prohibida. 20. c) Gestionar sus intereses. 21. b) Cuando proceda. 22. c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 23. d) De ningún tipo. 24. c) De participación en las mismas. 25. c) Ejecutiva. 26. c) Se puede instar al Estado por parte de la Junta de Andalucía. 27. b) Exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general. 28. d) Participará en las mismas. 29. a) Exclusiva. 30. c) Caza. 31. a) Seguridad privada. 32. c) Planificación del sector pesquero. 33. d) Parlamento de Andalucía. 34. a) Exclusiva. 35. c) Compartida.

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TEST N.º 4

36. a) Con carácter ejecutivo, la tiene encomendada. 37. a) Exclusiva. 38. c) Cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. 39. d) Nada de lo anterior es correcto. 40. a) De ejecución. 41. d) Las respuestas a y c son ciertas. 42. b) Secreto. 43. a) Todos los andaluces mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. 44. d) Nada de lo anterior es cierto. 45. b) Toda Andalucía. 46. a) El doble. 47. c) Ciento nueve Diputados. 48. c) El día de la constitución de la nueva Cámara. 49. c) Uno. 50. d) A ninguno. 51. d) Nada de lo anterior. 52. a) Pleno del Parlamento de Andalucía. 53. c) Tres. 54. b) Tres. 55. a) Proposiciones de Ley. 56. c) Celebración de las elecciones. 57. d) Nada de lo anterior es cierto.


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TEST N.º 4

58. b) Puede recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz. 59. b) De reforma del Estatuto de Autonomía. 60. b) Inviolabilidad. 61. b) Mayoría absoluta de los Diputados. 62. c) Treinta días. 63. a) Una cuarta parte. 64. d) La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. 65. c) Ocho meses. 66. a) Propone. 67. c) Puede ser cesado por el Parlamento de Andalucía. 68. b) Propio Defensor del Pueblo. 69. b) Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. 70. c) Rechazará. 71. c) Presidente de la Comunidad Autónoma. 72. c) Parlamentario Andaluz. 73. b) Parlamento de Andalucía. 74. b) Parlamento de Andalucía en sí. 75. b) Presidente del Parlamento de Andalucía. 76. c) Portavoces de los Grupos políticos con representación parlamentaria. 77. c) Mayoría absoluta. 78. a) Presidente de la misma. 79. c) Las Autoridades de la Comunidad Autónoma.

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TEST N.º 4

80. b) Presupuesto de la Junta de Andalucía. 81. a) Rey. 82. b) Unanimidad. 83. c) Consejero de la Presidencia e Igualdad. 84. c) Aprobación de una moción de censura. 85. a) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cualquiera que sea el lugar donde haya cometido el delito por el que se le exige. 86. c) Inmunidad. 87. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 88. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 89. b) Presidente de la Junta de Andalucía. 90. a) Presidente de la Junta de Andalucía. 91. a) La toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 92. d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 93. a) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 94. a) Delibera previamente. 95. b) Solidaria, ante el Parlamento de Andalucía. 96. b) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 97. c) Cuando proceda. 98. c) Es libre. 99. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 100. c) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 101. a) Propio Presidente de la Junta de Andalucía.


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TEST N.º 4

102. b) Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 103. a) Presidencia de la Junta de Andalucía. 104. d) Viceconsejero de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. 105. c) La Consejería de la Presidencia e Igualdad. 106. d) Secretario General de Economía. 107. d) Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 108. a) Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. 109. a) Granada. 110. a) Única instancia. 111. b) Tribunal Supremo. 112. d) Presidente de la Junta de Andalucía. 113. a) Conoce en única instancia. 114. b) Conoce en segunda instancia. 115. c) Parlamento de Andalucía. 116. b) Eficacia. 117. b) Primero. 118. c) Propio Estatuto de Autonomía. 119. b) Tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus Municipios. 120. d) Nacionalidad histórica.

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TEST N.º 5

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 1. Los Entes que integran la Administración Local tienen personalidad jurídica: a) Única. b) Independiente cada uno de ellos. c) Compartida. d) No la tienen. 2. Las potestades reconocidas a las Entidades Locales: a) Se circunscriben a la esfera de sus competencias. b) Abarcan la legislativa. c) Sólo son ejercitables frente a otros Entes Públicos. d) Son omnímodas. 3. Al ser Entes, y no órganos, los que integran la Administración Local: a) Carecen de personalidad jurídica. b) Se subordinan jerárquicamente entre sí. c) No gozan de autonomía. d) Nada de lo anterior es cierto.


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TEST N.º 5

4. La regulación del régimen de Concejo Abierto debe efectuarse por: a) Cada Ayuntamiento. b) Ley. c) Ordenanza Local. d) Reglamento estatal. 5. No se ha llegado a actualizar el Reglamento de: a) Bienes de las Entidades Locales. b) Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. c) Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. d) Servicios de las Corporaciones Locales. 6. Una característica de las Entidades Locales básicas es su: a) Territorialidad. b) Soberanía. c) Carencia de personalidad jurídica. d) Ninguna de las anteriores lo es. 7. A diferencia de los Entes institucionales, las Entidades Locales: a) Se crean para la consecución de fines específicos. b) No tienen personalidad jurídica. c) Se consideran órganos administrativos. d) Han de perseguir todos aquellos fines que redunden en beneficio de las colectividades sobre las que proyectan su actuación. 8. Las Instrucciones de Contabilidad Local de 2004 entraron en vigor en: a) 2004. b) 2005. c) 2006. d) El momento que ha determinado cada Corporación Local. 9. Deben limitar su actividad al fin para el que se crearon los/las: a) Entes Locales territoriales. b) Entes Locales en general. c) Entes Institucionales. d) Administraciones Públicas en general.

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TEST N.º 5

10. Según la Constitución, los órganos de gobierno de las Entidades Locales han de ser: a) Democráticos y no representativos. b) Democráticos y representativos. c) Jerarquizados. d) Autónomos. 11. El tipo de sufragio establecido para elegir estos órganos es: a) Universal, igual, libre, directo y secreto. b) Censitario. c) Depende del tipo de órgano habrá o no dicho sufragio. d) Proporcional. 12. El reconocimiento a otras Entidades Locales de las potestades atribuidas a los Municipios, Provincias e Islas: a) No procede en nuestro Derecho. b) Es posible. c) Comporta un correlativo desapoderamiento de los segundos. d) Nada de lo expuesto es correcto. 13. La vigente Ley de Régimen Local es de: a) 1955. b) 1986. c) 1985. d) 1990. 14. El Título de la Constitución Española que trata de esta Administración Local es el: a) Primero. b) Preliminar. c) Séptimo. d) Octavo. 15. La representación, gobierno y administración de las Islas en los archipiélagos balear y canario se efectúa a través de: a) Sus propios Ayuntamientos. b) Cabildos y Consejos Insulares. c) Los órganos del Estado radicados en las mismas. d) Los órganos periféricos de sus Comunidades Autónomas.


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TEST N.º 5

16. La administración de las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal es de tipo: a) Desconcentrado. b) Delegado exclusivamente. c) Descentralizado. d) Subordinado al del Municipio en cuyo territorio se ubiquen. 17. La creación de Agrupaciones de Municipios distintos de las Provincias: a) Está prevista constitucionalmente. b) Se permite sólo a efectos de prestar un servicio público. c) Sólo es posible tratándose de territorios insulares. d) Está prohibida por la Constitución. 18. Las Agrupaciones de Municipios distintos de las Provincias a que se refiere la pregunta anterior tienen su plasmación más evidente en las: a) Mancomunidades. b) Comarcas. c) Entidades Locales supramunicipales. d) Tres anteriores. 19. Se crean para efectuar una planificación conjunta y coordinar determinados servicios y obras las: a) Áreas Metropolitanas. b) Mancomunidades de Municipios. c) Comarcas. d) Tres anteriores. 20. La asociación voluntaria de Municipios para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia, recibe el nombre de: a) Agrupaciones de Municipios. b) Mancomunidades de Municipios. c) Áreas Metropolitanas. d) Comarcas. 21. Para la Constitución, los Alcaldes han de ser elegidos por los vecinos: a) Exclusivamente. b) O por los Concejales. c) Si el Concejo es Abierto, o por los Concejales. d) Sólo en el régimen de preautonomía.

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TEST N.º 5

22. Según la Constitución, los Municipios gozan de: a) Autonomía para la gestión de los intereses generales. b) Personalidad jurídica limitada. c) Personalidad jurídica propia. d) Personalidad jurídica plena. 23. Según la Constitución, las Haciendas Locales, en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas: a) Los asumirán. b) Participarán. c) Podrán establecer recargos. d) No tienen nada que ver. 24. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es de: a) 1988. b) 1998. c) 2003. d) 2004. 25. La participación de las Haciendas Locales en recursos del Estado y de las Comunidades Autónomas se llevará a efecto, en concreto, sobre los ingresos de éstos de: a) Carácter tributario. b) Carácter no tributario. c) Derecho privado. d) Todo tipo. 26. La autonomía garantizada por la Constitución respecto de los Entes en que se organiza territorialmente el Estado lo es para: a) Todo tipo de actuaciones. b) La gestión de sus intereses. c) Legislar. d) Cuestiones políticas. 27. Como consecuencia de la autonomía, respecto de los asuntos que les conciernen, las Entidades Locales: a) Han de intervenir obligatoriamente. b) Quedan supeditadas a las directrices que en cada momento les señalen las Administraciones General del Estado y de las Comunidades Autónomas.


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TEST N.º 5

c) Exaccionarán los recursos necesarios dotándoselas de una autonomía financiera, al margen de los Presupuestos de las restantes Administraciones. d) Sólo tienen facultades de ejecución. 28. Según la Carta Europea de Autonomía Local, en los procesos de planificación y de decisión de cuestiones que les afecten directamente, las Entidades Locales: a) Han de tener la última palabra. b) Quedan sometidas absolutamente a lo que decidan las Administraciones superiores. c) Debe tener una reserva de todas las competencias. d) Deben ser consultadas. 29. Según la Carta Europea de Autonomía Local, cuando se encomienden competencias a estas Entidades Locales, debe efectuarse: a) En lo relativo sólo a su ejecución. b) Sin necesidad de transferencia de medios económicos para ejercerlas. c) Plena, completa e incondicionalmente, como regla general. d) Previo referéndum de los ciudadanos afectados por las mismas. 30. Según la Carta Europea de Autonomía Local, el ejercicio de las competencias públicas, como regla general, debe encomendarse a las: a) Administraciones que cuenten con mayores medios para su eficaz realización. b) Administraciones Públicas centralizadas. c) Autoridades más cercanas a los ciudadanos. d) Entidades que integren en su seno el fenómeno de la participación ciudadana. 31. Según la Carta Europea de Autonomía Local, las competencias de las Entidades Locales: a) Se fijan por la Constitución. b) Se fijan por la Ley. c) Se atribuyen de conformidad con la Ley. d) Todo lo anterior es cierto. 32. A tenor del concepto de la garantía institucional de la autonomía local: a) Debe preservarse la existencia de determinadas instituciones locales, que quedan sustraídas a la voluntad del legislador. b) El Estado y las Comunidades Autónomas no tienen potestades legislativas sobre el Régimen Local.

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TEST N.º 5

c) La Constitución ha de efectuar un minucioso desarrollo de las Entidades Locales. d) Las Entidades Locales están exentas de fiscalización por los órganos jurisdiccionales. 33. La garantía institucional de la autonomía local deriva de: a) La propia Constitución. b) Las Leyes de las Comunidades Autónomas y el Estado sobre Régimen Local. c) Las decisiones del Consejo de Ministros y de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. d) Las sentencias de los Tribunales. 34. La autonomía de las Entidades Locales, a diferencia de la reconocida a las Comunidades Autónomas, es: a) De carácter político. b) De mera ejecución de competencias. c) Esencialmente administrativa. d) Las respuestas b y c son correctas. 35. La permanente fiscalización, aprobación o control de los actos de las Entidades Locales por los órganos de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva: a) Es una consecuencia natural de la autonomía reconocida a dichas Entidades. b) Supondría un flagrante atentado contra esta autonomía. c) Sólo se permite respecto de las competencias que tienen atribuidas como propias. d) Nada de lo anterior es correcto. 36. El ámbito competencial de las Entidades Locales corresponde determinarlo al/a las: a) Poder Ejecutivo del Estado y de las Comunidades Autónomas. b) Propias Entidades Locales. c) Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos. d) Tribunal Constitucional, al interpretar la Constitución. 37. La autonomía de las Provincias es: a) De carácter político. b) Inferior a la de los Municipios. c) Igual a la de éstos. d) Inexistente.


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TEST N.º 5

38. A diferencia de los Municipios, las Provincias no tienen señalado: a) Servicios mínimos. b) Autonomía en la gestión de sus intereses. c) Competencias. d) Nada de lo anterior. 39. Está legitimado para suspender por sí mismo los acuerdos de una Entidad Local: a) El Subdelegado del Gobierno en la provincia. b) Cualquier órgano periférico de una Comunidad Autónoma. c) Un Presidente de la misma. d) Ninguno de los anteriores. 40. Como trámite inexcusable y previo a la suspensión de un acuerdo de una Entidad Local, debe efectuarse: a) Consulta o informe de la Comunidad Autónoma respectiva. b) Requerimiento al Presidente de la Entidad. c) Impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d) Evacuación de dictamen del Consejo de Estado. 41. Cuando el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma proceda a la suspensión de un acuerdo de una Entidad Local: a) Deberá someterlo a la ratificación del Consejo de Ministros. b) Ha de impugnar el acuerdo inmediatamente ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. c) Debe recabar previamente la autorización del Senado. d) Cometería una ilegalidad absoluta al carecer de esta facultad. 42. Como consecuencia de la suspensión a que se viene haciendo referencia, el acuerdo suspendido: a) Queda ineficaz transitoriamente. b) Se somete, en su ejecución, al control del órgano que lo suspendió. c) Queda anulado. d) Ha de someterse a la ratificación de este órgano. 43. Un requisito ineludible para que pueda llevarse a cabo esta suspensión es que: a) Atente presuntamente el acuerdo, con carácter grave, al interés general de España. b) Comporte una invasión de competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas. 90


TEST N.º 5

c) Sea constitutivo de delito el acuerdo suspendido. d) Las respuestas a y b son correctas. 44. La impugnación de los actos de un Ayuntamiento previamente suspendidos por el Delegado del Gobierno de la Nación debe hacerse en: a) Ningún caso. b) Los diez días naturales siguientes a la suspensión. c) Los diez días hábiles siguientes a la misma. d) Los dos meses siguientes, a través de recurso contencioso- administrativo.


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1. b) Independiente cada uno de ellos. 2. a) Se circunscriben a la esfera de sus competencias. 3. d) Nada de lo anterior es cierto. 4. b) Ley. 5. d) Servicios de las Corporaciones Locales. 6. a) Territorialidad. 7. d) Han de perseguir todos aquellos fines que redunden en beneficio de las colectividades sobre las que proyectan su actuación. 8. c) 2006. 9. c) Entes Institucionales. 10. b) Democráticos y representativos. 11. c) Depende del tipo de órgano habrá o no dicho sufragio. 12. b) Es posible. 13. c) 1985.


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TEST N.º 5

14. d) Octavo. 15. b) Cabildos y Consejos Insulares. 16. c) Descentralizado. 17. a) Está prevista constitucionalmente. 18. b) Comarcas. 19. a) Áreas Metropolitanas. 20. b) Mancomunidades de Municipios. 21. b) O por los Concejales. 22. d) Personalidad jurídica plena. 23. b) Participarán. 24. d) 2004. 25. a) Carácter tributario. 26. b) La gestión de sus intereses. 27. a) Han de intervenir obligatoriamente. 28. d) Deben ser consultadas. 29. c) Plena, completa e incondicionalmente, como regla general. 30. c) Autoridades más cercanas a los ciudadanos. 31. d) Todo lo anterior es cierto. 32. a) Debe preservarse la existencia de determinadas instituciones locales, que quedan sustraídas a la voluntad del legislador. 33. a) La propia Constitución. 34. c) Esencialmente administrativa. 35. b) Supondría un flagrante atentado contra esta autonomía.

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TEST N.º 5

36. c) Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos. 37. b) Inferior a la de los Municipios. 38. a) Servicios mínimos. 39. d) Ninguno de los anteriores. 40. b) Requerimiento al Presidente de la Entidad. 41. d) Cometería una ilegalidad absoluta al carecer de esta facultad. 42. a) Queda ineficaz transitoriamente. 43. a) Atente presuntamente el acuerdo, con carácter grave, al interés general de España. 44. c) Los diez días hábiles siguientes a la misma.


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TEST N.º 6

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMENTOS. SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES. ESPECIAL REFERENCIA AL PADRÓN MUNICIPAL 1. No es elemento del Municipio el/la/las: a) Organización. b) Territorio. c) Competencias. d) Población. 2. La discontinuidad territorial de un término municipal: a) Es la regla general. b) Se admite excepcionalmente en determinados supuestos. c) Está absolutamente prohibida. d) Depende de la voluntad del Pleno de cada Ayuntamiento. 3. La división de un término municipal en distritos y barrios es competencia del/de la: a) Ayuntamiento como tal. b) Alcalde. c) Administración General del Estado. d) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.


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TEST N.º 6

4. En la alteración del nombre y capitalidad de un Municipio, la Administración General del Estado: a) Decide. b) Ha de informar preceptivamente el expediente. c) Debe ser informada cuando se produzca. d) No tiene competencia alguna antes ni después de tramitar el expediente de que se trate. 5. La resolución definitiva del expediente a que se refiere la pregunta anterior es competencia del/de la: a) Pleno de la Corporación interesada. b) Resultado de la pertinente consulta popular. c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva. 6. La regulación de la alteración de un término municipal debe efectuarse a través de: a) Ley Orgánica de las Cortes Generales. b) Ley ordinaria de las Cortes Generales. c) Ley del Parlamento Autonómico. d) Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 7. En un expediente de alteración de un término municipal debe recaer dictamen del/de la: a) Comunidad Autónoma respectiva. b) Administración General del Estado. c) Ayuntamiento de que se trate. d) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 8. La delimitación de los términos municipales, en Andalucía, se efectúa a través de: a) Ley del Parlamento de Andalucía. b) Orden de la Consejería de Justicia e Interior. c) Decreto del Consejo de Gobierno. d) Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 9. Una alteración de términos municipales que comporte modificación de los límites provinciales: a) Es ilegal. b) Debe aprobarse por Ley del Parlamento Autonómico.

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TEST N.º 6

c) Ha de ser aprobada por la correspondiente Diputación Provincial. d) Debe efectuarse con el consentimiento de todas las Corporaciones afectadas. 10. La condición de vecino de un Municipio se adquiere: a) Por el transcurso del tiempo de residencia en el mismo. b) Al trabajar en el término municipal. c) Al inscribirse como tal en el Padrón. d) Por concesión discrecional del Alcalde. 11. Respecto de la gestión municipal, los vecinos: a) Han de impulsarla. b) No tienen competencia alguna. c) Tienen derecho a participar en ella. d) La controlan. 12. No es necesario que figure en el Padrón municipal el siguiente dato: a) Nacionalidad. b) Lugar de nacimiento. c) Número de documento nacional de identidad. d) Profesión. 13. La gestión del Padrón municipal se llevará: a) Con medios informáticos. b) Por la Administración General del Estado. c) Manualmente, por los Ayuntamientos d) Las respuestas a y b son correctas. 14. La resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística corresponde al: a) Ayuntamiento afectado. b) Presidente del Instituto Nacional de Estadística. c) Gobierno de la Nación. d) Órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 15. En materia de empadronamiento, en cada provincia existirá un/una: a) Consejo de Empadronamiento. b) Sección Provincial. c) Delegación Provincial. d) Dirección Provincial.


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TEST N.º 6

16. Los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración deben renovar su inscripción en el Padrón cada: a) Seis meses. b) Año. c) Dos años. d) No pueden inscribirse en el Padrón este tipo de extranjeros. 17. La confección del Padrón de españoles residentes en el extranjero es competencia del/de la: a) Ayuntamiento de su último domicilio en España. b) Comunidad Autónoma donde hubieren nacido. c) Administración General del Estado. d) Embajada o Consulado español en el país en que residan. 18. Respecto de la realización de las competencias municipales, a los vecinos se les puede exigir legalmente: a) Nada. b) Su apoyo. c) Prestaciones económicas y personales. d) La asunción de su titularidad. 19. El acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento para facultar al Alcalde a someter a consulta popular un asunto susceptible de la misma, ha de adoptarse con el siguiente quórum: a) Ninguno, al no requerirse dicho acuerdo. b) Mayoría simple. c) Mayoría absoluta. d) Dos terceras partes. 20. La consulta popular debe autorizarse, en cualquier caso, por el/la: a) Comunidad Autónoma. b) Gobierno de la Nación. c) Alcalde. d) Consejo de Estado. 21. No es posible dicha consulta en materia de: a) Competencias del Ayuntamiento. b) Prestación de servicios municipales.

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TEST N.º 6

c) Hacienda Local. d) En todos los casos anteriores puede efectuarse. 22. La inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal: a) Es prueba de su residencia legal. b) Sólo se permite cuando se nacionaliza. c) Se permite exclusivamente cuando tiene residencia de larga duración. d) Nada de lo anterior es cierto. 23. Si una persona habita durante el año en dos Municipios a la vez: a) Se empadronará en el que elija de ellos. b) Puede empadronarse en ambos. c) Debe empadronarse en el que habite durante más tiempo al año. d) Deberá optar por el municipio donde radique su actividad laboral. 24. Los menores de edad no emancipados, respecto del Padrón: a) No figuran. b) Tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guarda y custodia. c) No tienen la condición de vecinos. d) Nada de lo expuesto es correcto. 25. Los Ayuntamientos deben aprobar la revisión de su Padrones Municipales: a) En ningún caso. b) Mensualmente. c) Semestralmente. d) Con referencia al 1 de enero de cada año. 26. El tratamiento de residuos sólidos es competencia mínima a partir del siguiente número de habitantes de un Municipio: a) 100. b) 20.000. c) 5.000. d) 50.000. 27. La protección civil es servicio mínimo en los Municipios de, como mínimo, más del siguiente número de habitantes: a) 1.000. b) 5.000. c) 10.000. d) 20.000.


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TEST N.º 6

28. Es servicio mínimo de todo Ayuntamiento de más de 5.000 y menos de 20.000 habitantes el de: a) Transporte colectivo urbano de viajeros. b) Protección civil. c) Prestación de servicios sociales. d) Mercado. 29. Cuando se plantee un conflicto de atribuciones entre dos miembros de un Ayuntamiento: a) Se considera que la atribución pertenece al que tenga mayor precedencia. b) Deben inhibirse ambos, correspondiendo la atribución de que se trate al Alcalde. c) Se resuelve por el Pleno. d) El Alcalde determinará quién ejerce la atribución. 30. Está previsto que los Municipios desarrollen actividades complementarias en materia de: a) Turismo. b) Cementerios. c) Vivienda. d) Transporte público de viajeros. 31. En caso de insuficiencia de medios por los Municipios para prestar los servicios mínimos: a) Quedan eximidos de hacerlo. b) Se transfiere la titularidad de los mismos a otras Administraciones. c) Son asistidos por la Diputación Provincial correspondiente. d) Se hacen cargo de ellos los particulares. 32. Un conflicto de competencias entre Municipios de dos Comunidades Autónomas se resuelve por: a) Los respectivos Plenos. b) La Administración General del Estado. c) Las Comunidades Autónomas implicadas. d) El Tribunal Supremo. 33. La resolución del conflicto a que se refiere la pregunta anterior: a) Puede ser recurrida directamente ante el Tribunal Constitucional. b) No es susceptible de recurso alguno. c) Puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d) Es fruto del consenso de las partes implicadas.

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1. c) Competencias. 2. b) Se admite excepcionalmente en determinados supuestos. 3. a) Ayuntamiento como tal. 4. c) Debe ser informada cuando se produzca. 5. d) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva. 6. c) Ley del Parlamento Autonómico. 7. d) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 8. c) Decreto del Consejo de Gobierno. 9. a) Es ilegal. 10. c) Al inscribirse como tal en el Padrón. 11. c) Tienen derecho a participar en ella. 12. d) Profesión. 13. a) Con medios informáticos.


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TEST N.º 6

14. b) Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 15. b) Sección Provincial. 16. c) Dos años. 17. c) Administración General del Estado. 18. c) Prestaciones económicas y personales. 19. c) Mayoría absoluta. 20. b) Gobierno de la Nación. 21. c) Hacienda Local. 22. d) Nada de lo anterior es cierto. 23. c) Debe empadronarse en el que habite durante más tiempo al año. 24. b) Tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guarda y custodia. 25. d) Con referencia al 1 de enero de cada año. 26. c) 5.000. 27. d) 20.000. 28. d) Mercado. 29. d) El Alcalde determinará quién ejerce la atribución. 30. c) Vivienda. 31. c) Son asistidos por la Diputación Provincial correspondiente. 32. b) La Administración General del Estado. 33. c) Puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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TEST N.º 7

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMPLEMENTARIOS. ATRIBUCIONES. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 1. En segunda vuelta, para ser elegido Alcalde, se requiere obtener el siguiente quórum: a) Dos tercios. b) Mayoría absoluta. c) Mayoría simple. d) Nada de lo anterior es cierto. 2. El juramento o promesa del Presidente de un Ayuntamiento se efectúa ante el siguiente órgano: a) Junta de Gobierno Local. b) Pleno de la misma. c) Junta Electoral de Zona. d) Secretario General del propio Ayuntamiento, exclusivamente. 3. Cualquier moción de censura a un Presidente de Corporación Local debe suscribirse por el siguiente número de miembros de la Corporación: a) Una décima parte. b) Mayoría absoluta.


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TEST N.º 7

c) La tercera parte. d) Mayoría simple. 4. El Pleno que debata una moción de censura a un Alcalde se considera automáticamente convocado para las doce horas del siguiente día hábil, a contar del siguiente al de su presentación en el Registro General de la Corporación: a) Decimoquinto. b) Trigésimo. c) Vigésimo. d) Décimo. 5. Los contratos que pueden celebrar los Presidentes de los Ayuntamientos de Municipios de régimen común, si exceden de un año, no deben superar el siguiente porcentaje: a) 5 por 100 del límite general aplicable a la contratación directa. b) 5 por 100 de los recursos extraordinarios del Presupuesto. c) 50 por 100 de los recursos extraordinarios citados. d) Nada de lo anterior es cierto. 6. El control político de los actos del Presidente de un Ayuntamiento se encomienda al/a la: a) Pleno de la misma. b) Jurisdicción Contencioso-Administrativa. c) Junta de Gobierno Local. d) Cualquiera de ellos. 7. Tiene reconocida potestad normativa, dentro de un Ayuntamiento, el/la: a) Presidente, exclusivamente. b) Junta de Gobierno Local. c) Pleno. d) Consejo Sectorial. 8. La ordenación de pagos en un Ayuntamiento de Municipio de régimen común compete al/a la: a) Pleno. b) Presidente. c) Junta de Gobierno Local. d) Cualquiera de ellos.

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TEST N.º 7

9. Los Alcaldes, a diferencia de los Presidentes de las Diputaciones Provinciales, pueden: a) Celebrar contratos. b) Ser Jefes Superiores del Personal. c) Dictar Bandos. d) Convocar al Pleno. 10. La asignación global de la cantidad establecida para pagar una retribución complementaria fija y periódica de los funcionarios locales es competencia, en un Ayuntamiento de Municipio de régimen común, del/de la: a) Pleno de la Corporación. b) Junta de Gobierno Local. c) Presidente. d) Junta de Personal. 11. La delegación de todas las competencias del Pleno de un Ayuntamiento de régimen común requiere acuerdo adoptado por: a) Mayoría de dos tercios del número legal de miembros. b) Mayoría absoluta del número legal de miembros. c) Mayoría absoluta del número de hecho de miembros. d) Nada de lo anterior es cierto. 12. La aprobación definitiva del funcionamiento en régimen de Concejo Abierto de un Municipio, en caso de que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable, es competencia del/de la: a) Ayuntamiento correspondiente. b) Asamblea de Vecinos. c) Comunidad Autónoma. d) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 13. El despido del personal laboral de un Ayuntamiento de Municipio de gran población es competencia del: a) Jefe del Personal. b) Presidente, debiendo dar cuenta al Pleno. c) Junta de Gobierno Local. d) Pleno exclusivamente.


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TEST N.º 7

14. La aprobación de la forma de prestación de un servicio competencia de un Ayuntamiento es competencia del/de la: a) Pleno. b) Junta de Gobierno Local. c) Presidente de la Entidad. d) Comunidad Autónoma. 15. La creación de una Comisión Informativa Especial es competencia del/ de la/de: a) Los grupos políticos representados en la Entidad. b) Los anteriores y los particulares, en virtud de la participación ciudadana. c) Pleno de la Entidad. d) Presidente de la misma. 16. Actúan por vía de informe respecto de los asuntos que decide el Pleno de una Corporación Local los/las: a) Concejales o Diputados Delegados. b) Consejos Sectoriales. c) Comisiones Informativas. d) Todos los anteriores. 17. El Presidente nato de la Comisiones Informativas es el: a) Concejal o Diputado Provincial con delegación en el área en que intervengan las mismas. b) Secretario General de la Corporación. c) Presidente de la Corporación. d) Vicepresidente de la Diputación o Primer Teniente de Alcalde 18. La determinación de los Niveles Esenciales de la organización del Ayuntamiento de Córdoba compete aprobarla al/a la: a) Ayuntamiento Pleno. b) Alcalde. c) Teniente de Alcalde de Presidencia. d) Junta de Gobierno Local. 19. El vigente Organigrama político y administrativo del Ayuntamiento de Córdoba se aprobó en: a) 2010. b) 2009.

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TEST N.º 7

c) 2012. d) 2011, con el cambio de Corporación. 20. La Asesoría Jurídica se incardina en el Área de: a) Presidencia, Participación y Políticas Territoriales y Transversales. b) Hacienda y Administración Pública. c) Promoción y Desarrollo. d) Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Seguridad y Movilidad. 21. La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares está adscrita al Área de: a) Presidencia, Participación y Políticas Territoriales y Transversales. b) Promoción y Desarrollo. c) Hacienda y Administración Pública. d) Familia, Servicios Sociales y Educación. 22. Los Servicios Informáticos están incardinados en el Área de: a) Presidencia, Participación y Políticas Territoriales y Transversales. b) Alcaldía. c) Hacienda y Administración Pública. d) Promoción y Desarrollo. 23. La Gerencia de Urbanismo en la organización del Ayuntamiento de Córdoba: a) Va por libre. b) Depende directamente de la Alcaldía. c) Pertenece al Área de Presidencia, Patrimonio, Seguridad y Movilidad. d) Nada de lo anterior es cierto. 24. Salud Pública y Consumo están adscritas al Área de: a) Presidencia, Participación y Políticas Territoriales y Transversales. b) Promoción y Desarrollo. c) Hacienda y Administración Pública. d) Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Seguridad y Movilidad. 25. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento cuenta con el siguiente número de Unidades: a) Cuatro. b) Dos. c) Cinco. d) Tres.


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1. d) Nada de lo anterior es cierto. 2. b) Pleno de la misma. 3. b) Mayoría absoluta. 4. d) Décimo. 5. d) Nada de lo anterior es cierto. 6. a) Pleno de la misma. 7. c) Pleno. 8. b) Presidente. 9. c) Dictar Bandos. 10. a) Pleno de la Corporación. 11. d) Nada de lo anterior es cierto. 12. c) Comunidad Autónoma. 13. c) Junta de Gobierno Local. 14. a) Pleno.


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TEST N.º 7

15. c) Pleno de la Entidad. 16. c) Comisiones Informativas. 17. c) Presidente de la Corporación. 18. a) Ayuntamiento Pleno. 19. c) 2012. 20. a) Presidencia, Participación y Políticas Territoriales y Transversales. 21. b) Promoción y Desarrollo. 22. c) Hacienda y Administración Pública. 23. d) Nada de lo anterior es cierto. 24. c) Hacienda y Administración Pública. 25. d) Tres.

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TEST N.º 8

CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 1. No se rigen por el Derecho Administrativo el/los: a) Funcionarios. b) Laborales. c) Personal Eventual. d) Interinos. 2. Los puestos de confianza o asesoramiento especial se suelen reservar al/a los: a) Políticos. b) Personal Eventual. c) Personal Laboral. d) Funcionarios. 3. Los interinos ocupan provisionalmente puestos que pueden ser desempeñados por: a) Contratados temporales. b) Personal eventual. c) Funcionarios. d) Personal Laboral. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 8

4. El mínimo de titulación exigible para ser funcionario es, con carácter transitorio y hasta tanto se implanten las nuevas titulaciones: a) Certificado de Escolaridad. b) Graduado Escolar. c) Bachiller Superior. d) Saber leer y escribir. 5. Junto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, en la selección de los funcionarios, se debe seguir el de: a) Imparcialidad. b) Publicidad. c) Profesionalidad. d) Concurrencia. 6. La Oferta de Empleo de un Municipio de gran población debe aprobarla el/la: a) Pleno. b) Junta de Personal. c) Presidente. d) Junta de Gobierno Local. 7. El sistema normal de selección de los laborales es el/la: a) Oposición. b) Concurso. c) Contratación indefinida. d) Concurso-oposición. 8. La residencia por el funcionario en el término municipal donde radique su oficina: a) Es facultativa para el mismo. b) No admite dispensa alguna. c) Es un deber dispensable expresamente. d) No está regulada legalmente. 9. El juramento o promesa a realizar por los funcionarios se efectúa: a) Tras la toma de posesión. b) Antes de ella. c) En el mismo momento de la toma de posesión. d) Ante órganos jurisdiccionales.

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TEST N.º 8

10. En el juramento o promesa que deben hacer los funcionarios se señala que se ha de cumplir las obligaciones del cargo con lealtad al/a la/a los: a) Constitución. b) Corporación. c) Superiores. d) Rey. 11. En el futuro, cuando se aprueben las nuevas titulaciones, se exigirá título de graduado en educación secundaria obligatoria para pertenecer al Subgrupo: a) A1. b) B2. c) C1. d) C2. 12. El Estatuto Básico del Empleado Público se aprobó el: a) 13 de marzo de 2007. b) 13 de mayo de 2006. c) 12 de abril de 2007. d) 14 de abril de 2005. 13. Los Concursos de Méritos para proveer puestos de trabajo los resuelve en un Municipio de régimen común el/la: a) Pleno. b) Junta de Gobierno Local. c) Presidente de la Corporación. d) Junta de Personal. 14. Los sistemas de provisión de puestos de funcionarios son: a) La oposición. b) El concurso de méritos. c) La libre designación. d) Las respuestas b y c son ciertas. 15. La constitución del Registro de Personal: a) Se efectúa a nivel estatal. b) Es facultativa para las Corporaciones Locales. c) Es obligatoria para las Corporaciones Locales. d) Se supedita a la voluntad de la correspondiente Comunidad Autónoma.


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TEST N.º 8

16. La figura del Tesorero con Habilitación de carácter Estatal se exige como mínimo en Ayuntamientos de: a) Cinco mil habitantes. b) Más de veinte mil habitantes. c) Segunda clase. d) Todo tipo. 17. Un Ayuntamiento de tres mil quinientos habitantes y Presupuesto de tres millones cien mil euros tendrá Secretario: a) Superior. b) De Entrada. c) Secretario-Interventor. d) No necesariamente. 18. Para ser Secretario Superior: a) Hay que hacer oposición al efecto. b) Hay que ser Secretario-Interventor. c) Se accede directamente por Concurso libre. d) Se requiere ser Secretario de Entrada. 19. La provisión de puestos de Habilitados de carácter Estatal se hará por: a) Concurso en todo caso. b) Concurso-oposición. c) Oposición. d) Libre designación en algún caso excepcional. 20. No puede ser Técnico de Administración General un Licenciado en: a) Sociología. b) Ciencias Políticas. c) Derecho. d) Ciencias Empresariales. 21. La reserva del 50 por 100 de plazas para promoción interna es: a) Obligatoria. b) Facultativa. c) Anormal. d) Ilegal.

