I. LA NORMA JURIDICA: 1. Ley natural y norma social: Ley natural: La verdadera ley es la recta razón en armonía con la naturaleza; es de aplicación universal, inmutable y sempiterna, incita al cumplimiento del deber por medio de sus órdenes y aparte de las obras injustas por medio de prohibiciones. Y, sin embargo, ni impone sus ordenes o prohibiciones a los buenos en vano, no produce ningún efecto en los malos al mandar o al prohibir. Norma: En el sentido estricto es la que impone deberes y confiere derechos y son de cumplimiento obligatorio. La norma jurídica por ejemplo. En sentido amplio es la regla de comportamiento que puede ser obligatoria o no. Es este el término aplicable cuando nos referimos a normas de conducta en general, sin que nos refiramos a una norma de conducta en especial. Normas de Trato Social: Se refieren fundamentalmente al objeto de regulación, que como se indica, es el trato que se deben de dar en determinadas circunstancias unos a otros. No se refieren al origen, ni a su práctica constante: siendo innegables que si regulan, como toda norma, la conducta externa de las personas. Los usos sociales son prácticas admitidas en una comunidad o en algunos de sus sectores. Normas de trato social: La decencia, el decoro, la buena crianza, la corrección de maneras, la cortesía, la urbanidad, el respeto social, la gentileza, la amabilidad, las normas de estilo verbal, del estilo epistolar. Características: a. b. c. d.
Heteronomía. Son impuestas Exterioridad. Regulan la conducta de las personas en sus relaciones sociales. Coerciblidad. Se obliga su cumplimiento Bilateralidad. Porque crean derechos y deberes.
Clases de Normas: 1. Moral Es el conjunto de principio o de reglas de comportamiento de las personas que regula las relaciones de estas entre si y también respecto a la sociedad a una clase determinada, al estado, a la patria, la familia, etc. 2.
Normas convencionales o sociales: Es el trato que se deben dar las personas en determinadas circunstancias unos a otros, regulan la conducta externa de las personas.
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Religión. La religión desempeña el papel de preceptor moral de las gentes; siempre y en todas partes hace pasar sus preceptor morales por eternos e invariables, fijados por Dios y que han de ser obedecidos incondicionalmente.
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Normas Jurídicas: Es la disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio.
Características: a. Heteronomía. Es impuesta por el Estado b. Exterioridad. Regula conductas y esta presupone la relación de cada persona con la sociedad, la norma jurídica nada tienen que ver con lo que la persona piensa en tanto no lo ejecute. c. Bilateralidad. Son atributivas, crean derechos y obligaciones. d. Coercibilidad. Es de cumplimiento obligatorio DIFERENCIAS Y SIMILITUDES. La diferencia esencial entre las reglas del trato social y las normas jurídicas consiste en una diferencia fundamental entre la forma del imperio de unas y otros consiguientemente también en una diferencia entre el tipo de sanción de unas y otras. Las diferencias están determinadas por quien las crea e impone la sanción ante el incumplimiento y con que finalidad. JERARQUIA DE LAS NORMAS JURIDICAS: Por jerarquía se entiende orden de importancia de las normas. Concepto: La jerarquía de las normas jurídicas, está determinada por la importancia que cada una tiene con relación a las demás normas jurídicas. Esta importancia esta sujeta a aspecto de tipo formal en cuanto a su creación a contenido general y especial, a desarrollo y aplicación, elementos que debemos tomar en cuenta en el tratamiento del tema. 1. Fundamentales: Podemos decir que la constitución es la ley principal que establece garantías básicas para los gobernados, organiza la estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos, a través de los recursos. 2. ORDINARIAS: Son las que su creación principal esta encomendada al órgano permanente u ordinario de la legislación, que puede ser unicameral o bicameral, aquí está encomendada al congreso de la República, esta legislación tiene que estar acorde con los principio generales de la Constitución. 3. REGLAMENTARIAS. Tienen como objetivo fundamental fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias, siendo atribución de los tres organismos del Estado en donde estos funcionan. Recursos Fundamentales: Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un correr de nuevo, el camino ya hecho. Los recursos constituyen medios de impugnación de las resoluciones dictadas en los procesos, por la parte agraviada o inconforme con la resolución dictada. Clases de Recursos. Recursos Jurisdiccionales: 1. Nulidad: puede interponer en contra de las resoluciones en las cuales se haya violado el procedimiento, en las que no proceda el recurso de apelación y casación 2. Revocatoria. Cuando las resoluciones que dictan los tribunales son de puro trámite y no se da el trámite correcto procede el recurso de Revocatoria, es decir, que revocar es dejar sin efecto la resolución recurrida y mandar a resolver conforme a derecho. 3. Aclaración. Es un recurso que procede interponer cuando un auto o una sentencia están obscuras, ininteligibles, ambiguas o contradictorias. 4. Ampliación, si al resolver no se hace sobre la totalidad de las pericones, efectuadas puede el interesado interponer el Recurso de Ampliación. 5. Reposición. Repone los autos desde donde se cometió el error para resolver correctamente pudiendo interponerse en determinados casos ante Tribunales jerárquicamente superiores. 6.
Apelación. Es la que da inicio a la Segunda instancia, apelar quiere decir manifestar nuestra inconformidad para que resuelva un tribunal superior sobre lo resuelto en primera instancia. 7. Casación. Es un medio de impugnación de las sentencias de segunda instancia. 8. Inconstitucionalidad. Es un mecanismo de control legislativo, a través del recurso de inconstitucionalidad, el cual tienen carácter extraordinario. 9. Amparo. Amparar quiere decir proteger, en contra de las arbitrariedades de las autoridades. Es el más genérico, el más importante para la protección de los gobernados. 10. Exhibición Personal, tiene por objeto comprobar determinadas situaciones de las personas, para cuya práctica se requiere la presencia del interesado. Recursos Administrativos:
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Revocatoria. Se interpone en contra de las resoluciones dictadas por las direcciones generales y lo resuelve el Ministerio al cual estas pertenezcan. Reposición se interpone en contra de las resoluciones originarias dictadas por los Ministerios. Contencioso-Administrativo. Se interpone ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en contra de resoluciones administrativas no consentidas, que hayan sido impugnadas oportunamente por medio de los recursos administrativos de revocatoria o reposición según el caso.
LA SISTEMATICA JURIDICA: Es una disciplina nomográfica cuyo objetivo estriba en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales y legales, que integran cada sistema jurídico. Todo el problema de la sistemática jurídica radica en la discusión de ubicar las diversas áreas del derecho dentro del derecho privado o dentro del derecho público existiendo al respecto dos teorías fundamentales. La del interés y la de la naturaleza de la relación. Derecho Público Derecho constitucional, Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho Procesal, Derecho del trabajo, Derecho Agrario, Derecho notarial, Derecho Internacional Público, Derecho Privado, Derecho civil, Derecho Mercantil, Derecho Internacional Privado. II. TECNICA JURIDICA. TÉCNICA JURÍDICA Es el arte que tiene por objeto el estudio, la interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente a casos concretos. CLASIFICACIÓN DE LA TÉCNICA JURÍDICA: De Investigación Jurídica: Persigue un objetivo de aprehensión de datos para el conocimiento sistemático del derecho. Legislativa: Es la parte de la técnica jurídica que contiene las reglas que deben tomar en cuenta los legisladores en la creación del derecho. Jurisdiccional: Es la parte de la técnica jurídica que contiene las reglas que deben observar los jueces en la aplicación de un ordenamiento jurídico. Forense: es la parte de la técnica jurídica que esta referida a los preceptos a que deben seguir su actividad los profesionales del derecho. FE PÚBLICA: JURISDICCIÓN: Es la potestad jurídica que tiene el Estado de aplicar el ordenamiento jurídico, por medio de la autoridad, para resolver los casos que han sido sometidos a su conocimiento, para su resolución. COMPETENCIA: Es el límite dentro del cual el juez puede ejercer sus facultades jurisdiccionales. Criterios para determinar la competencia: Objetivo o Material: Señala que los tribunales son competentes para conocer de un asusto sometido a su conocimiento íntimamente ligado a la materia de su asunto. Subjetivo o Personal: Territorial: Determina la competencia atendiendo a un espacio en el territorio nacional en donde el tribunal ejercita su jurisdicción. Temporal: a) Funcional: Determina este criterio la competencia en razón de las etapas o instancias del proceso, es decir por las funciones que se encuentran señaladas para cada tribunal. ETAPAS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO: norma.
Cuestión de Hecho (Questio Facti): Corresponde a los hechos jurídicos que realizan los supuestos jurídicos contenidos en la
Cuestión de Derecho (Quesito Iuris): Es la atribución valorativa del juez en atribuir, por la realización del supuesto, determinadas consecuencias de derecho a los sujetos de la relación. Aplicación de las Leyes. Ámbito de aplicación territorial de las Normas jurídicas. El ámbito de aplicación territorial de la norma jurídica está determinado por el territorio en el cual se aplica. Clases. Nacionales y Extranjeras. Nacionales: Son las normas jurídicas cuya aplicación se realizará dentro de las fronteras de cada estado. Estas a su vez pueden ser generales, regionales, locales de acuerdo con el área territorial en la cual tengan que aplicarse. Extranjeras. Son las normas jurídicas de otros estados con relación al nuestro, las que al entrar en conflicto crean lo que se denomina conflicto territorial de leyes. Ámbito de Aplicación Temporal de las Normas Jurídicas. Está íntimamente ligado a la vigencia. Por consiguiente el ámbito de aplicación temporal de la norma jurídica es el tiempo en que puede ser aplicable. Hay dos tipos de vigencia: indeterminada, cuando no se indica cuando una ley dejará de ser obligatoria y la determinada es cuando se indica en el mismo texto de la ley cuando se iniciará su aplicación y cuando termina su obligatoriedad. (ej. Calamidad, prevención, alarma, excepción.
PROBLEMAS DE TÉCNICA JURÍDICA:
1) Vigencia de la Ley., 2) Interpretación de la Ley, 3) Integración de la Ley, 4) Conflicto de Leyes en el Tiempo, 5)
Conflicto de Leyes en el Espacio. VIGENCIA DE LA LEY: Es el conjunto de normas que se encuentran vigentes declaradas obligatorias en un Estado y surte sus efectos después de su publicación en el diario oficial. SISTEMAS DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA: Sistema Sincrónico: Es aquel donde la ley entra en vigor en un mismo día en todo el territorio donde será aplicada. Sistema Sucesivo: Es aquel que entra en vigencia en diferentes fechas por razones de distancia a la fecha de iniciación de la vigencia señalada. TIEMPOS DE VIGENCIA: Determinada: Se da cuando en la misma ley que entra en vigencia, se determina el tiempo de la misma. Indeterminada: Se da cuando en la ley que cobra vigencia no se indica el tiempo que estará vigente. TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA: Es cuando la misma termina su aplicación es decir que ya no es derecho vigente sino derecho histórico. FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA: Abrogación: Se refiere a la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal. Derogación: Se refiere a la modificación parcial de la ley o cuerpo legal.
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INTERPRETACIÓN DE LA LEY: Consisten investigar y explicar el sentido que ella encierra, buscar el significado y valor de la norma para medir su extensión precisa y evaluar su eficiencia en cuanto a las relaciones jurídicas. PRINCIPALES ESCUELAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO: Exegética o Tradicional: Se fundamenta en que la interpretación debe reducirse a la búsqueda del pensamiento del creador de la norma jurídica e indagar sobre la intención de las personas que la formularon. Escuela del Derecho Libre: Esta da una libertad al juzgador al momento de aplicar el derecho objetivo a los casos concretos y no condicionarlos a la voluntad del legislador. Escuela de la Lógica de lo Razonable: Parte del criterio de estimar los hechos de manera lógica y proceder de manera razonable es decir concatenando los valores que tiende a realizar el derecho con las manifestaciones reales llegando a dirimir el caso concreto de manera satisfactoria en concordancia con los valores jurídicos y especialmente con el de justicia. CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL SENTIDO DE LA LEY: Subjetivo o Filológico-Histórico: Cuando se establece que el sentido de la ley debe de entenderse en razón del sentido que el legislador pretendió darle es decir como voluntad del creador de la norma jurídica. Objetivo o Lógico Sistemático: Los textos legales tienen una significación propia implícita en los signos que lo constituyen e independientemente de la voluntad real o presunta de sus autores; es decir la ley debe interpretarse independientemente de la voluntad del legislador. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN Conforme al Autor:Autentica o legislativa: Es aquella que realiza el mismo legislador al crear la ley, declarando por medio de la misma el sentido que debe dársele a la norma. Judicial o Jurisprudencial: Es la realizada por el órgano jurisdiccional cuando emite su resolución al caso concreto, resolución que normalmente es la sentencia. Doctrinal o Científica: Es la que realizan los juristas abogados ya sean eminentemente doctrinarios o con el fin de aplicarla a un caso concreto para influir en la conciencia del juzgador. Usual: Es la interpretación que nace como fruto de los usos y de las costumbres. Conforme con la Ley: Gramatical: Es la que se utiliza para obtener el sentido de la ley, la aplicación de los términos que aparecen en la misma; es decir utilizar el lenguaje escrito empleado por la ley. Histórica: Investiga el origen de las normas jurídicas y su proceso de formación y persiguiendo encontrar el sentido y alcance de la ley. Contextual o Sistemática: Es el que se realiza tomando en cuenta el conjunto de la ley para ilustrarse respecto del contenido de cada una de sus partes. Lógico: Es aquella que busca la finalidad de la ley para que sirva de luz que aclare sus sentidos. INTEGRACIÓN DE LA LEY: Es aquella labor que realiza el juzgador a efecto de suplir las vacíos que el ordenamiento jurídico contiene.
LAGUNAS LEGALES: Son las hipótesis no previstas por el legislador, es decir aquellos espacios vacíos que éste ha dejado en la ley por olvido, imprevisión o imposibilidad de imaginarlos, habiendo debido regularlos. FORMAS DE PRODUCIRSE LAS LAGUNAS LEGALES: Por Falta de Ley: Se da cuando en un caso concreto no existe ley que lesea particularmente aplicable. Por Ley en Blanco: De da cuando un cuerpo legal contiene la hipótesis normativa y nos remite a otro cuerpo legal para la aplicación de las consecuencias jurídicas. Por Insuficiencia de la Ley: Cuando existe una norma jurídica que le es aplicable al caso dado, pero la misma resulta insuficiente para resolver el caso concreto. Ley Injusta: Si la norma formulada para normar una situación es injusta, existe entonces una omisión de regulación pues en su esencia la ley no es coincidente el principio de justicia apartándose de su función primordial. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS DE INTEGRACIÓN: Analogía: consiste en aplicar un caso que no aparece contemplado de manera directa y especial por ninguna norma jurídica, a una norma prevista para un supuesto de hecho distinto pero con el cual el caso dado guarda semejanza. Excepción: En materia penal no es posible aplicar la analogía para resolver casos concretos. Equidad: Es la expresión de justicia individualizada respecto del caso particular, la naturaleza de lo equitativo consiste en ser una interpretación justa de la ley positiva, cuando la formulación de esta resulta defectuosa por causas de su generalidad. Principios Generales del Derecho: Son los antecedentes del ordenamiento positivo en los cuales el legislador se ha inspirado y que ha penetrado a través de una legislación concreta en el ordenamiento jurídico donde constituye aunque formalmente una surte muros maestros o de pilares fundamentales de su estructura. Derecho común: Tambien Conocido como legislación común y que refiere al derecho civil que es la rama del derecho del cual fueron desprendiéndose las demás ramas jurídicas en la medida que requerían la necesidad por el constante desarrollo. La técnica jurídica y la actividad jurisdiccional Concepto de técnica jurídica. La tecnica jurídica tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Concepto de Actividad jurisdiccional. Función pública, realizada por organos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Tiene tres elementos, forma, contenido y función. La técnica jurídica o actividad jurisdiccional se lleva a cabo a través de un proceso, previmanete determinado en ley para cada clase de conflictos que se sometan a la autoridad jurisdiccional. Aplicación de las Leyes. Ambito de aplicación territorial de las Normas jurídicas. El ámbito de aplicación territorial de la norma jurídica está determinado por el territorio en el cual se aplica. Clases. Nacionales y Extranjeras. Nacionales: Son las normas jurídicas cuya aplicación se realizará dentro de las fronteras de cada estado. Estas a su vez pueden ser generales, regionales, locales de acuerdo con el área territorial en la cual tengan que aplicarse. Extranjeras. Son las normas jurídicas de otros estados con relación al nuestro, las que al entrear en conflicto crean lo que se denomina conflicto territorial de leyes. Ambito de Aplicación Temporal de las Normas Jurídicas. Está intimamente ligado a la vigencia. Por consiguiente el ámbito de aplicación temporal de la norma jurídica es el tiempo en que puede ser aplicable. Hay dos tipos de vigencia: indeterminada, cuando no se indica cuando una ley dejará de ser obligatoria y la determinada es cuando se indica en el mismo texto de la ley cuando se iniciará su aplicación y cuando termina su obligatoriedad.. (ej. Calamidad, prevención, alarma, excepción. 3. Normas Constitucionales, Ley del organismo Judicial y de otra índole que regulan la Actividad jurisdiccional en Guatemala. Leyes Constitucionales: Porque son elaboradas por la Asamblea Nacional constituyente, lo cual puede ocurrir únicamente cuando la asamblea constituyente se integra como consecuencia de un golpe de estado o de una revolución. Entre esas esetan Ley de Orden Público, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, Ley de Emisión del pensamiento. Legislación Guatemalteca. Constitución Política de la República de Guatemala artículo 240, 242 Ley del Organimo Judicial. toda Estructura Judicial Guatemalteca: 1. Organismo Judicial 2. Corte Suprema de Justicia: cámaras: penal, civil, amparos y antejuicios. 3. Salas de la Corte de Apelaciones: a. Penales b. Civiles c. Laborales d. Contencioso-Administrativo 4. Juzgados de Primera Instancia. a. Penal -
b. Civil c. Económico Coactivo d. Previsión Social e. De Trabajo f. Menores de Conflicto con la Ley Penal g. De Familia h. De lo Contencioso-Administrativo. i. De Cuentas 5. Juzgados de Paz a. Penal b. Civil Interpretación e integración de la Ley. Concepto de Interpretación. Interpretar algo es encontrar su sentido para ser aplicado al hecho o caso concreto de que se trate. Es una actividad necesaria y predicable de todas las normas del ordenamiento jurídico ya sea o no su expresión clara, porque no solo hay que interpretar su contenido en si mismo sino la relación sistemática de las normas, sus antecedentes históricos, los fines sociales que pretendían lograr. Métodos. Literal o exegético. Es interpretar la ley conforme al significado de las palabras. (nuestra legislación lo adopta como fundamental). Subjetivo. Busca laintención que tuvo el autor de la ley, que quiso decir y que pretendía lograr, también se le denomina auténtico. Objetivo. Basarse en la ley misa en sus ideas y en las consecuencias, partiendo del supuesto que el legislador le da un sentido más profundo de lo que está escrito. Histórico. Busca los antecedentes que sirvieron de base para la emisión de la ley. Analógico, Resolver un caso no previsto conforme a tro que si se previó por la ley, que guarde alguna similitud y resolver conforme a esta el no previsto, llena una laguna de la ley. Contextual. Interpretar una de las partes de la ley en base a todo el texto de la misma. Voluntad de las partes, juega un papel importante para determinar que o cual fue la intención de los contratantes. Uso y costumbre. Donde hay ambigüedad se aplicarán estos aspectos. Equidad, es un remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. No significa otra cosa que solución justa de los casos singulares. La interpretación según el sujeto que la realiza. A. Interpretación auténtica. Es la que realizan los legisladores B. Interpretación judicial. Es la que realizan los jueces al aplicar la ley a casos concretos. C) Interpretación Privada. Es la que realizan los tratadistas del derecho y los abogados en los alegatos que presentan a los tribunales. La interpretación en la legislación guatemalteca. Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar el espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma b) A la historia fidedigna de su institución c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas; d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Integración de la Ley. Concepto. Es necesario encontrar el significado de la palabra integración. Para nosotros quiere decir implementar, completar, darle unidad con el auxilio de algo. Cuando nos referimos a integración de la ley quiere decir completar o suplir de alguna forma las lagunas que se presenten en la misma. La analogía. La analogía es el medio adecuado para la integración de la ley, entendiendo como tal a la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que si existe, que si ha sido prevista y que guarde mayor relación. Integración de la ley en la legislación guatemalteca. Ley del Organismo judicial. Artículos 13 y 15. ARTICULO 13. * Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones de la misma o de otras leyes. * Reformado por el Artículo 2. Del Decreto Número 59-2005, del Congreso de la República de Guatemala. ARTICULO 15. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su Iniciativa de Ley. La analogía en el código de Trabajo. Artículo 326. y 428 En la Ley de lo Contencioso Administrativo. Constitución de la República Código Procesal Penal. Analogía en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y constitucionalidad En el Código Procesal Civil y Mercantil. Principios Generales del Proceso. - PRINCIPIOS DEL PROCESO: - Libertad de acceso a los tribunales: Toda persona física o jurídica tiene el derecho constitucional de acudir a los tribunales de justicia y pedirles administración de justicia. - Imparcialidad del Juzgador: La decisión en el proceso debe ser imparcial, no estar inclinada hacia una y otro de las partes en conflicto, salvo que las pruebas formales e históricas así lo aconsejen, lo que no significa, que ninguna manera, pueda interpretarse como parcialismo del juzgador hacia una de las partes. - Contradicción y Bilateralidad: En el proceso, esencialmente, debe darse oportunidad a las partes para intervenir atacando o defendiéndose, probar e improbar etc. los hechos motivos de la litis. - Igualdad Procesal: Las partes en el proceso intervienen y participan bajo las mismas condiciones de ataque y defensa, así como derechos, los cuales es un corolario del principio de contradicción y bilateralidad. - Oficiosidad y Disponibilidad: El proceso, según la forma en que se manifieste la voluntad de las partes, puede ser iniciado e impulsado de oficio por el tribunal o ser iniciado e impulsado por las parte. - Probidad: El proceso debe ser iniciado, impulsado, tramitado y decidido, sin utilizar argucia, artilugios o argumentos falaces y fraudulentos que concluyan en u fraude de ley. - Eficacia: El proceso debe ser eficiente para que se alcance por las partes las finalidades y satisfacciones de sus derechos y pretensiones jurídicas, pues de otra manera la ejecutoriabilidad de la sentencia deja de tener razón. - Veracidad: El proceso debe fundarse en hechos y pruebas verdaderas que permitan al juez una decisión justa y conforme a lo que obra en el proceso. III. FUNCIONES DE LOS AUXILIARES JUDICIALES: Funciones del Secretario. ARTÍCULO 47.- En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con dos testigos de asistencia. ARTÍCULO 48.- Los secretarios de los tribunales se dividen en las categorías siguientes: a) Secretario y subsecretarios de la Corte Suprema de Justicia; b) Secretario de Sala de Apelaciones o de tribunal colegiado de la misma categoría; c) Secretario de Juzgado de Primera Instancia y de Tribunal de Sentencia; y, d) Secretario de Juzgado Menor o de Paz.
ARTÍCULO 49.- Los secretarios de los tribunales, en general, tienen las siguientes atribuciones principales: a) Asistir a los titulares de los respectivos tribunales en la práctica de las diligencias y demás actuaciones que competen al tribunal; b) Redactar las resoluciones, actas, declaraciones y demás diligencias que deba autorizar; c) Extender certificaciones, ejecutorias, constancias y copias auténticas de los documentos o de las actuaciones de los procesos, con el visto bueno del titular del tribunal, cuando conforme a ley le corresponda hacerlo así; d) Custodiar las llaves del tribunal y de su archivo; e) Llevar, según los casos y circunstancias, y bajo su estricta responsabilidad, el control y la custodia de plicas, formularios de órdenes de libertad, objetos, bienes, valores y documentos que prevea la ley o que le ordene el titular del tribunal; f) Depositar tan pronto como se practiquen las diligencias respectivas, en los archivos del Organismo Judicial o en una institución bancaria, según proceda, los valores y efectos correspondientes, evitando, en todo momento, ponerlos en riesgo o peligro de pérdida o sustracción; g) Asegurarse que siempre exista una provisión adecuada de útiles de oficina y mobiliario; distribuirlos al personal según se requiera; velar por el cuidado y la conservación de los útiles y del mobiliario, así como mantener actualizado el inventario del tribunal; h) Dirigir las actividades del personal del tribunal y aplicar las medidas de control y disciplina interna que se requieran, e informar de lo actuado al titular del tribunal; i) Revisar, junto con el titular del tribunal, los procesos que se encuentran en trámite, levantar el acta respectiva y transcribirla a la Presidencia del Organismo Judicial y a las dependencias que corresponda; j) Supervisar la recepción, registro y control de los documentos o los expedientes que ingresan al tribunal; y distribuirlos equitativamente y de acuerdo con los procedimientos que se hayan establecido; k) Llevar el control del movimiento del personal del tribunal; levantar las actas de toma de posesión y de entrega del cargo y expedir los avisos y las certificaciones correspondientes; l) Hacer que se lleven en debida forma, bajo su dirección y responsabilidad, los registros siguientes: asistencia de empleados y de pasantes; demandas y denuncias según el caso; recepción de escritos y documentos; notificaciones, inventarios, conocimientos, actas, acuerdos, de control de audiencias, de exhortos y despachos, y los demás que prescriban las leyes y este reglamento. Los registros a que se refiere este inciso y las demás actividades de gestión administrativa interna de los tribunales, podrán llevarse mediante sistemas informáticos previamente autorizados por la Presidencia del Organismo Judicial, debiéndose imprimir copias físicas para respaldo de seguridad; m) Ser el jefe administrativo del tribunal y el órgano de comunicación con el público; sus funciones las cumplirá subordinadas al presidente del tribunal oal juez, según el caso; n) Atender e informar a los abogados, interesados y público en general sobre la tramitación de los procesos; ñ) Permanecer en el tribunal durante las horas de despacho y acudir fuera de ellas cuando fuere necesario o llamado por el juez o Presidente del tribunal; o) Coleccionar el Diario Oficial, La Gaceta de los Tribunales, las gacetas jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad y demás publicaciones pertinentes, para ponerlos al servicio del tribunal; p) Conservar en su poder los sellos del tribunal, guardándolos en lugar seguro y no permitirlo a otros empleados, salvo que los usaren en su presencia y, bajo ningún concepto a personas ajenas al tribunal; y, q) Elaborar la estadística mensual u otras, según se requiera en los formatos respectivos y remitirlos durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al Centro Nacional de Documentación Judicial (CENADOJ). ARTÍCULO 50.- Corresponde también a los secretarios de los tribunales: 1. Cuidar que se reciban los escritos, expedientes y documentos que se presenten al tribunal, que se les dé entrada simultáneamente en el libro respectivo; y rechacen aquellos en que no se acompañe la copia o copias respectivas y en los demás casos previstos por la ley; 2. En todo caso, revisar los procesos, los expedientes, los memoriales y cualesquiera otros documentos que ingresan al tribunal; 3. Cuidar que se ponga por quien corresponde al pie de los escritos y documentos, una razón que contenga la fecha y hora de entrega, número de copias e indicación, en su caso, de los demás documentos que presente; 4. Dar en el mismo acto, si se le pidiere, recibo del escrito y de las copias y documentos, que contendrá los datos expresados; y cuidar, que se selle de recibido los escritos o documentos, con los mismos datos, en las copias que presenten los interesados; 5. Cuidar desde su inicio, que los expedientes se vayan formando por orden de fechas, debidamente foliados; 6. Verificar que se entregue diariamente a los notificadores resoluciones que deben notificarse personalmente a los litigantes y demás personas a quienes proceda, y que se reciban las actas de las notificaciones efectuadas. La entrega y recepción anterior se hará constar en un libro de conocimientos, con especificación de la hora. En la cancelación del conocimiento debe hacerse constar el motivo por el que haya dejado de hacerse alguna notificación el día de que se trata; 7. Llevar la agenda de audiencias, debates, remates y de diligencias en los diferentes expedientes y verificar la puntualidad de su inicio y desarrollo; 8. En los tribunales penales, dar aviso diario al Registro Central de Detenidos y a los centros de detención de las aprehensiones y del traslado de reos; 9. Redactar o supervisar que se redacten los oficios, despachos, exhortos, cartas rogatorias o suplicatorios, notas y demás comunicaciones, en que se haga saber a quien corresponda lo que el tribunal ha resuelto en los expedientes y procesos que se encuentran en trámite; 10. Revisar las ejecutorias que deban enviarse para el cumplimiento de las resoluciones respectiva; 11. Revisar los expedientes que se vayan a enviar a otros tribunales u oficinas, y asegurarse que se envíen debidamente foliados y sellados; 12. Llevar el cómputo actualizado de las entradas y salidas y el número de los procesos en estado de fallar o resolver; 13. Elaborar la estadística de las resoluciones y de los casos que conozca el tribunal. En este caso y en el del inciso precedente, deberá mantener informado al titular del tribunal; 14. Cuidar que se ponga a disposición de los litigantes y de sus abogados los expedientes que soliciten para que, en su presencia y sin sacarlos de la oficina, tomen las copias o datos que necesiten, cuidando para el efecto de que los interesados no se obstaculicen cuando corran términos comunes, para cuyo efecto podrán señalar a cada uno días y horas diferentes, según las circunstancias, dando cuenta al presidente del tribunal o juez, de cualquier dificultad, para que sea resuelta en el momento; 15. Atender cortésmente a toda persona que acuda al tribunal en asuntos del servicio, exigiendo a los oficiales y demás auxiliares que presten también debida e inmediata atención al público, dentro de los horarios establecidos para el efecto; 16. Distribuir en forma equitativa o rotativa a los Notificadores, por zonas o sectores urbanos o en la forma más conveniente, a efecto de asegurar eficacia y prontitud en las notificaciones; y, 17. Desarrollar todas las actividades judiciales y administrativas inherentes al cargo, así como las demás que les asigne la Corte Suprema de Justicia por medio de acuerdos o circulares. OFICIALES DE LOS TRIBUNALES EN GENERAL ARTÍCULO 51.- Cada tribunal contará con el número de oficiales que sea necesario, quienes tendrán las atribuciones generales siguientes: a) Tramitar los procesos o actuaciones judiciales y demás expedientes que se les asigne, así como diligenciar los exhortos, despachos y las comisiones que requieran otros tribunales; b) Recibir los memoriales, solicitudes y demás documentos que correspondan a los asuntos cuyo trámite tienen a su cargo, y resolverlos conforme a las instrucciones que reciban del titular del tribunal; c) Revisar el historial de cada caso y elaborar los resúmenes que correspondan, una vez se ha concluido el trámite respectivo. Además, deberán recabar la información necesaria para llevar a cabo el estudio de los casos que le han sido asignados; d) Desarrollar todas las actividades judiciales y administrativas inherentes al cargo, las que le ordene al titular del tribunal y el Secretario, así como las que les asigne la Corte Suprema de Justicia o su Presidente, por medio de acuerdos y circulares; e) Cuando alguno de los oficiales faltare al despacho, será sustituido por cualquiera de los otros que designe el Secretario, y en ningún caso podrá ser causa de retraso o suspensión de alguna de las diligencias o actuaciones que estuvieren a cargo del ausente; y, f) Llevar el registro de sus audiencias, debates, remates y de diligencias en los expedientes que tenga asignados, y verificar la puntualidad de su inicio y desarrollo. ARTÍCULO 52.- Los oficiales intérpretes de idiomas y dialectos nacionales, intervendrán en el caso de que cualquiera de los sujetos procesales o terceros que intervengan en los procesos o expedientes, o en su caso, otros auxiliares judiciales, no dominen o no entiendan el español, o el idioma de que se trate. Los oficiales intérpretes deberán comparecer y asistir en las actuaciones y diligencias oficiales que requiera el titular del tribunal. OFICIALES DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL: ARTÍCULO 53.- Los oficiales de los juzgados de ejecución penal tienen las atribuciones específicas siguientes: a) Tramitar las ejecutorias conforme los procesos que recibe el juzgado y efectuar el cómputo respectivo; b) Elaborar proyectos de resoluciones de acuerdo con instrucciones del titular del tribunal;
c) Tramitar los traslados de los reclusos al establecimiento donde deban cumplir sus condenas o, en su caso, hacia hospitales o centros donde deban ser tratados por motivos de enfermedad u otra causa análoga; d) Elaborar la documentación pertinente relativa a conmutas, conforme instrucciones del titular del tribunal; e) Elaborar las órdenes de libertad, cuando procedan legalmente; f) Tramitar los expedientes de rehabilitación, de libertad condicional y los permisos especiales que soliciten los reclusos; g) Elaborar las órdenes de captura, cuando procediere; h) Tramitar los expedientes o diligencias de exhibición personal; i) Notificar a quien corresponda las resoluciones de los expedientes que están bajo su responsabilidad; j) Tramitar los expedientes de redención de penas, preparar proyectos de resoluciones y acompañar al juez en la práctica de las diligencias pertinentes; k) Atender e informar a abogados, interesados y demás personas sobre el trámite de los expedientes que están bajo su responsabilidad; y, l) Desarrollar cualquier otra actividad que ordene el titular del tribunal, directamente o por medio del secretario. OFICIAL INFORMÁTICO Artículo 54.- El Oficial Informático de los tribunales, en que así se disponga, tendrá las siguientes atribuciones: a) Organizar el archivo judicial conforme a las instrucciones que reciba del titular del tribunal; b) Mantener actualizada permanentemente la información en el archivo digital; c) Llevar el control de los juicios que requieran los oficiales; d) Proporcionar al juez y secretario toda la información y estadísticas que le soliciten; e) Proporcionar información a oficiales, notificadores y comisarios, para que, a su vez, proporcionen dicha información a los abogados y usuarios; f) Llevar el control y registro de los juicios fenecidos que se envíen al Archivo General de Tribunales; g) Llevar el control y registro de los procuradores autorizados por los abogados litigantes; y, h) Desarrollar todas las actividades judiciales y administrativas que sean inherentes al cargo, y que le ordene el Juez o Secretario y aquellas que le sean asignadas por medio de acuerdos y circulares que emita la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Organismo Judicial. NOTIFICADORES DE LOS TRIBUNALES EN GENERAL ARTÍCULO 55.- Los notificadores son los auxiliares judiciales específicamente encargados de comunicar o hacer saber a las partes y demás personas interesadas, las resoluciones y mandatos de los tribunales, así como de practicar los embargos, requerimientos, depósitos, intervenciones y demás diligencias que se les ordene, de conformidad con la ley. ARTÍCULO 56.- Las notificaciones deberán realizarse cumpliendo todos los requisitos y formalidades pertinentes, contemplados en la ley y en este reglamento, así como circulares y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Para los efectos del presente artículo los notificadores tendrán fe pública y serán responsables de la veracidad de las notificaciones que practiquen. ARTÍCULO 57.- En la práctica de embargos, requerimientos, depósitos, intervenciones y demás diligencias, los notificadores deberán cumplir, además, todos los requisitos y formalidades que para cada caso establecen las disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 58.- En cada tribunal habrá notificadores en el número que fuere necesario, salvo que, según el sistema de notificaciones que se establezca por la Corte Suprema de Justicia, dichos auxiliares judiciales estén incorporados al Centro de Servicios Auxiliares, Centro Administrativo de Gestión Penal o a cualquiera otra dependencia en donde se concentren dichas funciones. ARTÍCULO 59.- En los lugares donde no funcione el Centro de Servicios Auxiliares o de Gestión Penal, los notificadores de cada tribunal tendrán las siguientes atribuciones principales: a) Asistir los días hábiles al tribunal y permanecer en él durante las horas de trabajo, todo el tiempo que no sea necesario para las notificaciones que deban hacerse fuera del tribunal; b) Recibir los memoriales, oficios y despachos o exhortos a diligenciar que se presenten ante el tribunal; localizar los expedientes y, en su caso, entregarlos al oficial responsable de su trámite para su respectiva resolución; c) Preparar las cédulas de notificación y practicar las notificaciones en el tribunal, en los lugares señalados para tal efecto, así como por los estrados, según el caso; asentar las razones respectivas en los expedientes, remitir las copias por correo cuando corresponda y dejar constancia en los expedientes cuando por cualquier motivo o circunstancia alguna diligencia no se haya llevado a cabo; d) Recibir de quien corresponda, los expedientes nuevos que hayan ingresado, archivarlos y preparar las notificaciones respectivas; e) Atender e informar a abogados, interesados y público en general sobre la tramitación de los procesos judiciales y administrativos que tenga bajo su responsabilidad, salvo que se hubiere establecido otros sistemas de información; f) Elaborar o diligenciar despachos, exhortos, suplicatorios, lanzamientos, secuestros, citaciones, notas, oficios y todas aquellas actuaciones o diligencias que se les asignen; g) Custodiar los expedientes y los documentos que se encuentren bajo su responsabilidad, con apego a los procedimientos que se hayan establecido; h) Ordenar, foliar y sellar todos los expedientes que estén bajo su responsabilidad; i) Practicar las notificaciones personales y los embargos, requerimientos, desahucios y otras propias de su cargo, que decretaren los tribunales, devolviendo sin demora las actuaciones o expedientes con las actas debidamente autorizadas o con las razones respectivas, si las diligencias no se hubieren realizado; j) Llevar el registro de sus audiencias, debates, remates y de diligencias en los expedientes que tengan asignados, y verificar la puntualidad de su inicio y desarrollo; y, k) Desempeñar todas las actividades que sean inherentes al cargo, las que le asignen sus superiores y las normas legales y reglamentarias correspondientes, así como los acuerdos y las circulares que emita la Corte Suprema de Justicia. ARTÍCULO 60.- En los lugares en donde exista Centro de Servicios Auxiliares o de Gestión Penal, serán aplicables las disposiciones especiales que regulen el régimen de dichos centros y las del artículo precedente, en lo que fueren pertinentes. ARTÍCULO 61.- En todo caso, en el libro de conocimientos de notificadores o registro electrónico, si fuere el caso, se consignarán las fechas y horas en que el Notificador recibe y devuelve los expedientes o actuaciones. COMISARIOS DE LOS TRIBUNALES ARTÍCULO 62.- En cada tribunal habrá un comisario, cuyas principales atribuciones son las siguientes: a) Recibir, registrar y controlar los procesos, expedientes, memoriales, correspondencia y demás documentos que ingresen al tribunal; y trasladarlos sin demora al secretario o, en su caso, al auxiliar del tribunal que corresponda; b) Ser pregonero de los remates, elaborar las actas correspondientes y recoger las firmas de los interviniéntes, del juez y del secretario; c) Mantener ordenados los libros y registros que tiene a su cargo, así como revisar los expedientes que se remitan a otros tribunales u oficinas. d) Atender y brindar información a abogados, partes y a cualquier persona que se lo solicite, salvo casos de confidencialidad; e) Asistir al secretario del tribunal en las funciones que le sean asignadas; f) Repartir la correspondencia que se le indique; y, g) Cualquier otra que le sea ordenada por el juez o por el secretario. ARTICULO 63.- Los demás empleados del Tribunal no podrán ocupar al comisario para atender trabajos particulares, ni en cualquier otra actividad que no sea relativa al servicio. IV. LOS CONFLICTOS DE LAS LEYES CONFLICTOS DE LEYES EN EL TIEMPO: Es determinar en caso de duda que ley es aplicable al caso concreto, tomando en consideración el tiempo en que se haya realizado la hipótesis planteada en la norma o el tiempo en que se produzcan sus efectos. EXTRAVIGENCIA DE LA LEY (extractividad): Es la situación jurídica que se produce cuando un precepto legal tiene alcances ya sea antes o después del periodo de su eficacia plena (vigencia). FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA EXTRAVIGENCIA DE LA LEY: Retrovigencia de la ley (retroactividad): Consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos ocurridos antes de la iniciación de su vigencia. Irretroactividad: Quiere decir que la ley actual no se aplica a hachos o actos ocurridos durante la vigencia de otra ley. Teoría sobre la retroactividad: Teoría de los derechos adquiridos: Una ley retroactiva cuando deroga , limita o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior; no lo es en cambio, si aniquila una facultad legal o una simple expectativa. Derechos adquiridos: Son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia, forman parte de el y no pueden ser arrebatados por aquel de quien los tenemos. Teoría de Marcel Planiol: Propone la formula “ las leyes son retroactivas cuando vuelven sobre el pasado sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o sea para modificar o suprimir los efectos ya realizados de un derecho. Irretroactividad en el Derecho Guatemalteco: En cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en materia penal y únicamente cuando favorezca al reo.
Ultravigencia de la ley (Ultractividad): Consiste en aplicar una ley que carece de vigencia a hechos que ocurrieron cuando la misma aun se encontraba rigiendo. CONFLICTOS DE LEYES EN EL ESPACIO: Son aquellos que se dan cuando dos o más normas jurídicas pertenecientes a diferentes Estados a priori, son aplicables a un caso concreto. CAUSAS QUE GENERAN LOS CONFLICTOS DE LEYES EN EL ESPACIO: La naturaleza sociable cosmopolita del hombre: El hombre es por naturaleza un ser social, En el proceso de producción social de su existencia, establece una serie de relaciones con otros hombres, tanto a nivel de su propio Estado como a nivel extranjero. Variedad Legislativa y de Estados: Cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico vigente que regula la vida social, de diferentes formas. PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL, ORIENTADORES EN LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE LEYES EN EL ESPACIO: Lex Fori: Esta referido a que todos los procesos jurisdiccionales se deben de regir por la ley del Estado en que se digan. Lex Rei Sitae: La ley del lugar en donde se encuentren ubicados los bienes en el que rige sobre los mismos. Locus Regit Actum: La ley del lugar en donde los actos sean celebrados rigen para todo lo que se refiere a cuestiones de forma de los mismo. Lex Loci Executiones: La ley del lugar donde se ejecutan o deben cumplirse los actos jurídicos rige en cuanto a las cuestiones de fondo de los mismos. Autonomía de la Voluntad: Facultad que las partes gozan para someterse a la sustanciación y efectos de sus obligaciones en particular libremente elegida. Territorialidad de la Ley Penal: Facultad que tienen los Estados de imponer sanciones a quienes violen el derecho penal particular, no importando si son nacionales o extranjeros. La Ley Personal Para Regir el Estado Civil y Capacidad civil de las Personas: Este principio enuncia todo lo referente a los derechos y deberes que devienen del Estado y capacidad civil de las personas y deberá resolverse conforme a la ley personal, que bien puede ser: La ley de domicilio. La ley de la nacionalidad. LOS CONFLICTOS DE LEYES La Ley penal en el tiempo: 1. Introducción: Es un tema de particular importancia dentro de la Teoría General de la Ley Penal, que en nuestro "Derecho Penal Guatemalteco" identificamos como limbito de validez temporal de la Ley Penal y que específicamente se refiere al tiempo de duración, periodo de vida o tiempo de vigencia de una ley penal, y los hechos o actos que deben regularse bajo su imperio. Las normas penales, al igual que las demás normas legales, nacen y se proyectan siempre hacia el futuro, regulando 1micamente hechos o actos nacidos con posterioridad a su vigencia, es decir, miran siempre al porvenir no al pasado. Solo el derecho natural, se ha dicho, estoy integrado por normas permanentes o inmutables, al contrario, las normas legislativas, es decir las dictadas por los hombres, como las penales, nacen, desarrollan su eficacia y mueren. 2. Eficacia temporal de validez de la Ley penal Se denomina así, al periodo comprendido entre el inicio de la vigencia de una ley penal, hasta su abrogación o derogación; es decir, el tiempo que media entre su nacimiento por la promulgación y publicación, y su muerte por la abrogación o derogación. El proceso de nacimiento (no de creación), de una ley estoy determinado básicamente por tres fases: LA APROBACIÓN, que es la que realiza el Organismo Legislativo (Congreso de la Republica); LA SANCIÓN Y LA PROMULGACIÓN, que es el acto por medio del cual el Organismo Ejecutivo declara su existencia y ordena su ejecución; y la PUBLICACIÓN, que se refiere a la difusión de la ley en el Diario oficial (En nuestro país) para conocimiento de la ciudadanía y cumplimiento de la misma. El periodo que media entre la publicación de una ley ( que puede ser de ocho días o bien como 10 indique la misma ley) y el inicio de su vigencia, es 10 que conocemos con el nombre de "VACATIO LEGIS ", periodo del cual adolecen algunas leyes, cuando en la misma se indica que entran en vigor inmediatamente de su publicación en el diario oficial. Una vez finalizada la vacatio legis, se inicia la vigencia de la ley, es decir su eficacia temporal de validez, que termina con la abrogación (si es total) o la derogación (si es parcial) de la misma. 3. La sucesión de las leyes En la doctrina se conoce con este nombre al proceso por medio del cual unas leyes suceden a otras, cesando la vigencia de unas y principiando la de las otras, determinando a través del mismo la eficacia temporal de validez de ellas. AI respecto el eminente maestro Luis Jiménez de Asua, planteaba que la vigencia de una ley cesa por Uno de los supuestos siguientes: A) Por otra ley ulterior, que expresamente deroga la primera o que tácitamente la abroga, por contener disposiciones contrarias o regular de modo completo la materia en la anterior. B) Por llevar en el propio texto o en el de otra ley, de igual o superior rango, la fecha de su caducidad (leyes temporales). C) Por haber desaparecido el objeto, las circunstancias o los privilegios que le dieron nacimiento.1 En la legislación guatemalteca, el articulo 8° de la Ley del Organismo Judicial dice: "Las leyes se derogan por leyes posteriores: a) Por declaración expresa de las nuevas leyes: b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas, con las precedentes: D) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada por la ley anterior; d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad". 4. La irretroactividad y la retroactividad de la Ley penal AI referirse al ámbito temporal de la ley penal, el profesor Rodríguez Devesa, advierte que el mismo esta bajo el signo del principio de identidad entre su vigencia formal y su vigencia material, 10 que explica así: la vigencia formal comienza con su entrada en vigor y concluye con la derogación. La vigencia material consiste en la aplicación de la ley a los hechos ocurridos bajo su imperio. El principio de identidad antes mencionado tiene por consecuencia el que la vigencia material coincida con el periodo de vigencia formal. En principio, la ley penal se aplica solo a aquellos hechos ocurridos desde que entro en vigor hasta que fue derogada. Esto se expresa mediante el principio de irretroactividad, que constituye la regla general. Una excepción a esta regla, y con ello el principio de identidad, es la retroactividad de la ley penal mas favorable.2 Aquí desarrollaremos la regla (irretroactividad), y la excepción (retroactividad) en sus aspectos mas importantes. 4.1 irretroactividad de la ley El principio fundamental de la IRRETROACTIVILLAD de la Ley, que en la doctrina es universalmente valido y reconocido por la mayoría de legislaciones del mundo en materia penal, es consecuencia del Principio de Legalidad por 10 que responde a razones de seguridad jurídica de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado, de tal manera que en nuestro país como en muchos otros, ha sido elevado a, categoría de rango constitucional como un derecho individual de las personas, así 10,establece el articulo 15 de nuestra Constitución Po1itica al describir: "IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY: La ley no tiene efecto retroactividad, salvo en materia penal cuando favorezca al reo." El principio de la irretroactividad de las leyes penales es una exigencia de la seguridad jurídica, y opera su vigencia Con carácter general en el Derecho Penal moderno como consecuencia de la influencia de los pensadores de la ilustración. En las Declaraciones norteamericanas de derechos (la de Filadelfia de 1774 y las de Virginia y Maryland de 1776), y en la Declaración francesa de 10S Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, aparece unido al principio de legalidad de los delitos y las penas. Aunque conceptualmente independientes, el principio de irretroactividad quedo desde entonces incluido en el de legalidad (nullum crimen sine previa lege penale). El principio de retroactividad de las leyes penales esta proclamado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del o de diciembre de 1948, articulo 11.2 II Nadie será condenado por actos U omisiones que el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho Nacional o Internacional. Tampoco se impondrá pena mas grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito"3. Desde hace casi un siglo, el destacado profesor de la prestigiosa Universidad de Salamanca, Pedro Dorado Montero, sostenía que el principio de la retroactividad de la ley penal es un principio constitucional, una garantía constitucional, se trata 4e uno de 10S derechos adquiridos de los Ciudadanos frente al poder social, uno de aquellos derechos que integran la personalidad inviolable del individuo4. El profesor Rafael Marques Pifiero, citando a Cuello Calon, informa que conviene aclarar que, pese a todo 10 dicho, ha habido excepciones al principio de irretroactividad de la ley penal en algunos ordenamientos positivos, Como en la URSS, antes del actual código del 27 de octubre de 1960, en Uruguay yen la Alemania nazi. Una excepción a ese principio 'constituyeron 10S Tribunales de Nuremberg, que aplicaron leyes (elaboradas después de la segunda guerra mundial) para castigar los horribles crímenes contra la humanidad de los dirigentes fascistas, principalmente alemanes5. El principio de la irretroactividad de las leyes penales, refiere Cerezo Mir, fue objeto de crítica por parte de los correccionalistas y los positivistas. AI ser la pena un bien para los primeros, es 16gico que no vieran inconvenientes en la aplicación retroactiva de las leyes penales. Los positivistas señalaban que la ley nueva es la que mejor se adapta alas exigencias actuales de la defensa social y debe aplicarse por ello, con carácter retroactivo. Hacían únicamente una excepción para las leyes penales que creasen nuevas figuras de delito. Las concepciones positivistas influyeron en el C6digo Penal de Uruguay en 1933, yen la ley de introducción del C6digo Penal Ruso de 1926 que establecen con carácter general, la aplicación retroactiva de las leyes penales. En cambio, en el proyecto del C6digo Penal Italiano de 1921, elaborado por una comisi6n de juristas, presidida por Ferry, se establecía la irretroactividad de las leyes desfavorables para el reo y la retroactividad de las leyes favorables con la única excepción -
de las sanciones previstas para los delincuentes habituales. En España, el principio de la irretroactividad de las leyes penales no ha sido nunca derogado, pero fue infringido en alguna ocasi6n, como por la ley del de marzo de 1940 de represi6n de la masonería y el comunismo6. Otro sector de la doctrina, ha pretendido con una orientación eminentemente civilista, fundamentar la irretroactividad de las leyes penales, en la teoría de los "derechos adquiridos", sin tener ningún éxito; Cerezo Mir, citando a Ferry sostiene: podría hablarse de un derecho a realizar la conducta no prohibida en un momento determinado, pero el delito no puede ser considerado como un medio para adquirir un derecho a ser sancionado con arreglo alas leyes vigentes en el momento de su realización.7 El principio de irretroactividad de las leyes penales, responde a razones de certeza y seguridad jurídica que debe tener toda persona frente al derecho de castigar del Estado en un sistema jurídico constitucionalmente organizado, eminentemente garantista y protector de los derechos humanos, y viene a ser consecuencia del principio de legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege). La exigencia de que para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible que previamente haya sido declarado como tal por una ley, ha obtenido rango Internacional, reflejándose en las Declaraciones de Derechos (Declaración Universal de los Derechos del Hombre dell O de diciembre de 1948), se consigna a nivel constitucional (articulo 15 de la constitución guatemalteca), y se repite en el Código Penal (articulo 2 del Código Penal vigente)8. La doctrina reconoce como principio universalmente valido, la irretroactividad de las leyes y consecuentemente, la irretroactividad de la ley penal como regla general; sin embargo, se abre la discusión en cuanto a la aplicación de la irretroactividad de la ley penal, con relación a las leyes penales en blanco, a la responsabilidad civil derivada del delito, a la aplicación de las medidas de seguridad y a la aplicación de las leyes procesales. Lo que podría resultar polémico en la doctrina yen algunas otras legislaciones, se resuelve constitucionalmente en el sistema jurídico guatemalteco, partiendo del articulo 15 constitucional que establece que ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Ello significa que en los temas señalados como discutibles y cualesquier otro que regule o trate materia penal, no importando si es del orden sustantivo (material) o procesal (adjetivo), debe aplicarse como regla general la irretroactividad de la ley, empero la retroactividad como excepción, siempre y cuando esta favorezca al reo. 4.2 Retroactividad de la ley penal. La denominada extractividad en el Código Penal guatemalteco, contiene la "EXCEPCIÓN" al principio general de la "IRRETROACTIVIDAD" por el cual una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. Quiere decir entonces, que la actividad de la ley penal, tanto formal como materialmente, tiene lugar durante la época de su vigencia, de tal manera que para explicar la extractividad de la misma cabe preguntarnos: es posible aplicar la ley penal a casos ocurridos fuera de la época de su vigencia? La respuesta es "afirmativa" y el fundamento legal lo encontramos en el articulo 15 constitucional que ya citamos, yen el articulo 2 del Código Penal que dice: "EXTRACTIVIDAD: Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicara aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena". Ello significa que de acuerdo a la legislación guatemalteca, si es posible aplicar la ley penal a casos acaecidos fuera de su eficacia temporal de validez, es decir, fuera del periodo de su vigencia, con la doble condición sine qua non, que sea materia penal por supuesto, y que la aplicación de la misma sea favorable al reo. Así cobra vida en nuestra legislación penal, la Retroactividad y la Ultractividad que a continuación se explica. 5. Retroactividad de la Ley Penal La retroactividad de la ley penal favorable al reo, es la excepción a la regla general de la irretroactividad (no retroactividad) de la ley, y en nuestro país tiene rango de garantía constitucional al establecer que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo (articulo 15 de la Constitución Política). La retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Cuando la ley posterior al hecho se vuelve hacia atrás para juzgar dicho hecho nacido con anterioridad a su vigencia, estamos ante un caso de Retroactividad. AI referirse la naturaleza o justificación que fundamenta la retroactividad, Cerezo Mir expone: Alguno autores fundamentan esta excepción en razones de justicia. Si las concepciones o valoraciones jurídicas han cambiado no es justo aplicar al reo la ley antigua mas desfavorable, que estaba en vigor en el momento de la realización del hecho, pero que no responde alas concepciones o valoraciones actuales (en este sentido entre otros: Pessina, Cuello Calon-Camargo, Antón Oneca, Maurach, Rodriguez Mourullo, Ferrer Sama. ). Otros autores aluden a la falta de necesidad (utilidad o interés) en aplicar la pena mas severa de la ley derogada (en este sentido: Silvela, Hippel y Bouzat-Pinatel). Jerónimo Montes y Casabo han señalado, con razón, que todos estos argumentos para justificar la retroactividad de las leyes favorables se pueden esgrimir también a favor de la retroactividad de las leyes desfavorables. Pero el fundamento de la irretroactividad de las leyes penales, las exigencias de la seguridad jurídica, no se opone a la aplicación retroactiva de las leyes favorables. No son, pues, únicamente razones de humanidad (humanitatis o pietatis causa) las que sirven de fundamento al principio de retroactividad de las leyes penales favorables. La aplicación de la nueva pena mas leve es justa y la de la pena mas severa de la ley derogada, innecesaria.9 6. Ultractividad de la ley penal: Con la misma naturaleza y con los mismos principios de la retroactividad, opera la denominada ultractividad, que es el caso contrario a la retroactividad, siempre y cuando se cumpla el presupuesto necesario de que sea favorable al reo, 10 cual significa que en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior, es decir, que cuando una ley ya abrogada se utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia, porque favorece al reo, estamos ante un caso de ultractividad de la ley penal. Algunos tratadistas, como el profesor Rodriguez Devesa adversas la utilización del termino ultractividad, por considerar que la afirmación del principio de irretroactividad de las leyes penales no lleva consigo una derogación del principio de identidad entre la vigencia material y la formal por el hecho de que se aplique una ley penal que ya no esta en vigor en el momento de ser enjuiciado el hecho cometido durante su vigencia, porque lo decisivo es que la ley se aplique a los hechos ocurridos mientras rigió. Es por ello equivoco hablar de "ultractividad" de la ley penal cuando se aplica por un tribunal después de haber cesado su vigencia a un hecho cometido durante ella. l0 En atención a ello, la doctrina modera omite hablar de ultractividad, y únicamente se refiere a la retroactividad favorable como excepción a la irretroactividad. Nuestra legislación penal sustantiva encierra dentro de la denominada "extractividad" la “retro" y la "ultra II que en todo caso se refieren a la aplicación de la ley penal mas benigna, por 10 que resulta imperativo establecer previamente cual es la ley que mas beneficia al procesado, si la existente en el momento de cometer el acto delictivo, o bien la que rige en el momento de dictar la sentencia, o cuando se cumpla la condena, o bien incluso una ley intermedia, 10 que no es posible afirma Cerezo Mir, es aplicar los preceptos mas favorables de la ley posterior y de la ley anterior porque ello implicaría, como señala Jiménez de Asúa, la creación de una tercera ley nueva, con la consiguiente arrogación de funciones legislativas. La determinación de la ley mas benigna para efectos de aplicar o no la retroactividad de la ley penal, deberá dilucidarse en atención a las reglas de la aritmética, la lógica, el sentido común, yen ultima instancia o en caso de duda deberá ser consultado el reo o el procesado, para que de acuerdo a su libre albedrío sea este el que decida 10 que considere mas favorable a su persona. 7. Casos que pueden presentarse en la sucesión de leyes Penales. En la doctrina se ha considerado, que en el proceso de sucesión de Leyes penales pudieran presentarse para su aplicación, entre otros, cuatro Casos importantes que se describen así: 1. La nueva Ley crea un tipo penal nuevo Quiere decir que Una conducta que con anterioridad carecía de relevancia penal (era atípica), resulta castigada por la ley nueva. En este caso, la ley penal nueva es retroactiva, es decir, no podría aplicarse al caso concreto por ser perjudicial al imputado. 2. La Ley nueva destipifica un hecho delictuoso Quiere decir que Una ley nueva, elimina tacita o expresamente el carácter delictivo a Una conducta reprimida o sancionada por Una ley anterior. En este caso la ley penal nueva de be aplicarse retroactivamente, porque favorece al condenado. 3. La Ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es más severa se trata de Una ley posterior (nueva) que castiga más severamente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso, la ley penal nueva resulta retroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque el perjudicial para el reo. 4. La Ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo es menos severa Se trata de Una ley nueva que castiga más levemente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso la ley penal nueva es retroactiva, es decir, que puede aplicarse al caso concreto porque favorece al reo. En cualquiera de los cuatro supuestos planteados, cuando se aplica Una ley cuya vigencia es posterior a la época de la comisión del delito, esos frente al caso de la retroactividad; si por el contrario, cuando aun bajo el imperio de la ley nueva, seguimos aplicando la ley derogada, estamos frente al caso de la ultractividad.., 8. La retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada. Tanto en la doctrina, como en nuestra legislación ha sido motivo de amplia discusión, la existencia de una posible contradicción entre la "Retroactividad de la Ley Penal" y denominada "Cosa Juzgada", El desacuerdo parte del criterio que mantienen algunas legislaciones y algunos tratadistas, en cuanto a que la retroactividad de la ley favorable encuentra su limite de aplicación en la llamada "Santidad de la Cosa Juzgada", El criterio que prevalece hoy día es en sentido contrario, es decir, que debe aplicarse el principio de retroactividad con gran generosidad, mas allá de la cosa juzgada, 1o cual es justo, pues la mayor o menor rapidez en el procedimiento podría dar lugar a que se aplicara en un caso la ley nueva mas benigna yen otro, la antigua mas severa (Cerezo Mir), Esta postura se fundamenta en el hecho de cuando el poder social ha estimado que determinado hecho no debe ser penado o debe serlo con penalidad menor, castigarlo con pena mas grave constituiría una injusticia, porque no se
trata de negar la autoridad de cosa juzgada a la sentencia definitiva, ni de poner en duda la justicia de la decisión judicial condenatoria, pues esto solo podría pensarse si se pretendiese celebrar un nuevo juicio (Márquez Pifiero), En nuestra legislación pareciera que existe contradicción entre el Artículo 18 del Código Procesal Penal (Decreto 51-92 del Congreso de la Republica), que literalmente dice: "Un caso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión, conforme a 10 previsto en este código", y el articulo 2° del Código Penal (ya citado ), que en su parte final expresa que se aplicara la ley favorable al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. He aquí el problema si partimos que ambas normas son ordinarias y se encuentran en un mismo nivel jerárquico, sin embargo, 10 procedente es aplicar retroactivamente la ley penal mas benigna al condenado, aunque exista cosa juzgada este se encuentra cumpliendo la pena, no solo porque científicamente prevalece la norma sustantiva sobre la adjetiva, sino porque la retroactividad de la ley penal favorable al reo, tiene en nuestra legislación rango constitucional y desde el punto de vista estrictamente legal, la norma Constitucional prevalece siempre sobre cualquier disposición ordinaria, en tal sentido no existe la aparente contradicción entre la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada; la extractividad (retroactividad o ultractividad), cuando es favorable al reo de be aplicarse de manera ilimitada. 9. El caso de las leyes intermedias: El problema de la ley intermedia se plantea cuando al cometerse el Hecho delictivo estaba en vigor una ley penal, que fue derogada posteriormente por otra más favorable, pero en el momento del juicio esta Había sido a su vez derogada y sustituida por otra más severa. Advierte Cerezo Mir que aunque la opinión dominante en España defendía el criterio de la aplicación de la ley penal intermedia, a su juicio ello carece de base, pues la ley intermedia no estaba en vigor en el momento de la realización de la conducta delictiva y ha sido derogada en el momento del juicio, por 10 que considera la necesidad de comparar la resolución concreta a la que se llegaría con arreglo a la ley vigente en el momento del hecho, con la que dimana de la ley vigente en el momento del juicio y aplicar la mas favorable. Es cierto que ello puede dar lugar a resultados comparativamente injustos, por la mayor o menor lentitud de los procesos, pero la utilización de la ley intermedia como termino de comparación carece de fundamento.11 En Guatemala, siendo que las leyes intermedias pueden aplicarse a determinados casos ocurridos con anterioridad a su vigencia, y que son juzgados con otra ley vigente cuando la ley intermedia ya ha desaparecido: esta aplicación solo debe hacerse en caso de que favorezca al reo, 10 cual significa que el principio fundamental en la resolución de casos ante este tipo de problema, es aplicar siempre la ley penal mas favorable al procesado. 10. El caso de las leyes excepcionales o temporales: Se denominan leyes temporales o excepcionales, a aquellas que fijan por si mismas su ámbito de validez temporal, es decir que en ellas mismas se fija su tiempo de duración, o bien se promulgan con el objeto de atender circunstancias especiales o excepcionales, tal es el caso de las leyes de emergencia y las leyes extraordinarias de la policía. En la doctrina un buen numero de penalistas sostienen que estas leyes no permiten la aplicación retroactiva ni ultractiva de la ley penal, sin embargo, el ordenamiento penal guatemalteco si 10 admite, según 10 establece el articulo 3 del código Penal que dice: "Ley Excepcional o Temporal: La ley excepcional o temporaria se aplicarse a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando esta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo 10 dispuesto en el articulo 2°11. Y este artículo hace referencia a la extractividad de la ley penal, por medio de la cual debe aplicarse la retroactividad o ultractividad de la ley, cuando sea favorable al reo aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Tema 8. La ley en espacio:Introducción: Es un tema de especial importancia dentro de la Teoría General de la ley penal, que en nuestro “Derecho Penal Guatemalteco” se identifica como Ámbito Espacial de Validez de la Ley Penal con el que se pretende estudiar y explicar el campo de aplicación que puede tener la Ley Penal dentro y fuera del territorio de un país determinado. La delimitacion del ámbito espacial de validez de la ley Penal, es el resultado de un conjunto de principios jurídicos que fijan el alcance de la validez de las leyes penales del estado con relación al espacio1. El ámbito espacial de validez de una ley penal, se refiere al alcance territorial en cuanto a la aplicación de la misma, que por concepto jurídico, que esta limitado por las fronteras; la ley penal de un país algunas veces trasciende a regular hechos cometidos fuera de su territorio, es decir, fuera del territorio del país al cual pertenece, todo lo cual es materia de estudio en este tema. Si una misma ley penal rigiera en todas partes del mundo, no existirían mayores problemas en su variedad legislativa y jurisdiccional que existe entre los Estados y la necesidad de que los delitos no queden sin castigo, hace necesario que se determine el ámbito espacial de validez de la ley penal, para determinar este. En definitiva el problema que se plantea se centra en establecer cual es el Estado competente para enjuiciar o sancionar un delito, en función del lugar en que se ha cometido el hecho delictivo. Con carácter general chirriarnos que el ejercicio del Juspuniendo forma parte de la soberanía de un Estado y que este se ejerce básicamente en el territorio. Sin embargo tal definición no es del todo cierta ya que en muchas ocasiones se ejerce más allá de los límites territoriales. Este problema en un momento de la historia donde se van eliminado muchas de las fronteras en la denominada delincuencia organizada transfronteriza, cobre vital importancia. Así pues, vemos como en determinados supuestos, los Estados ceden parte del ejercicio de su soberanía -potestad punitiva- en aras a una mejor colaboración Internacional en la persecución de delitos, en virtud de los principios distintos a la territorialidad tales como la nacionalidad del delincuente, o la protección de intereses supranacionales2. 2. Problema de la eficacia espacial de validez de la ley penal: 2.1 Principio de territorialidad: Tanto en la doctrina como en las diferentes legislaciones, el principio de territorialidad es el mas dominante para explicar el alcance espacial de la Ley Penal. La Ley Penal debe aplicarse únicamente a los hechos cometidos dentro de los limites del territorio del Estado que la expide, y dentro de esos limites debe aplicarse a autores y cómplices de los delitos o faltas, sin importar su condición de nacional o extranjero, de residente o de transeúnte, ni la pretensión punitiva de otros Estados. La Ley Penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del Estado, con absoluta independencia de la nacionalidad de los delincuentes, ya sean ciudadanos o extranjeros; es decir, la ley penal es fundamentalmente territorial. Se trata de una manifestación de la soberanía de cada Estado. El principio de territorialidad de la ley penal tiene una doble vertiente: a) POSITIVA, la ley penal se aplica a todos; los residentes o habitantes del espacio territorial de una nación y b) NEGATIVA, la ley penal, en términos generales, no suele aplicarse a nadie fuera del territorio del Estado. Del principio de territorialidad de la Ley Penal se deriva que ni las leyes ni las sentencias procedentes del extranjero tienen eficacia dentro del territorio penal de cada Estado3. En España, la legislación establece como principio básico para regular la eficacia de la ley penal en el espacio, el de territorialidad. AI ser el derecho de castigar (ius puniendi) emanación de la soberanía del Estado, la eficacia de las leyes penales esta vinculada a la extensión del territorio i de la nación. Este principio de la territorialidad, que triunfa con la t Revolución francesa 4, esta admitido en la mayor parte de las legislaciones como principio básico para regular la eficacia de la ley penal en el espacio. Se aducen además, en su favor, razones prácticas porque solo en lugar de comisión del delito, es posible recoger las pruebas y juzgar con acierto. En relación con los fines de la pena, desde el punto de vista de la reafirmación del ordenamiento jurídico y de la prevención general, es conveniente que el hecho sea juzgado y las penas aplicadas en el país que se cometió el delito. Lo mismo cabe decir en cuanto a la prevención especial, sobre todo en relación con la corrección o enmienda del delincuente. La aplicación del principio de territorialidad exige la determinación del concepto jurídico de territorio, que no coincide siempre con el, geográfico. El territorio en sentido jurídico comprende todos los lugares a los que se extiende la soberanía del Estado5. El concepto jurídico de territorio incluye el espacio terrestre, el marítimo y el aéreo sometido a la soberanía del Estado. Los edificios de las delegaciones extranjeras (Consulados y Embajadas) forman también parte del territorio. Este principio, que juega el papel de regla general para resolver el problema de la eficacia espacial de validez de la Ley Penal, se fundamenta en la soberanía de los Estados, por 10 que la regla general seria que la Ley Penal no puede ir mas allá del territorio donde ejerce su soberanía el Estado al cual pertenece. A este respecto, el articulo 4º. de nuestro C6digo Penal establece: “territorialidad de la ley penal Salvo 1o establecido en tratados internacionales, este c6digo se aplicara a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la republica o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción". 3. Excepciones al principio de territorialidad: 3.1. Principio de extraterritorialidad: Es una particular "EXCEPCIÓN" al principio general de territorialidad, y plantea que la Ley Penal de un país, si puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, es decir que la Ley Penal guatemalteca, es susceptible de ser aplicada a casos ocurridos fuera del meritorio nacional, Así 10 fundamentan los artículos 5° y 6° del Código Penal que literalmente dice: “articulo 5° (extraterritorialidad de la ley penal) Este Código también se aplicara: 1°. Por delito cometido en el extranjero por uncionario al servicio de la Republica, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetr6 el hecho. 2°. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que de cometió el delito. 3°, Por delito cometido por guatemalteco, en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. 4°. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración siempre que hubiere acusación de parte o del Ministerio Publico y el imputado se hallare en Guatemala. 5°. Por delito que, por tratado o convención debe a sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. 6°, Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el6rden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la Republica, falsificación de moneda o billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito".