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TEST N.º 8

22. Y la antigüedad para entrar en el cupo de promoción interna es, como regla general, de: a) Cinco años. b) Tres años. c) Dos años. d) Depende de la plaza. 23. Pertenece a la Subescala de Servicios Especiales un: a) Ingeniero Industrial al servicio de una Corporación Local. b) Técnico de Administración General. c) Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios. d) Contratado laboralmente. 24. Dentro del Personal de Oficios el escalón inferior lo ocupan los: a) Ayudantes. b) Peones. c) Operarios. d) Oficiales. 25. El número de Personal Eventual que haya de existir en un Municipio de régimen común se fija por el/la: a) Pleno. b) Alcalde o Presidente. c) Comunidad Autónoma respectiva. d) Junta de Gobierno Local. 26. Respecto del Personal Eventual, ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia: a) Las sanciones que se le impongan. b) El nombramiento y cese. c) La concesión de menciones honoríficas. d) Ninguna de las anteriores contestaciones es correcta. 27. Tiene especial trascendencia en la regulación de las relaciones laborales del Personal Laboral el/la: a) Estatuto de los Trabajadores. b) Legislación general de funcionarios. c) Convenio Colectivo propio. d) Las respuestas a y c son correctas.


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TEST N.º 8

28. Un Decreto de un Presidente de una Diputación Provincial despidiendo a un laboral al servicio de la misma: a) Es nulo de pleno derecho al dictarse por órgano manifiestamente incompetente. b) Basta para que se lleve a cabo dicho despido. c) Debe ser ratificado por el Pleno de la Corporación. d) Ha de confirmarse ante el correspondiente Juzgado de lo Social. 29. La no concurrencia con la actividad de la empresa, respecto de este Personal Laboral: a) Es un derecho del mismo. b) Significa que pueden trabajar en la esfera privada, haciendo la competencia a la propia Corporación. c) Le impide desempeñar cualquier tipo de trabajo fuera de la Corporación. d) Es un deber del mismo, por el cual no puede hacerle la competencia a la Corporación. 30. Por muerte de un tío carnal, teniendo en cuenta que es familiar dentro del tercer grado, se tiene derecho al siguiente permiso: a) Dos días si es en la misma localidad. b) Cuatro días si es en distinta localidad. c) Ningún día. d) Las respuestas a y b son correctas. 31. La disminución de la jornada por cuidado directo de un menor de seis años: a) Puede equivaler a un tercio o un medio. b) No implica reducción de retribuciones. c) Comporta exclusivamente la reducción de las retribuciones complementarias. d) Nada de lo anterior es cierto. 32. La observancia de las normas sobre seguridad y salud laboral: a) Es un principio ético de los empleados públicos. b) Se ajustará a lo que indiquen los representantes de los trabajadores. c) Se establece sólo para los puestos de trabajo cuyo desempeño suponga riesgos inequívocos. d) Es obligatoria para todos los empleados públicos. 33. En caso de adopción, como regla general, se tiene derecho a un permiso de: a) Dieciséis semanas. b) Diez semanas.

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TEST N.º 8

c) Ocho semanas. d) Seis semanas. 34. Por asuntos particulares, al cumplir los 27 años de servicio, se concede con carácter adicional a los días legalmente previstos, el siguiente número de días: a) Seis días. b) Tres días. c) Cuatro días. d) Ningún día. 35. En una Corporación de cincuenta y nueve funcionarios existirán representándolos: a) Un Delegado de Personal. b) Dos Delegados de Personal. c) Un Comité de Empresa. d) Una Junta de Personal. 36. El personal funcionario que no tenga dedicación exclusiva o especial dedicación ha de cumplir una jornada laboral semanal de: a) Treinta y cinco horas. b) Treinta y siete horas y media. c) Cuarenta horas. d) Veinticuatro horas. 37. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga es constitutivo de: a) Falta muy grave. b) Falta grave. c) Falta leve. d) Un derecho. 38. El abandono del servicio da lugar a: a) Sanción pecuniaria. b) Falta muy grave. c) Falta grave. d) Falta leve. 39. Por su parte, el acoso laboral se tipifica como: a) Falta muy grave. b) Falta grave. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 8

c) Falta leve. d) No está tipificada. 40. El descrédito para la imagen pública de la Administración es una circunstancia que debe ser atendida para determinar las faltas: a) Muy graves. b) Graves. c) Leves. d) Las respuestas b y c son correctas. 41. La responsabilidad de los funcionarios que induzcan a otros a cometer una falta: a) Es similar a la exigible a éstos. b) Se minora en un grado. c) Se castiga con una sanción superior en grado. d) Es inexistente. 42. La suspensión firme de funciones no puede ser superior a: a) Tres meses. b) Tres años. c) Un año. d) Seis años. 43. En el caso de separación del servicio de un funcionario interino: a) Podrá ser rehabilitado en el futuro. b) No es necesaria la motivación del acto. c) Permanece en activo hasta que se cubra la vacante que venía desempeñando. d) Se revoca su nombramiento. 44. La prescripción de las faltas graves se produce a los: a) Seis meses. b) Dos meses. c) Seis años. d) Dos años. 45. La separación del servicio en un Municipio de gran población se acuerda por el/la: a) Sindicato mayoritario. b) Presidente de la Corporación.

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c) Pleno de la Corporación. d) Junta de Gobierno Local. 46. En la corrección de una falta leve, un trámite inexcusable es: a) La previa audiencia al inculpado. b) Incoar diligencias preliminares. c) Incoar expediente disciplinario ordinario. d) Ninguno de los anteriores. 47. El funcionario que sea elegido miembro del Parlamento Europeo quedará en situación de: a) Servicio activo. b) Excedencia forzosa. c) Servicios especiales. d) Suspensión. 48. El funcionario que desempeñe responsabilidades de miembro de un órgano local para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas está en situación de: a) Servicio activo. b) Excedencia. c) Suspensión. d) Servicios especiales. 49. El mínimo de servicios prestados inmediatos a la petición que se requiere para solicitar una excedencia voluntaria por interés particular es de: a) Un año. b) Dos años. c) Tres años. d) Cinco años. 50. El funcionario suspendido provisionalmente cobra en esta situación: a) Todas sus retribuciones. b) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. c) Sólo las complementarias. d) Nada de lo anterior es correcto.


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51. En caso de excedencia por cuidado de hijos se tiene derecho a reserva del puesto de trabajo desempeñado durante: a) El tiempo que dure la excedencia. b) Ningún momento. c) Los dos primeros años. d) Los tres primeros años. 52. Un funcionario que sea adscrito al servicio del Defensor del Pueblo quedará en su lugar de procedencia en la situación de: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en Comunidad Autónoma. d) Excedencia especial. 53. El funcionario que, por un procedimiento de provisión de puestos, obtenga destino en una Administración Pública distinta es declarado: a) Excedente forzoso. b) En situación de servicio en otras Administraciones Públicas. c) Excedente voluntario. d) En servicios especiales. 54. Los trienios se cobran: a) En igual cuantía dentro de cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) En concepto de retribución complementaria. c) Sólo mensualmente, sin percibirse en las pagas extraordinarias. d) Nada de lo anterior es correcto. 55. En las pagas extraordinarias se percibe: a) El sueldo y el complemento de destino solamente. b) Todas las retribuciones. c) Las retribuciones básicas en exclusiva. d) Nada de lo expuesto es correcto. 56. La participación en las multas impuestas por un funcionario, cuando esté normativamente atribuida a los servicios: a) Está expresamente prohibida. b) No está sujeta a retención fiscal.

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c) Se permite excepcionalmente, con arreglo a dicha normativa. d) Es la regla general y forma parte de las retribuciones complementarias. 57. Las retribuciones básicas de los funcionarios se fijan por el/la/las: a) Leyes de Presupuestos de cada Comunidad Autónoma. b) Presupuesto de cada Corporación Local. c) Ley de Presupuestos Generales del Estado. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 58. Los funcionarios interinos, respecto a los trienios: a) No los cobran. b) Los perciben desde el momento en que vayan cumpliéndolos. c) Los devengarán una vez que haya adquirido la condición de funcionarios de carrera, reconociéndoseles los que hubieran devengado por el tiempo de servicios prestados como interinos. d) Nada de lo expuesto es correcto. 59. La asistencia sanitaria de los funcionarios locales corresponde en la actualidad a la: a) Sanidad privada. b) Seguridad Social. c) Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. d) Cualquiera de las anteriores. 60. El reconocimiento de compatibilidad a un funcionario para ejercer un trabajo fuera de la Administración: a) No es necesario. b) Es previo a dicho trabajo. c) Es posterior. d) Sólo se da para actividades privadas.


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1. b) Laborales. 2. b) Personal Eventual. 3. c) Funcionarios. 4. a) Certificado de Escolaridad. 5. b) Publicidad. 6. d) Junta de Gobierno Local. 7. b) Concurso. 8. c) Es un deber dispensable expresamente. 9. c) En el mismo momento de la toma de posesión. 10. d) Rey. 11. d) C2. 12. c) 12 de abril de 2007. 13. c) Presidente de la Corporación. 14. d) Las respuestas b y c son ciertas. 15. c) Es obligatoria para las Corporaciones Locales.


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16. b) Más de veinte mil habitantes. 17. b) De Entrada. 18. d) Se requiere ser Secretario de Entrada. 19. d) Libre designación en algún caso excepcional. 20. a) Sociología. 21. b) Facultativa. 22. c) Dos años. 23. c) Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios. 24. c) Operarios. 25. a) Pleno. 26. d) Ninguna de las anteriores contestaciones es correcta. 27. d) Las respuestas a y c son correctas. 28. b) Basta para que se lleve a cabo dicho despido. 29. d) Es un deber del mismo, por el cual no puede hacerle la competencia a la Corporación. 30. c) Ningún día. 31. d) Nada de lo anterior es cierto. 32. d) Es obligatoria para todos los empleados públicos. 33. a) Dieciséis semanas. 34. d) Ningún día. 35. d) Una Junta de Personal. 36. b) Treinta y siete horas y media. 37. a) Falta muy grave. 38. b) Falta muy grave.

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39. a) Falta muy grave. 40. d) Las respuestas b y c son correctas. 41. a) Es similar a la exigible a éstos. 42. d) Seis años. 43. d) Se revoca su nombramiento. 44. d) Dos años. 45. d) Junta de Gobierno Local. 46. a) La previa audiencia al inculpado. 47. c) Servicios especiales. 48. d) Servicios especiales. 49. d) Cinco años. 50. b) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 51. c) Los dos primeros años. 52. b) Servicios especiales. 53. b) En situación de servicio en otras Administraciones Públicas. 54. a) En igual cuantía dentro de cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 55. d) Nada de lo expuesto es correcto. 56. a) Está expresamente prohibida. 57. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 58. b) Los perciben desde el momento en que vayan cumpliéndolos. 59. b) Seguridad Social. 60. b) Es previo a dicho trabajo.


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CONVENIO EN VIGOR DE LOS/AS EMPLEADOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: JORNADA, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 1. El Convenio Único de los Empleados del Ayuntamiento de Córdoba (Convenio Único, en adelante) se aprobó por el/la: a) Junta de Gobierno Local. b) Pleno del Ayuntamiento. c) Mesa General de Negociación del Ayuntamiento. d) Junta de Personal. 2. El Convenio Único es de: a) 2010. b) 2009. c) 2008. d) 2011. 3. Lo relativo a las retribuciones se regula en el siguiente Capítulo del Convenio Único: a) Cuarto. b) Noveno. c) Séptimo. d) Octavo. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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4. Los funcionarios en prácticas del Ayuntamiento de Córdoba, respecto al Convenio Único: a) No están sujetos al mismo. b) Se rigen por el mismo. c) Sólo se sujetan al mismo con carácter supletorio. d) Se rigen por el mismo exclusivamente respecto a sus retribuciones. 5. La duración de la vigencia del Convenio Único es, sin perjuicio de sus posibles prórrogas, hasta el 31 de diciembre de: a) 2011. b) 2012. c) 2013. d) 2010. 6. En la Comisión de Igualdad, podrá asistir por cada Sección Sindical, el siguiente número de Asesores: a) Uno. b) Dos. c) Ninguno. d) Tres. 7. Según el Convenio Único, y al margen de cualquier otra normativa que pudiera considerarlo de otra forma, el acoso psicológico entre compañeros tiene la consideración de falta: a) Muy grave. b) De índole penal. c) Leve. d) Grave. 8. En cómputo anual la jornada de trabajo efectivo de los trabajadores del Ayuntamiento es, según el Convenio Único, de: a) 1.752 horas. b) 1.683 horas. c) 1.519 horas. d) 1.650 horas. 9. El personal que realice la jornada diaria mínima de 7 horas disfrutará en la misma de un período de descanso de: a) 30 minutos. b) 45 minutos.

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c) 20 minutos. d) 60 minutos. 10. En los servicios que funcionan las veinticuatro horas del día, los turnos serán de: a) Siete horas. b) Ocho horas como mínimo y con carácter general. c) Ocho horas durante los siete días de la semana, concediéndose descanso con posterioridad a los mismos. d) Nada de lo anterior es cierto. 11. El calendario de fiestas populares se aprueba en el Ayuntamiento de Córdoba por el/la: a) Concejal-Delegado de Fiestas y Festejos. b) Junta de Gobierno Local. c) Pleno. d) Alcalde. 12. Las compensaciones económicas por prestación de servicios durante los días de feria durante las 15 horas y las 7 horas del día siguiente: a) No están previstas. b) Son compatibles con la percepción de gratificaciones por el mismo tramo horario. c) Tienen fijada una cuantía igual, sin revisión, para todos los años de vigencia del Convenio Único. d) Nada de lo expuesto es cierto. 13. El pago de las compensaciones por trabajo entre las 15 horas hasta las 7 horas del día siguiente desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, deberá efectuarse como máximo en el siguiente plazo desde su comunicación al Departamento de Personal: a) Tres meses. b) Un mes. c) Dos meses. d) Una semana. 14. La exención de un trabajador del trabajo en domingos y festivos se resolverá por el/la: a) Jefatura de Personal. b) Jefatura del Servicio.


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c) Jefe inmediato directo del trabajador. d) Junta de Gobierno Local. 15. Con carácter general, a partir de 2013, el período ordinario de vacaciones es de los siguientes días hábiles: a) 25. b) 20. c) 22. d) 22 días, más los días adicionales que correspondan por antigüedad. 16. Con carácter general, las vacaciones se podrán disfrutar como máximo hasta el: a) 31 de diciembre de cada año. b) 15 de septiembre de cada año. c) 30 de septiembre de cada año. d) 15 de enero del año siguiente. 17. El Plan de Vacaciones debe estar elaborado, cada año, antes del: a) 31 de enero. b) 31 de marzo. c) 1 de junio, como máximo. d) 30 de abril. 18. Durante 2012 y hasta 2013, a partir de los 30 años de antigüedad, un empleado tendrá los siguientes días hábiles de vacaciones: a) 26. b) 25. c) 24. d) 22. 19. En caso de baja por Incapacidad Temporal, las vacaciones: a) Se pierden si ha finalizado el año. b) Se acumulan a la del año siguiente. c) Se interrumpen. d) Nada de lo expuesto es correcto. 20. El personal que se jubile a lo largo del año disfrutará el siguiente período de vacaciones: a) Todas ellas íntegramente. b) La parte proporcional al período trabajado.

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c) La mitad si la jubilación se produce antes del 30 de junio. d) Ninguno, pues se les compensa en metálico. 21. La compensación en metálico de las vacaciones: a) Está absolutamente prohibida. b) Requiere previo acuerdo entre el trabajador y el Ayuntamiento. c) Se admite en algún supuesto concreto, por jornadas especiales. d) Se reserva exclusivamente para los que se jubilen a lo largo del año. 22. Cuando se asista en la ciudad a un curso de formación supervisado por el Departamento de Selección y Formación, fuera de la jornada laboral, se compensará con: a) La mitad del tiempo de duración del curso o de la parte del mismo que tenga lugar fuera de dicha jornada. b) Ocho horas. c) Ninguna hora. d) Cuatro horas. 23. Los asuntos particulares se pueden disfrutar por fracciones de tiempo iguales o superiores, como mínimo, a: a) 30 minutos. b) 60 minutos. c) 45 minutos. d) 15 minutos. 24. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si se produce fuera de la localidad, se tiene derecho a un permiso de: a) Dos días. b) Tres días. c) Cinco días. d) Cuatro días. 25. Se puede sustituir el preceptivo parte de baja por Incapacidad Temporal emitido por el SAS por un justificante médico cuando la ausencia por enfermedad no exceda de: a) Tres días. b) Diez días. c) Siete días. d) En ningún caso se puede sustituir.


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1. a) Junta de Gobierno Local. 2. c) 2008. 3. d) Octavo. 4. b) Se rigen por el mismo. 5. a) 2011. 6. a) Uno. 7. d) Grave. 8. c) 1.519 horas. 9. a) 30 minutos. 10. d) Nada de lo anterior es cierto. 11. b) Junta de Gobierno Local. 12. d) Nada de lo expuesto es cierto. 13. a) Tres meses. 14. b) Jefatura del Servicio.


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15. c) 22. 16. d) 15 de enero del año siguiente. 17. b) 31 de marzo. 18. a) 26. 19. c) Se interrumpen. 20. a) Todas ellas íntegramente. 21. c) Se admite en algún supuesto concreto, por jornadas especiales. 22. a) La mitad del tiempo de duración del curso o de la parte del mismo que tenga lugar fuera de dicha jornada. 23. d) 15 minutos. 24. d) Cuatro días. 25. a) Tres días.

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EL ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO, ELEMENTOS, CLASIFICACIÓN, INVALIDEZ. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO Y CLASES. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: PRINCIPIOS Y NORMAS REGULADORAS. EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. CÓMPUTO DE PLAZOS. MOTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN. EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. NULIDAD Y ANULABILIDAD

1. El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad: a) Siempre. b) Cuando se trate de actos reglados. c) Según los casos. d) No necesariamente. 2. Cuando la Administración Pública actúa como persona de Derecho Privado: a) Sólo puede ser controlada por los Tribunales contencioso-administrativos. b) No dicta actos administrativos. c) Su actividad es puramente discrecional. d) Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.


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3. Un acto complejo es aquel: a) En el que intervienen, sucesivamente, en virtud de la tutela administrativa, dos órganos administrativos. b) Que se adopta por un órgano colegiado. c) En cuyo proceso de elaboración se ha evacuado el dictamen de un órgano consultivo. d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos administrativos. 4. El interés público convierte a los actos administrativos en: a) Susceptibles de impugnación directa. b) Reglados, en parte. c) Discrecionales. d) Nada de lo anterior. 5. El contenido eventual del acto supone: a) Que éste puede estar condicionado. b) Que se presume en todos los actos del mismo tipo. c) Que es connatural con el acto de que se trate. d) Su carácter reglado. 6. Un acto general debe: a) Publicarse. b) Notificarse a los interesados. c) Tener un contenido normativo. d) Elaborarse por un órgano colegiado. 7. La compulsión sobre las personas: a) Deriva de la propia esencia del acto administrativo. b) Deriva del principio de ejecutividad de los actos administrativos. c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzosamente algunos actos administrativos. d) Es similar al lanzamiento administrativo. 8. El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: a) Propuesta. b) Acto definitivo. c) Informe con propuesta de resolución. d) Acto trámite.

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9. Un ejemplo de acto de trámite es un/una: a) Decisión con que concluye el procedimiento. b) Renuncia. c) Informe emitido en un procedimiento. d) Ninguno de ellos lo es. 10. Las competencias administrativas hacen referencia a/al/a las: a) Ente administrativo de que se trate. b) Atribuciones que por Ley se conceden a una Administración Pública. c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo. d) Nada de lo anterior. 11. El contenido de un acto administrativo ha de ser: a) Ilícito y determinado. b) Posible y lícito. c) Determinado o determinable e ilícito. d) Imposible y lícito. 12. Las cláusulas accesorias de un acto administrativo forman parte del contenido: a) Natural del acto. b) Implícito del mismo. c) Legal del acto. d) Eventual del acto. 13. Cuando algo necesariamente forma parte de un acto, hablamos de contenido: a) Natural. b) Legal. c) Eventual. d) Implícito. 14. Los actos deben motivarse: a) Siempre. b) Nunca. c) Cuando decidan un procedimiento. d) Cuando la Ley lo prescriba.


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15. No tienen por qué motivarse los actos que: a) Resuelvan recursos. b) Limiten derechos subjetivos. c) Se separen del dictamen de órganos consultivos. d) Todos los anteriores deben motivarse. 16. En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre: a) Su texto íntegro. b) Los recursos que contra el mismo procedan. c) Los motivos en que se basa la decisión. d) El plazo de interposición de los recursos. 17. Para que surta efecto una notificación defectuosa: a) Basta con que transcurra el plazo de recurso del acto a que se refiere. b) El particular ha de actuar de forma que se deduzca el conocimiento del contenido de la resolución. c) La Administración Pública ha de demostrar que se hizo. d) En ninguno de los tres casos anteriores se subsana. 18. Una notificación por vía telemática: a) No se admite en nuestro ordenamiento jurídico. b) Requiere previo consentimiento del interesado para hacerse de esta forma. c) Es la regla general. d) Se deja al arbitrio de la Administración Pública. 19. La formalización de documentos que contengan un acto administrativo de mero trámite: a) No es necesaria. b) Sólo se exige para aquellos que tengan incidencia en derechos de los interesados. c) Debe efectuarse en los que tenga contenido informativo. d) Se exige siempre. 20. Para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que: a) Limite derechos de los particulares. b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares. c) Imponga deberes u obligaciones. d) No se lesionen derechos de otras personas.

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21. La presunción de legitimidad de los actos administrativos: a) No admite prueba en contrario. b) Dependerá de lo que el propio acto establezca. c) Puede ser objeto de impugnación por el particular. d) Sólo se da cuando la Ley expresamente lo diga. 22. Entre los medios de ejecución forzosa del art. 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no se encuentra el/la: a) Desahucio administrativo. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre la persona. 23. Cuando se interpone un recurso contra un acto administrativo: a) Se suspende la eficacia de éste. b) No se suspende en ningún caso la eficacia de éste. c) Cuando lo diga una Ley, o así lo acuerde el órgano encargado de resolverlo, se suspenderá la eficacia del acto. d) Cuando no se trate de una nulidad de pleno derecho, se suspende la eficacia. 24. Cuando la Administración Pública efectúa una actuación material que no limita derechos subjetivos de los particulares: a) Debe haber sido adoptado antes el oportuno acto administrativo. b) No puede hacerlo. c) No es necesario un previo acto administrativo. d) Debe oírse al Consejo de Estado. 25. La vigente Ley General Tributaria es de: a) 1958. b) 1963. c) 2003. d) 2004. 26. Cuando el Delegado Provincial de una Consejería de una Comunidad Autónoma de una Provincia concreta resuelve un recurso administrativo en materia propia de la Delegación Provincial de otra Consejería de distinta Provincia, incurre en una incompetencia: a) Funcional y jerárquica. b) Territorial y jerárquica.


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c) Funcional y territorial. d) Territorial exclusivamente. 27. La incompetencia a que se refiere la pregunta anterior es de carácter: a) Absoluto y relativo. b) Absoluto. c) Relativo. d) Jerárquico. 28. Para que pueda plantearse un recurso por desviación de poder: a) Es necesario que se atente contra la causa inmediata del acto. b) Ha de atentarse contra el interés público, como causa inmediata de todo acto administrativo. c) Ha de atentarse contra la causa mediata del acto administrativo. d) Nada de lo anterior es correcto. 29. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dictamen vinculante de un órgano consultivo: a) Vicia el acto de que se trate. b) Debe motivar el acto. c) No puede hacerlo. d) Debe justificar por qué lo hace. 30. En cambio, si se separa de un dictamen facultativo: a) Vicia el acto. b) Debe motivarlo. c) No puede hacerlo. d) Al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto. 31. La notificación de un acto administrativo: a) Suspende su eficacia hasta que se efectúe tratándose de actos generales. b) No impide su ejecutividad una vez efectuada. c) Suspende su eficacia una vez realizada. d) Ha de hacerse con todo tipo de actos. 32. Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas contra un ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos: a) Debe existir una norma que se lo permita. b) Lo puede hacer en cualquier caso. c) Basta con un reglamento que se lo permita. d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.

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33. La compulsión sobre las personas no procede en los que: a) Comporten una obligación no personalísima de hacer. b) Esta obligación sea personalísima de no hacer. c) Esta obligación sea personalísima de soportar. d) Se dé cualquiera de las circunstancias anteriores. 34. Los supuestos de nulidad absoluta de actos administrativos: a) Son la regla general en nuestro Derecho. b) Son los recogidos en el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exclusivamente. c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas. d) Son sólo los del art. 62 citado y de otras Leyes formales. 35. Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde: a) Que se notifica el acto anulatorio. b) El momento de la declaración de la nulidad. c) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos. d) Se dictó el acto anulado. 36. Los defectos formales en un acto, según reconoce expresamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: a) Lo vician con nulidad absoluta. b) Lo vician con anulabilidad en todo caso. c) Pueden dar lugar a la nulidad absoluta si producen indefensión. d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en este último caso. 37. La Administración Pública podrá convalidar un acto: a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica. b) Si el vicio consiste en incompetencia funcional. c) Si el vicio consiste en incompetencia territorial. d) En ninguno de los anteriores casos. 38. Y no podrá hacerlo si el vicio consiste en: a) Incompetencia jerárquica. b) La falta de una autorización. c) Incompetencia funcional. d) La omisión de un informe facultativo.


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39. El procedimiento sancionador es: a) Una subespecie del procedimiento ejecutivo. b) Una modalidad de procedimiento declarativo. c) Una clase de procedimiento de simple gestión. d) Un procedimiento sumario. 40. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es de: a) 27 de febrero de 1993. b) 26 de noviembre de 1992. c) 17 de julio de 1958. d) 27 de agosto de 1992. 41. Sobre los interesados trata el siguiente Título de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a) II. b) III. c) IV. d) Ninguno en especial. 42. En los expedientes administrativos, los documentos que figuren en ellos deben: a) Agregarse sucesivamente. b) Formar una parte singular de los mismos. c) Ser de carácter oficial. d) Ser foliados por la autoridad que resuelva en el procedimiento de que se trate. 43. Los procedimientos que se orientan a la elaboración de una decisión son los: a) Declarativos. b) Ejecutivos. c) De simple gestión. d) De carácter especial. 44. En la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común está previsto un trámite de inadmisión, en su caso, respecto del/de la: a) Recurso de alzada. b) Recurso de revisión. c) Revisión de oficio. d) Las respuestas b y c son correctas.

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45. El interesado en un procedimiento administrativo ha de comparecer: a) Representado por un Letrado. b) Representado por un Letrado y un Procurador. c) Con poderes bastantes. d) Por sí mismo, como regla general. 46. El principio de confianza legítima es una derivación del principio de: a) Legalidad. b) Buena fe. c) Seguridad jurídica. d) Publicidad normativa. 47. Cuando un escrito de iniciación no reúne los requisitos legales pertinentes: a) Debe advertirse en el plazo de diez días al particular para que los subsane. b) Debe pedirse al particular que los subsane en el plazo de diez días. c) Se archiva el expediente. d) En virtud del principio in dubio pro actione, se continuará el procedimiento, sin perjuicio de subsanarlos a lo largo del mismo. 48. Contra el acuerdo de declaración de la tramitación del procedimiento de urgencia puede interponerse: a) Recurso de alzada. b) Reclamación en queja. c) Recurso de revisión. d) Ningún recurso. 49. La tramitación de los expedientes debe acomodarse al principio de: a) Rogación. b) Cronología, salvo acuerdo expreso y motivado en contrario. c) Acumulación. d) Prescripción de seis meses. 50. La acumulación de expedientes en un procedimiento la acuerda el/la: a) Autoridad administrativa que deba resolverlo. b) Jefe del Servicio. c) Jefe de Sección. d) Órgano administrativo que lo inicie o tramite.


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51. Puede alterar el orden cronológico del despacho de un expediente: a) Cualquier funcionario. b) El funcionario que lo tramite. c) Sólo el Jefe del Servicio. d) El titular de la Unidad administrativa. 52. El plazo general para evacuar un informe es de: a) Diez días. b) Quince días. c) Un mes. d) Dos meses. 53. En Derecho Administrativo, los medios de prueba: a) No existen siempre. b) Son sólo los previstos en las Leyes administrativas. c) Son sólo documentales. d) No son tasados. 54. El plazo mínimo del período de prueba es de: a) Diez días. b) Quince días. c) Veinte días. d) Treinta días. 55. Las alegaciones en un procedimiento deben efectuarse: a) En el plazo establecido al efecto. b) Inmediatamente antes de la resolución. c) En el período de información pública. d) En cualquier momento, antes de la audiencia al interesado. 56. La información pública se consagra básicamente en el siguiente artículo de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a) 33. b) 86. c) 53. d) 78.

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57. La información pública, para la Administración Pública, es: a) Preceptiva en todo caso. b) Preceptiva cuando afecte a sectores profesionales, económicos o sociales. c) Potestativa, salvo norma en contrario. d) Un trámite inexcusable. 58. Las alegaciones: a) Obligan a la Administración Pública a pronunciarse en el sentido en ellas expuesto. b) No vinculan a la Administración Pública, salvo que se efectúen en período de información pública. c) Pueden ser olvidadas por la Administración Pública. d) Obligan a la Administración Pública a estudiarlas y considerarlas en la resolución. 59. Como regla general, los informes son: a) Preceptivos y vinculantes. b) Facultativos y no vinculantes. c) Facultativos y vinculantes. d) Preceptivos y no vinculantes. 60. Los interesados pueden alegar defectos de tramitación: a) En todo momento. b) Sólo en vía de recurso. c) Exclusivamente en el período de alegaciones. d) En el período de prueba necesariamente. 61. Cuando la Administración Pública se aparte de un informe no vinculante: a) No debe motivar expresamente el acto. b) El acto es convalidable. c) Debe existir una causa legal. d) Actúa legalmente, sin que pueda tachársele la incursión en vicio alguno, aunque deberá motivar el acto. 62. El período de prueba durará: a) Menos de diez días. b) Tres meses. c) Más de diez y menos de treinta días. d) Depende de los casos.


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63. Los gastos de la práctica de las pruebas corren a cargo: a) Del interesado. b) Del interesado y de la Administración Pública, según los casos. c) De la Administración Pública. d) Se reparten proporcionalmente. 64. La audiencia al interesado: a) Debe hacerse durante el plazo de diez días como máximo. b) Debe hacerse durante el plazo de quince días como mínimo. c) Obliga a la Administración Pública a resolver en el sentido en que concluya. d) Es innecesaria cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 65. La audiencia al interesado es: a) Potestativa siempre. b) Obligatoria en todo caso. c) Obligatoria en ocasiones. d) Puede no darse en determinados supuestos tasados. 66. La resolución de un procedimiento administrativo: a) Ha de limitarse a lo solicitado por el interesado. b) No puede conceder más de lo pedido. c) No puede conceder otra cosa de lo solicitado. d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente. 67. La incomparecencia de los interesados en el trámite de información pública: a) Les hace perder su condición de tales. b) Les impide interponer los recursos procedentes. c) Se considera un desistimiento. d) Nada de lo anterior es cierto. 68. El desistimiento podrá efectuarse apud acta: a) Sí. b) No. c) No tiene nada que ver una cosa con la otra. d) No, por ser pleno y no condicionado.

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69. Cuando recaiga una renuncia, la Administración Pública: a) Archivará el expediente. b) Continuará el procedimiento si se inició de oficio. c) Declarará la renuncia y se archivará el expediente en todo caso. d) Podrá continuar el procedimiento cuando no se opongan los terceros interesados. 70. La declaración de caducidad: a) Impide al particular mantener su derecho. b) Es automática. c) Se da siempre que transcurran tres meses desde la paralización del expediente. d) No afecta por sí misma al derecho en sí del interesado. 71. El silencio administrativo negativo y positivo del artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a) Vincula a la Administración Pública en todo caso. b) Requiere la denuncia de mora. c) Puede ser alterado legalmente según los casos. d) Son formas anormales de terminación del procedimiento. 72. El silencio negativo: a) Afecta al derecho del particular, que se entiende perdido. b) Exime de la obligación de resolver. c) Se concede en beneficio de la Administración Pública. d) Permite al particular ejercer su derecho en otra instancia. 73. Se entiende que el silencio de la Administración Pública tiene carácter negativo en el siguiente caso: a) Tratándose de solicitudes de concesión de licencias y autorizaciones de instalación de un centro de trabajo. b) En un procedimiento de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. c) Cuando en la normativa de que se trate no se diga nada al respecto. d) En ninguno de los tres casos anteriores. 74. En el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego, la Administración Pública resuelva expresamente: a) Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio. b) Indistintamente, puede rectificar lo concedido o denegarlo. c) Necesariamente ha de confirmar lo conseguido por el silencio. d) Nada de lo expuesto es cierto.


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75. En un plazo de dos meses, cumple éste: a) El último día del segundo mes. b) El día del segundo mes equivalente al en que comenzó el plazo. c) El día del segundo mes equivalente al siguiente en que comenzó. d) A los dos meses justos desde el día siguiente a la notificación del acto. 76. La ampliación de los plazos establecidos puede hacerse: a) De oficio por la Administración Pública. b) A petición de los interesados. c) Previo mutuo acuerdo entre los dos anteriores. d) Las respuestas a y b son correctas. 77. Cuando se conceda, a instancias de un particular, una ampliación de los plazos, ésta no debe exceder de: a) Diez días. b) La mitad del plazo. c) Un tiempo igual al del plazo de que se trate. d) Tres meses en cualquier caso. 78. El plazo para resolver un expediente: a) No excederá de tres meses, como regla general. b) Depende del procedimiento. c) Se deja a la voluntad del funcionario actuante. d) Es de tres meses inexorablemente. 79. Los días inhábiles a lo largo del año son: a) Los domingos y festivos religiosos. b) Las fiestas legalmente establecidas. c) Los domingos y las fiestas legalmente establecidas. d) Los del apartado anterior y aquellos en que así se establezca por decisión del Gobierno de la Nación (por ejemplo, el día de elecciones). 80. La iniciación de los plazos se produce: a) Al día siguiente de la notificación del acto. b) El mismo día de la notificación o publicación del acto. c) Depende de los casos. d) Desde el primer día hábil en que se produce la notificación.

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81. Cuando el último día del plazo sea inhábil: a) Se entenderá que el plazo expira el último día hábil. b) Se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil. c) No tiene trascendencia a efectos de cómputo. d) Podrá pedirse una prórroga del plazo. 82. Un acto dictado fuera de plazo comportará: a) La responsabilidad del funcionario en cualquier caso. b) Su nulidad. c) La producción de sus efectos normales en todo caso. d) Su nulidad en determinados supuestos. 83. En cuanto al personal al servicio de la Administración Pública, la infracción de los plazos en un procedimiento en el que esté actuando: a) Puede suponer su responsabilidad. b) En todo caso ha de exigírsele responsabilidad. c) No tiene trascendencia alguna. d) Nada de lo expuesto es correcto.


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1. a) Siempre. 2. b) No dicta actos administrativos. 3. d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos administrativos. 4. b) Reglados, en parte. 5. a) Que éste puede estar condicionado. 6. a) Publicarse. 7. c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzosamente algunos actos administrativos. 8. b) Acto definitivo. 9. c) Informe emitido en un procedimiento. 10. c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo. 11. b) Posible y lícito. 12. d) Eventual del acto. 13. a) Natural. 14. d) Cuando la Ley lo prescriba.


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15. d) Todos los anteriores deben motivarse. 16. c) Los motivos en que se basa la decisión. 17. b) El particular ha de actuar de forma que se deduzca el conocimiento del contenido de la resolución. 18. b) Requiere previo consentimiento del interesado para hacerse de esta forma. 19. d) Se exige siempre. 20. d) No se lesionen derechos de otras personas. 21. c) Puede ser objeto de impugnación por el particular. 22. a) Desahucio administrativo. 23. c) Cuando lo diga una Ley, o así lo acuerde el órgano encargado de resolverlo, se suspenderá la eficacia del acto. 24. c) No es necesario un previo acto administrativo. 25. c) 2003. 26. c) Funcional y territorial. 27. b) Absoluto. 28. c) Ha de atentarse contra la causa mediata del acto administrativo. 29. a) Vicia el acto de que se trate. 30. b) Debe motivarlo. 31. b) No impide su ejecutividad una vez efectuada. 32. d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto. 33. a) Comporten una obligación no personalísima de hacer. 34. c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas. 35. d) Se dictó el acto anulado. 36. d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en este último caso. 37. a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica. 38. c) Incompetencia funcional. 154


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39. b) Una modalidad de procedimiento declarativo. 40. b) 26 de noviembre de 1992. 41. b) III. 42. a) Agregarse sucesivamente. 43. a) Declarativos. 44. d) Las respuestas b y c son correctas. 45. d) Por sí mismo, como regla general. 46. c) Seguridad jurídica. 47. b) Debe pedirse al particular que los subsane en el plazo de diez días. 48. d) Ningún recurso. 49. b) Cronología, salvo acuerdo expreso y motivado en contrario. 50. d) Órgano administrativo que lo inicie o tramite. 51. d) El titular de la Unidad administrativa. 52. a) Diez días. 53. d) No son tasados. 54. a) Diez días. 55. d) En cualquier momento, antes de la audiencia al interesado. 56. b) 86. 57. c) Potestativa, salvo norma en contrario. 58. d) Obligan a la Administración Pública a estudiarlas y considerarlas en la resolución. 59. b) Facultativos y no vinculantes. 60. a) En todo momento. 61. d) Actúa legalmente, sin que pueda tachársele la incursión en vicio alguno, aunque deberá motivar el acto.