II Articulo 6°, (sentencia extranjera) En los casos de los incisos 1º. y 6º. del articulo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aUn cuando baya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abonara al procesado. En los demás casos, si hubiere condena, se aplicara la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada". El principio de extraterritorialidad, como excepción al principio básico de territorialidad, se fundamenta para su existencia legal y para su aplicación a casos concretos en los siguientes principios doctrinarios: 3.2 Principio de la Nacionalidad o de la Personalidad Se dice que este principio apareció en la legislación italiana de la edad media, según la cual, la Ley Penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos, en cualquier lugar del extranjero ya sea contra sus ciudadanos o contra extranjero. Con arreglo al principio de la personalidad, la Ley Penal de un país se aplica Únicamente a sus ciudadanos cualquiera que sea el lugar donde realicen las conductas delictivas, aunque las baya realizado en un país extranjero. El principio de la personalidad tuvo amplia aplicación en Europa basta que con el triunfo de la Revolución Francesa se impuso el principio de territorialidad. En la mayor parte de los países, el principio de personalidad rige solo como complemento del de territorialidad. Este complemento es necesario porque los Estados se niegan generalmente a entregar a sus nacionales que han delinquido en el extranjero por ver en ello un menoscabo a su soberanía. La impunidad de los delitos cometidos por nacionales en el extranjero, resultaría, además escandalosa y produciría una grave conmoción en las concepciones ético-sociales de los ciudadanos7. Según Rodríguez Devesa, la aplicación de la Ley Penal nacional en virtud del principio de personalidad es una consecuencia de la cláusula de no entrega del nacional que se estipula en los tratados de extradición y de la norma internacional: “Aut dedere aut punire. De otro modo, el Estado se convertiría en un refugio de delincuentes que disfrutarían dentro de el de una absoluta impunidad. Otros fundamentos militan en la vieja máxima "Lex Ossibus Inhaeret", expresiva de la reciproca fidelidad que ha de mediar entre el Estado y los subditos 8. Por este principio la ley del Estado sigue al nacional donde quiera que este de modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito y tiene en la actualidad, aplicación cuando se dan las siguientes circunstancias: Que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero, y que se encuentre en su propio país. Se fundamenta en la desconfianza (recelo} existente respecto a una posible falta de garantías en la prosecución del proceso al enjuiciar el hecho cometido por un nacional en el extranjero, aunado alas barreras del idioma que pudiera encontrar en el extranjero, (ver articulo 5° inciso 3° de nuestro Código Penal citado }. 3.3 Principio Real de Protección o de Defensa Fundamenta la extraterritorialidad de la Ley Penal, diciendo que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el solo hecho de que se realice en el extranjero. El principio real, de la defensa o de protección de intereses permite al Estado castigar los delitos cometidos en el extranjero, con independencia de que su autor sea nacional o extranjero, cuando lesione sus intereses. Este principio suele introducirse en las legislaciones, como complementario del de territorialidad, para castigar Únicamente los delitos cometidos en el extranjero que lesionan intereses del Estado que se consideran esenciales: se establece como complementario. Incluso en Gran Bretaña y Estados Unidos, donde se mantiene con mayor pureza el principio de territorialidad9. Por este principio, la competencia de un Estado para el ejercicio de la actividad punitiva, esta determinada porque el interés lesionado o puesto en peligro por el delito sea nacional, es decir, que su finalidad es la defensa o la protección de los intereses nacionales, cuando los ataques provengan del extranjero, no importando la nacionalidad de su autor, típico ejemplo podría ser la falsificación de moneda nacional en el extranjero (ver articulo 5° incisos 1°, 2°, 4° y 6° de nuestro Código Penal). 3.4. Principio de Justicia Universal: Conforme a el Estado en cuyo territorio ha sido detenido un delincuente, es competente para juzgarle cualquiera que sea su nacionalidad y aunque haya cometido el delito en el extranjero y contra extranjeros (competencia del iudex deprehensionis ). El origen de este principio de halla en las concepciones iusnaturalistas de los te6logos y juristas españoles de los siglos XVI y XVII, especialmente de Covarribias y Suarez, que desarrolla luego Grocio, para el cuellos crímenes (que distinguían de los delitos y las contravenciones) constituyan una violación del Derecho natural que rige la " Societas Generis Hunani " .El Estado en cuyo territorio era detenido el delincuente, debia entregarle (si la extradición había sido solicitada) o castigarle (aut dedere aut punire). La aplicación de este principio implica la consideración del delito como un ataque a los intereses de la comunidad Internacional y una cierta uniformidad de las legislaciones penales 10. Este principio se considera como el reflejo de la solidaridad Internacional frente al crimen, y sostiene que la Ley Penal de cada Estado tiene validez universal, por 10 que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, que generalmente son los delitos considerados de carácter internacional como el genocidio, el terrorismo, la tortura, el trafico de drogas y estupefacientes, la piratería, la trata de personas, la falsificación de moneda y otros, no importando la nacionalidad del autor, ni el lugar de camisón del delito, ni el interés jurídico vulnerado, la única condición es que el delincuente se encuentre en su territorio y no haya sido castigado por el delito cometido. La aplicación generalizada de este principio implicaría, seguí algunos autores, algunos problemas de orden practico, como puede reunir las pruebas y juzgar con acierto el magistrado el lugar donde se ha cometido el delito.. donde el reo es extranjero yen muchos casos desconocido, donde, también es extranjero y esta ausente la victima ?!I 11 Pese a estas dificultades, el principio tiniversal de la comunidad de intereses o de la justicia mundial, se ha generalizado y ha sido incorporado a la mayoría de legislaciones penales modernas. Cerezo Mir, sostiene que el catalogo de estos delitos (refiriéndose a los de carácter internacional) ti en de a ampliarse como consecuencia de la mayor comunicación entre los estados, que facilita el desarrollo de una conciencia de solidaridad, la unificación de las legislaciones penales, la intensificación de la entre ayuda judicial internacional ( cooperación policial, extradición), así como la aparición de una delincuencia internacional.12 De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, este principio podría aplicarse con fundamento en el inciso 5° del articulo 5° del Código Penal que establece que se aplicara la ley penal extraterritorialmente, !loor delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. 4. Derecho penal internacional y derecho internacional penal: Son dos nominativos que, aunque parezcan similares en cuanto a la regulación de una misma materia, son de naturaleza diferente. El Derecho penal Internacional, se refiere al derecho interno de cada país (derecho nacional), que regula la aplicación extraterritorial de la ley penal nacional, s decir, la aplicación de la ley penal del Estado a casos o hechos ocurridos e territorio de país extranjero. Jeremías Bentham, 10 definía como el conjunto de reglas jurídicas del derecho nacional, relativas a los limites de su aplicación en el espacio. Márquez Piñero, refiere que la territorialidad de la Ley Penal y el fácil acceso a las comunicaciones, ha originado que los delincuentes, en mucha s ocasiones, evadan la sanción penal al trasladarse a otros países después de cometer los delitos; ante esta situación se ha tratado de elaborar un Derecho Penal Internacional; aunque su marco es muy limitado, pues esta noción abarcaría solamente las normas reguladoras de aplicación del Derecho Penal Sustantivo y del Derecho Procesal Penal, internos, a los delitos cometidos mas allá de las fronteras de un determinado Estado. Actualmente, el Derecho Penal Internacional ha ampliado su extensión, ya que abarca aparte de las normas referentes al auxilio jurídico internacional (especialmente la extradición), las disposiciones dictadas por la colectividad de los Estados civilizados. En este sentido, los Estados firmantes de tratados internacionales se obligan a establecer sus leyes penales nacionales, semejantes todas ellas entre si y protectoras de análogos bienes jurídicamente garantizadosl3. Mientras tanto, el Derecho Internacional Penal, se refiere al derecho que surge de la comunidad internacional con el objeto de protegerse internacionalmente, a través de un conjunto de normas jurídicas a las que pudieran estar sometidos los ciudadanos de todas las naciones y puedan ser aplicadas por tribunales internacionales que tutelarían bienes o valores de interés internacional. Mientras el primero (el Derecho Penal Internacional), es una rama del Derecho Penal, el segundo (el Derecho Internacional Penal), es una rama del Derecho Internacional. Cerezo Mir refiere que los primeros intentos de crear un Derecho Internacional Penal (prescindiendo de antecedentes mas antiguos ), se remontan al Tratado de Versalles y a los años que siguieron a la primera guerra mundial. Durante la segunda guerra mundial, los aliados decidieron castigar a los culpables de crímenes de guerra yen cumplimiento del mismo, una comisión cuatripartita (Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia) aprobó el estatuto de Londres del8 de agosto de 1945, que sirvió de base para el proceso de Nuremberg contra los criminales de guerra alemanes. Se constituyo también un Tribunal Militar Internacional para el extremo Oriente, (19 de enero de 1946), muy similar al Estatuto de Londres, y que juzgo en Tokio a los principales criminales de guerra japoneses. Desde el punto de vista jurídico, la experiencia fue sumamente criticable, pues el Tribunal de Nuremberg no era un órgano de la comunidad Internacional (estaba integrado únicamente por representantes de las cuatro principales potencias vencedoras) yen el de Tokio, se incluyo solo al representante de una potencia neutral, la India, que voto por la absolución de todos los procesados. La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 11 de diciembre de 1946 la actuación del Tribunal de Nuremberg y dispuso la redacción de los principios que la inspiraron con vistas a la redacción de un Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad o de un Código Penal Internacional. El 21 de octubre de 1947 encomendó esta tarea a la comisión de Derecho Internacional, que formulo los principios de Nuremberg en 1950 y aprobó en 1951 un proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, proyecto que después de muchas modificaciones, no llego a ser aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas concluyo también en 1994, un nuevo proyecto de Tribunal Penal Internacional, que fue objeto de VI. CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES: CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES: Son las categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. CLASIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES: Formales. Reales.
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES FORMALES: Supuestos Jurídicos. Consecuencia de Derecho. Hecho y Acto Jurídico. Derecho Subjetivo. Deber Jurídico. Relación Jurídica. Sanción. CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES REALES: Persona. Sociedad. Autoridad. Coerción. Fines Jurídicos. Deber de Justicia. Acción. SUPUESTOS JURÍDICOS: Es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. CLASIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS JURÍDICOS ATENDIENDO SUS ASPECTOS: Atendiendo a la relación de los supuestos: INDEPENDIENTE: Si la realización del supuesto produce de inmediato consecuencias jurídicas. DEPENDIENTE: Son los supuestos que están sujetos a condiciones especiales (otros supuestos jurídicos) para producir consecuencias jurídicas. Atendiendo a la norma jurídica que los contiene. SIMPLES. Si la norma jurídica tiene un solo supuesto. COMPLEJOS: Si una sola norma jurídica contiene dos o más supuestos. CONSECUENCIAS DE DERECHO: Son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. MANIFESTACIONES DE LAS CONSECUENCIA DE DERECHO: Creación de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica adquieren derechos y obligaciones que no tenían antes. Transmisión de derechos y obligaciones. Significa trasladar a otro lo que hasta ese momento ha sido nuestro. Modificación de derechos y obligaciones. Pasar de una situación a otra. Extinción de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se crearon. CLASES DE CONSECUENCIAS DE DERECHO: De Derecho Público. De Derecho Privado. HECHO JURÍDICO: Es el hecho o estado de hecho de la naturaleza independiente de la voluntad humana, o acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas no deseadas. ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL HECHO JURÍDICO: El hecho de la naturaleza o de la acción humana carece de voluntad para que se produzca consecuencias jurídicas. CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS: Hechos de la Naturaleza (físicos): Son fenómenos que se producen fuera de la voluntad de las personas y que eventualmente pueden producir consecuencias jurídicas, según si se realiza algún supuesto jurídico. Hechos de las Personas: Son los hechos en los cuales intervienen las personas, estos pueden ser de carácter voluntario o involuntario, pretendiendo que no se produzcan consecuencias jurídicas. EFECTOS QUE SURGEN AL REALIZARSE LAS HIPÓTESIS DEL HECHO JURÍDICO: Creación de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica adquieren derechos y obligaciones que no tenían antes. Transmisión de derechos y obligaciones. Significa trasladar a otro lo que hasta ese momento ha sido nuestro. Modificación de derechos y obligaciones. Pasar de una situación a otra. Extinción de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se crearon. ACTO JURÍDICO: Es la esfera de libertad, entre la cual se mueven los sujetos del derecho con la intención que se produzcan consecuencias jurídicas al realizar los supuestos o hipótesis planteadas en las normas jurídicas. ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO: Voluntad o el Consentimiento: La voluntad debe ser manifestada libremente, por el sujeto del derecho, sin engaños ni presiones de ninguna naturaleza, puede ser de forma expresa o tácitamente; expresa, cuando claramente en forma verbal o por escrito se dice que es lo que queremos y tácita, cuando simplemente aceptamos como bueno algo sin manifestar protesta alguna. Objeto: Este puede ser material o inmaterial, un hecho o una abstención, el objeto debe existir, que se pueda apreciar su naturaleza, que sea comerciable. Hecho: Este debe se posible y lícito. Solemnidades: Para que el acto tenga validez en el derecho, deben de darse los siguientes aspectos: Capacidad: De goce: Es la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. De ejercicio: Es la facultad de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en forma directa. Voluntad: Debe de manifestarse libre y conscientemente, cualquier actitud en contrario, vicia la voluntad, lo que puede ocurrir por error, miedo o temor, dolo, mala fe y lesión. El error puede ser: De hecho: si la equivocación radica en la naturaleza del objeto. De derecho: si recae sobre la naturaleza de la operación jurídica. De cálculo: Cuando el error deviene de la equivocación al efectuar la operación. Miedo o Temor: Producto de la violencia material o moral a que puede ser sometida una de las partes para que exprese su voluntad en determinado sentido. Dolo: Le podríamos llamar error inducido, o sea que una de las partes utiliza una serie de artificios para conducirnos al error. Mala fe: cuando una de las partes de da cuenta del error de la otra parte y lo oculta para favorecerse. Lesión: Desproporción entre los beneficios y las obligaciones de cada parte. EFECTOS DE LOS VICIOS DEL ACTO JURÍDICO: La invalides del acto tiene el carácter de sanción para quienes no llenaron los requisitos indispensables en su otorgamiento. FORMAS DE INVALIDEZ: Inexistencia de los Requisitos Legales: Se da cuando el acto carece de alguno de los requisitos indispensables para que nazca a la vida jurídica, el cato no existe, no causa ningún efecto jurídico. Nulidad Absoluta: Sanción que la ley señala para prevenir violaciones a las leyes de orden público, que se supone protegen intereses colectivos. Nulidad Relativa: Tambien se le denomina anulabilidad, vicia los actos, por haberse omitido alguno de los requisitos de validez, que implica a cierta y determinada persona. DIVISIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS: Atendiendo al número de personas que concurren al acto y quedan obligadas: Unilaterales: Son aquellos en los cuales se manifiesta una sola voluntad con el fin de producir consecuencias jurídicas. Bilaterales: Cuando dos o más voluntades entran en acuerdo con el fin de producir consecuencias jurídicas recíprocas, es decir que para ambos nacen, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Atendiendo a los beneficios y cargas de modo recíproco: Gratuitos: Onerosos: Atendiendo a la posibilidad de conocer desde la celebración del acto, la extensión de los derechos y obligaciones que se derivan: Conmutativos: Porque desde el momento de la celebración del acto se conocen las obligaciones y los derechos. Aleatorios: Son aquellos en que las pretensiones de las partes no son conocidas inmediatamente, dependiendo de un acontecimiento incierto, que de realizarse producirá efectos notorios para las partes. Atendiendo a la época en que los efectos del acto se producen: Entre Vivos: Se celebran entre personas que existen y para que produzcan efectos en vida. Por Causa de Muerte: Estos son de carácter unilateral en cuanto a su otorgamiento y para que produzcan efectos después de la muerte de quien los otorga. Atendiendo a la existencia o no de condición: Sujetos a modalidad: -
Suspensivos: En estos los efectos del acto se evitan hasta que se produzca la condición. Resolutorios: En estos los derechos y obligaciones surgen de inmediato y dejan de producirse tan pronto como el acontecimiento o condición a que están sujetos se realiza. Puros o simples: Estos no están sujetos a ninguna condición por lo que sus efectos son de inmediato y de carácter permanente en cuanto al acto concreto se refiere. EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO: Creación de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica adquieren derechos y obligaciones que no tenían antes. Modificación de derechos y obligaciones. Pasar de una situación a otra. Extinción de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se crearon. DIFERENCIA ENTRE HECHO Y ACTO JURÍDICO HECHO JURÍDICO Puede ser fenómeno de la naturaleza o de la actividad de las personas. Los hechos naturales que tienen consecuencias jurídicas escapan de la voluntad de las personas. Pueden ser provocados por las personas que no desean que se produzcan consecuencias jurídicas. Son de eficacia inmediata. -
ACTO JURÍDICO Estos son producto exclusivamente de la actividad de las personas. Son eminentemente voluntarios. Estos persiguen provocar consecuencias jurídicas para quienes los realizan o para terceros. Pueden estar sujetos a condición. DERECHO SUBJETIVO: Es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de un deber. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO SUBJETIVO: A la propia conducta: Consiste en la facultad que tengo de hacer (facultad agendi) o no hacer (facultad omitedi) lo que desee, siempre que sea algo lícito. A la conducta ajena: es la facultad que tengo de exigir (facultad exigendi) a otra persona una determinada conducta. Relativos: Cuando el sujeto pasivo de la relación jurídica esta claramente determinado. Absoluto: Cuando el sujeto pasivo de la relación jurídica es indeterminado. Públicos: Son los que se encargan de regular las relaciones entre el Estado y los particulares. Privados: Son los que se encargan de regular las relaciones entre particulares. Derechos Subjetivos Privados Personales o de Crédito: son aquellas facultades en virtud de las cuales una persona llamada acreedor, puede exigir de otra, denominada deudor, un hecho, una abstención o la entrega de una cosa. Derechos Subjetivos Privados de Derecho Real: Es aquella facultad que tenemos sobre una cosa frente a todas las personas. EL DEBER JURÍDICO: Es la obligación que tiene una persona de cumplir con el mandato que le impone las normas jurídicas, frente a otra persona o personas que se le exigen. ELEMENTOS DEL DEBER JURÍDICO: Es una obligación que tiene una o varias personas. La obligación consiste en cumplir un Mandato impuesto por una norma jurídica. El cumplimiento del mandato debe figurar en un norma jurídica. Pretensor o sea persona cuya favor figura el deber jurídico es el sujeto activo de la relación. CLASIFICACIÓN DE LOS DEBERES JURÍDICOS: De conformidad con el grado de importancia se dividen en: Originarios: son aquellos deberes que las personas deben guardarse mutuamente y están protegidos por la legislación en virtud de su eventual violación. Derivados: Son todos aquellos deberes que tienden a la realización, particularizadamente, de los deberes jurídicos originarios. De conformidad con la forma de constitución del deber: Por voluntad propia: son todos aquellos en los cuales la voluntad personal es determinante para el nacimiento de deberes jurídicos. Por voluntad de la ley: son todos aquellos en que la voluntad, individualmente considerada está sujeta, desde que la persona nace, a los dictados de la legislación vigente. RELACIÓN JURÍDICA: Es el vinculo que se establece entre las personas como consecuencia de la realización de la hipótesis planteada en la norma jurídica, a través del hecho o del acto jurídico y con el Estado encargado de su emisión y cumplimiento obligatorio. CLASIFICACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA: Relación Jurídica Sustantiva: Es la que determina las formas de conducta que debemos observar las personas, haciendo o dejando de hacer. Elementos: Norma Jurídica. Acto o Hecho Jurídico. Sujetos. Prestación. Relación Jurídica Adjetiva o Procesal: Las normas procesales son las que determinan la serie de pasos a seguir para lograr el cumplimiento obligatorio del deber contraído. Elementos: Norma Jurídica. Hecho o Acto Jurídico. Sujetos Prestación. Sanción. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA: Sujeto Pasivo: Se denomina sujeto pasivo en la relación jurídica a quien es titular del deber o de la obligación. Sujeto Activo: Es el titular de los derecho o facultades y quien puede decidir si reclama o no el cumplimiento del deber. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA: Se extingue por el cumplimiento voluntario de la prestación o pretensión, o bien, por el cumplimiento de la sanción impuesta a través del procedimiento señalado para el efecto: SANCIÓN: Es la ratificación del cumplimiento del deber violado, el reconocimiento de indemnización o el castigo que es susceptible de imponerse como consecuencia de ese incumplimiento. EL DERECHO Y SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS: ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA CIENCIA: Sustantivo = scientia SABER Verbo = sciere RELACIÓN DEL DERECHO CON LA FILOSOFÍA: DERECHO: La ciencia del derecho se ocupa de las normas jurídicas que han estado o están en vigencia en los diferentes países, para extraer de ese estudio nociones generales que le permiten elaborar teorías, conceptos y construcciones jurídicas. Nunca va más allá de del derecho positivo regulando la conducta de la sociedad. FILOSOFÍA: Estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, sociedad y del mismo pensamiento. Esta puede valorar los sistemas, determinar el fundamento de su obligación y exponer los ideales y los fines que deben tener en cuenta. RELACIÓN DEL DERECHO CON LA SOCIOLOGÍA: El Derecho es en gran parte un producto de la vida social, constituyen un cúmulo de normas que organiza, ordena la sociedad y constituye el instrumento de una clase para detentar el poder sobre la otra clase. RELACIÓN DEL DERECHO CON LA ECONOMÍA: La economía como sustento de todo el quehacer humano se encuentra en la base social, y el Derecho como parte de la superestructura jurídico-político es el reflejo de esas relaciones sociales que se producen en la base misma. RELACIÓN DEL DERECHO CON LA POLÍTICA: La ciencia política es el estudio de la lucha por el poder, esa lucha que se produce en el seno de la sociedad, es vinculada al derecho debido que el mismo, es el medio por el cual la clase dominante manifiesta su poder en la lucha para mantener su hegemonía, mientras que la clase dominada lucha para alcanzarla, pero sin el apoyo del Derecho. RELACIÓN DEL DERECHO CON LA HISTORIA: Desde la escisión de la sociedad en clases antagónicas y el aparecimiento de la propiedad privada en la desintegración del régimen gentilicio se constituye el Derecho como instrumento de las variadas formas de explotación social para el ejercicio y detentación del poder de la clase dominante en las diferentes etapas del desarrollo social. EL DEBER JURIDICO. Concepto. Es estar obligado a hacer o a omitir o estar sujeto al deber u obligación de hacer o de omitir algo, es quedar sujeto a estar expuesto a una sanción en el supuesto de que el mandato sea desobedecido. El deber jurídico puede ser de dar, hacer o no hacer alguna cosa, frente a cuyos deberes está la esfera de libertad jurídica de los demás. SANCION: Es la ratificación del cumplimiento del deber violado, el reconocimiento de indemnización o el castigo que es susceptible de imponerse como consecuencia de ese incumplimiento. COACCION: Es el cumplimiento forzado del deber o de la sanción impuesta.
Existen dos clases de coacción: Pre- Sancion que se da cuando se hace uso de la misma antes de dictas la sancion correspondiente y está consituida por todos los actos que van encaminados a asegurar el cumplimiento forzado de la sanción en caso de imponerse. Post-sanción o coacción definitiva, que es la que conduce al cumplimiento obligado de la sanción impuesta. La sanción y la coacción presuponen la previa existencia de un juicio. VII. EL DELITO. SISTEMAS DE DENOMINACIÓN A. Bipartito: Delito y falta B. Reato o un solo término: Crimen NATURALEZA DEL DELITO: ESCUELA CLÁSICA: Es un acontecimiento jurídico que se detrmina por la culpabilidad p0or medio de la imputabilidad. ESCUELA POSITIVA: deterina al dlito como una realidad de la sociedad, entonces es una consecuencia social y no una responsabilidad personal por imputabilidad del delito. CRITERIOS PARA DEFINIR AL DELITO LEGALISTA FILOSOFICO NATURAL SOCIOLÓGICO TÉCNICO JURÍDICO (FINALISTA) ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL DELITO: ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO La acción humana La culpabilidad La punibilidad La antijuridicidad La tipicidad La imputabilidad Las condiciones objetivas de la punibilidad. ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO: La falta de acción La antipicidad Las causas de justificación Las causas de inimputabilidad Las causas de inculpabilidad La falta de condiciones objetivas de punibilidad La exclusión de pena y excusas absolutorias. ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO: LA ACCCION O CONDUCTA HUMANA: El ejerció de la voluntad, se efectúa por medio de dos fases que son la fase interna y la fase externa del delito, o vida del delito conocida doctrinariamente como ITER CRIMINIS. La acción o conducta humana se estudia por dos teorías que son la finalista y la causalista, la causalista determinada en la ley. CLASES DE ACCION: DELITOS DE ACCION POR COMISION: Esta puede faltar en determinado momento, y es cuando la voluntad falta y no hay voluntad penal relevante, tal el caso de FUERZA IRRESISTIBLE, MOVIMIENTOS REFLEJOS, ESTADOS INCONSCIENCIA. ADELITOS DE PURA OMISIÓN BDELITOS DE COMISION POR OMISIÓN CDELICTOS DE PURA ACTVIDAD: No requieren la actividad delictiva en si sino solamente los movimientos corporales humanos como por ejemplo la participación en asociaciones ilícitas. TIEMPO Y LUGAR DE COMISION DEL DELITO: EN DONDE SE COMETIO CUANDO SE COMETIO. EL ITER CRIMINIS FASE INTERNA, FASE EXTERNA, DELITO CONSUMADO, DELITO DE TENTATIVA, TENTATIVA IMPOSIBLE, DESISTIMIENTO. LA TIPICIDAD: ELEMENTOS DEL TIPO PENAL: DOLO CLASES DE DOLO: 1) DIRECTO, 2) INDIRECTO, 3) ANTECEDENTE, 4) CONCOMITANTE, 5) SUBSECUENTE, 6) DE ÍMPETU, 7) GENERICO, 8) ESPECÍFICO, 9) DE LEION, l0) DE PELIGRO, ll) EVENTUAL, l2) PRETERINTENCIONAL. CULPA: ELEMENTOS: NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA y IMPERICIA. LA ANTIJURIDICIDAD: TRES PUNTOS DE VISTA: MATERIAL, FORMAL y JUDICIAL. PUNTO POSITIVO: Juicio de valor que declara que la conducta no es la que legalmente declara el derecho. PUNTO DE VISTA NEGATIVO. Es un juicio desvalorativo que establece hace el juez en la medida en que atenta lesionan o pone en peligro el interés social. EXIMENTES DE LA ANTIJURIDICIDAD: Son aquellas causas que la ley establece como causas de justificación y entre ellas podemos señalar las siguientes: _ La legitima defensa _ La Estado de necesidad _ Legítimo ejercicio de un derecho 1. INTRODUCCION: Una vez que hemos analizado la acción y la tipicidad corresponde estudiar la antijuricidad. Según MUÑOZ CONDE podemos entender por antijuricidad la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. La antijuricidad no es un concepto exclusivo del derecho penal. Cuando se incumple un contrato o se realiza un despido improcedente se están realizando acciones antijurídicas. Sin embargo en estos supuestos no se están cometiendo delitos. De entre todos los comportamientos antijurídicos la ley penal selecciona a través de la tipicidad aquellos que considera más graves. A la hora de analizar si una conducta es penalmente antijurídica en primer lugar controlaremos su tipicidad. La tipicidad va a ser un indicio de la antijuricidad. Esta sospecha de antijuricidad se confirmará en el momento en que no concurra ninguna causa de justificación. Por ello decimos que la determinación de la antijuricidad es negativa: Una conducta será antijurídica si no concurren causas de justificación, es decir, no hay una definición positiva de la antijuricidad. 2. TIPICIDAD Y ANTIJURICIDAD. TIPO DE INJUSTO. La antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. El concepto de antijurídico es un concepto unitario, válido para todo el ordenamiento jurídico: Lo que es antijurídico para el derecho penal lo es también para el civil. Sin embargo no todo lo antijurídico es penalmente relevante. Tan solo los comportamientos antijurídicos descritos en el tipo penal serán relevantes. Un incumplimiento contractual es antijurídico, pero no es típico. Por la tanto no será delito. Tipo de injusto será la acción típica y antijurídica. Existen dos posturas frente a la relación entre tipo y antijuricidad: a) Función indiciaria del tipo: La tipicidad será un indicio de antijuricidad. Actúa de igual manera que el humo y el fuego. Si vemos humo, posiblemente exista el fuego; si estamos ante una acción típica, posiblemente sea antijurídica aunque no siempre. Si alguien mata en legítima defensa estará actuando típicamente pero no antijurídicamente.
b) Teoría de los elementos negativos del tipo: Estos autores identifican tipicidad y antijuricidad. Las causas de justificación (causas que excluyen la antijuricidad), excluyen la tipicidad. Si alguien mata en legitima defensa no comete ninguna acción típica. Es tan irrelevante, penalmente hablando, como si matase a una mosca. Por ello, suelen definir el delito como “la acción típicamente antijurídica y culpable”1. La principal consecuencia de una u otra opción se da en materia de error. El error sobre los elementos de las causas de justificación es tratado por la primera teoría como error de prohibición y por la segunda como error de tipo2. 2. EL DESVALOR DE LA ACCION Y EL DESVALOR DEL RESULTADO: Llamaremos injusto a la acción típica y antijurídica. Para la mayoría de los autores modernos lo más decisivo para imponer una pena es el injusto; lo fundamental es lo prohibido y no tanto el sujeto que realiza lo prohibido. Se nos plantea entonces el problema de determinar cual es el fundamento del injusto. En la búsqueda de una respuesta a estos problemas surgen dos posiciones opuestas: Para algunos el fundamentos del injusto hay que buscarlo en el resultado producido (desvalor del resultado) y para otros, lo reprochable es la acción en sí (desvalor del acto) 3. A continuación vamos a tratar de explicar estos conceptos. a) Injusto y desvalor de resultado. Si decimos que el injusto tiene su origen en el desvalor del resultado, lo que estamos expresando es que lo fundamental para considerar una conducta como injusta es que se produzca un daño efectivo o una puesta en peligro de un bien jurídico. Por ejemplo si A mata a B lo disvalioso, lo que nosotros valoramos negativamente, es el resultado producido: El que B esté muerto. MEZGER señalaba que "el contenido material del injusto de la acción típica y antijurídica es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico". Para estos autores la acción como tal no importa, solo interesa en cuanto produjo el resultado. El problema que ello origina es que no elimina del derecho penal la responsabilidad objetiva (cfr. Tema V.). Si lo único que fundamenta el juicio de reproche es que B esté muerto, nos será indiferente si A lo hizo de forma dolosa, culposa o fortuita. b) Injusto y desvalor de acto. El sector doctrinal que fundamenta el injusto en el desvalor de acto entiende que lo que valoramos negativamente es la acción que provoca el menoscabo a los bienes jurídicos. Siguiendo con el ejemplo anterior diremos que lo disvalioso no es en sí que B esté muerto sino que A lo mató. WELZEL y la teoría finalista están en el orígen de esta postura. Por ello sitúan el dolo y la culpa en el tipo: No puede haber injusto sin dolo o culpa. De esta manera evitamos que se produzca cualquier forma de responsabilidad objetiva. No obstante, el peligro de esta concepción del injusto es que nos puede llevar a un derecho penal eminentemente subjetivo y moralizante. Por ejemplo, habría que condenar igual a una persona que comete un asesinato que a una que intenta matar a otro con una pistola de juguete en la creencia errónea que era de verdad. De fondo el problema básico es que se prescinde del bien jurídico a la hora de fundamentar el injusto; lo relevante no será si se afecta o no un bien jurídico determinado (vida, propiedad, etc..), sino la intención, el “animus”, del autor. c) Conclusión: Al haber analizada ambas postura, la solución a la que llegamos es que el fundamento del injusto hay que buscarlo en el desvalor de la acción y en el desvalor del resultado. Ambos contribuyen al mismo nivel a formar la antijuricidad del comportamiento. Ello no impide que luego el legislador, en cada uno de los tipos pueda poner más el acento en una u otra postura4. 3. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION: Las causas de justificación son una serie de normas permisivas, que dentro de ciertas limitaciones, autorizan que alguien viole una prohibición o mandato. La existencia de una causa de justificación, impide la imposición de pena en el autor y torna el acto típico en lícito. Las causas de justificación, contenidas en el artículo 24 del Código Penal, son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante y el legítimo ejercico de un derecho o el cumplimiento de un deber. Respecto a los elementos de la causa de justificación hay divergencia en la doctrina: a) Los autores que mantienen que el injusto tiene base en el desvalor de resultado, basta que se cumpla el elemento objetivo; es decir que se cumplan los requisitos establecidos por la norma. Así, por ejemplo habrá legítima defensa cuando en la legítima defensa se cumplan los requisitos establecidos en la ley, independientemente que el autor ignorase tal circunstancia. b) Algunos autores que mantienen que el injusto tiene base en el desvalor de acto, mantienen que para que se de legítima defensa, basta que se cumpla el elemento subjetivo; es decir, que el autor actúe en la creencia que se encuentra bajo una causa de justificación, aunque en realidad no se cumplan los elementos objetivos. No obstante, la mayoría de la doctrina prefiere estudiar estos supuestos como error de prohibición, excluyentes de culpabilidad. c) Para la mayoría de la doctrina, es necesario que exista tanto el elemento objetivo como el subjetivo, es decir, que se deben de cumplir los requisitos fijados en la norma y el sujeto debe conocer que su actuar está justificado. Si bien, esta postura mantiene una línea coherente, puede ser objetada en base al principio de legalidad: Parece discutible, crear un requisito, no previsto por la ley en una norma que va a favorecer al reo. Por otra parte, en la práctica forense, será muy difícil de probar que una persona que actúa en una situación, objetivamente amparada por una causa de justificación, ignoraba tal circunstancia. LA IMPUTABILIDAD: Eximentes de la imputabilidad es la que la ley denomina las causas de inimputabilidad. a) La imputabilidad. Muñoz Conde nos define inimputabilidad como la ausencia de las facultades mínimas que tiene un sujeto para poder ser motivado en sus actos por los mandatos jurídicos. Quien carece de imputabilidad no puede ser declarado culpable, y por lo tanto no puede ser penado, aunque haya realizado un hecho típico y antijurídico. Zaffaroni entiende que es inimputable aquel que no puede comprender la antijuricidad de la conducta o aquel que no puede adecuar su comportamiento para no infringir una norma que él sabe antijurídica. Ambos conceptos responden a distintos fundamentos sobre la culpabilidad. Nuestro código penal contempla dos grupos de casos en los que desaparece la imputabilidad: La minoría de edad y las situaciones de enajenación y trastorno mental transitorio. b) La minoría de edad El artículo 23.1 del código declara ininmputable al menor de edad. Esta disposición supone una presunción iure et de iure de inimputabilidad. El legislador ha optado por la seguridad jurídica frente a la dificultad que supondría analizar cada menor caso por caso para determinar su capacidad. El menor que realice una acción típica y antijurídica, no podrá ser castigado con una de las penas del código, pero se verá sometido al derecho penal de menores. Este tiene como fin primordial el buscar la readaptación del menor infractor. Sin embargo es criticable el salto cualitativo que supone cometer un delito con diecisiete años y trescientos cincuenta y cuatro días a cometerlo con dieciocho años y un día. Por ello muchos autores aconsejan el desarrollo de un derecho penal juvenil para infractores de entre dieciocho y veintiún años. Parece lógico que a partir de una cierta edad se tenga que responder por los hechos cometidos pero no tal vez igual que un reincidente de cuarenta años. c) Enajenación mental y trastorno mental transitorio Viene contemplada en el código en su artículo 23.2. La ley exige un requisito biológico (enfermedad mental, desarrollo psíquico incompleto o retardado o trastorno mental transitorio) junto a uno psicológico (falta de capacidad de comprensión del carácter ilícito del hecho o de determinarse conforme a esa comprensión). La ley no está en situación de fijar exactamente que tipo de enfermedades mentales excluyen la imputabilidad. El número de enfermedades es demasiado amplio y no existe unanimidad en el mundo de la psiquiatría a la hora de determinar sus consecuencias. Por ello tan solo le interesa al derecho penal su reflejo en el actuar en el caso concreto. Será pues básica la prueba pericial en cada uno de los casos.
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Si bien consideramos que la teoría de los elementos negativos del tipo produce resultados más satisfactorios (sobre todo en lo relativo a la legitima defensa putativa), para el desarrollo de los apuntes, por fines didácticos, vamos a mantener la división tradicional y acogernos a la teoría de la función indiciaria del tipo (Para un desarrollo de la teoría de los elementos negativos del tipo, ver MIR PUIG).
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Ver tema X.
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El término desvalor es equivalente a valoración negativa. A pesar de lo confuso que es, lo mantenemos por ser el que usa toda la doctrina.
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Para una mayor profundización en el tema se recomienda estudiar el artículo de BUSTOS RAMIREZ: "Consideraciones en torno al injusto" contenido en el libro "Bases críticas de un nuevo derecho penal".
El trastorno mental transitorio supone una perdida de la imputabilidad de forma temporal. Su origen no tiene por que ser patológico. Un estado emocional fuerte o la ingestión de drogas o alcohol en gran cantidad pueden originar situaciones de este tipo. Estos supuestos no deben confundirse con aquellos casos que eliminan la acción por encontrarse el sujeto en un estado de inconsciencia. Un caso dudoso es el sonambulismo que para algunos excluye la acción mientras que para otros supone un trastorno mental transitorio excluyente de la culpabilidad. Las personas que encontrándose en estos supuestos cometan hechos antijurídicos serán sometidas a medidas de seguridad, si ello fuere conveniente. Sin embargo estas medidas no deberían ser más gravosas que si se les impusiese una pena. Por ello es criticable el artículo 85 que señala la indeterminación en el tiempo de la medida de seguridad. En algunos supuestos el enajenamiento o el trastorno mental transitorio no serán de suficiente entidad como para excluir la culpabilidad aunque si para atenuarla. Así se contempla en los artículos 26.1 y 26.3. d) El problema de las "actio liberae in causa" La imputabilidad se tomará en cuenta en el momento de comisión de los hechos. Sin embargo existe una excepción a esta regla general que son los supuestos denominados como "actio liberae in causa". Consideraremos imputable al sujeto que al cometer la acción no lo era pero sí en el momento de idear los hechos o de iniciar el curso causal. La regla también es aplicable en aquellos supuestos en los que lo que se da es ausencia de acción. Dentro de estos supuestos distinguiremos tres situaciones: 1. Cuando la inimputabilidad o la ausencia de acción es buscada directamente por el autor para así cometer el delito de forma impune. Por ejemplo el que se embriaga para matar impunemente. El código la contempla en el artículo 23.2 al señalar "...salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente". En estos casos el sujeto es considerado plenamente imputable. Incluso en algunos supuestos se incrementa su culpabilidad (art. 27.17). 2. Al ir a ponerse en situación de inimputabilidad o ausencia de acción el autor se representa como probable o posible la producción del resultado y sin embargo busca tal situación. Estaríamos pues ante un dolo eventual que produciría idénticos resultados que el supuesto anterior. 3. Aquellos casos en los que la puesta en situación de inimputabilidad o ausencia de acción no buscan un resultado delictivo o buscándolo, este es de mayor gravedad que el que se propusieron. En estos casos responderá por el delito en su forma culposa. Por ejemplo el guardabarrera que se queda dormido provocando así un accidente. O el que se embriaga para poder insultar impunemente pero acaba matando. Aunque la mayoría de la doctrina admite esta figura jurídica, ZAFFARONI entiende que no tiene sentido hablar de actio libera in causa culposa pues son simples supuestos de imprudencia. Por otro lado si alguien se coloca en situación de inimputabilidad no puede controlar su voluntad con lo que difícilmente logrará su resultado. Por todo ello entiende que debería suprimirse la actio libera in causa5. LA CULPABILIDAD 1. EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE CULPABILIDAD. La comisión de una acción típica y antijurídica no basta para considerar que se ha cometido delito. Es necesario que el autor haya obrado de forma culpable. El fundamento de la culpabilidad está íntimamente ligado a las teorías que fundamentan la pena: Si partimos de una teoría retribucionista entenderemos que el autor es culpable porque siendo libre para elegir optó por cometer una acción típica y antijurídica. Por ello merece sanción. Se da pues una culpabilidad por el hecho cometido. No obstante, una serie de autores, inspirados en el determinismo, entendían que era falso afirmar que el hombre fuese libre. En realidad el hombre está tan condicionado por factores sociales, culturales, económicos o de educación que realmente no pudo haber obrado de forma distinta. Por ello habrá que rehabilitarlo o en su caso separarlo de la sociedad. Estamos pues ante teorías de tipo preventivo especial que nos conducirán hacia una culpabilidad del autor que cometió el hecho. El concepto de persona culpable perderá significado y será reemplazado por el de persona peligrosa. El peligrosismo vulnera principios básicos constitucionales y es contrario a un estado de derecho. En apariencia responde a conceptos más "humanitarios", como es la reeducación del delincuente y la no imposición de penas sino de medidas de seguridad. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas medidas de seguridad son tan gravosas como las penas. Es sintomático que estas teorías fuesen tan queridas por el fascismo italiano de Mussolini. Un sector doctrinal rechaza ambas concepciones. Lo fundamental no será la libertad de la persona al escoger una opción. Aunque teoricamente esto sería admisible, en la práctica no podremos saber si la persona pudo o no actuar de otra forma. En realidad la norma penal busca motivar a la persona mediante sus mandatos normativos. Por ejemplo mediante el artículo 123 se quiere evitar que el hombre mate a sus semejantes. Por ello no será culpable aquel que no sea motivable mediante los mandatos normativos. Si no penamos a un loco es porque al resto de los locos no les afectará en absoluto esta forma de proceder; ellos no van a dejar de realizar la acción, por mucho que metamos a otros locos en la cárcel por realizar idéntica acción. Vemos clara la relación entre esta concepción y las teorías de prevención general. BACIGALUPO entiende que será culpable el que, pudiendo, no se ha motivado por la norma ni por la amenaza penal dirigida contra la violación de aquella. Es independiente la prueba de la libertad o del determinismo. ZAFFARONI en su manual, sin aceptar las tesis retribucionistas, no admite que el fundamento de la culpabilidad sea la prevención general. Para él la culpabilidad es reprochabilidad que se dará si el sujeto pudo entender lo antijurídico de la conducta y si su ámbito de autodeterminación ha tenido cierta amplitud, es decir, si pudo elegir libremente. Ambas teorías son aceptables y en la práctica conducen a soluciones muy parecidas. 2. LA CULPABILIDAD EN EL FINALISMO Y EN EL CAUSALISMO: Las teorías causalitas sitúan en la culpabilidad el análisis del dolo o la culpa. El origen está en una separación total de los elementos subjetivos y objetivos. La acción, la tipicidad y la antijuricidad son elementos objetivos del delito. La culpabilidad agrupa todos los elementos subjetivos. El dolo y la culpa tendrán que analizarse en este momento. Por otro lado el dolo se ve como dolo "malo". La conducta dolosa es reprochable. El finalismo no realiza esta distinción tan tajante entre lo subjetivo y lo objetivo. Todos los elementos del delito tienen contenidos objetivos y subjetivos. Por otro lado se entiende el dolo de forma "avalorada" o "neutra". Dolo es el querer del resultado típico y nada más. El reproche se realizará al llegar a la culpabilidad. 3. CULPABILIDAD Y ANTIJURICIDAD: En este punto vamos a tratar de aclarar la importancia de diferenciar las causas de exclusión de culpabilidad y las de la antijuricidad o causas de justificación. En primer lugar señalar que la acción típica justificada será legítima y aceptada por el derecho. El ordenamiento, entendido en su conjunto, ve como correcto el que una persona mate para que no le maten. Frente a ello, el derecho penal tolerará la situación de injusto inculpable. La ley penal no considera positiva la acción de matar bajo trastorno mental transitorio pero entiende que no procede contra el autor sanción penal. Ahora bien, el resto del ordenamiento no es tan "generoso" con la acción injusta inculpable y por ello si mantendrá sus sanciones respectivas, básicamente la reparación civil o indemnización. Es por ello que en caso de legitima defensa los familiares del agresor muerto no podrán pedir reparación civil, pero si los del que ha matado un demente. Por otro lado tiene importancia para determinar el carácter ilegítimo de la agresión en la legítima defensa. Cuando un policía golpea a un ladrón para que no huya comete una acción típica pero justificada por ejercicio legítimo de un deber. Frente a ella el ladrón no podrá actuar en legitima defensa. Sin embargo, cuando una persona es atacada por un loco podrá actuar en legítima defensa ya que la acción, aun cuando no es delictiva, si es antijurídica, es decir, ilegítima. El partícipe en acción ilegítima responderá penalmente, cosa que no sucede en los casos en que la acción sea justificada. Si yo le doy una pistola a un loco y este mata, se me imputará el delito, incluso como autor. Sin embargo si el arma se la doy a una persona que actúa en legítima defensa mi conducta no será delictiva. Finalmente al autor de acción típica antijurídica inculpable se le podrá imponer una medida de seguridad, cosa que no ocurre con el autor de acción típica y justificada, por muy loco que esté. Existe, no obstante, una excepción a estos principios que se dan en el estado de necesidad justificante que está sometido a un régimen particular, tanto en lo relativo a la responsabilidad civil (art. 117 CP) como frente a la legítima defensa. 4. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD: Para que exista culpabilidad es necesario que se den una serie de elementos, sin los cuales, desaparece la situación de culpabilidad del sujeto:
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a) La imputabilidad o capacidad de culpabilidad: Se incluyen aquí aquellos supuestos que se refieren a la madurez psíquica y a la capacidad del sujeto para motivarse o para entender lo antijurídico (edad, enfermedad mental, etc...). b) El conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido: La norma penal solo puede motivar o ser reprochable al individuo en la medida en que conozca a grandes rasgos sus prohibiciones. c) La exigibilidad de comportamiento distinto: El derecho puede exigir comportamientos incómodos pero nunca heroicos o imposibles. Por ello no es reprochable ni motivable el sujeto que se encuentra en situación extrema. La ausencia de cualquiera de estos elementos, tal y como veremos en el próximo tema, elimina la culpabilidad. Estos elementos son graduables por lo que si existe alguna causa que los desdibuja pero sin eliminarlos se atenuará la culpabilidad. Quien Actúa realizando una acción antijurídicamente señalada, pudiendo actuar de otra forma, siendo esta selección lo que señala la peligrosidad de quien actúa contrario a la ley penal. Requisitos para señalara una persona como culpable de un hecho delictivo. Imputabilidad, que tenga la característica de ser señalado culpable de un hecho delictivo. Conocimiento de la antijuridicidad: Es decir que conozca el delincuente que la acción que ejecuta es contraria a derecho. La exigibilidad de un comportamiento distinto al que ha ejecutado: Es decir que habiendo tenido la opción de obrar de manera distinta a optado por cometer el hecho delictivo. CAUSAS EXIMENTES DE LA CULPABILIDAD: Los que la ley señala como causas de inculpabilidad entre estas están. 1- El miedo invencible 2- La fuerza exterior 3- Obediencia debida 4- Omisión justificada 5- Legitima defensa putativa o error. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD Llamadas tambien en la legislación o en la doctrina excusas absolutorias. Por ejemplo el caso fortuito y el perdón en determinados casos.
CLASIFICACION DE LOS DELITOS: POR SU GRAVEDAD, DELITOS Y FALTAS. 1-
POR SU ESTRUCTURA: SIMPLES y COMPLEJOS.
2-
POR SU RESULTADO: DAÑO, PERJUICIO, INSTANTÁNEO y PERMANENTE
3-
POR SU ILICITUD Y MOTIVACIONES: COMUNES, POLÍTICOS y SOCIALES.
4-
POR LA FORMA DE ACCCION: COMISION, OMISIÓN, COMISION POR OMISIÓN y ACTIVIDAD.
5-
POR EL GRADO DE CULPABILIDAD: DOLOSO, CULPOSO y PRETERINTENCIONAL.
PLURALIDAD DE DELITOS: 3. LA UNIDAD Y PLURALIDAD DE HECHO: Antes de analizar los distintos concursos, tendremos que determinar cuando concurre un hecho o cuando son varios. El concepto de unidad de hecho es eminentemente valorativo. Sería absurdo identificar hecho con movimiento muscular porque en la acción de disparar contra alguien se darían tantos hechos como músculos se moviesen. La doctrina ha elaborado una serie de criterios de los que destacamos dos: a) La concepción natural de la vida: La determinación sobre si varios movimientos corporales constituyen uno o más hechos queda confiado a la valoración usual en la sociedad. Este criterio es demasiado vago. b) El criterio ha de ser jurídico y desprenderse de los tipos correspondientes: La característica de tipicidad delimita cuando nos encontramos ante un hecho. Una conducta puede ser un hecho bajo un tipo (El apoderamiento con violencia física sería un hecho de robo del articulo 251) y varios bajo otros tipos (un apoderamiento sería un hurto del 246 y un actuar violento una coacción del 214). A la hora de determinar el tipo se exigirá para que podamos hablar de un hecho una sola acción y un solo resultado material (aunque se vulneren muchos resultados típicos). De esta manera cuando se mata a un policía se produce una sola acción y un solo resultado, aunque se realicen dos delitos: Homicidio y atentado (408). Habrá entonces un solo hecho y dos delitos. Sin embargo, cuando se pone una bomba y mueren cinco personas, aunque haya una acción hay cinco resultados materiales. Habrá cinco hechos y cinco delitos. De lo contrario tendríamos que aceptar una menor punición para aquel que mata a cinco personas con una bomba que para el que las mata con una pistola. 4. EL CONCURSO IDEAL DE DELITOS: Habrá concurso ideal de delitos cuando un solo hecho constituya uno o más delitos. El código penal guatemalteco lo contempla en su artículo 70. En estos supuestos un solo tipo penal no puede englobar todo el desvalor del hecho, tal y como ocurría en el concurso de leyes. El fundamento de la regulación estriba en que no puede valorarse igual los supuestos en los que un hecho produce varios delitos y aquellos en los que un hecho produce un delito. Por otro lado tampoco se valorará igual que si se hubiesen producido varios hechos. Algún sector doctrinal (vid. MUÑOZ CONDE) distingue entre: * Concurso ideal homogéneo: Se dará cuando los delitos cometidos sean los mismos. * Concurso ideal heterogéneo: Existirá este concurso cuando los delitos cometidos son distintos. El problema de fondo en esta distinción es que en muchos casos se incluyen en el concurso ideal homogéneo supuesto de unidad de acción pero no de hecho. Por ejemplo el supuesto de la bomba que mata a cinco personas. En la práctica los auténticos casos de concurso ideal homogéneo son muy reducidos (algunos supuestos de error en el golpe). Asimismo a través de esta figura solucionamos problemas que se plantearon en temas anteriores. Así en los casos de error en el golpe o en la persona en los que había circunstancias especiales que diferenciaban los sujetos pasivos se recurre a esta figura. Por ejemplo, si quiero matar a mi padre y al fallar mato a un tercero, habría un delito de tentativa de parricidio en concurso ideal con un homicidio imprudente consumado. Sin embargo cuando el efecto causado y el buscado sean semejantes solo se estimará un delito doloso consumado. Si quiero matar a mi padre y mato a mi madre habrá un parricidio consumado. Aunque un sector doctrinal estima que en los casos de error en el golpe habría que proceder también a través de los concursos6.
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Para más información ver en MIR PUIG, Derecho penal, parte general. Pgs. 275 a 278.
El código le da a los supuestos de concurso ideal un tratamiento legal más benévolo que al real. La solución consiste en imponer la pena correspondiente al delito que tenga sanción mayor, aumentada hasta en un tercio salvo que sea más beneficioso para el reo la imposición de todas las penas por separado. Cuando las penas a imponer sean de distinta naturaleza (prisión, multa, etc...) se tendrá siempre en cuenta lo más favorable para el reo. 5. CONCURSO REAL DE DELITOS: Existe concurso real de delitos cuando una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos. El código lo contempla en el artículo 69. En principio el tratamiento legal será el de acumulación de las penas. Si la persona ha cometido cinco delitos responderá por los cinco. Sin embargo esta medida puede llevar a soluciones injustas. Si a un ladronzuelo habitual le aplicamos la suma de las penas de todos los delitos que ha cometido, al final le castigaríamos igual que a un asesino. Por ello el código pone como límite a esta acumulación el que no se supere el triple de la de mayor gravedad. Finalmente se crea un límite fijo de treinta años de prisión y de veinte mil quetzales de multa. Es decir que en ningún caso la pena podrá superar estas dos cifras. 6. CONCURSO MEDIAL: Existen algunos supuestos de concurso real a los que no se les aplica la regla del artículo 69, sino la del concurso ideal. Se trata de aquellos supuestos, conocidos doctrinariamente como concursos mediales, en los cuales uno de los delitos es medio necesario para cometer el otro. En estos casos hay más de un hecho, pero la conexión íntima entre los delitos cometidos hace que la legislación los equipare al concurso ideal. El problema consiste en delimitar en que supuestos procederá aplicar esta figura. a) En primer lugar se tendrán que excluir los casos de concurso de leyes por concusión. En estos casos uno de los tipos penales engloba al otro (vid. supra) mientras que en el concurso medial un solo delito no engloba todo el desvalor del acto. b) En segundo lugar hay que diferenciar los concursos mediales de otros concursos reales. Para que haya concurso medial no bastará que ambos formen parte de un mismo plan del autor sino que será necesaria una relación de necesidad, que debe ser entendida en un sentido real, concreto y restrictivo. En cualquier caso no debe de perderse de vista el fundamento de la figura que es limitar una posible doble penalidad. Por ello procedería aplicar el concurso medial exclusivamente en aquellos supuestos límites que no se pudiesen encuadrar en casos de concursos de leyes. El tratamiento penal del concurso medial es el mismo que el concurso ideal. No debe aplicarse en estos casos el artículo 27.19, que agrava la pena cuando un delito se ejecute para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito. Si no lo entendemos así, llegaríamos al absurdo de que el código nos suaviza la pena en un artículo y nos la agrava en otro. 7. DELITO CONTINUADO: Según el artículo 71 se dará delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las siguientes circunstancias: a) Con un mismo propósito o resolución criminal. b) Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico, de la misma o distintas personas. c) Aprovechándose de la misma situación aunque independientemente del momento. d) Independientemente del lugar o de la gravedad de las acciones. Tradicionalmente, la finalidad de esta figura es solucionar aquellos casos en que hay pluralidad de hechos pero un solo delito. Los ejemplos típicos son los del cajero que hurta todos los días pequeñas cantidades durante un largo periodo de tiempo, o el del que yace varias veces con una menor durante varios días. Si aplicásemos las reglas del concurso real la solución sería injusta, en el primer caso por imponer una pena demasiado benigna y en el segundo por imponer una pena demasiado gravosa. Lamentablemente la redacción del artículo es demasiado genérica y prácticamente cualquier sucesión de delitos en el tiempo podría entenderse como delito continuado. En los casos en que se de delito continuado, se impondrá la pena que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte. La solución del código es parcialmente satisfactoria. En los casos de delitos patrimoniales no queda claro a que se refiere con el término delito. ¿Hará referencia a cada uno de los delitos por separado o habrá que sumar todas las cantidades sustraídas? La lógica nos debe llevar a entender que la segunda solución es la correcta. Por todo ello, consideramos urgente una reforma de éste artículo para evitar mayores confusiones. 1- CONCURSO REAL: Es la acumulación matemática de una pena señalada para un delito correspondiente aumentada en una tercera parte, en virtud de la acumulación de penas de los otros delitos. Solamente se realiza una sumatoria de las penas de los delitos que concurren y el total se aumenta una tercera parte, al respecto la ley fija que el máximo de una pena será de cincuenta años de prisión en caso de la pena de prisión y de doscientos mil quetzales en el caso de la pena de multa, es decir que un tribunal puede condenar en base a esto a una persona por ciento cincuenta años d e prisión en virtud que es la pena de prisión aumentada en el triple de su máximo. 2- CONCURSO IDEAL: Es la determinación de una pena por virtud de absorción de una pena más grande, en este caso se cometen varios delitos claramente identificables pero es absorbido por el delito de pena más grande en virtud que la cadena de delitos cometidos se dirigían a una misma visión delictiva o un mismo fin criminal; sin embargo el Juez puede aplicar la formula numérica de el concurso real si favorece al reo. 3-
DELITO CONTINUADO: En este caso el mismo bien jurídico resulta afectado por la misma persona, en distinto lugar, en distinto tiempo, con aprovechamiento de la misma circunstancia, de la misma o distinta gravedad, pero con el mismo fin (por ejemplo el hurto). Se señala que es un delito equitativo a una serie de puntos en el espacio, mientras que el instantáneo estaría representado por un solo punto en el espacio. ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL DELITO Es conocida en el código como las circunstancias que modifican la responsabilidad penal y son las circunstancias: agravantes, atenuantes y mixtas. La finalidad de estas circunstancias es la de poder determinar de acuerdo a la figura delictiva el máximo y el mínimo de la pena regulada para el tipo penal. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 1- INFERIORIDAD PSÍQUICA. En este caso no existe una inimputabilidad por desarrollo psíquico incompleto, sino a lo que se refiere es al hecho que tiene un desarrollo psíquico pero no le hace entender la magnitud del hecho causado por cierta inferioridad, el juez se basa en dictámenes médicos. 2- EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. Cuando se extralimita en alguno de los requisitos para poder gozar de las causas de justificación (Legítima defensa, legítimo ejercicio de un derecho, Estado de necesidad); en este caso no puede debido a la extralimitación gozar de la justificación, pero el juez tampoco puede determinar una pena mayor o acorde al tipo delictivo si es claro que puede atenuarse, en este caso se aplica la atenuación de la pena y se fija el límite de la misma. 3- ESTADO EMOTIVO. En este caso son motivos afectivos, anímicos, causados por estímulos externos, que provocan ofuscación inmediata e imprevisible. 4- ARREPENTIMIENTO EFICAZ. Se origina cuando el agente, luego de comenzada la acción delincuencial o antes, desiste por reacción de sus sentimientos delictivos y lo evita; a esto es a lo que se llama arrepentimiento eficaz pero que la ley penal lo contempla adecuadamente en el artículo 16 del cp. Como desistimiento. En referencia a esta atenuante se le conoce como arrepentimiento ineficaz, porque solamente logra que sus efectos no se extiendan y se reparen en lo posible los daños causados. La ley determina que se haya procurado la reparación, es decir que no obliga que se haya logrado en su totalidad; en cuanto a la temporalidad debe entenderse que el arrepentimiento debe realizarse inmediatamente al hecho cometido. En esta se trata de procurar no causarse mayores estragos aunque esto no signifique el resarcimiento total de un daño causado. 5- REPARACIÓN DE PERJUICIO. En este caso la importancia estriba en haber reparado de acuerdo a ciertos requerimientos el mal causado. 6- PRETERINTENCIONALIDAD. Cuando el resultado excede de la intención criminal se produce la preterintencionalidad de un delito o consecuencia criminal, la preterintencionalidad se da en dos formas: a- Por gravedad del resultado al producirse un delito distinto al planeado. b- Por gravedad del resultado del delito en la misma índole del presupuesto penal, es decir agravación del mismo delito. 7- PRESENTACIÓN A LA AUTORIDAD. Parte del sentimiento de contribución a las investigaciones criminales, y de descarga del sentimiento de culpabilidad de las acciones cometidas. 8- CONFESIÓN ESPONTÁNEA. Es una muestra de menor peligrosidad social, ya que conlleva la aceptación inmediata de haber cometido una acción delictiva. Ahora bien la confesión debe ser lisa y llana, ya que si solamente consistiese en el reconocimiento de los hechos, estaríamos en el caso de una atenuante no estipulada, como lo establece el inciso 14 del mismo artículo mencionado. 9- FALTA DE ILUSTRACIÓN. Este es el caso de falta de ilustración cultural de la figura delictiva, es decir del desconocimiento de que una acción represente un tipo penal, es entonces una circunstancia que atenuará la pena, sin embargo hay
que referirse a la ley del organismo judicial en donde se manifiesta que no puede alegarse ignorancia ante la ley, esto es para su aplicación, en este caso sería un poco determinarse esta atenúate ante la norma de la ley del organismo judicial; ya que según el artículo 1 de la LOJ son normas generales de interpretación y aplicación de la ley y el artículo 3, establece que no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario en contra de la primacía de la ley. 10- DIFICULTAD DE PREVEER. Es en caso de delitos culposos , y que deja la posible clasificación entre los delitos culposos leves y graves, al respecto Binding, señala tres elementos de la culpa: a- La voluntad, b- La previsibilidad del posible resultado. C- La evitabilidad. Es decir la culpa se genera al no prever el resultado, sin embargo en este caso es imposible prever este resultado por lo tanto se comete el delito que puede ser at6enuado en su pena. 11- PROVOCACIÓN O AMENAZA. Cuando se actúa por ofensa del que luego resulta ofendido por el delito, el juez califica si la intensidad del hecho delictivo es equitativa con la actuación del que comete el delito. El hecho delictivo debe ser inmediato a la provocación o la ofensa sin mediar el tiempo necesario para determinarse la comisión de un hecho delictivo posterior. 12- VINDICACIÓN DE OFENSA. Los grados de ley en este caso debe entenderse que se refiere no solamente a la línea de parentesco civil sino tambien al que nace de la afinidad; se necesita que el delito sea cometido en un tiempo que no determine que pudo planearse la acción delictiva que se cometió, la vindicación es la actuación en venganza por un hecho delictivo o defensa vengativa pronta de un hecho delictivo contra sí o personas cercanas por parentesco a él. La ofensa debe causar por sí grave impulso para causar enfado al que comete el delito. 13- INCULPABILIDAD INCOMPLETA. Cuando se exageran los limites de las razones de inculpabilidad. (Miedo invencible, fuerza exterior, omisión justificada, error, obediencia debida). CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 1. OBRAR POR MOTIVOS FÚTILES Y ABYECTOS. Fútil quiere decir de poca importancia. Abyecto, quiere decir bajo, vil (interpreta al hecho de actuar en forma anormalmente maliciosa o peligrosa). En otras legislaciones se incluye aquí el impulso de perversidad brutal. 2. ALEVOSÍA. Determina un cierto grado de perdida de defensa o aseguramiento de no poderse defender el ofendido en virtud de dos clases de alevosía. A) Alevosa buscada, que es la que forma parte de un plan para la comisión de un delito. B) Alevosía aprovechada, que es de la que se aprovecha una persona por ya existir ciertas características que determinan la indefensión del ofendido. La agravación en este caso es derivado de el rompimiento de los deberes de solidaridad humana es decir que no importa al agente las circunstancias de inferioridad incluso, en que se haya el ofendido, incapaz de defenderse o en circunstancias que el agente los elimina. La alevosía exige dos elementos fundamentales que son: a) Aseguramiento del golpe. B) un estado de indefensión por parte de la víctima. 3. PREMEDITACIÓN. Cuando existen voliciones anteriores que planean el hecho deolictivo, y en cuanto lo conocido que conste fielmente que se deseaba cometer el delito. Existe la llamada premeditación condicionada, que no es más que condicionar el hecho delictuoso a cierto hecho futuro que provocará la realización del tipo penal, EJ: Juan matará a pedro si al encontrarse en la calle le vuelve a insultar. 4. MEDIOS PELIGROSOS. 5. APROVECHAMIENTO DE CALAMIDAD. La agravante en este caso es que el delincuente no provoca la situaciójn, pero se aprovecha del pánico o de un estado de indefensión psíquico o material que puede causar una calamidad. 6. ABUSO DE SUPERIORIDAD. Puede ser física o mental. Para distinguir este caso de la alevosía, en el presente caso se conoce de la desventaja física y mental y aún así se comete el hecho delictivo, en la alevosía se busca o se aprovecha en ese momento las desventajas. 7. ENSAÑAMIENTO. 8. ARTIFICIO PARA REALIZAR EL DELITO. Esta agravante no puede ser incluida en aquellos delitos como el estupro o la estafa en todas sus manifestaciones, ya que en estos casos el artificio o el engaño es un elemento tipificativo del delito es esencial del tipo por lo que no puede incluirse como agravante. Sin embargo por ejemplo el uso de un disfraz debe ser con el fin de cometer el hecho delictivo y no ser ocasional, es decir si alguien asiste a una fiesta de disfraces y da muerte a otra persona esta agravante m}no podría aplicarse ya que debía concurrirse con un disfraz, ahora bien si éste fue utilizado parea el fin si debe incluirse el agravante. 9. PREPARACIÓN PARA LA FUGA. 10. COOPERACIÓN DE MENORES DE EDAD. 11. INTERÉS LUCRATIVO. 12. ABUSO DE AUTORIDAD. 13. AUXILIO DE GENTE ARMADA. La diferencia con la alevosía es que en la alevosía se pretende desvirtuar la defensa de la persona ofendida; mientras que en el auxilio de gente armada se pretende evitar el auxilio den favor del ofendido por otras personas que no tienen nada que ver con los objetivos de la comisión del delito. 14. CUADRILLA. La diferencia de la cuadrilla con la del auxilio de gente armada, radica en que en el primer caso la cuadrilla es copartícipe del delito y parte de un plan criminal que general a la cuadrilla como parte esencial de un hecho delictivo. 15. NOCTURNIDAD Y DESPOBLADO. Ahora bien en este caso, debe establecerse la forma en q ue se debe aplicar el agravante, ya que si por ejemplo el hecho delictivo podía cometerse en un lugar despoblado o en uno poblado y se decidió por el primero si existe el agravante, mientras que si el hecho solamente podía llevarse a cabo en el despoblado aquí deja de existir el agravante en virtud que no existía otra forma de ejecutarlo. 16. MENOSPRECIO DE AUTORIDAD. 17. EMBRIAGUEZ. 18. MENOSPRECIO AL OFENDIDO 19. VINCULACION A OTROS DELITOS 20. MENOSPRECIO DEL LUGAR. 21. FACILÑISDAD DE PREVEER 22. REINCIDENCIA 23. HABITUALIDAD SUJETOS, OBJETO Y BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DELITO: SUJETOS: SUJETO ACTIVO: Es quien comete el hecho delictivo, y se conoce también como ofensor, agente, delincuente. SUJETO PASIVO: Es quien sufre las consecuencias del delito, que es conocido también como ofendido, paciente. 1- SUJETOS ACTIVOS INDIVIDUALES: Quienes cometen el hecho delictuoso, que a su vez pueden clasificarse en: a) Sujetos activos primarios: Quienes directamente realizan el hecho delictivo. B) Sujetos Activos secundarios: Quienes participan en la comisión del hecho delictuoso. 2- SUJETOS PASIVOS. Pueden en primer término ser sujetos pasivos, las personas individuales, el estado y las personas jurídicas colectivas. Las entidades sociales también pueden ser sujetos pasivos de delitos como por ejemplo en el caso de estafas, calumnias, injurias, etc. LAS ENTIDADES COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO: Se han establecido ciertas corrientes que determinan que las personas jurídicas colectivas también pueden ser objeto de ser observadas como sujetos activos de los delitos entres estas se encuentran las siguientes: Corriente negativa: Niega el hecho de considerar que una entidad jurídica pueda cometer delitos. Corriente positiva. Corriente Moderna: Que afirma que la entidad en sí no comete ilícitos penales sino lo hace por medio de sus representantes o directores o gerentes quienes cometen las acciones delictivas y a quienes se les procesan finalmente. OBJETO DEL DELITO Es la persona o cosa sobre la que recae la acción del delito. El objeto del delito se ha dividido en tres estados que son: 1- Objeto material del delito: Constituye las personas o cosas sobre las que recae la acción del delito. 2- Objeto Jurídico del delito: Es lo jurídicamente protegido por el estado y que es transgredido al momento de que se comete un hecho calificado como delito por ejemplo al cometerse un homicidio se transgrede l bien jurídico tutelado de la vida. 3- Sujeto pasivo del delito: Es el titular de los bienes jurídicos protegidos. CONTENIDO DEL OBJETO MATERIAL: Cosas, personas vivas o muertas, físicas o colectivas, animales etc.
BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO EN EL DELITO: Es una categoría de generalidad social que es protegido por el estado por medio de el jus puniendi o facultad del estado de penar, juzgar y ejecutar lo juzgado; consisten en derechos propios de todos los seres humanos y que en un estado quedan protegidos por medio de la sistemática penal , entre ellos podemos citar como bienes jurídicos tutelados los siguientes: la vida, El patrimonio, El honor, La seguridad colectiva, La salud, La libertad individual, La libertad sexual, El orden jurídico familiar, El estado civil, etc. El objeto del delito sería entonces, aquellas cosas, personas o entes que dentro de los bienes jurídicos tutelados, son violados, por ejemplo si el bien jurídico tutelado es la vida el objeto material es un ser humano y que se vulnera al darle muerte a una persona X. El bien jurídicamente tutelado tiene dos puntos de vista o dos elementos esenciales desde los que puede observarse la protección penal, estos son: Desde el punto de vista genérico. El estado por medio de la ley penal crea la protección a toda la sociedad, creando un ambiente social de tranquilidad y seguridad colectiva. Desde el punto de vista individual: Determina que el bien jurídico tutelado tiende a proteger a ciertos bienes, derechos de personas individuales que finalmente el estado tiene la obligación de proteger por medio de su aparato jurisdiccional. LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO: Concepto ontológico y concepto legal de autor. Según el concepto ontológico o real de autor, este será el sujeto a quien se le pueda imputar un hecho como suyo. WELZEL señalaba que autor es el "quien" anónimo de los tipos legales. Así en el artículo 123 autor de delito de homicidio es quien diere muerte a alguna persona. El verdadero autor de un hecho es aquel que lo realiza y del que se puede afirmar que es "suyo". Sin embargo el concepto ontológico de acción no coincide con el concepto legal de acción. El código penal no requiere la propia realización de uno de los tipos de la parte especial, sino que considerará autores a sujetos que en realidad son participes especialmente importantes. Así el artículo 36 considera autores a inductores y cooperadores necesarios entre otros. A la hora de diferenciar la autoría y la participación tendremos que recurrir al concepto ontológico de autor. Ello es necesario porque solo quien es autor en sentido estricto puede realizar un tipo sin necesidad de la concurrencia de otra persona. Los participes están sometidos al principio de accesoriedad de la participación respecto del hecho del autor real. Por mucho que el código nos diga que el inductor es autor, para que se de inducción será necesaria la existencia de un hecho antijurídico por parte del autor real, porque la inducción a cometer un hecho atípico no es delito. b) Delimitación del concepto ontológico de autor Para delimitar que tenemos que entender por autor en un sentido real u ontológico, la doctrina ha elaborado una serie de teorías: Teoría unitaria: Según esta teoría no es posible distinguir entre autoría y participación, sino que toda persona que interviene en el hecho es autor. Parten de la teoría de la equivalencia de las condiciones por la que toda condición necesaria para que se de el resultado es causa del mismo. Teoría diferenciadora: Esta teoría reconoce que deben diferenciarse entre autores y participes. Dentro de la misma se diferencian distintas concepciones de autor: * Concepto extensivo de autor: Este concepto parte también de la teoría de la equivalencia de las condiciones. En ese sentido reconoce que todos los que aportan alguna intervención que afecta al hecho son igualmente causa del mismo. Sin embargo reconocen que la ley debe distinguir distintos grados de responsabilidad. La distinción tendrá que basarse en un concepto subjetivo: Será autor quién obre con ánimo de autor y participe quien obre como participe. Esta es la teoría subjetiva de la participación que es el complemento necesario al concepto extensivo de autor. No obstante puede llevar a soluciones contradictorias. Tomemos el ejemplo, clásico en la doctrina, de la madre que pide a su hermana que mate a su hijo recién nacido. En base a este concepto la madre será autora y la tía, que efectivamente mató a su sobrino, responderá como partícipe del delito de infanticidio. * Concepto restrictivo de autor: Este concepto parte de que no todo el que es causa del delito es autor, porque no todo el que interpone una condición causal del hecho realiza el tipo. La participación supone ampliar la pena a personas que por su actuar son causa del delito pero que no lo realizan. El problema será delimitar cuando se está actuando como participe y cuando como autor. Hay tres teorías: 1.- Teoría objetivo-formal: Lo decisivo es realizar actos ejecutivos previstos en el tipo legal. Por ejemplo el clavar el puñal en el pecho de la víctima. El problema se plantea en una serie de supuestos: a) En los delitos en los que solo se hace referencia al resultado, sin fijar los medios, el concepto puede ser muy amplio. Por ejemplo, en el homicidio, podría ser autor el que le da la pistola al que dispara. b) En los casos de autoría mediata (vid. infra). c) En la coautoría, cuando uno de los coautores no realiza ninguna acción típica en sentido estricto. Si uno se sube encima de otro para robar una manzana el que está debajo no comete ninguna acción típica. 2.- Teoría objetivo-material: Intentó superar los defectos de la teoría anterior. Será autor el sujeto que aportase la contribución objetivamente más importante. Parte de la idea de que no todas las condiciones son causas sino solo algunas. En realidad es un concepto muy subjetivo que tampoco resuelve muchos problemas. 3.- Teoría del dominio: Esta teoría tiene su origen en el finalismo. Es autor doloso quien domina finalmente la ejecución del hecho, quien tiene en sus manos el curso del suceso típico. El dominio del hecho se puede manifestar de varias formas: a) Dominio exclusivo de la acción: Se da cuando alguien ejerce el dominio sobre los propios actos: Cometer el delito en forma directa, sin ser determinado por otro. b) Dominio de la voluntad: Se da cuando alguien no participa en la ejecución directa pero ejerce el dominio de la voluntad ajena: Los supuestos de autoría mediata. c) Dominio funcional: Varios autores se distribuyen partes esenciales del plan global de ejecución del delito: La coautoría. MIR PUIG, junto a este requisito del dominio, exige la pertenencia del hecho, o en otras palabras, el poder decir que el hecho era suyo. c) El autor ontológico o real en el código penal. El código penal regula en su artículo 36 la autoría. Dentro del mismo se encuentran supuestos de autor ontológico y otros que en realidad son partícipes a los que se da tratamiento de autor (vid. supra). A continuación vamos a intentar diferenciarlos: En primer lugar señala como autores los que tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Aparentemente el código admite un concepto objetivo formal de autor. Sin embargo califica también como autores aquellos que habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, estén presentes en el momento de la consumación. La única justificación de este tratamiento es entender que estas personas se encuentran en situación de dominio del hecho, ya que está en sus manos el evitarlo. Por último se incluyen los casos de autoría mediata a través del inciso 2 (vid. infra). Por lo visto podemos deducir que la teoría del dominio del hecho es perfectamente aplicable a nuestra legislación. d) La autoría en los delitos culposos La autoría en los delitos culposos divide la doctrina: * La doctrina dominante alemana maneja dos conceptos distintos de autor. En los delitos dolosos se seguirá un concepto restrictivo de autor fundamentado en la teoría del dominio del hecho y en los imprudentes un concepto unitario de autor: En un delito imprudente será autor todo sujeto que cause el hecho por imprudencia. * La doctrina española distingue autoría y participación en los delitos imprudentes. Si la autoría supone la realización del tipo objetivo no se podrán diferenciar delitos dolosos e imprudentes, pues ambos supuestos requieren la producción de igual hecho. La diferencia entre ambos vendrá determinada en el tipo subjetivo. Por ejemplo el que induce a manejar de forma imprudente a un conductor, que atropella a un peatón, podrá ser inductor de un delito culposo de homicidio. 3. LA AUTORIA MEDIATA a) Concepto: Hablaremos de autoría mediata cuando se realiza el hecho utilizando a otro como instrumento. Existe una relación tal entre el autor mediato y la persona instrumento que se invierten los papeles: habitualmente autor es el que realiza materialmente el hecho y el "hombre de atrás" es participe; en la autoría mediata el autor es el hombre de atrás. En estos casos la persona instrumento no comete delito. Se excluyen de estos casos los supuestos en que los que se utiliza a una persona como instrumento material, es decir en los casos de ausencia de acción: Si A empuja a B contra un cristal para romperlo, A actuaría como autor inmediato, y ello porque realmente la acción de A hubiese sido igual si en vez de empujar a B empuja a una estatua. No cabe autoría mediata cuando en supuestos de delitos especiales (los que solo pueden cometer determinados sujetos, como los delitos de funcionarios) cuando el autor mediato no reúna dichas características. Si alguien engaña a un juez para que dicte una resolución injusta, no podrá cometer delito de prevaricación. Si cabría cuando quien no reuna las características sea el instrumento (el funcionario que ordena a su secretaria quemar archivos de suma importancia). Tampoco se puede dar en los delitos de propia mano, que requieren una realización personal. No será autoría mediata de violación el forzar a otro a yacer con una mujer. b) Casos de autoría mediata Es necesario estudiar algunas circunstancias que dan fundamento par definir la autoría mediata sin olvidar que autor mediato será aquel que tiene el dominio final del hecho y pertenencia del mismo. Habrá autoría mediata en los siguientes supuestos:
a) El instrumento actúa sin tipicidad * Cuando se utiliza para la realización del tipo penal la acción de otro que actúa sin tipicidad: N sugiere a P que agarre un cable ocultándole que era de alta tensión. P lo agarra y muere electrocutado. En este caso la acción de matarse a si mismo es atípica. Si considerásemos al "hombre de atrás" inductor no podríamos castigarlo, por cuanto la inducción de un hecho atípico es atípica (principio de accesoriedad de la participación). * Cuando se utiliza para la realización del tipo penal la acción de otro sujeto que actúa sin dolo. El médico que decide matar a un paciente y le da una jeringuilla, con una dosis letal de morfina, a la enfermera, que ignora tal circunstancia, para que se la inyecte al paciente. En estos casos existe en el instrumento un error de tipo invencible. b) El instrumento actúa bajo una causa de justificación. * Cuando el instrumento actúa en cumplimiento de un derecho: Juan realiza una denuncia falsa contra Victor, originando una detención por parte de la policía. Juan será autor mediato de un delito de detención ilegal, siendo la policía el instrumento. c) El instrumento actúa bajo causa de inculpación. * El instrumento es inimputable: Renato le da una pistola a un menor diciéndole que dispare contra Johana. * El instrumento actúa bajo coacción o miedo insuperable: Leonardo le pone una pistola en la cabeza a Gaspar obligándole a disparar contra Marcelino. * El instrumento actúa bajo error de prohibición. * El instrumento actúa bajo obediencia debida. c) Autoría mediata a través de estructuras de poder organizada. a) Planteamiento. Hasta este momento hemos estado analizando supuestos en los que una persona era considerada autor cuando había usado a otra persona inculpable para cometer un delito. Sin embargo ROXIN planteó el supuesto en que una persona pudiese ser autor mediato aunque el "instrumento" actuase con plena culpabilidad. Ello se daría en los casos en que el dominio se diese por fuerza de un aparato organizado de poder. Para ello sería condición necesaria que el ejecutor fuese fungible, es decir, fácilmente reemplazable por cualquier otro miembro de la estructura. El ejecutor actúa responsablemente pero el que dio la orden seguirá siendo autor mediato. Por otra parte en éste existe una total pertenencia del hecho. Esta teoría ha sido utilizada para fundamentar sentencias de gran trascendencia, como la dictada en 1985 en el proceso contra la Junta Militar Argentina o en la que condenó en 1993 al general Contreras en Chile por el caso Letelier. b) Características i El "autor mediato" dispone de un aparato organizado que funciona como una máquina. ii. Puede consumar delitos sin ponerse en acuerdo en cada caso concreto, generalmente respondiendo a un plan preestablecido. iii. El ejecutor es fungible, es una pieza en el engranaje. c) Dominio del hecho Muchos eslabones de la cadena de mando tienen dominio del hecho concreto. Pero si alguno de los eslabones inferiores se oponen, no hay problema en reemplazarlo (fungibilidad). Sin embargo, puede haber integrantes de la estructura que sólo respondan en tanto que partícipes. d) Diferencia con la autoría mediata tradicional. En ella, el ejecutor no era responsable o tenía su responsabilidad disminuida. En este supuesto, la responsabilidad del ejecutor es plena, ya que no actuó ni por error, ni por coacción. e) Diferencia con la instigación: En la instigación es necesario, que el instigador genere en el autor la idea del hecho. Asimismo, como forma de participación, la responsabilidad disminuye a medida que se aleja del ejecutor, mientras que en una estructura de poder organizada, la responsabilidad aumenta a medida que se alejan del hecho. Finalmente, el instigador no tiene el dominio final del hecho. f) Diferencia con la coautoría: La coautoría exige el dominio común del hecho y la decisión compartida y división de responsabilidades. El punto de diferencia es la exigencia de alguna participación material en el hecho concreto. Sin embargo, algunos autores, como JESHECK, prefieren recurrir a la coautoría antes que a la autoría mediata. d) Configuración legal de la autoría mediata: Nuestro código penal no contempla directamente la figura de la autoría mediata. Sin embargo los supuestos de autoría mediata son encuadrables en el artículo 36.2 cuando dice que son autores los que fuercen a otro a ejecutar los actos propios del delito. Este forzar deberá ser interpretado de forma amplia incluyéndose supuestos de coacción y engaño. 4. LA COAUTORIA a) Concepto: Según MIR PUIG son coautores los que realizan conjuntamente y mutuo acuerdo un hecho. Los coautores son autores porque cometen el delito entre todos, se reparten el tipo de la autoría. En la coautoría no rige el principio de accesoriedad de la participación, según el cual el participe solo es punible cuando existe un hecho antijurídico del autor. El principio rector será el de imputación recíproca de las distintas contribuciones: Todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable (o extensible) a los demás. Para que ello pueda tener lugar es preciso el mutuo acuerdo que convierte en partes de un plan global unitario las distintas contribuciones: X y Z vierten veneno en el café de Y. Sin embargo las dosis que cada uno echa no son suficientes para matar, aunque sí la suma de ambas. Si X y Z se habían concertado previamente responderán como coautores. Si no, solo se les podría imputar, a cada uno de ellos, un delito tentado de asesinato, salvo que la coincidencia fuera previsible. b) Delimitación de la coautoría: Logicamente las diferencias entre coautores y otros partícipes dependerá del concepto ontológico de autor que tengamos. Nosotros hemos partido de la base que autor es aquel que tiene dominio del hecho y su pertenencia. Serán coautores no solo los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial en la realización del plan en la fase ejecutiva. A todos pertenece el hecho, que es obra inmediata de todos, los cuales comparten su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar. Será necesario para hablar de coautoría: a) La necesidad de un mutuo acuerdo o plan común. No necesariamente ha de ser previo y expreso; puede ser tácito y darse durante la ejecución del hecho. b) La realización por parte del coautor de algún acto esencial en la realización del plan en la fase ejecutiva. c) Que el coautor reúna las mismas condiciones que el autor: Todo coautor debe reunir las condiciones personales necesarias del autor en los delitos especiales. Por ejemplo en el delito de violación de sellos (art. 434), la secretaria del funcionario que habrá con él sellos, no podrá ser coautora. Cuando uno de los coautores se excede por su cuenta del plan acordado sin que los demás lo consientan o lo hubiesen podido prever de acuerdo con la práctica general, el exceso tan solo se imputa al coautor responsable (ver el artículo 40). AUTOR: Es el sujeto activo en la relación causal en un hecho criminal. Es autor quien realiza en forma personal la acción típicamente penal y queda sujeto a la disposición jurídica. ¿QUIENE SON RESPONSABLES PENALMENTE? Según la legislación guatemalteca son responsables penalmente los Autores y los Cómplices de los delitos. Y por las faltas solamente son responsables los autores. AUTORES: 1- Quien comete directamente la comisión del delito. 2- Quien induce y fuerza directamente a otro a la comisión de un delito. 3- Quien coopera directamente a la comisión de un delito, ya sea en su preparación como en su ejecución. 4- Quien habiéndose concertado con otro para la comisión de un delito esta presente al momento de ejecutarse. COMPLICES 1- Quien animaren o alienten levemente a la comisión de un delito 2- Quien proporcione informes o suministre medios que ayuden a la comisión del delito 3- Quienes prometan ayuda o cooperación para después de la comisión del delito 4- Quienes sirvan de enlace entre los que cometan el delito En la doctrina se establecen además dos clases o categorías de autores que son: a) Autor intelectual o instigador: Es la persona que maquina el objeto y la forma de la comisión del delito o que instiga de manera tal que obliga a otro a la comisión del mismo. Este solamente será responsable del delito instigado más no de aquellos otros que el ejecutor pueda cometer al momento de perfeccionar el delito cometido. Autor material o ejecutor: Es la persona que realiza la acción que encuadra en el tipo penal. LA COAUTORIA.
Son aquellas personas que se presentan en la comisión de un hecho delictivo, bien que se repartan las acciones necesarias para la comisión del delito o que realicen otros hechos pero que lleven a la misma determinación criminal, entonces comparten el papel de autores directos de la comisión del mismo. Ocurre esta figura tanto en delitos culposos como dolosos. AUTORIA MEDIATA Es la que realiza una persona que se vale de otra persona para la comisión del hecho delictivo, lo que nuestra ley conoce además como autoría en caso de inducción directa para la comisión, o como complicidad en caso de animar o alentar brevemente a otro para la comisión del delito. DELITO DE MUCHEDUMBRE. Muchedumbre es la concurrencia a un hecho delictivo de variedad de personas que pueden o no tener la determinación de la comisión de un hecho delictivo. 1. EL "ITER CRIMINIS" Cuando el código penal tipifica y describe un delito lo hace en su forma consumada. Sin embargo, hasta ese momento se recorre un camino más o menos largo en la realización del delito; es el llamado "iter criminis" que va desde que surge la decisión de cometerlo hasta su consumación. El análisis del "iter criminis" solo tiene sentido en los delitos dolosos. Debido a la ausencia de voluntad de cometer un delito y por el principio de intervención mínima del derecho penal, en los delitos culposos solo se castiga el delito consumado. Sería absurdo acusar a un médico que cometa una imprudencia en una operación, pero que afortunadamente no afecte al paciente, como autor de un homicidio culposo en grado de tentativa. Dentro del "iter criminis" BACIGALUPO distingue cuatro fases: a) Ideación: Se trata de un proceso interno en el que el autor elabora el plan del delito y se propone los fines que serán meta de su acción, eligiendo a partir del fin los medios para alcanzarlo. Es el momento en el que surge en el autor la decisión de cometer el delito. b) Preparación o de actos preparatorios: Es el proceso por el cual el autor dispone de los medios elegidos, con miras a crear las condiciones para la obtención del fin. c) Ejecución: Es la utilización concreta de los medios elegidos en la elaboración del plan. No siempre será facil distinguir esta fase de la de preparación. d) Consumación: Es la obtención del fin típico planeado mediante los medios utilizados por el autor. De estas cuatro etapas solo entran en el ámbito de lo punible las de ejecución y consumación, siendo impunes las otras dos. El derecho no castiga la ideación de un plan o la compra de un arma para cometer un homicidio. 2. LA CONSUMACION: Podemos entender por consumación la plena realización del tipo en todos sus elementos. En los tipos delictivos de los delitos de resultado la consumación se da en el momento de la producción del resultado lesivo. El artículo 123 se consumará en el momento en que fallezca el sujeto pasivo. En los delitos de peligro o de mera actividad el legislador no espera a que se produzca el resultado lesivo que con la prohibición penal se trata de evitar, sino que declara ya consumado el hecho en un momento anterior. El artículo 157 se consuma aunque no se haya producido ningún daño material. Distinta de la consumación formal, que es la que hemos analizado, es la consumación material o terminación del delito en la que el autor no solo realiza todos los elementos típicos sino que además, consigue satisfacer la intención que perseguía. Por ejemplo heredar del tío que asesinó o disfrutar del dinero robado. En la medida en que estos fines últimos no estén incluidos en el tipo la consumación material será irrelevante jurídico penalmente hablando. Ejemplo de ello es el artículo 281 que señala como momento consumativo en los delitos contra la propiedad cuando el delincuente tenga el bien bajo su control aun cuando posteriormente lo abandone o lo pierda. En cualquier caso, existen muchos supuestos en los que no está claro cuando se consuma el delito. Corresponde a la parte especial del Derecho Penal, al analizar cada uno de los tipos delictivos, e la parte general de esta asignatura el estudio de estas situaciones. 3. LA TENTATIVA a) Concepto: En aquellos supuestos en los que el iter criminis no se completa, dándose unicamente las tres primeras etapas, nos encontramos con los supuestos de tentativa. El artículo 14 dispone que "hay tentativa, cuando con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente". Del contenido del artículo se extraen los tres elementos esenciales de la tentativa: 1.-La decisión del autor de cometer el hecho. 2.- La puesta en marcha de medios idóneos para la realización del tipo. 3.-La falta de realización del tipo objetivo por causas ajenas a la voluntad del agente, aunque el tipo subjetivo si que se completa (el dolo va a ser el mismo en el delito tentado que en el consumado). No obstante no en todos los delitos puede configurarse la tentativa. En aquellos en los que no pueda establecerse un intervalo, por mínimo que sea, entre acción y resultado (delitos de peligro y mera actividad) no habrá posibilidad de tentativa. Por lo tanto solo cabe tentativa en los delitos dolosos de resultado. b) Fundamento de la punibilidad: Para justificar el porqué de la punibilidad de la tentativa han surgido toda una serie de teorías: 1.-Teoría objetiva: Para esta teoría, el fundamento de la punibilidad es el peligro corrido por el bien jurídico tutelado en el tipo penal. Esta teoría está influida por la del disvalor del resultado. Por ello se pena menos el delito tentado que el consumado (ver arts. 62 y 63 del Código penal). Asimismo tampoco habría que penar la tentativa inidónea (vid. infra). 2.- Teoría subjetiva: El fundamento de la punibilidad se encuentra en la conducta mostrada por el sujeto, cuyo contenido de voluntad está orientado a la consecución de un fin delictivo. La influencia del disvalor de la acción es obvia. Nuestro código sigue básicamente una postura objetiva, aunque tiene alguna influencia subjetiva, sobre todo en el tratamiento de la tentativa inidónea. c) La delimitación entre actos preparatorios y ejecución. Dentro del iter críminis hemos distinguido los actos preparatorios, impunes "per se", de los de ejecución que en si mismos ya constituyen delito tentado. Por lo tanto tendremos que distinguir unos de otros para determinar en que momento puede entrar en juego el derecho penal sancionador. El Código señala como inicio del ámbito punible, en las formas imperfectas de realización del delito, cuando se comienza su ejecución por actos exteriores e idóneos. El concepto de ejecución es muy discutido y la doctrina aún no ha encontrado una respuesta satisfactoria. La opinión dominante lo ve como un concepto de naturaleza formal y va referido al tipo delictivo concreto de cuya ejecución se trata. Conforme al principio de legalidad solo las acciones que queden englobadas en el tipo penal podrán incluirse como actos de ejecución. Así solo será matar cuando se comience a matar. Si una persona compra un arma, espera escondido a su víctima y le dispara, solo empezará la tentativa en el momento en que iba a disparar. A pesar de todos los esfuerzos doctrinales el límite no siempre será claro por lo que tendrá que ser la jurisprudencia la que fije el inicio de la tentativa en cada caso7. d) Tentativa acabada e inacabada: Estas modalidades de tentativa, aunque no se distinguen expresamente en el Código, sí van a tener relevancia al analizar el desistimiento. En otros países la distinción tiene importancia en cuanto a la pena a imponer. 1.- Tentativa acabada o delito frustrado: Será acabada la tentativa cuando el autor, según su plan, realizó todos los actos de ejecución necesarios para alcanzar la consumación del delito, pero el resultado no se produjo. Por ejemplo, el asesino que dispara contra su víctima pero esta casualmente se mueve y no le alcanza la bala. 2.- Tentativa inacabada: Será inacabada la tentativa cuando aún resten por cumplir uno o más actos necesarios para que el resultado se produzca. Así el terrorista que prepara un carro-bomba pero es detenido por la policía cuando estaba parqueando el carro. Para distinguir una de otra es necesario comparar entre los actos de ejecución desarrollados por el sujeto y el plan de realización del delito que éste se trazó. Si conforme al plan se han realizado todos estos actos, la tentativa será acabada. 4. LA TENTATIVA IMPOSIBLE La tentativa imposible o inidónea se dará cuando la ejecución de la acción no puede producir la realización completa del tipo objetivo por razones fácticas o jurídicas que el autor ignoraba. Por ejemplo el que dispara contra otro con una pistola de
7 Para mayor información respecto al tema y un mejor análisis de las teorías más modernas cfr. BACIGALUPO, "Manual de Derecho Penal. Parte general". Pgs. 168 a 170.
agua, creyendo que era real, el que dispara contra un cadáver creyendo que vivía, o el que se apodera de un dinero propio pensando que era ajeno. El código penal define la tentativa imposible como la efectuada con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible. Si seguimos la teoría del disvalor del resultado estas conductas deberán quedar impunes pues no se puso en peligro ningún bien jurídico. Sin embargo, en base al disvalor de la acción la tentativa imposible ha de sancionarse pues el elemento subjetivo del tipo (el dolo) se dio plenamente. El código penal Guatemalteco opta en su artículo 15 con imponer a los autores de tentativa imposible una medida de seguridad. Dicha opción no es coherente y es criticable por ser peligrosista. La tentativa inidónea, para ser punible, debe tener las mismas cualidades que la idónea: Debe haber dolo, haberse iniciado la fase ejecutiva y suponer esta una puesta en peligro para el bien jurídico protegido. Este último requisito no debe interpretarse igual que en la tentativa idónea: Disparar contra un cadaver no es objetivamente peligroso, pero para el observador imparcial que crea que la persona vive si pueden ser consideradas como tal. Por ello ha de distinguirse la tentativa imposible de otros supuestos parecidos, que han de quedar impunes: a) La tentativa irreal: Se da cuando el medio usado por el autor nunca producirá el resultado. Un ejemplo es el que para matar a otro atraviesa una efigie suya con alfileres o le pone sal en el café pensando que así morirá. En este caso el observador imparcial nunca considerará el resultado como peligroso, y efectivamente no hubo ningún peligro para el bien jurídico. Este ejemplo debe distinguirse de aquel en el que el autor pensó que la sal era arsénico que sí encuadraría en la tentativa imposible. b) Delito putativo o aparente: También se le denomina "error de prohibición al revés". Se da en los casos en que la persona cree que está delinquiendo cuando en realidad su comportamiento es penalmente irrelevante. Por ejemplo aquel que piensa que el beber alcohol es delictivo y así lo hace. El principio de legalidad imposibilita el sancionar dichas conductas. 5. EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO EN LA COMISION DEL DELITO: a) Concepto, fundamento y alcance: El Código, en el artículo 16, despenaliza la conducta de aquel que iniciando la ejecución de un delito desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Entendemos que hay desistimiento cuando el autor ha iniciado la ejecución de un hecho punible, el cual no alcanza su grado de consumación, porque voluntariamente él mismo lo evita. El fundamento de esta figura es de orden político-criminal y preventivo. El legislador quiere dar todo tipo de facilidades para que el delincuente no consuma el delito, es decir, entiende que es más importante el bien jurídico en peligro que la persecución de los delitos. Cuando se actúa de otra manera los resultados reales son poco satisfactorios. En Estados Unidos (y lamentablemente ahora también en Guatemala), durante un tiempo, rigió una ley por la que el que secuestrase a una persona se le imponía la misma pena (pena de muerte) que al que la secuestrase y matase. Con ello se quería intimidar a los delincuentes para que no secuestrasen. El resultado que se produjo fue que los secuestradores, si se veían en peligro, no tenían ningún reparo en ejecutar sus rehenes, pues la pena que les iban a imponer iba a ser la misma. El Código tan solo despenaliza los supuestos de tentativa inacabada (ver infra.), sin hacer referencia a los supuestos de tentativa acabada o delito frustrado. Por ejemplo el supuesto del terrorista que pone la bomba pero se arrepiente y vuelve para quitarla. Por otro lado incluye en su artículo 26.4 la atenuante de arrepentimiento eficaz del delincuente que procure, con celo, reparar el daño causado o impedir sus ulteriores y perniciosas consecuencias. Este no sería el supuesto del delito frustrado ya que en este caso el delito si se ha consumado. Por ejemplo el que apuñala a alguien en estado emocional pero luego lo lleva él mismo al hospital para que no fallezca. El Desestimineto en tentativa acabada no podría encuadrarse en ninguna de estas figuras. El hecho de que el código no distinga de forma general la tentativa acabada de la inacabada se debe a que entiende que merecen idéntica sanción penal. Por ello, al ser ambos supuestos semejantes y al ser igualmente válido para el delito frustrado el fundamento político-criminal de esta figura, realizaremos una interpretación extensiva e incluiremos los casos en los que el autor evita voluntariamente que el resultado se produzca. b) Requisitos del desistimiento: Los requisitos del desistimiento variarán según se trate de tentativas inacabadas o delitos frustrados. En la tentativa inacabada, son requisitos: a) Omisión de continuar con la realización del hecho tendiente a la ejecución. b) Voluntariedad del desistimiento: La decisión de no continuar en la ejecución del delito debe provenir de una decisión interna. No debe basarse en causas independientes a su voluntad. c) Carácter definitivo del desistimiento. No debe ser una postergación para un momento posterior. En la tentativa acabada o delito frustrado es necesario que se den: a) Los tres requisitos de la tentativa inacabada, siempre que en la voluntariedad del desistimiento, el autor no debe saber que ha sido descubierto. b) Que el autor haya impedido la producción del resultado. c) Efectos del desistimiento: El desistimiento tiene como efecto principal la exclusión de la punibilidad en la tentativa. Sin embargo el hecho seguirá siendo típico, antijurídico y culpable. Es decir, para parte de la doctrina será delito, aunque no se castigue, y para otra no será delictivo. Por otra parte el código mantiene la pena para los actos ejecutados que constituyan delito "per se". En el ejemplo del apuñalado, si el autor quería matar, no responderá por una tentativa de homicidio sino por lesiones consumadas con la atenuante del 26.4. FASES DEL ITER CRIMINIS CASTIGABLES. No todas las fases que encierran el iter criminis son castigables, por ejemplo el código penal no penaliza la fase interna de creación del delito es decir las voliciones internas que pueden en determinado momento concretarse al exterior para convertirse en un delito; es decir solamente se penaliza la exteriorización del delito. Sin embargo el código penal solamente contempla como excepción dos formas internas del iter críminis que son castigables y son: a) La conspiración, b) La proposición. LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGUDIDAD: DEFINICIÓN: La pena es la consecuencia eminentemente jurídica de la acción o hecho delictivo que determina la privación o restricción del goce de ciertos bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre o representación del estado, al responsable de la consumación de un delito o tipo penal. NATURALEZA DE LA PENA. Es de carácter publico porque solamente el estado es el facultado a través del ius puniendi de establecer una consecuencia jurídica derivada de un tipo penal. FINES DE LA PENA: 1- Retribución legal 2- Prevención 3- Rehabilitación del delincuente. TEORIA DE LA RETRIBUCIÓN PENAL: Se basa en la culpabilidad penal y en la retribución por el mal causado o sea el castigo retributivo por el mal causado, no explica claramente si el mal puede borrarse con otro mal causado. TEORIA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL: Es una intimación individual que recae sobre el delincuente con el objeto de que un vuelva a delinquir. TEORIA DE LA PREVISIÓN GENERAL. Establece una intimación de carácter general, es decir una prevención del mal que se causará a aquel miembro de la sociedad que delinca. PUNIBILIDAD: Es la representación objetiva del poder estatal enmarcada en una norma jurídica, plasmada como una amenaza general a quien pretenda la comisión de un hecho calificado como delictivo. PUNICION: Es la fijación o graduación que el Juzgador hace en relación a la comisión de un hecho delictivo y que debe purgar el responsable de dicho tipo penal. PENA. Es la real restricción de los bienes tutelados por el estado y que es una consecuencia de la actitud antisocial y delictiva en que se haya un delincuente. Es la ejecución de la punición impuesta por un órgano jurisdiccional a un caso concreto. VIII. LA PENA. CLASIFICACION DE LAS PENAS. 1. PRINCIPALES : MUERTE, PRISIÓN, MULTA ARRESTO 2. ACCESORIAS: INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACIÓN ESPECIAL, COMISO, EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO DEL TERRITORIO, PAGO DE COSTAS PROCESALES, PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. CONMUTACIÓN DE LA PENA. Es un beneficio en virtud del cual se realiza una conversión de las penas privativas de libertad (prisión y arresto) en una multa dependiendo del espacio de tiempo de la pena, y que se graduará entre un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales. Siempre y cuando el delito por el que se condenó no sobrepase de cinco años de prisión. CASOS DE INCONMUTABILIDAD: Son aquellos casos en que aún siendo aplicables a la generalidad de personas existen ciertos transgresores de la ley que no quedarán sujetos a estas modalidades y son en los siguientes casos. 1. Delincuentes habituales o reincidentes 2. Por robo y hurto
3. 4. 5.
Por disposición de leyes especiales Por determinar el juez cierta peligrosidad en el delincuente Por delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, trafico aduanero, apropiación indebida de tributos, denegación de fiscalización de la Administración Tributaria. CARACTERÍSTICAS DE LA PENA: 1- PROPORCIONALIDAD 2- LEGALIDAD 3- ES UN CASTIGO 4- NATURALEZA PUBLICA 5- ES CONSECUENCIA JURÍDICA 6- ES PERSONAL 7- ES DETERMINADA 8- ES FLEXIBLE 9- ES ETICA Y MORAL
CLASIFICACION DE LAS PENAS 1) ATENDIENDO A SU FIN: DE INTIMIDACIÓN: Que son aquellas que pretenden provocar cierto grado de miedo en las personas que cometen delitos y se logra en aquellas que son generalmente delincuentes primarios, y cuya peligrosidad no es manifiesta. REFORMATORIAS O CORRECCIONALES: Son aquellas que tienden a rehabilitar al reo. ELIMINATORIAS: Pretenden la eliminación del delincuente, apartándolo en definitiva de la sociedad entre éstas podemos mencionar a la pena de muerte y la pena de prisión perpetua. ATENDIENDO A EL BIEN JURÍDICO TUTELADO QUE SE AFECTA EN LA PENA. PENA CAPITAL: En donde se elimina físicamente al delincuente, llamada en nuestra legislación como pena de muerte. La pena de muerte es estudiada por dos teorias doctrinarias y son: La corriente abolicionista: Cuyo fin es desacreditar la eficacia de la pena de muerte en virtud de razones morales y jurídicas que según sus precursores, su eficacia no es la deseada en una pena. Los fundamentos son: Razones morales: La pena de muerte es una acto impío porque se arroja atribuciones divinas. La pena de muerte rompe con los lazos de solidaridad humana: La pena de muerte ataca la inviolabilidad de la vida: La pena de muerte es contraria a la conciencia social por la repulsión que todos sienten contra el verdugo: Desde el punto de vista jurídico: La pena de muerte carece de ineficacia general porque los índices de comisión de delitos no disminuyen por el hecho de aplicación de pena de muerte. Los espectáculos de ejecución no son de agrado público y no causan impacto en los delincuentes: Los delincuentes consideran la pena de muerte como un riesgo para aquellos que están profesionalizados en la comisión de los mismos: La pena de muerte es irreparable: La pena de muerte no es proporcionable, por lo que carece de un requisito de pena justa, ya que solamente es un mal igual al cometido en el delito: La pena de muerte no es correccional, por lo que falta a uno de los fines de la pena que es la rehabilitación del reo: La corriente antiabolicionista: Esta se resume al criterio que defiende la aplicación de la pena de muerte y se basa en las siguientes consideraciones: Si una persona da muerte a un particular que es miembro del estado, acata al estado mismo, por lo que el estado en legítima defensa debe quitar la vida a quien atenta contra el propio estado. Los escritores clásicos Garófalo y Ferri, establecen que es un proceso de selección y mejoramiento de pureza de la raza. Significa un ahorro económico al Estado quien gasta considerables cantidades en manutención de un enemigo del propio estado. Es una justa retribución en delitos contra la vida. La pena de muerte es menos cruel que la privativa de libertad de por vida. La teoría ecléctica: Establece que la pena de muerte no debe aplicarse en el común desarrollo de los pueblos, más bien debe aplicarse cuando las condiciones sociales explotan y hacen imposible la vida pacífica de las personas, por lo que propugna por la aplicación de la misma en ciertos lapsos históricos de un pueblo en determinadas circunstancias y que no permanezca la misma indefinidamente. Establece además ciertos fundamentos entre ellos: Solamente debe ser aplicable cuando existan delitos gravísimos: Se debe aplicar en forma que no sufra el reo: No debe aplicarse en vista pública para fomentar la perversidad social: Solamente debe aplicarse cuando existan pruebas contundentes del hecho y de la autoría del mismo
PENA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD: Arresto y prisión, sea preventiva o definitiva. PENA DE RESTRICCIÓN DE LIBERTAD: detención. PENA PECUNIARIA: Multa, El comiso. PENA DE RESTRICCIÓN DE DERECHOS: Inhabilitaciones absolutas. PENAS INFAMANTES Y AFLICTIVAS. Privan o lesionan la dignidad del delincuente como la picota (poste donde se exhibía el retrato del reo) o la obligación de vestir de determinada manera. 3-ATENDIENDO A SU MAGNITUD. PENAS FIJAS, PENAS VARIABLES, FLEXIBLES O DIVISIBLES. Son las que actualmente presenta el código penal actual, y aquellas que permiten que el juez las gradúe de acuerdo a las circunstancias del hecho. PENAS MIXTAS: Es la aplicación combinada de dos clases de pena, la pena de multa y la pena de prisión. 4- ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA Y AL MODO DE IMPONERLAS. PENAS PRICIPALES: PENAS ACCESORIAS. APLICACIONDE LAS PENAS: Autor de delito consumado: Se aplica la pena señalada. Autor de tentativa y cómplice de delito consumado: La pena rebajada una tercera parte. Cómplice de tentativa: La pena rebajada una dos terceras partes. FIJACIÓN DE LAS PENAS: Cuales son los requisitos que deben observarse para la aplicación de las penas señaladas en la legislación penal: Los antecedentes personales Los motivos o móvil del delito Las circunstancias atenuantes o agravantes La extensión del mal causado La peligrosidad del reo. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SU ORIGEN Y SIGNIFICADO: Son los medios de defensa social que el estado utiliza a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, que tienen por objeto la prevención del delito y la rehabilitación de sujetos inimputables. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDAS DE SEGURIDAD: SON DE APLICACIÓN ESTATAL: TIENEN UN FIN PREVENTIVO, REHABILITADOR, NO RETRIBUTIVO. SON UN MEDIO DE DEFENSA SOCIAL: Porque su aplicación depende del nivel de peligrosidad del agente y no de la culpabilidad del mismo. PUEDE APLICARSE A PELIGROSOS SOCIALES Y PELIGROSOS CRIMINALES. SU APLICACIÓN ES POR TIEMPO INDETERMINADO. RESPONDEN A UN PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A QUIENES PUEDE IMPONERSE LA MEDIDA DE SEGURIDAD: A INIMPUTABLES y A CRIMINALES. DIFERENCIAS ENTRE LA MEDIDA DE SEGURIDAD PENA Y LA PENA MEDIDA DE SEGURIDAD
* La finalidad es la prevención y la rehabilitación.
* La pena tiene el fin de retribución y es aflictiva, idealmente en la actualidad se desea que las penas sean preventivas y rehabilitadoras.
* La medida de seguridad se determinan de acuerdo a la peligrosidad y a la inimputabilidad
* La pena se determina de acuerdo a la culpabilidad
CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: MEDIDAS DE SEGURIDAD, son aquellas que se imponen a los delincuentes como una medida de seguridad frente a la peligrosidad que representan ante la sociedad, pueden imponerse simultáneamente a la pena principal o después; se imponen una vez se ha cometido un hecho delictivo, he aquí que tienen una tonalidad de rehabilitación y no preventiva. MEDIDAS DE PREVENSIÓN: Son aquellas que se hacen valer antes de la comisión de un hecho delictivo, son aquellas que se imponen antes que se cometa un d}hecho delictivo en virtud del grado de peligrosidad que representa una persona, o por la inimputabilidad del mismo. MEDIDAS CURATIVAS, REEDUCATIVAS, CORRECCIONALES Y ELIMINATORIAS.CURATIVAS,REEDUCATIVAS,CORRECCIONALES y ELIMINATORIAS: Tratan de apartar a un delincuente de la vida de una sociedad, por el peligro que representan para los mismo, por ejemplo la prohibición de vivir en determinado lugar o de asistir a determinados lugares. 1- PRIVATIVAS DE LIBERTAD, NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, PATRIMONIALES. PRIVATIVAS DE LIBERTAD: Cuartan la libertad de locomoción del sujeto: NO PRIVATIVAS: Como la libertad vigilada, que aún coartando en cierto grado su locomoción no prohíben su tránsito. PATRIMONIALES. Como la caución económica. O de buena conducta. ESTADO DE PELIGROSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: El estado de peligrosidad representa el, presupuesto principal para la aplicación de una medida de seguridad, es decir que siendo la peligrosidad una característica esencial de las medidas ésta debe calificarse en el actuar de inimputables, peligrosos sociales y criminales. SUSTITUTIVOS PENALES: Son privilegios de que gozan aquellas personas que han cometido un ilícito penal y que determinan la suspensión de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena y otros, quedando bajo vigilancia continua del estado de que no volverán a delinquir, atendiendo a las circunstancias personales del delincuente. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN PENAL: Este beneficio en suspender a favor del condenado la ejecución de la pena, es decir en este caso existe una pena y por los requisitos de la ley penal ésta se suspende.SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA: Esta se lleva a cabo cuando el delincuente ya se encuentra purgando una pena, y se suspende la prosecución de su ejecución en base a los requisitos que la ley establece. Que es decretado por la corte suprema de justicia previo dictamen de la entidad encargada. PERDON JUDICIAL. Es el beneficio otorgado por los jueces en cuya virtud éstos declaran el perdón a favor del delincuente de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra el delincuente, en este caso el juez declarará el beneficio en sentencia. CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA DE LOS SUTITUTIVOS PENALES. RESTRICTIVOS DE LIBERTAD: SEMILIBERTAD. Se da cuando el delincuente sale a trabajar fuera del penal, y regresa por las noches, días festivos y días de asueto. ARRESTO DE FIN DE SEMANA. Solamente se encuentra dentro del penal los fines de semana. EL CONFINAMIENTO. Que consiste en limitar su libertad a la instancia en determinada residencia. EL ARRESTO DOMICILIARIO. No poder salir de cierta circunscripción departamental. SUSTITUTIVOS NO RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD. PECUNIARIAS. EL DESTIERRO: LA AMONESTACIÓN, LA CONDENA CONDICIONAL. La suspensión condicional de la pena. LA PROBATION. Definida por las naciones unidas (ONU) como el sustitutivo penal consistente en la suspensión condicional de la pena. LA PAROLE. La libertad condicional del recluso. DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Es el conjunto de figuras de tipo penal que determinan el término de la responsabilidad penal que tiene un delincuente frente a la comisión de los delitos, ahora bien esto no determina la extinción de las responsabilidades civiles que ha generado la comisión del mismo. Quien comete un ilícito penal es señalado de autor de la comisión de un delito, y debe o es juzgado; las circunstancias que extinguen la responsabilidad penal son consideradas al momento de la comisión o posteriormente; por ejemplo una causa de inimputabilidad como la minoría de edad es considerada anteriormente a la comisión del delito, es decir que ya se sabe con anterioridad que éste menor es inimputable; en el caso de las circunstancias que eximen la responsabilidad penal, éstas son consecuentes o posteriores al hecho delictivo o incluso concomitantes a la comisión de dicho hecho delictivo. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO. Es la reparación de los daños causados por el ilícito penal, consisten en indemnizaciones de daños y perjuicios, por parte del sujeto activo a favor del sujeto pasivo. La pena trata de eliminar la responsabilidad ante la sociedad en general, es decir siendo el estado el protector de la sociedad en general, la pena es la retribución del hecho delictivo ante la sociedad; por otra parte existe un mal individual causado al propio ofendido o a una tercera persona que puede ser un familiar del ofendido en este caso la responsabilidad civil cubre dicho mal. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Se establece el debate si es de la rama publica o de la rama privada del derecho. Los que opinan que es del área civil determinan que las personas deben responder por sus hechos cuando éstos causen un daño directo a las personas causándoles daños y perjuicios, no importando la normativa en que éstos se encuentren por ello establecen que pertenecen al área civil. Los que establecen que la responsabilidad pertenece al derecho publico dicen que la responsabilidad en este caso no nace de una actividad de la conducta humana en el campo civil, sino por el contrario nace de una acción penal o un hecho penal por lo que la acción civil esta ligada a una acción penal. EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: LA RESTITUCIÓN. Que consiste en la entrega de la misma cosa objeto del delito siempre y cuando esto fuere posible, con abono del deterioro o menoscabo causado.
LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS MATERIALES Y MORALES. Se realiza en atención del precio de la cosa objeto del delito y de la afección dañina moralmente que sufre el ofendido por causa de la comisión del delito. LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. Ganancia lícita que se deja de percibir por el daño causado al objeto del delito. 1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE INFORMAN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO . 1.1. Conceptos: Es usual que en el medio forense se utilice indistintamente como sinónimos los conceptos jurídicos de Derechos, garantías y principios. Sin embargo, los unos se diferencias de los otros, por cuanto que, procesalmente hablando, los derechos son normas de carácter subjetivo que dan facultades de exigir su aplicación; las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal; y, los principios, inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos, les sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria, en ausencia de la ley; y, operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Características: Según el autor guatemalteco, José Mynor Par Usen, "las garantías, pues, son medios técnicos jurídicos, orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Entre estos derechos y garantías constitucionales, se pueden citar las siguientes: derecho a un debido proceso, derecho de defensa, derecho a un defensor letrado, derecho de inocencia, a la igualdad de las partes, a un Juez natural, a la improcedencia de la persecución penal múltiple, a no declarar contra sí mismo, a un Juez independiente e imparcial y al de legalidad entre otros. Derecho al Debido Proceso: La primera de las garantías del proceso penal es la que se conoce como "juicio previo" o debido proceso; por el cual no se puede aplicar el poder penal del Estado si antes no se ha hecho un juicio, es decir, si el imputado no ha tenido oportunidad de defenderse, si no se le ha dotado de un defensor, si no se le ha reconocido como "inocente" en tanto su presunta culpabilidad no haya sido demostrada y se le haya declarado culpable. (Art. 12 Constitucional y 4 segundo párrafo de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de C.); Derecho De Defensa: El derecho constitucional de defensa en los procesos es uno de los más elementales y al mismo tiempo fundamentales del hombre, y su reconocimiento, forma parte imprescindible de todo orden jurídico y de cualquier Estado de derecho. Este derecho corresponde al querellante como al imputado, a la sociedad frente al crimen como al procesado por éste. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 2 inciso d), señala que el inculpado tiene derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. (Art. 12 Constitucional) Derecho a un Defensor Letrado: La Constitución en el artículo 8 prescribe que todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sea comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Derecho de Inocencia o no Culpabilidad: El artículo 14 de la Constitución establece: Toda persona es inocente, mientras no se le haya declaro responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Derecho a la Igualdad de las Partes: El fundamento legal de este derecho se encuentra en el artículo 4 de la Constitución que reza: En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Derecho a un Juez Natural y Prohibición de Tribunales Especiales: El artículo 12 de la Constitución en su último párrafo indica: Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Se entiende por Juez natural o Juez legal, aquel dotado de jurisdicción y competencia. Derecho a no Declarar Contra sí mismo: Esta garantía procesal encuentra su fundamento en el artículo 16 de la Constitución, que establece: En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra si misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. La Independencia Judicial Funcional: La Constitución en el artículo 203 establece: Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. La Garantía de Legalidad: Esta garantía está expresamente regulada en la norma constitucional 17 que dice: No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. 2. DECLARACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS . 2.1. Conceptos: Características: 2.2. Su influencia en el Derecho Penal Guatemalteco. 3. PRINCIPIOS Y GARANTIAS QUE FUNDAMENTAN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO. 3.1. Principios y Garantías. Los principios procesales, tienen relación directa con las garantías o derechos constitucionales que ya fueron indicados. "Son un conjunto de pautas, sistemas y líneas jurídicas, que la legislación regula, para orientar a las partes y al juez, dentro de la substanciación del proceso penal, desde un acto de iniciación hasta su finalización. LOS PRINCIPIOS GENERALES Los principios generales e informadores del Código Procesal Penal guatemalteco, implantado por el Decreto Legislativo 51-92, son los siguientes: 1. Equilibrio; 2. Desjudicalización; 3. Concordia; 4. Eficacia; 5. Celeridad; 6. Sencillez; 7. Debido Proceso; 8. Defensa; 9. Inocencia; 10. Favor rei; 11. Favor libertatis; 12 Readaptación social; 13 Reparación civil; 1. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO: Este persigue: * Concentrar recursos y esfuerzos en la persecución y sanción efectiva de la delincuencia, y enfrentar las causas que generan el delito; * Proteger las garantías individuales y sociales consagradas por el derecho moderno; * Paralelamente a la agilización, persecución y sanción de la delincuencia, y con igual importancia, se mejora y asegura el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad del procesado, equilibrando el interés social con la individualidad. 2. PRINCIPIO DE DESJUDICIALIZACION: Las sociedades modernas descubrieron o, mejor dicho, debieron aceptar la imposibilidad de la omnipresencia judicial. La avalancha de trabajo obliga a priorizar, pues es materialmente imposible atender todos los casos por igual, ya que algunos tienen trascendencia social y otros no. Para permitir que los asuntos de menor importancia puedan ser tratados de manera sencilla y rápida fue necesario replantear las teorías del derecho penal sustantivo referentes a los delitos públicos. Surgió así la teoría de la tipicidad relevante, que obliga al Estado a perseguir (prioritariamente) los hechos delictivos que producen impacto social. Los delitos menos graves, de poca o ninguna incidencia social, muchos de ellos conocidos en la práctica jurídica como asuntos de bagatela, son consecuentemente tratados en diferentes países de manera distinta. Estas fórmulas de despenalización debieron ser adecuadas a la realidad nacional, puesto que en un país donde existen índices altos de pobreza, un acto delictivo de poca incidencia social puede ser de gran trascendencia individual; su desatención puede provocar la sensación de cierre de las vías judiciales y, por tanto, la utilización de la fuerza bruta y el deseo de justicia por propia mano. La desjudicialización y el tratamiento especial de delitos de menor trascendencia facilitan el acceso a la justicia y simplifica los casos sencillos. El Código Procesal Penal establece cinco presupuestos en los que es posible aplicar este principio: a) Criterio de Oportunidad; b) Conversión; c) Suspensión condicional de la persecución penal; d) Procedimiento Abreviado; e) Mediación. CRITERIO DE OPORTUNIDAD: Procede cuando el Ministerio Público considera que el interés público o la seguridad ciudadana NO están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, en los casos siguientes: 1. Si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión; 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular; 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años; 4. Que la responsabilidad del sindicado o sus contribución a la perpetración del delito sea mínima; 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada; 6. A los cómplices o autores de delito de encubrimiento que preseten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como los casos de plagio o secuestro. El Criterio de Oportunidad se encuentra regulado por el artículo 25 del Código Procesal Penal, reformado por el artículo 5 del Decreto 79-97 del Congreso de la República. CONVERSION:
Mecanismo por el cual ciertas acciones de ejercicio público de ningún impacto social, o derivadas de delitos contra el patrimonio se transforman en privadas y se reserva el impulso procesal a la voluntad de los agraviados. Procede Cuando: * Se trata de los casos previstos para aplicar el criterio de oportunidad; * En cualquier delito que requiera denuncia a instancia particular; * En cualquier delito contra el patrimonio, cuando así se solicite. La Conversión se encuentra regulada en el artículo 26 del Código Procesal Penal. SUSPENSION CONDICIONAL DE LA ERSECUCION PENAL: FUNDAMENTACION DE SU EXISTENCIA: ® Suspensión del proceso penal bajo la condición de buena conducta y de no volver a delinquir; ® Por razones de economía procesal y evitar presión innecesaria, cuando exista confesión y durante un régimen de prueba que implica la vigilancia de la libertad concedida; la causa queda en receso por un período comprendido entre 2 a 5 años, transcurrido el período fijado sin que el imputado cometa un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. PROCEDE CUANDO: 1º En los casos en que de llegar a sentencia, podría aplicarse la suspensión condicional de la pena; 2º Cuando se ha reparado las responsabilidades civiles o se garantiza la reparación a satisfacción del agraviado; 3º Que el beneficiado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso; 4º Cuando la pena posible a imponer no exceda de cinco años; y, 5º En caso de delitos culposos. La suspensión condicional de la persecución penal se encuentra regulada en el Artículo 27 del Código Procesal Penal, reformado por el artículo 10 del Decreto 79-97 del Congreso de la República. PROCEDIMIENTO ABREVIADO: PROCEDE CUANDO: 1º En los casos en que el Ministerio Público considere suficiente la imposición de una pena de prisión no mayor de 2 años o pena no privativa de libertad o ambas; 2º Disposición del Ministerio Público para la utilización de este procedimiento; 3º Aceptación del imputado del hecho descrito en la acusación y de su participación en el; y, 4º Aceptación del imputado y de su defensor para usar esta vía. EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES: a) Es el único caso en que el Juez de Primera Instancia dicta sentencia; b) La confesión tiene validez como medio de prueba; y, c) No hay acumulación de acción civil, pues ésta se tramita de manera independiente ante el Tribunal competente. El Procedimiento Abreviado lo encontramos regulado en los artículos del 464 al 466 del Código Procesal Penal. MEDIACION: Forma de resolver el conflicto social generado por el delito mediante el acuerdo y conciliación entre el autor del hecho y el agraviado, con la aprobación del M. P. o del síndico municipal; podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados en la C.S. de Justicia. PROCEDE CUANDO: 1º En delitos perseguibles mediante instancia de parte; 2º En delitos perseguibles por acción privada; y 3º En delitos en que procede el Criterio de Oportunidad excepto en el caso del numeral 6º del artículo 25 del Código Procesal Penal (esto es, no se puede aplicar la mediación a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro). La Mediación la encontramos regulada en los artículos 8 y 50 del Decreto 79-97 del Congreso de la República, que creó el artículo 25 Quáter del Código Procesal Penal. 3. PRINCIPIO DE CONCORDIA: Tradicionalmente, en el derecho penal, la concordia o conciliación entre las partes, es posible únicamente en los delitos privados. Las exigencias y necesidades del Derecho penal moderno han llevado a la consideración y revisión de los planteamientos que impedían tal actividad en los delitos públicos de poca o ninguna incidencia social. De tal manera que la falta de peligrosidad del delincuente, y siempre que se trate de delincuente primario, así como la naturaleza poco dañina del delito, han llevado a plantear la posibilidad del avenimiento entre las partes como satisfacción del interés público. No se trata de cualquier clase de convenio, sino del acto jurídico solicitado por el Ministerio Público o propiciado por el juez, que tiene por fin extinguir la acción penal y en consecuencia, evitar la persecución, en los casos en que el sindicado y los agraviados lleguen a acuerdos sobre las responsabilidades civiles y a compromisos para evitar recíprocamente ofensas o molestias. Este principio está presente en aquella serie de disposiciones de Desjudicialización que pretenden buscar soluciones sencillas a los casos de menor trascendencia; se trata de una figura intermedia entre un compromiso arbitral, un contrato de transacción y una conciliación judicial tradicional: a) Avenimiento de las partes con la intervención del Ministerio Público o del juez; b) Renuncia de la acción pública por parte del órgano representativo de los intereses sociales; y, c) Homologación de la renuncia de la acción penal ante el juez. (Ver Artículos 25 Ter y 25 Quáter del C. Procesal Penal). 4. PRINCIPIO DE EFICACIA: Como resultado de la aplicación de criterios de Desjudicialización y de la introducción de la concordia en materia penal, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia podrán dedicar esfuerzos y tiempo en la persecución y sanción de los delitos que afectan nuestra sociedad. El marco de la actividad judicial, puede resumirse así: a) En los delitos de poca o ninguna incidencia social, el Ministerio Público o los jueces deben buscar el avenimiento entre las partes para la solución rápida del proceso penal; b) En los delitos graves el Ministerio Público y los Tribunales Penales deben aplicar el mayor esfuerzo en la investigación del ilícito penal y el procesamiento de los sindicados. 5. PRINCIPIO DE CELERIDAD: Los procedimientos establecidos en el Decreto 51-92 impulsan el cumplimiento de las actuaciones procesales, agilizan el trabajo y buscan el ahorro de tiempo y esfuerzos. 6. PRINCIPIO DE SENCILLEZ: La significación del proceso penal es de tanta trascendencia que las formas procesales deben ser simples y sencillas para expeditar dichos fines al tiempo que, paralelamente, se asegura la defensa. 7. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO: El proceso penal es un instrumento de los derechos de las personas. El principio de que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y por un acto calificado antes como delito o falta, ante tribunal competente y con observancia de las formas establecidas, existía ya en el Código Procesal Penal derogado; pero no se cumplía y había normas que contradecían tal espíritu. Juzgar y penar sólo es posible si se observan las siguientes condiciones: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado en ley anterior como delito o falta; 2. Que se instruya un proceso seguido con las formas previas y propias fijadas y con observancia de las garantías de defensa; 3. Que ese juicio se siga ante el tribunal competente y jueces imparciales; 4. Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 5. Que el juez, en un proceso justo, elija la pena correspondiente; 6. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho. 8. PRINCIPIO DE DEFENSA: El principio al derecho de defensa, consiste en que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso judicial. Está consagrado en el artículo 12 constitucional y debidamente desarrollado en el Decreto 51-92 del C. de la R. 9. PRINCIPIO DE INOCENCIA: Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado responsable en sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. (Art. 14 de la Constitución) El Decreto 51-92 establece en el artículo 14 que el procesado debe ser tratado como inocente durante le procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. 10. FAVOR REI:
Como consecuencia del principio de inocencia, el juez deberá favorecer al procesado en caso de duda y por tanto cuando no pueda tener una interpretación unívoca o certeza de culpabilidad deberá decidir en favor de éste. En nuestro medio tal principio es conocido como in dubio pro reo. Este principio fundamenta las características de nuestro derecho procesal penal: 1. La retroactividad de la ley penal cuando favorezca al reo. Como es sabido, la ley rige a partir de su vigencia, pero nuevas normas pueden aplicarse a hechos jurídicos ocurridos antes si es más benigna; 2. La reformatio in peius. Cuando es el procesado el único que impugna una resolución o el recurso se interpone en su favor, la decisión del tribunal de mayor jerarquía no puede ser modificada ni revocada en perjuicio del reo, salvo que los motivos se refiera a intereses civiles cuando la parte contraria lo haya solicitado; 3. La carga de la prueba, la obligación de probar, está a cargo del Ministerio Público y en provecho del imputado. Así, ante la duda del juez sobre un hecho constitutivo, modificativo o impeditivo de la pretensión penal del órgano acusador o del querellante adhesivo deberá resolver en favor del procesado. 4. Cuando es incierto el hecho o existe duda sobre la participación o responsabilidad del procesado, nunca podrá tener lugar una sentencia de condena, en este caso el juez absolverá porque la dubitación favorece al reo. La sentencia condenatoria únicamente procede si hay certeza de culpabilidad. 5. No hay interpretación extensiva ni analógica de la ley substantiva penal; 6. En materia procesal es posible la interpretación extensiva y analógica porque, a diferencia de las leyes penales de fondo, que deben ser interpretadas restrictivamente, las leyes penales de forma, que tienden a asegurar una mejor administración de justicia represiva y que aprovechan finalmente al justiciable, pueden recibir una interpretación extensiva; y se añade que la analogía y el razonamiento a fortior 8 no están prohibidos en lo procesal penal, también, que las leyes de forma pueden ser extendidas fuera de sus términos estrechos y precisos cuando la razón, el buen sentido y sobre todo, el interés superior de la justicia mandan esta extensión. 7. En todo caso, el favor rei constituye una regla de interpretación que obliga, en caso de duda, a elegir lo más favorable al imputado. 11 FAVOR LIBERTATIS: Este principio busca la graduación del auto de prisión y, en consecuencia, su aplicación a los casos de mayor gravedad cuando por las características del delito pueda preverse que de no dictarse, el imputado evadirá la justicia. Es decir, reduce la prisión provisional a una medida que asegura la presencia del imputado en el proceso. 12 READAPTACION SOCIAL: Se pena para reeducar y para prevenir delitos ya no tanto para imponer temor en la sociedad, sino para favorecer y fortalecer el sentimiento de responsabilidad y de fidelidad al ordenamiento jurídico. 13 REPARACION CIVIL: El derecho procesal penal moderno establece los mecanismos que permiten en el mismo proceso la reparación de los daños y perjuicios provocados al agravamiento por el hecho criminal. Los principios especiales son: 1. Oficialidad; 2. Contradicción; 3. Oralidad; 4. Concentracion; 5. Inmediación; 6. ublicidad; 7. Sana Crítica Razonada; 8. Doble Instancia; 9. Cosa juzgada. LOS PRINCIPIOS ESPECIALES: 1. Principio de Oficialidad: Este principio obliga al Ministerio Público a realizar o promover la pesquisa objetiva de hechos criminales y a impulsar la persecución penal. La instrucción del Ministerio Público requiere como supuesto que el hecho pesquisado revista los caracteres de acción delictiva y la investigación deja intacto el derecho del agraviado a participar en el proceso en calidad de parte. 2. Principio de Contradicción: Con base a la garantía constitucional, del derecho de defensa que asiste al imputado, la legislación adjetivo penal establece un régimen de bilateralidad e igualdad, en la relación jurídica procesal. Esto da oportunidad suficiente a las partes procesales, para oponerse en iguales condiciones de acusación y defensa. Las "partes" tienen amplias facultades para hacer valer sus derechos y garantías en el proceso penal, pues mientras el Ministerio Público ejerce la persecución penal; por otro lado, el imputado tiene la facultad de defenderse de esa imputación que se le hace. De ahí que las partes por este principio, tienen el derecho del contradictorio, de oponerse a la imputación que se les haga. Para que esto sea efectivo, se hace necesario, también, que ambas partes procesales, acusación y defensa, tengan los mecanismos de ataque y defensa e idénticas posibilidades de alegación, prueba e impugnación. 3. Principio de Oralidad: La oralidad asegura el contacto directo entre los elementos de prueba y el Juez de sentencia, representa la forma natural de esclarecer la verdad, de reproducir lógicamente el hecho delictuoso, de apreciar la condición de las personas que suministran tales elementos... En especial la oralidad sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad del juicio y la personalización de la función judicial. La oralidad como principio procesal, encuentra su fundamento en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, que dice: "El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate". 4. Principio de Concentración: La inmediación exige también una aproximación temporal entre la recepción de la prueba y el pronunciamiento jurisdiccional que se base en ella. Por eso, los beneficios del principio se aseguran mediante la regla de que el debate debe realizarse durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación. Esta concentración de los actos que integran el debate (la regla se denomina también así) asegura que la sentencia será dictada inmediatamente después de que sea examinada la prueba que ha de darle fundamento, y de la discusión de las partes. La relativa unidad de tiempo que resulta de esta regla, permite la actuación simultánea de todos los sujetos procesales y una valoración integral de las probanzas, alejando la posibilidad de que se olvide el resultado de los medios probatorios recibidos o los interprete de modo incorrecto. Con este principio se procura, por un lado, evitar que el fraccionamiento de los actos del debate deforme la realidad con la introducción de elementos extraños, y por el otro, asegurar que los recuerdos perduren en la memoria de los jueces en el momento de la deliberación y de la decisión, que es la actividad que encierra la tarea de síntesis de todo el juicio, siendo necesario que el Juez en el momento de pronunciar el fallo, tenga vivo en la mente, todo lo que ha oído y visto. Entonces el debate y la substanciación de pruebas, médula espinal del juicio oral, deben realizarse en base a este principio, en forma concentrada en el tiempo y en el espacio determinado. Esto significa que no pueden llevarse a cabo en localidades diversas, salvo excepciones determinadas. La concentración procesal, está regulada por el Código en el artículo 360, al señalar que el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión. La norma relacionada continúa con algunas causales que podrían motivas la suspensión del debate, pero únicamente por un plazo máximo de diez días. 5. El Principio de Inmediación: Como lógica consecuencia de la vigencia del principio de oralidad surge el principio de inmediación, al que no sin razón se le ha denominado «compañero de viaje de la oralidad». Este principio aparece también en la fase probatoria y se une en forma inseparable a la oralidad, para funcionar como principios hermanos que dan fundamento al sistema acusatorio. Para conseguir el imperio de la verdad es necesario que los sujetos procesales reciban inmediata, directa y simultáneamente los medios de prueba que han de dar fundamento a la discusión y a la sentencia. Por consiguiente, la regla de inmediación implica: 1º.-El contacto directo del Juez con los elementos probatorios en que ha de basar su juicio y decisión; 2º.-El contacto directo de todos los sujetos procesales entre sí, en el momento de recibir esas pruebas. Ambos aspectos son importantes. La presencia de los jueces implica, entonces, el desarrollo de ciertas cualidades de observación, receptividad, reflexión y análisis. El proceso penal produce consecuencias jurídicas de importancia ya que genera el título apto para entrar en la esfera jurídico fundamental de la libertad del individuo. No puede, por tanto, consentirse que las actuaciones que dan base a la sentencia se lleven al cabo en ausencia de los jueces. Este principio procesal se hace patente en el proceso penal, pues de acuerdo con el Código, exige que el debate se realice con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios; los sujetos procesales principales, no pueden abandonar la sala donde se desarrolla el juicio, excepto las partes civiles. 6. Principio de Publicidad: El principio de publicidad de las actuaciones procesales es una conquista del pensamiento liberal frente al procedimiento escrito o «justicia de gabinete» del antiguo régimen; el movimiento liberal opuso la publicidad del procedimiento como seguridad de los ciudadanos contra el arbitrio y eventuales manipulaciones gubernamentales en la constitución y funcionamiento de los tribunales, así, también, como instrumento de control popular sobre la justicia. El principio de publicidad tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es recogido en el artículo 10 que establece: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".