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62. c) Más de diez y menos de treinta días. 63. b) Del interesado y de la Administración Pública, según los casos. 64. d) Es innecesaria cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos por el interesado. 65. d) Puede no darse en determinados supuestos tasados. 66. d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente. 67. d) Nada de lo anterior es cierto. 68. a) Sí. 69. b) Continuará el procedimiento si se inició de oficio. 70. d) No afecta por sí misma al derecho en sí del interesado. 71. c) Puede ser alterado legalmente según los casos. 72. d) Permite al particular ejercer su derecho en otra instancia. 73. b) En un procedimiento de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. 74. c) Necesariamente ha de confirmar lo conseguido por el silencio. 75. b) El día del segundo mes equivalente al en que comenzó el plazo. 76. d) Las respuestas a y b son correctas. 77. b) La mitad del plazo. 78. a) No excederá de tres meses, como regla general. 79. c) Los domingos y las fiestas legalmente establecidas. 80. a) Al día siguiente de la notificación del acto. 81. b) Se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil. 82. d) Su nulidad en determinados supuestos. 83. a) Puede suponer su responsabilidad.

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RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES: CONCEPTO Y CLASES DE RECURSOS 1. Contra una disposición administrativa de carácter general es posible interponer el siguiente recurso administrativo: a) Alzada. b) De revisión. c) Económico-administrativo. d) Ninguno. 2. Contra los actos firmes en vía administrativa el único recurso administrativo que se puede interponer es: a) El de reposición. b) El extraordinario de revisión. c) El de alzada. d) Ninguno. 3. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico: a) No agotan la vía administrativa. b) Son firmes. c) Son susceptibles de recurso de alzada. d) Ponen fin a la vía administrativa.


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4. La indicación del medio a través del cual deben efectuarse las notificaciones, en el escrito de interposición de un recurso administrativo: a) Es obligatoria para el particular. b) No es necesaria. c) Se deja al arbitrio de la Administración Pública. d) Es facultativa para el interesado. 5. Cuando, habiéndose recurrido un acto por vicio de forma, el órgano competente para resolverlo no estime procedente resolver sobre el fondo: a) Se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, como regla general. b) Convalidará dicho vicio. c) Declarará la inadmisibilidad del recurso. d) Optará por alguna de las anteriores medidas. 6. Si el órgano que debe resolver un recurso se encuentra con cuestiones nuevas que no han sido alegadas por los interesados: a) Devolverá el expediente para que se dicte un nuevo acto, teniendo en cuenta dichas cuestiones. b) Decidirá el recurso, aunque se agrave la situación del recurrente, pero dándole previa audiencia. c) No las tendrá en cuenta a la hora de resolver. d) Nada de lo expuesto es correcto. 7. La sustitución del recurso de alzada por un procedimiento de arbitraje: a) Es la regla general. b) Puede ser legal. c) Está prohibido. d) Es nula de pleno derecho. 8. Si el recurso de alzada se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido: a) Lo remitirá al órgano decisor. b) Declarará su inadmisibilidad. c) Lo desestimará. d) Resolverá el mismo. 9. Una circunstancia que debe darse en un acto para que proceda contra el mismo el recurso de alzada es que: a) Agote la vía administrativa. b) No sea definitivo en vía administrativa.

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c) No sea susceptible de otro recurso. d) Sea de trámite no cualificado. 10. El plazo de interposición del recurso de alzada es de: a) Quince días. b) Un mes, si el acto recurrido es expreso. c) Dos meses. d) Depende de los casos. 11. Para que se entienda positivo el silencio administrativo en el recurso de alzada: a) Basta con que no se conteste el recurso en el plazo establecido. b) Ha de no contestarse el recurso que se plantee contra un acto presunto. c) El acto ha de ser no declarativo de derechos. d) Ha de ser un acto contra el que no es posible interponer el recurso de revisión. 12. El plazo para entender desestimado por silencio administrativo el recurso de reposición es de: a) Un mes. b) Tres meses. c) Dos meses. d) Ninguno, al ser el silencio de carácter positivo. 13. Una característica de los actos contra los que es posible interponer recurso de revisión es que son: a) Firmes. b) Susceptibles de recurso ordinario. c) Erróneos desde el punto de vista jurídico. d) Todo lo anterior es cierto. 14. Se puede plantear el recurso de revisión en el plazo de cuatro años desde que se notificó el acto recurrido en el caso de que: a) El acto no sea firme. b) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. c) El recurso se base en cualquiera de los restantes supuestos que la Ley recoge. d) Recaiga sentencia judicial firme declarando la ilegalidad del acto. 15. La terminación presunta del recurso de revisión se dará: a) A los tres meses de su interposición. b) Al mes de su interposición.


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c) No cabe. d) Sólo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho. 16. El recurso de revisión por manifiesto error de hecho debe plantearse: a) A los tres meses desde que se produjo. b) A los cuatro años desde que se conoció. c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. d) No puede darse nunca aisladamente. 17. La revisión de los actos por los recursos administrativos: a) Corresponde a la propia Administración Pública. b) Supone una actuación excepcional por la Administración Pública sobre sus actos firmes. c) Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. d) Se da sólo en supuestos tasados y límites. 18. Para plantear un recurso administrativo: a) Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar. b) Basta con la capacidad de obrar. c) Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre. d) Ha de ostentarse la condición de interesado. 19. Cuando una persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recurso de revisión: a) Deberá desestimarse el recurso por improcedente. b) Deberá notificársele el error para que lo subsane. c) No se admitirá el recurso. d) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter. 20. Cuando existan terceros interesados en un acto recurrido: a) Deben personarse en el expediente que se siga tras el recurso. b) Debe enviárseles copia del recurso, conminándoles a personarse. c) El envío de la copia se efectúa para que realicen, si lo desean, las alegaciones que estimen oportunas. d) Al no ser los que interponen el recurso, no es necesario darles cuenta de éste. 21. La resolución de un recurso: a) Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente. b) Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente.

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c) No es necesario que se motive. d) Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso. 22. La reformatio in peius, en materia de recursos: a) Se admite como regla general. b) Sólo se permite en materia sancionadora. c) Se admite cuando el recurso está claramente infundado. d) Está expresamente prohibida. 23. Como consecuencia del principio de congruencia, al resolver un recurso, la Administración Pública: a) Podrá agravar la situación inicial del recurrente. b) Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente. c) Lo desestimará, manteniendo el acto administrativo. d) Sólo decidirá sobre las cuestiones planteadas por el recurrente sin entrar en otras que deriven del procedimiento. 24. Pone fin a la vía administrativa un acto de un Director General de un Ministerio en la siguiente materia en la que tenga competencia: a) Cualquier materia. b) Una materia que esté descentralizada. c) De personal. d) En ningún caso sus actos ponen fin a esta vía administrativa. 25. El plazo para interponer el recurso de alzada, contra un acto presunto es de: a) Tres meses. b) Quince días. c) Un mes. d) Dos meses. 26. Contra los actos dictados por un Tribunal de Oposiciones: a) No cabe recurso alguno. b) Puede presentarse recurso de alzada ante su Presidente. c) El recurso de alzada debe entablarse ante la autoridad que nombró al Presidente. d) Sólo es posible el recurso de revisión. 27. No es motivo bastante para interponer un recurso de revisión que: a) Se haya incurrido en manifiesto error de hecho al dictar el acto. b) Hubiere mediado cohecho en la resolución.


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c) Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. d) Hayan influido documentos declarados falsos por sentencia judicial firme. 28. El recurso de revisión se plantea en la Administración General del Estado ante el: a) Órgano que dictó el acto. b) Ministro de la Presidencia. c) Ministro correspondiente. d) Presidente del Gobierno de la Nación. 29. Para que pueda entablarse un recurso de revisión por error de hecho, éste: a) Ha de ser declarado por sentencia judicial firme. b) Ha de haberse adoptado por cohecho. c) Ha de derivar de documentos habidos en el expediente. d) Nada de lo anterior es cierto.

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1. d) Ninguno. 2. b) El extraordinario de revisión. 3. d) Ponen fin a la vía administrativa. 4. a) Es obligatoria para el particular. 5. a) Se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, como regla general. 6. d) Nada de lo expuesto es correcto. 7. b) Puede ser legal. 8. a) Lo remitirá al órgano decisor. 9. b) No sea definitivo en vía administrativa. 10. b) Un mes, si el acto recurrido es expreso. 11. b) Ha de no contestarse el recurso que se plantee contra un acto presunto. 12. a) Un mes. 13. a) Firmes. 14. b) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.


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15. a) A los tres meses de su interposición. 16. c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. 17. a) Corresponde a la propia Administración Pública. 18. d) Ha de ostentarse la condición de interesado. 19. d) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter. 20. c) El envío de la copia se efectúa para que realicen, si lo desean, las alegaciones que estimen oportunas. 21. b) Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente. 22. d) Está expresamente prohibida. 23. b) Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente. 24. c) De personal. 25. a) Tres meses. 26. c) El recurso de alzada debe presentarse ante la autoridad que nombró al Presidente. 27. c) Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. 28. a) Órgano que dictó el acto. 29. c) Ha de derivar de documentos habidos en el expediente.

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EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE GASTOS E INGRESOS

1. El Presupuesto, con respecto a los gastos, es un/una: a) Previsión. b) Límite mínimo. c) Límite cuantitativo. d) Cálculo aproximado. 2. Las obligaciones reconocidas y los derechos liquidados se aplicarán a los Presupuestos: a) Por su importe íntegro. b) En ningún supuesto. c) Minorándose. d) Nada de lo anterior es cierto. 3. Las reglas que deben seguirse en la ejecución del Presupuesto se contienen en la/las/los: a) Memoria del mismo. b) Delegaciones de gastos. c) Bases de Ejecución. d) Estudios Financieros.


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4. A la obligación de la Entidad de destinar los créditos al fin específico que se detalle en la plasmación escrita del Presupuesto, sin poder realizar cambios o traslados de los mismos a otros fines no recogidos en el nivel de que se trate se le denomina: a) Regulación de las transferencias de créditos. b) Acumulación de varias fases de la ejecución del Presupuesto. c) Niveles de vinculación jurídica de los créditos. d) Disponibilidad presupuestaria. 5. Debe acompañarse como Anexo al Presupuesto General de una Corporación el/los: a) Presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. b) Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegro de la Entidad. c) Estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles. d) Las respuestas a y b son ciertas. 6. Asimismo, debe unirse como Anexo el/los: a) Niveles de vinculación jurídica de los créditos. b) Presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes de la Entidad. c) Estados de Gastos. d) Planes y programas de inversión y financiación. 7. Las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante en el ejercicio se contienen en/en el: a) Estado de Ingresos. b) Estado de previsión de gastos e ingresos. c) Estado de Gastos. d) Ninguno de ellos. 8. Por su parte, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones ordinarias se contienen en/en el: a) Estado de Ingresos. b) Plan de Inversión. c) Estado de Gastos. d) Todos los anteriores.

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9. El Plan de Inversiones de una Corporación debe coordinarse con el/los: a) Planes de Etapas del Planeamiento Urbanístico. b) Programa Financiero o de Financiación. c) Planes de Inversiones de la Comunidad Autónoma. d) Las respuestas a y b son ciertas. 10. Y debe completarse dicho Plan con el/los: a) Programa de Actuación del Planeamiento Urbanístico. b) Planes de Etapas del citado Planeamiento. c) Planes de Inversión autonómicos. d) Programa Financiero o de Financiación. 11. Este Plan de Inversiones se formula por un plazo de: a) Ocho años. b) Un año, prorrogable uno más. c) Cuatro años. d) Dos años. 12. Y se revisa con carácter: a) Trimestral. b) Anual. c) Bianual. d) Semestral. 13. De este Plan de Inversiones se da cuenta, en un Municipio de régimen común, al/a la: a) Junta de Gobierno Local, al comienzo de cada ejercicio. b) Pleno coincidiendo con la aprobación del Presupuesto. c) Alcalde, cada mes. d) Opinión pública, al finalizar el mandato de la Corporación. 14. Y al revisarlo: a) Se liquida el mismo con carácter definitivo. b) Se le añade un nuevo ejercicio a sus previsiones. c) Censura la gestión de la Corporación. d) Nada de lo anterior es correcto.


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15. Los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General de la Corporación deberán aprobarse: a) Separadamente de éste. b) Con déficit equilibrado. c) Sin déficit inicial. d) Por el Alcalde. 16. Para que, a lo largo del ejercicio económico, no se presente déficit en el Presupuesto: a) Se compensarán en el mismo momento en que se acuerden los decrementos de los créditos y los incrementos de los ingresos. b) Dicha compensación se efectuará respecto de los decrementos de los ingresos y los incrementos de los créditos. c) No se llevará a cabo gasto alguno que lo provoque. d) Se incrementarán los conceptos tributarios vigentes. 17. La estructura de los Presupuestos de las Corporaciones Locales se fija por el: a) Presidente de las mismas. b) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Pleno de ellas. d) Interventor General de Fondos respectivo. 18. Con la estructura de los Presupuestos Locales, aplicable a partir de los del año 2010, no existe la clasificación: a) Por programas. b) Por funciones. c) Económica. d) Están todos ellos. 19. Dentro de la clasificación por programas de los gastos, el Área de Gasto 1 se refiere a la: a) Servicios públicos básicos. b) Actuaciones de carácter económico. c) Actuaciones de carácter general. d) Actuaciones de protección y promoción social. 20. Las áreas de gasto se dividen con carácter inmediato en: a) Grupos de programas. b) Políticas de programas.

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c) Políticas de gasto. d) Capítulos de gasto. 21. En la Clasificación Económica de los Gastos no hay Capítulo: a) De transferencias corrientes. b) Número cinco. c) De gastos financieros. d) De activos financieros. 22. Según la Clasificación Económica, los gastos se clasifican, dentro de las operaciones no financieras, en: a) De obligaciones generales y obligaciones diversas. b) De actividades generales y económicas. c) Por objetivos. d) De operaciones de capital y operaciones corrientes. 23. La política de gasto de los órganos de gobierno de una Corporación Local se incluye en la siguiente área de gasto: a) 1. b) 4. c) 9. d) 0. 24. Por su parte, la Cultura se incluye en la siguiente área de gasto: a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. 25. Las partidas presupuestarias desarrollan, dentro de la Clasificación Económica de los gastos, los/las: a) Subfunciones. b) Subconceptos. c) Programas. d) Artículos. 26. El Capítulo 1 de la Clasificación Económica de los Gastos se refiere a: a) Gastos financieros. b) Transferencias corrientes. c) Gastos de Personal. d) Gastos de servicios. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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27. La adquisición de activos financieros por las Entidades Locales, se recoge en el siguiente Capítulo de la Clasificación Económica de los Gastos: a) 8. b) 9. c) 7. d) 6. 28. Por su parte, dentro de dicha Clasificación, los gastos de indemnizaciones por razón del servicio a los funcionarios se recogen en el siguiente Capítulo: a) Gastos de Personal. b) Gastos en bienes corrientes y de servicios. c) Transferencias corrientes. d) Gastos Financieros. 29. En la Clasificación Económica de los Ingresos, la financiación de las Entidades procedente de la emisión de deuda pública se recoge en el siguiente Capítulo: a) Transferencias corrientes. b) Ingresos patrimoniales. c) Pasivos Financieros. d) Transferencias de capital. 30. El Presupuesto de las Entidades Locales legalmente debe aprobarse definitivamente: a) Antes de concluir el ejercicio económico en el que haya de aplicarse. b) Antes de concluir el ejercicio económico anterior a aquél en que vaya a regir. c) Cuando lo estime oportuno la Corporación. d) En el mes de enero del ejercicio económico a que se refiera. 31. A los efectos anteriores, el Presidente de la Corporación remitirá al Pleno de la misma el proyecto de Presupuesto: a) Antes del 15 de octubre del año anterior al en que va a regir. b) Al finalizar el ejercicio económico anterior. c) Cuando se lo demande el propio Pleno. d) El primer día hábil del mes de enero del ejercicio económico al que se refiera. 32. En el supuesto de que no esté aprobado el Presupuesto antes del primer día del ejercicio económico a que se refiera: a) No puede realizarse gasto alguno hasta que no se efectúe dicha aprobación. b) Incurrirá en responsabilidad contable el Presidente. c) Deberá incoarse expediente de habilitación de créditos. d) Se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior. 170


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33. La formación del Proyecto de Presupuesto, en un Municipio de régimen común, es competencia del: a) Pleno de la Corporación. b) Presidente de la misma. c) Interventor General de Fondos. d) Tesorero. 34. El plazo de exposición al público de un Presupuesto, tras su aprobación inicial es de: a) Treinta días hábiles. b) Quince días hábiles. c) Quince días naturales. d) Un mes. 35. En el supuesto de que el Pleno no resuelva las reclamaciones presentadas en el período de exposición al público del Presupuesto, se: a) Entienden desestimadas las mismas. b) Relega la aprobación definitiva del Presupuesto hasta dicha resolución. c) Incorporan las mismas al Presupuesto. d) Resolverán por el Alcalde, por delegación tácita del primero. 36. Debe insertarse el Presupuesto íntegramente en el: a) Diario de mayor difusión de la Provincia. b) Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere. c) Boletín Oficial de la Provincia. d) Tablón de Edictos de la Corporación. 37. El Presupuesto entrará en vigor desde: a) Su aprobación definitiva por el Pleno. b) La recepción de copia del mismo por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva. c) La publicación en el diario de mayor circulación de la Provincia. d) La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 38. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto el recurso que puede interponerse es: a) Obligatoriamente, el de reposición como previo a la vía contencioso-administrativa. b) Ante el Tribunal de Cuentas. c) El contencioso-administrativo, sin necesidad de previa reposición. d) El económico-administrativo.


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39. El informe del Tribunal de Cuentas está previsto para el supuesto de que: a) El Presupuesto se apruebe fuera del plazo señalado para ello. b) Cuando la impugnación se refiera a la nivelación presupuestaria. c) Se opte por prescindir del período de exposición al público. d) Se lo pida el Presidente de la Corporación. 40. El acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido se denomina: a) Ordenación de pago. b) Disposición de gasto. c) Liquidación de la obligación. d) Autorización del gasto. 41. Cuando haya de efectuarse un gasto que no tenga crédito previsto en el Presupuesto se: a) Hace un nuevo Presupuesto. b) Acude a un suplemento de crédito. c) Acude a un crédito extraordinario. d) Utiliza un crédito no afectado. 42. Para habilitar créditos extraordinarios se requiere el siguiente quórum: a) Dos terceras partes del número legal de miembros de la Corporación. b) Mayoría absoluta del citado número legal de miembros. c) Mayoría simple de los miembros presentes. d) No se requiere quórum alguno, realizándose por Decreto de la Presidencia o Alcaldía. 43. El Remanente Líquido de Tesorería, con el que financiar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, se integra por: a) Mayores ingresos efectivamente recaudados que los previstos. b) Fondos líquidos y derechos pendientes de cobro. c) Anulaciones o bajas de créditos. d) Operaciones especiales de crédito. 44. Se puede acudir a una operación de crédito para dotar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, con el fin de atender nuevos gastos por operaciones corrientes, siempre que la carga financiera de la Entidad no supere el siguiente porcentaje: a) 25 por 100. b) 10 por 100. c) 5 por 100. d) 50 por 100. 172


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45. En este caso, la operación de crédito ha de quedar cancelada: a) Antes de que concluya el ejercicio económico en el que se contraiga. b) Antes de dos años. c) Antes de que se renueve la Corporación. d) Utilizando créditos ampliables. 46. El expediente de habilitación de créditos ha de ser ejecutivo: a) Después de renovarse la Corporación. b) En cualquiera de los ejercicios que de mandato tenga la Corporación. c) En el mismo ejercicio en el que se apruebe. d) Cuando lo estime oportuno el Alcalde, según las necesidades planteadas. 47. El plazo para resolver una reclamación contra un acuerdo de habilitación de créditos por calamidades públicas es de: a) Un mes. b) Quince días. c) Diez días. d) Ocho días. 48. Tiene carácter inmediatamente ejecutivo un acuerdo sobre: a) Habilitación de crédito extraordinario. b) Esta habilitación en caso de catástrofe pública. c) Cualquier suplemento de crédito. d) Ninguno de los anteriores. 49. La modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica se denomina: a) Habilitación de créditos extraordinarios. b) Transferencias de crédito. c) Generaciones de créditos por ingresos. d) Bajas por anulación. 50. El órgano competente para efectuar la liquidación del Presupuesto, en un Municipio de régimen común, es el/la: a) Junta de Gobierno Local. b) Pleno de la Corporación. c) Tribunal de Cuentas. d) Alcalde o Presidente.


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1. c) Límite cuantitativo. 2. a) Por su importe íntegro. 3. c) Bases de Ejecución. 4. c) Niveles de vinculación jurídica de los créditos. 5. c) Estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles. 6. d) Planes y programas de inversión y financiación. 7. a) Estado de Ingresos. 8. c) Estado de Gastos. 9. a) Planes de Etapas del Planeamiento Urbanístico. 10. d) Programa Financiero o de Financiación. 11. c) Cuatro años. 12. b) Anual. 13. b) Pleno coincidiendo con la aprobación del Presupuesto.


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14. b) Se le añade un nuevo ejercicio a sus previsiones. 15. c) Sin déficit inicial. 16. b) Dicha compensación se efectuará respecto de los decrementos de los ingresos y los incrementos de los créditos. 17. b) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 18. b) Por funciones. 19. a) Servicios públicos básicos. 20. c) Políticas de gasto. 21. b) Número cinco. 22. d) De operaciones de capital y operaciones corrientes. 23. c) 9. 24. c) 3. 25. b) Subconceptos. 26. c) Gastos de Personal. 27. a) 8. 28. a) Gastos de personal. 29. c) Pasivos Financieros. 30. b) Antes de concluir el ejercicio económico anterior a aquél en que vaya a regir. 31. a) Antes del 15 de octubre del año anterior al en que va a regir. 32. d) Se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior. 33. b) Presidente de la misma. 34. b) Quince días hábiles. 35. a) Entienden desestimadas las mismas.

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36. b) Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere. 37. d) La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 38. c) Contencioso-administrativo, sin necesidad de previa reposición. 39. b) Cuando la impugnación se refiera a la nivelación presupuestaria. 40. c) Liquidación de la obligación. 41. c) Acude a un crédito extraordinario. 42. c) Mayoría simple de los miembros presentes. 43. b) Fondos líquidos y derechos pendientes de cobro. 44. a) 25 por 100. 45. c) Antes de que se renueve la Corporación. 46. c) En el mismo ejercicio en el que se apruebe 47. d) Ocho días. 48. b) Esta habilitación en caso de catástrofe pública. 49. b) Transferencias de crédito. 50. d) Alcalde o Presidente.


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RECURSOS DE LA HACIENDA LOCAL: CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS ENTIDADES LOCALES. IMPUESTOS OBLIGATORIOS Y POTESTATIVOS: NATURALEZA, HECHO IMPONIBLE, PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. LAS ORDENANZAS FISCALES: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 1. La principal fuente de financiación de las Haciendas Locales son los/las: a) Créditos obtenidos de las instituciones financieras. b) Ingresos de Derecho Privado. c) Tributos propios. d) Prestaciones personales de los vecinos. 2. Nuestra vigente Constitución, respecto de las Haciendas Locales, consagra el principio de: a) Autodeterminación. b) Suficiencia. c) Autonomía. d) Dependencia del Estado. 3. Para alcanzar dicho principio, en relación con los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las Haciendas Locales: a) Se encargarán de gestionarlos y recaudarlos. b) Percibirán las cantidades abonadas por los mismos. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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c) Participarán de los resultados de dichos tributos. d) Determinarán cuáles se implantan en el respectivo territorio de la Entidad Local de que se trate. 4. En cualquier caso, los recursos con que cuenten las Haciendas Locales: a) Han de ser suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades Locales. b) Deben tener carácter tributario. c) Sólo deben gestionarse por las propias Haciendas Locales. d) Todo lo anterior es correcto. 5. Y estos recursos han de estar previstos, previa y originariamente, en un/una: a) Ley de las Cortes Generales. b) Ley de los Parlamentos Autonómicos. c) Ordenanza Fiscal de la propia Entidad. d) Reglamento de carácter general. 6. Es una figura tributaria un/una: a) Precio público. b) Operación de crédito. c) Tasa. d) Subvención. 7. También lo es un/una: a) Precio público. b) Subvención. c) Multa. d) Contribución especial. 8. La potestad tributaria de las Entidades Locales: a) No tiene base legal alguna. b) Es de carácter derivado o secundario. c) En su territorio, tiene mayor valor que la propia del Estado. d) La tienen reservada para la creación de sus propios tributos. 9. En cuanto a la posibilidad de dictar las Entidades Locales normas reglamentarias en esta materia: a) Se manifiesta a través de Reglamentos Generales de Recaudación. b) Se realiza mediante Bandos de los Alcaldes. c) No se le reconoce legalmente. d) Es requisito “sine qua non” para que puedan exigir sus tributos.

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10. La figura a través de la cual se realiza dicha normación en esta materia por una Entidad Local es un/una: a) Ley. b) Ordenanza Fiscal. c) Reglamento General. d) Bando. 11. Respecto de los tributos previamente creados por una Ley estatal como propios de las Entidades Locales, éstas tienen: a) Autonomía para establecerlos y exigirlos. b) Que delegar en el Estado su gestión y recaudación. c) Actuar al dictado de lo que señalen las Comunidades Autónomas respectivas. d) Que ceder su aprovechamiento al propio Estado. 12. En relación con la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, las Entidades Locales pueden: a) Descentralizarlas en Entidades inferiores. b) Concederlas a un particular o una empresa privada con personalidad jurídica. c) Desconcentrarlas en otra Administración Pública. d) Delegarlas en una Entidad Local de ámbito superior. 13. Asimismo, respecto de estas materias y en relación con el Estado, pueden: a) Desconcentrarle las competencias. b) Descentralizarle las mismas. c) Establecer mecanismos de colaboración. d) Delegarle estas competencias. 14. En defecto de su legislación específica, debe aplicarse en esta materia la Ley: a) General Presupuestaria. b) De Presupuestos Generales del Estado de cada año. c) De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. d) General Tributaria. 15. Tienen carácter privado los ingresos procedentes del/de los: a) Tributos en general. b) Tributos del Estado. c) Patrimonio. d) Precios públicos.


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16. Para la cobranza de sus tributos, las Entidades Locales: a) No gozan de privilegios o prerrogativas. b) Tienen los propios del Estado. c) Han de utilizar los servicios propios del Estado. d) Deben constituir Entidades de Crédito. 17. Los ingresos que procedan de los bienes de dominio público local tienen la consideración de: a) Derecho Público. b) Derecho Privado. c) Tributos en cualquier caso. d) Atípicos. 18. En cambio, los rendimientos derivados del patrimonio de las Entidades Locales se consideran ingresos de: a) Derecho Público. b) Derecho Privado. c) Carácter tributario. d) Carácter excepcional. 19. Una condición para considerar de carácter privado los ingresos derivados de un derecho real en favor de una Entidad es que: a) Sean tributarios. b) Dicho derecho real no se halle afecto a un uso o servicio público. c) No posea este tipo de derecho la susceptibilidad de valoración económica. d) Todo lo anterior es correcto. 20. La adquisición de un bien donado por un particular se considera, a estos efectos: a) Ingreso de dominio público local. b) Ingreso de Derecho Público. c) Ingreso de Derecho Privado. d) Contribución especial. 21. Lo que abona un particular por la prestación de un servicio público que le afecta o beneficia, siendo de recepción obligatoria, es un/una: a) Impuesto. b) Contribución especial.

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c) Tasa. d) Precio público. 22. Si dicho servicio público no fuera de recepción obligatoria, el particular abonaría un/una: a) Impuesto. b) Contribución especial. c) Tasa. d) Precio público. 23. En los Municipios de gran población, el titular del órgano de gestión presupuestaria puede ser: a) Un miembro de la Corporación. b) Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal necesariamente. c) Un funcionario de la propia Corporación. d) Ninguno de los anteriores. 24. La Intervención General Municipal, en los Municipios de gran población, ejerce las funciones de: a) Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. b) Contabilidad. c) Tesorería. d) Todas las anteriores son ejercidas por la misma. 25. Cuando una Entidad Local realiza una obra pública, en virtud de la cual un ciudadano experimenta en sus bienes un incremento de valor, puede exigirle el pago de un/una: a) Impuesto. b) Contribución especial. c) Tasa. d) Precio público. 26. En dicho supuesto, la recaudación que se obtenga se destinará a: a) Sufragar obras de beneficencia. b) Pagar los gastos de la obra. c) Incrementar los fondos de la Caja de la Corporación. d) Cualquiera de las anteriores finalidades.


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27. Es de carácter obligatorio su establecimiento y exigencia, para los Ayuntamientos, el Impuesto sobre: a) El Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. b) Circulación de Vehículos. c) Construcciones, Instalaciones y Obras. c) Vehículos de Tracción Mecánica. 28. Asimismo lo es el Impuesto sobre: a) La Radicación. b) Actividades Económicas. c) Construcciones, Instalaciones y Obras. d) El Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 29. En cambio, es potestativo para el Ayuntamiento el establecimiento y exigencia del Impuesto sobre: a) Actividades Económicas. b) Vehículos de Tracción Mecánica. c) Construcciones, Instalaciones y Obras. d) Bienes Inmuebles. 30. Los vehículos gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, han de: a) Pertenecer a una Administración Pública como regla general. b) Ser aptos para circular por vías públicas. c) Ser destinados a su circulación exclusiva por vías privadas. d) Las respuestas b y c son ciertas. 31. La figura impositiva que ha sustituido al desaparecido Impuesto Municipal de Solares es el Impuesto sobre: a) Construcciones, Instalaciones y Obras. b) Actividades Económicas. c) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. d) Bienes Inmuebles. 32. Y la que ha sustituido al Impuesto Municipal sobre la Radicación es el Impuesto sobre: a) Bienes Inmuebles. b) Actividades Económicas.

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c) Construcciones, Instalaciones y Obras. d) Ninguno de los anteriores. 33. Los beneficios fiscales en los tributos locales han de estar reconocidos originariamente: a) Por el Pleno de la Corporación. b) En norma con rango de Ley. c) En la correspondiente Ordenanza Fiscal. d) En la Ley General Tributaria. 34. Tiene el carácter de tributo indirecto el Impuesto sobre: a) Actividades Económicas. b) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. c) Construcciones, Instalaciones y Obras. d) Vehículos de Tracción Mecánica. 35. En el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. a) Se paga dicho incremento por la mera posesión de dichos bienes, unida al transcurso de los años. b) El citado incremento ha de ponerse de manifiesto, por ejemplo, al transmitirse la propiedad del bien de que se trate. c) Se grava cualquier terreno, al margen de su clasificación y calificación urbanística. d) El incremento de que se trata ha de revertir a la colectividad en su integridad. 36. Respecto de las Áreas Metropolitanas está previsto el establecimiento de recargos sobre el siguiente Impuesto: a) Construcciones, Instalaciones y Obras. b) Actividades Económicas. c) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. d) Bienes Inmuebles. 37. En relación con algún tributo de una Entidad Local, hay una previsión legal de establecimiento por otra Entidad de este tipo de un/una: a) Impuesto. b) Participación. c) Recargo. d) Precio Público.


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38. Las operaciones de crédito a que pueden acudir las Entidades Locales no pueden instrumentarse a través de: a) Hipotecas sobre los bienes patrimoniales de la Entidad. b) Emisión de Deuda Pública. c) Sustitución total o parcial de una operación de crédito preexistente. d) Las respuestas a y c son ciertas. 39. Este tipo de crédito ha de ser: a) A medio y largo plazo. b) A corto y largo plazo. c) Destinado a obras de mantenimiento. d) Concertado necesariamente con Entidades Públicas. 40. Por el aprovechamiento especial del dominio público las Entidades Locales han de exigir un/una: a) Contribución especial. b) Precio público. c) Tasa. d) Prestación personal. 41. De los siguientes ingresos, han de destinarse precisamente a los fines por los que se establecen los/las: a) Impuestos. b) Subvenciones. c) Contribuciones especiales. d) Las respuestas b y c son ciertas. 42. El recurso de reposición contra una Ordenanza Fiscal: a) Ha de interponerse a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial. b) Puede interponerse desde el momento mismo de la aprobación definitiva de dicha Ordenanza. c) Ha de basarse en las alegaciones efectuadas en el período de información pública habido en la tramitación de dicha Ordenanza. d) Es inadmisible. 43. Este recurso, en relación con los actos sobre aplicación y efectividad de un tributo local, en un Municipio de régimen común, es: a) Inadmisible. b) Potestativo para el particular.

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c) Obligatorio. d) El único posible en vía administrativa. 44. El ejercicio de la potestad de revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria se reserva al/a la: a) Jurisdicción Contencioso-Administrativa. b) Pleno de la Corporación. c) Presidente de la Corporación. d) Tribunal Económico-Administrativo competente. 45. Para que pueda producirse una compensación de deudas de una Entidad Local: a) Ha de tenerla con un particular necesariamente. b) Debe estar pendiente de exigirse. c) No ha de haberse liquidado, produciéndose esta liquidación al efectuar dicha compensación. d) Nada de lo anterior es correcto. 46. Esta compensación de deudas significa que: a) Entre las Entidades Locales y otras Entidades Públicas se abren unas cuentas en las que ir cargando las que unas y otras se vayan a deber. b) Cuando sean efectivas, líquidas y exigibles las deudas de unas para con otras, pueden extinguirse hasta el montante en que equivalgan sin necesidad de trasvases materiales de dinero. c) Se condonan unas a otras las deudas recíprocas. d) Las tres opciones anteriores son ciertas. 47. Las Ordenanzas Fiscales de un Ayuntamiento se aprueban definitivamente, en su caso, por el/la: a) Administración Tributaria del Estado. b) Respectiva Comunidad Autónoma. c) Diputación Provincial correspondiente. d) Propio Ayuntamiento. 48. El órgano competente para adoptar el acuerdo de aprobación provisional de una Ordenanza Fiscal en un Ayuntamiento es el/la: a) Pleno de la Entidad. b) Presidente de la misma. c) Junta de Gobierno Local. d) Cualquiera de ellos. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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49. El acuerdo de aprobación provisional, además de en el Boletín Oficial de la Provincia, debe anunciarse abriendo el período de información pública, tratándose de un Ayuntamiento de menos de cinco mil habitantes, en: a) El Boletín de la Comunidad Autónoma, si es pluriprovincial. b) Un diario de mayor difusión del Estado. c) Un diario de mayor difusión de la Provincia. d) Nada de lo anterior es cierto. 50. La exposición al público para sugerencias y reclamaciones se efectúa: a) Sólo en los Ayuntamientos de más de diez mil habitantes. b) Tras la aprobación definitiva. c) Antes de esta aprobación (si se han presentado reclamaciones o sugerencias) y después de la aprobación provisional. d) Como trámite previo a cualquier tipo de aprobación. 51. Las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas han sido sustituidas por el Impuesto sobre: a) Bienes Inmuebles. b) Instalaciones y Obras. c) Actividades Económicas. d) Ninguno de ellos. 52. Es facultativa para los Ayuntamientos la implantación del Impuesto sobre: a) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. b) Vehículos de Tracción Mecánica. c) Actividades Económicas. d) Bienes Inmuebles. 53. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se grava, respecto de los terrenos a que se refiere: a) La mera pertenencia a un sujeto pasivo. b) El valor de los mismos. c) Cualquier derecho, real o personal, que se constituya en ellos. d) Todo lo anterior. 54. Y el hecho imponible viene constituido por el/la: a) Propiedad de los bienes inmuebles. b) Titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a que estén afectados.

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c) Valor de los bienes. d) Las respuestas a y b son ciertas. 55. A los efectos de este Impuesto, la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales se define por: a) Cada Ayuntamiento, a través de acuerdo plenario. b) El Plan General de Ordenación urbana vigente en cada Municipio. c) Las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. d) Las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento. 56. Si un mismo inmueble se encuentra localizado en distintos términos municipales, se entenderá, a efectos de este Impuesto, que pertenece: a) Al Municipio de mayor población. b) A cada uno de los Municipios afectados, por partes iguales. c) A cada uno de los Municipios, por la superficie real que ocupe en su término. d) Al Municipio en el que tenga mayor superficie. 57. Para que una carretera esté exenta de este Impuesto debe ser: a) De titularidad privada. b) Patrimonial del Estado. c) De peaje. d) De aprovechamiento público y gratuito. 58. Están exentos de pagar este Impuesto los bienes inmuebles que pertenezcan al/a la: a) Estado. b) Cruz Roja. c) Comunidad Autónoma. d) Todos los anteriores. 59. El valor catastral de los bienes se determinará por el/las: a) Normas del Catastro Inmobiliario. b) Normas de expropiación forzosa. c) Pleno de cada Ayuntamiento. d) Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación. 60. La cuota íntegra se obtiene de aplicar el tipo de gravamen al/ala: a) Hecho imponible. b) Cuota tributaria.


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c) Base liquidable. d) Sujeto pasivo. 61. Una vez hechas en la base imponible las reducciones que procedan, se obtiene el/la: a) Tipo de gravamen. b) Cuota. c) Base liquidable. d) Nada de lo anterior. 62. La bonificación prevista sobre bienes inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de construcción y no figuren entre los bienes de su inmovilizado no puede exceder de: a) Un año desde el comienzo de la construcción. b) Un año desde que se inició la urbanización. c) Tres períodos impositivos a contar desde el siguiente a la iniciación de la urbanización o construcción. d) Las respuestas a y b son correctas. 63. Este Impuesto se devenga: a) El primer día del período impositivo. b) Al final de este período impositivo. c) Con motivo de la venta de los bienes a él sujetos. d) Cada cinco años. 64. La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria en este Impuesto corresponde al/a la: a) Propio Ayuntamiento. b) Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. c) Delegación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cada Provincia. d) Dirección General del Catastro. 65. El Impuesto sobre Actividades Económicas en un tributo: a) Directo y real. b) Directo y personal. c) Indirecto y real. d) Indirecto y personal.

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66. Para que las actividades ganaderas estén gravadas por este Impuesto: a) Han de tener carácter dependiente. b) Deben desarrollarse mediante la estabulación del ganado fuera de las fincas rústicas. c) Ha de tratarse de ganado trashumante o transterminante. d) Las respuestas b y c son correctas. 67. No constituyen hecho imponible de este Impuesto la/las: a) Actividades ganaderas independientes. b) Actividades mineras. c) Venta de productos que se reciben en pago de trabajos personales. d) Ventas reiteradas de artículos al por menor. 68. La cuota tributaria en este Impuesto resulta de: a) Aplicar las tarifas del mismo y, en su caso, el coeficiente e índice acordados por cada Ayuntamiento. b) La realización de la actividad gravada por el mismo. c) Un porcentaje fijo por cada actividad gravada. d) Lo que determine cada año el Presupuesto de cada Ayuntamiento. 69. La liquidación, recaudación y revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto es competencia del/de la a) Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. b) Ayuntamiento respectivo. c) Administración Tributaria del Estado. d) Ninguno de los anteriores. 70. La cifra de negocios que exime de estar sujeto al pago del Impuesto sobre Actividades Económicas en determinados casos, ha de ser inferior a: a) Un millón de euros. b) Dos millones de euros. c) Diez millones de euros. d) No hay fijada una en concreto. 71. En el supuesto de espectáculos aislados, este Impuesto se devenga: a) Globalmente, cada año. b) Considerando los realizados cada semestre. c) Trimestralmente. d) Al realizarse cada uno de ellos.


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72. Con carácter general, el período impositivo en este Impuesto coincide con el: a) Comienzo y fin de cada actividad gravada por el mismo. b) Primer día del año natural. c) Cada año natural. d) Comienzo de la actividad, durante los años que dure. 73. Un vehículo dado de baja por antigüedad, pero autorizado para circular excepcionalmente con ocasión de un certamen o exhibición, a los efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: a) Está sujeto en su integridad. b) Goza de una bonificación del 90 por 100. c) Sólo es gravado proporcionalmente por el tiempo en que sea utilizado en dichos certamen o exhibición. d) No está sujeto. 74. Los coches adaptados para la conducción por disminuidos físicos, a efectos de este Impuesto: a) Están exentos en todo caso. b) Quedan exentos cuando la minusvalía del titular sea igual o superior al 33 por 100. c) Sólo son objeto de una bonificación. d) Están sujetos como cualquier vehículo. 75. Está exento de pagar este Impuesto un vehículo: a) Con permiso temporal. b) De representación diplomática. c) Con matrícula turística. d) Dado de alta. 76. La modificación por los Ayuntamientos de las cuotas fijadas en este Impuesto ha de realizarse en función del/de la/de los: a) Población del Municipio de que se trate. b) Hecho de que el vehículo sea de primera o segunda u otras adquisiciones. c) Caballos fiscales de cada vehículo. d) Concurrencia de cualquiera de los tres supuestos anteriores. 77. En el caso de que a mediados del año se adquiera un vehículo de otro propietario, ya, por lo tanto, matriculado: a) El período impositivo comenzará desde dicho momento. b) Se prorrateará la cuota por trimestres naturales.

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c) El segundo adquirente pagará al Ayuntamiento la parte proporcional que le corresponda. d) Nada de lo anterior es cierto. 78. Si una Comunidad Autónoma establece un Impuesto sobre la materia propia de este sobre Vehículos de Tracción Mecánica: a) Se suprimirá éste en dicha Comunidad Autónoma. b) Sólo será objeto de supresión en los Municipios que así lo acuerden. c) Se reducirá del importe del Impuesto Municipal lo que se pague a la Comunidad Autónoma. d) Se cobrará ambos Impuestos, sin rebaja de tipo alguno. 79. En caso de baja del vehículo durante el año natural, la cuota del Impuesto se: a) Prorratea por semestres. b) Prorratea por trimestres. c) Paga íntegramente. d) Cobra al chatarrista. 80. El hecho de no obtener Licencia de Obras y realizarlas, a los efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: a) No exime de su pago. b) Al no estar fiscalizadas municipalmente dichas obras, no puede quedar sujeto al Impuesto. c) Supone un recargo en el mismo, en el que se contemple la infracción urbanística realizada. d) Las respuestas a y c son correctas. 81. La base imponible en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras está constituida por: a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. b) Un 2 por 100 de dicho coste. c) La mera realización de las actividades gravadas. d) La autoliquidación que efectúen los interesados. 82. El devengo del Impuesto se produce: a) Cuando se pida la Licencia de Obras. b) Al iniciarse la construcción, instalación u obra. c) Al concluirse dichas construcción, instalación u obras. d) El primer día del año natural. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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83. Las Ordenanzas Fiscales pueden regular una bonificación sobre la cuota de este Impuesto, a favor de obras declaradas de interés especial, de cómo máximo hasta el: a) 95 por 100. b) 50 por 100. c) 60 por 100. d) 90 por 100. 84. El sujeto pasivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al transmitirse los mismos, es el: a) Adquirente, si la transmisión es a título lucrativo. b) Adquirente, si la transmisión es a título oneroso. c) Transmitente, si la transmisión es a título lucrativo. d) Adquirente o Transmitente, indistintamente. 85. El incremento puesto de manifiesto en el momento del devengo del Impuesto que se tiene en cuenta en el mismo es el experimentado a lo largo de un período máximo de: a) Cincuenta años. b) Quince años. c) Diez años. d) Veinte años. 86. El tipo de gravamen de este Impuesto será fijado por cada Ayuntamiento sin que pueda exceder del siguiente porcentaje: a) 10 por 100. b) 30 por 100. c) 25 por 100. d) 4 por 100. 87. En el supuesto de constitución de un derecho real de goce limitado del dominio, este Impuesto se devenga por este concepto: a) Al extinguirse dicho derecho real. b) Como consecuencia de la transmisión del inmueble sobre el que se constituye. c) En el momento de la citada constitución. d) En ningún momento. 88. Cuando se trate de actos inter vivos el plazo para presentar la declaración los interesados en este Impuesto es de: a) Dos meses. b) Seis meses. 194


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c) Treinta días hábiles. d) Un año. 89. Si, por el contrario, es un acto mortis causa, este plazo será de: a) Treinta días naturales. b) Un año como mínimo. c) Treinta días hábiles. d) Seis meses. 90. El plazo a que se refieren las dos preguntas anteriores se cuenta a partir de: a) La fecha en que se produzca el devengo del Impuesto. b) Que se produzca efectivamente la declaración. c) Que la Administración requiera a los sujetos interesados. d) Nada de lo anterior es cierto. 91. Los Notarios están obligados a presentar una relación o índice de los documentos por ellos autorizados en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto: a) En la primera quincena del primer mes de cada año, referida al año anterior. b) En la primera quincena de cada semestre, referida al anterior. c) En la primera quincena de cada trimestre, referida al anterior. d) Al final de cada mes. 92. No se puede exigir Tasas: a) Por la expedición de una Licencia de Obras. b) Por la vigilancia pública en general. c) Por prestación de un servicio de recepción obligatoria. d) En ninguno de los supuestos anteriores. 93. Tienen la condición de sustitutos del contribuyente en las Tasas por prestación del Servicio de Extinción de Incendios el/la: a) Propietario del inmueble incendiado. b) Inquilino del mismo. c) Compañía aseguradora del riesgo. d) Cualquiera de los anteriores.


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94. En las Tasas por razón de servicios que beneficien a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles: a) Pueden repercutirlas sobre los mismos. b) Han de pagarlas proporcionalmente con ellos. c) Son los únicos responsables de su pago. d) Son los directamente responsables, actuando dichos ocupantes como sustitutos suyos. 95. Un factor que se puede tener en cuenta al determinar la cuantía de las Tasas es: a) Genéricamente, la capacidad económica de los sujetos obligados. b) Individualmente, dicha capacidad económica. c) El coste del servicio, excluidos los gastos de carácter financiero. d) La inclusión en ella de los gastos financieros sufragados por Contribuciones Especiales. 96. En las Contribuciones Especiales por construcción de galerías subterráneas se consideran especialmente beneficiadas a efectos de la exigencia de las mismas los/las: a) Propietarios de los edificios bajo cuyo suelo se ubiquen. b) Empresas aseguradoras. c) Empresas suministradoras que deban utilizarlas. d) Consumidores finales de los servicios de que se trate. 97. El fraccionamiento en el pago de las Contribuciones Especiales: a) No está permitido. b) Es obligatorio para la Corporación. c) No debe exceder de cinco años. d) No excederá de diez años. 98. La colaboración ciudadana en materia de Contribuciones Especiales está prevista a través de: a) Asociaciones administrativas de consumidores. b) Asociaciones administrativas de contribuyentes. c) Organizaciones de empresas favorecidas por los servicios. d) Cualquiera de las tres formas anteriores. 99. La fijación de los precios públicos puede delegarse, en un Municipio de régimen común, por el/la: a) Alcalde en el Pleno. b) Pleno en la Junta de Gobierno Local. 196


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c) Pleno en el Alcalde. d) Pleno en una empresa. 100. Los precios políticos son: a) Precios públicos por debajo de los límites establecidos con carácter general para los mismos. b) Precios públicos por encima de dichos límites. c) Los que se giran a personas que ostenten representación de este tipo. d) Los girados a instituciones públicas.


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1. c) Tributos propios. 2. b) Suficiencia. 3. c) Participarán de los resultados de dichos tributos. 4. a) Han de ser suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades Locales. 5. a) Ley de las Cortes Generales. 6. c) Tasa. 7. d) Contribución especial. 8. b) Es de carácter derivado o secundario. 9. d) Es requisito “sine qua non” para que puedan exigir sus tributos. 10. b) Ordenanza Fiscal. 11. a) Autonomía para establecerlos y exigirlos. 12. d) Delegarlas en una Entidad Local de ámbito superior. 13. c) Establecer mecanismos de colaboración. 14. d) General Tributaria. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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15. c) Patrimonio. 16. b) Tienen los propios del Estado. 17. a) Derecho Público. 18. b) Derecho Privado. 19. b) Dicho derecho real no se halle afecto a un uso o servicio público. 20. c) Ingreso de Derecho Privado. 21. c) Tasa. 22. d) Precio público. 23. c) Un funcionario de la propia Corporación. 24. a) Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. 25. b) Contribución especial. 26. b) Pagar los gastos de la obra. 27. d) Vehículos de Tracción Mecánica. 28. b) Actividades Económicas. 29. c) Construcciones, Instalaciones y Obras. 30. b) Ser aptos para circular por vías públicas. 31. d) Bienes Inmuebles. 32. b) Actividades Económicas. 33. b) En norma con rango de Ley. 34. c) Construcciones, Instalaciones y Obras. 35. b) El citado incremento ha de ponerse de manifiesto, por ejemplo, al transmitirse la propiedad del bien de que se trate. 36. d) Bienes Inmuebles. 200


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37. c) Recargo. 38. a) Hipotecas sobre los bienes patrimoniales de la Entidad. 39. b) A corto y largo plazo. 40. c) Tasa. 41. d) Las respuestas b y c son ciertas. 42. d) Es inadmisible. 43. d) El único posible en vía administrativa. 44. b) Pleno de la Corporación. 45. d) Nada de lo anterior es correcto. 46. b) Cuando sean efectivas, líquidas y exigibles las deudas de unas para con otras, pueden extinguirse hasta el montante en que equivalgan sin necesidad de trasvases materiales de dinero. 47. d) Propio Ayuntamiento. 48. a) Pleno de la Entidad. 49. d) Nada de lo anterior es cierto. 50. c) Antes de esta aprobación (si se han presentado reclamaciones o sugerencias) y después de la aprobación provisional. 51. c) Actividades Económicas. 52. a) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 53. b) El valor de los mismos. 54. d) Las respuestas a y b son ciertas. 55. c) Las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 56. c) A cada uno de los Municipios, por la superficie real que ocupe en su término. 57. d) De aprovechamiento público y gratuito.


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58. b) Cruz Roja. 59. a) Normas del Catastro Inmobiliario. 60. c) Base liquidable. 61. c) Base liquidable. 62. c) Tres períodos impositivos a contar desde el siguiente a la iniciación de la urbanización o construcción. 63. a) El primer día del período impositivo. 64. a) Propio Ayuntamiento. 65. a) Directo y real. 66. d) Las respuestas b y c son correctas. 67. c) Venta de productos que se reciben en pago de trabajos personales. 68. a) Aplicar las tarifas del mismo y, en su caso, el coeficiente e índice acordados por cada Ayuntamiento. 69. b) Ayuntamiento respectivo. 70. a) Un millón de euros. 71. d) Al realizarse cada uno de ellos. 72. c) Cada año natural. 73. d) No está sujeto. 74. b) Quedan exentos cuando la minusvalía del titular sea igual o superior al 33 por 100. 75. b) De representación diplomática. 76. a) Población del Municipio de que se trate. 77. d) Nada de lo anterior es cierto. 78. a) Se suprimirá éste en dicha Comunidad Autónoma.

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79. b) Prorratea por trimestres. 80. a) No exime de su pago. 81. a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 82. b) Al iniciarse la construcción, instalación u obra. 83. a) 95 por 100. 84. a) Adquirente, si la transmisión es a título lucrativo. 85. d) Veinte años. 86. b) 30 por 100. 87. c) En el momento de la citada constitución. 88. c) Treinta días hábiles. 89. d) Seis meses. 90. a) La fecha en que se produzca el devengo del Impuesto. 91. c) En la primera quincena de cada trimestre, referida al anterior. 92. b) Por la vigilancia pública en general. 93. c) Compañía aseguradora del riesgo. 94. a) Pueden repercutirlas sobre los mismos. 95. a) Genéricamente, la capacidad económica de los sujetos obligados. 96. c) Empresas suministradoras que deban utilizarlas. 97. c) No debe exceder de cinco años. 98. b) Asociaciones administrativas de contribuyentes. 99. b) Pleno en la Junta de Gobierno Local. 100. a) Precios públicos por debajo de los límites establecidos con carácter general para los mismos.


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LA ATENCIÓN AL PÚBLICO: REGLAS BÁSICAS EN EL TRATO CON EL CIUDADANO. LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

1. La atención al ciudadano, como cliente de la Administración pública: a) La ha de realizar el conserje del departamento al que acude el ciudadano. b) Es exclusiva del personal de Servicios. c) La ha de realizar todo el personal de la Administración. d) Se realiza exclusivamente previa cita. 2. El ciudadano, de cara a la Administración es, ante todo: a) Un «administrado». b) Un pagador de impuestos. c) Un ciudadano que necesita de información. d) Una persona. 3. A los ciudadanos presuntuosos hay que tratarlos: a) Pasándonos a su bando. b) Mostrándoles los conocimientos técnicos que poseemos. c) Dando toda clase de detalles que les demuestren que están en un error. d) No compitiendo con ellos e, incluso, llegar a adularlos. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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4. En la atención al ciudadano: a) No importa cómo digamos las cosas, con tal de dar solución válida. b) Debemos citar hasta el más mínimo detalle para que el ciudadano quede bien informado. c) El ciudadano sigue prefiriendo la atención personal. d) Lo importante es sonreír amablemente. 5. La atención e información a los ciudadanos: a) Es función sólo del personal de administración que trata con ellos. b) Es tarea de la Administración, que dicta leyes. c) Es una tarea puntual. d) Es una labor diaria y constitucional. 6. El comportamiento agresivo: a) Se refleja físicamente por el movimiento continuo de manos y brazos. b) Se da cuando una persona no trata de influir en otra. c) Es el que adoptan los ciudadanos cuando están hostiles sobre algo, pero no lo sacan a relucir. d) Comienza y termina con la agresión mediante sólo las manos. 7. El Real Decreto que regula los servicios de información administrativa y atención al ciudadano: a) Es el recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b) Es el 208/96, de 9 de febrero. c) Es el RCL 1997/1918 que crea la Comisión de Información Administrativa. d) Queda recogido en la LOGSE para que, desde niños, sea aplicado a los ciudadanos. 8. Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se han creado para desarrollar el siguiente artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a) 31. b) 35. c) 71. d) 37. 9. Estos servicios se han regulado, con carácter general, por un Real Decreto de: a) 1996. b) 1999.

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c) 2001. d) 2003. 10. La información general administrativa a un ciudadano: a) Ha de ir precedida de la justificación de la legitimación del mismo. b) Es discrecional para la Administración. c) Es la que se suministra sólo a través de grupos sociales o instituciones. d) Nada de lo expuesto es correcto. 11. La información relativa a la identificación de las autoridades y personal al servicio de una Administración Pública: a) Es de carácter general. b) Es obligatoria respecto de cualquier ciudadano. c) Sólo debe facilitarse a los que tengan la condición de interesados. d) A y b son correctas. 12. La información que se refiera a datos de carácter personal que afecten a la intimidad o privacidad de las personas físicas: a) Es de carácter particular. b) Tiene la condición de general. c) Debe ser autorizada por los Tribunales de Justicia. d) Está prohibida en cualquier caso. 13. Las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares, que comporten una interpretación del Derecho positivo, a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración: a) Son un exponente de la información y atención a los ciudadanos. b) Limitan sus efectos a los particulares afectados. c) Han de ser publicadas para ser alegadas, en su caso, por otros interesados. d) Tienen el carácter de fuente del Derecho. 14. La actuación del personal de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba respecto de las barriadas es una manifestación de principio de: a) Jerarquía. b) Delegación. c) Descentralización. d) Desconcentración.


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15. El personal de la Oficina citada en la pregunta anterior, a salvo de su Jefe, recibe el nombre de: a) Inspectores de información. b) Gestores-Auxiliares. c) Informadores-Auxiliares. d) Informadores-Gestores. 16. La información relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas: a) Se considera de carácter general. b) Se limita al ámbito estrictamente interno en la Administración de que se trate. c) Es particular y, por ello, sólo se puede suministrar a los interesados en el procedimiento. d) Puede limitarse por cuestiones de seguridad pública. 17. Las iniciativas y sugerencias formuladas por los ciudadanos o por los propios empleados públicos que se presenten en las Oficinas y Centros de Información Administrativa se tramitarán mediante: a) Papel común. b) Instancias oficiales. c) Escrito suscrito por Abogado y Procurador. d) Las hojas del Libro de Quejas y Sugerencias. 18. Las peticiones de particulares ante la Administración en las que no figure el destinatario o conste erróneamente: a) Se archivan sin más trámite. b) Ha de ser subsanadas por el particular interesado en el plazo de diez días hábiles. c) Se cursarán por las oficinas de información al órgano competente en la materia a que se refieran. d) Se consideran una manifestación del derecho de petición, por lo que sólo hay que acusar recibo de las mismas. 19. La norma reglamentaria que regula los servicios de información administrativa y atención al ciudadano regula al mismo tiempo: a) Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. b) El régimen de recursos contra los actos de la Administración Pública. c) El Libro de Quejas y Sugerencias. d) La figura del Defensor del Ciudadano.

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20. Al cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos, se le denomina: a) Derecho de petición. b) Derecho de amparo. c) Requerimiento administrativo. d) Información administrativa. 21. La información concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación: a) Es de carácter particular, pero puede darse indiscriminadamente. b) Sólo puede suministrarse a los interesados en los mismos y a sus representantes. c) No puede darse hasta el momento inmediatamente anterior a la resolución de los mismos. d) No puede canalizarse en conexión con otras oficinas o unidades de información administrativa. 22. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal es: a) Ordinaria. b) Orgánica y de 1999. c) De aplicación exclusiva en el ámbito estatal. d) De aplicación supletoria para las Administraciones Públicas no estatales.


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1. c) La ha de realizar todo el personal de la Administración. 2. d) Una persona. 3. d) No compitiendo con ellos e, incluso, llegar a adularlos. 4. c) El ciudadano sigue prefiriendo la atención personal. 5. d) Es una labor diaria y constitucional. 6. a) Se refleja físicamente por el movimiento continuo de manos y brazos. 7. b) Es el 208/96, de 9 de febrero. 8. b) 35. 9. a) 1996. 10. d) Nada de lo expuesto es correcto. 11. c) Sólo debe facilitarse a los que tengan la condición de interesados. 12. a) Es de carácter particular. 13. c) Han de ser publicadas para ser alegadas, en su caso, por otros interesados. 14. d) Desconcentración.


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15. d) Informadores-Gestores. 16. a) Se considera de carácter general. 17. d) Las hojas del Libro de Quejas y Sugerencias. 18. c) Se cursarán por las oficinas de información al órgano competente en la materia a que se refieran. 19. c) El Libro de Quejas y Sugerencias. 20. d) Información administrativa. 21. b) Sólo puede suministrarse a los interesados en los mismos y a sus representantes. 22. b) Orgánica y de 1999.

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EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. INFORMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 1. Los Libros del Registro General de una Corporación: a) Podrán salir de la misma cuando se requiera su inspección judicial. b) Son secretos. c) Se constituyen a través de la agregación de los Libros de Registro singulares de cada Dependencia. d) Nada de lo anterior es cierto. 2. El acceso a los Libros del Registro General por parte de un particular se efectúa a través de: a) Consulta de los mismos en el lugar en que se hallen. b) Certificación de su contenido. c) Autorización judicial necesariamente. d) Las respuestas a y b son correctas. 3. El Registro General, a efectos de mejor acceso de los ciudadanos, puede: a) Constituirse separadamente en cada Dependencia o Centro de la Corporación. b) Ser objeto de desconcentración, en función de las peculiares características de la organización de los servicios de la Corporación. c) Descentralizarse. d) Gestionarse privadamente, como otros servicios de la Corporación. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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4. Una vez remitido al Registro General de Salida un documento para su expedición al exterior, el Encargado del Registro: a) Devolverá el documento, una vez inscrito y numerado, a la Dependencia de origen, para que se efectúe el traslado por ella. b) Lo cursará a su lugar de destino, devolviendo a la Dependencia de origen una minuta en la que conste la fecha y número de asiento. c) Lo entregará a la Secretaría General. d) Archivará sin más trámites. 5. La entrega de un recibo o de copia sellada del documento que acceda al Registro: a) Es obligatoria por parte del Registro, cuando se solicite por el interesado. b) Está gravada con una Tasa municipal. c) No puede hacerse, salvo orden del Presidente de la Corporación. d) Es graciable. 6. Cualquier comunicación expedida por una Corporación Local, que dé traslado de un acuerdo de la misma, ha de ir firmada por el: a) Jefe de la Dependencia del Registro General. b) Presidente de la Corporación. c) Secretario General de la misma. d) Jefe de la Dependencia donde se tramitó el expediente a que se refiera. 7. Si la comunicación se dirige a una Autoridad, debe expedirse por el/los: a) Presidente de la Corporación. b) Secretario General. c) Dos anteriores en unidad de acto. d) Órgano colegiado del que emane. 8. Cuando un particular presente en el Registro General un escrito sin acompañarlo de los documentos exigidos en el supuesto de que se trate: a) Se rechazará el mismo. b) No se registrará, aunque se quede en esta Dependencia, hasta que aporte dichos documentos. c) Será requerido para que acompañe estos documentos. d) Se declarará el archivo del expediente. 9. El Registro General de una Entidad debe abrirse: a) Todos los días. b) Sólo los hábiles. c) Durante toda la jornada laboral. d) Durante esta jornada, permaneciendo el resto del tiempo un retén. 214


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10. Los Libros del Registro General de un Ayuntamiento pueden salir de la Corporación: a) Cuando lo decrete el Alcalde y por resolución judicial. b) Con autorización del Secretario General. c) Para su custodia. d) En ningún caso. 11. Respecto de estos Libros se pueden expedir: a) Certificaciones. b) Notificaciones. c) Asientos. d) Oficios. 12. Las certificaciones de los asientos de los Libros del Registro General las autoriza el: a) Presidente. b) Secretario General. c) No son posibles. d) Encargado del Registro. 13. La clasificación y distribución de los documentos del Registro es competencia legal del/de los: a) Ordenanzas. b) Secretario General. c) Encargado del Registro. d) Presidente de la Corporación. 14. Los Registros Parciales en la Administración Local: a) Están prohibidos. b) Existen en las distintas Oficinas. c) Se centralizan por áreas. d) Se llevan por cada funcionario. 15. El número de orden de un documento se refiere a/al: a) Su fecha de despacho. b) Orden para su tramitación cronológica. c) La entrada o salida del Registro. d) Día en que recae resolución. 16. En las minutas que se devuelven a los Negociados se: a) Estampará el número de salida del documento a que se refieran. b) Señalará la fecha de recepción del documento por su destinatario. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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c) Certificará si se han producido reclamaciones o recursos. d) Determinarán las Tasas a abonar por el interesado. 17. En la copia que conserva el particular de un documento ingresado en el Registro debe: a) Señalarse la fecha de entrada sólo. b) Expresarse un extracto del documento. c) Fijarse el número de orden concedido al documento. d) Las tres cosas anteriores. 18. Si no se subsanan los defectos de la presentación de un documento en el plazo de diez días, se: a) Declara la caducidad del expediente. b) Requiere de nuevo al particular. c) Archiva el documento. d) Declara el pase al archivo del documento. 19. El cotejo de documentos corresponde legalmente al/a la: a) Encargado del Registro. b) Secretario General. c) Asesoría Jurídica. d) Presidencia de la Corporación. 20. La inutilización de los reintegros se efectúa: a) Sellándolos con la fecha de entrada. b) En Tesorería. c) Destruyéndolos. d) Al resolver la solicitud. 21. La fijación de la hora de entrada de un documento en el Registro, en el recibo que se expida por éste: a) No es necesaria. b) Es facultativa. c) Es obligatoria, si se pide. d) No tiene valor alguno. 22. No serán objeto de registro: a) Los escritos administrativos. b) Las solicitudes para subvenciones.

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c) Las peticiones formales. d) La documentación de naturaleza informativa. 23. La documentación no deberá ser compulsada por: a) El personal destinado en las oficinas que presten el servicio de registro. b) El personal destinado en el órgano en el que se tramite o vaya a tramitar el procedimiento. c) El personal del órgano que haya emitido la documentación. d) El personal adscrito a cualquier oficina de la Administración. 24. Los documentos que sean presentados o recibidos en las oficinas que realicen las funciones de registro: a) Serán previamente fiscalizados. b) Serán objeto de asiento. c) Se entregarán siempre con copia. d) Deberán ser compulsados. 25. El Registro General de una Entidad debe abrirse: a) Todos los días. b) Sólo los hábiles. c) Durante toda la jornada laboral. d) Durante esta jornada, permaneciendo el resto del tiempo un retén. 26. Respecto de estos Libros se pueden expedir: a) Certificaciones. b) Notificaciones. c) Asientos. d) Oficios. 27. Las certificaciones de los asientos de los Libros del Registro General las autoriza el: a) Presidente. b) Secretario. c) No son posibles. d) Encargado del Registro. 28. La clasificación y distribución de los documentos del Registro es competencia legal del/de los: a) Ordenanzas. b) Secretario.


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c) Encargado del Registro. d) Presidente de la Corporación. 29. Si no se subsanan los defectos de la presentación de un documento en el plazo de diez días, se: a) Declara la caducidad del expediente. b) Requiere de nuevo al particular. c) Archiva el documento. d) Declara el pase al archivo del documento.

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1. d) Nada de lo anterior es cierto. 2. d) Las respuestas a y b son correctas. 3. b) Ser objeto de desconcentración, en función de las peculiares características de la organización de los servicios de la Corporación. 4. b) Lo cursará a su lugar de destino, devolviendo a la Dependencia de origen una minuta en la que conste la fecha y número de asiento. 5. a) Es obligatoria por parte del Registro, cuando se solicite por el interesado. 6. c) Secretario General de la misma. 7. a) Presidente de la Corporación. 8. c) Será requerido para que acompañe estos documentos. 9. b) Sólo los hábiles. 10. d) En ningún caso. 11. a) Certificaciones. 12. b) Secretario General. 13. c) Encargado del Registro.


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14. b) Existen en las distintas Oficinas. 15. c) La entrada o salida del Registro. 16. a) Estampará el número de salida del documento a que se refieran. 17. c) Fijarse el número de orden concedido al documento. 18. c) Archiva el documento. 19. a) Encargado del Registro. 20. a) Sellándolos con la fecha de entrada. 21. c) Es obligatoria, si se pide. 22. d) La documentación de naturaleza informativa. 23. d) El personal adscrito a cualquier oficina de la Administración. 24. b) Serán objeto de asiento. 25. b) Sólo los hábiles. 26. a) Certificaciones. 27. b) Secretario. 28. c) Encargado del Registro. 29. c) Archiva el documento.

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EL ARCHIVO, CLASES DE ARCHIVOS. PRINCIPALES CRITERIOS DE ORDENACIÓN. EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS AL ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS

1. Las normas de clasificación que permiten ordenar un archivo deben cumplir con el requisito de: a) Economía. b) Sencillez. c) Rapidez de localización. d) Todas las opciones anteriores son correctas. 2. Los componentes de un archivo son: a) Las carpetas, las guías, las fichas, los bucks, los ficheros y los archivadores tipo z. b) Los documentos en diferentes formatos. c) Los archivadores tipo z, las guías falta y los nucks. d) Las opciones b y c son correctas. 3. No es función del archivo: a) Recibir. b) Modificar. c) Conservar. d) Servir.


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4. Las transferencias de archivos pueden ser: a) Directas o indirectas. b) Ordinarias y extraordinarias. c) Las dos respuestas anteriores son correctas. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 5. La necesidad de custodiar la documentación en las mejores condiciones, se refiere a la función de: a) Archivar. b) Transferir. c) Egresar. d) Conservar. 6. La función de servir se concretiza en: a) El ingreso de documentos. b) La conservación de documentos. c) La salida de archivo. d) Ninguna de las anteriores. 7. En los archivos temáticos: a) El elemento característico es la materia específica de un conjunto de documentos. b) No responden estrictamente al concepto de archivo. c) Su naturaleza artificiosa es más propia de colecciones. d) Todas las opciones anteriores son correctas. 8. Entre los archivos públicos hay que distinguir: a) Público, concertado y semi-privado. b) Estatal, autonómico, local, judicial y militar. c) Locales, territoriales o regionales. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 9. No forma parte del tratamiento de la documentación de los archivos de gestión la: a) Detección de datos. b) Formación de expedientes. c) Clasificación. d) Transferencia de fondos.

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10. La clasificación funcional: a) Se utiliza en los archivos administrativos de instituciones vigentes. b) Se utiliza cuando se trata de fondos documentales de gran amplitud cronológica. c) Se utiliza en distintos tipos de archivos al emplear una estructura de clasificación menos rígida. d) Incluye los organigramas. 11. Hay tres tipos de fechas o datas de redacción de los documentos: a) Histórica, de serie y archivística. b) Cronológica, tópica e histórica. c) Cronológica, seriada y de clases. d) Tópica, de sección y de serie. 12. Es una operación relacionada con la ordenación: a) El seriado. b) El desdoble. c) La reagrupación. d) La selección. 13. Un archivo puede prestar el siguiente servicio: a) Probatorio. b) Base de datos. c) Medio de consulta. d) Todas las opciones anteriores son correctas. 14. El derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y documentos que obren en un archivo administrativo se permite respecto de: a) Todo tipo de documentos. b) Los procedimientos en curso. c) Los procedimientos conclusos. d) Los que ostenten la condición de interesados exclusivamente. 15. No puede ser ejercido el derecho de acceso a un archivo o registro público en el caso de que: a) Contenga información sobre la Seguridad del Estado. b) Sirva a fines exclusivamente estadísticos. c) Se trate del Registro General de Penados y Rebeldes. d) En ninguno de los anteriores casos.


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16. Como regla general, el acceso a los archivos y registros administrativos: a) Se puede solicitar genéricamente para toda clase de documentos. b) Debe efectuarse indicando a qué documentos quiere accederse. c) Está restringido a los que sean interesados. d) Es libre, sin límite alguno, sea cual fuere el archivo o registro. 17. Si se formula una solicitud genérica de acceso a una materia o conjunto de materias de un Archivo administrativo: a) Deberá negarse. b) Sólo se permitirá cuando el solicitante sea un investigador acreditado. c) La Administración podrá o no acceder a la misma. d) Ha de permitirse en todo caso. 18. Las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del Derecho positivo: a) No pueden ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración. b) Vinculan en todo caso a la Administración en las sucesivas consultas similares que pudieran planteársele. c) Han de ser corroboradas por los órganos jurisdiccionales para que tengan valor vinculante. d) Deben publicarse regularmente. 19. Se rige por sus disposiciones específicas el acceso a los Archivos: a) En los que se contengan actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. b) Que contengan información sobre la Seguridad del Estado. c) Regulados por la legislación del régimen electoral. d) Nada de lo expuesto es correcto. 20. El acceso al Registro de Penados y Rebeldes: a) Está prohibido para preservar los datos contenidos en el mismo. b) Sólo se permite a la Administración de Justicia, a los efectos de su trabajo jurisdiccional. c) Es libre para cualquier ciudadano. d) Se rige por sus disposiciones específicas.

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TEST N.º 16

21. El acceso a los documentos obrantes en los archivos administrativos por parte de un Senador a los efectos del ejercicio de su cargo: a) Se rige por sus disposiciones específicas. b) Está prohibido. c) Es similar al de cualquier otro ciudadano en cuanto a su procedencia. d) Debe ser previamente autorizado por la Mesa del Senado. 22. Está expresamente prohibido el acceso a expedientes relativos a/al: a) Materias protegidas por el secreto comercial o industrial. b) Materias clasificadas. c) Registro Civil. d) Las respuestas a y b son correctas. 23. La denegación del acceso a un registro administrativo: a) Ha de motivarse. b) Puede efectuarse de forma oral. c) Puede producirse cuando prevalezcan razones de interés público. d) Las respuestas a y c son ciertas.