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"A FORTIORI". Locución latina y española. Su significado es "con mayor fuerza" o razón. Se emplea para referirse a los argumentos. Así, si alguien ha sido absuelto de la acusación como cómplice, a fortiori se entiende que lo ha sido también cual autor de ese mismo delito, si nada se dice en la sentencia.
La ley procesal penal determina que: "La función de los tribunales de justicia en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente por la ley. Además determina que el debate debe ser público, sin perjuicio de que el tribunal pueda resolver de oficio, que se efectúe, total o parcialmente, a puertas cerradas, lo que lógicamente obedece a circunstancias que favorecen una mejor administración de justicia, en casos muy excepcionales. En este sentido, el Tribunal puede resolver, aun de oficio, que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas, cuando: 1) Afecte directamente al pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él; 2) Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado; 3) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible; 4) Esté previsto específicamente; 5) Se examine a un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad, porque lo expone a un peligro. En este caso, la resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el caso el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que también constará en el acta del debate. 7. Principio de Sana Critica Razonada: Por este se obliga a precisar en los autos y las sentencias, de manera explícita, el motivo y la razón de la decisión, lo cual hace al juez reflexivo y lo obliga a prestar atención al debate y al examen de las leyes o doctrinas que tienen relación con la cuestión litigiosa. 8. Principio de Doble Instancia: La Constitución de la República de Guatemala establece que en ningún proceso habrá más de dos instancias, lo cual es un reconocimiento tácito de lo pactado por nuestro país en tratados y convenios internacionales que garantizan el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. En el medio jurídico nacional la doble instancia se identifica especialmente con el Recurso de Apelación que implica la revisión íntegra del fallo de primer grado, así favorezca o perjudique a quien lo haya interpuesto, incluyendo al procesado, lo cual viola el principio de favor rei, aspecto que corrige el actual código procesal en el artículo 422 al establecer la reformatio in peius con lo que, cuando la resolución sólo haya sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo en lo que se refiere a la indemnización civil de los daños y perjuicios provocados. Las características del sistema acusatorio implementado en la nueva legislación procesal penal, modifican las formas tradicionales de apelación en el país porque, como queda dicho, los tribunales de segunda instancia que conocen de las sentencias y autos definitivos no tienen potestad para corregir ex-novo la causa y corregir por ese medio todos los errores de hecho y de derecho que pueda cometer el juez de sentencia. Para adquirir un mayor grado de certeza, disminuir los errores humanos y controlar la correcta aplicación del derecho sustantivo y procesal, sin perjuicio de la doble instancia, se establece un tribunal de sentencia integrado de manera colegiada. Nos encontramos entonces ante una modificación substancial de la forma en que la doble instancia viene funcionando en Guatemala, pero en todo caso se garantiza el derecho al reexamen de las resoluciones judiciales por un tribunal de mayor jerarquía, con mayor experiencia judicial. 9. Principio de Cosa juzgada: El fin del proceso judicial es la sentencia firme, que en el caso del Derecho Procesal Penal absuelve o condena al acusado, Fin equivale a término, límite, consumación, objeto o motivo último. Lo anterior significa que llega un momento en que las fases del proceso se agotan, en que la sentencia que lo concluye es irrevocable en su forma, no susceptible de impugnación por haberse agotado o dejado de interponer los recursos pertinentes. Materialmente han concluido las posibilidades de un nuevo examen del fallo y, en consecuencia, no podrá abrirse nuevo proceso por las mismas acciones entre las mismas partes y con el mismo fin. La Cosa Juzgada implica: a) Inimpugnabilidad; b) imposibilidad de cambiar de contenido; c) no procede recurso alguno; y, d) ejecutoriedad, capacidad de hacer cumplir por medios coactivos lo dispuesto en la sentencia. Responde a una necesidad de autoridad en el sentido de que la sentencia adquiere carácter definitivo y que la decisión contenida no será modificada. Ahora bien, la Cosa Juzgada, tiene excepciones cuando datos relevantes o causas desconocidas en el proceso fenecido o nuevas circunstancias evidencien claramente errores que hacen que la verdad jurídica sea manifiestamente distinta a lo ocurrido en la realidad objetiva, o se descubran actividades dolosas que muestran que el principio de Cosa Juzgada lesiona la justicia, procede el recurso de revisión, que más que un recurso es un procedimiento especial de reexamen de una sentencia ejecutoriada. Puede decirse que la revisión también responde, a la luz de los nuevos conceptos, al principio de seguridad jurídica, pues no hay seguridad donde hay injusticia. Pero la mayor justificación de la revisión es que el Estado democrático contemporáneo, como se dijo, protege bienes e intereses individuales, sociales y solidarios de manera coordinada. Todo lo cual justifica la ampliación de los casos que provocan la revisión. El Decreto 51-92 del Congreso de la República, consecuente con los modernos postulados jurídicos y la Constitución Política de 1985 amplía los motivos de revisión, que ahora podrá proceder: 1.-Cuando se presenten documentos decisivos ignorados, extraviados y no incorporados al procedimiento; 2.-Cuando se demuestre que un medio de prueba, al que se le concedió valor probatorio en la sentencia, es falso, adulterado, falsificado o inválido; 3.-Cuando la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia y otra maquinación fraudulenta, cuya existencia fue declara en fallo posterior firme; 4.-Cuando la sentencia penal se basa en una sentencia anulada o que ha sido objeto de revisión; 5.-Cuando después de la condena sobrevengan hechos o elementos de prueba que hacen evidente que el hecho o circunstancia que agravó la imposición de la pena, no existió, o se demuestre que el condenado no cometió el hecho que se le atribuye; 6.-La aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia. Como puede verse por el principio de favor rei sólo procede la revisión contra sentencias condenatorias firmes. Este mismo principio motiva el que cuando en una nueva ley substantiva se desagraven delitos y por lo tanto se impongan penas menores, sea revisado el proceso porque se entiende que ha cambiado el criterio para calificad un hecho delictivo. IX. EL DERECHO PROCESAL PENAL. 4.1. Concepto: Es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes, dentro de las distintas fases procedimentales, y que tiene como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia justa. Al hablar de un conjunto de normas, se hace referencia a que la legislación procesal penal se encuentra sistemáticamente ordenada, a través del Decreto Ley Número 51-92 del Congreso de la República. Se habla de principios jurídicos, por cuanto en el proceso penal, la Oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración y el contradictorio, son principios procesales que determinan y orientan a las partes y al Juez en el desarrollo del proceso penal. Al hablar de instituciones el autor se refiere al criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión de la persecución penal, el procedimiento abreviado, el procedimiento especial de averiguación y el juicio por delitos de acción privada, entre otros, que flexibilizan el desarrollo del proceso y la función jurisdiccional, haciendo que la justicia sea pronta y cumplida, tal como lo ordena la Constitución Política de la República. Esto implica que la función jurisdiccional y la actividad que desarrollan las partes, poseen el espacio o marco jurídico adjetivo, que delimita su actuación y garantiza en forma efectiva la justicia, el respeto de su elemental derecho al conglomerado social. Características: Es un Derecho Público: es una rama del Derecho Público, en donde se enmarca la función jurisdiccional del Estado, ejercitada a través de los tribunales de justicia; cuyas normas procesales son imperativas y obligatorias para todos los ciudadanos, ya que el Estado las impone mediante su poder de impero, con el objeto de proteger a la sociedad y restablecer la norma jurídica violada. Es un Derecho Instrumental: porque tiene como objeto la realización del Derecho penal sustantivo o material, es decir, sirve de medio para que se materialice el Ius puniendi del Estado, quien a través del Ministerio Público ejerce la función de persecución penal, haciendo así efectiva la función sancionadora que le corresponde. Es un Derecho Autónomo: por cuanto que tiene sus principios e instituciones propias, posee autonomía legislativa, jurisdiccional y científica. 5. EL PROCESO PENAL. 5.1. Concepto: La intervención del órgano jurisdiccional se desarrolla mediante un proceso, establecido por un orden constitucional. Este lo determina como medio para lograr la sanción penal o Ius Puniendi del Estado. Dentro de esa relación dialéctica, el proceso penal conjuga cuatro elementos básicos para lograr la realización del valor justicia: la jurisdicción, la competencia, la acción penal y la defensa del imputado.
Entonces el proceso penal es un conjunto de actos realizados por determinados sujetos (jueces, defensores, imputados, etc.) con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena y, en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidades de la sanción Características: La de ser publicista, esto es, su orientación a ser público (con ciertas excepciones); por la oralidad; y, porque en el intervienen jueces de derecho. Principios: (véase la primera parte de este resumen). 5.2. Sistemas procesales: Los sistemas procesales han sido formas de enjuiciamiento penal que a lo largo de la historia se han venido desarrollando en distintas eras de la humanidad, conforme a teorías y métodos que se ajustan cada vez más a una política criminal moderna, congruente con la realidad jurídico-social de determinado país. Entre estos sistemas se encuentra el sistema acusatorio, inquisitivo y el sistema mixto. a) INQUISITIVO: La inquisición es el nombre con el cual se conoce todo el sistema judicial correlativo a ese tipo de organización política. Germinado en las postrimerías del Impero romano y desarrollado como Derecho universal -católico- por glosadores y postglosadores, pasa a ser Derecho eclesiástico y, posteriormente, laico, en Europa continental, a partir del siglo XIII de la era cristiana. En su época se le consideró como la forma jurídica conveniente al desarrollo y mantenimiento del poder absoluto y al logro de la convivencia pacífica dentro de ese régimen político. La palabra inquisición se deriva de los «Quaestores», que eran ciudadanos encargados por el Senado romano de investigar ciertos delitos. A dicho sistema se le atribuyen las siguientes características: 1. El proceso se inicia de oficio, incluso mediante denuncia anónima; 2. El Juez asume la función de acusar y juzgar; 3. La justicia penal pierde el carácter de justicia popular para convertirse en justicia del Estado, afirmándose el ius puniendi del Estado; 4. El proceso es escrito y secreto, carente del contradictorio; 5. La prueba se valoraba mediante el sistema de prueba tasada; 6. El proceso penal no reconoce la absolución de la instancia; 7. Se admitió la impugnación de la sentencia; 8. Los jueces son permanentes e irrecusables, constituyendo un paso para la especialización de la justicia; 9. La confesión del imputado constituyó la prueba fundamental y para obtenerla se empleaba hasta la tortura y el tormento; 10. La prisión preventiva del acusado quedaba al arbitrio del juez; 11. El imputado deja de ser sujeto procesal y se convierte en objeto de la investigación. En resumen se puede decir que la inquisición responde a un sistema de proceso penal, cuya concepción se traduce en la concentración del poder central en una sola personal. En este sistema el Juez investiga, acusa, y juzga, lo que lo sitúa en un plano parcial. Lo más grave radica en que el Juez valora las pruebas recabadas por el mismo durante la investigación, y vela por las garantías del imputado. Como consecuencia, el imputado no es parte procesal, sino que un objeto de la investigación, que desvaloriza y deshumaniza al imputado. Su fin principal consiste en reprimir a quien perturba el orden jurídico creado. b) ACUSATORIO: Según este sistema, la característica fundamental del enjuiciamiento reside en la división de los poderes que se ejercen en el proceso, por un lado el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requeriente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. Existen formas fundamentales y formas accesorias del proceso. Las primeras son las que se observan en las funciones que se realizan durante el proceso. Estas funciones son tres: La función de acusador, la función de defensa y la función de decisión. Si se imputa a una persona la comisión de un delito, alguien tiene que hacer la imputación. Por otra parte, es preciso conceder al acusado la oportunidad de defenderse y rabatir la imputación que se le hace. Por último, debe resolverse la situación del imputado, debe juzgársele e imponérsele una pena si es culpable, o absolvérsele si es inocente. Baumann explica que la división de roles de los órganos estatales de persecución penal (Ministerio Público averigua y acusa; el juez juzga) es un fruto del derecho procesal francés. Las principales característas de este sistema se pueden resumir así: 1. Es de única instancia; 2. La jurisdicción es ejercida por una asamblea o tribunal popular; 3. No se concibe el proceso, sino a instancia de parte. Ya que el tribunal no actúa de oficio; 4. El proceso se centra en la acusación, que puede haber sido formulada por cualquier ciudadano; 5. El acusador se defiende de ella en un marco de paridad de derechos con su acusador; 6. Las pruebas son aportadas únicamente por las partes; 7. Todo el proceso es público y continuo, y el juego en paridad de los derechos de las partes lo hace contradictorio; 8. La sentencia que se dicta no admite recursos; 9. Por la naturaleza y características de este tipo de procesos, el acusado generalmente se mantiene en libertad. El sistema Acusatorio en Nuestra Legislación: Si se conocen a fondo, los principios filosóficos en que se inspira el sistema acusatorio, se comprenderá fácilmente que ésta forma de juzgar a una persona, es la que mejor responde a un proceso penal legal, justo y auténtico, donde las funciones de acusación, defensa y de decisión, se encuentran legalmente separadas. Y, además porque esa relación dialéctica que se da en la relación jurídica procesal, únicamente se desarrolla a cabalidad en el sistema acusatorio. Por otro lado, precisa señalar que no puede concebirse, a la inquisición como un sistema de enjuiciamiento penal, en el seno de nuestro ordenamiento constitucional ya que la misma no está en consonancia con los postulados jurídicos, de una política criminal moderna, orientada a dignificar al delincuente como una persona humana, que razona, siente, y que necesita de su reeducación y resocialización. En ese orden de ideas, se puede señalar que el sistema acusatorio, según la legislación adjetiva penal guatemalteca, posee entre otras, las siguientes características: 1. La función de Acusación, le está encomendada al Ministerio Público, por medio del Fiscal General de la República y su cuerpo de fiscales; 2. La función de defensa, está atribuida, a todos los abogados colegiados activos; 3. La función de juzgar y controlar el proceso penal, esta encomendada a los jueces de primera instancia, contralores de la investigación; 4. El proceso penal en su fase de juicio se instituye oral y público, con algunas excepciones específicas; 5. La fase de juicio penal se desarrolla ante un Tribunal de jueces letrados o de derecho; 6. El juicio penal, se inspira conforme a los principios de inmediación, concentración, contradictorio, oral y público; 7. El imputado recobra su condición de parte, en el proceso penal y deja de ser objeto de la investigación; 8. La declaración del imputado constituye un derecho de defensa, y su confesión se valoriza conforme al principio Indubio pro-reo, y como un medio de defensa; 9. Las pruebas del proceso se valoran conforme a la sana crítica razonada; 10. Se instituye el Servicio Público de defensa adscrito a la Corte Suprema de Justicia y al Organismo Judicial. Un aspecto que se debe considerar, es que si bien el Código en su articulado, especialmente en los artículos 318 segundo parágrafo, 351, y 381 trae incorporadas algunas normas, en la que expresamente faculta al Juez o tribunal para recabar, de oficio, evidencias y actos de investigación, ya sea en la etapa preparatoria o en el juicio, ello no justifica que se interprete que nuestro sistema penal, es un sistema mixto, toda vez que en el sistema acusatorio, sus principios filosóficos y sus características, están bien definidas y no puede dársele una calificación distinta a su naturaleza misma. Sin embargo, debe acentuarse que en estas normas procesales se refleja aún la mentalidad inquisitoria del legislador y debe quedar bien claro, que dichas actuaciones, son únicas excepciones donde el Juez puede practicar actos de investigación o pruebas. c) MIXTO: Este sistema, inicia con el desaparecimiento del sistema inquisitivo, en el siglo XIX. Su denominación deviene a raíz de que toma elementos del proceso penal acusatorio y también del inquisitivo, pero en cuya filosofía general predominan los principios del acusatorio. Este sistema fue introducido por los revolucionarios franceses; y fue en Francia donde se aplicó por primera vez, cuando la Asamblea Constituyente planteo las bases de una forma nueva que divide el proceso en dos fases. Este sistema orienta la forma de juzgar al imputado utilizando los procedimientos, tanto del sistema acusatorio como del inquisitivo. Es así como el proceso penal se divide en dos fases, la primera tiene por objeto la instrucción o investigación, y la segunda versa sobre el juicio oral y público. Se puede concluir, entonces, en que el sistema mixto tiene las siguientes características: 1. El proceso penal se divide en dos fases, la instrucción y el juicio;
2. Impera el principio de oralidad, publicidad y de inmediación procesal; 3. La prueba se valora conforme a la libre convicción, conocido como San Crítica; 4. Este sistema responde a los principios de celeridad, brevedad y economía procesal. 6. JURISDICCION Y COMPETENCIA. 6.1. Jurisdicción: a) Concepto de Jurisdicción: La autoridad principal, que ostenta la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, no puede ser ejercida por cualquier persona. Debe recaer en un funcionario que esté investido de las facultades jurisdiccionales para poder conocer el proceso penal. Entonces podemos decir que la jurisdicción como la facultad y el deber de administrar justicia. La jurisdicción es entonces, "la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver, mediante la sentencia, las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir su propias resoluciones; esto último como manifestación del imperio" (Hugo Alsina). b) Elementos de la Jurisdicción: a. Notio = Jurisdicción, facultad de conocer un litigio dentro de un proceso determinado; b. Vocatio = Llamamiento, facultad de hacer comparecer a las partes; c. Coertio = Contención, restricción, facultad de castigar o penar, poder coercitivo de los tribunales para hacer que se cumplan sus resoluciones; e. Iundicium Facultad de dictar sentencia; f. Executio = Ejecución judicial, mediante auxilio de fuerza pública. c) Organos de Jurisdicción: Si la jurisdicción es la potestad pública atribuida al Estado para administrar justicia, por medio de los órganos jurisdiccionales instituidos por la ley, los que deben actuar conforme la misma, y emitir la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada; entonces, la jurisdicción es una actividad encomendada única y exclusivamente a los tribunales de justicia; y en ningún momento a otro órgano o institución pública en particular. Los órganos a los que se atribuye tal potestad no pueden ser cualesquiera sino que han de estar revestidos de una serie de requisitos propios que los distinguen de los demás órganos del Estado. Estos Órganos son los juzgados, los tribunales y las cortes, en los que los titulares de la potestad son los jueces, quienes deben ejercer la función de administrar justicia en forma independiente e imparcial, libre de toda presión política o sectaria, sea cual fuere su procedencia. d) Regulación constitucional y de la legislación ordinaria: De conformidad con nuestro ordenamiento constitucional, la función jurisdiccional se ejerce por el Poder Judicial, cuya existencia se fundamente en el artículo 203 que dice: "La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones... la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia." Por su parte, el artículo 37 del Código Procesal Penal, prescribe: "Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los tribunales tienen la potestad pública, con exclusividad, para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones". En igual sentido lo regula el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. 6.2. Competencia: a) Concepto de Competencia: Partiendo de la idea de que la competencia es un instituto procesal que alude a la aptitud o capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer en una relación jurídica procesal concreta, pero éstos, únicamente pueden ejercerla dentro de los límites señalados por la ley. El autor Hugo Alsina señala que la competencia se refiere a: "Los límites dentro de los cuales el Juez puede ejercer su facultad jurisdiccional". Según Couture, la competencia "es el fragmento de jurisdicción atribuido a un Juez", o, según Palladares, es la "porción de jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios". La jurisdicción entonces, es una concepto genérico aplicado al caso concreto, pues no todos los jueces pueden intervenir en cualquier litigio, sino tan sólo en aquellos casos para que la ley lo determina como competentes; por ello Couture afirma: "un juez competente, es al mismo tiempo, un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez es un juez con jurisdicción y sin competencia". b) Reglas para determinar la competencia: La doctrina regula diversas clases de competencia, pero en razón de la materia que nos ocupa, nos limitaremos a destacar la competencia que se determina en función del territorio, por la materia y por la función o de grado. Competencia Territorial: En esta clase de competencia, resulta más cómoda la administración de justicia, por cuanto la misma se ejerce dentro de una determinada parte del territorio nacional debidamente delimitada. Los límites horizontales de la jurisdicción están dados por la competencia territorial. En la extensión del territorio de un Estado existen jueces o tribunales igualmente competentes en razón de la materia, pero con capacidad para conocer solamente en determinada circunscripción. Competencia por Razón de la Materia: Esta clase de competencia determina qué materia jurídica puede en un momento dado conocer el órgano jurisdiccional; o sea que le permite al juez ejercer su jurisdicción en determinada clase de procesos, por ejemplo, los procesos penales. Como se recordará, la jurisdicción también se divide por la naturaleza del derecho sustancial que constituye su objeto, clasificándose entonces, en penal, civil, laboral, etc., en virtud de cuyos motivos los tribunales que han de conocer de unos y otros asuntos, están separados de manera que un tribunal de lo civil no tiene competencia para conocer o juzgar sobre las otras materias que le son ajenas, excepto si legalmente se le haya investido de competencia, para conocer en distintas materia jurídicas. Competencia Funcional o de Grado: Esta clase de competencia es la que se atribuye a los Jueces de Primera Instancia, de conformidad con las funciones que a éstos les están asignadas en relación al momento en que conocen del proceso. El proceso, según la legislación penal guatemalteca, está sometido a la doble instancia y en ciertos casos, a un recurso de casación; por lo tanto, a ello obedece que se hable de competencia jerárquica o por grados y es por este motivo, que son competentes los Jueces Menores y los Jueces de Primera Instancia. Esto demuestra que están facultados para instruir y decidir los asuntos que por la materia, cuantía y territorio les corresponde conocer en grado; y que la Corte de Apelaciones lo está para conocerlos en grado de apelación y la Corte Suprema de Justicia en el estado de casación. c) Cuestiones relativas a competencia según la legislación procesal penal guatemalteca: En relación al territorio: El Código Procesal Penal, en su artículo 40 prescribe: "La competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate; se exceptúan aquellos casos regulados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales...". En otras palabras, una vez que se haya iniciado y se está dentro del debate no puede en ningún momento modificarse y objetarse por ningún motivo, la competencia del Tribunal. Y el mismo artículo continúa diciendo: "En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves". Cabe apuntar que dicha terminología representa un problema por cuanto que el Código no establece los parámetros o las formas de cómo un juez puede graduar la densidad de los delitos. En relación a la materia: La regla general establece que cada Juzgado de Primera Instancia, debe estar investido de competencia para conocer de una sola materia jurídica, sin embargo, es únicamente en la metrópoli, donde se cumple este presupuesto, ya que, en el interior de la república, en los departamentos, donde únicamente haya un Juez de Primera Instancia, éste tiene competencia para conocer, tanto de la jurisdicción civil, como de la penal, laboral, familia, económico coactivo; en tanto que, en los departamentos donde hay dos Jueces de Primera Instancia; el Juez Segundo de Primera Instancia de Narcoactividad y delitos contra el Ambiente conoce, de la jurisdicción civil, penal y laboral; mientras que los Jueces Primero de Primera Instancia conocen de la jurisdicción penal, familia y económico coactivo. Solamente que para conocer de la jurisdicción penal, deben ser designados otros dos jueces vocales para integrar el Tribunal. Lo anterior obedece en mayor grado por la debilidad económica del Organismo Judicial; y porque la ley establece (Artículo 94 de la Ley del Organismo Judicial) que "La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio." Asimismo, el artículo 52 del mismo instrumento normativo prescribe: "La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de Narcoactividad y delitos contra el ambiente, de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la corte de apelaciones, jueces de ejecución y del servicio público de defensa, en forma conveniente." De modo que es la Corte Suprema de Justicia la que a través de Acuerdos establece la competencia por razón de la materia. En relación al grado o función: La competencia funcional o de grado, se diferencia, en cuanto a que el Juez de Primera Instancia de Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, que controla la investigación, y el Tribunal llamado a dictar sentencia, son órganos jurisdiccionales que conocen en primera instancia, en la misma relación jerárquica. En tanto que la segunda instancia se da cuando es un Tribunal Superior quien conoce de la decisión judicial impugnada, el que puede darse mediante el recurso de apelación, la queja, o bien el recurso de apelación especial,
contra una sentencia o un auto, según sea el caso. Así reluce entonces un primer grado o primera instancia y un segundo grado o segunda instancia. La competencia en relación al grado la establece el Código Procesal Penal en sus artículos 47, 48, 49 y 50. 7. ACCION PENAL Y ACCION CIVIL. 7.1. Acción Penal: a) Concepto de Acción Penal: La acción es la exigencia de una actividad encaminada a incoar el proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en el caso concreto. La acción penal puede considerarse como el poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación de derecho procesal penal; la acción penal consiste en la actividad que se despliega con tal fin. A través de la acción penal se hace valer la pretensión punitiva del Estado, para imponer la pena al delincuente, por un delito cometido. Es decir que se acciona para pretender la justicia penal. La acción penal, es un derecho del Estado a la actividad de uno de sus órganos, el judicial, o sea, un derecho de naturaleza estrictamente procesal. Una de las características más relevantes de la acción penal, es que siempre tiene como objeto la sanción o condena de una persona, quien resulte ser responsable de un hecho delictuoso. La pretensión punitiva es un requisito indispensable de la acción penal, pues por su medio se persigue la imposición de una pena o una medida de seguridad. Para Canelutti la acción significa un poder y más precisamente un derecho subjetivo, incluso un complejo o, mejor todavía, un sistema de derechos subjetivos, complementario de la jurisdicción: derechos atribuidos a la parte para garantizar, mediante su colaboración, el mejor ejercicio de la jurisdicción. En tal sentido, la acción corresponde al Ministerio Público solamente, decía, que en la fase jurisdiccional del proceso penal y, además le corresponde del mismo modo en que le corresponde al imputado y al defensor. b) Caracteres de la Acción Penal: b.1. Es Pública: por cuanto que el Estado, en nombre de la colectividad, protege sus intereses y, con ello, también persigue la restitución de la norma jurídica violada. b.2. Oficialidad: una de sus caracteres más importantes lo constituye su oficialidad, por cuanto el órgano oficial encargado de ejercer la persecución penal, es el Ministerio Público. Pero este carácter tiene excepción en los delitos de acción privada. b.3. Es Unica: La acción es única, ya que al igual que la jurisdicción, no puede existir un concurso ni pluralidad de acciones ni de jurisdicción; por el contrario, la acción y la jurisdicción, son únicas. b.4. Irrevocabilidad: Este carácter implica que una vez iniciada la acción penal, no puede suspenderse, interrumpirse, o cesar, excepto los casos expresamente previstos en la ley, tales como el sobreseimiento y el archivo. c) La Persecución Oficial: En el Código Procesal Penal derogado, regía el principio de instrucción e impulso oficial, según el cual el tribunal investiga por su cuenta al conocer la notitia criminis e impele el proceso, por lo que no se conforma con lo que las partes exponen y solicitan. No existe la división de roles ni la separación de las funciones de investigar y juzgar. El titular del Organo jurisdiccional impulsa de oficio el proceso. La división de funciones, como forma de especializar y tecnificar las actividades procesales, de evitar parcialidades y de garantizar una investigación criminal dedicada, correcta, firme, completa y exhaustiva llevó al Derecho Procesal a establecer el principio de oficialidad, que obliga al Ministerio Público a realizar o promover la pesquisa objetiva de hechos criminales y a impulsar la persecución penal. Si se tiene conocimiento, por cualquier medio, de la preparación o realización de un delito, o indicios para considerar la comisión de hechos punibles y perseguibles de oficio, el Ministerio Público actuará sin necesidad de que el agraviado o una persona lo requiera, y no puede supeditar la investigación a razones de conveniencia debido a lo cual sustrae esta actividad preparatoria del proceso penal, bajo control judicial, a la disposición de las partes. Lo anterior, siempre que no proceda el criterio de oportunidad y se trate de delitos privados, en los que debe producirse el impulso procesal por la persona afectada. d) Formas de Ejercicio: d.1. Acción Pública: Como concepto genérico, la acción pública se define como la potestad pública que tiene el Ministerio Público, de perseguir de oficio todos los delitos de acción pública, y exigir ante los Tribunales de justicia la aplicación de la ley penal contra la persona sindicada de un hecho punible. d.2. Acción Privada: En este tipo de acción prevalece la voluntad del agraviado, por cuanto a éste le corresponde el derecho de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, y el ejercicio de la persecución penal contra el imputado. e) Regulación Constitucional y de la Ley Ordinaria de la Acción Penal: * La Constitución Política de la República, establece: "ARTICULO 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y a él corresponde el ejercicio de la acción penal pública..." * El Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, que contiene la LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO, prescribe: "ARTICULO 1. Definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país..." "ARTICULO 2. Funciones. Son funciones del Ministerio Público, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes, las siguientes: 1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República, y los Tratados y Convenios Internacionales..." * Decreto 51-92 del Congreso de la República, reformado por los Dtos. 32-96 y 79-97 del C. de la R. que contiene al CODIGO PROCESAL PENAL, establece: "Artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación: 1) Acción Pública; 2) Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal; 3) Acción Privada. "Artículo 24 Bis. Acción Pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este Código". "Artículo 24 Ter. Acción pública dependiente de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público, los delitos siguientes: 1) Lesiones leves o culposas y contagio venéreo; 2) Negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes de asistencia; 3) Amenazas, allanamiento de morada; 4) Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años; Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. 5) Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos, cuando su valor no excediere diez veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública. 6) Estafa que no sea mediante cheque sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 7) Apropiación y retención indebida; 8) Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso; 9) Alteración de linderos; 10) Usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este Artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en ejercicio o con ocasión de su cargo...". "Artículo 24 Quáter. Acción Privada. Serán perseguibles, sólo por acción privada, los delitos siguientes: 1) Los relativos al honor; 2) Daños; 3) Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos: a) Violación a derechos de autor; b) Violación a derechos de propiedad industrial; c) Violación a los derechos marcarios; d) Alteración de programas; e) Reproducción de instrucciones o programas de computación; f) Uso de información. 4) Violación y revelación de secretos; 5) Estafa mediante cheque.
En todos los casos anteriores, se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este Código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al Artículo 539 de este Código. En caso que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del Artículo anterior". 7.2. Acción Civil: a) Concepto de Acción Civil: La transgresión de una norma penal material trae consigo el inicio de un proceso penal contra quien lo haya cometido y una posible sentencia de condena, si se llegare a establecer la existencia del delito y la participación del imputado. Entonces, dicha conducta, como hecho humano, viola una norma de derecho penal que afecta un bien jurídicamente tutelado, siendo en tal virtud un ilícito penal. En función de ello, los efectos de toda infracción punible son susceptibles de una doble ofensa; de un lado, la perturbación del orden social garantizado, y de otro, un menoscabo en la persona o en el patrimonio del sujeto pasivo del delito. Esta doble ofensa da lugar a dos diferentes tipos de acciones: la acción penal para la imposición del castigo al culpable y la acción civil para la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio. En la doctrina los autores le señalan múltiples caracteres, a continuación se resaltan los más importantes: 1- Su accesoriedad, es decir, que esta nace y subsiste únicamente cuando existe una acción penal. No puede subsistir una pretensión civil si no hay una pretensión punitiva, pues esta última, es la que le da nacimiento a aquella, dentro del proceso penal; 2- Es privado, por ser un derecho resarcitorio que interesa a las partes y que su fundamento se base en el derecho civil; 3- Es netamente revocable, ya que el actor civil, puede en cualquier momento desistir de la acción civil, que haya ejercitado contra el imputado. La acción civil puede ejercitarse conjuntamente con la acción penal, es decir, dentro del mismo proceso penal o bien en forma separada y ante los órganos jurisdiccionales civiles. El ejercicio de la acción civil conjunta con la penal da lugar dentro del proceso a una relación procesal de carácter civil y de naturaleza accesoria. La responsabilidad civil comprende: 1º La restitución; 2º La reparación de los daños materiales y morales; 3º La indemnización de perjuicios. La reparación se hará valorando la cantidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa y a la gravedad del efecto sufrido por el agraviado. b) Ejercicio de la Acción Civil según la ley procesal penal: Tales elementos los regula el Código Penal, en el artículo 112 al establecer que toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente. Por su parte el Artículo 124 del Código Procesal Penal establece: "Artículo 124. Carácter accesorio y excepciones. En el procedimiento penal, la acción reparadora sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Si ésta se suspende se suspenderá también su ejercicio hasta que la persecución penal continúe, salvo el derecho del interesado de promover la demanda civil ante los tribunales competentes. Sin embargo, después del debate, la sentencia que absuelva al acusado o acoja una causa extintiva de la persecución penal, deberá resolver también la cuestión civil validamente introducida." Luego en los artículos 125, 126, 127 128 se establecen el contenido y límites del ejercicio de esta acción, la forma alternativa de promoverla (ante juez penal o civil) el desistimiento y abandono y sus efectos. Ahora bien es importante anotar lo que establece la norma siguiente: "Artículo 131. Oportunidad. La acción civil deberá ser ejercida antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad el juez la rechazará sin más trámite." 8. LOS SUJETOS DEL PROCESO PENAL. En la doctrina se usan indistintamente como sinónimos los conceptos: partes y sujetos procesales. Ser parte en el proceso penal es tener las facultades amplias dentro del proceso, además de poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Es pedir la aplicación de la ley penal y defenderse de la imputación, haciendo valer todos los derechos y garantías procesales, para que al final el Juez, en una sentencia, concrete la pretensión que corresponda. Son partes en el proceso la persona que pide y aquella frente a la cual se pide la actuación de la ley formal, es decir, el proceso, que debe distinguirse claramente del de parte material, o sea, parte en la relación de derecho material cuya definición se persigue en el proceso. Así, el particular damnificado por el delito, que asume el papel de querellante, es parte formal; porque ejercita su derecho procesal de reclamar, del órgano jurisdiccional, la actuación de la ley, y tiene, en tal carácter, determinadas facultades dispositivas sobre las formas procesales; pero no es parte en sentido material, porque no será él, sino el Estado, quien, como titular de un derecho penal, pueda aprovechar la sentencia de condena para someter al sindicato al cumplimiento de la pena. Y por lo demás, ambas calidades pueden coincidir en una misma persona; el procesado es parte formal, en cuanto frente a él se pide la actuación de la ley en el proceso y por tanto está procesalmente facultado para contradecir, y es parte material, en cuanto también se pide que la ley actúe contra él; indicándolo como la persona que debe soportar la pena, y también el querellante, que normalmente sólo es parte formal, cuando a su acción penal acumula su acción civil, es parte material respecto de la relación de derecho civil, porque es el presunto titular del derecho al resarcimiento. Lo cierto es que, de acuerdo con el concepto de parte, en la estructura del proceso penal, y la orientación que sigue nuestra legislación, intervienen una parte acusadora, constituida por el Fiscal del Ministerio Público, conocido también como acusador oficial; el querellante adhesivo o acusador particular, que también puede ser querellante exclusivo. Por el otro, una parte sindicada, constituida, por la persona contra quien se está pidiendo la actuación de la ley penal; entre otros también está el actor civil, que por ser perjudicado por el hecho delictivo busca la reparación del daño causado y el civilmente demandado, que generalmente lo es también penalmente. Finalmente diremos que pueden ser partes en un proceso penal, todas aquellas personas que poseen la capacidad procesal (capacidad de ejercicio), o sea quienes tienen la aptitud jurídica para ser titulares de derechos y de obligaciones por si mismos; dentro de una relación jurídica, sin necesidad que sea a través de representante; en este sentido, esa circunstancia hace que toda persona pueda tener la condición de imputable y de figurar como sujeto pasivo en el proceso penal. Ahora bien, si fuere un menor de edad o una persona declara judicialmente en estado de interdicción quien comete el delito o la falta señalada por la ley penal, no se puede decir que dichas personas están sujetas a un proceso penal, ya que, por mandato Constitucional, estas personas tienen la virtud de ser ininputables y como tal los mismos no incurren en delitos, sino en conductas irregulares. 8.1. El Acusador: a) El Ministerio Público: a.1. Concepto del Ministerio Público: El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública... (Art. 1 Ley Orgánica del M.P.) De manera que la parte que figura como sujeto activo en el proceso penal, la constituye el Ministerio Público, al que por mandato constitucional corresponde ejercer la persecución penal (Art. 251). La naturaleza de la acusación encargada al Ministerio Público, conforme a nuestro Código, comprende todos los actos necesarios para obtener la culpabilidad del imputado, para que se le imponga la pena que corresponda. (parte formal y material). La facultad de acusación es considerada de carácter público, por cuanto el Ministerio Público, en nombre del Estado y por mandato legal, asume la obligación de ejercer la persecución penal en nombre de toda la sociedad, exigiendo la aplicación de la ley penal, contra del imputado. a.2. Funciones en el Proceso Penal guatemalteco del M. P.: Le corresponde ejercer la persecución penal, en los delitos de acción pública, durante la fase preparatoria, porque tiene la obligación de promover y dirigir la investigación, y la ejecución de las resoluciones y sentencias que el Tribunal dicte; esta actividad debe realizarla de oficio en todos los delitos de acción pública, conforme a los mandatos del Código Procesal Penal, la Constitución, su Ley Orgánica y los Pactos internacionales. (Léanse los artículos 24, 24 Bis, Ter, Quater del C. Procesal Penal, en las págs. 21 y 22 de este resumen). b) El Querellante: En nuestro derecho es querellante el particular que produce querella para provocar un proceso penal o que se introduce en un proceso en trámite como acusador, estando legalmente legitimado. Querella es la instancia introductiva del querellante, producida ante el órgano jurisdiccional de acuerdo con las formalidades legales, por la que formula una imputación tendiente a iniciar un proceso penal. Es un acto incriminante de ejercicio de la acción en su momento promotor. La actuación del querellante es facultativa en su inicio y en su desarrollo. Ejercita la acción penal a la par, subsidiariamente o con exclusión del Ministerio Público. Para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del ofendido, o sea el titular del bien jurídico que el delito afecta, y puede extenderse al representante legal y a los herederos e incluso, a ciertos entes colectivos. b.1. Clases de querellante: I) QUERELLANTE ADHESIVO: En los delitos de acción pública el Código le da esta denominación a la parte que interviene en el proceso penal como agraviado, ofendido o víctima, o bien cualquier ciudadano guatemalteco que entable una querella en contra de alguna persona y
de ahí su nombre. Puede provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público; puede intervenir en todas las fases del proceso penal hasta que se dicta la sentencia, excepto en la fase de la ejecución. Este derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos, contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos, en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. "El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal de la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas así como cualquier otra diligencia prevista en este Código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal podrá acudir al Juez de Primera Instancia de la Jurisdicción, señalará audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse, remitirá al Fiscal General lo relativo a cambios de fiscal de proceso." Artículo 116 del Código Procesal Penal. II) QUERELLANTE EXCLUSIVO: es la parte procesal que ejercita la acción penal en los delitos de acción privada, quien también es conocido con la denominación de acusador privado. Tal calidad únicamente se pierde por la renuncia o desistimiento de esta facultad ÄÄ con lo que se extingue la acción penal. Puede decirse que la ley penal, en ese sentido, establece un ius persectuendi de excepción, prohibiendo en forma absoluta el ejercicio de la acción penal por parte del M. P. Su ejercicio corresponde al querellante exclusivo, ofendido por el delito y en algunos casos a los representantes legales de aquel. En este sentido la exclusividad del querellante, en el ejercicio de la persecución penal, es otorgada por la ley procesal penal en su artículo 122 al establecer que: cuando conforme la ley, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción; es decir que esa facultad nace en virtud que la persona agraviada es la que se ve afectada en sus derechos o bienes jurídicos tutelados por la ley penal, por ejemplo, su honor. (ver artículos 24 Ter y 24 Quáter) Merecen especial atención los procesos penales que se instruyen por delitos de acción privada, por cuanto que suprimen en la regulación del procedimiento de la querella, una etapa completa del proceso penal, como lo es la instrucción o investigación o fase preparatoria, ya que ella se hace, necesariamente, en forma privada, sin poner en peligro las garantías individuales en virtud de no contar con el auxilio de la fuera pública. b.2. Formas en que cada uno interviene en el proceso. c) Otros: c.1. La Policía, funciones en el proceso penal: La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: 1) Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio; 2) Impedir que éstos sean llevados a consecuencias ulteriores; 3) Individualizar a los sindicados; 4) Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento; y, 5) Ejercer las demás funciones que le asigne este Código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal rigen las reglas del Código Procesal Penal. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio, y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. c.2. El Actor Civil, concepto y participación en el proceso penal: Como consecuencia de la comisión de un delito, se generan dos acciones importantes. Por un lado la acción penal para castigar al imputado por el delito cometido, y por otro, una acción civil, para ejercer la acción reparadora o restitución del daño causado. La parte quien solicita esa reparación, se le denomina actor civil, y lo puede hacer antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez rechazará sin más trámite tal acción. La acción civil puede dirigirse contra el imputado y procederá aún cuando no estuviera individualizado. Podrá también dirigirse contra quien, por previsión de la ley, responde por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho punible. Conviene apuntar, que en el proceso penal, el actor civil únicamente actuará en razón de su interés civil. Limitará su intervención a acreditar el hecho, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo de él con el tercero civilmente responsable, la existencia y extensión de los daños y perjuicios. Otro aspecto importante es que la intervención de una persona como actor civil en el proceso penal, no le exime de la obligación que tiene de declarar como testigo. c.3. Terceros Civilmente Demandados, concepto, intervención, facultades: La legislación procesal penal, también reglamenta la figura de una tercera persona que conforme la ley, tiene obligación de responder por los daños causados por el imputado, su denominación es tercero civilmente demandado. Así la ley, señala que la persona quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandado. Esa solicitud debe ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en el Código (Artículos: 130, 131, 132 del C.P.P.), con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. Como parte procesal, el tercero civilmente demandado goza de las facultades y garantías necesarias para su defensa en juicio pero únicamente en lo concerniente a sus intereses civiles. En el mismo sentido que el actor civil, su intervención como tercero demandado, no lo exime por si mismo de la obligación que tiene de declarar como testigo en el proceso penal. c.4. Consultores Técnicos, concepto y actividades: El Codigo Procesal Penal, establece en su artículo 141, lo siguiente: "Si, por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al Tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este Código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá el dictamen; los peritos harán constar las observaciones...". 8.2. El Imputado: a) Concepto de Imputado: Según el artículo 70 del Código Procesal Penal, se denomina sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señal de haber cometido un hecho delictuoso, y condenado a aquél sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Como se puede apreciar de la definición legal que establece la ley de la materia, con relación a la persona del imputado no se hace mayor diferenciación. Sin embargo, hay autores que sostienen que no es preciso ser "procesado" ni "acusado" al principio del proceso penal. Según estos autores, con frecuencia, incorrectamente, se usan los términos sindicado, imputado, procesado, acusado, para referirse a la persona que ha cometido un delito, sin atender en qué fase se encuentra el proceso. Se debe tener presente que la denominación adecuada que debe recibir la parte pasiva de la relación jurídica procesal, depende directamente de la fase o estado del proceso penal. Según los mismos autores (José Mynor Par Usen, siguiendo a los legisladores argentinos e italianos) para comprender mejor la denominación que puede recibir una persona sindicada de un delito, es preciso hacer la siguiente relación: Es imputado, desde el momento en que se señala a una persona de haber cometido un delito. Es procesado, cuando ya se haya dictado auto de procesamiento. Es acusado, cuando el Fiscal del Ministerio Público haya formulado su acusación ante el órgano jurisdiccional competente. Es enjuiciado, desde el momento en que se realiza el juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia. Y es condenado, cuando la persona enjuiciada haya obtenido una sentencia condenatoria y ya esté cumpliendo la pena en el centro penitenciario respectivo. b) Declaraciones del Imputado: En el proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley (Art. 16 C.P.R.). El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal, le advertirá clara y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas (Art. 15 C.P.P.). Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de veinticuatro horas a constar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el debate, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista por este Código. El imputado podrá declarar cuantas veces quiere, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un
procedimiento dilatorio o perturbador. Durante el procedimiento preparatorio el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público. (Art. 87 del C.P.P.) c) Facultades del Imputado: Toda persona posee, desde el momento en que se le imputa la comisión de un delito, simultáneamente por mandato legal, derecho de defensa, a un debido proceso y a un Juez natural o técnico, entre otros (Art. 12 Constitución P.R.). El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza... Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones (Art. 92 del C.P.P.) Tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso, sin limitaciones, en la forma que la ley señala (Art. 101 C.P.P.) El imputado podrá proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio (Art. 315 C.P.P.). También le corresponde el derecho al imputado de asistir a los actos de diligenciamiento de investigación que se practiquen durante el desarrollo de todo el proceso (Art. 316 C.P.P.) d) Rebeldía del imputado, y efectos de la rebeldía: Si se parte de la premisa de que el sujeto principal del proceso lo constituye el acusado, entonces se puede decir que no puede haber debate sin su presencia. Consecuentemente la fuga del acusado, o su no comparecencia a una citación, le produce un estado de rebeldía, lo cual le trae efectos negativos en su contra, ya que esto conlleva a que se le declare rebelde e inmediatamente se ordene su detención. La fuga del acusado puede darse antes del debate ÄÄ si se encuentra en libertad ÄÄ, o bien, durante la realización del debate; en el primer caso, el Juez o Tribunal debe declarar su rebeldía. En tanto, si la fuga se produjo durante la realización del debate, el juicio se suspenderá y podrá seguirse si el prófugo es detenido antes de que transcurran los diez días hábiles que la ley exige. Si esto no sucede, todos los actos procesales realizados durante el debate, no tienen efectos jurídicos, como consecuencia debe decretarse la interrupción del debate, pues todo lo actuado es nulo y el debate debe iniciarse nuevamente cuando se haya producido la aprehensión o detención del prófugo. El Código Procesal Penal dice: "Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir, sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señales personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata." (Art. 79 C.P.P.) "La prescripción durante el procedimiento se interrumpe por la fuga del imputado, cuando imposibilite la persecución penal. Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente". (Art. 33 del C.P.P.) "La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio. En los demás, el procedimiento se paralizará sólo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes. La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido concedida al imputado, y lo obligará al pago de las costas provocadas. Cuando el rebelde compareciere o fuera puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado, respecto de este procesado." (Art. 80 del C.P.P.) 8.3. El Defensor: a) Concepto y Clases de Defensa: Un personaje indispensable que figura en el proceso penal es el defensor, quien como profesional del derecho interviene y asiste al sindicado, desde el momento de la imputación hasta la ejecución de la sentencia, en caso de ser condenatoria, en virtud del derecho de defensa que le asiste a todo imputado. La ley ordinaria contiene en lo relativo al instituto de la defensa, dos formas de ejercerla: la defensa por si mismo y la defensa técnica. La primera es permitida solo en el caso de que el imputado lo desee y no perjudique con ello los resultados que pueda conseguir una defensa técnica. b) Objeto de la Defensa: El abogado es una garantía para lograr una recta administración de justicia, no sólo porque en la inmensa mayoría de los casos los interesados son incapaces de efectuar una ordenación clara, sistemática y conveniente de los hechos, sino porque al ser jurisperitos, cooperan de modo eficacísimo a hallar, de entre el laberinto de disposiciones vigentes, las normas aplicables al caso concreto viniendo a ser de esta manera los más valiosos colaboradores del juez. El procesado las más de las veces está desprovisto de la fuerza y habilidad necesaria para exponer sus razones, y cuanto más progresa la técnica del juicio penal, más se agrava esa incapacidad. Por una parte, el interés que está en juego es a menudo tan grande para el sindicato..., cualquiera que tenga cierta experiencia en cuestiones del proceso penal, sabe que para el acusado, y también para las otras partes es muy difícil contener la pasión, o tan sólo la emoción que los priva del dominio de sí mismos. El sindicado entonces, cuenta con la posibilidad de elegir un abogado que lo asesore, oriente y dirija dura la dilación del proceso penal, el cual puede ser un abogado de su confianza, como bien lo denomina el Código, o bien, de no tener recursos económicos, se le designa un defensor público, que pertenece al Servicio de Defensa, adscrito al Organismo Judicial, dando cumplimiento así al mandato legal del derecho de defensa como garantía constitucional. c) Análisis de las disposiciones legales relativas a la defensa: La defensa técnica, debe ser ejercida por abogado, legal y reglamentariamente habilitado para el ejercicio profesional. El imputado puede elegir al defensor de su confianza, o bien el juez debe nombrarle uno de oficio, con el objeto de garantizar la defensa, cuando por cualquier circunstancia no pueda proveerse de uno y aún puede nombrarlo en contra de la voluntad del imputado (Artículos 92 y 93 del C.P.P.) Pero aún gozando de abogado defensor el imputado está facultado para formular solicitudes y observaciones. En lo referente al defensor, dispone: que debe atender a las disposiciones de su defendido, pero que en el ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, constituyéndose en el artículo 101 (C.P.P.) la regla que protege el derecho específico del imputado y el buen ejercicio de la defensa técnica, dicha norma faculta al defensor e imputado a pedir, proponer o intervenir en el proceso con las limitaciones que la ley señala. Un paso importante en la nueva legislación, significa la prohibición al defensor de descubrir circunstancias adversas al defendido, en cualquier forma que las haya conocido. Con lo cual se pone término a la idea, de que el defensor es en cierta medida, auxiliar del juez, y se clarifica en que la función del defensor es la de velar por los interese de su defendido. Servicio Público de Defensa: en el procedimiento penal derogado, al imputado que no podía agenciarse de un abogado debía el juez nombrarle un defensor de oficio, función que por determinación de la ley podía ejercerla un abogado de oficio o un estudiante de derecho. Esto último se convirtió en el uso general. Era una vulneración legal del principio de defensa. El Código vigente, ha eliminado esta posibilidad, al disponer que en todos los casos el defensor deba ser abogado. Y se ha creado para tal fin el Servicio de Defensa Penal (Arts. 527 y ss. del C.P.P) Todo abogado colegiado pertenece al servicio de defensa y sus servicios son remunerados. El Servicio depende de la Corte Suprema de Justicia, disposición que se considera, vulnera la autonomía de las funciones de los defensores. Pues especialmente la dependencia económica puede coartar sus funciones o generar reticencia en las mismas. EL PROCEDIMIENTO COMUN/ PROCEDIMIENTO PREPARATORIO (Instrucción) 1. LA INSTRUCCION. Conviene apuntar que la instrucción penal es más conocida como tal por el sistema inquisitivo o mixto, y en algunos casos se le denominó (en Código Procesal Penal derogado por ejemplo) etapa del sumario que constituye la primera fase del procedimiento criminal y tiene por objeto recoger el material para determinar, por lo menos aproximadamente, si el hecho delictivo se ha cometido y quién sea u autor y cuáL su culpabilidad; pero en algunos países en la etapa del sumario sólo se investiga la existencia del delito y la determinación del autor no exento de responsabilidad penal. La fijación de su culpabilidad excede de la función instructora, para ser considerada en el período de plenario y fijada en la sentencia. Con la entrada en vigor del Código Procesal Penal vigente, se establecen fases procesales en que se agrupan los actos y hechos procesales a través de los cuales se concreta y desenvuelve el proceso, de acuerdo con su finalidad inmediata, por lo que a manera de introducción cabe
apuntar que el Proceso Penal se divide en cinco fases principales: 1º. Fase de investigación, instrucción o preliminar, cuyo cometido principal consiste en la preparación de la acusación y por ende el juicio oral y público; 2º. Fase intermedia: donde se critica, se depura y analiza el resultado de esa investigación; 3º. Fase de juicio oral y público: etapa esencial, plena y principal que define el proceso penal por medio de la sentencia; 4º. Fase de control jurídico procesal sobre la sentencia. Este se desarrolla a través de los medios de impugnación; y, 5º. Fase de ejecución penal, en la que se ejecuta la sentencia firme. 1.1. Concepto de la Instrucción: El Estado, desde que se atribuyó para sí no sólo la tarea de decidir los conflictos jurídicos, sino que también asumió, en materia penal, la labor de perseguir los llamados delitos de acción pública, tuvo necesidad, como extraño al conflicto por definición, de informarse acerca de él, para preparar su propia demanda de justicia, esto es, su decisión acerca de la promoción del juicio. Esta fase preparatoria en el proceso penal, inicia con el conocimiento de la noticia críminis, compuesto por actos eminentemente investigativos que, como su nombre lo indica, preparan y construyen las evidencias, informaciones o pruebas auténticas, que permitirán establecer la existencia del delito y la participación del imputado y que, posteriormente, servirán al Fiscal del Ministerio Público, formular la acusación y la petición de apertura del juicio penal contra el procesado, ante el Juez de Primera Instancia penal contralor de la investigación. Estos actos, que constituyen la base del requerimiento del fiscal tratan de analizar si existe una sospecha suficiente de que el imputado ha cometido el hecho punible investigado, bastando para el progreso de la acción, sólo habilidad positiva y no la certeza que sí se requiere para una sentencia de condena. Esta fase procesal importa no sólo por lo dicho, sino porque si el Fiscal del Ministerio Público no realiza completamente esta fase de investigación, es decir, no reúne el material probatorio ni proporciona suficientes elementos de convicción, para fundamentar la acusación contra el imputado, se da la posibilidad de que el proceso finaliza mediante el sobreseimiento, la clausura provisional o bien el archivo, según sea el caso. (Artículos: 310 y 328 del CPP). Estas actividades de investigación tienen por objeto esclarecer los hechos punibles, así como la participación de los autores, cómplices y encubridores del delito, y deben estar coordinadas por el órgano oficial encargado de la persecución penal. A este corresponde también dirigir la policía o agentes de la autoridad para que, coordinadamente, construyan en forma eficaz la investigación. En Guatemala, el sistema actual es preponderantemente acusatorio y el principio de oficialidad se manifiesta poderosamente; porque si bien, el Juez aún puede practicar diligencias de investigación, éste debe hacerlo con raras excepciones, lo que demuestra la relevancia de la función investigativa que, como se sabe, se encuentra separada por completo de la función jurisdiccional, lo cual posibilita un mejor desenvolvimiento dialéctico del proceso penal. Sustancialmente, durante este período preparatorio, se realizan cuatro tipos de actividades: 1.Actividades de pura investigación; 2.Decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento; 3.Anticipos de prueba, es decir, prueba que no puede esperar a ser producidas en el debate; 4.Decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar garantías y derechos procesales, normados por la Constitución. 1.2. Obstáculos al ejercicio de la pretensión procesal: Como parte también del Libro Segundo, relativo a El Procedimiento Común, el capítulo II trata de los Obstáculos a la Persecución Penal y Civil, pues si bien esta fase procesal, no es una etapa eminentemente contradictoria, como lo es el juicio oral, si existen iguales posibilidades de defensa para las partes, ello significa la facultad de proponer diligencias, participar en los actos, plantear incidentes, o excepciones que el mismo Código establece. Estos son los conocidos obstáculos a la persecución penal y civil, los cuales básicamente son: a) Cuestión prejudicial: que consiste en la existencia de una situación que previamente debe ser resuelta en un proceso independiente, para poder seguir con el proceso de que se trate; b) El Antejuicio; c) Excepciones: de incompetencia, falta de acción (falta de derecho), extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. (Ver artículos: 219 al 296 CPP). 1.3. Actos Introductorios: Para que se inicie un proceso penal contra alguna persona debe llegar el conocimiento de la "noticia críminis" al órgano encargado de la persecución penal, o excepcionalmente al Tribunal. Esto motiva que inmediatamente se inicie el proceso penal, ya sea a través de una denuncia, querella, conocimiento de oficio, o bien, una prevención policial, y simultáneamente se activa el órgano jurisdiccional, a quien corresponde controlar esa actividad investigativa. a) Denuncia: "Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u oralmente, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante debe ser identificado..." Art. 297 del CPP. Precisa enfatizar que la legislación adjetiva penal, considera que la denuncia es un acto procesal obligatorio, y no facultativo, puesto que claramente expresa que cualquier persona debe comunicar y poner en conocimiento al fiscal del Ministerio Público o a la policía, de la comisión de un delito. De acuerdo con la misma ley, el denunciante no se convierte necesariamente en parte procesal, ni adquiere mayores responsabilidades en relación con el resultado final del proceso penal. Sin embargo, si se establece que la denuncia es maliciosa o falsa, esta persona incurre en responsabilidad penal, que se puede manifestar procesalmente a través del delito de acusación y denuncia falsa. Denuncia Obligatoria: No obstante el carácter expreso del Código, el legislador insiste en forma específica en otra clase de denuncia, como lo es la denuncia obligatoria. Tal obligación se da en los delitos de acción pública que por su naturaleza son perseguibles de oficio por los órganos encargados de ejercer la acción penal; pero por presupuestos debidamente determinados en la ley: "Artículo 298. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución, y sin demora alguna: 1.) Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. 2.) Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior; y, 3.) Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o personal, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia, del cónyuge, o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho." (Ver Art. 16 Constitución de la República.) b) Querella: Este es un acto de iniciación procesal, de naturaleza formal, donde el interesado o querellante previamente debe cumplir con determinados requisitos procesales que la ley exige para poner en movimiento al órgano jurisdiccional y al órgano encargado de la persecución penal. Es un acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al titular de un órgano jurisdiccional, por el sujeto, además de poner en conocimiento de la noticia de un hecho que reviste de caracteres de delito o falta, solicita la iniciación de un proceso frente a una o varias personas determinadas o determinables y se constituye en parte acusadora en el mismo, proponiendo que se realicen los actos encaminados al aseguramiento y comprobación de los elementos de la futura pretensión punitiva y de resarcimiento en su caso. En la doctrina procesal penal se conocen dos clases de querellas, una conocida como querella pública, y la otra como querella privada. La primera se da cuando el agraviado la presenta por delitos de acción pública, cuya persecución también puede darse de oficio por el órgano encargado de la persecución penal. También la puede presentar cualquier persona ente el órgano jurisdiccional competente y persigue asegurar una sentencia condenatoria contra el acusado. La segunda alude a los delitos de acción privada, donde el agraviado u ofendido es el único titular de ejercer la acción penal, en cuyo caso, el querellante exclusivo debe formular la acusación, por sí o por mandatario especial, directamente ante el Tribunal de Sentencia para la realización del juicio correspondiente.
c) Persecución de Oficio: Cabe recordar aquí que nuestro sistema procesal penal se fundamenta, entre otros, en el principio de oficialidad, por lo que el acto de iniciación procesal de persecución de oficio, tiene lugar cuando el Fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento directo, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente de la comisión de un hecho punible, en cuyo caso, el Fiscal debe inmediatamente iniciar la persecución penal, en contra del imputado y no permitir que el delito, produzca consecuencias ulteriores; esto, con el objeto de que oportunamente requiera el enjuiciamiento del imputado. Esta forma de iniciar la investigación en un proceso penal, se presenta cuando el mismo órgano encargado de la persecución penal, es el que de por sí se insta sobre la base de su propio conocimiento, documentando y volcando en una propia acta, en la que narra, tras la fecha de la misma, el señalamiento del cargo que la produce y su firma, el hecho de que ha tomado conocimiento personal todas sus circunstancias modales y la
noticia que tuviera de su autor o participe. Presentando las pruebas que tuviera y ordenando luego las diligencias a producir para tramitar la investigación. d) La Prevención Policial: Uno de los medios más usuales con que se inicia el proceso penal, en los delitos de acción pública, es la prevención policial; consistente en que la policía de oficio, debe practicar inmediatamente las actuaciones y diligencias de investigación que tiendan a establecer la comisión del delito y la posible participación del imputado, lo cual asegura efectivamente, el ejercicio de la persecución penal, por parte del Ministerio Público, bajo cuya orden permanece la policía. La prevención policial se da puede observar de dos formas. a) Cuando la policía tiene conocimiento de que se ha cometido un delito de acción pública; actuando e investigando de oficio los hechos punibles e informando enseguida al M.P. acerca de la comisión del delito, individualizando al imputado; b) Cuando una persona pone en conocimiento de la comisión de un delito de acción pública a la policía, ésta tiene la obligación de recibir la denuncia y cursarla inmediatamente al M.P. y, simultáneamente, iniciar y realizar una investigación informando en forma inmediata al ente oficial del resultado de tal averiguación. La policía, entonces, investiga por iniciativa propia o por denuncia, o bien por orden de autoridad competente, los delitos cometidos, individualizando a los culpables y reuniendo las pruebas para dar base a la acusación penal. e) Formas y Requisitos: DE LA DENUNCIA: Ya vimos que la denuncia de cualquier forma es obligatoria con la excepciones de ley, y sus requisitos están contenidos en el artículo 299 del Código Procesal Penal que dice: "Contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos." La denuncia puede contender la solicitud de que sea el Estado quién ejerza a nombre del denunciante la acción civil. (301). Asimismo, el denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. (300) DE LA QUERELLA: La querella es un acto de iniciación del proceso penal, de naturaleza formal ya que al presentarla debe cumplirse con los requisitos claramente determinados en la ley; cosa que no sucede con la denuncia, por ser el órgano encargado de la persecución penal o los agentes de la policía quienes la reciben y le dan forma. El Código Procesal Penal establece expresamente cuales son los requisitos que debe cumplir una querella:
"Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito, ante el juez que controla la investigación deberá contener: 1.) Nombre y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado; 2.) Su residencia; 3.) La cita del documento con que acredita su identidad; 4.) En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería; 5.) El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones; 6.) Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participes, víctimas y testigos; 7.) Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas; y, 8.) La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como en la denuncia." Una vez recibida la denuncia o la querella por el juez, éste la remitirá inmediatamente, con la documentación acompañada, al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. (Art. 303 CPP). "Artículo 474. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación, por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto en este Código. Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder." El artículo siguiente establece la Inadmisibilidad, en el sentido de que la querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el hecho no constituye un delito, cuando no se pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos.; y, en este caso se devolverá al querellante el escrito y las copias acompañadas, incluyendo la de la resolución judicial. El querellante podrá repetir la querella, corrigiendo sus defectos, su fuere posible, con mención de la desestimación anterior. La omisión de este dato se castigará con multa de diez a cien quetzales. DE LA PERSECUCION DE OFICIO: Prescribe el artículo 289 del Código Procesal Penal que: "Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado...". DE LA PREVENCION POLICIAL: El Código Procesal Penal, regula la prevención policial, en el artículo 304 que dice: "Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía." Luego en el subsiguiente artículo dice: "Artículo 305. Formalidades. La prevención policial observará para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron, y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado información."
2. INVESTIGACION INTRODUCTORIA. 2.1. Concepto: Básicamente el objeto de la investigación es: a) Determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal; b) Establecer quiénes son los participes y las circunstancias personales para valorar la responsabilidad y que influyen en la punibilidad; c) Verificar los daños causados por el delito; d) Es ésta etapa, el Ministerio Público actuará a través de sus fiscales; y, e) Todas las autoridades y funcionarios públicos están obligados a facilitarle el cumplimiento de sus funciones a los fiscales. La base legal de esta fase preparatoria, la contempla el Código Procesal Penal en su Capitulo IV, específicamente en los Artículos comprendidos del 309 al 323, así como el artículo 251 de la Constitución Política de la República. El primer artículo de los indicados establece: "En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones." Características: (Art. 314 CPP) Los actos de la investigación serán reservados para los extraños; • El cumplimiento de la anterior obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del Organismo Judicial (Arts. 54 y 55); El Ministerio Público podrá dictar las medidas para evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales; El Ministerio Público podrá disponer de reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo no mayor de diez días corridos;
• Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. Conclusión de la Fase Preparatoria: La terminación de esta fase preparatoria, se da en diversas formas, sin embargo, para efectos de estudio, conviene analizarla desde dos perspectivas jurídicas distintas, a saber: 1) En cuanto al plazo de substanciación de la fase de instrucción o preparatoria; y, 2) En cuanto a la forma procesal en que puede concluir esta fase preliminar. Que a su vez se clasifica en: 2.1) Acto conclusivo norma; y, 2.2) Actos conclusivos anormales: 2.2.1. Desestimación (solicitud de archivo); 2.2.2. Sobreseimiento; 2.2.3. Clausura Provisional; 2.2.4. Archivo. 1) En cuanto al plazo de substanciación de la fase procesal de instrucción o preparatoria: El Ministerio Público por mandato legal, debe agotar esta fase preparatoria dentro de los tres meses contados a partir del autor de procesamiento; pero en los casos de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento. Ahora bien, mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas,
la investigación no estará sujeta a dichos plazos (art. 334 Bis CPP) No obstante dicho plazo, debe substanciar lo antes posible las diligencias, procediendo con la celeridad que el caso requiera; lo que significa concluir esta fase de investigación en forma inmediata, no necesariamente hasta que concluyan los plazos citados. A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión de procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en el CPP. 2) En cuanto a la forma procesal en que puede concluir esta fase preliminar: 2.1. Acto conclusivo normal: Un acto conclusivo normal de la fase de investigación lo constituye la acusación, ya que ésta se da cuando en un proceso penal el resultado de la investigación es suficiente para que el Ministerio Público formule la acusación y pida que se abra a juicio penal contra el acusado ante el órgano jurisdiccional competente; Acusación: Una vez vencido el plazo de investigación, el MP a través de un fiscal formulara la acusación y pedirá la apertura a juicio (o, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme al CPP. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal.) Entonces, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener: 1) Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado; 2) La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica; 3) Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa; 4) La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables; 5) La indicación del tribunal competente para el juicio. El MP remitirá al juez de primera instancia, con la acusación, las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. 2.2. Actos Conclusivos Anormales: 2.2.1) La desestimación: Puede decirse que el desistimiento o desestimación es un acto conclusivo anormal, por medio del cual termina la fase preparatoria. Este se materializa cuando el Ministerio Público le solicita al Juez de Primera Instancia que se archiven las actuaciones, por cuanto que el hecho sujeto a investigación no es constitutivo de delito ni falta. (Ars. 310 y 311 CPP).
2.2.2) El Sobreseimiento: El sobreseimiento es la declaración de voluntad del Tribunal competente en virtud de la cual se declara terminada la instrucción preliminar sin que pueda iniciarse el proceso propiamente dicho, cuando se dan ciertas circunstancias establecidas en la ley. En tal sentido, el Código Procesal Penal, en el artículo 328, indica que corresponderá sobreseer en favor del imputado: 1) Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre al aplicación de una medida de seguridad y corrección; 2) Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. Valor y efectos del Sobreseimiento: el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueve persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que se le hubieren impuesto. (Art. 330 CPP). 2.2.3) Clausura Provisional: Los presupuestos que deben concurrir para decretar la clausura provisional son los siguientes: 1.Cuando no aparezca debidamente comprobada la perpetración del delito, pero existe motivos para esperar que aún pueda establecerse posteriormente; 2.Cuando resulte comprobada la comisión de un delito y no haya motivos bastantes para acusar a determinada persona. El Código Procesal Penal en el artículo 331 establece: "Clausura Provisional. Si no correspondiera sobreseer y los elementos de prueba resultaran insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación." Las condiciones requeridas para que se emita la clausura provisional en un proceso penal es clara en la legislación. Únicamente queda señalar que es el mismo Código que en el artículo 325 señala: "Sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder". Los presupuestos legales, facilitan la comprensión en el sentido de que la clausura provisional es otra de las formas en que momentáneamente puede finalizar la fase de investigación. 2.2.4) Archivo: La legislación adjetiva penal, incluye como forma de concluir la fase preparatoria, el archivo de las actuaciones. Lo cual también esta relacionado con el Articulo 310 de la desestimación que indica que: "El Ministerio Público solicitará al juez de primera instancia el archivo de la denuncia, la querella o la prevención policial, cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder. Si el Juez estuviera de acuerdo con el pedido de archivo, firme la resolución, el jefe del Ministerio Público decidirá si la investigación debe continuar a cargo del mismo funcionario o designará sustituto."
El Código Procesal Penal, también prescribe que esta forma de terminar la fase de investigación al regular en el artículo 327: "Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá, por escrito, el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados.
En este caso, notificará la disposición a las demás partes, quienes podrán objetarla ante el Juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El Juez podrá revocar la decisión, indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado." El efecto jurídico enunciado, más que tratar un archivo, pareciera aludir un caso típico de clausura provisional, situación que provoca confusión al interpretarse. Esa potestad que otorga la norma al Ministerio Público, de archivar las actuaciones, es antitécnica, por cuanto que a quien corresponde calificar el hecho, tipicidad, circunstancias y responsabilidad del delito es la órgano jurisdiccional, y no al ente oficial que ejerce la acción penal; de modo que no debería corresponder al Ministerio Público ordenar unilateralmente el archivo del expediente; pero de cualquier forma la misma norma señala que las partes que no estuvieran de acuerdo con ese archivo, pueden objetarlo ante el Juez que controla la investigación. 3. MEDIOS DE PRUEBA: 3.1. Concepto de Prueba: Prueba es todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso penal son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. La prueba es el único medio para descubrir la verdad y, a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Los artículos 181 y 183 del Código Procesal Penal señalan las características que debe tener la prueba para ser admisible: 1º Objetiva: La prueba no debe ser fruto del conocimiento privado del juez ni del fiscal, sino que debe provenir al proceso desde el mundo externo, siendo de esta manera controlada por las partes. Por ejemplo; si el juez conoce de un hecho relevante relacionado con el proceso a través de un amigo, no podrá valorarlo si no es debidamente introducido al proceso. El Código en su artículo 181 limita la incorporación de la prueba de oficio a las oportunidades y bajo las condiciones previstas por la ley. 2º Legal: La prueba debe ser obtenida a través de medios permitidos e incorporados de conformidad a lo dispuesto en la ley. 3º Util: La prueba útil será aquella que sea idónea para brindar conocimiento acerca de lo que se pretende probar. 4º Pertinente: El dato probatorio deberá guardar relación, directa o indirecta, con el objeto de la averiguación. La prueba podrá versar sobre la existencia del hecho, la participación del imputado, la existencia de agravantes o atenuantes, la personalidad del imputado, el daño causado, etc. 5º No Abundante: Una prueba será abundante cuando su objeto haya quedado suficientemente comprobado a través de otros medios de prueba. DISTINCION DE LA PRUEBA PROPIAMENTE DICHA: a) El Organo de Prueba: es aquella persona que actúa como elemento intermediario entre el objeto de prueba y el juez. Por ejemplo: en una declaración testimonial, el órgano de prueba es el testigo. b) Medio de Prueba: Es el procedimiento a través del cual obtenemos la prueba y la ingresamos al proceso. Por ejemplo: la declaración testimonial o un registro. c) Objeto de la Prueba: dentro los objetos de prueba se incluye tanto los hechos o circunstancias como los objetos (evidencias). Por ejemplo: un hecho (objeto) puede ser probado a través de un testimonio (medio) o una pericia balística (medio) puede realizarse sobre una pistola (objeto).
LA LIBERTAD PROBATORIA: En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento, contenido en el objeto del procedimiento y, por tanto, importante para la decisión final, puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba. Existe pues, libertad de prueba tanto en el objeto (recogido en el Código Procesal Penal en el artículo 182) como en el medio (Arts. 182 y 185 CPP). Sin embargo, este principio de libertad de prueba no es absoluto, rigiendo las siguientes limitaciones: 1ºEn cuanto al objeto se debe distinguir: a) Limitación genérica. Existen unos pocos hechos, que por expresa limitación legal, no pueden ser objeto de prueba; por ejemplo, no puede ser objeto de prueba la veracidad de la injuria (Art. 162 del Código Penal, con excepción del art. 414 del CP). Tampoco podría ser objeto de prueba el contenido de una conversación, sometida a reserva, entre un abogado y su cliente, sin la autorización de este último (Arts. 104 y 212 del CPP). b) Limitación específica. En cada caso concreto no podrán ser objeto de prueba hechos o circunstancias que no estén relacionados con la hipótesis que originó el proceso, de modo directo o indirecto (Prueba Impertinente). 2º En cuanto a los Medios: a) No serán admitidos medios de prueba que vulneren garantías procesales o constitucionales; b) El estado civil de las personas solo podrá probarse a través de los medios de prueba señalados en el Código Civil ( Art. 371 CC; 182 CPP) No existe una limitación general respecto a la prueba de aspectos íntimos de las personas. Si fuere pertinente, se podrá probar, por ejemplo, si hubo relaciones sexuales entre dos personas. El artículo 184 señala que no será necesario probar hechos que se postulen como notorios (por ejemplo, si en 1994 era Presidente de la República, Ramiro de León Carpio). Para ello, es necesario el acuerdo del tribunal y las partes, aunque el Tribunal de oficio puede provocar el acuerdo. LA CARGA DE LA PRUEBA: En el proceso civil rige, como norma general, el principio de carga de la prueba por el cual la persona que afirma un hecho debe probarlo. Sin embargo, esta regla no es válida para el proceso penal, por dos razones principales: 1.-En primer lugar hay que indicar que el imputado goza del derecho a la presunción de inocencia (Art. 14 de la Constitución y del CPP). Por ello las partes acusadoras han de desvirtuar la presunción, demostrando su teoría si quieren lograr la condena. Por su parte, la defensa no necesita desvirtuar las tesis acusadoras para lograr la absolución. Si por ejemplo, el imputado alega legítima defensa, no le corresponde a su abogado probar la existencia de la misma, sino que el fiscal tendrá que demostrar que su hipótesis es cierta y que no cabe la posibilidad de aplicar esta causa de justificación. 2.-En segundo lugar, el Ministerio Público está obligado a extender la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las de descargo (Art. 290 CPP). El Ministerio Público no actúa como un querellante y no tiene un interés directo en la condena; por lo tanto, si la defensa alega alguna circunstancia favorable, el fiscal deberá investigarla. Por todo ello, podemos afirmar que la carga de la prueba en el proceso penal no recae en quien alegue un hecho, sino en las partes acusadoras. LA PRUEBA ILEGAL:
Tradicionalmente se ha señalado que el fin del proceso penal es la búsqueda de la verdad histórica. Sin embargo, en un estado democrático este fin no es absoluto, está limitado. La barrera a esta búsqueda de la verdad está en el respeto a los derechos y garantías que otorga la Constitución y las leyes procesales. Por ejemplo, si la única manera de conocer la verdad es torturar a una persona, el Estado renuncia a conocer la verdad. No es un principio de un derecho penal democrático que la verdad deba ser investigada a cualquier precio. En el proceso penal, la búsqueda de la verdad se realiza a través de las pruebas. La prueba practicada en juicio es la que "dice" al tribunal como ocurrieron los hechos. Sin embargo, la prueba ilegal no podrá ser valorada. La ilegalidad de la prueba se puede originar por dos motivos. Por
obtención a través de un medio probatorio prohibido o por incorporación irregular al proceso (Art. 186 del CPP). La impugnación de la prueba ilegal tiene su procedimiento así como la subsanación de la misma: A) La prueba obtenida a través de medio prohibido: Cualquier prueba obtenida a través de un medio que vulnere garantías individuales constitucionalmente reconocidas deberá ser considerada ilegal. Dentro de los medios probatorios prohibidos tenemos que distinguir dos niveles: a.1. Medios probatorios con prohibición absoluta: Son aquellos medios probatorios que en ningún caso serán admisibles. Básicamente se refieren a aquellos medios que afecten a la integridad física y psíquica de la persona. Por ejemplo, nunca se podrá admitir una prueba obtenida bajo torturas o malos tratos. a.2. Medios probatorios que requieren de autorización judicial: Existen algunos medios de prueba que por afectar derechos básicos de las personas, sólo serán admisibles con orden de juez competente. Por ejemplo, los artículos 23 y 24 de la Constitución establecen la inviolabilidad de la vivienda, correspondencias, comunicaciones y libros, pero autoriza como excepción la afectación de este derecho con autorización judicial debidamente razonada. La prueba prohibida no podrá ser admitida ni valorada en el proceso. La prohibición de valoración no se limita al momento de dictar sentencia, sino también en las decisiones que se tomen a lo largo del proceso, como por ejemplo el auto de prisión preventiva. La prohibición de valoración de la prueba prohibida abarca tanto la obtenida directamente a través de violación constitucional como la prueba obtenida a consecuencia de dicha violación. Por ejemplo, no podrá valorarse la prueba de testimonio obtenida en tortura, pero tampoco podremos valorar el descubrimiento de objetos encontrados gracias a la confesión arrancada de aquella manera. Este planteamiento es conocido como la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que establece que toda prueba obtenida a partir de un medio de prueba prohibido es prohibida. Una excepción a este principio, se debe dar cuando la prueba obtenida favorece al reo. Por ejemplo, una escucha telefónica ilegal que demuestra que el reo es inocente. La prohibición de valoración de la prueba prohibida y sus efectos, es la única manera de hacer operativas en el proceso penal las garantías constitucionales. No tiene sentido prohibir una acción, pero si admitir sus efectos. El fiscal al realizar su investigación, al formular sus hipótesis y al plantear la acusación, tendrá que valorar la legalidad de la prueba practicada. Si éste análisis da como resultado que existen pruebas ilegales, deberán ser desechadas y no podrán ser utilizadas en sus fundamentaciones.
La prueba incorporada irregularmente al proceso: La incorporación de la prueba al proceso deberá hacerse respetando las formalidades exigidas por la ley. El Código Procesal Penal detalla en su articulado una serie de requisitos formales necesarios para incorporar la prueba al proceso. Estas formalidades son indispensables para asegurar la veracidad de la prueba obtenida y el derecho de defensa. Por ejemplo, el artículo 246 establece un procedimiento en el reconocimiento de personas que deberá respetarse para que la prueba sea legal o los artículos 317 y 318 que exigen la presencia de la defensa en las pruebas anticipadas. La inobservancia de las formalidades exigidas por la ley impedirá la valoración de las pruebas obtenidas (Art. 281). Por ello, el Ministerio Público tendrá que ser muy cuidados durante la etapa de investigación en realizar las diligencias probatorias respetando las formalidades exigidas por la ley. De lo contrario, se podrán perder medios probatorios de suma importancia, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pueda incurrir el funcionario por su actuar doloso o negligente. C) La impugnación de la prueba ilegal: Para impugnar actividades procesales defectuosas, muchos códigos recurren a incidentes de nulidad y otras formas semejantes. Sin embargo, aunque aparentemente se protejan mejor los fines del proceso de esa manera, en la práctica son usados como tácticas dilatorias. Por ello el Código PP optó por regular con precisión la invalorabilidad de la información en su artículo 281. De este modo, la invalidez de la información se asocia a la decisión en concreto en donde iba a ser utilizada, lográndose el mismo control y favoreciendo la celeridad procesal. Las partes deberá protestar, ante el juez, el defecto mientras se cumple el acto o justo después de realizado, salvo que no hubiese sido posible advertir oportunamente el defecto, en cuyo caso se reclamará inmediatamente después de conocerlo (Ar. 282). Sin embargo, cuando el defecto vulnere el derecho de defensa u otras garantías constitucionales, no será necesaria protesta previa e incluso el juez o tribunal podrá advertir el defecto de oficio. La impugnación podrá presentarse verbalmente si el conocimiento se tiene en audiencia o por escrito. En cualquier caso, el fiscal debe requerir al juez que motive la negativa a su petición. Debemos advertir que el Código en su artículo 14 recoge como regla general la interpretación extensiva del ejercicio de las facultades de defensa por parte del imputado. En resumen, la defensa va a tener bastante libertad para impugnar pruebas ilegales. Todo ello, unido a la obligación que tiene el fiscal de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (Art. 1 LOMP) hace que el Ministerio Público deba ser extremadamente cauteloso en respetar las exigencias legales y constitucionales al reunir las pruebas y deberá rechazar cualquier prueba ilegal. D) La subsanación de la prueba ilegal: La subsanación es un mecanismo a través del cual se corrige la actividad procesal defectuosa, incluyendo la actividad probatoria. Lo que en realidad se hace es recuperar información que inicialmente fue obtenida de un modo viciado. Siempre que sea posible, los defectos se tendrán que subsanar, aún de oficio. No obstante, tal y como señala el Artículo 284 en su parte final, la subsanación no puede ser excusa para retrotraer el proceso a etapas ya precluidas, salvo que el Código lo señale expresamente (por ejemplo, en uno de los efectos de la apelación especial, indicado en el artículo 421 = "...Si se trata de motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija..."). No siempre la prueba incorporada irregularmente al proceso o la prueba obtenida a través de un medio prohibido podrá ser subsanada. Por ejemplo, un reconocimiento de personas en el que sólo se ponga al imputado a la vista del testigo. En ese caso, la prueba ya está viciada y es imposible repetirla o corregirla, ya que el testigo ha visto al imputado y está condicionado. El artículo 283 indica que la subsanación podrá realizarse a través de la renovación del acto, la rectificación del error o cumpliendo el acto omitido.
En los casos de pruebas obtenidas a través de medios prohibidos, la subsanación solo podrá darse a través de la renovación del acto, si éste fuere posible. Por ejemplo, si un testigo declaró bajo tortura, se podrá repetir el interrogatorio respetando las garantías constitucionales y asegurando que la declaración será libre. Esta última declaración será la única que pueda valorarse. En estos casos no podrá subsanarse a través de la rectificación del error o cumpliendo el acto omitido. Por ejemplo, un allanamiento en dependencia cerrada sin orden judicial y sin darse ninguna de las excepciones del artículo 190, no podrá ser subsanado obteniendo posteriormente la autorización. En cuanto a la subsanación de pruebas incorporadas incorrectamente al procedimiento, no hay una regla general, sino que en cada caso habrá que analizar si la renovación o rectificación no van a desvirtuar la prueba o van a afectar el derecho de defensa. El juez tendrá que ser muy cuidadoso para evitar que la subsanación se convierta en un "maquillaje estético" de la prueba viciada. Dentro de las formalidades que exige la ley, no todas tienen el mismo valor. Será más fácil subsanar un acta en la que haya un error en la fecha que una prueba anticipada que se haya practicado sin haberse citado a la defensa. EL ANTICIPO DE PRUEBA: La etapa fundamental del proceso es el debate. En él se van a practicar todos los medios de prueba, para que el tribunal de sentencia los pueda apreciar en su conjunto y valorarlos conforme a la sana critica para llegar así a una decisión en la sentencia. La única prueba válida es la practicada en el juicio oral. Los elementos de prueba que se reúnen durante la etapa preparatoria no tienen valor probatorio para fundar la sentencia. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, no va a ser posible esperar hasta el debate para producir la prueba, bien porque la naturaleza misma del acto lo impida (reconocimiento de personas) o porque exista un obstáculo difícil de superar para que la prueba se reproduzca en el debate (ejem.: el testigo que se encuentra agonizando). Por ello, el Código Procesal Penal, crea un mecanismo para darle valor probatorio a estos actos definitivos e irreproducibles.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 317 cuando sea necesario el anticipo de prueba, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación para que lo realice. Si el juez lo considera admisible citará a las partes, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto a su intervención en el debate. Durante la investigación, el anticipo de prueba o judicación es competencia del juez de primera instancia (Art. 308). Obviamente en algunos casos, por la naturaleza misma del acto, la citación anticipada puede hacer temer la pérdida de elementos de prueba. Por ejemplo, un registro en el domicilio del imputado. En esos casos el juez deberá practicar la citación de tal manera que no se vuelva inútil la práctica de la prueba. En aquellos casos en los que no se sepa quien es el imputado o en casos de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y éste practicará el acto, citando a un defensor de oficio para que controle el acto. Incluso en caso de peligro inminente de pérdida del elemento probatorio, el juez podrá practicar la diligencia de oficio. (art. 318 CPP). Una vez convalidada la prueba anticipada y convenientemente registrada, se incorporará directamente a juicio mediante la lectura del acta. En cualquier caso, el uso de la prueba anticipada ha de ser excepcional y el Ministerio Público tan sólo recurrirá a este mecanismo cuando sea imposible la reproducción en juicio. De lo contrario estaríamos volviendo al sistema inquisitivo de prueba escrita y desvirtuaríamos la naturaleza del debate.
Objetivos de los Medios de Prueba: (como ya se vio, es la averiguación de la verdad, por cualquier medio permitido por la ley). 3.2. Medios de Prueba admitidos por nuestra ley: Inspección y Registro: Este medio de prueba procede: "Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro, con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los participes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar al anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento; análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habite el lugar donde se efectúa, presenciar la inspección o, cuando estuviere ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmada por todos los concurrentes; si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón." (Art. 187 del C.P.P.). La inspección y el registro se podrán llevar a cabo a la fuerza se hubiere oposición (art. 188 = Facultades coercitivas.) El horario para practicar tales diligencias no puede realizarse antes de las seis ni después de las dieciocho horas. (Art. 189 CPP y 23 de la Consti.) Para el allanamiento a dependencia cerrada de una morada o de una casa de negocio o recinto habitado, se requerirá orden escrita del juez, salvo en casos de riesgo previstos en la ley (art. 190 CPP). Se puede practicar el reconocimiento corporal o mental del imputado. (Art. 194). Documentos y Correspondencia: Entrega de cosas y secuestro. Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Quien los tuviera en su poder estará obligado a presentarlos y entregarlos a la autoridad requeriente. Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro. (Art. 198)", con las salvedades de ley. Devolución. Las cosas y los documentos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o embargo serán devueltos, tan pronto como sea necesario, al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. La devolución podrá ordenarse provisionalmente, como depósito e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. Si hubiere duda acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo se instruirá un incidente separado, aplicándose las reglas respectivas de la LOJ. (Art. 202 CPP). Secuestro de Correspondencia. Cuando sea de utilidad para la averiguación se podrá ordenar la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica y teletipográfica y los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aunque sea bajo un nombre supuesto, o de los que se sospeche que proceden del imputado o son destinados a él. (Artículo 203 del CPP, al cual le fue derogada la segunda parte). Apertura y examen de la correspondencia. Recibida la correspondencia o los envíos interceptados, el tribunal competente los abrirá, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por si el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el procedimiento, ordenará el secuestro. En caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario y, de no ser ello posible, a su representante o pariente próximo, bajo constancia. (Art. 204. del CPP. Hasta aquí lo relativo, al capítulo relativo a la prueba). Documentos y elementos de convicción. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándolos a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que controla la investigación; si fueren útiles par la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos. Durante el procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y al presencia en el acto de las partes, en la medida imprescindible para garantizar el derecho de defensa. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el deber de guardar secreto sobre ellos. (Art. 244 del CPP). El desarrollo del Juicio Oral o Debate, después de los peritos y testigos: Otros Medios de Prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, según la forma habitual...". (Art. 380 del CPP). Declaración del Imputado: Declaración Libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal, le advertirá claramente y precisamente, que puede responder o no con toda libertad a las preguntas. (Art. 16 CPP y 16 CPRG). Advertencias Preliminares. Antes de comenzar las preguntas se comunicará detalladamente al sindicado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida; su calificación jurídica provisional; un resumen de los elementos de prueba existente, y las disposiciones penales que se juzguen aplicables. Se le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. En la declaración que presente durante el procedimiento preparatorio será instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud de a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho. (Art. 81 CPP). Desarrollo. Se le "invitará" al sindicado a dar sus datos de identificación personales; residencia, condiciones de vida, si ha sido perseguido penalmente, porqué causa y cual fue la sentencia. En las declaraciones posteriores bastará que confirme los datos ya proporcionados. Inmediatamente después, se dará oportunidad para que declare sobre el hecho que se le atribuye y para que indique los medios de prueba cuya práctica considere oportuna; asimismo, podrá dictar su propia declaración. Luego podrán hacerle preguntas el MP, el defensor y el juez o miembros del tribunal. (Art. 82 del CPP). Durante el procedimiento preparatorio se le comunicará el día y hora en que se le tomará declaración al sindicado (Art. 84) Métodos prohibidos... El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. (Art. 85 CPP). Interrogatorio. Las preguntas serán claras y precisas; no están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente. (Art. 86 CPP).
Oportunidad y autoridad competente. Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de veinticuatro horas a contar desde su aprehensión. El juez proveerá de los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el Debate, la declaración se recibirá después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales. Para tal efecto, el Presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar, etc. (370 del CPP). El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como procedimiento dilatorio o perturbador. Durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público. La policía sólo podrá dirigir al imputado preguntas para hacer constar su identidad y a hacerle saber sus derechos (88 CPP). El sindicado también podrá hacerse auxiliar de un traductor (Art. 90 del CPP). Testimonios: Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial, lo que implica exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación y, el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma (art. 207 del CPP). La obligación anterior y la de comparecer en forma personal, tiene excepciones. Así por ejemplo, no están obligados a comparecer en forma personal los presidentes y vicepresidentes de los organismos del Estado, los ministros de Estado, los diputados titulares, magistrados de la CSJ, de la CC y del TSE y los funcionarios judiciales de superior categoría a la del juez respectivo; ni los diplomáticos acreditados en el país, salvo que deseen hacerlo.(Art. 208 CPP). Y no están obligados a prestar declaración; los parientes, el defensor abogado o mandatario de del imputado que por razón de su calidad deban mantener un secreto profesional y los funcionarios públicos que por razón de oficio deban mantener secreto, salvo autorización de sus superiores. (Art. 212, 223 CPP y 16 C.P.R). Quienes no están obligados de asistir personalmente, declararán mediante informe escrito. (209 CPP) incluso podrán ser interrogadas en su domicilio quienes no puedan asistir por impedimento físico o cuando se trate de personas que teman por su seguridad personal o por su vida o en razón de amenazas, intimidaciones o coacciones (idem). La citación para declarar la hará el Juez o el Ministerio Público a través de la Policía, con indicación del tribunal o funcionario ante el cual deberá comparecer, motivo de la citación, identificación del procedimiento, fecha y hora en que se debe comparecer, con la advertencia que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública y consiguientes responsabilidades (Art. 173 CPP). La citación en casos de urgencia podrá hacerse verbalmente o por teléfono (Art. 124) No obstante, si la citación de que se trate no consta expresamente el objeto de la diligencia, no es obligatoria la comparecencia (Art. 32 Constitución). Al testigo se le protesta decir la verdad en forma solemne: "¿ Promete usted como testigo decir la verdad, ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? y el testigo tiene que responder: «Si prometo decir la verdad» (Art. 219 CPP). En el acto, el testigo debe presentar el documento que lo identifique legalmente, o cualquier otro documento de identidad; en todo caso, se recibirá su declaración, sin perjuicio de establecer con posterioridad su identidad si fuere necesario (Art. 220 CPP). La negativa del testigo a prestar protesta de conducirse con la verdad, será motivo para iniciar persecución penal en contra de su persona (221 cpp), sin embargo, no deberán ser protestados los menores de edad y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o participes del delito (222 CPP). En el Debate, inmediatamente después de escuchados los Peritos, el presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno. Comenzando con los que hubiere ofrecido el MP; continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado, aunque dicho orden lo podrá alterar el presidente del tribunal cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. En el debate, antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre si, ni con otras personas, ni ver, oír, o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de declarar, el Presidente dispondrá si continúan en antesala. También si fuera imprescindible, el Presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. (Art. 377 del CPP). El Presidente del Tribunal, después de interrogar al testigo sobre su identidad personal y la correspondiente protesta, concederá la palabra al testigo para que informe todo lo que saber acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato o si no hubiera tal, el Presidente concederá la palabra el que propuso al testigo para que lo interrogue, luego a las demás partes en el orden que estime conveniente y, por último, los miembros del tribunal podrán interrogarlo con el fin de conocer circunstancias de importancia para el éxito del juicio. Los testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de la noticia, designando con la mayor precisión posible a los terceros que la hubieran comunicado. El Presidente del Debate moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiéndolo inmediatamente el tribunal. (Art. 378 CPP). Peritación: La pericia es le medio probatorio mediante el cual se busca obtener para el proceso, una dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útiles para el descubrimiento o valoración de un medio de prueba. El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación, a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. (Art. 225 CPP). Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Por obstáculo insuperable para contar con el perito habilitado en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. (art. 226 del CPP). El cargo de perito es obligatorio, salvo legítimo impedimento, lo que incluye las causales de excusa y recusación. (228-9). Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos (ver testigos). Los peritos deben emitir un dictamen por escrito, firmado y fechado y oralmente en la audiencia, que será fundado y contendrá relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial de manera clara y precisa. (234 CPP). En el Debate, después de la declaración del acusado, el Presidente procederá a leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieren sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. (Art. 375-6 CPP). El Presidente, después de interrogar al perito sobre su identidad personal y las circunstancias generales para valorar su declaración lo protestará formalmente, en la misma forma que a los testigos. Y al final el perito expresará la razón de su información. Al igual que al testigo si el perito no comparece después de haber sido citado legalmente, el Presidente podrá disponer su conducción por la fuerza pública. (378-9 CPP). Peritaciones Especiales: Según la estructura del Código Procesal Penal, se consideran peritaciones especiales: a) Autopsia; b) Peritación en delitos sexuales; c) Cotejo de Documentos; y, d) La traducción o labor de un interprete. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenarán la practica de la autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el juez, bajo su responsabilidad podrá ordenar la inhumación, sin autopsia, en casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte. (238 CPP). En casos de señales de envenenamiento, se harán exámenes de laboratorio. (240 CPP). La peritación en delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta su consentimiento, y, si fuere menor de edad, con el consentimiento de sus padres o tutores, de quien tenga la guarda o custodia o, en su defecto, del Ministerio Público. (Art. 241 CPP). Para el examen y cotejo de un documento, el tribunal dispondrá la obtención o presentación de escrituras de comparación. Los documentos privados se utilizarán si fueren indubitados, y su secuestro podrá ordenarse, salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. También podrá el tribunal disponer que alguna de las partes escriba de su puño y letra en su presencia un cuerpo de escritura. De la negativa se dejará constancia. (Art. 242 del CPP). Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público, durante la investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación. Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezcan la traducción o interpretación oficial. (Art. 243 CPP). Reconocimientos e Informes:
Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándolos a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que controla la investigación; si fueren útiles par la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos. Durante el procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y al presencia en el acto de las partes, en la medida imprescindible para garantizar el derecho de defensa. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el deber de guardar secreto sobre ellos. (Art. 244 del CPP). Reconocimiento de cosas. Las cosas que deban ser reconocidas serán exhibidas en la misma forma que los documentos. (249 CPP). Cuando fuere necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento en fila de personas, la que se practicará desde lugar oculto, incluso si el imputado no pudiera ser presentado por causas justificadas a criterio del tribunal, se podrá utilizar su fotografía y otros registros. Asimismo, este reconocimiento puede ser por varias o de varias personas, siguiendo las reglas que establece el CPP (Arts. 246 y 247 Los tribunales y el Ministerio Público podrán requerir informes sobre datos que consten en registros llevados conforme a la ley. Los informes se solicitarán indicando el procedimiento en el cual son requeridos, el nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas por el incumplimiento del que debe informar. Careo: El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso, cuando sus declaraciones discrepen sobre hechos o circunstancias de importancia. Al careo con el imputado podrá asistir su defensor. Los que hubieren de ser careados prestarán protesta antes del acto, a excepción del imputado. El acto del careo comenzará con la lectura en alta voz de las partes conducentes de las declaraciones que se reputen contradictorias. Después, los careados serán advertidos de las discrepancias para que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. En cada careo se levantará acta en la que se dejará constancia de las ratificaciones, reconvenciones y otras circunstancias que pudieran tener utilidad para la investigación. (Arts. 250 al 253 del CPP). 4. MEDIDAS DE COERCION. 4.1. Coerción personal del Imputado: Concepto: Las medidas de coerción personal son aquellos medios de restricción al ejercicio de derechos personales del imputado impuestos durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley substantiva al caso concreto. Son medios jurídicos de carácter cautelar o temporal de los que dispone el órgano jurisdiccional, para poder legalmente vincular al proceso penal a la persona sindicada de la comisión de un delito. Si se aprehende a una persona y se le aplica prisión preventiva o detención, esto constituye una medida coercitiva personal o directa, ya que es una limitación que se impone a la libertad del imputado para asegurar la consecución de los fines del proceso. Fines: Garantizar que el imputado no evada su responsabilidad, en caso de obtener una sentencia de condena. Estas medidas deben interpretarse siempre en forma restringida, y aplicarse en forma excepcional contra el sindicato, ya que en las ocasiones en que el juzgador las dicte, será porque en efecto es indispensable vincular al imputado al proceso, para evitar que éste se fugue, o en su caso, que exista peligro de obstaculización de la verdad y sólo debe decretarse cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. La detención provisional tiene como fin asegurar que el imputado no burle el cumplimiento de la ley, ya sea, obstaculizando la verdad del hecho, o bien a través de una posible fuga, o que haga desaparecer los vestigios y evidencias de la escena del crimen, o intimidar a los testigos, por ejemplo. 4.2. Presentación espontánea: La ley dice que quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público, pidiendo ser escuchado. (Art. 254). 4.3. Aprehensión: La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediatamente del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. (Art. 257 del CPP). El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva. En estos casos el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención o del encargado de su custodia. (Art. 258 CPP). Formas y casos: Como ya se vio en la definición legal anterior las formas son dos: a) en el momento de la comisión del delito; b) y posteriormente a su comisión existiendo continuidad en la persecución. Los casos serían cuando hay delito flagrante y cuando hay orden de juez competente para la detención. Detención: En los casos en que el imputado se oculte o se halle en situación de rebeldía, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su detención. Si ya hubiere sido dictada la prisión preventiva, bastará remitirse a ella y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento. (Art. 266 del CPP). De la definición anterior, se desprende que la detención es una medida coercitiva personal que consiste en la privación de la libertad de una persona, contra quien existe presunción de responsabilidad de la comisión de un delito. A esta persona se le priva momentáneamente de su libertad con el fin de ponerla a disposición del tribunal competente, asegurándola para los fines del mismo y para una eventual prisión preventiva. Podemos decir entonces que los presupuestos procesales para que el Juez ordene la detención cuando la persona a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo se oculte o se halle en situación de rebeldía. (Véase art. 79 CPP). 4.4. Prisión Preventiva: La prisión preventiva es el encarcelamiento de una persona para asegurar que comparezca al juicio, que la pena será cumplida, y que en una y otra circunstancia no se verán frustradas por una eventual fuga del imputado u obstaculización de la verdad del hecho. "A ninguno escapa la gravedad del problema que presenta esta medida coercitiva, ya que la utilización de la prisión preventiva contra el imputado en el proceso penal moderno, se interpreta como una pena anticipada, más aún en un país donde el sistema inquisitivo cobró su máxima manifestación durante muchos años... la privación de libertad del imputado, durante la substanciación del proceso penal, se caracteriza por vulnerar garantías procesales, ya que no debe ser aplicada al imputado, quien hasta ese momento es inocente. En ese sentido vale decir que la sentencia de condena, pronunciada por un Juez, o tribunal competente, es el único título legítimo que el Estado puede exhibir para aplicar una pena de prisión, restringiendo el derecho de libertad personal del imputado... No obstante lo expuesto, se debe aceptar que la presión preventiva es un instituto procesal reconocido por el régimen guatemalteco, sustentado en el artículo 13 de la Constitución Política de la República, que establece: «No podrá dictarse auto de prisión, sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.»" (Par Usen) Sustanciación: Esta medida a la que también se le denomina auto de presión, esta contemplada en el Artículo 259 del Código Procesal Penal que establece: "Prisión Provisional. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en el. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso." El artículo subsiguiente establece los requisitos que ha de contener el auto de prisión dictado por el juez competente; luego, el artículo 261 prescribe los casos de excepción, en el sentido de que en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, asimismo de que no se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción. Inmediatamente después en los artículos 262 y 263 se establecen los parámetros para determinar cuando hay peligro de fuga y cuándo peligro de obstaculización, respectivamente. 4.5. Medidas Sustitutivas de la Prisión Provisional: El gran porcentaje de población carcelaria que aumenta en los centros penitenciarios, casi todos a la espera de una decisión que ponga fin a su situación de incertidumbre, las condiciones en que se cumple el encarcelamiento, su duración injustamente prolongada y su utilización como anticipo de condena, son viejos problemas que a pesar de evidenciar una ilegalidad contra los derechos individuales del imputado, aún no ha encontrado solución en nuestros tiempos. Por aquellas razones, en la actualidad existe en el Derecho Penal y Procesal Penal moderno una corriente doctrinaria orientada a través de una política criminal, que tiende a extinguir completamente la aplicación de las medidas coercitivas que limiten la libertad del imputado. De tal suerte que se han creado medios alternativos o medidas sustitutivas a la prisión preventiva; estos mecanismos jurídicos apuntan a disminuir la actuación represiva del Estado, dignificando al delincuente, quien es el que soporta la enfermedad grave del encierro humano.
Hace mucho tiempo que se hablaba de sustitutivos penales. Enrico Ferri señaló que para prevenir los delitos es preciso que existan sustitutivos penales o equivalente de pena, orientaciones que permitan guiar la actividad humana a través de propuestas para un orden económico, político, científico, civil, religioso, familiar y educativo. Para menguar la criminalidad en toda la ciudadanía. En ese orden de ideas, la descrimininalización y despenalización son procesos necesarios para dejar la pena privativa de libertad como última razón y usar la fórmula de vaciamiento de las prisiones, considerando que raramente la prisión cura, sino que por el contrario, corrompe, y ni a la larga se constituye en un amparo contra la criminalidad; donde existe la promiscuidad, ociosidad, superpoblación y ningún esfuerzo por la superación o resocialización del hombre penado. No obstante el ius imperium del Estado para defender a la colectividad del crimen, existe el principio de excepcionalidad al encarcelamiento preventivo, en aquellos casos que no haya peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad. De tal manera que las medidas sustitutivas son alternativas o medios jurídicos procesales, de los que dispone el órgano jurisdiccional para aplicar el principio de excepcionalidad en el proceso penal, limitando todo tipo de medida coercitiva que restrinja la libertad del sindicado, haciendo patente, los derechos y garantías constitucionales del imputado. De conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal, se establece que: "Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes: 1) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga; 2) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe; 3) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe; 4) La prohibición de salir sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal; 5) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; 6) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 7) La presentación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación. En casos especiales, se podrán también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento basta para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumerada anteriormente en procesos instruidos contra reincidente o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y hurto agravado. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado." Artículo 264 Bis. Arresto Domiciliario en Hechos de Tránsito. Creado por el Decreto 32-96 el cual queda así. Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario. Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un Notario, Juez de Paz o por el propio jefe de Policía que tenga conocimiento del asunto; estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. El interesado podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. En el acta deberán hacerse constar los datos de identificación personal tanto del beneficiado como de su fiador, quienes deberán identificarse con su cédula de vecindad o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos. El Juez de Primera Instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida, pudiendo ordenar la sustitución de la misma por cualquiera de las contempladas en el artículo anterior. No gozará del beneficio la persona que en el momento del hecho se encontrare en alguna de las situaciones siguientes: 1) En estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o estupefacientes. 2) Sin licencia vigente de conducción. 3) No haber prestado ayuda a la víctima, no obstante de haber estado en posibilidad de hacerlo. 4) Haberse puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento. En los casos en los cuales el responsable haya sido el piloto de un transporte colectivo de pasajeros, escolares o de carga en general cualquier transporte comercial, podrá otorgársele este beneficio, siempre que se garantice suficientemente ante el Juzgado de Primera Instancia respectivo, el pago de las responsabilidades civiles. La garantía podrá constituirse mediante primera hipoteca, fianza prestada por entidad autorizada para operar en el país o mediante el depósito de una cantidad de dinero en la Tesorería del Organismo Judicial y que el juez fijará en cada caso. Artículo 265. Acta. Previo a la ejecución de estas medidas, se levantará acta, en la cual constará: 1) La notificación al imputado. 2) La identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función o de la obligación que les ha sido asignada. 3) El domicilio o residencia de dichas personas, con indicación de las circunstancias que obliguen al sindicado o imputado a no ausentarse del mismo por más de un día. 4) La constitución de un lugar especial para recibir notificaciones, dentro del radio del tribunal. 5) La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones. En el acta constarán las instrucciones sobre las consecuencias de la incomparecencia del imputado. 4.6. Causiones: Son medidas de coerción personal o actos cautelares de restricción al ejercicio patrimonial, limitando la disposición sobre una parte de su patrimonio del imputado impuestos durante el curso de un proceso penal, tendientes a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley substantiva al caso concreto. Son medios jurídicos de carácter cautelar o temporal de los que dispone el órgano jurisdiccional, para poder legalmente vincular al proceso penal a la persona sindicada de la comisión de un delito. Formas: Ya vimos que las medidas de coerción personal se clasifican en personales y reales; siendo las personales las que abordamos en el apartado anterior. En tanto que las medidas de coerción real son aquellas que recaen sobre el patrimonio del imputado, entre ellas pueden citarse: el embargo y el secuestro. Pero ambas medidas tienen una misma finalidad, la cual consiste en garantizar la consecución de los fines del proceso los que pueden afectar, como ya se vio, al imputado o a terceras personas. Sustanciación: Ya vimos en la anterior medida de coerción que conforme el Artículo 264 del Código Procesal Penal, se establece que: "Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes: 1) ... 7) La presentación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación..." También que previo a la ejecución de este tipo de medidas sustitutivas, se levantará un acta con los requisitos del artículo 265. Y en la sustanciación también: "Artículo 269. Cauciones. El tribunal, cuando corresponda, fijara el importe y la clase de caución, decidirá sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de las circunstancias del caso. A pedido del tribunal, el fiador justificará su solvencia. Cuando la caución fuere prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente por el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de exclusión, la suma que el tribunal haya fijado. El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa autorización del tribunal." 4.7. Coerción Patrimonial: (ver apartado que antecede) Concepto:(idem) Clases: Embargo y secuestro. Embargo: El embargo es el acto de coerción real por el cual se establece la indisponibilidad de una suma de dinero y otros bienes determinados (muebles o inmuebles) con el fin de dejarlos afectados al cumplimiento de las eventuales consecuencias económicas que pudieran surgir de la sentencia
(pena pecuniaria, indemnización civil y costas). Tal cumplimiento se llevará a cabo por el simple traspaso de lo embargado (si se tratara de dinero) o por su previa conversión en dinero mediante la ejecución forzada (si se tratara de otros bienes). También se puede entender como un acto cautelar consistente en la determinación de los bienes que han de ser objeto de la realización forzosa, de entre los que posee el imputado o el responsable civil, en su poder o en el de terceros, fijando su sometimiento a la ejecución futura, que tiene como contenido una intimación al sujeto pasivo que se abstenga de realizar cualquier acto dirigido a sustraer los bienes determinados y sus frutos a la garantía de las responsabilidades pecuniarias. Esta medida únicamente puede ser decretada o ampliada por un Juez competente; ahora bien, según el Código Procesal Penal, puede en ciertos casos excepcionalmente ser decretada por el Ministerio Público, caso en el cual deberá solicitar inmediatamente la autorización judicial, debiendo consignar las cosas o documentos ante el tribunal competente. El Artículo 278 del Código Procesal Penal, prescribe: "...Remisión. El embargo y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el Artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Sólo serán recurribles, cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé." Secuestro: El secuestro consiste en la aprehensión de una cosa por parte de la autoridad judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica que es la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal. La ocupación de cosas por los órganos jurisdiccionales, durante el curso del procedimiento, puede obedecer a la necesidad de preservar efectos que puedan ser sujetos a confiscación, cautelando de tal modo el cumplimiento de esta sanción accesoria en caso de que proceda. También puede obedecer a la necesidad de adquirir y conservar material probatorio útil a la investigación. Precisa indicar que el secuestro es un acto coercitivo, porque implica una restricción a derechos patrimoniales del imputado o de terceros, ya que inhibe temporalmente la disponibilidad de una cosa que pasa a poder y disposición de la justicia. Limita el derecho de propiedad o cualquier otro en cuya virtud el tenedor use, goce o mantenga en su poder al objeto secuestrado. Otro aspecto que merece destacarse es que únicamente se puede secuestrar cosas o documentos objetivamente individualizados, aunque estén fuera del comercio. El fin de esta medida apunta a un desapoderamiento de objetos, bien del propietario o de tercera persona, con los fines de aseguramiento de pruebas, evidencias, recuperación de objetos de delito, si se trata de los relacionados con el delito. Y también como complemento del embargo, con el fin de poner los bienes embargados en efectivo poder del depositario nombrado. El secuestro puede terminar antes de la resolución definitiva del proceso o después. Puede cesar antes cuando los objetos sobre los cuales recayó dejaron de ser necesarios, sea porque se comprobó su desvinculación con el hecho investigado, o porque su documentación (copias, reproducciones, fotografías) tornó innecesaria su custodia judicial. Pero si tales efectos pudiesen estar sujetos a confiscación, restitución o embargo, deberá continuar secuestrados hasta que la sentencia se pronuncie sobre su destino. Fuera de este caso, las cosas secuestradas serán devueltas a la persona de cuyo poder se sacaron, en forma definitiva o provisionalmente en calidad de depósito, imponiéndose al depositario el imperativo de su exhibición al tribunal si éste lo requiere. Las cosas secuestradas pueden ser recuperadas de oficio o a solicitud de parte, antes de dictarse la sentencia o al dictarse la misma; si hay revocación de prisión preventiva o sobreseimiento, o bien por la obtención de una sentencia absolutoria, respectivamente y según el caso. El Código Procesal Penal, regula en el Artículo 198: "Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Quien los tuviera en su poder estará obligado a presentarlos y entregarlos a la autoridad requiriente. Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro." 4.8. Revisión de las Medidas de Coerción Personal: De conformidad con la ley, la revisión de las medidas de coerción personal, se podrá hacer de la manera siguiente: "Artículo 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio." "Artículo 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y sus defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquiera otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria." X. IMPUGNACIONES. Genericamente hablando, los medio de impugnación de los actos procesales son los recursos. Realizado el acto, la parte agraviada por él tiene dentro de los límites que la ley le confiera, poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación. En el código en materia de recursos únicamente se regularon los recursos de reposición, aclaración y ampliación, apelación y casación. En caso de denegatoria de la apelación se podrá recurrir de queja al tribunal correspondiente. También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad de conformidad con lo establecido por el artículo 127.3 Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario. Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, las partes entre las cuales se entienden incluidos los terceros que intervengan en el proceso y sus sucesosres. (245, 246, 247. RECURSO DE QUEJA. El recurso de queja es una recurso ordinario, devolutivo, que en el ámbito civil viene concebido en función de otro recurso, al objeto de evitar que el tribunal "ad quem" no tenga conocmiento de una impugnación planteada ante el tribunal "a quo". Es por lo tanto un recurso instrumental que persigue la admisión o preparación de otro recurso. En el ámbito civil existen dos clases o tipos de recursos de queja; 1. Contra la inadmisión del recurso de apelación y 2. Contra la inadmisión del recurso de casación. MEDIOS DE IMPUGNACION RECURSO DE REPOSICION RECURSO DE APELACION IDEAS GENERALES: El art. 245 del Anteproyecto de Código General Procesal, establece, con carácter general, que todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario. Omite el texto referido cualquier referencia a que la resolución a impugnar sea desfavorable a la parte que recurre para que ostente la correspondiente legitimación. Sin embargo, tal requisito, recogido en otras legislaciones (art. 448 de la LEcivil española de 7/1/2000), pudiera deducirse, analógicamente, del art. 11.1, cuando habla de interés legítimo, pudiendo aplicarse por el tribunal de apelación en la decisión anticipada a que se refiere el art.216, para rechazar impugnaciones carentes de justificación conforme al art. 50.j. CLASES DE RECURSOS Bajo la rúbrica de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, los arts. 245 y siguientes, regulan los siguientes recursos: Recursos de aclaración y ampliación Recurso de reposición Recurso de apelación Recurso de queja por inadmisión de la apelación Recurso de casación También se añade en el art. 247.2, como medio impugnativo, el incidente de nulidad, estudiado en otra jornada de este Seminario. RECURSOS DE AMPLIACION Y ACLARACION Su finalidad es corregir errores materiales, suplir deficiencias de la resolución, aclarar algún concepto oscuro o ampliar la resolución pronunciándose el tribunal sobre algún punto esencial omitido. Estos recursos caben contra toda clase de resoluciones judiciales (Decretos, autos y sentencias) Su resolución es por medio de auto, a partir de cuya notificación se computarán los plazos para la interposición de otros recursos. RECURSO DE REPOSICION: Es un recurso no devolutivo que cabe interponer contra providencias y autos. Se establece, a diferencia de los anteriores, que ha de darse traslado a las otras partes, y que contra el auto que lo resuelva no cabrá recurso alguno (art.251). Dicha prescripción limitativa, sin embargo, entendemos ha de aplicarse a los supuestos en que el agravio pueda reclamarse a través del recurso contra la resolución que ponga término al proceso, pero no a los casos en que la resolución del recurso de reposición resuelva, con carácter definitivo, la cuestión planteada, en cuyo supuesto, entendemos, podría utilizarse el recurso de apelación (así puede deducirse de los arts. 254.c y 255.c. y del principio de la doble instancia consagrado en las Leyes de Guatemala).
Ni en este recurso, ni en los anteriores a diferencia del recurso de apelación, en que si se prevé expresamente, se regula la imposición de costas, que, entendemos ha de regirse por las disposiciones generales en esta materia, dados los amplios términos de los arts. 75 y siguientes del Anteproyecto, donde se dice, con carácter general, que “cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por los que pida”. RECURSO DE APELACION: Dicho recurso, devolutivo, se interpone ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, dentro del plazo de 15 días, si se trata de sentencia o de 6 días si se trata de autos, y se resuelve por el tribunal superior. Procede, segùn el art. 254, contra las sentencias, exceptuando las de segunda instancia y las excluidas por la ley, y contra los autos, excepto los dictados en el curso de un incidente, pudiendo ser subsidiaria la apelación de los autos del recurso de reposición, debiendo deducirse ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar, o en la propia audiencia, según los casos. El recurso de apelación, se puede admitir (art.255): Con efecto suspensivo Sin efecto suspensivo Con efecto diferido. Admitido el recurso ( en caso contrario se podrá interponer el recurso de queja), se remiten las actuaciones al tribunal superior, dándose traslado, por éste, de las alegaciones del recurrente a las otras partes, para que lo puedan impugnar o adherirse al recurso, adhesión que siempre tiene carácter accesorio (art. 261) Tanto en el escrito de interposición como en el de contestación, las partes deberán solicitar la práctica de pruebas, con el carácter limitado, restringido y excepcional que tiene en éste trámite (art. 260. 3 y 4). En el recurso de apelación, que puede fundarse en motivos de fondo o de forma, el tribunal “ad quem” goza de las mismas amplias facultades de conocimiento que el tribunal “a quo”, con las solas limitaciones de que solo puede conocer de los pronunciamientos impugnados (“tantum apellatum, quantum devolutum”) y de que no se puede empeorar la situación de recurrente (“reformatio in peius”). Contra lo resuelto cabe interponer los recursos de ampliación, aclaración y casación, en los casos, éste último, de que se permita por la ley. En cuanto a las costas, rige el régimen general (Arts. 265 y 75 y siguientes del Anteproyecto). XI. DERECHO CIVIL 1.-DERECHO CIVIL: 1.1.-Origen y evolución: Se constituye como la rama jurìdica màs antigua y màs completa. Se origino en el Imperio Romano, siendo por esto que en la antiguedad al derecho civil se le denominaba Derecho Romano. Este configuraba lo que se le denomino el Jus Civile, o sea el derecho del Civis Romano (Ciudadano romano). El Jus Civile, significó primeramente el conjunto de reglas y soluciones pràcticas de los jurisconsultos ante el derecho vigente, luego la totalidad del ordenamiento jurìdico que constituìan esas mismas decisiones de los jurisperitos, màs las propias costumbres y leyes. Màs adelante, el derecho de los ciudadanos romanos en oposiciòn al de los extranjeros o peregrinos, denominado derecho de gentes, derecho vigente entre el pueblo romano, por oposiciòn al derecho natural, y por ùltimo se identifico al Jus Civile con la concepciòn del derecho privado. 1.2.-Definiciòn y ubicación: "Conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y màs generales de la vida en que el hombre se manifiesta como tal sujeto de derecho, de patrimonio, y miembro de una familia, para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia, dentro del concierto social". El contenido del derecho civil està integrado por tres instituciones fundamentales: la persona, la familia y el patrimonio, las cuales a su vez forman el àmbito del derecho privado. La personalidad es la idea bàsica del derecho civil, en virtud de que el objetivo inmediato del derecho positivo es la regulaciòn de la conviviencia humana, por tanto la persona humana debe ser el punto de partida de dicha regulaciòn social. La familia es la segunda instituciòn del derecho civil en virtud de que el hombre no va ha ser considerado por el derecho en forma aislada, sino como integrante de una comunidad primaria de orden natural impuesta por la diferenciaciòn de sexos y de edades La importancia del patrimonio viene dada por la necesidad del ser humano de servirse de las cosas del mundo exterior para la satisfacciòn de sus necesidades (Derecho de los bienes), y de otro, por la necesaria cooperaciòn en la convivencia social (Derecho del Tràfico). El derecho en general se agrupa en dos grandes ramas: el derecho pùblico y el derecho privado y el derecho civil puede ser clasificado dentro de la segunda rama junto con el derecho mercantil. 1.3)Còdigos civiles de 1877, 1933 y 1963: De 1877: Libro I: De las personas. Libro II: De las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que las personas tienen sobre ellas. Libro III: De las obligaciones y de los contratos. De 1933: Libro I: De las personas. Libro II: De los Bienes. Libro III: De los modos de adquirir la propiedad. Este còdigo dejò vigente el libro III, "De las obligaciones y de los contratos", del còdigo de 1877, que pasò a ser el libro IV. De 1963: Libro I: De las personas y de la familia. Libro II: De los bienes, de la propiedad y demàs derechos reales. Libro III: De la sucesiòn hereditaria. Libro IV: Del registro de la propiedad. Libro V: Del derecho de obligaciones, (de las obligaciones en general y de los contratos en particular). XII. DE LAS PERSONAS. 2) PERSONAS INDIVIDUALES: 2.1)Definiciòn: "Es toda entidad fìsica o moral, real o jurìdica y legal, susceptible de derechos y obligaciones". 2.2)Clasificaciòn: En el derecho moderno existen dos clases de personas en sentido jurìdico: las llamadas personas naturales, fìsicas o individuales, que son las personas humanas; y las llamadas personas jurìdicas y tambièn morales o colectivas, que se integran como organizaciones o colectividades con el objeto de alcanzar fines permanentes de los hombres. 2.2.1)Persona abstracta o jurìdica: Ente que no siendo el hombre o persona natural, es susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones, con la caràcteristica que se integra por un grupo social con cierta coherencia y finalidad, con estatuto jurìdico particular. 2.2.2)Persona individual o natural: El hombre cual sujeto del derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y cumplir obligaciones, para responder de sus actos dañosos o delictivos. 3) PERSONALIDAD:
3.1)Definiciòn: Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o sea pues de relaciones jurìdicas. 3.2)Teorias para determinar cuàndo principia la personalidad: 3.2.1)Teorìa de la concepciòn: Se basa en el principio de que la personalidad se inicia desde el momento de la concepciòn. Se le ha criticado cientificamente porque resulta muy difìcil, y quizàs imposible hasta ahora, comprobar el dìa en que la mujer ha concebido. 3.2.2)Teorìa del nacimiento: El momento que el hombre o mujer nace, es el momento en que principia la personalidad. 3.2.3)Teorìa de la viabilidad: Agrega esta teorìa, al hecho fisìco del nacimiento, el requisito de que el nacido tenga condiciones de viabilidad, de que sea viable, es decir, que haya nacido con aptitud fisiològica para seguir viviendo fuera del vientre materno, por sì solo. 3.2.4)Teoría ecléctica: Trata de conjugar las teorias anteriores. Fija el inicio de la personalidad en el momento del nacimiento, reconociendo desde la concepción derechos al ser aùn no nacido, bajo la condición de que nazca vivo. 3.3) Teoría que adopta nuestro código civil: Articulo 1 del Código civil. Adopta nuestro código la teoría ecléctica. 3.4) Conacencia: Figura jurídica que se refiere a los casos en que en los partos nacen dos o màs seres humanos. En nuestra legislación civil, cuando se dan estos casos, la ley les reconoce y los considera en igualdad de derechos. Articulo 2 del C.C. 3.5)Conmorencia: Se refiere a la situación en que un grupo de personas mueren al mismo tiempo sin poder determinarse quien murió primero. En estos casos la ley presume que todas las personas murieron al mismo tiempo sin poder de alegato de transmisión alguna de derechos entre ellas. Articulo 3 del C.C. XIII. ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES. 4) CAPACIDAD E INCAPACIDAD CIVIL DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES: 4.1) CAPACIDAD: 4.1.1)Definición: Es la aptitud de una persona para ser sujeto de derechos y deberes. 4.1.2)Clasificación: La capacidad se distingue en capacidad de derecho propiamente dicha o capacidad de goce y en capacidad de obrar o de ejercicio. 4.1.2.1)Capacidad de goce: (Principio de titularidad). Es la base para ostentar derechos o tener obligaciones, el ordenamiento jurìdico reconoce por eso la capacidad de derecho a todo hombre. -Características: Es igual en todos los hombres; Es independiente de la conciencia y voluntad humana; configura derechos inherentes de la persona; es irrenunciable. 4.1.2.2)Capacidad de ejercicio: (Principio de actuación). Es la aptitud para ejercitar derechos. Esta capacidad se condiciona a la existencia en el hombre de las facultades de conciencia y voluntad, por eso no se puede otorgar por igual a todos los hombres. -Características: No es igual en los hombres, puede faltar o eliminarse; Su ejercicio depende de la voluntad de la persona; configura ejercicio de derechos por si mismo. 4.1.3)Causas modificativas de la capacidad: Existen de dos tipos: -Naturales: sexo, edad, enfermedad. -Jurìdicas: Nacionalidad, profesiòn, domicilio, parentesco, estado civil. 4.2) INCAPACIDAD: 4.2.1)Definiciòn: El ordenamiento jurìdico puede privar de la capacidad de obrar o limitarla; en el primer caso hablamos de incapacidad y en el segundo de limitaciòn de la capacidad. Es la carencia de la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Cuando exista causa que restrinja o modifique la capacidad de obrar, existe incapacidad. 4.2.2)Clasificaciòn: -Natural: Impotencia para regir la propia persona en los negocios jurìdicos, por causa del escaso desarrollo mental, perturbaciòn del discernimiento o en virtud de determinadas enfermedades. -Legal: Pèrdida total o parcial del ejercicio de los derechos civiles por declaraciòn de demencia o prodigalidad o por interdicciòn civil. -De hecho: Imposibilidad o prohibiciòn de ejercitar los derechos que se tienen. Equivale a la incapacidad de ejercicio. -De derecho: Ineptitud legal para el goce de uno o màs derechos, pero que no puede extenderse a la totalidad de los mismos por haber desaparecido la muerte civil de las legislaciones. -Absoluta: Configura la ineptitud total para los actos jurìdicos. -Relativa: La que se limita a determinados actos, por dejar en libertad para realizar los restantes negocios jurìdicos. La que se puede subsanar con la asistencia, autorizaciòn o concurso de un representante legal. 4.2.3) Declaración judicial del estado de interdicciòn: Es la declaratoria hecha por Juez competente sobre la incapacidad absoluta de una persona mayor de edad, motivada por enfermedad mental, abuso de bebidas alcoholicas o estupefacientes, Sordomudez congènita y grave, ceguera congènita o adquirida durante la infancia, que limita la voluntad de obrar o de ejercicio para realizar actos de la vida civil o privada. Art. 9 al 14 del C.C. 4.2.4) Regulaciòn legal: Artìculos: 9 al 14 del C.C.; Artìculos: 406 al 410 del C.P.C.Y.M. 5) ESTADO CIVIL: 5.1)Definiciòn: Situaciòn en que se encuentra el hombre, dentro de la sociedad, en relaciòn con los diferentes derechos o facultades y obligaciones o deberes que le atañen. 5.2)Caracterìsticas: -Es oponible "Erga homnes". -Es indivisible. -Es inalienable. -Es imprescriptible. -Es irrenunciable. 5.3) Medios de comprobaciòn: El Estado Civil se comprueba con las certificaciones de las actas del Registro civil, en el cual esta registrado el Estado Civil y todas sus modificaciones. Art. 371 del C.C. 5.4) Posesión Notoria de Estado: Conjunto de hechos probatorios de que una persona tiene efectivamente la filiaciòn legìtima que aparenta tener y se da cuando la persona no ha sido reconocida legitimamente y plenamente en su filiaciòn por sus legitimos progenitores. Y se da fundamentalmente cuando el presunto hijo ha sido tratado como tal por sus padres o los familiares de èstos. Art. 223. 5.5) Acciones del Estado Civil: Tienen por objeto establecer o modificar el estado civil de una persona y se dan en cuestiones relativas al nacimiento, reconocimiento, tutela, adopciòn, divorcio, ausencia. Atacan el contenido de las constancias del registro civil para que se anulen o rectifiquen. En la moderna tècnica jurìdica, el estado civil se determina por las siguientes circunstancias: -Nacimiento. -Nacionalidad. -Sexo. -Familia. -Edad. -Ausencia. -Matrimonio. -Capacidad. 6)IDENTIFICACIÒN DE LAS PERSONAS: 6.1)El nombre:
Palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa, a fin de diferenciarla y distinguirla de las demàs, sea de modo individual o al menos colectivo. 6.2) Origen y definiciòn: A tenido su origen en la necesidad de individualizar a las personas en las relaciones familiares y sociales. 6.3) Sobrenombre y pseudònimo: El pseudònimo es una autodenominaciòn distinta del nombre verdadero, del nombre legal, es un nombre especial creado y popularizado por impulso propio. El uso del pseudonimo no èsta prohibido. El sobrenombre, alias o apodo. se caracteriza, a diferencia del pseudònimo, en que por regla general es impuesto a determinada persona por otras u otras. 6.4)Escuelas que explican la naturaleza jurìdica del nombre: -Como un derecho de propiedad: Se le considera como un derecho de propiedad exclusivo e inviolable, en virtud de que el nombre pertenece a la persona a quien se le ha asignado o por la ley le corresponde. Màs debe observarse como características del mismo, el nombre es inalienable, imprescriptible, inembargable, y no puede ser objeto de ninguna transacción, esos caracteres irrefutables del nombre lo alejan de toda idea de propiedad en su sentido juridico. -Como un atributo de la persona: La persona no es un concepto creado por el derecho, sino preexistente a Este, que no hace mas que admitirlo, y reconocer sus cualidades características, entre ellas el nombre. -Es una institución de policía Civil: El nombre es una designación oficial que configura una medida que se toma tanto en interès de la persona como en interés de la sociedad a que pertenece. La ley lo establece, màs que en interès de la persona, en interès general, y es para ella una institución de policía, la forma obligatoria de la designación de las personas. -Es un derecho de familia: Esta opinión adhiere el nombre a la familia que lo usa, no importando, o, dicho en otra forma, sin tener relevancia la repetición del mismo en otra u otras familias, porque la filiaciòn es determinante para su uso exclusivo, por lo cual viene a ser "El signo interior distintivo del elemento del estado de las personas que resulta de la filiación. 6.5) Características: -Es Oponible "Erga omnes": Es exclusivo de la persona que lo usa, para identificarse. -Es inestimable: O sea no puede valorarse pecuniariamente. -Expresa una relaciòn familiar. -Es obligatorio: -Es inmutable: En cuanto a su objeto, o sea la identificaciòn e individualizaciòn de una persona. -Es imprescriptible: -Es intransmisible: -Es irrenunciable: 6.6) Cambio de nombre e identificaciòn de persona: En la pràctica, es corriente que una persona use un nombre propio distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponden, Por lo anterior la Ley crea un procedimiento cuyo objetivo es de que la persona que se encuentre en cualquiera de los casos anteriormente mencionados pueda establecer su identificaciòn. Art. 5 del C.C. La Ley le reconoce a las personas la facultad de cambiar sus nombres, art. 6o. Nuestro ordenamiento legal preceptua dos procedimientos para la tramitaciòn de los procesos antes mencionados: uno judicial que esta contemplado en los artìculos 438 al 442 del C.P.C.Y.M., Y otro de naturaleza Notarial que esta contemplado en los artìculos 18 al 20 de la Ley Reguladora de la Tramitaciòn Notarial de la Jurisdicciòn Voluntaria. 6.7)Regulaciòn legal: Artìculos 5 y 6 del C.C.; 438 al 442 del C.P.C.Y.M.; y 18 al 20 de la Ley Reguladora de la Tramitaciòn Notarial de la Jurisdicciòn Voluntaria. 7) EL DOMICILIO: 7.1)Definiciòn: Representa la sede jurìdica de la persona, o sea el lugar en que se han de ejercitar ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones. Se constituye como el lugar o cìrculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones, y que constituye la sede jurìdica y legal de la persona. 7.2) Elementos: Existen basicamente tres elementos: -De caràcter espacial: o sea la residencia de una persona en un lugar determinado. -De caràcter temporal: Que consiste en la habitualidad de ese residir. -De caràcter intencional: Intenciòn de permanecer, que se descubre generalmente a travès del anterior. 7.3) Clases de domicilio: -Voluntario o real: Se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ànimo de permanecer en èl. Art. 32 y 33 del C.C. -Legal o necesario o derivado: Es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no estè allì presente, art. 36 del C.C. -Especial o de elecciòn: Domicilio que se escoge para la ejecuciòn de un acto o de una convenciòn. Es el que las personas, en sus contratos, puedem designar para el cumplimiento de las obligaciones que èstos originen. 7.4) Diferencia entre domicilio, residencia y vecindad. El còdigo civil distingue expresamente la vecindad del domicilio disponiendo que la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. En cuando al domicilio la ley no tiene tanta claridad por referirse únicamente a un lugar, a la residencia en un lugar. Sin fundamento expreso en alguna disposición legal, se ha considerado que el domicilio se tiene dentro de la circunscripción departamental. En cuanto a la residencia, se debe de entender como el lugar donde se reside, o sea la casa de habitación en donde se mora. 7.5) Regulación legal: Art. 32 al 41 del Código Civil. XIV. AUSENCIA. 8) AUSENCIA: 8.1) Definición: Es la situación de quien se encuentra fuera del lugar de su domicilio, sin que se sepa su paradero, sin constar además si vive o ha muerto, y sin haber dejado representante. Es el que desapareció, ignorándose su paradero y dudándose de su existencia, la ausencia pues exige la incertidumbre absoluta sobre la existencia de la persona. 8.2)Clasificación: El concepto de ausencia tiene dos modalidades: Ausencia propiamente dicha (ausencia simple) y desaparición con ignorancia del paradero (ausencia calificada). Art: 42 del C.C. La ausencia determina dos situaciones: una apremiante de ìndole administrativa para velar por los bienes del ausente y atender con los mismos a las personas que de èl dependieran. La otra se refiere a la transmisión definitiva de los bienes del ausente a sus herederos legìtimos o testamentarios. 8.3) Declaraciòn de la ausencia para la representaciòn en juicio: Art. 43 al 46 del C.C. 8.4) Declaraciòn de la ausencia para la guarda y administraciòn de bienes del ausente: Art. 47 al 54 del C.C. 8.5) Regulaciòn legal: Art. 42 al 77 del C.C. XV. DE LA FAMILIA. 10) DE LA FAMILIA: 10.1) Definición de familia: Es aquella institución que asentada sobre el matrimonio, enlaza, en una unidad total, a los cónyuges y sus descendientes para que, presidida por los lazos de la autoridad y sublimada por el amor y respeto, se dè satisfacciòn a la conservaciòn, propagaciòn y desarrollo de la especie humana en todas las esferas de la vida. 10.2)Derecho de familia: La parte del Derecho Civil que se ocupa de las relaciones jurìdicas entre personas unidas por vinculos de parentesco. Generalmente su contenido lo integran el matrimonio, la filiaciòn, la patria potestad, la tutela, la adopciòn, los alimentos, como instituciones fundamentales.