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1. d) Todas las opciones anteriores son correctas. 2. a) Las carpetas, las guías, las fichas, los bucks, los ficheros y los archivadores tipo z. 3. b) Modificar. 4. c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 5. d) Conservar. 6. c) La salida de archivo. 7. d) Todas las opciones anteriores son correctas. 8. b) Estatal, autonómico, local, judicial y militar. 9. a) Detección de datos. 10. b) Se utiliza cuando se trata de fondos documentales de gran amplitud cronológica. 11. b) Cronológica, tópica e histórica. 12. b) El desdoble. 13. d) Todas las opciones anteriores son correctas.


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14. c) Los procedimientos conclusos. 15. a) Contenga información sobre la Seguridad del Estado. 16. b) Debe efectuarse indicando a qué documentos quiere accederse. 17. c) La Administración podrá o no acceder a la misma. 18. d) Deben publicarse regularmente. 19. c) Regulados por la legislación del régimen electoral. 20. d) Se rige por sus disposiciones específicas. 21. a) Se rige por sus disposiciones específicas. 22. a) Materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 23. d) Las respuestas a y c son ciertas.

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TEST N.º 17

LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. VIGILANCIA DE LA SALUD. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

1. La labor de velar “por la seguridad e higiene en el trabajo”, confiada a los poderes públicos, es un principio rector de la política social y económica, que establece la Constitución española en su artículo: a) 40.2. b) 39. c) 33. d) 5. 2. Además de la Constitución Española, en qué norma de las siguientes se contempla la seguridad e higiene en el trabajo como un derecho y un deber de los trabajadores: a) En el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. b) En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. c) En la Ley de Procedimiento Laboral. d) En la Ley General de Sanidad.


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3. El pilar fundamental del desarrollo de la Constitución española sobre la necesidad de contemplan una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, viene constituido por: a) El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. b) El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. c) Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 4. Respecto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no es correcto afirmar que: a) Al tratarse de una Ley cuyo objetivo fundamental es la prevención, se promueve el fomento de una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos. b) La ley contempla la participación de los trabajadores como algo secundario y no esencial, otorgando a la negociación colectiva escasas funciones en la labor de articular los instrumentos de participación de los trabajadores. c) Ha venido a dar un nuevo enfoque a la prevención de los riesgos laborales, no limitándose a contemplar un conjunto de deberes a cumplir por el empresario, o a rectificar acciones de riesgo ya producidas, sino que se pone de manifiesto dentro del conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el inicio del proyecto empresarial. d) Ha sufrido como principal reforma, la del marco normativo de la prevención de riesgos laborales introducida por la ley 54/2003, de 12 de diciembre. 5. Las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: a) Tienen el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible. b) No pueden ser mejoradas y desarrolladas mediante la negociación colectiva. c) A pesar de su carácter de indisponibilidad, sí es posible que los trabajadores pacten sobre su renuncia a los derechos que contiene. d) Son de obligado cumplimiento para los empresarios pero no contienen obligaciones para los trabajadores. 6. La regulación actual tiene un ámbito de aplicación referido a: a) Las relaciones laborales reguladas por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. b) Las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas. c) Los fabricantes, importadores y suministradores, y trabajadores autónomos, sin perjuicio de sus obligaciones específicas. d) Todas son correctas.

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7. La normativa de prevención de riesgos laborales no será de aplicación a: a) A los centros y establecimientos militares, con las particularidades previstas en su normativa específica. b) Los establecimientos penitenciarios. c) Las sociedades cooperativas, en las que existan socios con prestación de su trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. d) Aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero. 8. La normativa de prevención de riesgos laborales no es de aplicación al servicio del hogar familiar porque: a) Es un régimen especial de la Seguridad Social y cae fuera del ámbito del régimen general. b) Así lo impone el artículo 3.a) de la Directiva 89/391/CEE. c) Las personas que trabajan al servicio del hogar familiar no tienen la consideración de trabajadores. d) La normativa de prevención de riesgos laborales sí es de aplicación al servicio del hogar familiar. 9. Por riesgo laboral se entiende: a) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. b) Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos “potencialmente peligrosos”. c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. d) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 10. El Reglamento de los Servicios de Prevención se regula por: a) El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. b) El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. c) El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. d) El Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. 11. Para el cumplimiento de los objetivos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales prevé, las Administraciones Públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de: a) Promover la prevención y el asesoramiento, incluidas la asistencia y cooperación técnica, información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas. b) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control.


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c) Sancionar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos responsables de su aplicación. d) Todas las respuestas son correctas. 12. El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando se trate de una empresa que cuente con más de: a) 100 trabajadores. b) 500 trabajadores. c) 1000 trabajadores. d) 50 trabajadores. 13. No es una modalidad de organización preventiva: a) Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. b) Designación de trabajadores para la actividad preventiva. c) Creación de servicios de prevención propios. d) Solicitud de técnicos al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 14. En cuanto al derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales, no es correcto afirmar que: a) Conlleva la existencia de un correlativo deber del empresario así como un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. b) El empresario deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la constitución de una organización y de dotación de los medios necesarios. c) El empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. d) El empresario llevará a cabo la evaluación de riesgos y la adopción inicial de medidas preventivas sin que sea obligatorio desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva. 15. No se encuentra entre los principios de la acción preventiva: a) Evaluar todos los riesgos, incluso los que sea evitables. b) Adaptar el trabajo a la persona, en cuanto a la elección de equipos y métodos de trabajo y producción. c) Planificar la prevención. d) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 16. Sobre los principios de la acción preventiva es cierto que: a) El empresario no podrá concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar la previsión de riesgos derivados del trabajo.

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b) La acción preventiva se planificará por el empresario a partir de una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, que se realizará por los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con carácter general según la naturaleza de la actividad y en base a los posibles riesgos especiales. c) Cuando cambien las condiciones de trabajo no se debe actualizar la evaluación de riesgos inicial, sino realizar una evaluación nueva. d) Las actividades de prevención como consecuencia de la evaluación de riesgos deberán ser modificadas por el empresario cuando se detecte su inadecuación a los fines de protección, o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. 17. Respecto de los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones no resulta cierto que: a) Se deben limpiar periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. b) Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan su limpieza y mantenimiento. c) Se deben eliminar con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. d) Deben ser objeto, en todo caso, de un mantenimiento semanal. 18. ¿Quién debe adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores reciban información sobre los riesgos para su seguridad y salud? a) El Comité de Seguridad e Higiene. b) Los Delegados de Prevención. c) El empresario. d) La Autoridad Laboral competente en materia de seguridad y salud laboral. 19. La información que en materia de seguridad y salud laboral deben recibir los trabajadores debe abarcar: a) Los riesgos para la seguridad y la salud. b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables. c) Las medidas que se deben aplicar en situaciones de emergencia. d) Todas las respuestas con correctas. 20. No es una característica de la formación preventiva que deben recibir los trabajadores: a) Debe ser teórica y práctica. b) Debe ser suficiente y adecuada.


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c) Debe impartirse tanto en el momento de la contratación del trabajador como cuando se produzcan cambios en las funciones que se desempeñen. d) Su coste debe ser sufragado por los trabajadores y sus representantes. 21. La formación preventiva debe impartirse a los trabajadores: a) Siempre dentro de la jornada de trabajo. b) Siempre por la empresa con medios propios. c) Sin que su coste recaiga en los trabajadores. d) Siempre por los mandos intermedios de la empresa. 22. Para las medidas de emergencia: a) El empresario debe adoptar las medidas y dar instrucciones necesarias para que los trabajadores no puedan interrumpir su actividad. b) No podrá exigirse que los trabajadores reanuden la actividad mientras persista el peligro. c) El empresario debe disponer lo necesario para que el trabajador no pueda adoptar por sí mismo las medidas necesarias para evitar las consecuencias del peligro. d) El empresario debe analizar las posibles situaciones de emergencia sin que tenga que designar para ello personal encargado de poner en práctica las medidas adoptadas porque esta laboral tendrá que ser asumida por los técnicos del servicio de prevención con el que se haya contratado. 23. Cuando el trabajador considere que la actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud: a) Debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de sus superiores jerárquicos sin que pueda suspender su actividad. b) Debe ponerlo inmediatamente en conocimiento del servicio de prevención con el que la empresa tenga contratada la prevención de riesgos laborales. c) Debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Autoridad Laboral. d) Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. 24. La vigilancia de la salud requiere que el trabajador preste su consentimiento con una excepción: a) Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, y previo informe de los representantes de los trabajadores. b) Cuando den el oportuno permiso los representantes de los trabajadores.

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TEST N.º 17

c) Cuando otorgue el correspondiente permiso la Autoridad Laboral competente en materia de seguridad y salud laboral. d) Cuando el contrato que tenga concertado el trabajador con la empresa sea temporal. 25. Los resultados de la vigilancia de la salud: a) No serán comunicados a nadie, sino que dicha información es de exclusivo uso por el Servicio de Prevención. b) Deben ser comunicados a los trabajadores afectados. c) Deben mantenerse archivados en la empresa a disposición de la Autoridad Laboral por un plazo de quince años. d) Pueden ser utilizados libremente por el Comité de Seguridad e Higiene. 26. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas: a) Estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, estableciendo los medios de coordinación necesarios en cuanto a protección, prevención, e información a sus respectivos trabajadores. b) El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que los otros empresarios, que desarrollan actividades en su centro, reciban la información e instrucciones necesarias en relación con los riesgos, medidas de protección y prevención, medidas de emergencia a aplicar, etc. c) La misma dinámica de actuación descrita en las letras a) y b) deberá aplicarse en los supuestos de empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios que se desarrollen en sus propios centros de trabajo. d) Todas las respuestas son correctas. 27. Respecto de la protección de la maternidad no es correcto decir que: a) La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto. b) El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo (incluida la no realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos). c) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo permiso concedido por el empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. d) El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a esos efectos.


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TEST N.º 17

28. En relación con las obligaciones en materia de seguridad y salud, los trabajadores no deben: a) Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad. b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. c) Informar de inmediato a la Autoridad Laboral y al Comité de Seguridad e Higiene acerca de cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores. d) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y sin riesgos. 29. Respecto de la información, consulta y participación de los trabajadores: a) El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación en el marco de las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. b) El empresario deberá asumir todas las iniciativas que los trabajadores tengan respecto a la prevención de riesgos laborales. c) En las empresas en que existan representantes de los trabajadores, la información se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 30. En una empresa con 570 trabajadores, deberán existir: a) 6 Delegados de Prevención. b) 5 Delegados de Prevención. c) 8 Delegados de Prevención. d) 4 Delegados de Prevención.

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1. a) 40.2. 2. b) En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 3. c) Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 4. b) La ley contempla la participación de los trabajadores como algo secundario y no esencial, otorgando a la negociación colectiva escasas funciones en la labor de articular los instrumentos de participación de los trabajadores. 5. a) Tienen el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible. 6. d) Todas son correctas. 7. d) Aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero. 8. b) Así lo impone el artículo 3.a) de la Directiva 89/391/CEE. 9. c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 10. a) El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 11. d) Todas las respuestas son correctas. 12. b) 500 trabajadores.


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TEST N.º 17

13. d) Solicitud de técnicos al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 14. d) El empresario llevará a cabo la evaluación de riesgos y la adopción inicial de medidas preventivas sin que sea obligatorio desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva. 15. a) Evaluar todos los riesgos, incluso los que sea evitables. 16. d) Las actividades de prevención como consecuencia de la evaluación de riesgos deberán ser modificadas por el empresario cuando se detecte su inadecuación a los fines de protección, o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. 17. d) Deben ser objeto, en todo caso, de un mantenimiento semanal. 18. c) El empresario. 19. d) Todas las respuestas con correctas. 20. d) Su coste debe ser sufragado por los trabajadores y sus representantes. 21. c) Sin que su coste recaiga en los trabajadores. 22. b) No podrá exigirse que los trabajadores reanuden la actividad mientras persista el peligro. 23. d) Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. 24. a) Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, y previo informe de los representantes de los trabajadores. 25. b) Deben ser comunicados a los trabajadores afectados. 26. d) Todas las respuestas son correctas. 27. c) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo permiso concedido por el empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

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28. c) Informar de inmediato a la Autoridad Laboral y al Comité de Seguridad e Higiene acerca de cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores. 29. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 30. d) 4 Delegados de Prevención.


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TEST N.º 18

LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA 1. La Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, establece como estrategias en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres: a) La lucha contra la discriminación salarial. b) La transversalidad de género. c) La representación equilibrada. d) Las opciones b y c son correctas. 2. En el Tratado de Roma (1957) quedó consagrado: a) El promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, introduciendo este principio en todas las políticas y en todos los programas. b) El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo. c) Las opciones a y b son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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3. La Constitución Española de 1978 establece de forma expresa el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en: a) Artículo 14. b) Artículo 25. c) Artículo 9. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 4. La ley que constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad a nivel estatal es: a) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de discriminación por razón de sexo. b) Ley 27/2003, de 31 de julio, de fomento de la Igualdad. c) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 5. Actualmente se encuentra vigente a nivel estatal el: a) V Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (2006-2010). b) Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010). c) Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge “la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces” en: a) Artículo 14. b) Artículo 2. c) Artículo 10.2. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 7. Entre los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma recogidos en el Estatuto de Autonomía encontramos: a) La efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces. b) La plena incorporación de la mujer en la vida social. c) La promoción de la democracia paritaria. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 8. Actualmente se encuentra vigente en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía el: a) III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía. b) II Plan Andaluz de Igualdad de Oportunidades. c) I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 242


TEST N.º 18

9. La Ley que crea el Instituto Andaluz de la Mujer es: a) Ley 10/88, de 29 de diciembre, de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. b) La Ley 18/03, de 31 de diciembre. c) Ley 6/2006, de 24 de octubre, de promoción de la igualdad. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 10. Actualmente las dos leyes más importantes sobre igualdad de género en nuestra Comunidad Autónoma son: a) La Ley 12/2007, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de género y la Ley 15/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. b) La Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. c) La Ley 13/2007, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de género. d) Las opciones b y c son correctas. 11. La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía tiene como objetivo: a) La consecución de la igualdad formal entre mujeres y hombres. b) La promoción de la igualdad formal entre mujeres y hombres. c) La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 12. Entre los principios generales de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía encontramos: a) El fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres. b) La adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por razón de sexo. c) El reconocimiento de la maternidad, biológica o no biológica, como un valor social. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 13. Para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas se utiliza: a) El informe de perspectiva de género. b) El informe de impacto de género. c) Las opciones a y b son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


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TEST N.º 18

14. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres: a) En ella están representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. b) Es un órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género. c) Las opciones a y b son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

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1. d) Las opciones b y c son correctas. 2. b) El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo. 3. a) Artículo 14. 4. c) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 5. c) Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades (2008-2011). 6. c) Artículo 10.2. 7. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 8. c) I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. 9. a) Ley 10/88, de 29 de diciembre, de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 10. d) Las opciones b y c son correctas. 11. c) La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 12. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 13. b) El informe de impacto de género. 14. c) Las opciones a y b son correctas. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 19

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. AMBITO DE APLICACIÓN. DEFINICIÓN. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: ÓRGANOS Y COMPETENCIAS. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN. DERECHOS DEL CIUDADANO 1. La Ley Orgánica 15/1999 es de aplicación a los datos de carácter personal: a) Registrados en soporte físico. b) Registrados en soporte virtual. c) Son correctas las respuestas a y d. d) Susceptibles de tratamiento. 2. El régimen de protección de datos de carácter personal de la Ley Orgánica 15/1999 tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su: a) Honor e intimidad personal y familiar. b) Integridad física y moral. c) Libertad y seguridad. d) Libre comunicación y difusión de ideas.


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TEST N.º 19

3. La definición de datos de carácter personal en la Ley Orgánica 15/1999 es la siguiente: a) Todo sistema de información cualquiera que sea la forma o modalidad de su almacenamiento y acceso. b) Todo sistema de información cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. d) Toda información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables. 4. El régimen de protección de datos de carácter personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999 no es de aplicación: a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento. b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público. c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito. d) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 5. Según la Ley Orgánica 15/1999, toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado se denomina: a) Comunicación de datos. b) Alteración de datos. c) Transmisión de datos. d) Declaración de datos. 6. Según dispone la Ley Orgánica 15/1999, cuando los datos de carácter personal no han sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro: a) Del mes siguiente al momento del registro de los datos. b) De los dos meses siguientes al momento del registro de los datos. c) De los tres meses siguientes al momento del registro de los datos. d) De los cuatro meses siguientes al momento del registro de los datos.

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TEST N.º 19

7. Según dispone la Ley Orgánica 15/1999, los datos de carácter personal relativos a la salud se rigen por lo dispuesto: a) En la propia Ley Orgánica 15/1999. b) En la normativa reglamentaria que desarrolle la Ley Orgánica 15/1999. c) En la legislación estatal o autonómica sobre sanidad. d) Para los datos históricos, estadísticos o científicos. 8. Según dispone la Ley Orgánica 15/1999, quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen: a) La ideología. b) El origen racial o étnico. c) La vida sexual. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 9. Los datos de carácter personal especialmente protegidos en la Ley Orgánica 15/1999 podrán ser objeto de tratamiento cuando el mismo resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario: a) Sujeto al secreto profesional. b) No sujeto por el deber de sigilo. c) Sujeto a una relación de servicios estatutarios. d) Sujeto a una relación pública de servicios. 10. Según dispone la Ley Orgánica 15/1999, salvo que la ley disponga otra cosa, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá: a) El consentimiento expreso o presunto del interesado. b) El consentimiento inequívoco del afectado. c) La autorización del interesado. d) La previsión de indemnización al interesado. 11. El derecho del interesado a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos, se recoge en la Ley Orgánica 15/1999 como: a) Derecho de impugnación de valoraciones. b) Derecho de acceso. c) Derecho de consulta. d) Derecho de oposición.


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TEST N.º 19

12. Los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, serán: a) Rectificados pero no cancelados. b) Cancelados pero no rectificados. c) Rectificados o cancelados. d) Anulados o modificados. 13. El derecho de acceso a los datos de carácter personal regulado en la Ley Orgánica 15/1999 sólo podrá ser ejercitado, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, a intervalos no inferiores a: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Doce meses. d) Dieciocho meses. 14. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de los derechos de las personas recogidos en la Ley Orgánica 15/1999 será de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Doce meses. d) Dieciocho meses. 15. Según dispone la Ley Orgánica 15/1999, la valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio: a) A petición del afectado. b) A instancia del órgano jurisdiccional competente. c) A petición de la Agencia Española de Protección de Datos. d) A instancias del responsable del fichero que contiene los datos. 16. Entre los derechos reconocidos a las personas en la Ley Orgánica 15/1999 no se encuentra el de: a) Oposición. b) Interdicción. c) Rectificación. d) Cancelación.

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TEST N.º 19

17. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exige de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad: a) Civil. b) Penal. c) Disciplinaria. d) De las Administraciones públicas. 18. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en: a) El Boletín Oficial del Estado. b) El Diario oficial correspondiente. c) El Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente. d) El Diario o Boletín oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma. 19. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros de titularidad pública deberán indicar: a) El sistema de información del fichero. b) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal. c) Las medidas de seguridad del máximo nivel exigible. d) Los datos de carácter personal de los responsables del fichero. 20. Según dispone la Ley Orgánica 15/1999, en las disposiciones que se dicten para la supresión de ficheros de titularidad pública se establecerá: a) El destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción. b) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. c) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos. d) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros. 21. ¿Es función de la Agencia de Protección de Datos representar a España en los foros internacionales en la materia? a) Sí. b) No por defecto, sí cuando se le solicite.


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TEST N.º 19

c) No, en ningún caso. d) Sí, a requerimiento del Ministerio de Exteriores. 22. ¿A quién corresponde velar por la publicidad de la existencia de los ficheros y tratamientos de datos de carácter personal? a) Registro General de Protección de Datos. b) Agencia de Protección de Información. c) Ministerio del Interior. d) Cuerpos Especializados de la Policía y Guardia Civil. 23. La Agencia de Protección de Datos se rige por ciertas normativas. Señale la incorrecta: a) Ley Orgánica 15/1999. b) Real Decreto 428/1993. c) LOPD. d) Las opciones a) y b) son ciertas. 24. La función general de la Agencia de Protección de Datos es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación y oposición de datos. ¿Es cierto? a) Sí. b) No. c) Sí, incluyendo también la cancelación de datos. d) Sí, incluyendo también la formación de los usuarios. 25. El artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, exige a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos, a guardar secreto profesional sobre estos, subsistiendo la obligación aun después de finalizar su relación con el responsable del fichero. ¿Es cierto? a) Cierto, pero no después de finalizar su relación con el responsable del fichero. b) Cierto. c) Falso. d) Falso, termina una vez finalizada la relación. 26. La figura del Director de la Agencia de Protección de Datos es... a) Independiente. b) Dependiente sólo del Consejo Consultivo. c) No sometida a mandato imperativo alguno. d) Las opciones a) y c) son ciertas. 252


TEST N.º 19

27. Señale la respuesta correcta: a) La Agencia de Protección de Datos se constituye como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad privada, y que actúa en el ejercicio de sus funciones de forma independiente de cualquier organismo de la Administración Pública. b) La Agencia de Protección de Datos se constituye como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad pública, y que actúa en el ejercicio de sus funciones de forma independiente de cualquier organismo de la Administración Pública. c) La Agencia de Protección de Datos se constituye como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad pública y privada, y que actúa en el ejercicio de sus funciones de forma dependiente de cualquier organismo de la Administración Pública. d) La Agencia de Protección de Datos se constituye como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad pública y privada, y que actúa en el ejercicio de sus funciones de forma independiente de cualquier organismo de la Administración Pública. 28. La representación de la Agencia de Protección de Datos recae sobre... a) El Consejo Consultivo. b) El Director. c) El Presidente del Gobierno. d) El Ministro del Interior. 29. El Consejo Consultivo está formado por un conjunto de personalidades representativas de numerosos ámbitos de la Administración. Señale la respuesta correcta: a) Congreso y Senado. b) Agencias de Protección de Datos de varias Comunidades Autónomas. c) Consejo de Consumidores y Usuarios. d) Todas son ciertas. 30. La Agencia de Protección de Datos tiene varias funciones en relación con quienes tratan datos. Una de las opciones siguientes no pertenece a este grupo, señálela: a) Ejercer la potestad sancionadora. b) Promover campañas de difusión a través de los medios. c) Autorizar las transferencias internacionales de datos. d) Requerir medidas de corrección. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 19

31. El Director de la Agencia de Protección de Datos cesa en un número determinado de años, ¿cuántos? a) 4. b) 2. c) 8. d) 5.

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1. c) Son correctas las respuestas a y d. 2. a) Honor e intimidad personal y familiar. 3. c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. 4. d) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 5. a) Comunicación de datos. 6. c) De los tres meses siguientes al momento del registro de los datos. 7. c) En la legislación estatal o autonómica sobre sanidad. 8. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 9. a) Sujeto al secreto profesional. 10. b) El consentimiento inequívoco del afectado. 11. b) Derecho de acceso. 12. c) Rectificados o cancelados. 13. c) Doce meses.


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TEST N.º 19

14. b) Seis meses. 15. a) A petición del afectado. 16. b) Interdicción. 17. d) De las Administraciones públicas. 18. c) El Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente. 19. b) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal. 20. a) El destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción. 21. a) Sí. 22. a) Registro General de Protección de Datos. 23. d) Las opciones a) y b) son ciertas. 24. c) Sí, incluyendo también la cancelación de datos. 25. b) Cierto. 26. d) Las opciones a) y c) son ciertas. 27. d) La Agencia de Protección de Datos se constituye como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad pública y privada, y que actúa en el ejercicio de sus funciones de forma independiente de cualquier organismo de la Administración Pública. 28. b) El Director. 29. d) Todas son ciertas. 30. b) Promover campañas de difusión a través de los medios. 31. a) 4.

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TEST N.º 20

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, RÉGIMEN JURÍDICO. CERTIFICACIÓN DIGITAL 1. Señale la respuesta incorrecta. El ámbito de aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, es: a) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. b) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas. c) A las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado. d) A las Administraciones Públicas así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas. 2. Los fines de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, son: a) Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general. b) Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general. c) Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos. d) Todas las respuestas son correctas.


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TEST N.º 20

3. Cómo se denomina a la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos: a) Interoperabilidad. b) Bilateralidad. c) Reciprocidad informativa. d) Multifunción. 4. Con qué periodicidad elaborará el Defensor del usuario de la administración electrónica un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remite posteriormente al Congreso de los Diputados: a) Anualmente. b) Semestralmente. c) Trimestralmente. d) No hay plazo prefijado. 5. Cómo se denomina aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias: a) Firma electrónica. b) Sede electrónica. c) Base electrónica. d) Dirección htpp. 6. Cuál es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica: a) La Conferencia Sectorial de Administración Pública electrónica. b) El Comité Sectorial de administración electrónica. c) La Asamblea Técnica de la Administración Pública electrónica. d) La Junta de Apoyo Electrónico. 7. Cuántas disposiciones transitorias tiene la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos: a) Ninguna. b) Una.

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TEST N.º 20

c) Dos. d) Tres. 8. Cómo se denomina al principio que proclama la Ley 11/2007, de 22 de junio, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa: a) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas. b) Principio de responsabilidad y calidad. c) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas. d) Principio de igualdad. 9. A la acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos, se le denomina: a) Autenticación. b) Acreditación digital. c) Voluntad electrónica. d) Identidad electrónica. 10. Los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, el siguiente derecho: a) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas. b) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente. c) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. d) Todas las respuestas son correctas. 11. Quién nombra al Defensor del usuario de la administración electrónica: a) El Ministro de Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Ministros. b) El Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros. c) El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. d) El Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.


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TEST N.º 20

12. Quién mantiene permanentemente informado al Defensor del usuario de la administración electrónica de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos: a) La Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales. b) El Comité Asesor del Defensor del usuario de la administración electrónica. c) La Comisión Coordinadora de quejas, sugerencias y reclamaciones electrónicas. d) Las Inspecciones de los Servicios. 13. El Título III de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos se denomina: a) Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. b) Régimen jurídico de la administración electrónica. c) De la gestión electrónica de los procedimientos. d) Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica. 14. ¿Qué título de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos regula el régimen jurídico de la administración electrónica? a) El Título I. b) El Título II. c) El Título III. d) El Título IV. 15. Uno de las siguientes etapas no forma parte del proceso de obtención de un certificado digital. Identifíquelo: a) Generación de la solicitud del certificado digital. b) Acreditación de la identidad. c) Identificación mediante firma digital. d) Obtención del certificado telemático. 16. ¿Un certificado digital incluye una clave? a) Sí. b) No, incluye dos. c) Falso, no incluye ninguna. d) Depende del tipo.

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TEST N.º 20

17. ¿Cómo se denominan los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica? a) Interesados. b) Certificadores digitales. c) Prestadores de servicios de certificación. d) Delegaciones del Gobierno. 18. Una vez que un certificado está revocado, todas las firmas realizadas con el certificado, ¿tendrán validez legal? a) No, ninguna. b) Sí. c) Sólo si la firma es avanzada. d) Sólo cuando haya llegado su fecha de expiración. 19. ¿En qué marco legal se define la firma electrónica? a) Ley 34/2002. b) Constitución. c) LOPD. d) Ley 59/2003. 20. La firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, se denomina: a) Pública. b) Huella digital. c) Reconocida. d) Avanzada.


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1. c) A las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado. 2. d) Todas las respuestas son correctas. 3. a) Interoperabilidad. 4. a) Anualmente. 5. b) Sede electrónica. 6. b) El Comité Sectorial de administración electrónica. 7. b) Una. 8. c) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas. 9. a) Autenticación. 10. d) Todas las respuestas son correctas. 11. c) El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. 12. d) Las Inspecciones de los Servicios. 13. c) De la gestión electrónica de los procedimientos. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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TEST N.º 20

14. b) El Título II. 15. c) Identificación mediante firma digital. 16. b) No, incluye dos. 17. c) Prestadores de servicios de certificación. 18. a) No, ninguna. 19. d) Ley 59/2003. 20. c) Reconocida.

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Supuestos Prácticos

SUPUESTO 1

Amadeo Nguema, ciudadano de la República de Guinea Ecuatorial, reside en España desde hace quince años, aunque realiza a su país de origen constantes viajes, pasando en dicho lugar periodos prolongados de tiempo. Amadeo Nguema ha obtenido de las autoridades españolas permiso de trabajo y residencia, aunque no ha promovido, ni por tanto adquirido, la nacionalidad española. El Gobierno ecuatoguineano remite a través del Ministerio de Asuntos Exteriores solicitud de extradición, con base en el Convenio Internacional en su día suscrito por ambos países, contra Amadeo Nguema informando que en aquel país el mismo se encuentra procesado como presunto autor de un delito de Asociación Ilícita, castigado con hasta diez años de prisión, a consecuencia de la ostentación por parte de Nguema del cargo de Secretario General del Partido Nacional de Oposición Guineana.

CUESTIONES 1. ¿En qué artículo de nuestra Constitución se regula la extradición? 2. ¿Puede concederse la extradición sin la existencia de una Ley o un Tratado que la permita? 3. ¿Concederá el Gobierno español la extradición del Sr. Nguema? 4. Explica brevemente la razón por la cual has respondido afirmativa o negativamente a la cuestión anterior. 5. ¿Puede el Sr. Nguema solicitar asilo político en España?


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SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES El Gobierno español no debe conceder la extradición del Sr. Nguema, ya que, en aplicación del art. 13 de nuestra Constitución de 1978, que regula esta materia, aunque exista entre España y Guinea Ecuatorial un tratado o convenio internacional que, en supuestos normales, la permitiría, ello no es posible en el caso planteado, ya que la causa de la petición es la comisión por parte del Sr. Nguema de un delito político, como es pertenecer a un partido determinado. Los delitos políticos están excluidos expresamente de la posibilidad de extradición por nuestra Constitución, ya que en España, como Estado Democrático que es, este tipo de delito no existe. Acreditada la persecución política de que es objeto el Sr. Nguema en su país, podrá solicitar de España, que deberá otorgar, el asilo político al afectado, con lo que se verá liberado de la persecución de que es objeto exclusivamente por cuestiones ideológicas.

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SUPUESTO 2

En el Juzgado de Instrucción de Guardia de Fuente Obejuna, ha sido presentada por el Letrado Don Manuel Fontanar Vázquez solicitud de Hábeas Corpus en beneficio de su cliente, Don Joaquín del Álamo Enciso, quien, al parecer, se encuentra detenido preventivamente en las dependencias de la Policía Local de la ciudad indicada, al ser acusado de haber cometido un delito de asesinato en la persona de Don Álvaro Juan Conde, habiendo sido sorprendido in fraganti cuando acababa de finalizar tal acción. Según informa el Letrado en su escrito inicial, su cliente fue detenido por la Policía el día 3 de mayo, a las 17,00 horas exactamente, habiendo tenido entrada la petición de Hábeas Corpus en el Juzgado de Guardia a las 18 horas del día 6 de mayo.

CUESTIONES 1. ¿En qué artículo de nuestra Constitución se regula esta materia? 2. ¿Cuánto tiempo durará, como máximo, la detención preventiva de una persona por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? 3. ¿Debe ser puesto en libertad el detenido? 4. ¿Cuál debió ser la actuación correcta de la Policía? 5. ¿Puede ser utilizado el procedimiento de Hábeas Corpus en otros casos, además de cuando se supere el plazo de detención preventiva?


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SOLUCIONES El artículo de la Constitución Española que regula esta materia es el 17. Según dicho precepto la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, sin que en ningún caso se pueda dilatar más de setenta y dos horas tal situación. El detenido no debe ser puesto en libertad, ya que presuntamente ha cometido un delito grave como es quitar la vida intencionadamente a otra persona. La Policía debe, debió hacerlo antes de que transcurrieran las setenta y dos horas ya referidas, poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente, y ésta, a la vista del caso, habría ordenado el ingreso en prisión provisional del Sr. del Álamo. En definitiva, con el procedimiento de Hábeas Corpus se pretende únicamente que sea puesto a disposición judicial todo aquel en cuya detención haya concurrido alguna anomalía, es decir, no sólo el que permanezca detenido preventivamente más de lo estrictamente necesario, como máximo setenta y dos horas, sino también aquel detenido que no ha sido informado de sus derechos con claridad, al que no se ha dotado de Abogado, etc. Una vez la Autoridad Judicial evalúe lo sucedido, adoptará una de las siguientes decisiones: a) Poner de inmediato en libertad al afectado por la detención irregular; b) Regularizar la situación de tal detenido ordenando su ingreso en prisión provisional, si se le considera presunto autor de un delito que merezca la aplicación de tal medida cautelar, todo ello en el seno del proceso penal que esté abierto o se abra al efecto para el esclarecimiento del delito cometido.

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SUPUESTO 3

Doña Gertrud von Zaten, de nacionalidad alemana, acudió el pasado día 15 de junio, día en que se celebraban en la Comunidad Autónoma de Andalucía Elecciones a su Parlamento Autónomo, con el propósito de emitir su voto en el Colegio Electoral más próximo a su domicilio. La Sra. Von Zaten reside en Marbella desde hace veinte años, y no solamente está empadronada en dicha ciudad, sino que, además, es Concejala en su Ayuntamiento por el Partido Político denominado «Fuerza Marbellí». El Sr. Presidente de la Mesa Electoral, a pesar de lo anterior, no permitió a la Sra. Von Zaten votar, sin que atendiera a las explicaciones de la misma, motivo por el cual la Sra. Von Zaten formuló en el Juzgado de Guardia la oportuna denuncia por estimar que se estaba cometiendo contra ella un presunto delito electoral.

CUESTIONES 1. ¿Regula nuestra Constitución el derecho de sufragio de ciudadanos extranjeros? 2. ¿Fue correcta la actuación del Presidente de Mesa al impedir el voto a la Sra. Von Zaten? 3. ¿Puede la Sra. Von Zaten ser Concejal del Ayuntamiento de Marbella? 4. ¿Puede un ciudadano extranjero votar y ser votado en unas elecciones que se celebren en España? 5. ¿Ha sufrido nuestra Constitución alguna reforma en este aspecto desde su entrada en vigor?


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SOLUCIONES En efecto, es el art. 13.2 de nuestra Constitución el que hace alusión al derecho de sufragio de los ciudadanos extranjeros residentes en España. La actuación del Presidente de la Mesa Electoral fue correcta, ya que, a la vista del art. 13 antes citado, los ciudadanos extranjeros no pueden participar, ni activa ni pasivamente en procesos electorales españoles diferentes a las elecciones municipales. Sí está permitido que los extranjeros puedan votar y ser votados en elecciones municipales, siempre y cuando tengan su residencia en la localidad en la que desean emitir su voto. Por tal razón, la Sra. Von Zaten puede votar en Marbella, y puede resultar elegida como Concejala, sin que ello le dé derecho a participar en otro tipo de elecciones mientras no adquiera la nacionalidad española. Finalmente, este artículo 13.2 ha sido el único que ha sufrido modificación desde la entrada en vigor de la Constitución, al tener que ser adaptado a las exigencias de la legislación de la Unión Europea en la que tal derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales está permitido.

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SUPUESTO 4

El Ministerio de Obras Públicas proyecta la transformación de la carretera nacional N-432 en lo que será la autovía E-45, para lo que deberá conseguir la propiedad de diversas fincas rústicas. Uno de los propietarios afectados rechaza las ofertas de la Administración, e incluso se opone al justiprecio que corresponde a su finca tras la tasación realizada en el oportuno expediente de expropiación. La causa no es otra que el haber adquirido la propiedad privada de la finca que le pertenece como consecuencia de la herencia de su padre recientemente fallecido. Estima dicho señor que se están conculcando sus derechos constitucionales, y que el respeto de éstos impedirá al Ministerio de Obras Públicas privarle de su propiedad.

CUESTIONES 1. ¿Se reconoce en nuestra Constitución el derecho a la propiedad privada y a la herencia? 2. ¿Puede prevalecer dicho derecho sobre el interés social? 3. ¿Podrá la Administración privar al propietario de la finca de la misma contra su voluntad? 4. ¿Qué cantidad deberá abonarle? 5. ¿Goza el derecho al que se refiere la pregunta primera de la protección del recurso de amparo?