10.3) Su ubicaciòn en la sistematica jurìdica, Tesis de Antonio Cicu: Tradicionalmente ha sido considerado el Derecho de Familia como una parte del derecho civil, o sea como una parte del derecho privado. pero en los ùltimos tiempos, la doctrina ha venido cuestionando dicha concepciòn. ANTONIO CICU, fue uno de los màs fecundos disidentes de la doctrina tradicional, llegando a afirmar que el derecho de familia debia ser estudiado y expuesto sistemàticamente fuera de ese campo del derecho. Pero a la vez es reacio a admitir que el derecho de familia deba incluirse en el derecho pùblico ya que la familia no es un ente pùblico, porque los intereses que debe cuidar no son, como en los entes pùblicos intereses de la generalidad. Por tanto al derecho de familia se le deberìa de asignar un lugar independiente en la distinciòn entre derecho pùblico y derecho privado, es decir hacer una clasificaciòn tripartita que respondiera a las caracterìsticas particulares que socialmente asume el agregado familiar frente al agregado pùblico. En la actualidad se estima que la normas relativas al derecho de familia han de mantenerse dentro del campo del derecho privado, porque si bien es cierto que la ingerencia estatal en asuntos concernientes al àmbito de la familia se presenta ahora con mayor intensidad, èsto no significa necesariamente que las normas fundamentales relativas a la familia tengan caràcter pùblico. Si debe reconocerse que las disposiciones legales sobre la familia tienen un cariz especial. 11) El MATRIMONIO: 11.1) Definición: Es la uniòn legal de un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia. Acto solemne por medio del cual el hombre y la mujer constituyen entre sì una uniòn legal para la plena y perpetua comunidad de existencia. 11.2) Naturaleza jurìdica del matrimonio: 11.2.1) Acto: El matrimonio es un acto jurìdico debido a que se constituye no sòlo por el consentimiento de los consortes, sino tambièn por la intervenciòn que tienen los funcionarios que deben autorizar el propio acto. 11.2.2) Contrato: Se le critica ha esta doctrina de que no se da en el matrimonio las caracterìsticas fundamentales de los contratos, por otro lado no basta el acuerdo de voluntades para perfeccionar el matrimonio como contrato, pues el contenido de la relaciòn matrimonial està substraìdo a la libre voluntad de los contrayentes. 11.2.3) Instituciòn: Constituye una verdadera instituciòn por cuanto que los diferentes preceptos que regulan tanto el acto de su celebraciòn, al establecer elementos esenciales y de validez, como los que fijan los derechos y obligaciones de los consortes, persiguen la misma finalidad al crear un estado permanente de vida que serà la fuente de una gran variedad de relaciones jurìdicas. Debe establecerse que la instituciòn del matrimonio no constituye una persona jurìdica del tipo institucional, se emplea la palabra en el sentido de una situaciòn o estado regida por un conjunto especial de reglas impuestas por el estado. 11.3) Clasificaciòn del matrimonio: -Religioso: Sòlo admite el matrimonio celebrado ante la autoridad eclesiàstica, o por lo menos sòlo al mismo reconoce efectos. -Civil: Establece la obligatoriedad del matrimonio civil. -Mixto: Surgido como resultado de la existencia y reconocimiento de los matrimonios religiosos y civil, a manera de que, en casos determinados, uno u otro surtan plenos efectos. 11.4) Requisitos legales para su celebraciòn: -Requisitos esenciales: manifestaciòn de voluntad de los contrayentes y del funcionario competente. -Requisitos de validez: capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, observancia de las formalidades legales, licitud en el objeto del acto. Art. 81,82 y 83; 88 y 89; 92 al 107 del C.C. 11.5) eberes y derechos que nacen del matrimonio: Basicamente se clasifican en derechos y obligaciones comunes a ambos cònyuges y en derechos y obligaciones especiales de cada uno de ellos. -Derechos y obligaciones de los conyuges: Art. 78 del C.C. -Derechos y obligaciones del esposo: Art. 109 y 110 del C.C. -Derechos y obligaciones de la esposa: Art. 108, 110, 111,112,113. 12) IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO: 12.1) Insubsistencia del matrimonio: Art. 88 del C.C. 12.2) Prohibiciòn para contraer matrimonio: Art. 89 y 90 del C.C. 12.3) Anulabilidad del matrimonio: Art. 145 del C.C. 12.4) Diferencias: En el primer caso, el matrimonio celebrado serìa nulo ipso jure en virtud del impedimento absoluto que tendrian las personas que se encontraran en los casos señalados en la ley. En el segundo caso, el matrimonio celebrado serìa valido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracciòn seràn responsables de conformidad con la ley. En el tercer caso, el matrimonio celebrado serìa valido, pero podrìa iniciarse una acciòn judicial con el objeto de anular dicho matrimonio, o sea pues es un matrimonio que adolece de nulidad relativa. 12.5)Regulaciòn legal: Art. 88,89,90,145 del C.C. 13 )REGÌMENES ECONÒMICOS DEL MATRIMONIO: 13.1) Definiciòn: Conjunto de règimenes determinados que van a precisar el àmbito econòmico de la uniòn conyugal, a manera de que los bienes y obligaciones presentes y futuros del varòn y de la mujer sean regidos por principios que en un momento dado permitan conocer la situaciòn de unos y otros, tanto en relaciòn con los propios esposos como respecto a terceras personas. 13.2)Regìmenes que adopta nuestra legislaciòn: 13.2.1)Comunidad absoluta de bienes: Art. 122 del C.C. 13.2.2)Separaciòn absoluta de bienes: Art. 123 del C.C. 13.2.3)Comunidad de gananciales: Art. 124 del C.C. 13.3)Capitulaciones matrimoniales y esponsales: Convenciòn celebrada en atenciòn a determinado matrimonio, por celebrar o ya celebrado, con el fin principal de fijar el règimen a que deben sujetarse los bienes del mismo. Conforme al còdigo civil, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el règimen econòmico del matrimonio, art. 116 al 121 del C.C. Esponsales es la promesa de casarse que se hacen el varòn y la hembra con recìproca aceptaciòn, recìproca promesa de futuro matrimonio. Art. 80 del C.C. 13.3.1)Regulaciòn legal: Art. 80, 116 al 121 del C.C. 14) MODIFICACIÒN Y DISOLUCIÒN DEL MATRIMONIO: 14.1)Separaciòn, definiciòn: Art. 153, 154 del C.C. Es el estado de dos esposos que han sido dispensados por los tribunales de la obligaciòn de vivir juntos. 14.1.1)Clases de separaciòn: -De hecho: Se tipifica cuando uno de los conyuges abandona el hogar, por su voluntad o de comùn acuerdo con el otro, a efecto de que cese la vida en comùn, sin mediar en todo caso previa resoluciòn judicial. -Legal: Aquella que es declarada judicialmente y es modicativa del matrimonio, pero deja subsistente el vìnculo matrimonial, la instituciòn en sì. 14.2) Divorcio, definiciòn: Art. 153, 154 del C.C. Se refiere al acto en virtud del cual los conyuges le ponen fin a la convivencia y al nexo matrimonial. 14.3) Diferencias: El divorcio es la disoluciòn en vida de los esposos, de un matrimonio vàlido. La separaciòn de cuerpos es el estado de dos esposos que han sido dispensados por los tribunales de la obligaciones de vivir juntos; difiere del divorcio solamente en que los lazos del matrimonio se debilitan sin romperse, y suprimiendo la obligaciòn relativa a la vida en comùn. El divorcio y la separaciòn de cuerpos no pueden obtenerse màs que por una sentencia judicial y por las causas determinadas por la ley. 14.4) Clasificaciòn del divorcio: Art. 154 del C.C.
Existen dos tipos de divorcio o separaciòn: -Por mutuo acuerdo de los conyuges: Solo podrà otorgarse cuando hayan transcurrido màs de un año de la celebraciòn del matrimonio. -Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada: La disoluciòn del vìnculo matrimonial no queda al acuerdo de los cònyuges; es necesario que uno de èstos invoque alguna o algunas de las causas que la ley ha fijado previamente como ùnicas razones para demandar la disoluciòn del matrimonio. 14.5)Causas: Art. 155 del C.C. 14.6)Efectos comunes y propios de la separaciòn y divorcio: Art. 159 al 172 del C.C. 14.7)Regulaciòn legal: Art. 153 al 172 del C.C. 15) UNIÒN DE HECHO: 15.1) Definiciòn: Consiste en la legalizaciòn de la uniòn de un hombre y una mujer solteros que hayan convivido por màs de tres años, como marido y mujer, y hayan procreado, educado, alimentado a los hijos, trabajado, adquirido algunos bienes, prestandose auxilio recìproco, por lo que es de justicia que se establezcan los derechos de ambos y sus mutuas obligaciones, tal como si fueren casados. 15.2) Declaración de la uniòn de hecho: Existen dos formas de declaràr la uniòn de hecho: -Declaraciòn extrajudicial o voluntaria de la uniòn de hecho: Art. 173 al 175 del C.C. -Declaraciòn judicial o forzosa de la uniòn de hecho: Art. 178 y 179 del C.C. 15.3) Cese de la uniòn de hecho: -Por mutuo acuerdo: Art. 183, 185 del C.C. -Por resoluciòn judicial: Art. 183, 185 del C.C. 15.4)Regulaciòn legal: Art. 173 al 189 del C.C. 16) PATRIMONIO FAMILIAR: 16.1) Definición: Régimen juridico especial que impide la enajenación o gravamen de aquellos bienes que se han considerado indispensables para la subsistencia misma del grupo, constituyéndose así un pequeño patrimonio familiar. Es la afectación que una o más personas hacen de determinados bienes, en la forma y cuantía previstas por la ley, con el objeto de asegurar un mínimo de garantía para la subsistencia de la familia. 16.2) Requisitos legales para su constituciòn: Art. 353 al 368 del C.C. 16.3) Características del patrimonio familiar: -Indivisible. -inalienable. -inembargable. -no grabable (excepto la servidumbre). Art. 356 del C.C. 16.4) Clases de patrimonio familiar. -Voluntario: Art. 354 del C.C. -Forzoso o judicial: Art. 360 del C.C. -Legal: Art. 361 del C.C. (Ver art. 20 y 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos). 16.5) Terminaciòn del patrimonio familiar: Art. 363 del C.C. El patrimonio familiar puede ser constituido a plazo fijo o a plazo indefinido. Cuando sea a plazo fijo, debe comprender el plazo indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayorìa de edad; pero en ningun caso podrà constituirse por un tèrmino menor de diez años Art. 364 del C.C. En cuanto al maximo del plazo indefinido, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 363: el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Se puede afirmar que el plazo màximo de la instituciòn queda comprendido entre el mìnimo de diez años (cesen o no, todos los beneficiarios, de tener derecho a alimentos) y el lapzo (si el plazo es indefinido) que transcurra hasta que èl o los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. La muerte del beneficiario o del ùltimo de los beneficiarios, debe entenderse como una causa implìcita de extinciòn del patrimonio familiar. 16.6)Regulaciòn legal: Art. 352 al 368 del C.C. 17) PATERNIDAD, MATERNIDAD Y FILIACIÒN: 17.1) Definiciòn: Subordinaciòn o dependencia que personas y cosas guardan con relaciòn a otras superiores o principales. "Lazo de descendencia que existe entre dos personas una de las cuales es el padre o la madre de la otra". "La calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por la circunstancias de su concepciòn y nacimiento, en relaciòn con el estado civil de los progenitores". La relaciòn de filiaciòn toma tambièn los nombres de paternidad y de maternidad segùn que se considera en relaciòn con el padre o con la madre. 17.2) Clasificaciòn: -Legìtima o matrimonial: La del hijo concebido durante el matrimonio, aunque èste sea declarado insubsistente, nulo o anulable, Art. 199 del C.C. -Legitimada o cuasimatrimonial: La del hijo nacido dentro de la uniòn de hecho debidamente declarada y registrada, Art. 182 del C.C. -Ilegìtima o extramatrimonial: La del hijo procreado fuera de matrimonio o de uniòn de hecho no declarada y registrada, Art. 209 y 182 del C.C. -Adoptiva: La del hijo que es tomado como hijo propio por la persona que la adopta, Art. 228 del C.C. 17.3) Impugnación de la paternidad: Nuestra legislaciòn civil reconoce el derecho del marido de refutar la paternidad, que sòlo puede basarse en la prueba de haber sido fìsicamente imposible al marido tener acceso con su cònyuge en los primeros ciento veinte dìas de los trescientos que precedieron al nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquiera otra circunstancia, Art. 200, 201, 202, 203, 204 del C.C. 17.4) Investigaciòn de la paternidad y maternidad: En el segundo caso la prueba definitiva en que deberìa de fundamentarse la acciòn serìa en la prueba del alumbramiento Art. 210 del C.C., la cual evidentemente es fàcil de recabar. En el primer caso tendriamos que atenernos a lo que establece el Còdigo Civil en sus artìculos: 182, para la filiaciòn cuasimatrimonial; 199, 200, para la filiaciòn matrimonial; y 209, 210, para la filiaciòn extramatrimonial. 17.5)Regulaciòn legal: Art. 173 al 251 del C.C. XVI. LA ADOPCIÓN, 21) LA ADOPCIÒN: 21.1)Definiciòn: Es un acto solemne sometido a la aprobaciòn de la justicia que crea entre 2 personas relaciones analogas a las que resultarìan de la filiaciòn. Acto jurìdico que crea entre adoptante y adoptado un vinculo de parentesco civil que quiere imitar a la filiaciòn natural en sus efectos jurìdicos. No es el interès de la continuaciòn de un grupo familiar, ni el empeño de que no se extinga un apellido aristocràtico lo que motiva la nueva aceptaciòn de la adopciòn, sino un interès social de asistencia a los niños huèrfanos o cuyos padres carecen de medios econòmicos para procurarles subsistencia y educaciòn, que al mismo tiempo refleja su beneficio en los matrimonios que no tienen hijos. 21.2) Clases: -Simple o debil: Tiene efectos limitados. -Plena o fuerte: Crea fuertes vinculos entre adoptante y adoptado. 21.3)Requisitos legales para su constituciòn: Art. 239, 240, 241, 242, 243, 244 del C.C. 21.3)Cesaciòn: Art. 246 del C.C. -Mutuo consentimiento entre adoptante y adoptado. -Por revocaciòn. 21.4)Revocaciòn: Art. 247, 248 y 249 del C.C.
21.5)Regulaciòn legal: Art. 228 al 251 del C.C. XVII PATRIA POTESTAD. 19) LA PATRIA POTESTAD: 19.1)Definiciòn: Conjunto de derechos y deberes que al padre y, en su caso a la madre corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad. Es una funciòn concedida por la ley al padre y a la madre para el debido cuidado y orientaciòn de los hijos y para la correcta administraciòn de los bienes de èstos. 19.2)Contenido de la patria potestad: Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que nacen producto de la patria potestad. Podemos mencionar como obligaciones de los padres, las cuales a su vez generan los derechos de los hijos: Art. 253, 254, 255, 257, 258, 264, 265, 267, 272, del C.C. Podemos mencionar como obligaciones de los hijos, las cuales a su vez generàn los derechos de los padres: art. 260, 259, 263 del C.C. 19.3)Suspensiòn, pèrdida, terminaciòn y rehabilitaciòn: -Suspensiòn de la patria potestad: Art. 273 del C.C. -Perdida de la patria potestad: Art. 274 del C.C. -Terminaciòn de la patria potestad: Cuando los hijos que habian estado sometidos a la patria potestad llegan a la mayoria de edad. Art. 252 del C.C. -Restablecimiento de la patria potestad: Art. 277 del C.C. 19.4)Regulaciòn legal: Art. 252 al 277 del C.C. XVIII. ALIMENTOS. 23) LOS ALIMENTOS: 23.1) Definiciòn: "Facultad jurìdica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguìneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos". "Oligaciòn impuesta a una persona de suministrar a otra persona los socorros necesarios para la vida". Esta figura puede ser entendida como una obligaciòn, respecto al alimentante o un derecho, respecto al alimentista. 23.2)Caracterìsticas: -Es una obligaciòn reciproca: El que es alimentado posteriormente esta obligado a alimentar al que lo alimento. -Es personalisima: Porque depende de las necesidades y posibilidades personales de las partes. -Es intransferible: El derecho a los alimentos no se transfiere. -Es inembargable. -Es imprescriptible: Excepto los vencidos o los no cobrados. -Es intransigible: No se puede conciliar. -Es proporcional: A las posibilidades del obligado y a las necesidades del favorecido. -Es divisible: Se puede dividir por mes, semana o dia. -No es compensable ni renunciable: Salvo las pensiones vencidas. -No se extingue por su cumplimiento: Se extingue hasta que el alimentista llega a la mayoria de edad. -Crea un derecho preferente. Conforme nuestro còdigo civil: -La indispensabilidad: Art. 278 del C.C. -La proporcionalidad: Art. 279,280,284 del C.C. -La complementariedad: Art. 281 del C.C. -La reciprocidad: Art. 283 del C.C. -La irrenunciabilidad, intransmisibilidad, inembargabilidad y no compensabilidad, salvo el caso de las pensiones alimenticias retrasadas que si son compensables. Art. 282 del C.C. 23.3) Creaciòn, tèrmino de la obligaciòn alimentaria: La obligaciòn alimenticia presenta dos aspectos en cuanto a su exigibilidad: -Exigibilidad en potencia: Surge por el hecho mismo, y aùn antes, del nacimiento de la persona a cuyo favor la ley ha creado el derecho, y la correlativa obligaciòn de alimentos, que permanece latente mientras se determina en que medida necesita de esa prestaciòn y quien esta obligado a cumplirla. Art. 78, 253, 283, del C.C. -Exigibilidad efectiva: Que se tipifica al obtenerse dicha determinaciòn. Art. 287 del C.C. En cuanto al segundo punto: La obligaciòn alimenticia puede quedar en suspenso o terminar. Queda en suspenso la obligaciòn de prestar alimentos: -Art. 289, inc. 2o. del C.C. -Art. 289, inc. 4o. " -Art. 290. " Se extingue o termina la obligaciòn de prestar alimentos: -Art. 289, inc. 1o. del C.C. -Art. 289, inc. 3o. " -Art. 289, inc. 5o. " -Art. 290, inc. 1o. " 23.4)Orden de prestaciòn de alimentos: Art. 283 del C.C. El Còdigo Civil en su artìculo 283 dispone quìenes estàn obligados recìprocamente a darse alimentos, pero no fija en realidad un orden en cuanto a la prestaciòn de los mismos, de caràcter general. Debe entonces atenderse a la proximidad del parentesco: Los conyuges deben prestarse alimentos entre sì, los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, los hijos y los nietos a los padres y a los abuelos, y los hermanos entre si, todo sin perjuicio de otros ascendientes y descendientes que tengan derecho a ser alimentados. 23.5)Regulaciòn legal: Art. 278 al 292 del C.C. XIX LA TUTELA. 22) TUTELA: 22.1)Definiciòn: Poder otorgado por la ley a personas jurìdicamente capaces para la protecciòn y defensa de menores de edad o incapacitados. 22.2)Clasificaciòn: Art. 296 del C.C. -Legìtima: Art. 299 del C.C. -Testamentaria: Es la que se instituye por medio de un testamento. Art. 297 del C.C. -Judicial: La tutela judicial procede por nombramiento del Juez competente, cuando no haya tutor testamentario ni legìtimo, por consiguiente esta tutela es eminentemente supletoria. Art. 300 del C.C. -Legal: Directores o superiores de los establecimientos de asistencia social, Art. 308 del C.C. -Especial: Art. 306 del C.C. 22.3)Elementos personales: Tutor, protutor y tutelado. 22.4)Regulaciòn legal: Art. 293 al 351 del C.C. XX. REGISTRO CIVIL. 24)REGISTRO CIVIL: 24.1)Definiciòn: El registro civil es un organismo o instituciòn de orden pùblico en donde se hacen constar los hechos relativos al estado civil de las personas. Es la colecciòn de actas debidamente autorizadas destinadas a proporcionar una prueba cierta del estado civil de las personas. 24.2) Principios que lo informan: Los principios registrales son las lineas directrices del sistema, la serie sistemàtica de bases fundamentales, y el resultado de la sintetizaciòn o condensaciòn del ordenamiento jurìdico registral.
-Principio de publicidad: Es funciòn primordial del registro la de revelar la situaciòn jurìdica de cualquier objeto, persona o derecho que se encuentre sometido a a registro, y toda persona, sea o no tercero registral o interesado, tiene derecho de que se le muestren los asientos del registro y de obtener constancias relativas a los mismos. -Principio de inscripciòn: Inscripciòn significa todo asiento hecho en el registro pùblico. Todo derecho nacido extrarregistralmente, al inscribirse, adquieren mayor firmeza y protecciòn, por la presunciòn de exactitud de que son investidos, por la fuerza probatoria que el registro les da. -Principio de especialidad: Tambièn principio de determinaciòn, la publicidad registral exige determinar con precisiòn el bien objeto de los derechos. -Principio de consentimiento: Consiste este principio en que para que el registro se realice, debe basarse la inscripciòn en el consentimiento de la parte perjudicada en su derecho; es decir, debe basarse en un acuerdo de voluntades entre el transferente y el adquirente, y como solo puede consentir el que puede disponer, sòlo puede consentir el verdadero titular. -Principio de tracto sucesivo: Segùn este principio, todo acto jurìdico serà registrado en un estricto orden de sucesiòn, conforme los mismo actos sean presentados para su registro. En virtud de este principio el titular queda protegido contra todo cambio no consentido por èl. -Principio de rogaciòn: El registrador no puede registrar de oficio, aunque conozca el acto o hecho que vàlidamente haya de dar origen a un cambio en los asientos del registro. Se requiere que alguien se lo pida; que alguien haga una solicitud. -Principio de prioridad: Existe este principio cuando se da la situaciòn de que existan dos o màs tìtulos contradictorios, ya sea que se trate de dos derechos cuya coexistencia sea imposible, ya sea que se trate de derechos que aunque pueden coexistir, exijan un puesto diferente. -Principio de legalidad: Este principio impide el ingreso al registro de tìtulos invàlidos o imperfectos. Conforme a èl se presume que todo lo registrado lo ha sido legalmente, y el medio de lograrlo es someter los tìtulos a examen, que es lo que se llama "Calificaciòn Registral". 24.3)Organizaciòn: El Registro Civil se organiza en los siguientes registros especificos: 1.-Registro de nacimientos: 2.-Registro de defunciones: 3.-Registro de matrimonios: 4.-Registro de reconocimiento de hijos: 5.-Registro de tutelas: 6.-Registro de extranjeros domiciliados y naturalizados: 7.-Registro de adopciones y de uniones de hecho: 8.-Registro de personas jurìdicas: 24.4)Regulaciòn legal: Art. 369 al 441 del C.C. XXI. SUCESION HEREDITARIA. DERECHO DE SUCESIONES: 17) DERECHO DE SUCESIÒN: 17.1) Definiciòn: Parte del Derecho Civil que estudia, en lo teórico, y regula, en lo práctico, lo atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por causa de muerte. Conjunto de normas que regulan la sucesiòn en las relaciones jurìdico-privadas, transmisibles, de que era titular una persona fallecida. 17.2)Teorias: 17.2.1)Subjetiva: Considera que la sucesiòn hereditaria es una "substituciòn de personas", que se lleva a cabo sin que cambien los terminos de las relaciones jurìdicas existentes entre el causante y sus acreedores y deudores. 17.2.2)Objetiva: No hay substitución de personas sino cambios de bienes, convirtiéndose el heredero en titular solo del activo de la herencia y no del pasivo, habiéndosele restado este al activo. 17.2.3)Intermedias: Es una combinaciòn de las dos anteriores. 17.3) Presupuestos de la sucesiòn: -Muerte del "Decujus". -Que exista testamento, para la sucesión testamentaria. -Que exista parentesco, para la sucesión intestada. 17.4) Incapacidades para suceder por indignidad: Art. 924,926,927 y 928 del C.C. 17.5) Clasificación de la sucesión mortis causa: -A tìtulo universal (herencia): Se puede definir la herencia como el conjunto de las relaciones jurìdicas transmisibles de que era titular el causante. Cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepciòn de los legados. Puede ser intestada o testamentaria. -A tìtulo particular (legado): El legatario recibe uno o màs bienes especìficos del patrimonio del decujus. Solo puede existir cuando la persona hizo testamento, en el cual debe constar el legado. -Sucesiòn testamentaria (A tìtulo voluntario): La sucesiòn mortis causa se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento. -Sucesiòn intestada (A tìtulo legal): Cuando el causante no otorgo testamento, entonces la sucesiòn mortis causa se da por disposiciòn de la ley, la misma llama a parientes que deben heredar. -A tìtulo contractual: Cuando se otorga herencia reciprocamente entre dos personas. (prohibida por nuestra ley). Art. 937 del C.C. 17.6)Representaciòn hereditaria: El derecho de representaciòn hereditaria consiste en que una o màs personas sean llamadas a heredar en lugar de otra. Esto puede suceder, conforme al còdigo civil, en dos supuestos: -Si el heredero fallece antes que la persona a quien iba heredar. En este caso, los descendientes de la persona primeramente fallecida heredan en lugar de ella. -Si el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendràn derecho a heredar representando al repudiante o al excluìdo. Art. 929 al 933 del C.C. 18) SUCESIÒN TESTAMENTARIA: 18.1)Definiciòn: Transmisiòn patrimonial "mortis causa" deferida por manifestaciòn expresa de voluntad del causante, contenida en testamento valido. 18.2)Fundamento de la sucesiòn testamentaria: Se fundamenta en la libre disponibilidad de los bienes que tiene una persona para que en el caso de su muerte los mismos se distribuyan en la forma en que èl indique. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibiciòn legal para heredar. Art. 934 del C.C. 18.3)El testamento: 18.3.1)Definiciòn: Acto jurìdico de ùltima voluntad en el cual una persona establece a favor de otra u otras el destino de sus bienes o la ordenaciòn de otros asuntos de caràcter no patrimonial, para despùes de su muerte. Art. 935 del C.C. 18.3.2)Caracteristicas: -Es un acto mortis causa: Surte efectos despues de la muerte del testador. -Es un acto unilateral: Porque sòlo individualmente se puede testar en un mismo acto. Art. 938 del C.C. -Es un acto personalìsimo: Ya que una persona no puede facultar a otra para que haga testamento en su nombre. -Es un acto solemne: porque en el otorgamiento de un testamento deben observarse las formalidades previstas en la ley. -Es un acto revocable: Toda vez que el testador puede hacer nuevo testamento despùes de haber otorgado uno anterior. -Es un acto dispositivo de bienes: Porque està en su esencia que por medio del testamento una persona dispone de sus bienes para despùes de su fallecimiento. -Es una disposiciòn de ùltima voluntad: Otorgada por el causante en forma escrita, en documento cuya denominaciòn legal es testamento. -Es un acto esencialmente libre. 18.3.3)Incapacidades para testar: Art. 945 del C.C. 18.3.4)Incapacidades para suceder por testamento: Art. 926 del C.C. 18.3.5)Clasificaciòn del testamento: 18.3.5.1)Comùn: Son los que se otorgan en las circunstancias normales de la vida de las personas. Existen de dos clases: 18.3.5.1.1)Abiertos:
-Definiciòn: Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su ùltima voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en èl se dispone. -Caracterìsticas: Se debe otorgar en Escritura Pùblica, comparecen varias personas al otorgamiento del testamento, por la misma razòn varias personas tienen conocimiento del contenido del testamento. -Solemnidades: Arts. 954 al 958 del C.C. Arts. 42 al 45 del C. de N. 18.3.5.1.2)Cerrados: -Definiciòn: Es cerrado el testamento cuando el testador, sin revelar su ùltima voluntad, declara que èsta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto. -Caracterìsticas: Se puede extender en papel corriente, se le llama asì porque la intervenciòn del notario se concreta a presenciar que el documento contentivo del testamento se ponga dentro de una cubierta (generalmente sobre) oculta al conocimiento del mundo, se hace constar en acta los requisitos previstos en el art. 959, no pueden hacer testamento cerrado el ciego y el que no sepa leer y escribir, se debe transcribir en protocolo el acta de otorgamiento. -Solemnidades: Art. 959 del C.C. 18.3.5.2)Especiales: -Definiciòn: Son los otorgados en circunstancias muy especiales. -Enumeraciòn legal: &Testamento militar art. 965 y 966 del C.C. &Testamento marìtimo art. 967 a 970 del C.C. &Testamento en lugar incomunicado art. 971 del C.C. &Testamento del preso art. 972 del C.C. &Testamento otorgado en el extranjero art. 974 y 976 del C.C. 18.3.6)Solemnidades del testamento del ciego y del sordo: Art. 957 y 958 del C.C. 19) SUSTITUCIÒN HEREDITARIA: 19.1)Definiciòn: Es el llamamiento que hace el testador en favor de otra personas distinta del heredero, bien por si èste no llega a serlo, bien para despùes que èste lo sea. Disposiciòn testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la herencia a un posterior heredero en defecto del primero. 19.2)Naturaleza jurìdica: 19.2.1)Como una instituciòn condicional: Existe la condiciòn de que el primer llamado a heredar no llege a serlo porque tenga impedimento o bien porque repudie la herencia. 19.2.2)Como una liberalidad: Es una simple prevenciòn que surge cuando el primeramente instituido no hereda. 19.2.3)Como una sustituciòn indirecta, oblicua o fideicomisoria: Existen varias personas llamadas sucesivamente, de modo efectivo, al disfrute de la herencia, por lo que hay una serie de herederos efectivos que se van sucediendo en el tiempo, de aqui resulta que la adquisiciòn del primeramente instituido, no es definitiva y plena, sino que dura mientras llega el momento en que la herencia pasa al siguiente favorecido y asì sucesivamente. Art. 1000 del C.C. 19.3)Clasificaciòn: Vulgar, pupilar, ejemplar, compendiosa, fideicomisoria. 20) ACEPTACIÒN DE LA HERENCIA: 20.1)Definiciòn: Declaraciòn unilateral de voluntad de caràcter irrevocable por cuya virtud el llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de heredero asumiendo la posiciòn jurìdica que la misma presupone. Acto voluntario y libre por el cual heredero adquiere la herencia que se retrotrae desde el momento de la muerte del causante. 20.2)Formas: 20.2.1)Expresa: Art. 1026 y 1027 del C.C. 20.2.2)Tàcita: Art. 1028 del C.C: 20.2.3)Pura o Simple (Teorìa subjetiva de la sucesiòn hereditaria): Se produce una ilimitada responsabilidad del heredero quedando obligado a pagar las deudas y demàs cargas de la herencia con sus propios bienes. (No es aceptada por nuestra legislaciòn). 20.2.4)Bajo beneficio de inventario: El heredero acepta la herencia pero no responde de las cargas o deudas de la herencia, sino hasta donde alcance a cubrirlas el activo de las mismas. Es una modalidad de la aceptaciòn sucesoria autorizada por la ley por cuya virtud se establece la separaciòn de patrimonios limitandose la responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de las herencias a los bienes que integran la sucesiòn. Art. 920 del C.C. 20.3)Plazo de la aceptaciòn: 6 meses. Art. 1031 del C.C. 21)RENUNCIA DE LA HERENCIA: 21.1)Definiciòn: Acto jurìdico unilateral y personal por el cual una persona rechaza hacer suyo un patrimonio hereditario. 21.2)Efectos: -La renuncia de la herencia dejada a menores e incapaces deberà hacerse con aprobaciòn judicial e intervenciòn del Ministerio Pùblico. Art. 1029 del C.C. -La renuncia de la herencia no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieren dejado. Art. 1035 del C.C. -Arts. 1036, 1037, 1039 del C.C. 21.3)Regulaciòn legal: Arts. 1033 al 1040 del C.C. 22) LEGADOS: (Donaciòn por causa de muerte). 22.1)Definiciòn: Es la transmiciòn gratuita y a tìtulo particular hecha por el testador de un bien determinado o suceptible de determinarse, que puede constituirse en una cosa, un derecho o un servicio hecho en favor de una persona y a cargo de la herencia de un derecho o de otro legatario cuyo dominio y posiciòn se transmite en el momento de la muerte del testador si se trata de cosa determinada o hasta que estas se determinan posteriormente. Es la declararaciòn de voluntad del causante, expresada en testamento por cuyo medio dispone, a favor de una o màs personas, de determinado bien o bienes. Art. 1002 del C.C. 22.2)Clasificaciòn: 22.2.1)Puros: Se constituyen sin prefijar dia, condiciòn ni calidad o circunstancia alguna que modifique o suspenda su entrega, en estos legados, el legatario adquiere el derecho a los mismos desde la muerte del testador y lo transmite a sus herederos. 22.2.2)Condicionales: Su efectividad depende de la realizaciòn de un acontecimiento futuro o incierto establecido por el causante en su testamento. Estos a su vez pueden ser: -Suspensivos: Se tiene que esperar a que se cumpla el acontecimiento propio de la condiciòn. -Resolutorios: Se impone el incumplimiento de un acontecimiento. 22.2.3)A termino: Se establece un dia o tiempo determinado en los cuales han de comenzar o cesar los efectos de la instituciòn. Estos pueden ser: -Suspensivos: Cuando se cumple el dia o tiempo, se entrega el legado al legatario. -Resolutorios: Cuando se cumple dicho dia o termino el legatario tendra que devolver el legado a la persona indicada por el testador o a los herederos. -Mudal o submodo: Se da cuando el testador le da un objeto o fin al legado, lo que implica, un gravamen o carga para el legatario. -Subcausa: Cuando el testador expresa la razòn que tuvo para hacer el legado. -Subdemostraciòn: Cuando el testador pone a la cosa alguna señal, circunstancia o aditamento que la designe o que la haga conocer con mayor certeza. 22.3)Aceptaciòn del legado: Declaraciòn de voluntad por la cual el legatario confirma la adquisiciòn del legado ya operado "ipso jure". Art. 1010 del C.C. 22.4)Revocaciòn del legado: Se sostiene que es revocable en virtud de que a su vez es revocable el testamento donde eventualmente se otorga un legado Art. 935. 22.5)Renuncia del legado: declaraciòn de voluntad que hace la persona beneficiada con un legado en cuya virtud expresa su intenciòn de no querer gozar de la condiciòn de legatario y tiene las caracteristicas siguientes: -A de ser un acto voluntario y libre.
-Debe estarse seguro de que el causante a fallecido. -No tiene mayores formalismos o solemnidades. 23) ALBACEAZGO: 23.1)Definiciòn: Personas designadas por el testador o por los herederos para cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesiòn y ejercitar todas las acciones correspondientes al "decujus", asì como para cumplir sus obligaciones, procediendo a la administraciòn, liquidaciòn y divisiòn de la herencia. Art. 1041 del C.C: 23.2)Clasificaciòn: -Testamentario: Cuando su nombramiento deviene del testamento. -Judicial: Cuando es nombrado por el Juez, sòlo en los casos de renuncia, remociòn o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando asì lo pidieren los herederos instituidos. Art. 1042 y 1043 del C.C. 23.3)Requisitos para ser albacea: Art. 1048 del C.C. 23.4)Facultades y atribuciones: Art. 1050 del C.C. 23.5)Plazo del albaceazgo: 1 año, si el testador no fijo plazo. Art. 1058 del C.C. 24) SUCESIÒN INTESTADA, LEGÌTIMA O LEGAL: 24.1)Definiciòn: Es la establecida por la ley para arreglar la ordenaciòn y distribuciòn de los bienes dejados por una persona cuando muere sin haber elaborado antes un testamento o cuando elabora uno pero ineficaz o insuficiente para poder llevarse a cabo aquella distribuciòn. Se le denomina tambièn "ad-intestato" 24.2)Su fundamento: El fundamento tradicional de la sucesiòn intestada radica en la presunciòn, contenida en la ley, de expresiòn de ùltima voluntad de la persona que no otorgò testamento, o que habièndolo otorgado resulta nulo o ineficaz. La doctrina moderna se inclina a considerar que el fundamento de la sucesiòn intestada radica en el reconocimiento de vìnculos familiares, tomando en cuenta, subjetivamente, la relaciòn entre el causante y sus parientes màs cercanos. 24.3)Casos en que tiene lugar: Art. 1068 del C.C. 24.4)Orden de la sucesiòn intestada: 24.4.1)En primer lugar: los hijos, incluyendo a los adoptivos, y el cònyuge sobreviviente; quienes heredaràn por partes iguales. Art. 1078 del C.C. 24.4.2)En segundo lugar: a falta de descendencia sucederàn los ascendientes màs proximos y el cònyuge, por iguales porciones. Art. 1079 del C.C. 24.4.3)En tercer lugar: a falta de los llamados a suceder, segùn el artìculo anteriormente citado, sucederàn los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Art. 1080 del C.C. 24.5)Herencia yacente: Se designa con este nombre la herencia en cuya posesiòn no ha entrado todavia el heredero testamentario o "ab-intestato"; o aquella en la que no se han hecho las particiones, de haber varios herederos. 24.6)Herencia vacante: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el difunto intestado cuando carece de herederos llamados por la ley para sucederle; o que, si los tiene, no se presentan, repudian la sucesiòn o son indignos o incapaces para heredar. La herencia puede quedar vacante tambièn, aun con testamento, si el heredero voluntario premuere al testador o no quiere o no puede aceptar la sucesiòn ni transmitir su derecho, y faltan ademàs herederos "ab-intestato". 25) MASA HEREDITARIA Y PARTICIÒN: 25.1)Definiciones: 25.1.1)Particiòn: Es el acto por el cual, del conjunto de bienes que forman la masa hereditaria, se adjudica a los herederos, determinados y especìficos bienes o partes alìcuotas de los mismos. Es la atribuciòn que se hace a cada uno de los herederos de los bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en la cuantia correspondiente a su propia cuota hereditaria. Art. 1085 del C.C. 25.1.2)Maza hereditaria: Se entiende el conjunto de bienes que quedan despùes de pagarse las deudas del causante. Es la universalidad de los bienes activos del causante a los cuales ya se les dedujo el pasivo de la herencia. Art. 1105 del C.C. 25.2) Procedencia de la particiòn: Procede la particiòn cuando han sido aprobados el inventario y la cuenta de administraciòn. Art. 1085 del C.C. 25.3)Suspensiòn de la particiòn: Sòlo puede suspenderse una particiòn en virtud de convenio expreso de los interesados y por un plazo que no pase de 3 años. Art. 1086 del C.C. 25.4)Rescisiòn y nulidad de la particiòn: Art. 1118 al 1123 del C.C. XXII. REGISTRO DE LA PROPIEDAD. ARTICULO 1124.* El registro de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables. Son públicos sus documentos, libros y actuaciones. * Texto Original * Reformado por el Artículo 77 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1125. *En el Registro se inscribirán: 1.Los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos; 2.Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles; y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos; 3.La posesión que conste en título supletorio legalmente expedido; 4.Los actos y contratos que trasmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos; 5.Las capitulaciones matrimoniales, si afectaren bienes inmuebles o derechos reales; 6.*Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal; y el arrendamiento o subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes; y obligatoriamente, cuando sea por más de tres años o que se haya anticipado la renta por más de un año; 7.Los ferrocarriles, tranvías, canales, muelles u obras públicas de índole semejante, así como los buques, naves aéreas, y los gravámenes que se impongan sobre cualesquiera de estos bienes; 8.Los títulos en que se constituyan derechos para la explotación de minas e hidrocarburos y su transmisión y gravámenes; 9.Las concesiones otorgadas por el Ejecutivo para el aprovechamiento de las aguas; 10.La prenda común, la prenda agraria, ganadera, industrial o comercial; 11.La posesión provisional o definitiva de los bienes del ausente;
12.La declaratoria judicial de interdicción y cualquiera sentencia firme por la que se modifique la capacidad civil de las personas propietarias de derechos sujetos a inscripción o la libre disposición de los bienes; 13.*Los edificios que se construyan en predio ajeno con el consentimiento del propietario; los ingenios, grandes beneficios, desmotadoras y maquinaria agrícola o industrial que constituyan unidad económica independiente del fundo en que estén instaladas; y 14.*Los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificables por los números y modelos de fabricación. * Texto Original * Reformado el inciso 6 y se le agregó los incisos 13 y 14 por el Artículo 78 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1126. Se inscribirán asimismo en el Registro, los instrumentos o títulos expresados en el artículo anterior, otorgados o expedidos en país extranjero, que reúnan los requisitos necesarios para hacer fe en juicio, y las providencias o sentencias firmes pronunciadas en el extranjero, cuando se hayan mandado cumplimentar por los tribunales de la República, y afecten derechos reales. ARTICULO 1127. * La inscripción en el Registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. Los registradores harán toda inscripción, anotación o cancelación, dentro del término de ocho días, contado desde la fecha de recepción del documento. Si éste diere lugar a varias de las operaciones antes indicadas, el término se ampliará en seis días más. * Texto Original * Reformado por el Artículo 79 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. * Reformado por el Artículo 2 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1128. * Si el documento presentado no fuere inscribible o careciere de los requisitos legales necesarios, el registrador lo hará constar en un libro especial que se llevará para tales efectos y en el propio documento, el cual devolverá al interesado, expresando la hora y fecha de recepción en el Registro, así como la ley en que se funda para suspender o denegar la inscripción. * Texto Original * Reformado por el Artículo 80 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. * Reformado por el Artículo 3 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1129. * En ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción, que no hubieren sido razonados por el registrador. * Texto Original * Reformado por el Artículo 81 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. CAPITULO II DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCION ARTICULO 1130. * La primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos: 1. En virtud de resolución judicial firme; 2. A la presentación de testimonio de escritura pública: a) Cuando los otorgantes de un acto o contrato que haya dado origen a la primera inscripción de un bien mueble, inmueble o derecho real, comparezcan todos solicitando la modificación, ampliación o enmienda de tal inscripción, por haberse cometido error u omisión en la escritura pública o en el documento original; y b) Cuando el propietario solicite que se consigne la ubicación o la dirección del inmueble. En estos casos los datos los declarará bajo juramento en la escritura pública correspondiente y el notario transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva, en el que conste la ubicación o dirección del bien de que se trate y su identificación registral; 3. En los demás casos que expresamente autorice la ley. * Texto Original * Reformado por el Artículo 82 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. * Reformado por el Artículo 4 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1131. * Toda inscripción expresará: 1. Si la finca es rústica o urbana, su ubicación, indicando el municipio y departamento en que se encuentra, área, rumbos o azimuts; o coordenadas geográficas debidamente georeferenciadas al sistema geodésico nacional; medidas lineales y colindancias; su nombre y dirección si lo tuviere. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en Registro de la Propiedad respectivo y en los planos que podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros agrónomos, que se encuentren colegiados activos en la República de Guatemala. Se exceptúan de la obligación de presentar planos firmados por los profesionales indicados, los casos de titulaciones supletorias y desmembraciones de las fincas rústicas menores de siete mil metros cuadrados, y las urbanas que se localizan en aquellas poblaciones recónditas del país en que no fuere posible localizar a uno de los profesionales indicados, extremo que el Notario deberá hacer constar en el instrumento correspondiente, con la salvedad de que si se tratare de tres desmembraciones o más de la finca matriz, o en el caso de parcelamientos urbanos, el Registro de Propiedad respectivo exigirá como requisito para la inscripción de cada una de las nuevas fincas que los planos sean suscritos de conformidad con las exigencias que contiene el párrafo anterior. 2. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se inscriba y su valor si constare; 3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de derechos sobre los bienes que sean objeto de la inscripción; 4. La naturaleza del acto o contrato, la fecha y lugar de éste; 5. Los nombres completos de las personas otorgantes del acto o contrato; 6. El juez, funcionario o notario que autorice el título; 7. La fecha de entrega del documento al Registro con expresión de la hora, el número que le corresponde según el libro de entregas, el número de duplicado y el tomo en que se archivará; y 8. Firma y sello del registrador, así como el sello del Registro, Los requisitos a que se refiere el inciso 1o, sólo serán necesarios en la primera inscripción.
La inscripción de bienes muebles identificables se hará con los requisitos y en la forma establecida en el artículo 1214 de este Código. * Texto Original * Reformado por el Artículo 83 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. * Reformado por el Artículo 5 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. * Reformado el inciso 1 por el Artículo 1 del Decreto Número 53-99 del Congreso de la República. * Reformado por el Artículo 1 del Decreto Ley Número 33-2000 218 del Congreso de la República. ARTICULO 1132. * Todo documento se presentará por duplicado al registro: la copia se extenderá en papel sellado del menor valor y se conservará con la clasificación del caso en la oficina. De los documentos otorgados en el extranjero, se presentará por duplicado certificación notarial. Cuando el registro esté en capacidad de hacerlo, sustituirá los duplicados que se indican en este artículo por tomas microfílmicas de los documentos originales, disponiéndose la forma más apropiada para su clasificación y conservación. * Texto Original * Reformado por el Artículo 6 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1133. Cuando la finca corresponda por su situación a dos o más departamentos, se inscribirá en el registro del territorio donde estuviere enclavada la casa de habitación o las principales oficinas; en su defecto, en el registro del departamento donde estuviere ubicada la mayor parte del terreno. En igualdad de circunstancias, si no hubiere casa ni oficina el interesado la inscribirá en cualquiera de los departamentos en que esté situada la finca. ARTICULO 1134. * En las inscripciones relativas a un bien anteriormente inscrito, se omitirán aquellas circunstancias que respecto de él consten ya en el registro, haciéndose sólo referencia a ellas y citándose el número y el libro y folio en que se encuentran; pero se cuidará de expresar las alteraciones que el mismo haya sufrido. * Texto Original * Reformado por el Artículo 84 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1135. Cuando hubiere de inscribirse algún acto o contrato traslativo de dominio en que haya mediado precio, se expresará el que resulte del título, si ha sido al contado o a plazos y la forma en que debe pagarse. Las mismas circunstancias se expresarán también en la permuta y en la adjudicación en pago, si alguno de los interesados quedare obligado a satisfacer al otro cualquiera diferencia en numerario o en especie. ARTICULO 1136. * Las inscripciones hipotecarias y prendarias expresarán las condiciones a que estén sujetos los créditos, el importe de la obligación garantizada y el plazo. * Texto Original * Reformado por el Artículo 85 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1137. Las servidumbres se harán constar en la inscripción de la propiedad, tanto del predio dominante como del predio sirviente; pero si fueren constituidas con el carácter de uso público y a favor de pueblos, ciudades o municipios, sólo se harán constar en el predio sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado. ARTICULO 1138. El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias que afecten los actos o contratos inscritos, se hará constar en el registro por una nueva inscripción a favor de quien corresponda, al ser presentada la escritura pública respectiva o la resolución judicial que lo ordene. ARTICULO 1139. Las inscripciones de las resoluciones judiciales a que se refieren los incisos 11 y 12 del artículo 1126, expresarán la especie de incapacidad y las limitaciones declaradas en cuanto a la libre disposición de los bienes. Estas inscripciones comprenderán todos los bienes inscritos a nombre de la persona a que se refiere la resolución judicial firme. ARTICULO 1140. Si el inmueble perteneciere en común a varias personas, se hará una sola inscripción mientras no se practique la división entre los copartícipes o alguno de éstos transfiera su derecho a otro. ARTICULO 1141. Entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia la anterioridad en la hora de la entrega del título en el registro. ARTICULO 1142. * Si se presentare el mismo día al Registro, despacho que contenga orden o mandamiento judicial de anotación de demanda o embargo y testimonio de escritura pública de actos o contratos que afecten a los mismos bienes o derechos, se atenderá a la hora de entrega de los documentos. Si fueren presentados a un mismo tiempo, tendrá preferencia el documento que sea anterior de acuerdo a la numeración del libro de entregas del Registro. En tales casos, el registrador hará las inscripciones y anotaciones que procedan en la forma indicada con anterioridad. Si el interesado no estuviere conforme con lo actuado, podrá proceder de conformidad con el Artículo 1164 de este Código. * Texto Original * Reformado por el Artículo 7 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1143. Si al hacerse una inscripción o anotación resultare del título algún otro derecho real no inscrito anteriormente, el registrador procederá a hacer acto continuo la inscripción separada y especial que corresponda a tal derecho. Esta inscripción, desde su fecha, producirá efecto contra tercero. ARTICULO 1144. Los títulos supletorios inscritos, producirán los mismos efectos del título de dominio, de conformidad con lo establecido en el artículo 637 de este Código. ARTICULO 1145. La inscripción será nula cuando por omisión de alguna de las circunstancias que debe contener, o por estar extendida con inexactitud, hubiere inducido a error a un tercero y éste, o alguna de las partes contratantes aparezcan perjudicadas en el registro. ARTICULO 1146. La inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes. Esto no obstante, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho a ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, en virtud de causas que no aparezcan del mismo registro. ARTICULO 1147. Las acciones rescisorias o resolutorias no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho, exceptuándose: 1.Las acciones rescisorias o resolutorias estipuladas expresamente por las partes, que consten en el registro; y 2. La acción revocatoria de enajenación en fraude de acreedores, cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude o el derecho lo haya adquirido a título gratuito. En los dos casos del inciso 2º no perjudicará a tercero la acción revocatoria que no se hubiere entablado dentro de un año, contado desde el día de la enajenación fraudulenta.
ARTICULO 1148. Unicamente perjudicará a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el registro. Por tercero se entiende el que no ha intervenido como parte en el acto o contrato. Los títulos inscritos o anotados surtirán efectos contra tercero y aun contra los acreedores singularmente privilegiados, desde la fecha de su entrega al Registro. CAPITULO III DE LAS ANOTACIONES Y SUS EFECTOS ARTICULO 1149. Podrán obtener anotación de sus respectivos derechos: 1.El que demandare en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción, o la cancelación o modificación de ésta; 2.El que obtuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor; 3.Los legatarios y acreedores ciertos del causante en derechos reales de la herencia; 4.El que demandare la declaración o presunción de muerte, la incapacidad por interdicción, la posesión de los bienes del ausente, o que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes; 5.El que presentare título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables en el término de treinta (30) días, pasados los cuales la anotación se tendrá por cancelada de hecho; y 6. El que en cualquier otro caso tuviere derecho a pedir anotación preventiva, conforme a lo dispuesto en este Código o en otra ley. ARTICULO 1150. Las anotaciones que procedan de orden judicial, en los casos de los incisos 1°, 2º, 4º, y 6º del artículo anterior, las hará el registrador al recibir el despacho que deberá librar el tribunal respectivo. En el caso del inciso 3º, será necesario que el derecho conste de manera fehaciente, pero si hubieren transcurrido seis meses desde la muerte del causante, la anotación sólo la hará el registrador de orden judicial. En los demás casos, bastará la solicitud del interesado ante el registrador justificando su derecho. ARTICULO 1151. Las anotaciones que procedan de providencias judiciales no se suspenderán por apelación u oposición de parte. ARTICULO 1152. El interesado en la anotación de un inmueble que no esté inscrito en el registro, tiene derecho de hacer personalmente todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción del inmueble de que se trate. ARTICULO 1153. EI legatario de género o cantidad, no podrá exigir anotación sobre bienes inmuebles o derechos reales legados a otros especialmente, y el legatario de inmuebles determinados o de crédito o pensiones asignados sobre ellos, no podrá constituir su anotación sino sobre los mismos bienes. ARTICULO 1154. Si alguno de los legatarios fuere persona incierta, la anotación de su legado se practicará de oficio por el registrador, al anotarse otros legados o al inscribirse la herencia a favor del heredero. ARTICULO 1155. El acreedor que obtenga anotación a su favor en el caso del inciso 2º, del artículo 1149 será preferido, en cuanto a los bienes anotados, solamente a los que tengan contra el mismo deudor un crédito contraído con posterioridad a dicha anotación. ARTICULO 1156. La anotación preventiva no da preferencia a los legatarios entre sí, ni al acreedor sobre los demás de su misma clase. ARTICULO 1157. La anotación a favor del acreedor a la herencia o del legatario que no lo fuera de especie, ni de rentas o derechos reales constituidos sobre un inmueble determinado, caducará al año de su fecha, y en consecuencia, deberá cancelarse de oficio por el registrador, aun cuando haya sido decretada judicialmente. Si al vencimiento del año no fuere aún exigible el legado o el crédito, se considerará subsistente la anotación hasta dos meses después del día en que puedan exigirse. ARTICULO 1158. Si antes de expirar el término de la anotación resultare ésta ineficaz para garantizar el crédito o legado, por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes anotados, podrá pedir el acreedor a la herencia o el legatario, que se anoten otros bienes, si los hubiere susceptibles de tal gravamen. ARTICULO 1159. EI legatario de rentas o pensiones podrá pedir, en cualquier tiempo, que la anotación hecha a su favor se convierta en inscripción hipotecaria si el testador hubiere consignado las porciones sobre inmuebles determinados de la herencia. ARTICULO 1160. Si el legatario hubiere anotado su derecho, podrá pedir, en cualquier tiempo, la inscripción hipotecaria de los bienes inmuebles de la herencia gravados por el testador, que existan en poder del heredero o legatario obligado a dar la pensión. ARTICULO 1161. Cuando se presente al Registro de la Propiedad un testamento en que se constituya patrimonio familiar, el registrador hará, de oficio, anotación provisional sobre los bienes afectados por el patrimonio, la que se cancelará al hacerse la inscripción definitiva. ARTICULO 1162. * Cuando la anotación preventiva a que se refiere el inciso 5º. del Artículo 1149 de este Código, se convierta en inscripción definitiva de un derecho, surtirá sus efectos desde la fecha de tal anotación y en esos supuestos el registrador, a solicitud escrita de quien la hubiere obtenido, cancelará las inscripciones de fecha posterior. * Texto Original * Reformado por el Artículo 8 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1163. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. ARTICULO 1164. *El interesado que no estuviere conforme con la denegatoria, suspensión de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al Registro, podrá ocursar en la vía incidental al registrador ante Juez de Primera Instancia del ramo civil de la circunscripción departamental donde tenga su sede el Registro. * Texto Original * Reformado por el Artículo 9 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1165. * La anotación preventiva pierde sus efectos a los treinta días de efectuada o al vencimiento de la prórroga que se hubiere otorgado y, será cancelada de oficio por el registrador, si durante ese plazo no se hubiere presentado el documento que subsane la omisión. También deberá ser cancelada a solicitud escrita de quien la obtuvo, del propietario del bien o derecho anotado o mediante la presentación del despacho judicial que así lo disponga.
En todo caso, el registrador, pondrá razón al margen del libro correspondiente de toda cancelación o prórroga de anotación preventiva que inscriba. * Texto Original * Reformado por el Artículo 10 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1166. Toda anotación expresará: el inmueble o derecho real a que se contraiga; el juez que la hubiere decretado, si fuere el caso; las personas a quienes afecte, el título de su procedencia, el importe de las obligaciones si pudieren determinarse; la fecha y hora de la entrega del documento en el Registro. La falta de alguno de estos requisitos hará ineficaz la anotación. CAPITULO IV DE LAS CANCELACIONES ARTICULO 1167. * Las inscripciones se cancelarán en virtud del documento en que conste haberse extinguido legalmente los derechos u obligaciones inscritos. * Texto Original * Reformado por el Artículo 86 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1168. * La cancelación podrá hacerse parcial o totalmente. En el primer caso deberá indicarse con la claridad, la parte respecto de la cual se hace la cancelación. * Texto Original * Reformado por el Artículo 87 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1169. * Podrá pedirse la cancelación total de las inscripciones y anotaciones: 1. Cuando se extingue por completo el inmueble objeto de la inscripción o el derecho real inscrito. 2. Cuando se declare la nulidad del documento en cuya virtud se haya hecho la inscripción; y 3. Cuando se declare la nulidad de la inscripción a consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1145. * Texto Original * Reformado por el Artículo 88 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1170. * El registrador, a solicitud escrita de parte interesada, cancelará: 1.* Las inscripciones hipotecadas con plazo inscrito, cuando hubieren transcurrido diez años después de haber vencido éste o su prórroga y, por el transcurso de dos años, los demás derechos reales sobre inmuebles. 2.Las inscripciones de derechos sobre bienes muebles identificables, cuando hubieren pasado tres años desde el vencimiento del plazo o de la prórroga inscritos. 3.Las anotaciones de demanda y de embargo después de cinco años de su fecha; y 4. La prenda agraria después de dos años del vencimiento del plazo fijado en el contrato. * Texto Original * Reformado por el Artículo 89 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. * Reformado el inciso 1 por el Artículo 11 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1171. * Además de lo previsto en el inciso 3º. del artículo 1170 de este Código, las inscripciones o anotaciones decretadas judicialmente en los casos establecidos en los incisos 1º., 2º., 4º. y 6º del artículo 1149, se cancelarán en cualquier tiempo a la presentación del despacho que contenga la resolución judicial que así lo disponga. En los demás casos del citado artículo, podrá hacerse la cancelación, al presentarse testimonio de escritura pública en la cual exprese su consentimiento la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, sus causahabientes o representantes legítimos. * Texto Original * Reformado por el Artículo 12 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1172. La anotación se cancelará, no sólo cuando se extinga el derecho anotado, sino también cuando en escritura pública se convenga, o en providencia judicial se disponga convertirla en definitiva. ARTICULO 1173. Cuando se presente al registro un título traslativo de dominio o derecho real, otorgado en virtud de remate por ejecución judicial, se cancelará de oficio todo embargo, anotación o inscripción posterior a la inscripción o anotación, del derecho que hubiere motivado el remate. Asimismo, se cancelará la anotación de la demanda de nulidad o falsedad del título que haya dado lugar a la ejecución y al remate. ARTICULO 1174. Toda cancelación contendrá los requisitos siguientes: 1.La clase de documento en cuya virtud se haga la cancelación; 2.La fecha del documento y la de entrega en el registro; 3.La designación del juez que hubiere expedido el documento o del notario ante quien se haya otorgado; 4.Los nombres de los interesados en la cancelación; y 5. La inscripción o anotación que se cancele. ARTICULO 1175. El registrador, bajo su responsabilidad, suspenderá o denegará la cancelación conforme a lo dispuesto para las inscripciones. ARTICULO 1176. Será nula la cancelación en perjuicio de tercero: 1.Cuando no dé a conocer claramente la inscripción cancelada; 2.Cuando en la cancelación parcial no se dé a conocer claramente la parte del inmueble que haya desaparecido, o la parte de la obligación que se extinga y la que subsista; y 3. Cuando la cancelación no tenga la fecha de la entrega en el registro, del instrumento en que se haya convenido por las partes u ordenado por el juez.
ARTICULO 1177. Cuando una cancelación se declare nula en virtud de causas que no aparezcan en el asiento, tal nulidad no podrá perjudicar a tercero. ARTICULO 1178. Cuando una finca tuviere quince o más inscripciones de dominio o hipotecarias, el registrador las cancelará y abrirá nueva inscripción con los datos que de las inscripciones resulten, transcribiendo a ella toda inscripción o anotación que estuviere vigente. El registrador podrá exigir de los interesados los demás datos que juzgue necesarios. CAPITULO V CERTIFICACIONES DE REGISTRO. ARTICULO 1179. La liberación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, sólo podrá acreditarse por la certificación del registro en que se haga constar el estado de dichos bienes. ARTICULO 1180. * Los registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, relativas a los bienes inscritos en el Registro. Dichas certificaciones se solicitarán por escrito y se extenderán sin citación alguna, debiendo pagar el solicitante los honorarios fijados en el Arancel. * Texto Original * Reformado por el Artículo 90 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1181. Cuando se expidiere certificación de una inscripción cancelada, el registrador insertará en todo caso a continuación de ella, copia literal del asiento de cancelación. De la misma manera, el registrador hará mérito en la certificación, de cualquier título que estuviere presentado solamente, pero que tenga relación con el asiento certificado. ARTICULO 1182. Cuando el registrador dudare si está o no subsistente una inscripción por dudar también de la validez o eficacia de la cancelación que a ella se refiere, insertará a la letra ambos asientos en la certificación, expresando que lo hace así por haber dudado si dicha cancelación reúne las circunstancias necesarias para producir todos sus efectos legales, debiendo expresar también los motivos de la duda. ARTICULO 1183. Las certificaciones pueden ser substituidas por copias fotográficas, legalizadas por el registrador. ARTICULO 1184. Cuando las certificaciones que expida el registrador no fueren conformes con los asientos a que se refieren, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por aquéllas para exigir la indemnización correspondiente del registrador que hubiere cometido la falta. TITULO II DE LAS INSCRIPCIONES ESPECIALES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1185. * En el registro de la Propiedad se llevarán por separado los registros siguientes: de prenda agraria, de testamentos y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, de fábricas inmovilizadas, de buques y aeronaves, canales, muelles, ferrocarriles y otras obras públicas de índole semejante, de minas e hidrocarburos de muebles identificables y otros que establezcan leyes especiales. También se llevarán los registros de la prenda común, de la prenda ganadera, industrial y comercial, cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales. * Texto Original * Reformado por el Artículo 91 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1186. Sin perjuicio de hacerse la inscripción en los libros especiales cuando las operaciones se refieran a las, expresadas en los incisos 5º, 6º, 10, 11 y 12 del artículo 1125, se anotarán los inmuebles que afecten tales inscripciones. ARTICULO 1187. Salvo disposiciones especiales, las reglas establecidas para la inscripción en general, se observarán en las inscripciones de que trata este título. CAPITULO II REGISTRO DE LA PRENDA AGRARIA ARTICULO 1188. La partida de inscripción de la prenda agraria contendrá: 1.El nombre de inscripción del fundo a que la prenda pertenezca; 2.El nombre de los contratantes; 3.El lugar y la fecha del contrato; 4.La suma recibida en préstamo y la forma en que deberá devolverse; 5.El nombre del notario que autorizó el contrato; 6.Los intereses estipulados; 7.El plazo de la obligación; 8.Las cosas dadas en prenda, con especificación de todas las circunstancias que sirvan para identificarlas; 9.Las condiciones especiales que hayan pactado los contratantes; y 10. Los detalles que se requieran para la claridad y precisión del asiento. ARTICULO 1189. * Cuando las cosas dadas en prenda se encuentren en departamentos que correspondan a distintas oficinas del Registro, el documento respectivo deberá ser presentado e inscrito en todas ellas. * Texto Original * Reformado por el Artículo 92 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1190. Tan pronto como se registre un contrato de prenda sin tradición, se anotará al margen de la inscripción de dominio del fundo de que legalmente formen parte las cosas pignoradas. Esta anotación se cancelará al mismo tiempo que la inscripción de prenda. ARTICULO 1191. * En los casos en que para la cancelación o rescisión de la prenda, no mediare instrumento público o sentencia firme, bastará la solicitud escrita del acreedor y deudor ante el registrador, quien levantará el acta respectiva y hará las operaciones correspondientes. * Texto Original * Reformado por el Artículo 93 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1192. * Cuando ocurriere la venta judicial de bienes pignorados, el registrador cancelará tanto la inscripción prendaria, como la anotación en el inmueble o mueble que la soporte, a la presentación del testimonio de la escritura pública de adjudicación en pago otorgada judicialmente. * Texto Original * Reformado por el Artículo 13 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado.
CAPITULO III REGISTRO DE TESTAMENTOS Y DE DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE ARTICULO 1193. En el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, se hará constar: 1.En el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte: el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación; el lugar, fecha y hora; el folio o folios que correspondan al protocolo; el número y registro del papel sellado en que estuviere extendido el original; y la constancia de haber firmado el testador o donante, o el nombre de la persona que firmó a su ruego; 2.En el libro de testamento cerrados: copia íntegra del acta que protege el testamento; 3.En el libro de testamentos especiales: los mismos datos que contiene el inciso 1º, de este artículo, en lo que sea aplicable; y 4. La ampliación, revocación, nulidad o insubsistencia de testamentos o donaciones. ARTICULO 1194. * Muerto el testador se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. * Texto Original * Reformado por el Artículo 94 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. CAPITULO IV REGISTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ARTICULO 1195. La propiedad horizontal deberá inscribirse formando tantas fincas separadas como pisos o unidades tenga la edificación. El testimonio de la escritura que origine la primera inscripción del edificio, deberá acompañarse de una copia de los planos del mismo y los planos de cada unidad o piso. ARTICULO 1196. Los planos deben detallar la situación, dimensiones y colindancias del terreno, así como una descripción del edificio, incluyendo sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que goce; y descripción de cada piso o unidad, su situación colindancias y datos que sean necesarios para identificarlos. ARTICULO 1197. La inscripción del edificio, como finca matriz, se debe practicar en la finca con cuyo número aparezca inscrito el terreno. ARTICULO 1198. Cada piso, departamento o habitación que reúna los requisitos que establece este Código, se debe inscribir como finca independiente de la finca matriz, y cada una de las nuevas fincas debe, tener notas marginales de mutua referencia. ARTICULO 1199. La inscripción del edificio en la finca matriz ha de expresar las circunstancias que para toda inscripción señala el artículo 1131, en cuanto fueren aplicables. ARTICULO 1200. En la inscripción deben expresarse los elementos comunes a favor del o de los que resulten ser titular o titulares del edificio total; y en su caso, de los que correspondan a cada piso, departamento o habitación, en la proporción respectiva. ARTICULO 1201. Al inscribirse un piso, departamento o habitación, se deben expresar las mismas circunstancias que indican los artículos anteriores. En cuanto a la parte que en los elementos comunes generales o limitados, en su caso, corresponde a los titulares, el registrador hará una breve referencia al asiento de la finca matriz en que aparezcan inscritos. ARTICULO 1202. * Para que cada piso, departamento o habitación, pueda inscribirse independientemente de la finca matriz, es indispensable que se encuentre terminada su construcción, lo que deberá acreditarse mediante constancia extendida por la respectiva municipalidad o por el profesional director de la obra, la que el notario insertará en el instrumento público que corresponda. Cuando la construcción no estuviere concluida, la inscripción tendrá carácter provisional y se convertirá en definitiva a solicitud del interesado, acompañando la constancia a que se refiere el párrafo anterior. * Texto Original * Reformado por el Artículo 14 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1203. La parte proporcional o porcentaje en los elementos comunes que corresponda al titular de cada piso o unidad, se entiende transmitida o gravada conjuntamente con éste, sin necesidad de inscribir dicha transmisión o gravamen de la parte proporcional de esos elementos en la finca matriz. ARTICULO 1204. La adición de nuevos pisos o la adquisición de nuevas porciones de terreno colindantes, efectuadas por la totalidad de titulares para que formen parte de los elementos comunes del edificio, se ha de inscribir en la finca matriz, con la cual deben unificarse las nuevas parcelas adquiridas. ARTICULO 1205. La cancelación total o parcial de gravámenes que afecten el edificio en general y las anotaciones preventivas que hagan referencia expresa al edificio o a los elementos comunes del mismo en su totalidad, se deben practicar en la finca matriz, dejando anotación marginal en las fincas filiales. CAPITULO V OTROS REGISTROS ESPECIALES ARTICULO 1206. * Las inscripciones de que trata este capítulo deberán hacerse con los requisitos que se exigen para toda clase de inscripciones, en cuanto fueren aplicables, y se anotarán al margen de la inscripción de cada uno de los inmuebles que afecten. * Texto Original * Reformado por el Artículo 95 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1207. Los buques y naves aéreas, canales, muelles, ferrocarriles, y otras obras públicas de índole semejante, y los derechos reales que los afecten, deberán inscribirse en el registro central de la propiedad en los libros destinados a tales bienes. ARTICULO 1208. La inscripción de una de las obras mencionadas la hará el registrador a la presentación de la escritura constitutiva de la concesión o contrato, debidamente aprobado. La primera inscripción deberá expresar la naturaleza y descripción de la obra y todo lo que ella comprenda como necesario para su existencia o explotación, de conformidad con los términos y condiciones de la concesión legalmente aprobada. ARTICULO 1209. Si la inscripción se hace durante la construcción de la obra pública, podrá adicionarse o rectificarse al concluir la obra o terminar cada una de las secciones, presentando al efecto, certificación auténtica en que conste que el funcionario competente se da por recibido de la obra o de la sección que se pone al servicio público.
ARTICULO 1210. En cuanto el concesionario adquiera en forma legal, el terreno para la construcción de ferrocarril, canal, muelle u obras de la misma índole, se inscribirán los títulos de la adquisición, en la forma prevenida en el artículo 1208. ARTICULO 1211. Las estaciones, almacenes, presas, puentes, acueductos y demás obras que constituyan parte integrante de la vía o canal, como necesarias para su existencia o explotación, no requieren inscripción separada, sino que se incluirán en la inscripción general de la obra; pero, las fincas rústicas o urbanas que adquiera la compañía concesionaria y que estén separadas de la vía o canal, deben inscribirse separadamente con las condiciones y requisitos que exige la ley. ARTICULO 1212. El dominio del Estado sobre los hidrocarburos naturales en sus diferentes condiciones, los carbones minerales y las sustancias minerales metálicas que se encuentran en el subsuelo, es inalienable e imprescriptible y deberá inscribirse con tales requisitos en un libro especial, formando un inmueble separado del fundo en cuyo subsuelo se encuentre ubicado el yacimiento o la mina respectiva. En la inscripción de dicho fundo se anotará la desmembración del dominio del subsuelo y en la nueva finca que se forme a favor del Estado, se expresarán el número, folio y libro de la finca en cuyo subsuelo se formó el nuevo inmueble. ARTICULO 1213. El dominio útil de los hidrocarburos, carbones minerales y minas, se inscribirá en el mismo libro, a favor de los concesionarios, con las condiciones establecidas en el respectivo contrato que se hará constar en escritura pública y asimismo se inscribirán las transferencias de dominio y derechos reales que los afecten, que se regularán por las prescripciones comunes. ARTICULO 1214. * La inscripción de un bien mueble identificable se hará en libro especial a la presentación de la escritura o documento legalizado o copia legalizada de los mismos en que conste la transferencia de dominio y con los requisitos que además establezca el reglamento del Registro. * Texto Original * Reformado por el Artículo 96 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1215. La primera inscripción de un buque o nave particular será la de propiedad del mismo. Para extender esta inscripción deberá presentarse la escritura de propiedad y copia certificada de la matrícula del buque expedida en la forma legal. El cambio de matrícula se hará constar en nueva inscripción. La primera inscripción de propiedad del buque, contendrá la descripción del mismo, expresando las circunstancias que sirvan para identificarlo. TITULO III DE LOS REGISTROS Y DE LOS REGISTRADORES CAPITULO I ESTABLECIMIENTO E INSPECCION DE REGISTROS ARTICULO 1216. * El registro de la Propiedad de la zona central con sede en la ciudad capital, tendrá a su cargo el registro de las demás zonas que no lo tengan propio y como registro general, el control y vigilancia de los demás registros de la Propiedad. * Texto Original * Reformado por el Artículo 97 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1217. La inspección de cada registro la tendrá a su cargo el juez de Primera Instancia de lo Civil, designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia, si fueren varios los jueces del departamento en que tenga su sede el respectivo registro. ARTICULO 1218. Los jueces de Primera Instancia visitarán el registro de su jurisdicción, para darse cuenta de la marcha de la oficina, del estado en que se encuentren los libros y archivos del mismo registro y de la actividad y competencia del personal. Extenderá acta en que haga constar sus observaciones y si el despacho se encuentra al día o si sufre retraso, enviando copia de la misma acta a la Corte suprema de Justicia para que, si fuere del caso, dicte las medidas que estime convenientes. ARTICULO 1219. Si los jueces notaren alguna falta de formalidad por parte de los registradores en el modo de llevar el registro, o en el arreglo de los documentos que a él corresponda, dictarán las disposiciones necesarias para corregirla y, en su caso, sancionarán a los registradores en la forma que establece este Código. CAPITULO II LIBROS QUE DEBEN LLEVARSE EN EL REGISTRO. ARTICULO 1220. * En los registros es obligatorio llevar los siguientes libros principales: 1o. De entrega de documentos; 2o. De inscripciones; 3o. De cuadros estadísticos; y 4o. De índices por orden alfabético de apellidos de los propietarios y poseedores de inmuebles. * Texto Original * Reformado por el Artículo 15 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1221. * El registrador llevará, asimismo, los libros que sean necesarios para las inscripciones especiales y los demás que determine el reglamento del registro. *Queda facultado para innovar progresivamente el actual sistema, adoptando la microfilmación de los documentos, la computarización y teleproceso, de acuerdo con las posibilidades económicas del Registro. * Se adiciona el último párrafo por el Artículo 16 del Decreto Ley Número 124-85 del Jefe de Estado. ARTICULO 1222. Los libros de los registros serán públicos; no se sacarán por ningún motivo de la oficina del registro, donde se mantendrán con todas las precauciones necesarias para su conservación y seguridad. Las diligencias judiciales y extrajudiciales que exijan la exhibición de dichos libros, se practicarán precisamente en la misma oficina. ARTICULO 1223. Sólo harán fe los libros del registro llevados legalmente. ARTICULO 1224. Los libros que se encuentren destruidos o deteriorados de tal manera que sea difícil su consulta, serán repuestos bajo la responsabilidad del registrador, previa autorización judicial. Hecha la transcripción, el registrador cerrará el nuevo libro con una razón en que haga constar estar confrontadas y conformes con el original todas las partidas transcritas. CAPITULO III DE LOS REGISTRADORES
ARTICULO 1225. * Cada registro estará a cargo de un registrador propietario, nombrado por el Presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Gobernación. Su permuta, traslado o cesación serán acordados en la misma forma. Cada registro podrá contar con uno o varios registradores auxiliares, designados por el registrador propietario bajo su responsabilidad, quienes firmarán las razones, documentos, asientos, inscripciones, anotaciones y cancelaciones que determine dicho funcionario. Cada registrador auxiliar tendrá las mismas calidades del registrador propietario, estará sujeto a las mismas limitaciones y garantizará las responsabilidades en que pudiere incurrir, con hipoteca o fianza. El registrador propietario fijará el importe de la garantía, conforme al criterio y límites a que se refiere el Artículo 1228 de este Código. * Texto Original * Reformado por el Artículo 98 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. * Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 85-97 del Congreso de la República de Guatemala. ARTICULO 1226. * Para ser nombrado registrador de la Propiedad se requiere ser guatemalteco de origen, notario y abogado colegiado activo. * Texto Original * Reformado por el Artículo 99 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1227. * El cargo de registrador es incompatible con el ejercicio de las profesiones de abogado y notario y con todo empleo o cargo público. * Texto Original * Reformado por el Artículo 100 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1228. * Los registradores antes de entrar a ejercer sus cargos, garantizarán las responsabilidades en que pudieren incurrir, con hipoteca o fianza. El Ministerio de Gobernación fijará el importe de la garantía atendiendo a la importancia del registro entre mil y diez mil quetzales. * Texto Original * Reformado por el Artículo 101 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. ARTICULO 1229. La garantía de que trata el artículo anterior no se cancelará, sino hasta un año después de haber cesado el registrador en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiere pendiente alguna reclamación contra el registrador, en cuyo caso, la cancelación quedará sujeta a las resultas del juicio. ARTICULO 1230. Si la garantía fuere hipotecaria y quedare un saldo insoluto al rematarse el inmueble, el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo. ARTICULO 1231. Los registradores enviarán al registrador de la capital, durante el mes de enero de cada año, un cuadro estadístico relativo al año anterior, que contendrá: las enajenaciones y su precio, con separación de fincas rústicas y urbanas; los derechos reales impuestos sobre ellas y su valor si constare; las hipotecas, número de fincas hipotecadas, importe de los capitales asegurados con ellas y las cancelaciones verificadas. ARTICULO 1232. En el mes de febrero de cada año, el registrador de la capital, enviará al Ministerio de Gobernación un cuadro con los datos estadísticos que deberá comprender todas las operaciones efectuadas en los registros de la Propiedad. Los datos estadísticos se compilarán por dicho registrador en el libro respectivo. ARTICULO 1233. En cada Registro habrá un registrador sustituto, de nombramiento del Ejecutivo a propuesta y bajo la responsabilidad del propietario, para que haga las veces de éste en los casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad en el desempeño de sus funciones. El sustituto tendrá las mismas calidades que el propietario. Si excediere de un mes el tiempo de la interinidad, el sustituto deberá prestar garantía en los mismos términos que el propietario. ARTICULO 1234. El registrador sustituto hará las veces del propietario accidentalmente, cuando éste, su cónyuge o sus parientes Intervengan en un documento inscribible o sean parte en el juicio de que proceda el mandamiento u orden para una inscripción o anotación. Cuando exista incompatibilidad en ambos registradores, el Ministerio de Gobernación designará, en cada caso, al notario que deba autorizar las operaciones. ARTICULO 1235. Los registradores no son parte en ningún litigio en que se ventile la validez o nulidad de una inscripción, excepto cuando se les deduzca responsabilidad por abusos de sus funciones o por defecto de una inscripción, y en los ocursos de queja. ARTICULO 1236. Quien por culpa del registrador aparezca en el registro indebidamente exonerado de alguna obligación o gravamen inscrito, quedará responsable de dicha obligación o gravamen solidariamente con el registrador; y éste responderá además, de los daños y perjuicios que por tales daños u omisiones se hayan causado. ARTICULO 1237. El juez de 1ª instancia a cuya jurisdicción pertenezca el registro, será el competente para conocer de las demandas que por daños y perjuicios procedan contra el registrador. ARTICULO 1238. Las infracciones de esta ley o de los reglamentos relativos al registro, cometidas por los registradores, aunque no causen perjuicio a tercero, ni constituyan delito, serán castigadas con multas de cinco a cincuenta quetzales. La multa será impuesta por el juez del departamento a que corresponda el registro y sin más trámite que las diligencias necesarias para averiguar el hecho. Quedan al penado expeditos los recursos legales. El importe de las multas ingresará a los fondos de justicia. ARTICULO 1239. Lo dispuesto en los artículos anteriores, en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios y sujeción a multas, no obstará a la imposición de la pena que, en caso de delito, proceda conforme a las leyes. ARTICULO 1240. Cuando un registrador fuere condenado a la vez a la indemnización de daños y perjuicios y al pago de la multa, se pagarán de preferencia los primeros. ARTICULO 1241. * Los registradores percibirán los honorarios que fije el Arancel y costearán sin tasa alguna, los gastos ordinarios de oficina, que incluyen a la provisión y conservación de los libros del registro. * Texto Original * Reformado por el Artículo 102 del Decreto Ley Número 218 del Jefe del Gobierno de la República. CAPITULO IV ERRORES EN LOS LIBROS Y SU RECTIFICACION
ARTICULO 1242. Los registradores, antes de firmar y sellar los asientos, del Registro, cuidarán de revisarlos para salvar las palabras testadas o intercaladas. ARTICULO 1243. No podrán corregirse los errores u omisiones cometidos en los libros del Registro, con tachas o intercalando palabras entre líneas, después de firmados los asientos. ARTICULO 1244. Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores materiales. Se entiende que hay error material, cuando se han escrito unas palabras por otras, omitido la expresión de alguna circunstancia, cuya falta no causa nulidad, o equivocado los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción, ni el de ninguno de sus conceptos. ARTICULO 1245. Los errores de concepto no pueden rectificarse sino por acuerdo unánime de los interesados, y en defecto de tal acuerdo, mediante, resolución judicial que ordene la rectificación. Los errores de concepto cometidos en asientos de presentación o en anotaciones marginales, pueden ser rectificados por el registrador, cuando el asiento principal basta para que aquéllos sean conocidos. ARTICULO 1246. Se entenderá que se comete error de concepto, cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen su verdadero sentido. ARTICULO 1247. El registrador o cualquiera de los interesados en un asiento, pueden oponerse a la rectificación que otros soliciten por causa de error de concepto, siempre que a juicio de aquéllos el concepto que se supone equivocado esté conforme con el mérito del título a que el asiento se refiere. La cuestión que se suscite con este motivo, se decidirá judicialmente. ARTICULO 1248. Los errores de concepto se rectifican por un nuevo asiento, que se extenderá mediante la presentación del mismo título ya inscrito, si el registrador reconoce su error o el juez lo declara; y en virtud de nuevo título si el error ha sido cometido a causa de la redacción vaga, ambigua, o inexacta del título primitivo y las partes convienen en ello, o se declara así por resolución judicial. Siempre que se rectifique un error en virtud del mismo título antes presentado, son de cuenta del registrador los gastos y perjuicios que del error se originen. En caso contrario, pagarán los interesados los gastos de la nueva inscripción y los demás que la rectificación ocasione. ARTICULO 1249. Cuando los errores materiales o de concepto anulen una inscripción, no habrá lugar a la rectificación sino mediante declaración judicial. El asiento rectificado no produce efecto en ningún caso, sino desde la fecha de la rectificación sin perjuicio del derecho de los terceros para reclamar de la falsedad o nulidad del título a que se refiere el asiento equivocado. ARTICULO 1250. Respecto a los detalles sobre el modo de llevar el registro, los registradores observarán las prescripciones contenidas en el reglamento del ramo. XXIII. DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL. .-DIGA LA ESTRUCTURA DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL Decreto-Ley 107: Está compuesto por 6 libros distribuidos de la siguiente manera: Libro primero: Disposiciones Generales Libro Segundo: Procesos de Conocimiento Libro Tercero: Procesos de Ejecución Libro Cuarto: Procesos Especiales Libro Quinto: Alternativas Comunes a todos los Procesos Libro Sexto: Impugnación de las Resoluciones Judiciales .-QUE CARACTER TIENEN LOS PLAZOS Y LOS TERMINOS? R.Perentorios e improrrogables. Art. 64 CPCyM. Perentorios: Es una acto decisivo o concluyente, o sea que es apremiante y urgente. .-DIGAME LAS CLASES DE NOTIFICACIONES: Personales: Por los estrados del tribunal----por el libro de copias---por el boletín judicial. Art. 66 CPCyM. .-DIGAME LA FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES PERSONALES: A costa del interesado y a propuesta de éste el notificador irá a la casa que se le haya indicado o a la residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre el notificado y si no lo hallare se hará por medio de cédula que entregará a sus familiares, si se negaren a recibirla el notificador la fijará en la puerta de la casa. También podrán hacerse las notificaciones entregándolas en las propias manos del destinatario. Art. 71 CPCyM. .-DEME UN CONCEPTO DE JUICIO ORDINARIO: Es aquel en el cual se procede con observancia de todos los trámites o solemnidades establecidas por las leyes en general para que se controviertan detenidamente los derechos que no tengan señalada una tramitación especial. Art. 96 CPCyM. .-DIGAME EL TRAMITE DEL JUICIO ORDINARIO: a) Presentada la demanda, el Juez emplaza a las partes, dándoles audiencia por 9 días. Art. 111. b) Transcurrida la audiencia, si el demandado no comparece, se tendrá por contestada en Sentido Negativo y se seguirá el juicio en Rebeldía a solicitud de parte. Art. 113.
c) Si contesta la demanda puede allanarse o puede reconvenir.Art. 119. d) Dentro de los 6 días de emplazado, el demandado puede hacer valer las excepciones previas, y en cualquier estado del proceso el de Litispendencia, capacidad legal, personalidad, personería, transacción, prescripción, etc. e) Si hubieren hechos controvertidos se abrirá a prueba el proceso por el período de 30 días, el cual podría ampliarse por 10 más cuando no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Art. 123. f) Concluido el término de prueba, el Secretario lo hará constar sin necesidad de providencia y agregará las pruebas a los autos y dará cuenta al juez. Art. 196. g) El juez de oficio señalara día y hora para la vista en un plazo de 15 días. Art. 158 LOJ. h) Los jueces o tribunales antes de pronunciar la sentencia, podrán acordar Auto Para Mejor Fallar de 15 días. Art. 158 LOJ i) Dictar sentencia dentro de los 15 días de vencido el plazo de la vista. Art. 198 CPCy M. En resumen: presentada la demanda, el Juez la califica y si cumple con los requisitos establecidos por los arts. 61, 106 y 107, emite resolución emplazando a las partes, dándoles audiencia por 9 días. El demandado se allana (previa notificación el juez falla sin más trámite); contesta la demanda en sentido negativo (se ordena apertura a prueba por 30 días con prórroga de 10 más, informe de secretaría de 15 días máximo, la vista 15 días auto para mejor fallar y sentencia; si no comparece se le declara rebelde y se le sigue el juicio en rebeldía; reconvención 9 días, contestación de la reconvención, apertura de 30 días ordinario y 10 de prórroga. .-EN QUE CONSISTE LA INCIDENCIA DE LA PRUEBA? Consiste en que una parte presenta una prueba, pero ésta también probará en si contra. Art. 177 últ. Párr. CPC.yM. .-QUE METODO EMPLEAN LOS JUECES PARA VALORIZAR LAS PRUEBAS? La Sana Crítica. Art. 127 últ. Párr. C.P.C.yM. .-CUANDO PROCEDE UN JUICIO DE INFIMA CUANTIA? Cuando la cantidad que se litiga no exceda de Q100.00 Art.211 .-QUE RECURSO CABE CONTRA LA RESOLUCION DEL JUICIO DE INFIMA CUANTIA? Ninguno. Art. 211 CPCyM. .-EN UNA DIVISION DE LA COSA COMUN QUE REQUISITO ESENCIAL DEBE LLENAR EL PARTIDOR: Deberá ser Notario. Art. 220. C.P.C.y M. .-QUE SON ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA? Comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas. .-EN QUE CONSISTE LA PALABRA HOMOLOGACION? Es la aprobación, consentimiento, rectificación, confirmación judicial de los actos de las partes. Art. 495 CPCyM. .-CONCEPTO DE EXCEPCION: Es aquel medio de defensa que el demandado invoca ante el órgano jurisdiccional al ser llamado a juicio a efecto de paralizar, modificar o destruir la acción intentada en su contra. .-ENUMERE LAS EXCEPCIONES PREVIAS QUE PUEDE PLANTEAR EL DEMANDADO, SEGUN EL CODIGO PROCESAL CIVIL: Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento de plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada, y transacción. Art. 116 C.P.C y M. .-HABLEME SOBRE LOS RECURSOS DE: Aclaración y ampliación. Art. 596: Revocatoria. Art. 598: Reposición. Art. 600: Apelación. Art. 602: Ocurso de Hecho. Art. 611. Nulidad. Art. 613. Casación. Art. 620. Recurso contra las sentencias. Art. 634. .-
PROCESO ES?
Progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento. Conjunto de actos que persiguen una sola finalidad; conjunto de litis que se siguen en un juicio. .-
PROCEDIMIENTO ES? Una cadena de actos que debe seguir el juez dentro del proceso.
.-
PROCESO JUDICIAL ES?
Secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión y jurisdicción. .-
CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL: Es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicación de las leyes de fondo.
.-
DERECHO PROCESAL CIVIL ES? El conjunto de normas que regulan el proceso civil, para la aplicación de las leyes de fondo.
.-
CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL:
Es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado, para la aplicación de las leyes de fondo. Proceso significa dinámica, acción de ir hacia adelante. Conjunto de normas que tienen por objeto el proceso o que recaen sobre el proceso. .-
NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO PROCESAL: El derecho procesal forma parte del derecho público
.proceso. .-
SU ESTUDIO COMPRENDE: La organización del poder judicial; la determinación de la competencia; la actuación del Juez; y las partes en la substanciación del FUENTES DEL DERECHO PROCESAL: Históricas; Constitucionales; legislativas.
.-
DENOMINACIONES DEL DERECHO PROCESAL: Derecho instrumental; justicial; derecho adjetivo, etc.
.-
CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL CIVIL: Es el conjunto de normas que regulan el ejercicio de las relaciones individuales de las personas entre sí y con el Estado.
.-
LA JURISDICCION: A la función de realizar actos judiciales para aplicar la ley se le da el nombre de jurisdicción.
.-
CONCEPTO DE JURISDICCION: Es la potestad conferida a los órganos jurisdiccionales de administrar justicia.
CLASIFICACION DE LA JURISDICCION: Ordinaria y privativa. Art. 27 L.O.J. Contenciosa: Cuando se da un conflicto de intereses y se promueve en un Tribunal a efecto de que decida el asunto en una sentencia. voluntaria: cuando no existen intereses opuestos. .-
COMPETENCIA: Es el límite de la jurisdicción, ésta es el género y la competencia es la especie.
.-
CONCEPTO DE COMPETENCIA:
La competencia fija los límites dentro de los cuales el Juez puede administrar justicia. Es la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. Ambito territorial en el que los órganos jurisdiccionales pueden administrar justicia. .-
CLASES DE COMPETENCIA: Por razón de territorio, de la materia, de la cuantía, de turno, de la función, etc.
.-
FUERO DE ATRACCION:
Con respecto a la conexión en relación a la competencia, supone la existencia de un vínculo por varias razones, ligando dos o más pretensiones o bién dos o más procesos, como el caso de la reconvención o contrademanda. Concurre en casos de excepción, en los cuales, planteado el hecho respectivo en forma judicial, atrae para sí, distintos tipos de procesos. Arts. 393 y 451, C.P.C. Y M. .-
LA ACCION PROCESAL:
-
Poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley, mediante la intervención de los Organos Jurisdiccionales.
-
Es el ejercicio privado de la función pública. Es un derecho subjetivo de las partes.
.-
LA PRETENSIóN PROCESAL:
Es aquel acto por medio del cual nos atribuímos un determinado o determinados derechos, persiguiéndolos para hacerlos valer a través de los Organos Jurisdiccionales. Es una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación del Organo Jurisdiccional, frente a persona determinada y distinta a la del autor de la declaración. .-
ELEMENTOS DE LA PRETENSION PROCESAL:
-
Declaración de voluntad; actuación del órgano; frente a persona determinada.
.-
CLASES DE PRETENSION:
-
Declarativa: Cuando se solicita Constitutiva y de Condena.
.-
EL DERECHO PROCESAL CIVIL FORMA PARTE DEL?
-
Forma parte del Derecho Público, toda vez que cumple una función pública que es la de la Administración de Justicia.
.-
MENCIONE LOS ELEMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL:
-
a) Admite el carácter científico del derecho procesal civil. b) Fija como contenido de esta ciencia el examen del desenvolvimiento del proceso. c) Propone la determinación de los fines y resultados del proceso.
.-
COMO DIVIDE ALCALA ZAMORA LOS TIPOS PROCESALES?
-
a) Por su contenido: proceso penal, civil, administrativo. b) Por su función: de conocimiento o cognición, ejecución, cautelar. c) Por su estructura: contradictorios que es donde existe contienda o litis y sin contradicción o contienda.
.-
CUAL ES EL PROCESO DE CONOCIMIENTO O COGNICIóN:
Es aquel que trata de demostrar que la pretensión de la parte actora es cierta y donde el juez entra a dictaminar a quien le asiste el derecho. -
Se declara un derecho controvertido. Sumario.
.-
EL DE EJECUCIóN ES?
-
El referido a aquellos procesos donde el derecho que se va a hacer valer ya está reconocido, ya sea por los titulares o por la ley.
-
Se declara un derecho preestablecido. Mútuo.
.-
CONCEPTO DE PROCESO CIVIL DE COGNICIóN:
-
Comprende el proceso constitutivo que es el que tiende a obtener la creación, modificación y extensión de la situación jurídica.
.-
PROCESO DECLARATIVO ES?
-
El que trata de obtener la constatación o fijación de una situación jurídica.
.-
CUAL ES EL PROCESO DE CONDENA?
-
El que tiende a hacer que pese sobre el sujeto pasivo la pretensión de una obligación determinada.
.-
LA JURISIDICCION SE DIVIDE EN?
a) Ordinaria: Cualquier persona puede ser sujeto de derecho y conoce la sala de 1a. instancia, 2a. instancia, paz, civil, penal; y b) Privativa: Necesita de algo para ser sujeto: Corte de Constitucionalidad, juzgados de lo Contencioso Administrativo. .-
CONCEPTO DE PROCESO DE COGNICION O CONOCIMIENTO: (copias del curso)
Es aquel que se caracteriza por el desenvolvimiento de una actividad de conocimiento desplegada por el órgano jurisdiccional para llegar a una declaración sobre el derecho controvertido. Es aquel cuya finalidad consiste en obtener una declaración de voluntad y de consecuencias jurídicas por parte de un juez o tribunal. .-
Conocimiento: Se declara un hecho controvertido. Sumario. CLASES DE PROCESOS DE COGNICION: 1) Juicio Ordinario 2) Juicio Oral 3) Juicio Sumario 4) Juicio Arbitral
.-
JUICIO ORDINARIO:
Se le denomina así por ser el normal de cada ordenamiento jurídico y el artículo 96 del CPCyM establece que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en ese Código, se ventilarán en el Juicio Ordinario. .-
LAS ETAPAS DEL OFRECIMIENTO PROBATORIO SON: Dentro de la demanda: 1) El ofrecimiento, 2) El petitorio y 3) El diligenciamiento
.-
DIGA EL TRAMITE DEL PROCESO ORDINARIO: a) Se presenta la demanda y el Juez la califica Arts. 61-106 y 107. Si llena los requisitos el Juez: b) Emplaza a las partes por 9 días; Dentro de los 6 días se interponen las Excepciones Previas. Artículo 116 b) Actitud del demandado: c) Allanamiento d) Rebeldía e) Contestación negativa f) Excepciones perentorias g) Reconvención
d)
Período de Prueba: 30 días; 10 más de ampliación; 120 extraordinarias. Art. 123 CPCyM.
e)
15 Días de VISTA y alegatos. Art. 196.
f)
15 días para dictar sentencia la que puede ser: -Constitutiva -Declarativa y -De Condena. Art. 198 C.P.C.y M.
.-
CONCEPTO DE ACCIóN Es el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley, mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales.
-
Es el ejercicio privado de la función pública.
-
La acción procura un interés público y no solamente un interés particular.
Se hace la acepción como sinónimo de derecho, como sinónimo de pretensión o como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción. Se habla entonces de un poder jurídico que tiene toda persona de acudir ante los jueces en demanda de amparo a su pretensión. -
Es una forma de accionar una pretensión.
Es un poder jurídico que tiene todo "sujeto de derecho" de acudir a los órganos jurisdiccionales en demanda de amparo de su pretensión o a pedir que se le haga justicia. CLASIFICACIóN: a) Acciones de conocimiento -Cuando responde la proceso: b) Acciones de ejecución c) Acciones cautelares a) Acciones penales -Cuando responden a la jurisdicción: b) Acciones civiles c) Acciones mixtas a) Acciones públicas -Cuando responden a la iniciativa: b) Acciones privadas Atendiendo a la pretensión: a) Nominadas b) Innominadas .-
LA PRETENSIóN
Es la petición hecha por el actor o el demandado en base a la acción. Es una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación del órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. .-
CLASES DE PRETENSION: Declarativa; constitutiva y de condena. Pretensión de ejecución: Se pide al órgano una manifestación de voluntad.
.-
EL PROCESO CAUTELAR:
Es el proceso dirigido a la obtención de una medida de índice judicial que garantice el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación ajena. Ejemplo: arraigo, embargo, anotación de la demanda etc. Medidas que el juzgador aplica a petición de parte. .-CARACTERISTICAS DEL PROCESO CAUTELAR: a) Provisoriedad= limitación de la duración de sus efectos. b) Periculum Mora: Existencia de un peligro de daño jurídico, derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. c) Subsidiaria: Es subsidiaria de la providencia definitiva. .-
CONDICIONES DE LA ACCION CAUTELAR:
1) 2)
Conocimiento prima facie del derecho invocado. La posible existencia de una daño (periculum in mora).
.-
REQUISITOS DE LA PROCEDENCIA DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA:
a) b) c)
Prestación de garantía (arts. 531 y 532 del CPCyM), debe pagarse Sin audiencia: La providencia precautoria se dicta sin oir a la parte contraria. Provisoriedad: Ejecutada la providencia precautoria el que la pidió deberá entablar la demanda dentro de los 15 días siguientes.
Medidas cautelares del Código Procesal Civil y Mercantil: a) Medida de Seguridad de las personas: persigue proteger a las personas de los malos tratos o de actos reprobables por la ley, la moral o las buenas costumbres. b) Medida de Arraigo: ésta persigue que el demandado no se ausente del lugar en que deba seguirse el proceso, o bien a evitar su ocultamiento. c) Anotación de la demanda: (o litis) ésta procede cuando se discute la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre muebles o inmuebles, efectuando la anotación en el Registro respectivo. d)
Medida de embargo: Tiene como finalidad concretar o limitar las facultades de disposición del titular de un bien.
e) Medida de secuestro: Es el desapoderamiento del bien de manos del deudor, persigue sustraer de las facultades de disposición un determinado bien. f) Intervención: Es una medida de garantía que recae sobre establecimientos comerciales o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola nombrándose para el efecto un administrador en calidad de interventor. g) Providencias de urgencia: quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer sus derechos a través de los procesos instituidos en el Código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable y puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Otras Providencias cautelares: Alimentos provisionales Suspensión de obra nueva= propia del interdicto de obra nueva. Derribo de obra peligrosa= propia del interdicto de obra peligrosa. Suspensión de la vida en común y determinación .-
INDIQUE EL TRAMITE DE LA PROVIDENCIA CAUTELAR:
Solicitud-----------1a. resolución
El juez fija garantía
Cumplida la garantía se decreta la medida sin oír a la otra parte Ejecutada la providencia 17-9-97 .-
DILIGENCIAS PREVIAS O DILIGENCIAS PREPARATORIAS DEL PROCESO: (pruebas anticipadas)
Son aquellas cuya finalidad es preparar un juicio con determinadas pruebas o comprobaciones que den fundamento o seguridad mayor a las pretensiones. Una de ellas es: .-
LA CONCILIACIÓN: INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS:
-
Es necesaria u obligatoria en el juicio oral Es opcional en los demás procesos de conocimiento Forma anormal de dar fin al proceso.
.-
QUE ES LA CONCILIACION?
-
Es aquella por medio de la cual se pretende que a través de fórmulas de conciliación que las partes lleguen a un acuerdo.
.-
POSICIONES:
Bajo esta denominación se conoce el interrogatorio que como diligencia previa puede dirigirse a aquella persona de quien se interesa tener una confesión. .-
REQUISITOS:
-
Le son aplicables las normas relativas a la declaración de parte (artículos 130 al 141 del CPCyM). Debe indicarse en términos precisos y generales sobre el que versará la confesión. Debe acompañarse el interrogatorio en plica.
.-
EXHIBICION DE DOCUMENTOS:
Es una prueba preparatoria bien especial y es una diligencia que pretende la presentación de documentos para consulta, cotejo de su texto o examen de autenticidad que se requiere como prueba en juicio. .-
REQUISITOS:
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Debe indicarse en términos generales el contenido del documento para probar que se encuentra en poder del requerido.
.-
EFECTOS DE LA NO PRESENTACION:
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Se tendrá por probado en contra de la parte de quien se requirió la exhibición, el contenido que el solicitante le atribuya en su solicitud.
.-
RECONOCIMIENTO JUDICIAL: Ejemplo: la Interdicción. Es obligatorio en un proceso sumario como en los interdictos, obra nueva o peligrosa, apeo o deslinde. Como diligencia previa pretende dejar...
.-
REQUISITOS:
-
Debe indicarse la cosa objeto de reconocimiento y los puntos sobre los que versará. Debe identificarse a quien figurará como parte o en su caso al Ministerio Público.
.-
DECLARACION DE TESTIGOS: (Informatio ad perpetuam).
Como diligencia previa pretende dejar constancia en la declaración de testigos de avanzada edad o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país, relevante para los fines del proceso futuro. .-
REQUISITOS:
-
Indicar el nombre de los testigos. Acompañar pliego de preguntas o posiciones. Notificar a quien figurará como parte o en su caso al Ministerio Público.
.-
EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL CUALES SON LAS EXCEPCIONES MIXTAS?
Son las llamadas también Excepciones Perentorias deducidas en forma de artículo previo y son aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias, provocan en caso de ser acogidas los efectos de las perentorias (cosa juzgada, transacción, caducidad y la prescripción). La excepción mixta no tiene la forma de las dilatorias y el contenido de las perentorias, lo que tiene de estas es la eficacia. .-
CONCEPTO DE PRESUPUESTOS PROCESALES?
Son aquellos requisitos previos para la regular constitución de la relación procesal. Los presupuestos procesales son requisitos del proceso. Estos no cumplen otra misión sino la de preparar el camino para que pueda discutirse y resolverse la cuestión de fondo. .-
CONCEPTO DE DEMANDA:
Es un acto procesal inicial de parte sobre la pretensión planteada y que da lugar a la intervención del órgano jurisdiccional quien deberá conocer y resolver al respecto.
.-
CONCEPTO DE EMPLAZAMIENTO:
Es un acto procesal mediante el cual se hace saber a una persona que ha sido demandada y que por lo tanto deberá comparecer a resolver su situación actuando según le corresponda. .-
OTRO CONCEPTO DE EMPLAZAMIENTO:
Es el requerimiento o convocatoria que se hace a una persona por orden de Juez, para que comparezca al tribunal dentro del término que se le designa, con el objeto de tomar una actitud frente a la demanda instaurada en su contra. .-
CUALES SON LOS EFECTOS MATERIALES DEL EMPLAZAMIENTO?
-
a) Interrumpir la prescripción (Prescribe el derecho) b) Impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa, si fuere condenado a entregarla. c) Constituir en mora al obligado. d) Obligar al pago de intereses legales, aunque no se hayan pactado.
.-
CONCEPTO DE CITACIóN:
Acto por el cual el Juez o Tribunal notifica y ordena la comparecencia de una persona ya sea parte, testigo o tercero para realizar o presenciar una diligencia judicial. .-
EXPLIQUE LAS ACTITUDES DEL DEMANDADO: Actitud pasiva:----------------Rebeldía. Actitud afirmativa:------------Contestación Afirmativa Actitud negativa:--------------Excepciones previas
.-
(Allanamiento) Contestación negativa Contestación negativa y Contestación negativa y
Excepciones previas Reconvención
DE UN CONCEPTO DE REBELDIA Y QUE OTRO NOMBRE RECIBE:
A la Rebeldía se le llama también CONTUMACIA y es aquella situación procesal producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación al llamamiento judicial o ante la negativa a cumplir mandamientos o intimaciones. -
En otras palabras, es la incomparecencia a juicio por parte del demandado.
.-
CUALES SON LOS EFECTOS PROCESALES DE LA REBELDIA:
-
a) Se podrá trabar embargo sobre bienes. b) No podrá aportar pruebas al proceso. c) Presume que no hay buena fe, para eximir costas.
.EL REBELDE, NO COMPARECE A LA AUDIENCIA SEñALADA DE 9 DIAS Y SE PRESENTA A LOS VEINTE DIAS, PREGUNTA: PUEDE CONTESTAR LA DEMANDA: Si puede hacerlo, tomando los procedimientos en estado en que se encuentran, pero no podrá presentar pruebas pudiendo fiscalizar las que se produzcan. Resultado: Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado, si el demandado prueba que no compareció por motivo de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantía suficiente a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. .-
EN QUE CONSISTE EL ALLANAMIENTO:
-
Es la actitud del demandado por la cual acepta las pretensiones del actor.
-
Hay aceptación de pretensiones.
-
Si el demandado se allana a la demanda, conforme a procedimiento, el Juez fallará sin más trámite.
.-EN QUE CONSISTEN LOS PRESUPUESTOS PROCESALES: -
Son aquellos antecedentes necesarios para la existencia válida del proceso.
-
La excepción viene siendo el medio para denunciar al Juez, la ausencia de presupuestos necesarios para la validez del juicio.
-
Estos presupuestos dan nacimiento a la primera actitud, o sea las excepciones previas.
.-CONCEPTO DE EXCEPCIONES PREVIAS: -
Es un medio de defensa que alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción de la demanda del actor. Nota: Tener presente que caduca la acción y prescribe el derecho.
.-ENUMERE Y DEFINA LAS EXCEPCIONES PREVIAS QUE REGULA EL CODIGO: 1) Incompetencia, 2) Litispendencia, 3) Demanda defectuosa, 4) Falta de capacidad legal, 5) Falta de personalidad, 6) Falta de personería, 7) Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer, 8) Caducidad, 9) Prescripción, 10) Cosa juzgada, 11) Transacción, y Excepción de arraigo (jadicatum solvi). 1) EXCEPCION DE INCOMPETENCIA: Es el medio de defensa que le asiste al demandado, cuando no es apreciada por el Juez, de negarle competencia para que pueda seguir conociendo en determinado proceso. Algunos autores sostienen que constituye un presupuesto o requisito procesal necesario para que el Juez pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. 2) LITISPENDIENCIA: Es la existencia simultánea de más de un proceso entre las mismas personas acerca de un mismo asunto y pendiente de resolverse, es decir que para su procedencia los dos juicios deben ser idénticos de ahí que suponga las tres identidades. (Personas, objeto y causa).
3) DEMANDA DEFECTUOSA: Esta excepción es la que debe hacerse valer cuando en una demanda no se llenan los requisitos de contenido y forma que exige el Código, es decir, cuando no se fijan con claridad y precisión los hechos en que se funda, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. 4)
FALTA DE CAPACIDAD LEGAL:
.-CONCEPTO DE EXCEPCION PERENTORIA: -
Son aquellas que extinguen o excluyen la acción para siempre y acaban el pleito. Es aquel medio de defensa planteado por el demandado y que ataca la pretensión del actor.
-
Es un medio de oposición a la acción.
.-INDIQUE LAS CARACTERISTICAS DE LA EXCEPCION PERENTORIA: a) Son innominadas; b) Se plantean al contestar la demanda en sentido negativo; c) Se discuten y tramitan con la cuestión principal; d) Se resuelven en sentencia; e) Atacan la pretensión; f) Atacan el fondo del asunto. .-DE UN CONCEPTO DE EXCEPCION MIXTA: Es aquella que siendo o funcionando procesalmente como previa o dilatoria tiene los efectos de la perentoria. dicho en otras palabras, esta nominada como previa pero de acogerse destruye la pretensión, pues tiene los efectos de la perentoria. -
Dentro de las excepciones mixtas tenemos "La cosa juzgada, la transacción, la caducidad y la prescripción.
-
Nota: No aparece regulada en el C.P.C y M.
.-DE UN CONCEPTO DE RECONVENCION O CONTRADEMANDA: Es conocida como contrademanda o MUTUA PETICION y es aquella reclamación, que al contestar la demanda, fórmula la parte demandada en contra del actor; se hace ante el mismo Juez y dentro del mismo juicio. Es la demanda del demandado. .-QUE REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR: -
a) Que la pretensión tenga conexión; b) Que no se siga en distintos trámites; c) Que se haga ante el mismo juez.
.-QUE ENTIENDE POR ACUMULACION DE ACCIONES O PRETENSIONES: Es una serie de actos en virtud de los cuales se reúnen en un mismo proceso 2 o más pretensiones con la finalidad de que sean actuados dentro de dicho proceso. .-QUE ENTIENDE POR ACUMULACION DE AUTOS: Supone la existencia de varios procesos en los que se han ejercitado acciones que tienen entre sí algún vínculo conexo. Esta acumulación puede ser objetiva y subjetiva. XXIV. PROCESAL LABORAL. 1. NOCION DEL DERECHO DEL TRABAJO: TERMINOLOGIA: En un principio, y en función de su origen, se le llamo Legislación Industrial o leyes del Trabajo Industrial; años mas tarde, algunos profesores hablaron de Derecho Obrero. Todas estas denominaciones sirvieron para hacer saber que las leyes y normas nuevas tenían como campo único de aplicación el trabajo en la industria. Los empleados del comercio y demás actividades económicas se regían por los códigos civiles y mercantiles y por leyes especiales; una limitación que se fue borrando paulatinamente, al grado de que ya es posible afirmar que el derecho del trabajo de nuestros días tiene la pretensión de regir la totalidad del trabajo que se presta a otro. La única denominación que aún quiere hacer concurrencia al término propuesto es la de Derecho Social, usada, entre otros, por laboralistas brasileños, pero no podemos fundir los dos términos porque la denominación Derecho Social posee múltiples significados, en tanto el vocablo: Derecho del Trabajo, tiene una connotación precisa. 9 A.DERECHO DEL TRABAJO: Es el conjunto de doctrinas, principios y normas jurídicas de carácter público que tiene por objeto, regular todas aquellas cuestiones económicas, políticas y jurídicas, que nacen a la vida jurídica, como resultante de la prestación del trabajo, emanada de trabajadores y patronos. B.DERECHO DEL TRABAJO: El Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas que regulan las condiciones generales para la prestación del trabajo. ORGANOS JURISDICCIONALES DE TRABAJO 25.2. Organización de los órganos jurisdiccionales que recoge
el Código de Trabajo guatemalteco:
Esta organización se conforma a partir de los jueces que conocen de los distintos procesos laborales, a saber: 25.2.1. Unipersonales: Juzgado de Trabajo y Previsión Social, con jueces de derecho unipersonales que conocen de los conflictos individuales y colectivos de carácter jurídico, generalmente a través del procedimiento ordinario; 25.2.2. Colegiados: Salas de las Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, las que conocen en segunda instancia de los mismos conflictos indicados con anterioridad, integrada por tres jueces de derecho; 25.2.3. Tribunales Mixtos: A) De conciliación; y B) De arbitraje, presididos por un juez de derecho, quien conoce cuestiones de derecho; dos delegados: uno obrero y un patronal, que conocen conflictos colectivos de carácter económico - social, según su leal saber y entender. 42. EL ORGANO JURISDICCIONAL: El Organo Jurisdiccional, es una institución del Estado, que cumple una función pública, con la potestad para juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Teniendo presente lo apuntado en el apartado 25 de este resumen, relativo a la jurisdicción privativo de trabajo, cabe agregar que por la atribución de juzgar debe entenderse tanto la aplicación del derecho preexistente, como también, eventualmente, la creación de normas de extensión más o menos limitada, por los órganos judiciales. Este último alcance que se da al significado de la acción de juzgar, es el que más se aviene con la aceptación ya generalizada de reconocer el carácter de fuente generadora de Derecho a la jurisprudencia y de aceptar la naturaleza de acto
9 Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Disputaciones Terminológicas. Pag. 3.
jurisdiccional que tiene la sentencia colectiva ÄÄ creadora de normas nuevas y no secundarias, con un ámbito personal de validez más o menos extenso y sus peculiares efectos referidos a la cosa juzgada. 26. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL: a) Naturaleza: El juicio ordinario de trabajo es un típico proceso de cognición, ya que tiende a declarar el derecho previa fase de conocimiento; en él se dan preferentemente los procesos de condena y los meramente declarativos. Se diferencia del civil, en las modalidades que le imprimen los principios informativos y su propia normatividad. b) Caracteres: Es un proceso en el que el principio dispositivo se encuentra atenuado, pues el Juez tiene amplias facultades en la dirección y marcha del mismo, impulsándolo de oficio, produciendo pruebas por sí o bien completando las aportadas por los litigantes, teniendo contacto directo con las partes y las pruebas, y apreciando a las mismas con flexibilidad y realismo; es un juicio predominantemente oral, concentrado en sus actos que lo componen, rápido, sencillo, barato y antiformalista, aunque no por ello carente de técnica; limitado en el número y clases de medios de impugnación y parco en la concesión de incidentes que dispersan y complican los trámites, más celoso que cualquier otro juicio en mantener la buena fe y lealtad de los litigantes y todo ello, saturado de una tutela preferente a la parte económica y culturalmente débil. En el mismo no se contempla término de prueba porque esta se produce de una vez durante las audiencias, así como también que en la primera instancia no existe vista del proceso y por añadidura no se declara cerrado el procedimiento. 27. LAS PARTES: Doctrinalmente no existe unidad de criterio en cuanto a la consideración de quien o quienes se deben considerar como partes del proceso; unos prefieren llamarlos accionantes y consideran también como partes no sólo al que promueve el juicio y a quien contra el cual se promueve, sino también al juez, a los terceros intervinientes. Sin embargo, para los efectos de nuestro estudio diremos que las partes que intervienen en un proceso son dos, y tradicionalmente se las ha denominado: PARTE ACTORA Y PARTE DEMANDADA. Por lo que se pueden definir de la manera siguiente: "Las partes en el proceso laboral son: los trabajadores, y los patronos en lo que a relaciones individuales se refiere, y las coaliciones o sindicatos de trabajadores, o patronos o sindicatos de patronos, en lo que a relaciones de carácter colectivo respecta y que, para que se les considere como tales, deben actuar en nombre propio o representados, ya sea como parte actora o como parte demandada, pidiendo la protección o la declaración de una pretensión de carácter jurídico o de carácter económico y social, ante los órganos jurisdiccionales de trabajo". a) Capacidad Procesal en Materia de Trabajo: Como primera providencia debe anotarse que de la distinción entre partes del litigio y partes del proceso, surge la clasificación de las partes en sentido material y partes en sentido formal o procesal. Se entiende por parte en sentido material, los sujetos del litigio o de la relación jurídica sustancial sobre que versa, y por partes en sentido formal, los sujetos del proceso. Es el derecho material el que determina la capacidad de las personas o sea la determinación de las personas que tienen el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En nuestro medio esa capacidad se adquiere con la mayoría de edad; "Los menores que han cumplido catorce años son capases para algunos actos determinados por la ley". (Art. 8º del Código Civil). La capacidad procesal es un requisito de orden estrictamente jurídico procesal, puesto que con ella se trata de garantizar la eficacia de todos los actos que reunidos constituyen el proceso. Capacidad procesal en trabajo: De lo anterior se puede apreciar que la ley tiene previstos los casos de excepción, entre los cuales encontramos lo relativo a la capacidad en el campo laboral: El Artículo 31 del Código de Trabajo, indica que tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente Código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad, de uno u otro sexo, que tengan catorce años o más y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el artículo relacionado, lo son sólo para los efectos del trabajo y más específicamente para las persona que actúa como trabajador. El referido artículo 31 se complemente con lo que prescribe el 280 del mismo instrumento legal: "La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o cuando se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que, en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social." b) Representación de las Partes y sus Limitaciones en el
Código de Trabajo guatemalteco:
De manera general, toda persona natural con capacidad procesa, puede elegir entre comparecer o estar en juicio personalmente o por medio de representante. Toda persona jurídica, no obstante su capacidad procesal, sólo puede hacerlo por medio de la persona o personas individuales que para ello están autorizadas por su régimen constitutivo. Toda persona sin capacidad procesal sólo puede ejercer sus derechos en juicio por medio del representante que la ley dispone. A este fenómeno de actuar una persona a nombre de otra sin perder ésta su calidad de parte, se le llama REPRESENTACION. A la representación de las partes en el proceso se le ha clasificado en: representación Voluntaria o Convencional; necesaria; legal; y judicial. La voluntaria se confiere mediante el mandato. La necesaria, es la que se ejerce a nombre de una persona jurídica, porque estas sólo pueden actuar a través de una persona física. La legal, es la que se ejerce a nombre de las personas procesalmente incapaces, porque son menores de edad, o porque adolecen de alguna enfermedad que las sitúa en estado de interdicción. La judicial, es la que designa un juez. LA REPRESENTACION DE LAS PARTES EN EL PROCESO LABORAL GUATEMALTECO Y SUS LIMITACIONES las establece el artículo 323 del Código de Trabajo: a)
"Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial";
b) "Sólo los abogados, los dirigentes sindicales en la forma prevista en el inciso h) del artículo 223 de este Código y los parientes dentro de los grados de ley, circunstancia que acreditarán al tribunal, podrán actuar como mandatarios judiciales."
o Este principio se relaciona con el impulso procesal; son las partes las que impulsan el proceso, su efecto principal es limitar las facultades del Juez, quien no puede conocer más que sobre lo que las partes someten a su decisión; sólo ha de pronunciarse sobre los hechos alegados por las partes. . Chicas Hernández, Raúl Antonio. "APUNTES DE DERECHO PROCESAL DE TRABAJO". Guatemala, s/fecha. pág, 64
c) "Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos, pero si otorgaren su representación a otros, éstos deben tener la calidad de Abogado"; d) "Se exceptúan los casos de representación que se derive de una disposición legal o de una resolución judicial, en que lo serán quienes corresponda conforme a las leyes respectivas o la resolución judicial"; Una limitación más específica es la concernientes a los sindicatos, puesto que el artículo 223 literal e) indica que la representación del Sindicato la tiene el Comité Ejecutivo en pleno, el cual está facultado para acordar con las dos terceras partes del total de sus miembros en DELEGAR LA REPRESENTACION, en uno o varios de sus miembros, PARA ASUNTOS DETERMINADOS, CON DURACION LIMITADA, SIENDO DICHA DELEGACION REVOCABLE EN CUALQUIER MOMENTO. Asimismo: "ni los comités ejecutivos, ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato, en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma". 28. REGLAS DE COMPETENCIA DE ACUERDO CON EL CODIGO DE TRABAJO: La palabra COMPETENCIA etimológicamente, viene de COMPETER, que significa PERTENECER, INCUMBIR A UNO ALGUNA COSA. En consecuencia, la competencia es la porción de jurisdicción que se atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo orden jurisdiccional. Suele confundirse algunas veces la competencia con la jurisdicció n, pero los autores para establecer su diferencia dicen que la jurisdicción es el género y que la competencia es la especie; puede concebirse la existencia de jueces sin competencia y con jurisdicción, pero no puede pensarse en la existencia de jueces sin jurisdicción y con competencia. La competencia la podemos dividir de la manera siguiente: a) b) c) d)
Competencia por razón del territorio; Competencia por razón de la materia; Competencia por razón de grado; Competencia por razón de la cuantía.
REGLAS DE LA COMPETENCIA DE ACUERDO CON EL CODIGO DE TRABAJO GUATEMALTECO: A.En el capítulo V del Código de Trabajo, denominado PROCEDIMIENTO DE JURISDICCION Y COMPETENCIA, se establece todo lo relativo a competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, artículos del 307 al 314. Artículo 307. En los conflictos de trabajo la jurisdicción (la competencia debieron decir los legisladores) es improrrogable por razón de la materia y el territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción (competencia) territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Artículo 314. Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo, que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social: a)
El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo;
b) trabajo;
El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del
c) El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí, con motivo del trabajo; y d) El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional, en que se celebraron los contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. B. Cuando se presenta un caso de incompetencia por razón de la materia o territorial, el Código de Trabajo en su artículo 309 señala el procedimiento a seguir al establecer: Artículo 309. El que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia, podrá ocurrir ante éste (declinatoria) pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente, (inhibitoria) pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de tres días de notificado. Los conflictos de jurisdicción (competencia) por razón de la materia que se susciten entre los Tribunales de Trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia." (Lo aclaratorio escrito entre paréntesis y subrayados son nuestros). C. Doctrinariamente se sostiene que la naturaleza jurídica de la competencia es la de ser un PRESUPUESTO PROCESAL y que en consecuencia es OBLIGACION DEL JUEZ, analizar su competencia de oficio cuando se requiere su actividad jurisdiccional, criterio normado dentro del derecho común, en nuestro medio, en el artículo 116 de la LOJ que dice: "Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella; y siempre que de la exposición de los hechos, el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda...". En tanto que dentro del proceso laboral el artículo 313 lo define de la siguiente forma: "El juez de Trabajo y Previsión social que maliciosamente se declare incompetente, será suspendido del ejercicio en su cargo durante quince días, sin goce de sueldo." D. La excepción de incompetencia por razón de la materia, dentro del procedimiento ordinario laboral, debe tramitarse en la forma prevista en el Código de Trabajo, para el caso de las excepciones10 29. LA DEMANDA: a) Concepto y Modalidades: La acción, procesalmente hablando, es una manifestación del derecho de petición y constituye el antecedente y fundamento de la demanda. Así como la acción tiene como objeto el que las personas puedan acudir a los tribunales de justicia para la satisfacción de sus pretensiones, mediante un proceso legalmente instruido y justo; la demanda laboral es el instrumento legal para el ejercicio de esa acción, que tiene por objeto la iniciación del proceso jurisdiccional laboral, proceso que a su vez, tendrá como objeto las pretensiones que dentro del mismo se formulen. La DEMANDA es el primero de los actos y hechos procesales que constituyen en conjunto, el proceso jurídicamente institucionalizado; es el acto inicial o introductorio del proceso y que tiene su origen en la voluntad humana, encaminada a producir efectos dentro del campo del Derecho. El autor Hugo Alsina, define a la demanda de la manera siguiente:
n La jurisdicción es una función, pública estatal, por medio de la cual se inviste a ciertos órganos (los jurisdiccionales) de la potestad para juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
10
En la obra "APUNTES DE DERECHO PROCESAL DE TRABAJO" del Lic. Raúl a. Chicas H. se indica que esta excepción debe tramitarse en forma incidental, como lo regula la LOJ; criterio que no comparte quien elaboró parte de este resumen; porque al aplicar supletoriamente la LOJ en estos casos, se hace en contra del texto y principios que informan el Código de Trabajo. Véanse, al efecto artículos 326 y 342 de dicho Código.
"Demanda, es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica." Modalidades de la Demanda: En nuestro Código de Trabajo encontramos que existen las siguientes clases o modalidades de la demanda: 1)
Por la forma de entablarse pueden ser orales y escritas (Artículos 333 y 322 del C. de T.);
2) Por la pretensión en ellas ejercitada, pueden ser demandas con pretensión simples y demandas con pretensiones acumuladas (Art. 330 del C. de T.); 3)
Por su origen puede ser demanda introductiva de la instancia y demanda incidental (Art. 85-332 del C. de T.).
b) Requisitos Esenciales y Secundarios de la Demanda: Estos requisitos están contenidos en el artículo 332 del Código de Trabajo: Toda demanda debe contener: 1.-
Designación del juez o tribunal a quien se dirija;
2.-
Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones;
3.-
Relación de los hechos en que se funda la petición;
4.Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar en donde pueden ser notificadas; 5.Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere; lugar en donde se encuentran los documentos que detallará; elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba deben observarla; 6.-
Petición que se hacen al tribunal, en términos precisos;
7.-
Lugar y fecha; y
8.Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquél faltare o tuviere impedimento o firma de la persona que lo haga a su ruego si no sabe o no puede firmar. c) Las Medidas Cautelares: En el mismo artículo 332 del Código de Trabajo, se indica que en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y éste no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal, que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. d) Modificación de la Demanda: Como es sabido, las partes de conformidad con la ley tienen la facultad de acumular sus pretensiones en una misma demanda; pero en ocasiones sucede que por olvido se deja de formular alguna pretensión, de manera que se hace necesario ampliar o modificar la demanda original. Sucede también que debido a las maniobras patronales de ocultar su nombre verdadero o el de sus empresas, cuando los trabajadores les demandan se consigne en forma equivocada el nombre del ex-patrono o empresa, lo que obliga a que el demandante modifique su demanda. La base legal para modificar la demanda, se encuentra en el segundo párrafo del artículo 338 del Código de Trabajo que reza: "...Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse ésta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que establece el artículo 335 de este Código." 30. LA REBELDIA: En realidad son variadas las opiniones y criterios existentes con respecto a la denominación conceptual de esta institución. Dice Cabanellas: "...es una situación procesal producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial, o ante la negativa de cumplir sus mandamientos o intimaciones..." Goldshmidt sostiene que la rebeldía es el hecho de no desembarazarse de una carga procesal conceptuándola en la siguiente forma: "...el hecho de no desembarazarse de una carga procesal se denomina rebeldía. Es verdad que el término rebeldía significa propiamente como el de «Contumacia», una desobediencia, es decir la contravención de un deber, lo que se explica por el hecho de que el emplazamiento se practica por la autoridad judicial. Sin embargo, la rebeldía del demandado no es más que el descuidarse de una carga..." La Rebeldía según de la Plaza, "...es aquella situación que se da cuando una de las partes no comparece a juicio, o bien cuando habiendo comparecido se ausenta de él..." Por su parte el ilustre tratadista Guasp nos dice: "...Rebeldía es, en efecto, la ausencia de alguna de las partes del proceso en que normalmente habría de figurar como tal..."
"En la obra Apuntes de Derecho Procesal de Trabajo, el Lic. Chicas indica que estas situaciones son legalmente subsanables, de conformidad con lo establecido por el artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil y 338 del Código de Trabajo. Al autor de este resumen considera que la posición del laboralista Chicas es civilista, contrariamente a lo que sostiene en su tesis el Lic. Larrave, quien solo alude para la modificación de las demandas, el artículo 338 ya relacionado.
" Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual.
Tomo II. 7a. Editorial Heliasta S. A.
L. Viamonte 1730 Pág.466.
" Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 642. " De la Plaza, Manuel. Derecho Procesal V.I. Pág. 332. " Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. 3ª Ed. T. I. Instituto de Estudios Políticos de Madrid. Pág. 197,
a) Naturaleza de la Rebeldía: La relación jurídico procesal se caracteriza de tres fases bien marcadas: la demanda, la excepción y la sentencia; correspondiendo la primera al actor, la segunda al demandado y la tercera al juez. De consiguiente la relación jurídica procesal da nacimiento a vínculos, uno de ellos primario y correlativo a la demanda, el de defensa, previo como garantía dentro del contradictorio. Para determinar la naturaleza jurídica de la institución de la rebeldía, es indispensable establecer la esencia de tal figura o sea si deriva o no de una obligación, un deber de comparecencia a juicio, o bien, si apareja multa o una sanción de tipo especial. Como ya se dijo, para algunos es una desobediencia por la que se deja de atender o desembarazarse de una carga, no es el incumplimiento de un deber... En realidad cualquiera que sea el criterio que pudiera aceptarse, lo cierto es que, la rebeldía debe estimarse como una institución de carácter procesal, cuyo fin es que el proceso no se paralice como consecuencia de la pasividad o inactividad de las partes de los sujetos procesales del juicio. b) Rebeldía y Ficta Confessio: Suele confundirse la institución de la rebeldía con la confesión ficta o ficta confessio; pero ya vimos que la rebeldía se da por la incomparecencia de una de las partes al juicio o que habiendo comparecido se ausenta de él, con la consecuencia de acarrear perjuicios al rebelde al operar la preclusión de su oportunidad de ejercer ciertas facultades o derechos procesales en las que no actuó. En tanto que la confesión ficta es el resultado de tenerse por reconocidos los hechos expuestos por el demandante, a consecuencia de la incomparecencia del demandado a absolver posiciones dentro de la prueba de confesión judicial. Pero cabe advertir que el efecto es análogo: tener por admitidos los hechos no expresamente negados, por correctos los actos a los que nada se opuso y por conforme con las consecuencias derivadas de la pretensión del que no se encuentra rebelde. c) Efectos de la Rebeldía en el Procedimiento Ordinario
Laboral:
c.1. No volver a practicar diligencia alguna en busca del rebelde; c.2. Preclusión de actos y pérdidas de derechos procesales que tiene lugar por la rebeldía, quedando firmes e irrevocables; c.3. Continuar el procedimiento sin más citar ni oír al rebelde; c.4. Tener por confeso en su rebeldía al demandado cuando hubiere sido propuesta esta prueba por el actor y no compareciere éste a la audiencia señalada para la recepción de la prueba; c.5. Tener por confeso en su rebeldía al actor cuando hubiere sido propuesta esta prueba por el demandado y aquel no compareciere a la audiencia respectiva; c.6. Dictar sentencia dentro de cuarenta y ocho horas de celebrada la audiencia respectiva, cuando el demandado no comparece a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos respectivos; c.7. Proceder en la misma forma referida anteriormente, cuando se trate de demanda por despido injustificado, aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado; y, c.8. Trabarse embargo sobre bienes propiedad del demandado. d) Justificación de Incomparecencias: El Código de Trabajo guatemalteco, además de establecer la institución procesal de la rebeldía, prevé también situaciones que imposibilitan a las partes su comparecencia a las audiencias señaladas por los jueces y por lo tanto el derecho para justificar dichas incomparecencias: "Artículo 336. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa, una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso se haya aceptado la excusa... nueva audiencia... En caso persista la causa de la excusa... designar un mandatario...". 31. LAS EXCEPCIONES: Excepción es aquel medio de defensa que el demandado invoca ante el órgano jurisdiccional, al ser llamado a juicio, a efecto de paralizar, modificar o destruir la acción intentada en su contra. La manera más común de clasificar a las excepciones es en: DILATORIAS, PERENTORIAS Y MIXTAS: 1. EXCEPCIONES DILATORIAS O PROCESALES: Son las defensas que postergan la contestación de la demanda, para depurar el proceso y evitar nulidades ulteriores por vicios en la constitución de la relación procesal. Depurar y no retardar ni obstaculizar es el objeto de estas defensas que muy a menudo se desnaturalizan por la malicia de los litigantes y sus asesores. Son excepciones sobre el proceso y no sobre el derecho; 2. EXCEPCIONES PERENTORIAS O SUSTANCIALES: Son las defensas que atacan el fondo del asunto, tratando de hacer ineficaz el derecho sustancial que se pretende en juicio. Por eso se dice que atacan el derecho y no al proceso. Consisten en la alegación de cuanto medio extintivo de obligaciones existe, por lo que no pueden enumerarse taxativamente; y, 3. EXCEPCIONES MIXTAS: Son las defensas que funcionando procesalmente como dilatorias, provocan en caso de ser acogidas, los efectos de las perentorias. Es decir, que se resuelven previamente como las dilatorias para evitar llegar a un juicio inútil, pero aunque no atacan el fondo del asunto como las perentorias producen iguales efectos al hacer ineficaz la pretensión. a) Clases de Excepciones que caben en el Procedimiento Ordinario Laboral: El Código de Trabajo guatemalteco, tiene estipulado lo relativo a las excepciones en los artículos 312, 342, 343 y 344. Se le critica la manera incompleta con que se regula esta institución. Por lo que "con algunas reservas se acude supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil." En el Código de Trabajo únicamente se encuentra la denominación de excepciones dilatorias y perentorias, no dándose ninguna enumeración de las mismas, por lo que como ya se dijo, tratándose de excepciones dilatorias, "con reservas", se acude a la enumeración contenida en el Artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tales excepciones son: 1) Incompetencia; 2) Litispendencia; 3) Demanda Defectuosa; 4) Falta de Capacidad Legal; 5) Falta de Personalidad; 6) Falta de Personería; 7) Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer; 8) Caducidad; 9) Prescripción; 10) Cosa Juzgada; y 11) Transacción. Según el autor de la obra consultada las excepciones que tendrían reserva, para aplicarlas como previas, serían la de Caducidad, Prescripción, Cosa Juzgada y Transacción: "De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 342 del Código de Trabajo: «Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, PERO LAS NACIDAS CON POSTERIORIDAD y las de PAGO, PRESCRIPCION, COSA JUZGADA y transacción, se podrán interponer en CUALQUIER TIEMPO, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia...» Con respecto a éstas excepciones en la práctica tribunalicia no se han presentado problemas en cuanto a su interposición, trámite y resolución pues siempre se acepta su interposición con el carácter de perentorias y nunca como previas como las contempla el Código Procesal Civil y Mercantil, criterio que obedece a que cuando una institución esté taxativamente contemplada en el Código de Trabajo no se puede aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que siempre son resueltas al dictarse la sentencia, ya sea de primer o de segundo grado, atendiendo a la etapa procesal en la que se interpusieron..."
. Rivera Woltke, Víctor Manuel. LA REBELDIA: SU JUSTIFICACION EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. Trabajo presentado al Programa de Especialización en Derecho Procesa. URL. págs. 74, 75 u 76. a Chicas Hernández, Raúl Antonio. APUNTES... Ob. Cit.
b) Oportunidad para excepcionar, oponerse a las excepciones,
probarlas y resolverlas, según su naturaleza:
b.1. Las Excepciones Dilatorias: De conformidad con el artículo 342 del Código de Trabajo, en la audiencia señalada para juicio, se interponen antes de contestar la demanda o reconvención, pudiendo darse las situaciones siguientes: a) Si hay allanamiento, se dicta el auto que las resuelve; b) Si la otra parte se opone en la audiencia, en el acto se reciben las pruebas, y se dicta resolución; ésta que si pone fin al juicio es apelable, pero si no le pone fin al juicio no es apelable; c) Si a quien le corresponde oponerse a la excepción, en la audiencia se acoge a las veinticuatro horas que le confiere la ley para oponerse, así lo manifiesta, se suspende la audiencia y dentro de las referidas 24 horas tendrá que manifestar su oposición y proponer las pruebas para contradecirlas; se señala audiencia para la recepción de las pruebas, luego se dicta la resolución; b.2. Las Excepciones Perentorias: Estas se pueden plantear al contestar la demanda o reconvención, dentro de la propia audiencia o dentro de las 24 horas siguientes de la audiencia se hace la posición a tales excepciones, proponiendo para el efecto la prueba que versa sobre el fondo del litigio; y, se resuelve en sentencia; b.3. Excepciones Privilegiadas: Se planteas después de constada la demanda; se contradicen dentro de las 24 horas de notifica la resolución de trámite, conjuntamente con el ofrecimiento de la prueba sobre el fondo del litigio o en auto para mejor proveer; se resuelven en sentencia. 32. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA: Así como existe el derecho de accionar ante los órganos jurisdiccionales pretendiendo la declaración, realización, satisfacción o protección de un derecho objetivo; existe el derecho de oposición o contradicción de análoga naturaleza al de la acción. Entonces la contestación de la demanda es el acto por el cual el demandado ejercita una acción solicitando del tribunal su protección frente a las pretensiones del actor, o bien se allana a ellas. a) Modalidades de la Contestación de la Demanda: a.1. a.2. a.3.
En cuanto a su forma: oral o escrita, en este último caso la escritura no exime al demandado de comparecer a la audiencia; En cuanto al contenido de la contestación: compensatoria o reconvencional; En cuanto a la postura adoptada por el demandado: contestación negativa o afirmativa;
b) El Allanamiento en el Procedimiento Ordinario Laboral: El allanamiento es el acto por medio del cual, la parte demandada manifiesta su conformidad con lo que pide el actor. O más ampliamente, es el reconocimiento o sometimientos del demandado a las pretensiones contenidas en la demanda Al analizar el artículo 340 del Código de Trabajo, encontramos que en su último párrafo, se reconoce el allanamiento total o parcial: "Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva, en cuanto a lo aceptado, si así pidiere, lo que se hará constar, sin que el Juez deba dictar sentencia al respecto; y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas". c) Requisitos de la Contestación de la Demanda: La contestación de la demanda está sujeta a los mismos requisitos señalados para la demanda, en cuanto a los elementos de contenido y forma, así lo establece el artículo 339 del Código de Trabajo, de manera que el demandado deberá consignar en su contestación todos los requisitos aplicables, contenidos en el artículo 332 ya citado. Cabe agregar que es fundamental acreditar la representación con que se comparezca a juicio, por los medios legales establecidos por la ley para cada caso, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 323 del Código de Trabajo, que dice: Todo mandatario o representante legal, está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Si la demanda se contesta verbalmente en la misma comparecencia, será el Juez quien se encargue de controlar que en el acto concurran todos los requisitos legales; si la contestación se hace por escrito, el juez de oficio ordenará que se subsanen los defectos de que adolezca, rectificaciones que deben realizarse n la propia audiencia para no restarle celeridad al juicio. d) Oportunidad para Contestar la Demanda: El artículo 338 del Código de Trabajo, establece: "Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia, los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso podrán presentarse por escrito, hasta el momento de la primera audiencia". La demanda se debe contestar y así lo aceptará el juzgador, después de que el demandante manifieste en la audiencia que ya no tiene transformaciones que hacerle a su demanda, oportunidad en la que se precluye el derecho del actor de ampliar o modificar su demanda. 33. LA RECONVENCION: Al demandado le atribuye la ley el derecho de ejercitar las acciones que tenga contra el demandante; denominándole reconvención a la demanda que hace el demandado al actor al contestar la demanda, en el mismo juicio y ante el mismo Juez que conoce de ella. A esta actividad también se le conoce como CONTRADEMANDA a) Concepto y Modalidades de la Reconvención: Para explicar el fundamento de la reconvención se han sostenido dos posiciones, la primera que considera que procede por razones de economía procesal, ya que si el actor puede ejercitar todas las acciones que estima le asisten en contra del demandado, éste también puede ejercitar sus acciones en la misma forma en contra de su demandante; la segunda posición, se funda en la necesidad de evitar complejidad de los litigios. El Lic. Mario López Larrave sostenía que su fundamento se encontraba en el principio de economía procesal y que por ello no debía servir para entorpecer el procedimiento o complicarlo con fines aviesos. Se puede definir entonces a la RECONVENCION: como la acción ejercitada por el demandado dentro del propio acto de la contestación de la demanda y derivada del mismo objeto del juicio, conexa con él, o conexa con la relación laboral que unió a las partes del juicio. Modalidades: Al igual que la demanda y su contestación, de conformidad con nuestro Código de Trabajo se encuentran las siguientes modalidades de la reconvención: a) b)
Por la forma de entablarse puede ser: oral y escrita; Por la pretensión en ella ejercitada puede ser: reconvención con pretensión simple o reconvención con pretensiones acumuladas.
b) Requisitos de la Reconvención: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 339 del Código de Trabajo, lo establecido en los artículos 332, 333 y 334 del mismo cuerpo legal relacionado, es aplicable a la reconvención, por lo que en caso de omitirse o indicarse defectuosamente algún requisito, el Juez tiene que ordenar que se subsanen tales defectos, puntualizándolos en forma conveniente. c) Oportunidad para Reconvenir, para contestar, probar y
resolver la reconvención:
La reconvención debe promoverse o plantearse al momento de contestarse la demanda, de no hacerse en tal oportunidad precluye el derecho del demandado para ejercitarla, es decir que puede hacerse por escrito y oralmente en la propia audiencia al contestar la demanda.