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SOLUCIONES El derecho a la propiedad privada y a la herencia se reconoce constitucionalmente por su artículo 33, el cual se encuentra ubicado en el Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Segunda, por lo que no goza de la protección que supone el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sólo beneficia a los derechos contemplados en el mismo título y capítulo, pero en su Sección Primera, además de los derechos reconocidos en el art. 14 de la CE y al derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la propiedad privada y a la herencia no podrá prevalecer en este caso, ya que la propia Constitución establece la función social de la propiedad, así como que, y este es el caso, cuando concurran causas justificadas de utilidad pública e interés social, el propietario podrá ser privado de sus bienes y derechos por la Administración, a través de un expediente de expropiación en el que se fijará la cantidad justa que deba serle satisfecha en pago.

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SUPUESTO 5

El Gerente de la empresa privada «Plásticos del Atlántico, SA.» y el Comité de Empresa de la misma, integrado por representantes de los Sindicatos COAC, CETA y UTO, han pactado, dentro del marco de su convenio colectivo, la ampliación de la plantilla para el año venidero en un total de veinte nuevos operarios. Una de las condiciones para acceder a los puestos será estar afiliado a cualquiera de las tres organizaciones firmantes del acuerdo. Para evitar reclamaciones e impugnaciones se concederá a todos los posibles interesados un plazo de dos meses para que procedan a su afiliación, lo que se anunciará con la publicidad suficiente.

CUESTIONES 1. ¿Tiene carácter vinculante lo pactado en un convenio colectivo entre trabajadores y empresarios? 2. ¿Todo el mundo tiene derecho a sindicarse libremente? 3. ¿Puede ser una persona obligada a sindicarse? 4. ¿Qué papel tienen los Sindicatos según nuestra Constitución? 5. ¿Se reconoce en nuestra Constitución el Derecho a la Huelga?


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SOLUCIONES Según el art. 37 de la Constitución, en efecto, lo convenido entre los representantes de trabajadores y empresarios en la negociación colectiva laboral tiene carácter vinculante. En el supuesto que nos ocupa, no obstante, la afirmación anterior ha de quedar en entredicho, ya que tal vinculación nunca puede prevalecer cuando lo convenido contradice la Ley. Así, el derecho a la libertad de sindicación, que se plasma en el artículo 28, abarca no sólo el derecho a sindicarse si uno quiere, sino también el derecho a no sindicarse si no le interesa. El art. 7 de la Constitución, con respecto al papel de los Sindicatos, afirma que éstos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. El derecho a la huelga se reconoce en el art. 28.2 de la Constitución.

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SUPUESTO 6

Don Raimundo Juárez de la Rosa se halla cumpliendo condena en una Prisión Provincial, tras haber sido condenado como autor de un delito de malversación de caudales públicos. Aunque cuando cometió el delito su conducta estaba castigada con un máximo de tres años de privación de libertad, una reforma posterior de la Ley agravó las penas a imponer a los autores de tales hechos, lo que permitió que fuese condenado a siete años de prisión, que es justamente la sanción que cumple. Sus protestas por esta circunstancia provocaron que el Director de la Prisión le sancionara privándole de su salida diaria al patio, y obligándole a realizar trabajos en cocina sin derecho a retribución.

CUESTIONES 1. ¿Puede imponerse a un delincuente una pena de mayor gravedad por sus actos, mayor a la que estaba vigente en el momento de delinquir? 2. ¿Qué principios acompañan al anterior y son garantizados por la Constitución Española? 3. ¿Hacia qué meta se orientan las penas privativas de libertad en España? 4. ¿Es legítimo que el Director del Centro imponga al penado sanciones como las que se indican en el caso? 5. ¿Tendrá derecho el penado a algún beneficio una vez que sea puesto en libertad?


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SOLUCIONES El principio de la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, previsto en el art. 9.3 de la Constitución, impide que se pueda condenar a una persona con una pena superior a la que estaba vigente en el momento de cometer el delito. Tal principio sí permite, por el contrario, que se le aplique la nueva sanción si ello le beneficia. Otros principios que acompañan al anterior son el de legalidad, la jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Las penas privativas de libertad en España, así como las medidas de seguridad, art. 25.3 de la Constitución, se orientan hacia la reeducación y reinserción social del penado, sin que sea legítimo que el Director adopte tales medidas contra el preso ya que, cuando el mismo está entre rejas, el único derecho que pierde es el de la libertad, sin que pueda ser sometido a trabajos forzados. Una vez en libertad, el penado tendrá derecho al cobro del subsidio de desempleo, siempre que en la Prisión haya trabajado, ya que su trabajo en el centro penitenciario será remunerado y con todos los beneficios propios del alta en la Seguridad Social.

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SUPUESTO 7

Su Majestad el Rey, con ochenta años de edad, denota en sus actuaciones claros síntomas de perturbación mental. A pesar de que el Príncipe heredero es mayor de edad, dada su conducta excesivamente frívola, las Cortes Generales acuerdan nombrar la Regencia, que estará integrada por cinco personas con una reputación intachable en el país, consensuado su nombramiento por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con carácter previo.

CUESTIONES 1. ¿Quién ha de reconocer la inhabilitación del Rey? 2. ¿Pueden las Cortes Generales impedir al Príncipe heredero asumir la Regencia siendo como es mayor de edad? 3. ¿En qué casos y de qué forma elegirán las Cortes a la Regencia? 4. ¿En nombre de quién será ejercida la Regencia? 5. En su caso, ¿quién será tutor del Rey menor de edad?


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SOLUCIONES La inhabilitación del Rey para el ejercicio de su autoridad, y la imposibilidad, será reconocida por las Cortes Generales. Por el contrario, las Cortes Generales no podrán impedir al Príncipe heredero asumir la Regencia, si tal Príncipe es mayor de edad, a no ser que el Príncipe también esté inhabilitado para reinar, que no es el supuesto que se plantea. Las Cortes Generales nombrarán a la Regencia cuando no hubiere persona alguna a quien corresponda la misma en aplicación de los arts. 58 y 59 de la Constitución. La Regencia nombrada por las Cortes se compondrá de una, tres o cinco personas. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiere será nombrado tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, sin que puedan acumularse los cargos de Regente y tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

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SUPUESTO 8

Doña Juana de Borbón y Australia, sucesora de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica de la Corona de España, interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras no haber sido reconocido su derecho a la Corona, a ser Reina de España, estando abierta la sucesión. Por el contrario, Don Jaime de Borbón Uniente será proclamado Rey de España en breves días, en perjuicio de la anterior, pese a que ambos, en la sucesión al trono, ocupan la misma línea, y, dentro de ella, el mismo grado, siendo, además, de la misma edad.

CUESTIONES 1. ¿En qué ha podido basar Doña Juana su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? 2. ¿Prosperará tal recurso? 3. ¿Cuál es la razón para que Don Jaime sea nombrado Rey de España en detrimento de Doña Juana? 4. ¿Qué sucedería si se extinguieran todas las líneas llamadas en Derecho a la sucesión? 5. ¿Qué tipo de norma ha debido resolver esta duda planteada sobre la sucesión?


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SOLUCIONES Evidentemente Doña Juana ha estimado que se la discriminaba por razón de su sexo para ser desestimado su derecho a la Corona de España, y aunque tal argumento tiene su sentido, en aplicación del art. 14 de la Constitución, su recurso no prosperará, porque en el caso que nos ocupa es el art. 57 de la Constitución el que determina expresamente todos y cada uno de los pasos a efectuar a la hora de proveer la sucesión en el trono. Don Jaime ha sido preferido a Doña Juana porque el precepto antes indicado establece expresamente que, a igualdad de línea, grado y edad, se prefiere al varón sobre la mujer. Si se extinguieran todas las líneas llamadas en Derecho a la sucesión, las Cortes Generales promoverán la misma en la forma que más convenga a los intereses de España. La duda sobre la sucesión planteada en este caso ha debido ser resuelta por las Cortes Generales mediante una Ley Orgánica.

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SUPUESTO 9

El Subdelegado del Gobierno en la ciudad, tras unos breves disturbios producidos después de la celebración de un partido de fútbol entre los dos grandes rivales, incidentes que han provocado la muerte de diez personas e incendios en múltiples locales comerciales en las proximidades del estadio, ha suspendido cautelarmente los siguientes derechos: el de inviolabilidad del domicilio y el de reunión. La medida se aplicará sólo en el barrio del Oeste, donde está ubicado el campo de deportes, y por un periodo de tiempo no superior a doce horas. La decisión fue consultada previamente con el Gobierno Central a través del titular de la cartera de Interior.

CUESTIONES 1. ¿Puede el Sr. Subdelegado del Gobierno suspender derechos constitucionales? ¿Quién puede declarar el estado de alarma? 2. ¿Quién puede declarar el estado de excepción? 3. ¿Quién puede declarar el estado de sitio? 4. ¿Cabe la suspensión individual de derechos reconocidos constitucionalmente? 5. ¿Podrá disolverse el Congreso mientras estén declarados algunos de los estados anteriores?


283


SOLUCIONES Evidentemente el Subdelegado del Gobierno no tiene capacidad para suspender derecho constitucional alguno. Tal suspensión vendrá dada por la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, o como consecuencia de una resolución judicial, como ahora veremos. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado por el Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El estado de excepción será también declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. La suspensión individual de determinados derechos (ampliación de la detención preventiva, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), podrá decretarse, con la necesaria intervención y autorización judicial, y control parlamentario, para facilitar las investigaciones correspondientes a bandas armadas o elementos terroristas. No podrá disolverse el Congreso mientras estén declarados algunos de los estados anteriores, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en el periodo de sesiones. Véanse los arts. 116 y 55 de la Constitución Española.

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SUPUESTO 10

La Asociación para la Defensa de los Derechos de Violadores y Corruptores de Menores ha sido disuelta en virtud de Real Decreto dictado por el Ministro del Interior, que ha basado su decisión en que tal asociación persigue fines tipificados como delito en nuestro Código Penal. El Presidente nacional de tal grupo ha anunciado que recurrirá contra tal resolución, con la que está absolutamente disconforme.

CUESTIONES 1. ¿Se puede disolver una Asociación por medio de Real Decreto o por cualquier otro tipo de resolución administrativa? 2. ¿La asociación del ejemplo ha de considerarse ilegal? ¿Qué asociaciones son ilegales? 3. ¿El derecho de asociación está protegido por el recurso de amparo? 4. ¿Qué objeto tienen los registros de asociaciones?


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SOLUCIONES Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de una resolución judicial motivada y razonada. Así lo dispone el art. 22 de la Constitución Española. Por tanto, sólo un Juzgado o Tribunal podrá adoptar resoluciones como las indicadas, nunca la Administración, y el Ministro del Interior lo es, podrá disolver o suspender asociación alguna. Es dudoso que la Asociación del ejemplo pueda ser considerada ilegal, ya que la Constitución afirma que sólo lo serán aquellas que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Evidentemente, una cosa es fomentar las violaciones y las corrupciones de menores (que sí sería delito), y otra bien diferente la defensa de los derechos de violadores y corruptores, ya que estas personas, aunque delincuentes, conservan múltiples de sus derechos, cuya defensa es legítima. El derecho de asociación está protegido por el recurso de amparo, por estar encuadrado en el Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución, así lo dice el art. 53.2 de la Constitución. Los registros de asociaciones únicamente tienen como fin proporcionar publicidad sobre las mismas, por ello la inscripción de las asociaciones en los registros establecidos al efecto es obligatoria.

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SUPUESTO 11

El matrimonio formado por Don Antonio Pijuán López y Doña Remedios de la Casa Ibáñez, y sus siete hijos, con edades comprendidas entre los seis meses y los diez años, permanecen a las puertas de la sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid, actitud que ya dura dos semanas, exigiendo que se les facilite una vivienda digna, dándose cumplimiento de esta forma al derecho constitucional que les asiste, de manera que se les permita abandonar la chabola en la que residen. Exigen, asimismo, un puesto de trabajo y una remuneración suficiente para cubrir sus necesidades. Amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si no se atienden sus peticiones.

CUESTIONES 1. ¿Está obligado el Gobierno, la Administración, a facilitar una vivienda digna a este matrimonio? 2. ¿Está obligado el Gobierno, la Administración, a facilitar a esta familia un trabajo y una remuneración suficiente por el mismo? 3. ¿Están obligados los padres a prestar asistencia a sus hijos? 4. ¿Está obligada la Administración a proteger a la familia? 5. ¿Podrá la familia afectada acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos que reclama en este caso?


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SOLUCIONES En efecto, el art. 47 de la Constitución reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero la Administración no está obligada a facilitar a todos y cada uno de nosotros una casa apropiada. Su obligación se reduce, ni más ni menos, a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo tal derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Tampoco está obligada la Administración a facilitar un puesto de trabajo a todos los españoles. El art. 35 de la Constitución establece que todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Evidentemente, los padres están obligados a proteger a sus hijos. La sociedad no deja al «instinto» tal deber, el mismo se encuentra regulado en el Código Civil, y la Constitución, norma contenedora de pronunciamientos generales asumibles por todos, tampoco ha querido ser ajena a esta cuestión. Así se recoge en su art. 39.3. El art. 39.1 de la CE determina que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. A pesar de todo ello, la familia afectada no podrá acudir al Tribunal Constitucional en defensa de estos derechos, ya que, al estar integrados en el art. 39 de la CE, es decir, Capítulo Tercero del Título Primero, el art. 53 excluye tal posibilidad.

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SUPUESTO 12

El aumento progresivo del número de votos que viene recibiendo en nuestro país, en los últimos años, el Partido Fundamentalista del Único Destino, que se ha traducido en que en las últimas elecciones municipales tal fuerza política ha conseguido la Alcaldía de diversas ciudades de mediana importancia, ha provocado que el Gobierno de la Nación lleve al Parlamento una proposición de ley que pretende reformar la Constitución para que pasen a la ilegalidad todos los Partidos Políticos de corte religioso. La propuesta ha sido recibida con reticencias por la inmensa mayoría de fuerzas políticas con representación parlamentaria, pero, tras un debate intenso, ha sido aprobada por mayoría absoluta, con la que la Constitución iniciará su andadura hacia la reforma.

CUESTIONES 1. ¿Puede el Gobierno de la Nación plantear una iniciativa semejante? 2. ¿Qué mayoría parlamentaria precisa el proyecto de reforma constitucional con carácter general? 3. ¿Está prevista una mayoría especial para un caso como el que nos ocupa, o similar? 4. ¿Implicaría una reforma constitucional de este alcance la disolución de las Cámaras? 5. ¿Puede iniciarse la reforma de la Constitución en cualquier tiempo?


289


SOLUCIONES La iniciativa para reformar la Constitución la ostentan quienes según el art. 87 de tal texto gozan de iniciativa legislativa, es decir, el Gobierno, el Congreso y el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y el pueblo, recabando previamente, al menos, 500.000 firmas. No obstante, existe un error en el caso expuesto, ya que la iniciativa legislativa del Gobierno se encauza a través de proyectos de ley, no de proposiciones de Ley. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados, con carácter general y según el art. 167 de la CE, por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. No obstante, en un caso como el que nos ocupa, en el que se pretende reformar la Constitución en pronunciamientos sobre el papel de los Partidos Políticos (Título Preliminar), y el derecho de asociación (limitaciones a la hora de crear este tipo de organizaciones –Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Primera–), se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. La reforma constitucional no puede iniciarse ni en tiempo de guerra ni en caso de vigencia de alguno de los estados previstos en el art. 116 de la CE (alarma, excepción y sitio).

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SUPUESTO 13

El Capitán General de la Región Militar Centro–Oeste decide, en contra del parecer de su Majestad el Rey y del Gobierno de la Nación, tomar militarmente la comarca del «Encinar» tras haber sido anunciada por los Ayuntamientos de la zona la independencia con respecto al resto de España. El Capitán General sostiene que su decisión se ajusta plenamente al desempeño de las funciones que la Constitución atribuye al Ejército, y así lo hace ver a las autoridades competentes que, no obstante, le convencen y el militar da marcha atrás en su decisión, al igual que los Ayuntamientos afectados que, en sesión de urgencia, dejan sin efecto su independentista resolución anterior.

CUESTIONES 1. ¿En qué se ha podido basar el Capitán General del ejemplo para asegurar que su conducta tiene respaldo constitucional? 2. ¿Qué papel atribuye la Constitución Española al Ejército? 3. ¿A quién corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas? 4. ¿Quién dirige la Administración Militar y la Defensa del Estado? 5. La defensa de España es un derecho o un deber.


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SOLUCIONES El Capitán General del caso ha podido basarse a la hora de tomar la decisión sabida en el art. 8 de la Constitución Española, en el que podemos leer que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión defender la integridad territorial de España. Evidentemente, el Capitán General entendió que la declaración de independencia de la comarca del «Encinar» quebrantaba tal integridad territorial, y decidió actuar, como vemos, indebidamente. Ese mismo artículo ocho, dice que, además de la expuesta en el párrafo anterior, es misión de las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de España y defender el ordenamiento constitucional. El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al Rey, y la dirección de la Administración Militar y la Defensa del Estado al Gobierno de la Nación. El art. 30.1 de la CE establece que la defensa de España es simultáneamente un derecho y un deber.

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SUPUESTO 14

La niña Luisa Mora Costa agoniza en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital Provincial como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de circulación. La menor salvará su vida si se la interviene quirúrgicamente con urgencia, así como si se le realiza una importante transfusión de sangre, ya que perdió una gran cantidad de ella tras el siniestro. El padre de la menor, cuyas creencias religiosas le impiden recibir sangre de terceras personas, no autoriza ni la transfusión ni la operación, argumentando para ello el derecho a la libertad de culto. Las autoridades administrativas del centro hospitalario gestionan ante el Juzgado de Guardia la solicitud oportuna, y obtienen autorización judicial para realizar a la pequeña lo que necesita para salvar su vida.

CUESTIONES 1. ¿Reconoce la Constitución Española la libertad religiosa? 2. ¿Reconoce la Constitución Española el derecho a la vida? 3. ¿Cuál de dichos derechos prima sobre el otro? 4. ¿Es España un estado confesional?


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SOLUCIONES La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, se garantiza por el art. 16 de la CE, sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el mantenimiento del orden público. Asimismo, la CE, en su art. 15, afirma que todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Aunque la Constitución Española no establece en su articulado orden de preferencia alguna entre sus derechos, muchas han sido las sentencias del Tribunal Constitucional, intérprete máximo de nuestra Constitución, que han establecido, en casos similares al que nos ocupa, la preferencia del derecho a la vida sobre la libertad religiosa, debiendo sacrificarse ésta en beneficio de aquél. España no tiene religión oficial, no es por tanto un estado confesional. Así lo dispone expresamente el art. 16.3 de nuestro texto constitucional.

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SUPUESTO 15

En sus relaciones con la Administración Pública, los ciudadanos pueden intervenir por sí mismos o a través de representantes, pudiendo otorgar su representación a través de cualquiera de los medios válidos en Derecho (por ejemplo, mediante un poder notarial) y, entre ellos, el llamado “poder apud acta”.

CUESTIONES En relación con este tipo de actuación, se le propone como caso práctico que: 1. Señale el régimen legal de la representación. 2. Redacte un escrito administrativo a través del cual se otorgue un “poder apud acta” en un procedimiento de concesión de una licencia de obras.


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SOLUCIONES 1. El poder apud acta es un mecanismo legal, previsto en el art. 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para otorgar la representación de un ciudadano a otro con quien, en lo sucesivo, se entenderán los tramites del procedimiento. El citado artículo establece que: 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas. 3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Como puede observarse, al margen del poder notarial (como medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna), basta con que la persona interesada se persone en la dependencia administrativa en la que se tramita el expediente e indique que en lo sucesivo actuará en su representación la persona de que se trate. No obstante, es aconsejable la comparecencia del representante y representado, debiendo plasmarse este poder apud acta en Diligencia que ha de extender el/la empleado/a público/a responsable de la tramitación del expediente ante el que se otorga este poder, así como los dos anteriores, en triplicado ejemplar de forma que un ejemplar se quede en el expediente, otro se le entregue al representado y otro al representante. 2. Esta Diligencia podría manifestar lo que sigue: “DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que en el día de la fecha, se personan en este/a Departamento/Unidad de __________ (debe indicarse qué es y su denominación oficial), don fulano de tal y tal (en éste como en el siguiente caso, debe identificarse a los comparecientes), acompañado de don zutano de cual y cual, y que el primero otorga su representación al segundo, en aplicación de lo previsto en el art. 32.3 de

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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el expediente que se sigue sobre _______________ (debe indicarse qué expediente es). Y para que conste, a los efectos previstos en dicho artículo, se extiende, en triplicado ejemplar, esta Diligencia, en _________ (debe indicarse la localidad y la fecha), a ___, de ____________, de 20__, de la que queda copia en el expediente de que se trata.

DON FULANO DE TAL Y TAL DON ZUTANO DE CUAL Y CUAL

EL/LA JEFE DEL DEPARTAMENTO/UNIDAD (debe indicarse su denominación oficial y, tras la firma su identificación personal)”.


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SUPUESTO 16

Entre los requisitos formales de los actos administrativos, en su notificación, ha de hacerse constar qué tipo de recursos se pueden interponer contra los mismos, plazo para hacerlo y órgano ante el que deben plantearse. Es lo que, en la jerga administrativista, se denomina “pie de recurso”.

CUESTIONES En el caso que se propone se trata de notificar la denegación de una licencia de uso común especial del dominio público, a cuyos efectos se le pide que: 1. Señale el régimen legal de uso del dominio público en un Municipio de régimen común y de la notificación de los actos administrativos. 2. Redacte la notificación del acto de denegación con expresa constancia del pie de recurso.


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SOLUCIONES 1. Entre las posibilidades de utilización del dominio público, el art. 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL, en adelante), y aplicable salvo que por la Comunidad Autónoma de que se trate se haya aprobado una norma similar (como, por ejemplo, en Andalucía, la Ley del Parlamento Andaluz 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollada por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía), en cuyo caso habrá que estar a la misma, se distingue un uso común, que es el que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, siendo general cuando no concurran circunstancias singulares (por ejemplo, al pasear por la vía pública) y especial cuando concurrieren circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otra semejante (por ejemplo, el ejercicio del comercio ambulante en la vía pública), y un uso privativo, constituido por la ocupación de una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por lo demás interesados (por ejemplo, la construcción e instalación de una cafetería en un parque público). El uso común especial normal de los bienes de dominio público, a tenor del art. 77 RBEL, se sujetará a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general, otorgándose directamente estas licencias, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo, y sin que estas licencias sean transmisibles cuando se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuando su número esté limitado, pudiendo transmitirse en los demás casos según se prevea en las Ordenanzas. El uso privativo está sujeto a concesión administrativa (art. 78.1 RBEL). Por otra parte, ha de recordarse que el silencio administrativo en esta materia de uso de bienes de las Entidades Locales se considera negativo por el art. 43,1.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en adelante), así como por el art. 9,5.º y 7.º,b, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. En cuanto a la notificación de los actos administrativos se refieren los arts. 58 y 59 de la LRJAP y PAC, disponiendo el primero de ellos que: “1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro 300



de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.” 2. Partiendo de que, en un Municipio de régimen común, el órgano competente para otorgar o denegar licencias de uso común especial del dominio público es el Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local (art. 21.1,q, de la LRL), y de que el traslado de los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales compete al Secretario General de la Corporación de que se trate (art. 199.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), podría efectuarse la siguiente notificación de la denegación de la licencia solicitada, motivada en que la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante prohíbe la concesión de licencias de forma directa, debiendo estarse al régimen previsto en la misma Ordenanza (sorteo entre los peticionarios y lista de espera posterior): El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de ______________ ha dictado el siguiente DECRETO: “En relación con la licencia de uso común especial del dominio público solicitada por el Sr. ________, para ejercer la actividad de venta ambulante en este Municipio en el Mercadillo situado en la plaza de________, por el presente, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1,q, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRL), y a tenor de lo dispuesto en el art. ___ de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante de este Ayuntamiento (aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día ___ de________ de 20__ y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm.___, de ___ de ________ de 20__), en el sentido de que las licencias para ocupar los puestos de los Mercadillos han de concederse por sorteo entre los peticionarios, quedando en lista de espera los que no las obtenga, vengo en denegar la licencia solicitada.” Lo que le notifico, por el presente, para su conocimiento y efectos, haciéndole notar que este Decreto agota la vía administrativa y que contra el mismo puede interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el propio Sr. Alcalde (art.


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52 LRL), que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su interposición sin que se dicte y notifique su resolución (art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJAP y PAC–), así como que, si no interpone dicho recurso, o contra la resolución expresa o presunta del mismo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o seis meses, según sea expresa o presunta, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este Decreto o de la resolución del Recurso de Reposición, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de ______ (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente (art. 58 de la LRJAP y PAC). ________, a __ de ______ de 20__).

EL SECRETARIO GENERAL,

(debe figurar, debajo de la firma, su nombre y apellidos)

NOTA: En el caso de un Municipio de gran población, las referencias al Alcalde deben entenderse hechas a la Junta de Gobierno Local (art. 127,1.º,e, LRL).

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SUPUESTO 17

Los ciudadanos, en no pocas ocasiones, han de acreditar que se ha adoptado un acuerdo por un órgano de su Ayuntamiento en un asunto en el que tienen la condición de interesados, o que se encuentran en una determinada situación de vecindad o domiciliaria en el Municipio en que residan. Así, puede pedirse un certificado del nombramiento de un funcionario para solicitar, por ejemplo, un préstamo en una entidad financiera, o un certificado de empadronamiento, con constancia del domicilio, con el fin de solicitar una plaza en un Colegio próximo al domicilio familiar.

CUESTIONES Se solicita, como caso práctico, que: 1. Se indique el régimen legal de los certificados. 2. Se redacten ambos certificados.


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SOLUCIONES 1. A las certificaciones de los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales se refieren los arts. 203 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROFRJEL, en adelante). En concreto, el art. 203 dispone que el Secretario estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos que contengan los Libros de Actas cuando así lo reclamen de oficio las Autoridades competentes. Asimismo, las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la Entidad, así como las copias y certificaciones de los Libros y documentos que en las distintas Dependencias existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa (art. 204 ROFRJEL). Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente de la Corporación y con su «visto bueno», para significar que el Secretario o Funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. Irán rubricadas al margen por el Jefe de la Unidad al que corresponda, llevarán el sello de la Corporación y se reintegrarán, en su caso, con arreglo a la respectiva Ordenanza de exacción, si existiere (art. 205 ROFRJEL). Por otra parte, podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las Entidades Locales, antes de ser aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente (art. 206 ROFRJEL). Finalmente, los arts. 70,3.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRL, en otras citas) y 207 ROFRJEL disponen que todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las Entidades Locales y de sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del art. 105,b), de la Constitución Española. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada. 2. Partiendo de lo antes expuesto, pueden exponerse los dos siguientes modelos de certificado, referidos a un Municipio de régimen común: En primer lugar, sobre el nombramiento como funcionario municipal de un ciudadano, partiendo de que accediera a la Subescala Auxiliar de Administración General. D.____________________________, SECRETARIO GENERAL DEL ILMO./EXCMO. AYUNTAMIENTO DE________________,

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CERTIFICA: Que D. _____________________________, mayor de edad, vecino de esta localidad, con domicilio en C/Avda./Plaza_________________, n.º_______, y documento nacional de identidad n.º______________, fue nombrado funcionario de carrera de esta Corporación, como Auxiliar de Administración General, por Decreto del Ilmo./Excmo. Sr. Alcalde de___ de____________, de 20__, habiendo tomado posesión de su plaza el día____, de___________, de 20___. Y para que conste, a los efectos que procedan, a petición del interesado, y en los términos de los arts. 204 y 205 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado núm. 305, de 22 de diciembre, de 1986; corrección de errores en Boletín Oficial del Estado núm. 12, de 14 de enero de 1987), expido el presente, con el Visto Bueno del Ilmo./Excmo. Sr. Alcalde, en ____________, a____, de______________, de 20__. V.º B.º EL ALCALDE

Fdo.:_____________________

Fdo.: (aquí debe figurar la firma del Secretario General)

Por lo que respecta a la certificación de empadronamiento, es similar a la anterior en líneas generales, proponiéndose la siguiente: D.____________________________, SECRETARIO GENERAL DEL ILMO./EXCMO. AYUNTAMIENTO DE________________, CERTIFICA: Que D. _______________________________, mayor de edad, y con documento nacional de identidad n.º______________, figura en el vigente Padrón Municipal de Habitantes como vecino de esta localidad, con domicilio en C/Avda./Plaza_________________, n.º_______, constando que conviven con el mismo, como miembros de la unidad familiar: D.ª_____________________________ (la cónyuge, en su caso). D./D.ª _______________________________ (Hijo/hija). D./D.ª _______________________________ (Hijo/hija). Y para que conste, a los efectos que procedan, a petición del interesado, y en los términos de los arts. 204 y 205 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado núm. 305, de 22 de diciembre, de 1986; corrección de errores en Boletín Oficial del Estado núm. 12, de 14 de enero AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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de 1987), expido el presente, con el Visto Bueno del Ilmo./Excmo. Sr. Alcalde, en ___________, a___, de_______________, de 20__.

V.º B.º EL ALCALDE

Fdo.:_____________________

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Fdo.: (aquí debe figurar la firma del Secretario General)


SUPUESTO 18

Los Auxiliares Administrativos al servicio de las Corporaciones Locales, por delegación del titular de la Secretaría General, pueden desarrollar, en ocasiones, funciones de Secretario de los órganos colegiados no decisorios del Ayuntamiento de que se trate, por ejemplo de una Comisión Informativa, viéndose obligados a redactar el acta de la reunión de que se trate.

CUESTIONES En este contexto, se solicita que, partiendo de que se trata de un Municipio de régimen común: 1. Se aluda al régimen legal de las actas de las sesiones de los órganos colegiados de las Corporaciones Locales. 2. Se redacte un modelo de acta.


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SOLUCIONES 1. A las actas, con carácter general, se refiere el art. 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo apartado 1 se establece que “de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Específicamente, por lo que se refiere al Régimen Local, esta materia se ha regulado por los arts. 50 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TR/86, en adelante), y, respecto de las sesiones del Pleno de la Corporación (régimen al que se remiten el resto de órganos colegiados), el art. 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. El art. 50 TR/86, establece que “de cada sesión se extenderá acta por el Secretario de la Corporación o, en su caso, del órgano correspondiente, haciendo constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres del Presidente y demás asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados. En las sesiones plenarias deberán recogerse sucintamente las opiniones emitidas”. 2. A la vista de este régimen legal y sobre la hipótesis de la celebración de una reunión ordinaria de una Comisión Informativa competente en materia de Urbanismo, en la que se haya debatido y dictaminado (téngase en cuenta que las Comisiones Informativas no adoptan acuerdos, sino dictámenes que se elevan al Pleno de la Corporación o, en su caso, a otros órganos decisorios con competencias delegadas del Pleno) una solicitud de licencia de obras y se hayan formulado un ruego y una pregunta, se propone el siguiente modelo de acta, en la que, al tratarse de una sesión ordinaria, es normal que figure en su Orden del Día, como primer punto, la aprobación del acta de la reunión anterior (que suele distribuirse usualmente con la convocatoria de la reunión en curso) y, como último punto, el de urgencias, ruegos y preguntas.

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO En ____________ (señálese la población), en la Casa Consistorial, el día ___ de __________, de 20__, a las ______ horas, se reúne, en sesión ordinaria y en primera/segunda (debe indicarse cuál de ellas) convocatoria, la Comisión Informativa de Urbanismo del Ilmo./Excmo. Ayuntamiento de ___________, bajo la Presidencia de D./D.ª______________________________, y con la asistencia de los miembros siguientes: D./D.ª___________________________, D./ D.ª_______________________________, D./D.ª_______________________________, y D./D.ª______________________, actuando de Secretario, por delegación expresa 308



del Secretario General de la Corporación, efectuada el ___, de______________, de 20__, D/D.ª___________________________. Abierta la sesión, se pasó al estudio y debate de los siguientes asuntos integrantes del Orden del Día de la misma: 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior: Al haber sido distribuida con anterioridad a la reunión, junto con la convocatoria de la misma, se omitió la lectura del acta de la reunión de la Comisión celebrada el día ____, de ____________, de 20__, siendo aprobada por unanimidad de los miembros de la Comisión. (Se parte de que se hubiera distribuido el acta con dicha antelación y de que se opte por darla por leída y aprobarla por unanimidad. Si no se aprueba o se hace por mayoría y si se lee, deberá hacerse constar así). 2) Solicitud de licencia de obras para construir un inmueble en calle________: La Comisión conoció la solicitud de licencia de construcción de un edificio en calle/avda.______________, de esta localidad, presentada por D./ D.ª_____________________. La Comisión, a la vista de los informes favorables emitidos por los Técnicos Municipales, en el sentido de que se ajusta a las previsiones del Plan General de Ordenación vigente en esta localidad, dictaminó por unanimidad (o lo que proceda) favorablemente dicha solicitud. 3) Urgencias, Ruegos y Preguntas: A) El/la Sr./Sra. ____________, solicitó que se cambie la hora de celebración de las sesiones de la Comisión, al coincidir con las que celebra otra Comisión Informativa de la que forma parte, quedando el/la Sr./Sra. Presidente/a en estudiar este ruego y traer una decisión en la próxima reunión. B) Por el/la Sr./Sra. ___________, se preguntó por el estado de tramitación de la Ordenanza contra Ruidos, indicándosele por el/la Sr./Sra. Presidente/a que se encuentra sometida a información pública, tras lo que se informarán las alegaciones y sugerencias y se traerá a la Comisión para su dictamen y elevación al Ilmo./Excmo. Ayuntamiento Pleno. Y sin más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, a las ______ horas, de todo lo cual doy fe, como Secretario de la Comisión, con el Visto Bueno del Presidente de la misma. V.º B.º EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Fdo.:__________________

Fdo.:_____________________


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SUPUESTO 19

Entre las innovaciones llevadas a efecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en adelante), por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se encuentra la de informar al interesado en un procedimiento sobre el plazo máximo establecido legalmente para la resolución y notificación del mismo, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo (es decir, el carácter de dicho silencio administrativo: si es positivo o negativo).

CUESTIONES A estos efectos, partiendo de que se solicite por un ciudadano una licencia de uso común especial del dominio público, sujeta al régimen general del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se solicita que: 1. Se indique el régimen legal de este tipo de licencia y de la información antes aludida. 2. Se redacte el escrito administrativo en el que se efectúa dicha información al interesado.


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SOLUCIONES 1. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL, en adelante), aplicable salvo que por la Comunidad Autónoma de que se trate se haya aprobado una norma similar (como, por ejemplo, en Andalucía, la Ley del Parlamento Andaluz 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollada por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía), en sus arts. 74 a 91, regula el uso de los bienes de dominio público, distinguiendo, dentro del uso común (que es el que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás), entre: a) Uso Común General, cuando no concurran circunstancias singulares. Puede ser ejercitado por cualquier administrado, sin que se requiera una cualificación especial. Es el caso de utilización de parques y jardines, circulación de vehículos y peatones en las vías públicas, etc. Los bienes se usarán libremente, con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales. b) Uso Común Especial, que se da cuando concurren circunstancias singulares por la peligrosidad o intensidad del uso, o cualesquiera otras semejantes, colocando al usuario en una situación distinta a la del resto del público. Por contraste con el anterior, nadie tiene un derecho a la utilización especial del dominio público. Siendo la Administración la titular del mismo, sólo un acto específico de tolerancia de ella puede facultar al particular para realizar este uso. Conforme al art. 77,1.º RBEL, el uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general. Supuestos de este uso son la instalación de veladores y mesas en la vía pública, el comercio ambulante, etc. A estos efectos, a tenor de los números 2 y 3 de este art. 77 RBEL, las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los interesados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo. Y no serán transmisibles las licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo número estuviere limitado. Las demás, lo serán o no según se prevea en las Ordenanzas. Finalmente, esta licencia, en los Municipios de régimen común, debe ser concedida por el Alcalde o, por delegación del mismo, en su caso, por un Teniente de Alcalde o Concejal-Delegado, a tenor de lo dispuesto en el art. 21,1.º,q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en los Municipios de gran población la competencia la tiene la Junta de Gobierno Local), y deberá concederse o denegarse en el plazo de un mes, considerándose denegada por silencio administrativo si

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transcurre este plazo sin concederse (arts. 9,5.º y 7.º,b, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y 43,1.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). En cuanto a la información a suministrar a los interesados, el art. 42,4.º de esta Ley 30/1992 establece que “las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.” 2. El escrito a remitir al interesado, podría ser del tenor siguiente: “Sr. D. ___________________ Calle/Avda./Plaza______________ Localidad (la que fuere) En relación con su solicitud de concesión de licencia para uso común especial del dominio público, recibida por el órgano competente para resolverla el día __ de ____________ de 20__, he de significarle que, con arreglo a los arts. 9,5.º y 7.º,b, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (Boletín Oficial del Estado núm. 196, de 15 de julio de 1955; corrección de errores en Boletín Oficial del Estado núm. 203, de 22 de julio de 1955), y 43,1.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta licencia deberá concederse o denegarse en el plazo de un mes, considerándose denegada por silencio administrativo si transcurre este plazo sin concederse y notificarse. _________, a __ de ____________ de 20__. EL (debe insertarse, en mayúscula, la identificación funcional, es decir, el cargo que ostenta el que hace la notificación),

Fdo.: (han de consignarse el nombre y dos apellidos del firmante)”


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SUPUESTO 20

Nuestra legislación vigente prevé que cuando un interesado presenta una solicitud ante la Administración y, a resultas de la misma, se inicia un procedimiento, puede darse el caso de que se le deba exigir al mismo que cumpla con determinados requerimientos, so pena de declarar la caducidad del procedimiento.

CUESTIONES En la hipótesis de que se haya pedido al interesado en un procedimiento que aporte una documentación que debe servir para una correcta resolución del procedimiento, se solicita que: 1. Se indique el régimen legal de la caducidad de los procedimientos. 2. Se redacte el escrito administrativo en el que se efectúa la advertencia de caducidad y el de resolución del procedimiento con esta declaración.


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SOLUCIONES 1. A la caducidad de los procedimientos, como forma anormal de terminación de los mismos, se refiere el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual: “1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.” 2. El escrito a remitir al interesado, podría ser del tenor siguiente: “Sr. D. ___________________ Calle/Avda./Plaza______________ Localidad (la que fuere) En relación con su solicitud sobre _______________, he de significarle que debe presentar en estas Dependencias la siguiente documentación, de inexcusable aportación para resolver el procedimiento: a) ____________________. b) _____________________. El plazo que tiene para aportarla es de tres meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este escrito, advirtiéndosele que, si no lo hiciere, se procederá a declarar la caducidad de este procedimiento, en los términos del art. 92

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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. _________, a __ de ____________ de 20__. EL (debe insertarse, en mayúscula, la identificación funcional, es decir, el cargo que ostenta el que hace la notificación),

Fdo.: (han de consignarse el nombre y dos apellidos del firmante)”

Por lo que se refiere a la propia declaración de caducidad, se trata de un acto administrativo, que adoptará normalmente la forma de Decreto del órgano local unipersonal competente para resolver el procedimiento (el Presidente de la Corporación o el miembro de la misma que actúa por delegación del mismo), o de acuerdo si se trata de un órgano colegiado (el Pleno o la Junta de Gobierno Local) proponiéndose como ejemplo el que sigue: “DECRETO Habiéndose requerido a D___________________, como interesado en el procedimiento que se sigue sobre _______________, para que aporte la documentación señalada en escrito de___ de _________ de 20__, notificado al interesado el día ___ de __________ de 20__, con advertencia de declaración de caducidad si no la entregare en el plazo de tres meses, como quiera que ha transcurrido dicho plazo sin atender al requerimiento efectuado, por el presente VENGO EN DECRETAR la caducidad de este procedimiento y el ulterior archivo de las actuaciones habidas en el mismo, en los términos del art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Notifíquese este Decreto al interesado, con ofrecimiento de los recursos legalmente procedentes. _________, a __ de ____________ de 20__. EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN (o el Concejal-Delegado, en su caso),

Fdo.: (han de consignarse el nombre y dos apellidos del firmante)”. Este Decreto se notificará al interesado con el pie de recurso correspondiente, en los términos ya examinados en otro lugar. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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SUPUESTO 21

No es infrecuente que, cuando la Administración intenta notificar a un ciudadano la incoación de un expediente sancionador, éste procure eludir dicha notificación, con la esperanza de que, llegado el caso, pueda esgrimir la prescripción de la infracción presuntamente cometida.

CUESTIONES A los efectos anteriores, suponiendo que se ha intentado por dos veces notificar la iniciación de este expediente sancionador por infracción de una Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y no se ha podido efectuar en la persona del interesado o de su representante, se solicita que: 1. Se indique el régimen legal de las notificaciones. 2. Se redacte el anuncio de publicación de esta iniciación.


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SOLUCIONES 1. A las notificaciones y publicaciones de los actos administrativos, a los efectos del caso que se propone, se refieren los arts. 58 a 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en adelante), disponiendo el art. 58 que: “1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.” Por su parte, el art. 59 (redactado ex novo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y parcialmente derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que habrá de tenerse en cuenta respecto de las notificaciones telemáticas y en otras cuestiones del procedimiento administrativo), señala que: 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

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Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (en relación con esta previsión, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de octubre de 2004, ha fijado como doctrina legal “que, a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión en una hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación”. A nuestro juicio, es desafortunada esta interpretación por cuanto no se ajusta a los términos estrictos de este artículo, dado que obliga a realizar el segundo intento “dentro de los tres días siguientes” y no en el mismo día, y restringe en cierto sentido las posibilidades de notificación). 3. (Este apartado, que se refería a las notificaciones telemáticas, ha sido derogado por la citada Ley 11/2007, de 22 de junio). 4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa (práctica ésta muy extendida, con la que se pretende, sin conseguirlo, evitar la notificación y los efectos de la inmediata eficacia del acto), se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores. 6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada. b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Como puede colegirse de lo previsto en este art. 59, en el caso que nos ocupa se ha intentado notificar al interesado en dos ocasiones, cumpliéndose con lo establecido en el apartado 2 del mismo, por lo que procederá la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de iniciación. En este contexto, a la publicación se refiere el art. 60 LRJAP y PAC, prescribiendo que: “1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. 2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto”. Finalmente, dado que se trata de un expediente sancionador, y en defecto de normativa específica al respecto, habrá que estar en cuanto a su tramitación y, especialmente, su iniciación, a lo dispuesto en los arts. 12 a 15 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 2. A la vista de cuanto antecede, podría realizarse la siguiente publicación: “Habiéndose intentado sin efecto la notificación del inicio de un expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal de Zonas Verdes, cometida presuntamente por D.________________________, se procede a realizarla por el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59,4.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido del acto a notificar es el que sigue: «DECRETO A la vista de la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad números ______ y _______, en el sentido de que por D. ______________________ se ha podido infringir el artículo_______ de la vigente Ordenanza Municipal de Zonas Verdes (publicada en

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el Boletín Oficial de la Provincia núm. ___, de _____ de ___________ de 20__), al sustraer varias flores ornamentales, cometiéndose presuntamente una infracción leve, que puede ser castigada con multa de 150,25 euros, por el presente vengo en Decretar la incoación de expediente sancionador contra el denunciado, haciéndole notar que se ha nombrado Instructor del procedimiento a D. ____________________, en su calidad de Jefe de_________ y, como Secretario, a D. ____________________________, funcionario adscrito a la Unidad de _____________, competente para esta tramitación, a los que podrá recusar en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; asimismo, que el órgano competente para resolver este procedimiento es esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 21,1.º,n), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (la Junta de Gobierno Local, en los Municipios de gran población, conforme al art. 127,4.º,l, LRL), en orden a sancionar por infracciones de las Ordenanzas Municipales; que, con arreglo al artículo 8 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (Boletín Oficial del Estado núm. 189, de 9 de agosto de 1993), podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediéndose a la resolución del expediente, con una reducción del ___ por 100 (debe indicarse qué porcentaje se establece en la Ordenanza Municipal, si es que lo contempla), y que tiene un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la notificación de este Decreto, para formular alegaciones, considerándose este Decreto como propuesta de resolución en el caso de que en el citado plazo no formule dichas alegaciones. __________ a___ de ____________ de 20__ EL ALCALDE, Fdo.:_____________________ (nombre y apellidos)» Lo que se publica, a los efectos antes previstos. __________ a ___ de ____________ de 20__ EL JEFE DE _______________ (debe señalarse la Unidad Administrativa de que se trate).

Fdo.:_____________________ (nombre y apellidos)”


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SUPUESTO 22

El Sr. X ha solicitado licencia para edificar un inmueble de cinco plantas en la ciudad de Y, siéndole denegada por el Ayuntamiento de Z, al contravenir las normas urbanísticas, que prevén un máximo de tres plantas en la calle W donde se ubica el solar.

CUESTIONARIO Redáctese la notificación de este acto..


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SOLUCIONES A la notificación de los actos administrativos se refieren los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en lo sucesivo), disponiendo el primero de ellos que: “1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”. 3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado”. El art. 59 (redactado ex novo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y parcialmente derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que habrá de tenerse en cuenta respecto de las notificaciones telemáticas y en otras cuestiones del procedimiento administrativo), señala que: 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo

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de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (en relación con esta previsión, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de octubre de 2004, ha fijado como doctrina legal “que, a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión en una hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación”. A nuestro juicio, es desafortunada esta interpretación por cuanto no se ajusta a los términos estrictos de este artículo, dado que obliga a realizar el segundo intento “dentro de los tres días siguientes” y no en el mismo día, y restringe en cierto sentido las posibilidades de notificación). 3. (Este apartado, que se refería a las notificaciones telemáticas, ha sido derogado por la citada Ley 11/2007, de 22 de junio). 4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa (práctica ésta muy extendida, con la que se pretende, sin conseguirlo, evitar la notificación y los efectos de la inmediata eficacia del acto), se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores. 6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.


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b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Al margen de estos preceptos, como quiera que la licencia solicitada es denegada, por lo que se está limitando un derecho subjetivo del Sr. X, el ius aedificandi, es decir, el derecho a edificar, debe motivarse la resolución, sin que baste con decir que se deniega por contravenir las normas urbanísticas (art. 54.1,a, LRJAP y PAC). Habría, pues, que señalarle al Sr. X qué precepto de las normas urbanísticas se incumple, cuándo se aprobaron y publicaron dichas normas y el contenido del precepto, cosa que sí se hace como se puede observar en el enunciado del caso, al manifestar que donde se prevé un máximo de tres plantas él pide edificar cinco. En definitiva, partiendo de que, en un Municipio de régimen común, el órgano competente para otorgar o denegar licencias de obras es el Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno (art. 21.1,q, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRL, en adelante–) (en los Municipios de gran población esta competencia se atribuye a la Junta de Gobierno Local, a tenor del art. 127,1.º,e, LRL) y de que el traslado de los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales compete al Secretario General de la Corporación de que se trate (art. 199.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), podría efectuarse la siguiente notificación de la denegación de la licencia solicitada: El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Z ha dictado el siguiente DECRETO: “En relación con la licencia de obras solicitada por el Sr. X, para edificar un inmueble de cinco plantas en la calle W de este Municipio, a la vista de los informes técnicos y jurídicos recaídos, que indican que en dicha calle, a tenor del art. Y de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado por el/la Pleno/ Comisión Provincial de Urbanismo/Consejero de Urbanismo (debe indicarse el órgano que aprobó dicho Plan) y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia/Comunidad Autónoma (ha de señalarse la fecha y el Boletín), sólo se permiten edificios de tres plantas, por el presente, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1,q, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRL), vengo en denegar la licencia solicitada”. Lo que le notifico, por el presente, para su conocimiento y efectos, haciéndole notar que este Decreto agota la vía administrativa y que contra el mismo puede interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el propio Sr. Alcalde (art. 52 LRL), que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su interposición sin que se dicte y notifique su resolución (art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

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nistrativo Común –LRJAP y PAC–), así como que, si no interpone dicho recurso, o contra la resolución expresa o presunta del mismo, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses o seis meses, según sea expresa o presunta, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este Decreto o de la resolución del Recurso de Reposición, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de B (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente (art. 58 de la LRJAP y PAC). B, a....... (día) ......... de........ (mes) de....... (año). EL SECRETARIO GENERAL,

(debe figurar, debajo de la firma, su nombre y apellidos)


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SUPUESTO 23

El Sr. X, titular de un establecimiento de hostelería, solicita al Ayuntamiento de Z la concesión de la Licencia de Apertura, que, tras los trámites pertinentes, le es concedida, supeditando su eficacia a la adopción de determinadas medidas correctoras y posterior comprobación de la misma, no estando conforme con las mismas. Asimismo, solicita autorización de instalación de veladores en la vía pública, girándosele una liquidación, con la que tampoco está conforme.

CUESTIONARIO Indíquese qué órganos intervienen en estos procedimientos y qué debe hacer el S. X para alcanzar sus objetivos (recursos, órganos competentes, etc.).


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SOLUCIONES La concesión de licencias, en los Municipios de régimen común, es una competencia de los Alcaldes, a tenor del art. 21.1,q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRL, en adelante) (en los Municipios de gran población, se atribuye esta competencia a la Junta de Gobierno Local, a tenor del art. 127,1.º,e, LRL), que atribuye a los mismos la competencia para “el otorgamiento de las licencias, salvo que las Leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local”. En cuanto al procedimiento de concesión de este tipo de licencia, habrá que estar a lo dispuesto en la regulación específica establecida por la legislación autonómica y, en su defecto, por el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto. Y nada impide que se condicione la eficacia de la licencia al cumplimiento, y comprobación posterior, de unas medidas correctoras, antes al contrario es la norma general en esta materia, que, de incumplirse por el interesado, impide el desarrollo de la actividad de que se trate. En cualquier caso, como quiera que las resoluciones de los Alcaldes agotan la vía administrativa, conforme al art. 52.2 LRL, contra las mismas puede interponerse el recurso potestativo de reposición, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en otras llamadas), según el cual: “1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.” Por lo que se refiere a la liquidación girada por el uso de los veladores en la vía pública, se trata de la exigencia de una tasa, permitida por el art. 20.3,l), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TR-LHL, en adelante), por la “ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa”. Contra la liquidación realizada, el Sr. X deberá interponer el recurso de reposición previsto específicamente por el art. 14 TR-LHL, cuyo núm. 2 señala que “contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho Público de las Entidades Locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a conti-

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nuación se regula”, siendo competente para conocer y resolver el mismo el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado. Como puede observarse, este art. 14 establece un singular recurso de reposición que difiere del previsto con carácter general y potestativo en el art. 116 LRJAP y PAC antes transcrito. En el caso de los Municipios de gran población, este recurso de reposición es potestativo y se permite la reclamación económico-administrativa ante el órgano especializado creado al efecto, conforme al art. 137 LRL.


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Supuesto 24

El Sr. X, que había presentado una solicitud a la Administración, se vio en la necesidad de ausentarse de la localidad durante varios meses, para realizar un curso de formación profesional en el extranjero. Por ello, en previsión de las incidencias que pudieran suceder en la tramitación de su solicitud, antes de su marcha, se personó ante el funcionario responsable del expediente con un familiar, el Sr. Y, con el fin de solicitar que, mientras durara su ausencia, con éste se entendiera la Administración en el asunto de que se trataba. Por la Administración, pese a tomar nota de las instrucciones del Sr. X y los datos personales del Sr. Y, cuando hubo que requerirle al primero para que actuara en cierto sentido en la tramitación del procedimiento, se remitió el requerimiento al mismo Sr. X, concediéndole, al efecto, un plazo de quince días, bajo advertencia de caducidad del expediente. Como quiera que el Sr. X no se hallaba presente en España en esos momentos, al no atenderse este requerimiento, la Administración archivó el expediente, lo que comunicó al Sr. Y cuando, días después, se presentó ante la Oficina administrativa para indagar el estado de tramitación en que se encontraba.


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CUESTIONARIO 1. ¿Qué virtualidad jurídico-administrativa tiene la comparecencia del Sr. X y del Sr. Y, así como la encomienda a éste de la responsabilidad del seguimiento del expediente? a) Se otorga la representación del primero al segundo a los efectos del expediente de que se trata. b) Ninguna, por cuanto este tipo de apoderamiento debe efectuarse a través de poder notarial. c) Que el Sr. X renuncia al procedimiento. d) Que desiste de dicho procedimiento. 2. Hay obligación de acreditar la representación cuando se actúa ante la Administración en nombre de otro en el siguiente caso: a) Para hacer alegaciones. b) Cuando se desiste de una acción. c) Al presentar la solicitud. d) Las respuestas b y c son ciertas. 3. Para los actos y gestiones de mero trámite, la representación: a) Debe acreditarse. b) No es un mecanismo válido. c) Debe solicitarse por la Administración. d) Se presume. 4. El denominado «poder apud acta», a efectos de representación en un procedimiento administrativo, es el que: a) Se otorga ante Notario. b) Se confiere judicialmente. c) Se realiza en documento privado. d) Se efectúa ante el funcionario actuante, mediante comparecencia personal del representante y representado.

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5. Este poder debe quedar reflejado en un/una: a) Documento judicial. b) Acta notarial. c) Documento privado, como se expuso. d) Diligencia administrativa. 6. ¿Actuó correctamente la Administración al efectuar al Sr. X el requerimiento? a) Sí, al poderse entender con cualquiera de los comparecientes en el expediente. b) No, dado que debía haber requerido al representante. c) Sí, puesto que en primer lugar debe dirigirse al interesado. d) No, puesto que debería haber hecho público el requerimiento. 7. A salvo de que se establezca, como en el caso que nos ocupa, un plazo especial, el plazo general para que se entienda producida la caducidad de un procedimiento por la inactividad del particular es de: a) Tres meses. b) Un mes. c) Un año. d) Seis meses. 8. En el supuesto que tratamos, la caducidad se ha producido: a) Desde el momento en que así lo declare la Administración. b) Ante la falta de atención al requerimiento. c) No, al efectuarse incorrectamente el requerimiento. d) Las respuestas a y b son correctas. 9. El archivo del expediente, tras producida la caducidad: a) Requiere previamente que se declare formalmente dicha caducidad. b) Es automático.


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c) Sólo se efectúa a instancias del particular. d) Se admite sólo en los procedimientos iniciados de oficio. 10. Pese a que haya motivo para declarar la caducidad, puede continuarse el procedimiento: a) En ningún caso. b) Cuando se recurra la caducidad por el particular exclusivamente. c) Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general. d) Las respuestas b y c son ciertas. 11. En el caso que tratamos, el archivo del expediente, a la vista de lo señalado en las preguntas anteriores: a) Es absolutamente improcedente. b) Se efectuó correctamente. c) Al no declararse la caducidad, es ilegal. d) Las respuestas a y c son correctas. 12. Por ello, la Administración: a) Debe continuar con la tramitación de la solicitud. b) Pese a estar equivocada en cuanto a su procedencia, debería haber declarado la caducidad. c) No ha incurrido en legalidad. d) Las respuestas a y b son ciertas. 13. Los procedimientos caducados, a efectos de la prescripción de las acciones: a) La interrumpen. b) No interrumpen el plazo de la misma. c) Provocan que se entienda vencido el plazo de prescripción. d) Nada de lo expuesto es cierto.

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14. Si el requerimiento que efectuó la Administración se hubiera efectuado correctamente, sin haberse cumplido por el particular, y se refiriera al cumplimiento de trámites que no son indispensables para dictar la resolución: a) Procedería la declaración de caducidad. b) No tendría derecho la Administración a declararla. c) No hubiera sido necesario ni siquiera esta declaración. d) Debería haberse efectuado un nuevo requerimiento. 15. Contra la actuación de la Administración, en el caso de que hubiera declarado la caducidad, el Sr. Y, a efectos de recurrir el acto: a) No puede hacerlo por sí mismo. b) Tiene poder bastante para hacerlo. c) Requiere la confirmación del Sr. X. d) Ha de actuar con nueva autorización del Sr. X.


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SOLUCIONES 1. a) Se otorga la representación del primero al segundo a los efectos del expediente de que se trata. 2. d) Las respuestas b y c son ciertas. 3. d) Se presume. 4. d) Se efectúa ante el funcionario actuante, mediante comparecencia personal del representante y representado. 5. d) Diligencia administrativa. 6. b) No, dado que debía haber requerido al representante. 7. a) Tres meses. 8. c) No, al efectuarse incorrectamente el requerimiento. 9. a) Requiere previamente que se declare formalmente dicha caducidad. 10. c) Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general. 11. d) Las respuestas a y c son correctas. 12. d) Las respuestas a y b son ciertas. 13. b) No interrumpen el plazo de la misma. 14. b) No tendría derecho la Administración a declararla. 15. b) Tiene poder bastante para hacerlo.

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SUPUESTO 25

El Sr. X efectuó, el 2 de agosto de 1999, una solicitud a la Administración en un asunto de su competencia, presentando para ello la documentación requerida por la normativa general aplicable al caso. Al transcurrir el plazo legal previsto para resolver dicha solicitud –estipulado en un mes–, sin que por la Administración se resolviera la misma, el Sr. X solicitó el pertinente certificado del silencio administrativo, que le fue expedido por la Administración en el plazo de veinticinco días, haciéndole notar que había recaído silencio administrativo positivo, por lo que debía entender concedido lo solicitado. Al ir a ejercer el Sr. X su derecho ante la propia Administración, se le indicó que, pese al certificado en su día expedido, el órgano competente para resolver la solicitud había resuelto expresamente este expediente diez días después de aquella expedición, denegando la solicitud por entender que podría contravenir la legislación vigente, de todo lo cual se le iba a dar cuenta a través de la pertinente notificación. Por ello, debía entender denegada su solicitud, absteniéndose de realizar cualquier conducta en ejercicio de su pretendido derecho.


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CUESTIONARIO 1. El plazo legal para expedir el certificado del silencio administrativo por un órgano colegiado se computa: a) Desde que se produjo el silencio administrativo. b) A partir de que se convoque al mismo para este menester. c) Desde el momento en que se solicita por el particular afectado. d) Desde que se celebre la reunión del mismo al efecto. 2. En caso de que el órgano sea colegiado, la expedición del certificado compete al: a) Miembro más antiguo del mismo. b) Órgano competente para resolver. c) Órgano que nombró a los miembros que lo integran. d) Cualquiera de los anteriores. 3. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración: a) Concediendo lo solicitado por el particular. b) Confirmando la desestimación en todo caso. c) Sin vinculación alguna al sentido del silencio. d) Cometiendo una ilegalidad, pues no debe resolver. 4. Si no se expide, dentro de plazo, el certificado: a) Se incurre en irregularidad. b) El silencio administrativo, si era negativo, se reconvierte en positivo. c) El particular deberá denunciar la mora y solicitar un nuevo certificado. d) Nada de lo expuesto es correcto. 5. El plazo fijado por la Ley para esta expedición es de: a) Dos meses. b) Veinte días.

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c) Quince días. d) Igual al que tuvo la Administración para concluir el expediente. 6. El órgano administrativo, una vez producido el silencio administrativo, debe resolver la primitiva solicitud del particular: a) Hasta que expire el plazo para emitir el certificado del silencio administrativo. b) Hasta el momento en que el particular pida esta expedición. c) Hasta que el particular haga valer el certificado ante la Administración o ante una instancia jurisdiccional. d) Siempre. 7. ¿Puede el órgano resolver el expediente tras la expedición de este certificado basándose en la obligación legal de resolver todo expediente? a) Sí. b) Nunca. c) Sólo cuando se vaya a acceder a la primitiva solicitud del particular. d) Exclusivamente, cuanto así se le inste por una instancia judicial. 8. La resolución posterior a la expedición del certificado, en el supuesto que tratamos, comporta, en principio: a) El cumplimiento de una obligación legal. b) Su nulidad absoluta. c) Una mera irregularidad. d) Una simple infracción administrativa. 9. Al resolver en sentido negativo a lo que previamente había estimado concedido por silencio administrativo positivo, la Administración ha efectuado: a) Una revocación de un acto no declarativo de derechos. b) La subsanación de un simple error formal. c) Una conversión del acto presunto. d) Una revisión de oficio de un acto declarativo de derechos sin seguir el procedimiento legalmente previsto al efecto.


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10. Por ello, ha incurrido, además, en: a) Un supuesto de nulidad de pleno derecho. b) Un claro vicio de anulabilidad. c) Desviación de poder. d) Nada de lo anterior. 11. En el supuesto de que haya cometido uno de los vicios a que alude la pregunta anterior, los efectos de la anulación del acto por este motivo, cuando se inste y resuelva la misma, se producen: a) Desde el momento mismo en que se dictó, al tratarse de una nulidad absoluta o de pleno derecho. b) Desde que se acuerde la anulación del acto viciado. c) Desde que se notifique el acuerdo a que se refiere el apartado anterior. d) Desde el momento que se señale en el acuerdo de anulación del acto. 12. Aparte de estos presuntos vicios, la Administración al dictar el acto y fundamentarlo en que la primitiva solicitud del Sr. X «podría contravenir la legislación vigente»: a) Está incurriendo en un nuevo vicio de nulidad absoluta. b) Está omitiendo la preceptiva motivación del acto. c) Actúa en vía de hecho. d) Nada de lo expuesto es cierto. 13. El acto expreso, por ello, es: a) Anulable. b) Nulo de pleno derecho. c) Sólo irregular. d) Perfectamente justificado. 14. Si el órgano que dictó el acto es de los que agotan la vía administrativa, al Sr. X sólo le queda, para hacer valer su derecho: a) Ejercerlo por sí mismo, ante la nulidad manifiesta del acto. b) Recurrir al Defensor del Pueblo.

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c) Interponer recurso de reposición. d) Reclamar directa y exclusivamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 15. El órgano administrativo, si dictó el acto expreso en sentido desfavorable, a sabiendas de que no podía hacerlo, incurre además en: a) Responsabilidad disciplinaria. b) Responsabilidad penal. c) Responsabilidad patrimonial si le causa un daño al Sr. X. d) Todo lo anterior.


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SOLUCIONES 1. c) Desde el momento en que se solicita por el particular afectado. 2. b) Órgano competente para resolver. 3. c) Sin vinculación alguna al sentido del silencio. 4. a) Se incurre en irregularidad. 5. c) Quince días. 6. d) Siempre. 7. a) Sí. 8. a) El cumplimiento de una obligación legal. 9. d) Una revisión de oficio de un acto declarativo de derechos sin seguir el procedimiento legalmente previsto al efecto. 10. a) Un supuesto de nulidad de pleno derecho. 11. a) Desde el momento mismo en que se dictó, al tratarse de una nulidad absoluta o de pleno derecho. 12. b) Está omitiendo la preceptiva motivación del acto. 13. a) Anulable. 14. c) Interponer recurso de reposición. 15. d) Todo lo anterior.

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SUPUESTO 26

El Sr. X presentó, el día 2 de julio de 1999, en la Oficina de Correos de su localidad de residencia, un recurso administrativo de alzada contra la resolución de un Delegado Provincial de una Consejería de su Comunidad Autónoma. Transcurridos cuatro meses desde la presentación de este recurso, sin obtener respuesta al mismo, el Sr. X solicitó del órgano ante el que interpuso el recurso la expedición del pertinente certificado del silencio administrativo, contestándosele que no había recaído resolución por cuanto el recurso se había presentado fuera de plazo, dado que su escrito se recibió en el citado órgano el día 4 de julio y el plazo de interposición finalizó el día 3 de julio.

CUESTIONARIO 1. El recurso de alzada se debe plantear contra los actos que: a) Agotan la vía administrativa. b) No agotan esta vía. c) Dicta la Administración actuando como persona de Derecho Privado. d) Son firmes. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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2. El plazo para presentarlo es de: a) Dos meses. b) Cuatro años desde que se notificó el acto recurrido. c) Un mes, si el acto es expreso. d) Quince días. 3. La presentación de este recurso puede efectuarse ante: a) El mismo órgano que dictó el acto. b) El superior jerárquico del anterior. c) La jurisdicción contencioso-administrativa. d) Las respuestas a y b son correctas. 4. En el caso de que este recurso se presente ante el mismo órgano que dictó el acto, éste debe: a) Resolverlo. b) Desestimarlo por indebida interposición. c) Remitirlo, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente, al superior jerárquico que debe resolverlo. d) No admitir esta presentación, remitiendo al interesado al superior jerárquico. 5. La resolución de este recurso compete, como regla general, al/a la: a) Jurisdicción Contencioso-Administrativa. b) Superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido. c) Propio órgano que dictó el acto. d) Indistintamente, a los dos últimos. 6. Si el órgano que dictó el acto hubiere sido un Tribunal de Oposiciones, a efectos de este recurso: a) No cabe interponerlo, al agotar con sus resoluciones la vía administrativa. b) Debe resolverlo el Presidente del mismo. c) Puede interponerse este recurso. d) Nada de lo anterior es cierto.

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7. En el caso de que sea cierta la respuesta del apartado c) de la pregunta anterior, el recurso de alzada debe resolverlo: a) El Presidente del Tribunal, como se expuso. b) La Autoridad que nombró al Presidente del Tribunal. c) El propio Tribunal, colegiadamente. d) Nadie, pues no es cierta dicha respuesta. 8. El recurso de alzada puede basarse: a) En nulidad absoluta del acto dictado. b) Sólo en motivos tasados señalados por el ordenamiento. c) En la anulabilidad del acto. d) Las respuestas a y c son ciertas. 9. Si el recurrente alega un vicio del acto motivado por su propia conducta: a) Debe tenerse en cuenta y anular el acto al resolverlo. b) Al resolver el recurso se ponderará este pormenor. c) No puede hacerlo por prescripción legal. d) Nada de lo expuesto es correcto. 10. El plazo para resolver este recurso es de: a) Dos meses. b) Un mes. c) Un año. d) Tres meses. 11. Si no se resuelve en dicho plazo, se entiende, como regla general, que: a) Se ha desestimado el mismo. b) Recae silencio positivo. c) Debe esperar el particular a la resolución para acudir a la vía contenciosoadministrativa. d) Se convalida por el superior el acto impugnado. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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12. Se prevé que el silencio en la resolución del recurso sea positivo: a) Cuando la impugnación se dirija contra un acto presunto. b) En todo caso. c) En ningún caso. d) Si la impugnación se basa en un supuesto de nulidad de pleno derecho. 13. ¿Es correcta la afirmación de que no se había contestado por haberse presentado fuera de plazo? a) No, porque la Administración, al margen de la presentación extemporánea, está obligada a resolver, aunque sea desestimando el recurso por extemporáneo. b) Sí, sin necesidad de que la Administración resuelva el recurso. c) Sí, pero debería haber resuelto expresamente. d) Nada de lo expuesto es cierto. 14. ¿Realmente se presentó fuera de plazo este recurso? a) Sí, al computarse el plazo desde el momento en que llega el escrito de recurso a la Administración. b) Sí, al deberse entender que el recurso debería haber llegado a la Administración el mismo día 2 de julio. c) No, dado que la presentación del escrito en Correos, a los efectos administrativos, vale como si se hubiera presentado en la misma Administración. d) Sí, porque la presentación en Correos debería haberse efectuado en una Estafeta de Correos del lugar de destino del recurso. 15. En el caso propuesto, y como regla general, tratándose de un recurso contra un acto de un Delegado Provincial de una Consejería, debe resolverse por el: a) Correspondiente Delegado Provincial que coordine a la Administración Periférica de la Comunidad Autónoma en la Provincia. b) Director General competente en la materia. c) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. d) Consejero correspondiente.

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SOLUCIONES 1. b) No agotan esta vía. 2. c) Un mes, si el acto es expreso. 3. d) Las respuestas a y b son correctas. 4. c) Remitirlo, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente, al superior jerárquico que debe resolverlo. 5. b) Superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido. 6. c) Puede interponerse este recurso. 7. b) La Autoridad que nombró al Presidente del Tribunal. 8. d) Las respuestas a y c son ciertas. 9. c) No puede hacerlo por prescripción legal. 10. d) Tres meses. 11. a) Se ha desestimado el mismo. 12. a) Cuando la impugnación se dirija contra un acto presunto. 13. a) No, porque la Administración, al margen de la presentación extemporánea, está obligada a resolver, aunque sea desestimando el recurso por extemporáneo. 14. c) No, dado que la presentación del escrito en Correos, a los efectos administrativos, vale como si se hubiera presentado en la misma Administración. 15. d) Consejero correspondiente.


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SUPUESTO 27

El Sr. X dirigió, el 7 de junio de 1999, una solicitud a la Consejería de su Comunidad Autónoma competente en materia de Urbanismo, presentándola en el Ayuntamiento de Z dicho día. Tras transcurrir cuatro meses sin recibir contestación a la misma, el Sr. X solicitó de la Consejería la expedición de una certificación sobre el silencio producido, ante lo que la citada Consejería le remitió un escrito firmado por el Consejero en el que le hacía notar que: a) No había tenido entrada en dicha Consejería la solicitud referenciada. b) Aun cuando la hubiera tenido, no sería admisible, por cuanto el plazo para presentar solicitudes como la suya concluyó el mismo día 7 de junio de 1999, por lo que hubiera llegado fuera de plazo a la Consejería. c) Por otra parte, al tratarse de una cuestión en la que se ejerce una potestad discrecional, la Administración no está obligada a contestar a la solicitud, quedando sólo impelida a acusar recibo de la petición del particular. d) Contra este escrito de la Consejería, se faculta al Sr. X a interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno y posterior recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la resolución expresa del de alzada o de su resolución presunta. Se ha de hacer notar que, según la propia legislación autonómica, los Ayuntamientos están obligados a recibir los escritos que se dirijan a los órganos de la Comunidad Autónoma, así como a remitírselos acto seguido.


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CUESTIONARIO 1. ¿Es correcta la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento de Z? a) No, al tratarse de una Administración Pública distinta de la Comunidad Autónoma. b) Sí, puesto que los Ayuntamientos están obligados a recibir este tipo de solicitudes dirigidas a la Administración Autónoma. c) Sólo en el supuesto de que hubiera mediado Convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. d) Sólo en el caso de que se hubiera remitido al Ayuntamiento por correo certificado. 2. El Ayuntamiento, ante esta solicitud debió: a) Entrar a conocer del asunto. b) Cursarla a través de correo certificado, sin registrarla. c) Registrarla y enviarla a la Consejería destinataria. d) No admitirla, derivando al Sr. X al órgano correspondiente de la Administración Autónoma. 3. ¿Tiene razón el Consejero en cuanto a la presentación extemporánea? a) No, al estimarse que la solicitud tiene entrada en la Consejería el mismo día en que se presentó en el Ayuntamiento. b) Sí, puesto que, de haberse remitido por el Ayuntamiento y recibido en la Consejería, se hubiera sobrepasado el plazo de presentación de la misma. c) Sí, porque la solicitud, al concluir el plazo el día 7, debió presentarse antes de que llegara dicho día. d) Sí, si no se certificó la solicitud. 4. ¿Se ajusta a Derecho lo señalado por la Consejería en el apartado c) del escrito? a) Sí, al tratarse de una potestad discrecional. b) Sí, puesto que esto es la obligación de la Administración con todo tipo de solicitudes. c) No, puesto que hay obligación de tramitar la solicitud. d) Nada de lo anterior es cierto. 354



5. El acuse de recibo, como única obligación de la Administración, en principio, sólo se permite respecto de: a) Cualquier solicitud que inste el ejercicio de una potestad reglada. b) Las solicitudes que se refieran a potestades discrecionales. c) Las peticiones efectuadas al amparo del art. 29 de la Constitución. d) Todo tipo de escritos dirigidos a la Administración. 6. ¿Obró correctamente el Sr. X. al solicitar el certificado del silencio administrativo? a) Sí, puesto que no se resolvió su solicitud en plazo. b) No, puesto que debería haber esperado a la resolución de la solicitud. c) Para hacer valer sus derechos es indiferente que se recabe o no este certificado. d) No, porque el certificado debería haberlo pedido al Ayuntamiento. 7. A falta de previsión legal en contrario, el plazo máximo para resolver los procedimientos es de: a) Seis meses. b) Un año. c) Tres meses. d) Un mes. 8. La regla general en nuestro Derecho respecto a los efectos de la no resolución dentro de plazo es el/la: a) Caducidad del expediente. b) Silencio negativo. c) Silencio positivo. d) Perecimiento del derecho de que se trate. 9. ¿Para qué sirve el certificado del silencio administrativo? a) Para la validez del acto. b) Para acreditar la existencia del silencio. c) Para exigir responsabilidad a la Administración. d) Para todo lo anterior. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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10. El certificado del silencio administrativo debe emitirse en el plazo máximo de: a) Un mes. b) Veinte días hábiles. c) Veinte días naturales. d) Quince días hábiles. 11. Contra los actos de los Consejeros, como el que nos ocupa, a salvo de previsión legal especial, el recurso procedente en vía administrativa es el: a) De alzada ante el Consejo de Gobierno. b) De revisión en cualquier caso. c) Contencioso-administrativo. d) De reposición. 12. Si en la notificación del acto se indica como interponible un recurso que no procede y el particular lo presenta: a) Se le desestimará. b) Al ser el error imputable a la Administración, el particular no puede ver perjudicados sus derechos. c) Deberá entrarse a resolver el recurso propuesto. d) Nada de lo anterior es correcto. 13. El plazo establecido para la interposición del recurso contencioso-administrativo en caso de resolución presunta del previo recurso de alzada, es de: a) Un año. b) Seis meses desde que se produjo el silencio administrativo. c) Dos meses desde que se debió resolver el recurso de alzada. d) Ninguno, pues hay que esperar a la resolución expresa. 14. La notificación del Consejero adolece del siguiente defecto formal: a) No indica correctamente qué recurso es posible contra el acto resolutorio del recurso de alzada. b) Omite el órgano ante el que debe interponerse el recurso contenciosoadministrativo. 356



c) No indica el lugar al que hay que dirigir el recurso. d) Todos los anteriores son defectos formales. 15. La notificación defectuosa se subsana automáticamente: a) Cuando el interesado deja transcurrir seis meses sin protestarla. b) Al notificarse personalmente al interesado. c) Cuando el interesado efectúa actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución. d) En todos los casos anteriores.