" Chicas H. Ob. Cit.
El actor, ahora convertido en demandado, puede allanarse, interponer excepciones o contestar la reconvención después de notificado de la resolución que le da trámite, en la misma audiencia o bien pude solicitar al Juez que suspenda la audiencia y señale una nueva para que tenga lugar la contestación de la reconvención. La prueba de la reconvención y su contestación se reciben junto con las pruebas de la demanda y su contestación, en la audiencia que para tal efecto señale el Juez. La reconvención se resuelve en la misma sentencia que resuelve la demanda original. 34. LA CONCILIACION: La conciliación es la etapa obligatoria en el proceso ordinario laboral, mediante la cual, las partes llamadas por el juez, una vez fijados los hechos sobre los cuales versará el debate, procura el avenimiento de las partes proponiéndoles una formula de arreglo, que puede culminar eventualmente en un convenio que ponga fin al juicio, siempre que no contraríe las leyes de trabajo, ni los principios del mismo. a) Concepto e Importancia de la Institución en el Derecho
Procesal del Trabajo:
Es una de las instituciones más complejas que existen, por lo que da lugar a equivocaciones, debido a que se le estudia desde diferentes ángulos y para su validez tiene que cumplir determinados requisitos y así encontramos que para unos autores se trata de un acto contractual, para otros de un acto eminentemente procesal, que puede ser una fase preparatoria del juicio obligada o un modo anormal de terminación del proceso; que puede ser judicial o extrajudicial; y las legislaciones la establecen como un proceso autónomo para dirimir conflictos colectivos y como una fase obligatoria del proceso ordinario laboral. La conciliación consiste en un acuerdo de voluntades de quienes son parte de un conflicto y más concretamente de un proceso, por medio de la cual acuerdan arreglar sus diferencias, para evitarse molestias, gastos y sobre todo una sentencia desfavorable para cualquiera de las partes; debiéndose tener presente que la conciliación no constituye un reconocimiento de pretensiones, pues de lo contrario sería allanamiento, no es un reconocimiento de los hechos, por que entonces sería una confesión, es como pues una manifestación de voluntad por medio de la cual las partes se ponen de acuerdo y arreglan sus diferencias, evitando así una sentencia que les puede ser desfavorable. En la conciliación deben predominar un enfoque realista, equitativo y ecuánime de las reclamaciones objeto de litigio sobre el examen riguroso de las razones jurídicas que asisten a las partes. En el proceso laboral, enmarcada en el enfoque referido, reviste de mucha importancia por los resultados que en un breve tiempo puede producir, contrariamente a lo que sucede con juicios largos y dispendiosos, que afectan a la parte débil de la relación laboral: el trabajador. b) Caracteres de la Institución: b.1. La preexistencia de una o varias pretensiones de derecho promovidas a través de la acción o derecho de defensa (litigio); b.2. En por una parte, una etapa obligatoria en el juicio ordinario de trabajo (aspecto procesal); b.3. Por otro lado, puede culminar eventualmente en un convenio o acuerdo (aspecto sustantivo, contractual); b.4. La actitud limitada del trabajador, ya que la ley no le permite renunciar, disminuir, ni tergiversar los derechos que le otorga la Constitución P. R., el Código de Trabajo y otra leyes laborales; b.5. La actitud limitada del Juez en la diligencia, por la reserva legal que debe mantener sobre la opinión que le merezca el asunto principal o sus incidencias; b.6. El convenio constituye título ejecutivo, en caso de incumplimiento del mismo; b.7. En caso de cumplirse el convenio, finaliza el procedimiento. c) Naturaleza, Validez y Alcances de la Conciliación en el Derecho Procesal del Trabajo: Su naturaleza es procesal por sus orígenes y efectos; algunos autores la semejan a la transacción y le asignan un carácter contractual. Pero lo que debe tenerse presente, es su carácter procesal por su origen y efectos; el uno y el otro están provistos en razón del procedimiento. Para que tengan validez, es requisito indispensable el acto confirmatorio del Juez; por cuanto que jurídicamente hablando, dentro del Proceso del Trabajo, no hay conciliación que no tenga su origen en un proceso. Ahora bien, para definir sus alcances, existen dos posiciones: 1) una que acepta que en la conciliación los trabajadores pueden renunciar a sus derechos, una vez que la relación laboral haya terminado, sobre la base de que son renunciables las expectativas más no el derecho adquirido; y, 2) otra que no acepta la postura anterior, indicando que teniendo en cuenta la norma de irrenunciabilidad de ciertos derechos y de la nulidad de actos por los que se tergiverse, limite o disminuyan los derechos de los trabajadores; el juez debe hacer la debida distinción entre los derechos del trabajador reconocidos y establecidos, y las simples pretensiones de derecho cuya existencia y determinación será materia del debate. "Claro está que las pretensiones si pueden ser equitativamente modificadas y disminuidas de acuerdo con las especiales circunstancias del caso concreto. Por ejemplo: un trabajador reclamando indemnización por despido injusto, pago de un período de vacaciones no gozadas y pago de jornada extraordinaria no pagada. El patrono acepto en la I.G.T. que no había despido injustamente y tuvo conforme con el tiempo de servicios, pero no se conformó con que el trabajador hubiera trabajado jornada extraordinaria y que en consecuencia le retuviera salarios en este concepto. En este ejemplo, según el criterio aquí sostenido el trabajador no podrá renunciar a la indemnización y a la compensación de vacaciones porque sobre las mismas tiene derechos reconocidos, pero si puede renunciar a disminuir su reclamación sobre el pago de jornada extraordinaria, porque esta es todavía una pretensión o expectativa que no ha llegado a ser derecho." d) Clases de Conciliación: La conciliación de acuerdo con el artículo 341 del Código de Trabajo puede ser: TOTAL y PARCIAL. 35. LA PRUEBA: Probar es tratar de convencer al Juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión. La primera actitud que el órgano jurisdiccional asume al decidir, es la de verificar las proposiciones de las partes; esto es, comprobar por los diversos medios de que dispone, la adecuación de lo dicho por las partes con la verdad. Tomada en su sentido procesal la prueba es, en consecuencia, un medio de contralor de las proposiciones que los litigantes formulen en el juicio. a) Procedimiento Probatorio en el Juicio de Trabajo: El procedimiento probatorio en el proceso laboral (salvo casos de incidencias) está inspirado en los principios de sencillez y celeridad, por cuanto que únicamente se da en dos fases: a) El ofrecimiento de la prueba; b) el diligenciamiento. El ofrecimiento consiste en el acto por medio del cual se anuncia la prueba que se va a rendir para demostrar las pretensiones; esto lo hace el actor al plantear la demanda; el demandado lo hace al contestarla; el que reconviene al formular la contrademanda; y, según sea el caso, al actor de nuevo ofrecerá su prueba para desvirtuar la reconvención, al contestar ésta, o al contradecir las excepciones del demandado. El ofrecimiento de pruebas para combatir excepciones y para demostrar tachas, será en el mismo momento o dentro de 24 horas después de terminada la diligencia. No existe un término de recepción de prueba, ya que el Código de Trabajo (344) indica que si no hubiera avenimiento entre las partes, el Juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Únicamente cuando se trata de recabar pruebas fuera de la República, se señala un término para hacerlo. b) Carga de la Prueba y Su Inversión en el Procedimiento Ordinario Laboral:
" López Larrave, Mario. Tesis.
Si un proceso está informado por el principio inquisitivo, el problema de la carga suele reducirse considerablemente, porque aunque haya falta absoluta o insuficiencia de prueba aportada por las partes, el órgano jurisdiccional tiene el deber de producir oficiosamente los elementos de convicción pertinentes, al margen de la diligencia o negligencia, y de mucha, poca o nada fortuna que hayan tenido las partes en la aportación de pruebas. En el proceso penal en donde se trata de tutelar los intereses eminentemente colectivos o públicos no existe problema con el asunto de la carga probatoria, ya que sin perjuicio de la facultad que tienen las partes para aportar elementos de convicción al proceso, el tribunal (ahora el M.P) puede y debe producir de oficio todos los elementos de convicción necesarios para resolver adecuadamente el caso; en el proceso laboral se persigue tutelar intereses colectivos, y a ello obedece la importante corriente de opinión entre los juslaboralistas de que el juez de trabajo debe tener entre sus amplios poderes de dirección del juicio, la potestad de producir prueba oficiosamente. Pero cabe advertir que en el derecho procesal del trabajo guatemalteco se presentan serios problemas de carga probatoria en el juicio ordinario de trabajo ÄÄ derecho procesal individual ÄÄ no existiendo en cambio en los conflictos colectivos de carácter económico y social ÄÄ derecho procesal colectivo ÄÄ, ni en el procedimiento de faltas laborales ÄÄ derecho punitivo o disciplinario del trabajo ÄÄ. Los tribunales de conciliación, con juez unipersonal en alguna fase y tribunales de arbitraje, tienen amplias facultades para producir pruebas de oficio, sin sujetarse a las reglas del derecho común, extremos contemplados en los artículos 387, 396, 402, 403, 410 y 412 del Código de Trabajo, por lo que puede concluirse que en virtud de las amplias facultades inquisitorias e investigativas que ostentan los tribunales en la producción de pruebas y amplia libertad en cuanto a la materia del laudo ÄÄ aceptación de la incongruencia ÄÄ y al sistema de apreciación para formarse criterio ÄÄ libre convicción ÄÄ, en los conflictos colectivos de carácter económico-social, no existe mayor problema de carga probatoria. Otro tanto ocurre en nuestro derecho punitivo de trabajo, en donde conforme el artículo 420 del Código de Trabajo, el juez que conoce de las faltas de trabajo, tiene las más amplias facultades para ordenar de oficio la investigación y comprobación de los hechos denunciados. Analicemos pues el problema de la carga probatoria en el juicio ordinario de trabajo, que regula las controversias individuales: "En Guatemala se habla ponposamente de la inversión de la carga probatoria como una institución viva en nuestro derecho procesal de trabajo. Sin embargo, los casos de inversión se reducen a uno contemplado en el artículo 78 del Código y a otros que se han venido considerando en nuestra llamada jurisprudencia". Pero incluso el artículo 78 fue modificado por el artículo 2o. del Decreto número 64-92 del Congreso de la República, de manera que en cierta medida fue afectada la susodicha inversión, por cuanto que habla de que el patrono le debe comunicar por escrito el despido al trabajador, lo que dicho en otras palabras es una carga de la que tendría que desembarazarse el trabajador, esto es probar el despido, mediante la presentación de la nota escrita, la que por lógica no es fácil que la entreguen la mayoría de patronos. Cabe agregar, en relación a lo anterior, de que existe el criterio de que sobre el patrono debe pesar la carga de la prueba de que no ha despedido, porque si el empresario niega el despido debe probar que hubo abandono de labores por parte del trabajador, y niega el despido y sostiene que tampoco hay abandono de labores, debe proceder inmediatamente a reinstalar al trabajador sin que pueda invocar como causal para un despido ulterior la inasistencia al trabajo. Además de los casos de inversión de la carga, la prepotencia patronal se atenúa con la regulación de una serie de presunciones legales que alteran los principios generales de distribución de la carga y se previene la posibilidad de que el juez pueda ordenar la recepción de pruebas de oficio en auto para mejor proveer, diluyendo un poco la intensidad del principio dispositivo, aunque con las limitaciones que a la norma del auto para mejor fallar le fueron dadas en el Decreto 1441 (la de no servir para aportar prueba, sólo para aclarar situaciones dudosas, cosa que no acontecía en el Decreto 330; primer Código de Trabajo). El caso se complica cuando la defensa de la parte empleadora consiste no en tratar de justificar el despido, sino en negarlo a secas, sin reconvenir abandono de labores. EN CONCLUSION: En el derecho procesal del trabajo guatemalteco si existe problema agudo de carga probatoria en lo que respecta al juicio ordinario ÄÄ derecho procesal individual del trabajo ÄÄ por cuanto su regulación se encuentra predominantemente informada por los principios dispositivo y de preclusión. En el Código de Trabajo de Guatemala no existen normas que regulen en forma general y sistemática la carga de la prueba y su distribución, por lo que, salvo el caso taxativo de inversión de la carga probatoria y de presunciones legales dispersas en su articulado, se tiene que acudir a la fórmula inconveniente de aplicar supletoriamente las disposiciones que sobre la materia trae la ley procesal civil. c) La Valoración de la Prueba: Sistema de la Prueba Legal o Tasada, de la Apreciación de La Prueba en Conciencia: Valorar o apreciar la prueba, es determinar su fuerza probatoria. Es el enjuiciamiento que hace el Juez sobre el grado de convencimiento, persuasión o certeza que ha obtenido de las pruebas aportadas al proceso. En el proceso de valoración se dan dos dificultades: a) que el juez es humano sujeto de errores y deficiencias; y, b) que el material que se suministra como prueba, también lo suministra el hombre con posibles lagunas, inexactitudes, equivocaciones e incluso falsedades. Debido a esas dos circunstancias, se ha sentido siempre la necesidad e orientar la actuación del juez, bien asignándole una libre apreciación de las pruebas a base de principios generales que guíen esa apreciación, o bien encasillando su labore dentro de normas legales, de las cuales no puede separarse sino en los casos de excepción señalados por la ley. De lo anterior surge los dos sistemas básicos que rigen la apreciación de la prueba: a) EL SISTEMA LEGAL O DE LA PRUEBA TASADA; y, b) EL SISTEMA DE LIBRE CONVICCION. Sin embargo en el proceso histórico dichos sistemas han alcanzado distintos grados de desarrollo que han dado lugar al nacimiento de otros sistemas como el Mixto o Ecléctico, o se aquel en que participan los dos sistemas clásicos, tradicionales. SISTEMA DE PRUEBA LEGAL O TASADA: Conforme a éste sistema, es el legislador quien al promulgar la ley, señala el juez, por anticipado, el valor y el grado de eficacia que tiene la prueba. Este sistema es adversado y preferido por algunos, según las circunstancias. En contra: "En realidad, el juez no aprecia la prueba, más bien lo que la ley quiere es que el juez no la aprecie sino que simplemente de por probado el hecho si en aquella concurren los requisitos previos a que está sometida. No aplica el Juez su criterio a saber, sino que el criterio del legislador." Isidoro Eisner, citado por Lic. Nájera Farfán); A favor: "La verdadera y gran ventaja de la prueba legal radica en que la valoración de ciertas pruebas hechas por la ley incita a las partes a proveerse en los límites de lo posible de pruebas eficaces y así facilitar el desenvolvimiento del proceso, y de otras les permite prever, hasta cierto punto, el resultado y por eso las estimula a abstenerse de la pretensión o de la resistencia en los casos en que la una o la otra no estén apoyadas por pruebas legalmente eficaces o cuando menos, las impulsa a la composición del litigio sin proceso". (Carnelutti, citado también por Nájera Farfán). SISTEMA DE LIBRE CONVICCION: En este sistema el juzgador no tiene ninguna regla o reglas que de antemano le tracen la pauta a seguir en la valoración de la prueba; el juez falla según su leal saber y entender, con absoluta libertad y sin motivar su decisión. SISTEMA DE LA APRECIACION DE LA PRUEBA MIXTO: En este sistema los legisladores han señalado pruebas con su valor determinado y fuera del cual el juez no puede apartarse y pruebas que se deja su apreciación a criterio del juzgador, previo análisis de las pruebas producidas y aportadas al juicio. (En Guatemala se utiliza este sistema). SISTEMA DE LA SANA CRITICA O DE LA SANA RAZON: La sana crítica consiste en apreciar la prueba con arreglo a la lógica, a las constancias procesales y a la experiencia que el juzgador debe poner de manifiesto al razonar su sentencia. A este sistema se le atribuye ser el justo medio entre los sistemas de la prueba tasada y la libre convicción, pues no tiene la excesiva rigidez de la primera ni la excesiva incertidumbre de la segunda, y al combinar las reglas lógicas del entendimiento humano, con las reglas empíricas de la experiencia del juzgador, se evita caer
. López Larrave, Mario. Tesis.
. Dispositivo: Este principio se relaciona con el impulso del proceso; pero este no se aplica puro. En este sistema son las partes las que impulsan el proceso. Su efecto principal es limitar las facultades del Juez, quien no puede conocer más que sobre lo que las partes someten a su decisión. Preclusión: En un proceso el paso de una etapa a otra, supone la clausura de la anterior, de modo que no puede volverse a aquélla. El efecto que tiene un estado procesal de clausurar el anterior es lo que constituye la preclusión.
en la arbitrariedad. El fallo versará sobre todo el material probatorio incorporado al juicio y sólo sobre esta materia, pero la apreciación motivada que del mismo se realice, se hará en forma flexible, empleando la inteligencia y los conocimiento empíricos por igual del juzgador. SISTEMA DE VALORACION EN CONCIENCIA: En el proceso laboral impera el principio que supera al de apreciación libre y de la sana crítica, pues la apreciación en conciencia, supone que la libertad es congruente con la justicia social que nunca puede ser injusta sino equitativa, es decir, la apreciación en conciencia debe hacerse dentro del ámbito de la justicia social, en función proteccionista y reivindicatoria de los trabajadores. SISTEMA QUE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL GUATEMALTECO: Nuestra legislación no define que ha de entenderse por valoración de la prueba en conciencia. Por esa razón, el Lic. Mario López Larrave, partiendo de lo establecido en el artículo 361 del Código de Trabajo que reza: "Salvo disposición expresa en este Código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio."; llega a la conclusión de que el sistema de apreciación de la prueba en conciencia se asemeja al de la sana crítica, porque el juez no es libre para determinar el valor de las pruebas rendidas sin razonamiento o justificación, sino por el contrario tiene que fundamentar su apreciación, consignando los principios de equidad o de justicia en que funda su criterio, esto es, que EN TODO CASO EL JUEZ TIENE LA OBLIGACION DE MOTIVAR SU FALLO ( en la parte considerativa de la sentencia ), obligación de la cual se encuentran relevados los verdaderos jueces de conciencia que siguen el sistema de libre convicción. De acuerdo con la norma ya citada, se puede concluir que en nuestro Código de Trabajo tienen aplicación el SISTEMA LEGAL O DE LA PRUEBA TASADA, EL SISTEMA DE LA SANA CRITICA y el de la APRECIACION DE LA PRUEBA EN CONCIENCIA. De lo anterior se puede deducir lo siguiente: De acuerdo con el artículo 361 del Código de Trabajo la valoración de la prueba podría ser la siguiente: 1º. LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y AUTENTICOS; conforme a lo establecido en el artículo 186 del C.P.C. y M. "produce fe y hace plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad"; es decir que la ley les asigna el sistema de PRUEBA LEGAL O TASADA, y el juez tiene que admitirlos como tales. 2º. LA CONFESION JUDICIAL, también tiene el valor de PRUEBA TASADA O LEGAL de conformidad con lo establecido por el artículo 139 del C.P.C. y M. que establece: "La confesión prestada legalmente PRODUCE PLENA PRUEBA". 3º. LOS HECHOS QUE PERSONALMENTE COMPRUEBE EL JUEZ. Sobre esta valoración el Lic. López Larrave criticaba la terminología utilizada al respecto, pues decía que gramaticalmente puede darse a ésta expresión un alcance insospechado, ya que el juez puede comprobar personalmente hechos que lleguen a su conocimiento en forma privada o particular, sin embargo al referirse a los hechos que personalmente compruebe el juez, otros autores, lo han tomado que se refiere al reconocimiento judicial (inspección ocular diríamos nosotros), el cual de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del C.P.C. y M., se debe valorar de conformidad con la SANA CRITICA: "Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica."; 4º. DECLARACION DE TESTIGOS, DOCUMENTOS PRIVADOS, DICTAMEN DE EXPERTOS O PRUEBA DE EXPERTOS, según el art. 361 referido se apreciaran EN CONCIENCIA; 5º. LAS PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS; las primeras son las consecuencias que la propia ley induce de un hecho desconocido, lo que produce un valor tasada (que el patrono no presente el contrato); en tanto que las segundas no le son reconocidas la calidad de pruebas, sino sólo como etapa en la elaboración de la sentencia. 36. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR: a) Confesión Judicial: La confesión judicial es un medio de prueba legal que se produce mediante una declaración de conocimiento por la que se reconoce una afirmación del adversario y cuya verdad le es perjudicial a la parte que la declara; siendo la función específica de tal medio de prueba la de provocar o intentar provocar el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos. Elementos de la Confesión Judicial: a.1) La capacidad del confesante: que tenga 18 años, si es menor de dieciocho y mayor de 14, lo debe hacer a través de su representante legal; si se trata de persona jurídica colectiva extranjera, lo hará el representante reconocido en el país; si se trata de quebrados o fallidos, lo harán personalmente; en tanto que las personas jurídicas nacionales, se ha sostenido la jurisprudencia de que debe prestarla por medio de su representantes instituidos en su escritura social o constitutiva, si así lo solicita el articulante, no siendo aplicable supletoriamente lo establecido en el art. 132 del CPCYM; a.2) El objeto de la confesión: son los hechos personales o de conocimiento del absolvente (no todos) y especialmente los hechos expuestos en la demanda y en su contestación que resultaren controvertidos; a.3) Voluntad de quien presta confesión: para que la confesión sea valida debe prestarse en forma voluntaria. Oportunidad para ofrecer y diligenciar la prueba de confesión judicial: La prueba de confesión judicial se ofrece en la demanda, en su contestación; interposición de excepciones dilatorias, en su contestación; en la reconvención, en su contestación; y únicamente se puede solicitar la absolución de posiciones una vez sobre los mismos hechos. Si es el actos el que propone la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y si es el demandado el que la propone, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio. Modalidades de la confesión judicial: Las posiciones en cuanto a la forma de dirigirlas o formularlas debe hacerse en forma oral; pero también se puede hacer escrita, con la inmediación del juez. Requisitos de la confesión judicial: El Código de Trabajo no tiene establecidos taxativamente los requisitos que debe llenarse en la formulación de las posiciones, por lo que supletoriamente tenemos que hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del CPCyM. Efectos: "Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva, en cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar, sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas..." "Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso, en su rebeldía." (354) "Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de cuarenta y ocho horas de celebrada la audiencia respectiva." (358 b) Declaración de Testigos: Testigo es toda persona extraña en el proceso cuya declaración se utiliza como medio de prueba, por versar sobre hechos en él controvertidos y cuyo conocimiento ha adquirido fuera del proceso. Capacidad para ser testigo: Conforme al artículo 31 del Código de Trabajo, se puede decir que los trabajadores mayores de 14 años tienen esa capacidad. Clases de testigos: 1)TESTIGO JUDICIAL: es aquel que declara ante órgano jurisdiccional competente; 2) TESTIGO EMPRESARIAL: es aquella persona física a quien le constan los hechos o circunstancias sobre las que declara en razón de que labora en el mismo lugar en el que prestan sus servicios las partes del proceso; 3) TESTIGO EXTRA - EMPRESARIAL: es aquel sujeto que tiene conocimiento de los hechos sobre los que declara, porque circunstancialmente los presenció, no siendo trabajador de la empresa en la que laboran las partes del juicio. Testimonios y sus modalidades: Testimonio es el acto que consiste en representar un hecho. Se representa, manifestando el testigo la idea que del hecho tiene. El medio de que se sirve para externar o comunicar esa idea, es la palabra hablada o escrita. En el campo procesal laboral tiene mayor relevancia el testimonio oral, en virtud de que en el proceso laboral predomina el principio de oralidad y sobre todo porque el mismo se desarrolla a través de audiencias en las que las partes deben comparecer con sus respectivos medios de prueba.
El testimonio escrito, por el contrario es un caso de excepción que generalmente se presenta en el caso de las personas jurídicas al rendir sus declaraciones por medio de informes, y que por tal motivo los juzgadores lo toman como parte de la prueba documental. En nuestro medio se han presentado casos en que se ha pretendido hacer valer declaración de testigos que constan en actas notariales, pero es los juzgadores han sido del criterio de no darles ningún valor probatorio a tales declaraciones, por estimar que con dicho procedimiento se niega el derecho de la contraparte de fiscalizar tal medio de prueba. Deberes que la ley establece en relación a la prueba de testigos. El Código de Trabajo en el artículo 348 establece: "todos los habitantes de la república tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por la ley. La desobediencia será sancionada con una multa de cinco a veinticinco quetzales, que deberá imponer el juez que conozca del asunto. Con la anticipación debida, las citaciones de harán por medio de la Policía Nacional." Como se puede observar la ley tiene establecida la obligación de declarar, deber que se funda en el carácter o finalidad del testimonio como es la de servir al proceso para los fines de la justicia, ahora bien, dicho deber se traduce en tres imperativos: deber de comparecer ante el juez; deber de declarar; y deber de ser veraz. Por ello el art. 350 prescribe que "Los patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar, cuando la citación sea hecha legalmente, sin menoscabo de sus intereses, salario o jornada de trabajo. La transgresión a lo preceptuado en este artículo será castigada con una multa de veinticinco a cien quetzales que deberá imponer el Juez que conozca del asunto." Oportunidad para ofrecer la prueba de declaración testimonial: En el procedimiento ordinario laboral, únicamente se presentan dos fases procesales en relación a los medios de prueba y son: su ofrecimiento y el diligenciamiento, en virtud de que no existe un período de prueba como en el procedimiento ordinario civil. El artículo 332 del Código de Trabajo, establece los requisitos que debe contener la demanda y su correspondiente contestación, indicando en la literal e) "enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere..." o sea que es en la demanda o en su contestación la oportunidad procesal en la cual se debe ofrecer la prueba, ofrecimiento que debe ser debidamente individualizado, para no dar oportunidad al juzgador que la rechace. Hay autores y jueces que sostienen que en el procedimiento laboral no es permitido hacer el ofrecimiento como se hace en el campo procesal civil, en donde sólo se consigna: "OFREZCO LA DECLARACION DE TESTIGOS", en razón de que el Código de Trabajo exige que se enumere el medio de prueba, individualizándolo en forma clara y concreta y específicando en relación a la prueba de testigos, se debe indicar los nombres y apellidos, de los que se ofrece ( habemos quienes no compartimos ese criterio porque se basa en una lectura truncada de la norma.). Numero de testigos que se pueden ofrecer: El artículo 347 del Código de Trabajo preceptúa: "Las partes pueden ofrecer hasta cuatro testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer...". Diligenciamiento de la prueba de declaración de testigos: De acuerdo con la ley, las partes están obligadas a comparecer con sus respectivos medios de prueba a la primera audiencia. Cuando los testigos no residan en la localidad en donde está situado el juzgado, la ley prevé (Art.439) que cuando haya que recibirse declaraciones de testigos fuera del lugar donde tenga asiento el tribunal, el juez después de contestada la demanda y con la audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. Los tribunales de trabajo, en virtud de que el Código de Trabajo no tiene establecido procedimiento de recepción de la declaración testimonial, acuden supletoriamente al C.P.C. Y M. con algunas reservas; por ejemplo, no es necesario acompañar el interrogatoria con la demanda, tampoco se suspende la diligencias por la incomparecencia de alguno o de todos los testigos. Medio de fiscalización de la prueba de testigos: El medio idóneo que tiene las partes para tratar de corroborar la veracidad o falsedad de lo declarado por un testigo, son las repreguntas, las cuales deben versar únicamente sobre los hechos relatados por el testigo y se dirigen inmediatamente que ha finalizado de responder a las preguntas o interrogatorio presentado por el proponente de tal medio de prueba. Las tachas de los testigos: El Código de Trabajo en su artículo 351 establece que: "La tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia." La doctrina asienta que son tachas las causas, hechos, circunstancias o impedimento que por afectar las condiciones personales del testigo o afectar la veracidad de su declaración, destruye o disminuye la fuerza probatoria de su testimonio. Pero el mismo artículo 351 prescribe "no es causal de tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero si lo será, si el testigo ejerce funciones de dirección , de representación o de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesto por ésta. La tacha de un testigo, se puede promover en la misma audiencia en que se diligenció la prueba, o bien dentro de las veinticuatro horas siguientes a la declaración del testigo. c) Dictamen de Expertos: Este medio de prueba reviste especial característica en el proceso laboral, ya que en muchas oportunidades las partes tienen necesidad de llevar al conocimiento del juzgador hechos técnicos no jurídicos, para cuyo conocimiento se necesita de reglas de experiencia no comunes, como por ejemplo, cuando se trata de determinar la pericia o impericia de un trabajador, para determinar la calidad o perfección de un trabajo o de una obra, aspectos de una contabilidad etc. Por medio de la prueba de expertos o dictamen de expertos, se aporta al juicio material probatorio de carácter técnico, por encargo del Juez, y que según nuestra legislación el Juez tiene amplias facultades en cuanto a la aceptación y valoración del dictamen o expertaje que se le rinda. Diligenciamiento: a) El artículo 352 del C. de T. ordena que al proponer la prueba de dictamen de expertos, de una vez, se presenta los puntos sobre los cuales debe versar el peritaje y se designa al experto de la parte que promueve la prueba; b) Al admitirse el medio de prueba pericial, el Juez corre audiencia a la otra parte por el término de dos días, (que empiezan a correr a partir de la fecha de la celebración de la audiencia en que las partes estén celebrando el juicio oral) para que manifieste sus puntos de vista respecto al temario o puntos de expertaje propuestos y designe su propio experto; c) Con los puntos propuestos por el oferente de la prueba pericial, lo manifestado al respecto por la otra parte, el Juez emite resolución en la cual señala en definitiva los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje, nombra los expertos y señala de una vez audiencia (día y hora) en la que los peritos o expertos emitirán su dictamen; d) En la audiencia señalada para recibir el dictamen de los expertos, estos pueden emitirlo oralmente o por escrito y aplicando supletoriamente el artículo 169 del C.P.C Y M. el juez a solicitud de las partes de oficio, podrá pedir a los expertos verbalmente o por escrito, las aclaraciones que estime pertinentes sobre el dictamen y contra lo que resuelva no cabe ningún recurso. Las partes no tienen facultad o derecho para tachar a los peritos nombrados por el Juez, pero el Juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviere motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por propia convicción o por gestiones de la parte que se estime perjudicada. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, en virtud de que la determinación de remover peritos de conformidad con lo establecido en el artículo 352 del Código de Trabajo, es facultad discrecional del juzgador. d) Reconocimiento Judicial: En el Código de Trabajo, este medio de prueba no está denominado como reconcomiento judicial, sino como INSPECCION OCULAR; y es la prueba que tiene por objeto la percepción directa e inmediata por el juez, de hechos y circunstancias tangibles, para cuyo conocimiento y apreciación no se requiere conocimientos especializados. Los únicos artículos del Código de Trabajo que se refiere a la inspección ocular o que tienen alguna relación con ella son: el 332, 357 y 361. e) Documentos: Al documentos se le identifica como un objeto en que se exterioriza cierto pensamiento humano mediante algunos signos materiales y permanentes del lenguaje. Es todo objeto que reproduce, representa o refleja una idea, un acto de voluntad o un acto del acontecer humano. Procesalmente documentos, es todo escrito que constituye prueba del hecho jurídico realizado... el documento no es le hecho jurídico, sino la prueba del hecho jurídico. Clasificación de Documentos: Conforme al Código de Trabajo, los documentos se clasifican en: a) DOCUMENTOS AUTENTICOS; que son los que expiden los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus atribuciones al tiempo de suscribirlos; b) DOCUMENTOS PUBLICOS; los autorizados por Notario con las formalidades de ley; c) DOCUMENTOS PRIVADOS; los emitidos y suscritos por particulares sin ninguna formalidad. Regulación en el Código de Trabajo:
La prueba documental está regulada en forma dispersa y escueta; pero si tutela al trabajador en algunos de sus artículos: 1) Artículo 30 "La plena prueba del contrato escrito sólo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de ésta o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y se a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador; 2) Artículo 39 "El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito, en tres ejemplares: uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo (Dirección General de Trabajo) directamente o por medio de la autoridad de Trabajo más cercana, dentro de los quince días posteriores a su celebración, modificación o novación. La existencia del Contrato Colectivo de Trabajo sólo puede probarse por medio del documento respectivo y la falta de éste da lugar a que el Sindicato de Trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados por él."; 3) El artículo 102 establece la obligación de todo patrono que ocupe permanentemente a diez o más trabajadores de llevar un libro de salarios autorizado; y del que ocupe a más de tres sin llegar al límite de diez de llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el IGSS; 4) El artículo 281 inciso j, establece que las actas que levanten los inspectores de trabajo o trabajadores sociales tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad; y, 5) El Artículo 353 que es de suma importancia: "Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el Juez la ordenará para la primera comparecencia, conminando a la parte demandada si fuere ésta la que deberá exhibirlos, con una multa de cincuenta a quinientos quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Si esta prueba fuere ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con presentarla en la primera audiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 346 del Código de Trabajo que dice: Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia; para el efecto las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas." Ofrecimiento y diligenciamiento: La prueba documental se ofrece en la demanda o en su contestación y de conformidad con los artículos 335 y 346 del Código de Trabajo, dicha prueba debe rendirse o diligenciarse en la primera audiencia que señale el tribunal, y es por eso que el juzgador al darle trámite a la demanda, ordena a las partes, comparecer a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba a efecto de que las rindan en dicha audiencia. En cuanto a la forma y requisitos de su presentación, debe tenerse en cuenta que no es necesario acompañar copias de los documentos que se presenten como prueba al tribunal "y que aplicando supletoriamente el artículo 177 del C.P.C.y M. se puede presentar su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar". Autenticidad de los documentos: Aquí cabe tener presente que conforme a los artículos 186 y 187 del CPCyM los documentos probatorios así como los privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba, y se tramita como incidente. Certificaciones de documentos: Acorde con la tutelaridad del derecho de trabajo, el artículo 345 del C. de T. establece que en la resolución por la cual se de trámite a la demanda o a la reconvención, se mandará pedir de oficio certificaciones de los documentos que las partes hubieren ofrecido como pruebas y que se encontraren en alguna oficina pública, o en poder de cualquiera de los litigantes. En igual forma se procederá cuando tales documentos hubieren sido propuestos como pruebas contra las excepciones del demandado, o contra las que el actor opusiere a la reconvención. Reconocimiento de documentos: Este medio de prueba está regulado sin las formalidades del derecho procesal civil, pues el artículo 354 concibe únicamente que cuando sea el actor el que propone este medio de prueba el juez citará al demandado para que en la primera audiencia reconozca documentos bajo apercibimiento de ser declarado confeso, en su rebeldía; y si la prueba la propone el demandado, el juez dispondrá en los mismos términos la audiencia en que abran de ser reconocidos. Según al autor Raúl Chicas Hernández ( y a nuestro juicio por el criterio civilista que priva en los actuales jueces de trabajo ) existe discrepancia de criterios en cuanto al ofrecimiento del reconocimiento de documentos, pues unos jueces exigen que en el ofrecimiento de la prueba se indique los documentos que van a ser sometidos a reconocimiento judicial, mientras otros simplemente exigen que se ofrezca la confesión judicial y el reconocimiento de documentos, sin individualizar cuales serán los documentos que se someterán a reconocimiento, siendo hasta en el momento del diligenciamiento de la confesión judicial cuando se determina cuales son los documentos que se desea su reconocimiento. f) Medios Científicos de Prueba: Estos medios son producidos por científicos o técnicos, con datos, objetos y fuentes que le proporciona determinada ciencia, técnica, etc. Los medios científicos de prueba no están determinados en el Código de Trabajo, por lo que para su utilización tenemos que hacerlo acudiendo supletoriamente al CPCyM, el que no obstante señalarlos taxativamente, de su articulado se pueden señalar como tales: radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos, registro dactiloscópicos, etc. Pero cabe hacer la observación en relación a este tipo de prueba, que sólo será admisible si es compatible y no contraría los principios y texto del Código de Trabajo. g) Presunciones Legales y Humanas: De acuerdo con el autor Couture, al hacer una ordenación lógica de los medios de prueba, derivada de su naturaleza o de su vinculación con los motivos de prueba, los clasificamos en tres grupos: 1. Pruebas por Percepción:... como lo sería el Reconocimiento judicial (inspección ocular); 2. Pruebas por Representación:... documentos... confesión... testigos; 3. Prueba por deducción o inducción: aquí la reconstrucción de los hechos se lleva a cabo mediante deducciones lógicas, infiriendo de un hecho conocido otro desconocido. Si esta labora está a cargo del propio juez, la realiza por el sistema de Presunciones; y si la deducción la verifica un tercero, haciendo aplicación de su ciencia, nos encontramos frente al examen pericial o sea el llamado dictamen de expertos... Clasificación de las Presunciones: "Tradicionalmente se distinguen dos clases de presunciones: la establecida en la norma positiva que de antemano determina su eficacia probatoria o sean las presunciones legales o presunciones iuris; y las presunciones judiciales o presunciones hominis que son las que establece el juez, sin sujeción a ningún criterio legal. Las presunciones legales a su vez se dividen en presunciones «iuris et de iure» y presunciones «iuris tantum». Las primeras no admiten prueba en contrario y el juez, una vez establecido el hecho que le sirve de antecedente, tiene la obligación de aceptar por cierto el hecho presumido; es decir que tienen un valor absoluto. Las segundas, por el contrario, permiten producir prueba tendiente a destruirlas y por eso se dice que tienen un valor relativo." Por su parte el Lic. Raúl Chicas Hernández, estima que no obstante que otros autores nacionales no le dan mayor importancia a las presunciones legales en el juicio ordinario de trabajo, estima que los legisladores del Código de Trabajo en aplicación de los principios que lo informan y con el fin de proteger a los trabajadores de ciertas maniobras patronales, contemplaron presunciones legales en varios artículos, entre los que se encuentran los siguientes: 1) El artículo 30 del C. de T. establece que la prueba plena del contrato de trabajo escrito sólo puede hacerse con el documento respectivo y que la falta de éste o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, DEBEN PRESUMIRSE, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. 2) En relación a la concesión y disfrute de vacaciones el artículo 137 del C. de T. indica que de la concesión de vacaciones de debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador, y que tratándose de empresas particulares se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestran la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital, si no sabe hacerlo. 3) La literal j) del artículo 281 del C. de T. estipula: que las actas que levanten los Inspectores de Trabajo, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad; 4) El artículo 7º del Decreto 76-78 del C. de la R. (Ley reguladora de la prestación de aguinaldo para los trabajadores del sector privado) establece que el pago de la prestación de aguinaldo debe dejarse constancia escrita y si el patrono a requerimiento de las autoridades de trabajo,
" Enríquez Cojulún, Carlos Roberto. "LAS PRESUNCIONES". URL. Teoría del Proceso, material para programa de estudios.
no muestra la respectiva constancia con la firma o impresión digital del trabajador, se PRESUME, salvo prueba en contrario, que el aguinaldo no ha sido pagado. LAS PRESUNCIONES LEGALES: es consecuencia de la propia ley, que se deduce de un hecho conocido (el patrono no presenta el contrato); LAS PRESUNCIONES HUMANAS: a estas muchos autores no le dan calidad e medio de prueba, y afirman que más que medio probatorio, es una etapa en la elaboración de la sentencia, precisamente haciendo uso de la sana critica; esto es, reconstruyendo por inducciones y con máximas de la experiencia, la verdad desconocida que se extrae de la verdad conocida o indicio, de donde se puede sostener que al apreciar las presunciones humanas se tiene que hacer aplicando el sistema de la sana crítica. 37. DEL AUTO PARA MEJOR FALLAR: Su regulación en el procedimiento ordinario laboral. Originalmente el Código de Trabajo (Dto. 330) en el artículo 357 daba la facultad al juez y a las partes de solicitar un auto para que se ordenara el diligenciamiento de alguna prueba, antes de emitirse sentencia. Sin embargo, en la actual legislación (1441) aún subsiste la denominación del auto para mejor fallar, CON EL CUAL NO SE PUEDE APORTAR PRUEBAS AL PROCESO, sino SOLO SIRVE AL JUEZ PARA ACLARAR SITUACIONES DUDOSAS " y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio...". 38. LA SENTENCIA: La sentencia es el acto procesal del titular o titulares del órgano jurisdiccional por medio del cual, este resuelve sobre la conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes con el derecho objetivo, poniéndole fin normalmente al proceso ordinario de trabajo a) Forma y Contenido de la Sentencia: La sentencia laboral se halla sujeta a los requisitos, comunes a todo acto procesal, de lugar, el tiempo y la forma. El lugar en donde está asentado el tribunal que conoce del proceso. El tiempo, hay variantes, así por ejemplo el artículo 358 del Código de Trabajo prescribe: "Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de cuarenta y ocho horas de celebrada la audiencia respectiva. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de demanda por despido injusto aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado; pero si en el mismo juicio se ventilaren otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo previsto en este título...". Por su parte el Artículo 359 del mismo Código, dice: "Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de cinco ni mayor de diez días, el juez dictará la sentencia." La forma de la sentencia está determinada por el artículo 364 del Código de Trabajo que establece: "Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo, total o parcialmente al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto de debate...". Supletoriamente, y observando las particularidades que reviste el proceso ordinario laboral, los juzgados observan lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial, en cuando a la forma de redacción de las sentencias se refiere, lo que incluye: a) Nombre completo, razón social o denominación o domicilio de los litigantes; en su caso, de las personas que los hubiesen representado; y el nombre de los abogados de cada parte (en lo laboral cuando los hubiese); b) Clase y tipo de proceso, y el objeto sobre el que versó, en relación a los hechos; c) Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas (perentorias, porque las dilatorias se resuelven a parte) y los hechos que se hubieren sujetado a prueba; d) Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados; se expondrán, asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia; e) La parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. b) Clases de Sentencia Posibles en el Procedimiento Ordinario Laboral: b.1. Declarativas: como por ejemplo cuando se discute un caso que tiene por objeto la determinación de si se trata de una relación de carácter civil (servicios profesionales) o si se trata de una relación laboral (un trabajador), sentencia que tiene por finalidad únicamente la declaración del carácter de tal relación; b.2. De Condena: ejemplo, cuando se reclama el pago de vacaciones no disfrutadas, el juez únicamente se concreta a condenar al demandado al pago de la prestación reclamada, si procediere; b.3. Desestimatorias: ejemplo, cuando se reclama el pago de indemnización por despido injustificado y el demandado prueba la causa justa, se desestima la demanda; b.4. En rebeldía: cuando habiendo sido citado el demandado, éste no comparece, se dicta la sentencia en rebeldía. 39. LOS RECURSOS: a) Revocatoria: El Recurso de Revocatoria es la facultad que tiene el juez para revocar a solicitud de parte, sus propios decretos. El Código de Trabajo en el Artículo 365, prescribe que: "Contra las resoluciones que no sean definitivas procederá el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución, si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de veinticuatro horas de notificada una resolución, cuando ésta hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. La laguna de esta norma en cuanto al tiempo de resolver dicho recurso, se solventa con la aplicación supletoria del artículo 146 de la Ley del Organismo Judicial que establece: "Si el proceso fuere verbal, el pedimiento se hará en comparecencia, y el tribunal resolverá dentro de veinticuatro horas." También los tribunales en la práctica aplicas supletoriamente el último párrafo de la precitada norma que dice: "Contra las resoluciones que se dicten en estos y en los casos del artículo anterior (reposición de autos), no cabrá recurso alguno." De manera que puede decirse que conforma a dicha práctica contra lo resuelto en un recurso de revocatoria no cabe recurso alguno. b) Nulidad: El Recurso de Nulidad es un medio de impugnación dado a la parte perjudicada por un error de procedimiento, para obtener su reparación. (Eduardo J. Couture). En el procedimiento ordinario laboral, conforme al artículo 365 del Código de Trabajo, se puede interponer contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. Se interpondrá dentro de tercero día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. El Recurso de Nulidad, se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando oír por veinticuatro horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del Juez. Cuando se declare sin lugar el recurso se impondrá al litigante que lo interpuso, una multa de cinco a quinientos quetzales. Contra la resolución que resuelve el recurso, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación que deberá interponerse dentro de veinticuatro horas de su notificación y ser resuelto dentro de los tres días siguientes a la recepción de los autos en la Sala respectiva, sin audiencia a las partes. c) Aclaración: Conforme al artículo 365 del Código de Trabajo, en los procedimientos de trabajo procede el recurso de aclaración contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio. La aclaración se pedirá dentro de las veinticuatro horas de notificado el fallo, si los términos del mismo son oscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor.
d) Ampliación: Conforme al artículo 365 del Código de Trabajo, en los procedimientos de trabajo procede el recurso de ampliación contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio. La ampliación se pedirá dentro de las veinticuatro horas de notificado el fallo, si se omitió resolver alguno o alguno de los puntos sometidos a juicio. e) Apelación: Es el procedimiento por medio del cual, una de las partes o ambas, solicitan al tribunal de segundo grado, un nuevo examen sobre una resolución judicial laboral, dictada por un juzgador de primer grado, que le reporta perjuicio o gravamen, pretendiendo que la confirme, revoque, enmiende o modifique, parcial o totalmente y profiera la sustitutiva que en derecho corresponde. La naturaleza del Recurso de Apelación se encuadra en los sistemas intermedios de renovación y revisión del juicio, que se fundan en el principio del doble grado de jurisdicción. Pueden apelar las partes legitimadas en el proceso. Resoluciones apelables: El Código de Trabajo en su artículo 365 establece dos situaciones en relación al recurso de apelación: a. No procede el Recurso de Apelación en los juicios cuya cuantía no exceda de diez quetzales; b. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio el Recurso de Apelación; Término para su interposición: a. Si se trata de la interposición de un recurso de apelación contra un auto que resuelva un Recurso de Nulidad, el término para interponer el Recurso de Apelación es de veinticuatro horas, de notificado el auto; b. Si se trata de la interposición del recurso de apelación contra una sentencia, debe interponerse dentro de tercero día de notificado el fallo; Como se verá en el apartado siguiente, el Recurso de Apelación da origen a la segunda instancia, y se sustancia, conforme a los artículos 367 al 372 del Código de Trabajo, de la manera siguiente: a. Interpuesto el Recurso de Apelación ante el tribunal que conoció en Primera Instancia, éste concederá el trámite si fuere procedente y elevará los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social; b. Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, dará audiencia por cuarenta y ocho horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad; c. Se dentro del término de 48 horas, concedido al recurrente, éste pidiere que se practique laguna prueba denegada en primera instancia, en la cual hubiere consignado su protesta, la Sala de Apelaciones si lo estima procedente, con noticia a las partes, señalará audiencia para la recepción de la prueba o pruebas solicitadas que deben practicarse en el término de 10 días; d. Vencidas las 48 horas de la audiencia para expresar agravios, o vencido el término de los 10 días señalados para recibir las pruebas no diligenciadas en primera instancia, se señalará día para la vista la que debe efectuarse dentro de los cinco días (5) siguientes; e. Después del día de la vista y si el tribunal lo estima necesario, puede ordenar por una sola vez, antes de dictar sentencia, de oficio o a instancia de parte un Auto Para Mejor Proveer, con el objeto de: 1. Diligenciar cualquier prueba que estime pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable; tales diligencias deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, dentro del cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias, con citación de las partes. La practica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio; 2. Para diligenciar las pruebas de las excepciones que se hayan interpuesto en segunda instancia; f. La Sala jurisdiccional cinco días después del señalado para la vista, o de vencido el término del auto para mejor proveer, debe dictar sentencia, la que debe confirmar, revocar, enmendar o modificar, parcial o totalmente la sentencia de primer grado. f) Responsabilidad: Este Recurso perdió prácticamente su objeto, al ser reformado por el actual Código de Trabajo y por el Decreto 64-92 del Congreso de la República. El artículo 366 del Código vigente prescribe que los recursos de responsabilidad contra los titulares de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social y el recurso de rectificación, proceden en los casos previstos en este Código. Y el Artículo 429 del mismo instrumento legal, indica que procede el recurso de responsabilidad contra los jueces y magistrados de trabajo y previsión social: a) Cuando retrasen sin motivo suficiente la administración de justicia; b) Cuando no cumplan con los procedimientos establecidos; c) Cuando por negligencia, ignorancia o mala fe, causaren daños a los litigantes; d) Cuando estando obligados a razonar sus pronunciamientos no lo hicieren o lo hicieren deficientemente; e) Cuando faltan a las obligaciones administrativas de su cargo; y, f) Cuando observaren notoria mala conducta en sus relaciones públicas o privadas. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que pudieren incurrir. El subsiguiente artículo 430 indica que, La Corte Suprema de Justicia debe proceder por denuncia o acusación recibida a investigar y a examinar, por medio de uno de sus miembros o por un magistrado comisionando de la Corte de Apelaciones de Trabajo, el caso respectivo, oyendo al juez o magistrado de que se trate y si encuentra fundada la acusación o denuncia debe imponerle al funcionario responsable, algunas de las sanciones siguientes: a) suprimido; b) Amonestación pública; c) Multa de un mil quinientos (Q.1,500.oo) a dos mil quinientos (Q.2,500.00) quetzales a título de corrección disciplinaria; d) Se suprimió. Contra la resolución cabe el recurso de reposición. Según el Licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández, de la lectura del artículo 366 no se puede deducir a que tipo de responsabilidad se hace referencia, por lo que estima que cuando se trate de iniciar una acción de responsabilidad contra un Magistrado o Juez, se tiene que acudir primero a lo que para el efecto establece la Ley de Responsabilidades (Dto. 1547) en cuanto al trámite previo de antejuicio y si éste prospera, tendría que acudirse a las leyes del orden común, en relación a las acciones a ejercitarse: si es por daños y perjuicios se tendría que demandar en el Juzgado del orden civil; si se trata de la comisión de un hecho constitutivo de un delito, se tendría que acudir ante un Juzgado del orden penal y si únicamente se trata de obtener una sanción disciplinaria, se tendría que acudir ante la Corte Suprema de Justicia a efecto de imponer la medida disciplinaria correspondiente con base en la Ley del Organismo Judicial y reglamento de tribunales (sobre éste último aspecto, parece no haber congruencia con lo establecido en los artículos 429 y 430 ya comentados). PRINCIPIOS: Antes de referirnos a los principios del derecho de trabajo en la legislación guatemalteca, consideramos apropiado hacer un esbozo general del tema. Es así como, siguiendo el discurso del autor de la obra: "Los Principios del Derecho de Trabajo", Américo Plá Rodríguez, debe aclararse que en relación al número de principios que sustentan a esta rama del derecho, consultados catorce autores, se contabilizan veinticinco principios diferentes, destacando que ninguno de los autores reconoce más de siete y, en algunos casos, se engloban varios en uno mismo. Por otra parte se sostiene que los principios generales del derecho no pueden identificarse con los principios propios de cada disciplina. En relación a una noción general que defina qué son los principios del derecho de trabajo, Plá Rodríguez, nos dice que son: "Las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos".11 Para el mismo jurista uruguayo, más importante que cualquier definición resulta la descripción de los principios que -aceptando la tesis de Juan Rivero Lamas- son jurídicos, normativos y de relajamiento. Luego recalca tres elementos sobre dicha noción, así: "a) Son enunciados básicos que contemplan, abarcan, comprenden una serie indefinida de situaciones. Un principio es algo más general que una norma porque sirve para inspirarla, para entenderla, para suplirla...De allí que se hable de principios básicos o fundamentales, porque sirven de cimiento a toda la estructura jurídico-normativa laboral. b) Por ser propios del derecho del trabajo son distintos de los que existen en otras ramas del derecho. Sirven para justificar su autonomía y su peculiaridad. Por eso, tienen que ser especiales, diferentes de los que rigen en otras zonas del derecho...no tienen por qué ser absolutamente exclusivos. Pero como conjunto, deben configurar un elenco que no se reproduce, en la misma forma, en las demás disciplinas jurídicas. c) Todos los principios deben tener alguna conexión, ilación o armonía entre sí, ya que en su totalidad perfilan la fisonomía característica de una rama autónoma del derecho que debe tener su unidad y su cohesión internas..."
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Plá Rodríguez, Américo. "Los Principios del Derecho del Trabajo". Buenos Aires 1978. Págs. 1 a 9.
Finalmente, acerca de las nociones general sobre los Principios del Derecho del Trabajo, diremos que la función de los mismos es la siguiente: "a) b) c)
informadora: inspiran al legislador, sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. normativa: actúan como fuente supletoria, en caso de ausencia de la ley. Son medios de integrar el derecho. interpretadora: operan como criterio orientador del juez o del intérprete.
Esta pluralidad de funciones explica que haya algunos de esos principios que sirvan más para el legislador o el creador de normas laborales, es decir, que cumplen una misión de inspiración o información de la norma; y otros que sean más útiles para el intérprete. No siempre pueden cumplir en la misma medida y con la misma intensidad, ese triple papel." EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA: Aunque conceptualizados como "características ideológicas" que deben inspirar la legislación laboral, es generalizada y aceptada la opinión dentro de los juslaboristas guatemaltecos, que los enunciados contenidos en los considerandos cuatro, cinco y seis del Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la República) constituyen los principios rectores de esta rama de las Ciencias Jurídicas en nuestro medio. Esos principios los resumimos de la manera siguiente: 1) Tutelar; 2) De Inrrenunciabilidad; 3) Imperatividad; 4) De Realismo y Objetividad; 5) Democrático; 6) De Cencillez o antiformalismo; 7) El Conciliatorio; 8) La Equidad; y, 9) La Estabilidad. TUTELAR: Puesto que trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores, otorgándoles una protección jurídica preferente, según el cuarto considerando del Código de Trabajo. Este principio, según la doctrina, lo encontramos inmerso dentro del principio protector, porque: "El principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que éste en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador. INRRENUNCIABILIDAD: Porque constituyendo un mínimo de garantías sociales protectoras, irrenunciables para el trabajador, están concebidas para desarrollarse en forma dinámica, de acuerdo con lo que dice el ya referido considerando cuatro del Código de Trabajo. Para Américo Plá Rodríguez, la noción de irrenunciabilidad puede expresarse, en términos generales, como "la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio...«los derechos concedidos por las leyes son renunciables , a no ser esta renuncia contra el interés o el orden público en perjuicio de tercero...Y en la renuncia por el obrero de los beneficios que la ley le concede se dan las dos circunstancias que hacen imposible la renuncia. Pertenecen al orden público que el trabajo humano sea debidamente protegido y remunerado; que la codicia no explote a la necesidad; que impere la verdadera libertad, no disminuida por las trabas económicas. Y sería casi siempre en daño a tercero -de los familiares del trabajador, de los compañeros de trabajo, que por su claudicación se verían constreñidos a aceptar condiciones inferiores de trabajo- la renuncia de sus derechos que equivaldría, por lo demás, a las de las condiciones indispensables para la efectividad del derecho a la vida»." IMPERATIVIDAD: Dice la literal c. del cuarto considerando del Código de Trabajo que: "El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la «autonomía de la voluntad», propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social;". Este principio está en íntima relación con el principio tutelar y con la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo, que es de Orden Público, porque: "Las normas jurídicas son reglas de conducta cuya observancia está garantizada por el estado...Pero no todas las normas jurídicas poseen la misma pretensión de imperatividad...El Derecho romano conoció dos maneras de ser de la imperatividad de las normas, a las que se denomina relativa y absoluta, las que corresponden al derecho dispositivo (jus dispositivum) y al derecho imperativo (jus cogens):el primero tenía aplicación en las relaciones jurídicas a falta de disposición expresa o tácita de los sujetos de la relación; su campo de aplicación era el derecho privado. El segundo se formó con las normas que se aplicaban para impedir o regular la formación de las relaciones jurídicas y para regir los efectos de las que se hubiesen formado; este segundo ordenamiento constituía el reino del derecho público." REALISMO Y OBJETIVIDAD: Este principio esta concebido por nuestra legislación en el cuarto considerando, literal d., del Código de Trabajo, en el sentido de que el derecho de trabajo es realista "...porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar, ante todo, la posición económica de las partes...". Y, es objetivo, de acuerdo al precitado instrumento legal, "...porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles;". Américo Plá Rodríguez, al abordar El Principio de la Primacía de la Realidad, tomando citas de Mario de la Cueva, distingue las siguientes ideas: "...para pretender la protección del derecho del trabajo no basta el contrato, sino que se requiere la prestación efectiva de la tarea, y que ésta determina aquella protección aunque el contrato fuera nulo o no existiera...(además) que en materia laboral ha de prevalecer siempre la verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales. Esta segunda significación queda de manifiesto especialmente en la frase que considera «erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que si las estipulaciones consignadas no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor»...". Precisamente tal y como está regulado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. DEMOCRATICO: Estimamos que por principio, todo derecho debe ser expresión del ejercicio real de la democracia, más aún tratándose del derecho de trabajo. El cuarto considerando del Código de Trabajo en su literal f., define a esta rama de la ley, como "...un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos...". SENCILLEZ O ANTIFORMALISTA: Sin una correspondencia normativa, y mucho menos práctica, fundamentalmente por el retroceso observado a través de las diversas reformas que los gobernantes de turno le han hecho al Código de Trabajo desde la contrarrevolución de 1954, en el quinto considerando del referido instrumento legal quedó plasmado: "Que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida; y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la Legislación Laboral;".
"Plá Rodríguez, Américo. obra citada, Págs. 10 a 11. "Américo P.Rodríguez. ob.cit., p. 11. Plá R. Américo. Ob. Cit. Págs. 67 y 69.
"
De la Cueva, Mario. "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo". Tomo I. Pág. 99.
Plá R. Américo. Ob. Cot. Pág. 245.
Más que una cuestión de semántica, el principio de sencillez tiene como función establecer un sistema normativo ágil y eficaz de carácter procedimental: "El Proceso Laboral tiene formas para llegar a la realización de sus fines, pero esas formas son mínimas, son las estricta y rigurosamente indispensables para no violentar la garantía de la defensa en juicio, sin que de ninguna manera pueda darse el caso de que el aspecto formal predomine sobre el fondo del asunto, como ocurre frecuentemente en nuestro Proceso Civil de la actualidad. Por el contrario el proceso de trabajo se caracteriza según la opinión unánime de los autores...porque sus normas instrumentales son simples, expeditas y sencillas. Y como el estudio de la estructura del proceso obrero tiene como objetivo, más que encontrar los puntos comunes con otras disciplinas, establecer las características propias que le dan autonomía, encuentro más acertado referirme a un principio de sencillez en las formas que a un principio formalista, peculiar por excelencia en el proceso civil." CONCILIATORIO: Al igual que en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este principio lo contempla el Código de Trabajo el su sexto considerando, así: "Que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes...". Un ejemplo del desarrollo de este principio lo observamos en el artículo 340 del Código de Trabajo que en su segundo párrafo indica: "Contestada la demanda y la reconvención si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables...". EQUIDAD: Mediante este principio se persigue que el trabajador reciba un trato justo, una atención adecuada según su dignidad humana y como elemento fundamental de la producción, que significa el desarrollo de la sociedad. LA ESTABILIDAD: Este principio se obtuvo a través de una de las mayores luchas de la clase trabajadora, el fin primordial fue el de obtener continuidad en su trabajo. Un trabajo estable y seguro garantiza el bienestar, en tanto que un trabajo temporal e inseguro, a su vez genera una serie de problemas socio-económicos para el trabajador y su familia. TERMINACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO. 12. TERMINACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO: El Artículo 76 del Código de Trabajo prescribe que hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral, le ponen fin, cesándola efectivamente por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o bien, que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. 12.1. Concepto y Clasificación: Se entiende por terminación de la relación de trabajo, la cesación de sus efectos a partir de determinado momento. Ello significa que al producirse el acontecimiento que condicionaba la terminación, se extinguen las obligaciones de prestar el servicio subordinado y la de pagar el salario, así como todas las demás obligaciones. La clasificación podría ser: a) Terminación involuntarias; y b) Terminación voluntaria, sea del patrono o del trabajador. 12.2. Causas Voluntarias de Terminación: despido directo, despido indirecto, por mutuo consentimiento, por renuncia: El despido directo se da cuando el patrono se lo comunica al trabajador por escrito indicándole la causa del despido y el trabajador cese efectivamente sus labores, según el artículo 78 del Código de Trabajo; este es un derecho del patrono que lo puede ejercer en cualquier momento, con excepción de los momentos en que estén vigentes una suspensión individual, parcial o total de la relación de trabajo (Art. 69) o por disposición de normas especiales (por ejemplo: pactos, prevenciones colectivas). Cabe advertir en relación a la comunicación del despido que el patrono debe hacer al trabajador por escrito, fue una carga procesal contra el trabajador que le fue introducida a la norma 78 del C. de T. mediante reforma, que los laborantes a la hora del despido deben manejar cuidadosamente, cuando el despido es sólo verbal, pues el patrono puede maniobrar administrativa o judicialmente para hacer aparecer que fue el trabajador el que abandonó el trabajo. Se sugiere que sean los trabajadores los que actúen con rapidez para que sea un Inspector de Trabajo el que constate de inmediato la situación de la relación laboral,esto es, si el patrono reconoce el despido. El artículo 79 del Código de Trabajo contempla una serie de hechos o situaciones en que puede que puede incurrir el patrono, que constituyen causas justificadas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, lo que quiere decir con responsabilidad del patrono. A dichas causas se les conoce como del despido indirecto; entre las cuales a manera de ejemplo citamos: cuando el patrono no le pague el salario al trabajador en los términos del contrato; cuando el patrono trate mal al trabajador, etc. (ver art. 79). La terminación por mutuo consentimiento o por renuncia no nos merece mayor comentario que en los casos que contempla el art. 83 del C. de T. que fija las reglas de un aviso previo a la renuncia que debe dar el trabajar. 12.3. Causas Involuntarias de Terminación de la Relación de Trabajo: Entre estas encontramos la muerte del trabajador, la fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de las empresas, en los términos que establece el artículo 85 del Código de Trabajo. 12.4. Indemnizaciones por Tiempo de Servicio, Por Causa de Incurables e Invalidez del Trabajador:
Muerte,
Por
Enfermedad
En caso de que el patrono despida a un trabajador por cualesquiera de las causas que contempla el art. 77 del C. de T. debe probar la causa en juicio si es demandado por el trabajador, pero independientemente debe pagar todas las prestaciones que establece la ley, a excepción de la indemnización; pero si en el juicio el patrono no prueba la causa justa del despido debe pagar: a) Las indemnizaciones que según el Código le puedan corresponder; b) A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de doce meses de salario; y, c) Las costas judiciales. Las indemnizaciones a que se refiere la literal a) de dicha norma están contempladas básicamente en los artículos 82 (por despido injustificado) y 85 del Código de Trabajo y 102 inciso p) de la Constitución (por muerte y por cuestiones involuntarias, como caso fortuito, etc.) 13. LA PRESCRIPCION: 13.1. Problemática de su Validez en el Derecho del Trabajo: La prescripción es un medio de liberarse de una obligación, con el transcurso del tiempo. Dentro del medio laboral podría pensarse que esta institución es contraria al principio que en materia de Derecho de Trabajo indica, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables; y efectivamente ya existen casos en que llegada la hora de un conflicto, se argumente en contra de la prescripción como inconstitucional. A pesar de las objeciones anteriores, la prescripción se mantiene como una institución, y se argumenta a su favor que no existe inconstitucionalidad puesto que la prescripción se ha considerado siempre con buena apreciación jurídica, que es una institución de orden público, que debe reglamentarse en todas las leyes para dar seguridad y firmeza a los procedimientos, y que en caso contrario se convertirían en constantes discusiones e incertidumbre que sería difícil de solucionar, incluso para la misma ley. 13.2. Términos Legales, Efectos e Interrupción de la Prescripción:
"
Mario López Larrave. "Introducción al Estudio del Derecho Procesal del Trabajo Guatemalteco" Págs. 15 y 16.
. López Sánchez, Luis Alberto. "DERECHO DE TRABAJO PARA EL TRABAJADOR". Impresos Industriales, Guatemala, agosto 1985. Pág. 88. .López Sánchez. Ob. Cit. Pág. 88.
Se supone que la persona que considera que le asiste un derecho lo hará valer, pero como esta expectativa no puede mantenerse por tiempo indefinido, la ley ha fijado términos dentro de los cuales se tiene que hacer valer el derecho pretendido, en consecuencia, si no se ejercita la acción dentro de estos términos, la ley supone que el poseedor del posible derecho no tiene interés en el mismo y en consecuencia se opera la prescripción. Prescriben en 20 días: 1) Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a sus trabajadores; 2) Los derechos de los patronos para disciplinar las faltas de sus trabajadores. (Art. 259 del C. de T.); 3) Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo. (Art. 261 del C. de T.). Prescriben en 30 días: 1) Los derechos de los trabajadores para reclamar contra el patrono por despido; 2) Los derechos de los trabajadores para reclamar contra correcciones disciplinarias que se les apliquen (Art. 260 del C. de T.); 3) Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto (Art. 262 del C. de T.). Prescriben en 4 meses: 1) Todos los derechos que provengan directamente de contratos de trabajo, de pactos colectivos, de convenios de aplicación general o del reglamento interior de trabajo (Art. 263 del C. de T.). Prescriben en 1 año: 1) La invocación que puede hacer el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el inciso h) del artículo 77 del Código de Trabajo, relativo a la facultad que tiene el patrono para despedir con justa causa al trabajador que viole alguna prohibición del Art. 64, previo apercibimiento escrito.( Art.259 último párrafo del C. de T.) Prescriben en 2 años: 1) Todos los derechos que provengan directamente del Código de Trabajo, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social. (Art. 264 del C. de T.).