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SOLUCIONES 1. b) Sí, puesto que los Ayuntamientos están obligados a recibir este tipo de solicitudes dirigidas a la Administración Autónoma. 2. c) Registrarla y enviarla a la Consejería destinataria. 3. a) No, al estimarse que la solicitud tiene entrada en la Consejería el mismo día en que se presentó en el Ayuntamiento. 4. c) No, puesto que hay obligación de tramitar la solicitud. 5. c) Las peticiones efectuadas al amparo del art. 29 de la Constitución. 6. a) Sí, puesto que no se resolvió su solicitud en plazo. 7. c) Tres meses. 8. c) Silencio positivo. 9. b) Para acreditar la existencia del silencio. 10. d) Quince días hábiles. 11. d) De reposición. 12. b) Al ser el error imputable a la Administración, el particular no puede ver perjudicados sus derechos. 13. b) Seis meses desde que se produjo el silencio administrativo. 14. b) Omite el órgano ante el que debe interponerse el recurso contenciosoadministrativo. 15. c) Cuando el interesado efectúa actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución.

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SUPUESTO 28

El Sr. X, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Z, fue nombrado, por concurso de méritos, Jefe de Sección en el Área de Hacienda del mismo. Tras llevar unos meses en dicho puesto y discrepar con el Concejal-Delegado de Hacienda en cuanto a los criterios seguidos por éste respecto a la resolución de determinados expedientes, que no veía ajustada a la Ley, sobre lo que había dejado constancia escrita en los informes pertinentes, el Sr. X recibió una notificación del órgano que lo nombró, en la que se hacía notar que «por necesidades del servicio, pasará a desempeñar su trabajo en otro Servicio, con categoría de Adjunto a Jefe de Sección, cesando desde el día de la fecha del acto notificado en su anterior cometido, por lo que, a efectos de consolidación del grado personal, debe entenderse que no computarán los días siguientes al de la emisión de este acto administrativo».

CUESTIONARIO 1. El sistema normal de provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la Función Pública es el/la: a) Concurso de méritos. b) Libre designación. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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c) Concurso-oposición. d) Oposición. 2. En cambio, el sistema normal de provisión de plazas vacantes en la Escala de Administración General es el/la: a) Oposición libre. b) Oposición restringida. c) Concurso-oposición. d) Concurso. 3. Necesariamente deben realizarse pruebas objetivas en el siguiente sistema de selección para provisión de plazas vacantes: a) Concurso de méritos. b) Oposición. c) Concurso-oposición. d) Las respuestas b y c son correctas. 4. En la estructuración administrativa de las Administraciones Públicas las Secciones son jerárquicamente inferiores a los/las: a) Servicios. b) Negociados. c) Equipos. d) Unidades. 5. La remoción de un funcionario que ocupe un puesto de trabajo por concurso: a) Está prohibida. b) Es libre. c) Requiere expediente disciplinario. d) Nada de lo anterior es cierto. 6. Entre los principios que rigen en la provisión de puestos de trabajo se encuentran los de: a) Igualdad. b) Mérito y capacidad.

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c) Publicidad. d) Están todos los anteriores. 7. Los principios a que se alude en la pregunta anterior rigen en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo: a) Por concurso de méritos. b) De libre designación. c) Movilidad por razón de salud. d) Las respuestas a y b son ciertas. 8. La remoción del puesto del funcionario X, en el caso que nos ocupa: a) Se ajusta a Derecho. b) Debería haberse acordado por el Concejal-Delegado de Hacienda. c) Requería expediente disciplinario. d) Es ilegal. 9. Si la contestación a la pregunta anterior es la del apartado d) de la misma, el motivo es porque: a) Se ha incurrido en anulabilidad. b) Se ha producido una nulidad absoluta. c) Existen diversas irregularidades. d) Las respuestas a y b son correctas. 10. El acto de remoción, de que tratamos, es anulable por: a) No haberse incoado expediente contradictorio para acreditar la incapacidad del funcionario. b) Falta de motivación del mismo. c) Dictarse por el mismo órgano que lo nombró. d) Todo lo anterior. 11. Asimismo, es anulable por: a) No señalar los recursos que contra el mismo proceden. b) No haberse dictado por el Concejal-Delegado de Hacienda. c) Pretender tener efectos retroactivos, siendo desfavorable. d) Nada de lo anterior. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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12. Debe considerarse nulo de pleno derecho: a) En ningún caso. b) Al no incoarse el expediente contradictorio a que se alude en la pregunta 10 que antecede. c) Carecer de la más elemental justificación. d) Darle efectos desde el mismo día en que se notifica. 13. Desde el momento en que con esta remoción puede atentarse contra el derecho fundamental a desempeñar el cargo o función, recogido como parte integrante del derecho al acceso a los cargos y funciones públicas, el acto es: a) Nulo de pleno derecho. b) Irregular. c) Convalidable. d) Anulable. 14. Como puede deducirse del caso, la remoción estuvo motivada por la disparidad de criterios entre el funcionario, cumplidor de lo señalado por la Ley, y el Concejal-Delegado de Hacienda, alegándose por la Administración otros motivos. Esto puede considerarse como un/una: a) Conducta legal por parte de la segunda. b) Nueva causa de nulidad de pleno derecho. c) Desviación de poder. d) Ejercicio de una potestad discrecional. 15. Contra este acto, si pone fin a la vía administrativa, y por los distintos motivos expresados, el Sr. X puede interponer el recurso: a) De reposición. b) De alzada. c) Contencioso-administrativo. d) Ninguno, al ser correcto legalmente el acto dictado.

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SOLUCIONES 1. a) Concurso de méritos. 2. a) Oposición libre. 3. d) Las respuestas b y c son correctas. 4. a) Servicios. 5. d) Nada de lo anterior es cierto. 6. d) Están todos los anteriores. 7. d) Las respuestas a y b son ciertas. 8. d) Es ilegal. 9. d) Las respuestas a y b son correctas. 10. b) Falta de motivación del mismo. 11. c) Pretender tener efectos retroactivos, siendo desfavorable. 12. b) Al no incoarse el expediente contradictorio a que se alude en la pregunta 10 que antecede. 13. a) Nulo de pleno derecho. 14. c) Desviación de poder. 15. a) De reposición.


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SUPUESTO 29

El Sr. X, Economista del Ayuntamiento de Z, con nivel consolidado de Complemento de Destino 24, se presentó a un concurso de méritos para cubrir un puesto de trabajo de su especialidad en la Diputación Provincial de su provincia, obteniendo el mismo.

CUESTIONARIO 1. Señálese qué tipo de plaza tiene en la Corporación de procedencia. 2. En qué situación administrativa quedará este funcionario. 3. Quién debe declarar la situación de que se trate. 4. Qué régimen jurídico (retributivo, de derechos y deberes, etc.) tendrá este funcionario. 5. Si el puesto que cubre en la Diputación Provincial tiene nivel de Complemento de Destino 28, cómo y en qué forma consolidará un nuevo nivel.


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SOLUCIONES 1. Los Economistas al servicio de una Corporación Local que ejerzan sus funciones de tales y reciban esta misma denominación deben encuadrarse en la Subescala Técnica de Administración Especial y, dentro de ella, como Técnicos Superiores, conforme al art. 171.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TR/86, en adelante), a cuyo tenor “pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las Leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, y, a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y especialidades”. 2. Con anterioridad a la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP, en adelante), el derogado art. 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y, en desarrollo del mismo, el art. 15 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado (que ha venido aplicándose supletoriamente en el resto de Administraciones Públicas), obligaban a declarar en la situación de excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector público y no les correspondan quedar en otra situación. En la actualidad, a tenor del art. 88 de la LEBEP, los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la Comunidad Autónoma en la que se integran. Las Comunidades Autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

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Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las Comunidades Autónomas con independencia de su Administración de procedencia. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales Convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso. 3. La competencia para declarar las distintas situaciones administrativas en que pueden encontrarse los funcionarios locales corresponde al Alcalde-Presidente como Jefe Superior de todo el personal (arts. 21.1,h, en cuanto a los Alcaldes, y 34.1.h, respecto de los Presidentes de Diputaciones Provinciales, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRL, en lo sucesivo–) (en los Municipios de gran población esta competencia se atribuye a la Junta de Gobierno Local, conforme al art. 127,1.º,h, LRL), pudiendo delegar esta competencia específica en un Concejal-Delegado o Diputado-Delegado Provincial, sin que se pueda delegar la propia Jefatura Superior del Personal (art. 21.3, en cuanto a los Alcaldes, y 34.3 respecto de los Presidentes de Diputaciones Provinciales LRL). 4. Como quiera que el Sr. X cubre un puesto en la Diputación Provincial, en ella quedará en situación de servicio activo, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta situación, que son equivalentes a los que tenía cuando trabajaba en el Ayuntamiento. Respecto del Ayuntamiento, permanecerá en la situación de servicio en otra Administración Pública en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma, es decir, mientras esté en servicio activo en la Diputación Provincial. Y una vez producido el cese en ella deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular (art. 15.3 RSA). En cuanto al resto de efectos, habrá que estar a lo dispuesto en el citado art. 88 LEBEP y las Leyes sobre función Pública que aprueben las respectivas Comunidades Autónomas en desarrollo de esta LEBEP, que se aplicarán a las Entidades Locales de su territorio. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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5. El art. 16 LEBEP trata del concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera, disponiendo que: 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. 3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto. c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. 4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito. Por su parte, el art. 70 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (aplicable, también, supletoriamente, y al que habrá que estar hasta tanto se promulguen las citadas Leyes de Función Pública y Reglamentos de desarrollo de las mismas), regula el grado personal, disponiendo que los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles, así como que todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o

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más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de provisión, y que, no obstante lo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala. En el supuesto planteado, el Sr. X tiene consolidado el grado personal 24, percibiendo por ello el nivel 24 de Complemento de Destino. Ahora bien, cuando ingresa en la Diputación Provincial provee un puesto de nivel 28, por lo que percibirá las retribuciones propias del mismo mientras lo desempeñe, consolidando cada dos años de servicios continuados en el mismo el grado superior en dos niveles al que posea, en la forma antes expuesta a la luz del art. 70 citado. En suma, el Sr. X a los dos años de ingresar en su nuevo puesto en la Diputación Provincial consolidará el grado 26, y a los dos siguientes años el grado 28.


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SUPUESTO 30

En el Registro General de esta Entidad Local, D.ª María, auxiliar administrativa, atiende a un cliente, D. Luis, que pretende obtener copia sellada al entregar un escrito de solicitud dirigido a dicha Entidad Local. No aporta copia del escrito, por lo que D.ª María opta por extender un recibo en que se constata la recepción del documento, el número de entrada y sucinta referencia al asunto (no puede realizar la copia ella misma, como habitualmente hace en estos casos, porque la fotocopiadora está estropeada). D. Luis, visiblemente alterado y con muy malos modos, se niega a aceptar el recibo acreditativo arguyendo que carece de validez. Tras una discusión acalorada entre ambos, D. Luis abandona las dependencias llevándose el escrito que iba a presentar y anunciando la interposición de una reclamación contra D.ª María por haber conculcado sus derechos. Un poco más tarde, otro cliente, D. Patricio, solicita la compulsa de un documento que retira a continuación, dejando la copia compulsada para que se una a su expediente, en curso en ese momento. Por teléfono atiende a la Sra. Caridad, que solicita información sobre el estado de su procedimiento. Al final de su jornada de trabajo, D.ª María cursa una nota interna para solicitar el arreglo urgente de la fotocopiadora.


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CUESTIONARIO 1. Ante un ciudadano como D. Luis, excitable y entendido, el encargado de atención al público deberá: a) No ceder en sus posiciones, defendiéndose con sus mismas armas. b) No dejarse avasallar, reaccionando con la dureza necesaria. c) No perder el autocontrol ni enfrentarse a él. d) Ignorarlo. 2. ¿Con qué tipo de ciudadanos, en su relación con la Administración, es eficaz la táctica de “pasarse a su bando”? a) Con los inquisitivos. b) Con los silenciosos. c) Con los escépticos. d) Con los habladores. 3. ¿Calificaría de correcta la actuación de D.ª María ante las exigencias de D. Luis? a) Sí, porque tiene razón en cuanto al recibo y mantiene su postura. b) No, porque aunque tiene razón en cuanto al recibo, pierde el autocontrol frente al administrado. c) No, porque en este caso tiene la razón el administrado y el recibo no es suficiente. d) Depende de la importancia en el expediente del escrito que se iba a presentar. 4. Son características de la escucha activa (señalar la proposición incorrecta): a) No tener en cuenta las circunstancias del administrado. b) Prepararse sobre el tema que se trata. c) Resumir las ideas básicas que se exponen. d) Preguntar y tomar notas.

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5. El informador público, antes de emitir su mensaje sobre un asunto, deberá: a) Analizar al receptor para adivinar sus reacciones. b) No dejarse llevar por prejuicios propios. c) Establecer los objetivos de su mensaje. d) Todas son correctas. 6. ¿En qué norma se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano? a) Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. b) Real Decreto 206/1999, de 7 de febrero. c) Real Decreto 207/1998, de 6 de febrero. d) Real Decreto 209/1997, de 8 de febrero. 7. Lo que solicita la Sra. Caridad es: a) Información general. b) Información indeterminada. c) Información pública. d) Información particular. 8. Si finalmente D. Luis decide cursar la reclamación que ha anunciado: a) Únicamente podrá hacerlo mediante el Libro de Quejas y Sugerencias en un centro de Información Administrativa. b) Solamente podrá presentar su reclamación por correos. c) Solamente podrá presentar su reclamación personalmente. d) Ninguna es correcta. 9. La atención personalizada al ciudadano comprende (señalar la incorrecta): a) La orientación del ciudadano respecto a la localización de dependencias públicas. b) La recepción de quejas y reclamaciones.


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c) La asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición. d) La asistencia a los ciudadanos en sus relaciones con determinadas entidades financieras. 10. Entregar un recibo al administrado que presenta documentación: a) Es correcto, según dispone el art. 70.3 LRJAP y PAC. b) No es correcto: lo adecuado es entregar la copia sellada, de acuerdo con ese artículo. c) Depende de la voluntad del administrado, según el artículo 71.2 LRJAP y PAC. d) Era lo correcto hasta la reforma de la LRJAP y PAC en 1999. 11. Si el administrado hubiese presentado copia del escrito que iba a entregar, ¿cuál hubiera sido el deber de la auxiliar administrativa? a) Quedarse con original y copia para cotejarlos y enviar más adelante la copia por correo al administrado. b) Cotejar en ese momento cuidadosamente la copia con el original entregado, sellarla y devolverla al administrado. c) Redactar un recibo acreditativo, unir a él la copia y entregar todo al administrado. d) No tener en cuenta la copia, redactar un recibo acreditativo y entregarlo al administrado. 12. La presentación de copias compulsadas en un procedimiento y la inmediata devolución de los originales: a) Es, en todo caso, una facultad que depende de cada órgano administrativo, como cortesía hacia los administrados. b) En algunos supuestos es obligatorio, si los originales tienen cierta antigüedad. c) Es un derecho de los administrados, pero su ejercicio depende de los medios técnicos de que disponga cada órgano administrativo. d) Es un derecho de los administrados y una obligación para la administración, siempre que la copia acompañe a una solicitud, escrito o comunicación.

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13. En un procedimiento, una copia compulsada: a) Tiene la misma validez que el original. b) Tiene validez sólo en cuanto a la fecha de la compulsa. c) No acredita la autenticidad del original. d) A y c son correctas. 14. Señálese cuál no es función de una Oficina de Registro: a) La expedición de copias compulsadas de documentos originales. b) La anotación de asientos de entrada y salida de documentos. c) La emisión de propuestas de resolución. d) La remisión de los escritos presentados a sus destinatarios. 15. Los asientos que se lleven a cabo en una Oficina de Registro: a) Incluirán la fecha de presentación, con ocho dígitos. b) Incluirán la hora de presentación, con seis dígitos. c) Incluirán ambos datos y cualesquiera otros que establezca la ley 30/1992. d) Solamente incluirán la fecha. 16. Indíquese cuál de las siguientes actuaciones debe seguirse en un expediente cuando se quiere asegurar la eficacia de la futura resolución: a) Un informe favorable. b) El dictamen del Consejo de Estado. c) El acuerdo de adopción de medidas provisionales. d) La propuesta de resolución. 17. El conjunto de documentación de apoyo informativo sobre un asunto se denomina: a) Expediente. b) Dossier. c) Carpeta. d) Ficha personal. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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18. La expedición de copias selladas de los documentos originales que los ciudadanos deben aportar junto con las solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a la Administración y el registro de esa expedición, es función de: a) Las Oficinas de Registro Generales. b) Las Oficinas de Registro Auxiliares. c) Las Oficinas de Registro Estatales. d) A y b son ciertas. 19. La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en cualquiera de los lugares previstos para ello por medios informáticos, electrónicos o telemáticos es válida respecto de: a) Instancias, reclamaciones y certificaciones, según el RD 277/1999. b) Todos los documentos de tipo informativo, según el RD 227/1999. c) En principio, para todo tipo de documentos, porque la ley no hace distinciones. d) Sólo para documentos complementarios. 20. Señálese la opción incorrecta: a) Una instancia puede servir tanto para la adopción de medidas por parte de la Administración, como para pedir el reconocimiento de un derecho del interesado. b) Las declaraciones de los interesados pueden ser simples o juradas, pero la responsabilidad por lo declarado siempre es del declarante. c) La notificación a los administrados puede ser personal, por cédula o por edicto, siempre que se tenga constancia de la misma. d) El llamado pie de recurso es la forma correcta de finalizar la redacción de un acta, que refleja el contenido de las reuniones de órganos colegiados.

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SOLUCIONES 1. c) No perder el autocontrol ni enfrentarse a él. Reaccionar con dureza o discutir al mismo nivel que este tipo de personas no soluciona nada y empeora las relaciones con el administrado. No se puede ignorar a ningún cliente de la Administración. 2. c) Con los escépticos. De esta forma, se contrarresta su desconfianza. 3. b) No, porque aunque tiene razón en cuanto al recibo, pierde el autocontrol frente al administrado. Independientemente del fondo del problema, en los casos de comportamiento agresivo del administrado, el funcionario no debe perder las buenas maneras ni dar respuestas que puedan considerarse una provocación. 4. a) No tener en cuenta las circunstancias del administrado. En la escucha activa, se trata de poner en activo todos los recursos posibles para que el informador público se sitúe en la atmósfera que rodea al ciudadano cliente, y eso exige claramente tener en cuenta y comprender las circunstancias que le influyen. 5. d) Todas son correctas. Son algunos de los pasos previos a la emisión de información, cuando se entiende la atención al público como un tipo cualificado de comunicación. Además de los citados, conviene elaborar un mensaje lo más claro y simple posible y planificar la comunicación. 6. a) Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. Consta de 14 artículos divididos en dos capítulos, más una Disposición Adicional, una Transitoria, una Derogatoria y dos Finales. 7. d) Información particular. Puesto que concierne a un procedimiento en tramitación y es parte interesada. 8. d) Ninguna es correcta. Las reclamaciones de los administrados, cuando consideren que han sido objeto de cualquier desatención o irregularidad, podrán presentarse en el Registro General de la Entidad Local o las oficinas y centros de Información Administrativa, mediante las hojas del Libro de Quejas o Sugerencias y también cabe la presentación por correo, como cualquier otro documento administrativo.


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9. d) La asistencia a los ciudadanos en sus relaciones con determinadas entidades financieras. (Esta es una actividad privada en la que la administración no interviene, siendo las otras respuestas ejemplos clásicos de funciones de atención al ciudadano, recogidas en el RD 208/1996, concretamente en su artículo 4). 10. a) Es correcto, según dispone el art. 70.3 LRJAP y PAC. Este apartado del art. 70 dice claramente: 3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina. Además, establece el art. 7 del RD 772/1999, de 7 de mayo, lo siguiente: 1. Cuando las normas reguladoras del correspondiente procedimiento o actuación administrativa requieran la aportación de documentos originales por los ciudadanos, éstos tendrán derecho a la expedición por las oficinas de registro de una copia sellada del documento original en el momento de su presentación. Las oficinas de registro no estarán obligadas a expedir copias selladas de documentos originales que no acompañen a las solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano. 2. Para el ejercicio de este derecho el ciudadano aportará, junto con el documento original, una copia del mismo. La oficina de registro cotejará la copia y el documento original, comprobando la identidad de sus contenidos, unirá el documento original a la solicitud, escrito o comunicación al que se acompañe para su remisión al órgano destinatario y entregará la copia al ciudadano, una vez diligenciada con un sello en el que consten los siguientes datos: a) Fecha de entrega del documento original y lugar de presentación. b) Órgano destinatario del documento original y extracto del objeto del procedimiento o actuación para cuya tramitación se aporta). 11. b) Cotejar en ese momento cuidadosamente la copia con el original entregado, sellarla y devolverla al administrado. Además del citado art. 70.3 LRJAP y PAC, el art. 6.1. del RD 772/1999, de 7 de mayo, establece: La expedición de los recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los lugares señalados en el artículo 2.1 de este Real Decreto, se efectuará en el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación.

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12. d) Es un derecho de los administrados y una obligación para la administración, siempre que la copia acompañe a una solicitud, escrito o comunicación. Recoge el artículo 8 del RD 772/1999, de 7 de mayo: Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa requieran la aportación de copias compulsadas o cotejadas de documentos originales, el ciudadano podrá ejercer su derecho a la inmediata devolución de estos últimos por las oficinas de registro en las que se presente la solicitud, escrito o comunicación a la que deba acompañar la copia compulsada, con independencia del órgano, entidad o Administración destinataria. Las oficinas de registro no estarán obligadas a compulsar copias de documentos originales cuando dichas copias no acompañen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano. 13. d) A y c son correctas. El apartado 3 del art. 8 del RD 772/1999, de 7 de mayo lo afirma: La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original). 14. c) La emisión de propuestas de resolución. El artículo 13 del RD 772/1999, de 7 de mayo establece: Las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones: a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o entidad de cualquier Administración pública; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de este Real Decreto. b) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de este Real Decreto. c) La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones; de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. d) La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias; de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. e) La expedición de copias selladas de los documentos originales que los ciudadanos deban aportar junto con una solicitud, escrito o comunicación así como el registro de dicha expedición; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este Real Decreto. f) La realización de cotejos y la expedición de copias compasadas de documentos originales aportados por los interesados; según lo establecido en el artículo 8 de este Real Decreto. g) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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15. c) Incluirán ambos datos y cualesquiera otros que establezca la ley 30/1992. Ver el apartado 4 in fine del artículo 14 del RD 772/1999, de 7 de mayo. 16. c) El acuerdo de adopción de medidas provisionales. (Ver el art. 72 - Medidas provisionales– de la LRJAP y PAC, apartado 1, que dice: Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello). 17. b) Dossier. El conjunto de documentos de apoyo informativo sobre un asunto no forman parte del expediente, sino que constituyen un dossier, reunido o formado específicamente para un asunto concreto, compuesto por documentos no originales, sin valor testimonial ni documental y que generalmente no pasan al archivo central, sino que se destruyen. 18. d) A y b son ciertas. (Ver el art. 13 e) del RD 772/1999, de 7 de mayo, que dispone que: Las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones: [...] e. La expedición de copias selladas de los documentos originales que los ciudadanos deban aportar junto con una solicitud, escrito o comunicación así como el registro de dicha expedición: todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este Real Decreto – Aportación de documentos originales al procedimiento–). 19. c) En principio, para todo tipo de documentos, porque la ley no hace distinciones. (Ver art. 3 del citado RD 772/1999, de 7 de mayo, que complementa lo establecido en el apartado 2 del art. 45 LRJAP y PAC, que establece que: Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con respeto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento). 20. d) El llamado pie de recurso es la forma correcta de finalizar la redacción de un acta, que refleja el contenido de las reuniones de órganos colegiados. Las actas son documentos de constancia interna que sirven para recoger las deliberaciones y acuerdos de los órganos colegiados. Por tanto, puede ser al mismo tiempo una forma de reflejar la resolución de un órgano tal en un determinado asunto, por lo que deberá llevar pie de recurso. Pero en el resto de los casos, el acta no tiene por qué llevar pie de recurso para su validez.

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SUPUESTO 31

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente con respecto a los procesos selectivos, el Ayuntamiento de Chacao nombra a D. Hernán, funcionario perteneciente al cuerpo de Auxiliares Administrativos del citado Ayuntamiento. Una de las primeras tareas que se le encomienda a D. Hernán G.G. consiste en ordenar los expedientes de personal. A continuación se transcribe una comunicación interior en la que se imparten instrucciones para la organización de los archivos de oficina. Forman parte del Patrimonio documental los documentos de cualquier época, recogidos o no en Archivos, recibidos o producidos en el ejercicio de su función por: a) Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma. b) Los órganos legislativos de dicha Comunidad. c) Los órganos periféricos de la Comunidad. d) Los órganos provinciales y municipales de la Administración local, etc. Por ello, el Ayuntamiento de Chacao establece las siguientes instrucciones: “1. La documentación generada o recibida por las distintas unidades administrativas, en el ejercicio de sus competencias, debe organizarse de manera unitaria, en cada uno de los servicios, constituyendo de esta forma el respectivo Archivo de oficina de cada unidad administrativa. 2. Cada uno de los archivos de oficina debe poseer un Cuadro de clasificación.


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3. Asimismo, deben cumplimentar las fichas de series documentales. A estos efectos, se fijarán los plazos de conservación de cada una de las series documentales. 4. Los archivos de oficina transferirán al archivo central la documentación cuyo procedimiento administrativo haya finalizado”.

CUESTIONES 1. Como hemos visto, a D. Hernán se le asigna ordenar los expedientes de personal, ¿de qué forma los ordenaría Ud.? a) La ordenación de esta documentación obrante en los expedientes se podría realizar utilizando diferentes subcarpetas de colores y cada una indicaría el resumen de la documentación. b) Las citadas subcarpetas se deben incluir en una carpeta-archivadora, donde se especificarán los apellidos y nombre del titular del correspondiente expediente. c) Son cajas archivadoras. d) a y b son correctas. 2. Definir el concepto de archivo de gestión: a) El archivo de gestión, denominado también archivo de oficina, es el archivo de la unidad productora. Se va formando con la documentación producida de la propia gestión administrativa. b) El archivo de gestión, denominado también archivo general, es el archivo de la unidad productora. Se va formando con la documentación producida de la propia gestión administrativa. c) El archivo de gestión, denominado también archivo intermedio, es el archivo de la unidad productora. Se va formando con la documentación producida de la propia gestión administrativa. d) El archivo de gestión o central es el encargado de realizar las Transferencias. 382



3. ¿Qué tipo de documentación podrá encontrar D. Hernán en su unidad administrativa? a) Documentación de apoyo informativo: folletos informativos, boletines, revistas, etc. b) Documentos de archivo: expedientes, correspondencia, etc. c) Documentos de gestión. d) a y b son correctas. 4. En el mencionado Servicio se encuentran una serie de expedientes finalizados. Por ello es necesario transferirlos al archivo correspondiente. ¿A qué archivo se remitirá la serie? a) Al archivo histórico. b) Al archivo central. c) Al archivo de gestión. d) Al archivo principal. 5. Con relación a la cuestión anterior, ¿qué actividades previas debemos realizar antes de remitir la documentación? a) Destruir los documentos y material inservible y comprobar que toda la documentación se encuentra en orden dentro de sus expedientes. b) Retirar de la documentación los clips, post-it, gomas elásticas, etc. c) Acondicionar los expedientes en cajas de archivos numerados. d) Transferir la documentación mediante la relación de entrega al Archivo Central y todas las anteriores son correctas. 6. Atendiendo a los aspectos internos de los documentos, el contenido hace referencia: a) A la materia de la que se ocupa el documento. b) A la localización del documento. c) A la persona que elabora el documento. d) A la función administrativa del documento.


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7. El archivo de gestión se corresponde con: a) La segunda etapa del documento. b) La primera etapa del documento. c) La tercera etapa del documento. d) La cuarta etapa del documento. 8. Señale los valores del documento de archivo: a) Primario y terciario. b) Primario y secundario. c) Inicial y secundario. d) Administrativo y legal. 9. El principio fundamental de la Archivística es el de: a) Procedencia. b) Finalidad. c) Unicidad. d) Ninguna es correcta. 10. Las funciones de los archivos son: a) Recoger. b) Conservar. c) Servir documentos. d) Todas son correctas. 11. Un archivo puede prestar el siguiente servicio: a) Probatorio. b) Base de datos. c) Medio de consulta. d) Todas las opciones anteriores son correctas.

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12. ¿Sabe Vd. cuáles son las funciones del archivero en relación con el archivo de gestión? a) Elaborar el cuadro de clasificación general. b) Organizar las transferencias de fondos al archivo central. c) Diseñar los procedimientos de archivo, descripción y recuperación de información, considerando, en cada caso, las necesidades y características de la documentación. d) Todas son correctas. 13. ¿A quién corresponde, en un archivo de oficina, el archivo de documentos? a) Al personal administrativo. b) Al archivero. c) Al Secretario de la unidad administrativa. d) Al Jefe de Servicio. 14. ¿Cómo se estructura el cuadro de Clasificación? a) Por niveles o categorías (secciones, subsecciones y series). b) Por códigos alfabéticos. c) Por códigos numéricos. d) Por códigos alfanuméricos. 15. ¿Cuál es la primera división del fondo? a) La sección. b) La subsección. c) La serie. d) El organismo productor. 16. El sistema de clasificación por materias es utilizado preferentemente en: a) Archivo de facturas. b) Archivo de correspondencia.


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c) En una biblioteca. d) a) y b) indistintamente. 17. Al plantear el caso, hemos hecho referencia a los archivos de oficina. ¿Sabría indicar en qué consiste básicamente el tratamiento de la documentación de estos archivos? a) Iniciación en el Registro general y formación de expedientes. b) Clasificación y ordenación. c) Ordenación, recuperación de la información y transferencia de fondos. d) Todas son correctas. 18. Señale la definición correcta del concepto «serie documental»: a) Conjunto de documentos con estructura y contenidos similares, producido por un mismo órgano, como resultado de un tipo de actividad o procedimiento determinado. b) Agrupación orgánica de documentos por una Institución o persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones, que constituyen la expresión del conjunto de las actividades por ella desarrolladas. c) Reunión de documentos que, sin poseer carácter orgánico, responde a criterios subjetivos o de conservación. d) Conjunto de documentos análogos. 19. En cuanto a los archivos de gestión ¿pueden los documentos ser eliminados periódicamente? a) Sí, pero nunca las comunicaciones interiores. b) Sí, pero nunca los documentos originales. c) Sí, pero nunca los duplicados. d) b) y c) son correctas. 20. Hablando de ordenación, ¿cómo ordenaría Ud. los expedientes de personal que a continuación se citan? a) Gómez Fernández, Andrés. Gómez Fernández, Consuelo. Gómez Fernández, Antonio. b) Gómez Fernández, Antonio. Gómez Fernández, Consuelo. Gómez Fernández, Andrés. 386



c) Gómez Fernández, Andrés. Gómez Fernández, Antonio. Gómez Fernández, Consuelo. d) Gómez Fernández, Consuelo. Gómez Fernández, Antonio. Gómez Fernández, Andrés. 21. Existen unas normas de clasificación que permiten ordenar correctamente un archivo. Indíquelas: a) Sencillez, rapidez de colocación y clasificación. b) Economía, sencillez y ordenación. c) Sencillez, rapidez de colocación y economía. d) Recibir, conservar y servir. 22. El conjunto de documentos sobre un asunto da lugar a: a) Un expediente. b) Un dossier. c) Una colección. d) Una resolución. 23. La etapa prearchivística se corresponde con el siguiente archivo: a) Gestión. b) Intermedio. c) Central. d) Histórico. 24. En Archivística tenemos diversos tipos de ingresos. Indíquelos: a) Ordinarios y extraordinarios. b) Ordinarios y transferencias. c) Transferencias y compras. d) Compras y donaciones.


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25. ¿Qué archivo está formado por las series documentales transferidas desde los archivos de oficinas? a) El Archivo Histórico. b) El Archivo de Gestión. c) El Archivo Central. d) El Archivo Administrativo. 26. Una vez relacionados todos los documentos que tengan valor histórico, y, por tanto, deban conservarse, pasan al archivo: a) Central. b) Público. c) Histórico. d) Intermedio. 27. El expediente administrativo consta de varias partes. Señale la respuesta correcta: a) Los documentos y las cajas archivadoras. b) Los documentos y el resumen. c) La relación del contenido y la carpetilla o guarda exterior. d) b y c son correctas. 28. La Archivística es la disciplina: a) Que estudia e interpreta los documentos antiguos. b) De los archivos, aunque éstos estén formados por documentos. c) Que estudia y critica la tradición, forma y elaboración de los documentos escritos resultantes de acciones jurídicas. d) Que estudia los manuscritos y libros. 29. ¿Dónde se custodian los documentos que se están tramitando en cada momento? a) En los archivos de gestión. b) En el archivo histórico.

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c) En el archivo provisional. d) En el archivo ministerial. 30. ¿En qué archivo se custodian los documentos con valor histórico? a) En el de gestión. b) En el administrativo. c) En el histórico. d) En el intermedio.


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SOLUCIONES 1. d) a y b son correctas. 2. a) El archivo de gestión, denominado también archivo de oficina, es el archivo de la unidad productora. Se va formando con la documentación producida de la propia gestión administrativa. 3. d) a y b son correctas. 4. b) Al archivo central. 5. d) Transferir la documentación mediante la relación de entrega al Archivo Central y todas las anteriores son correctas. 6. a) A la materia de la que se ocupa el documento. 7. b) La primera etapa del documento. 8. b) Primario y secundario. 9. a) Procedencia. 10. d) Todas son correctas. 11. d) Todas las opciones anteriores son correctas. 12. d) Todas son correctas. 13. a) Al personal administrativo. 14. a) Por niveles o categorías (secciones, subsecciones y series). 15. a) La sección. 16. c) En una biblioteca. 17. d) Todas son correctas. 18. a) Conjunto de documentos con estructura y contenidos similares, producido por un mismo órgano, como resultado de un tipo de actividad o procedimiento determinado. 19. b) Sí, pero nunca los documentos originales. 20. c) Gómez Fernández, Andrés. Gómez Fernández, Antonio. Gómez Fernández, Consuelo. 21. c) Sencillez, rapidez de colocación y economía. 22. b) Un dossier.

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23. a) Gestión. 24. a) Ordinarios y extraordinarios. 25. c) El Archivo Central. 26. c) Histórico. 27. d) b y c son correctas. 28. b) De los archivos, aunque éstos estén formados por documentos. 29. a) En el archivo de gestión. 30. c) En el Histórico.


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