Tema 07 Prueba TramitacionP

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EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

TEMA 7

1. INTRODUCCIÓN 2. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 4. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN SUPERIORES DE JUSTICIA

Y

COMPETENCIA

DE

LOS

TRIBUNALES

5. EXAMEN DE LA PROVINCIALES

Y

COMPETENCIA

DE

LAS

AUDIENCIAS

ORGANIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN El artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, atribuye a los siguientes órganos el ejercicio de la potestad jurisdiccional: 1) Juzgados de Paz. 2) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. 3) Audiencias Provinciales. 4) Tribunales Superiores de Justicia. 5) Audiencia Nacional. 6) Tribunal Supremo. Como complemento a la regulación contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay que tener en cuenta la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Dicha norma, como su propio nombre indica, contiene la Planta Judicial española, es decir, todos los órganos jurisdiccionales actualmente existentes en España, su número, distribución y ámbito jurisdiccional o territorial. 2. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO El artículo 123 de la Constitución Española y el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contienen la definición de este órgano. El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.

TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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a. Composición El Tribunal Supremo se Sala y los Magistrados Secciones en que las Secretario de Gobierno, Gobierno.

compondrá de un Presidente, un Vicepresidente, los Presidentes de que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, mismas puedan articularse. El Tribunal Supremo cuenta con un varios Secretarios de Sala, y podrá contar con un Vicesecretario de

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno. El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho Alto Tribunal. La duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. En el primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se deberá elegir al Vicepresidente del Tribunal Supremo. El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser Presidente de Sala del mismo. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de tres quintos de los miembros del Pleno. El Vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente y hasta el nombramiento de un nuevo Presidente. El Vicepresidente prestará al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ejercer, por delegación del Presidente, la superior dirección del Gabinete Técnico de este Alto Tribunal, así como todas aquellas funciones que el Presidente le delegue expresamente mediando causa justificada. El Vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal y le corresponderá proponer a ésta y al Presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno.


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El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estará asistido por un Director de Gabinete de la Presidencia, nombrado y cesado libremente por él. Sólo podrán desempeñar el cargo de Director de Gabinete de la Presidencia un Magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo. El Director del Gabinete de la Presidencia auxiliará al Presidente en sus funciones, ejercerá aquellas otras que le encomiende el Presidente y dirigirá los Servicios de Secretaría de Presidencia, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial. Mientras desempeñe el cargo, el Director del Gabinete de la Presidencia tendrá, a efectos representativos, la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará la estructura y funcionamiento del Gabinete de la Presidencia. b. Salas del Tribunal Supremo El Tribunal Supremo se compone o está integrado por las siguientes Salas: 1) Primera, de lo Civil. 2) Segunda, de lo Penal. 3) Tercera, de lo Contencioso-administrativo. 4) Cuarta, de lo Social. 5) Quinta, de lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo. Además, en el Tribunal Supremo existe una Sala de Gobierno, una Sala especial llamada de Revisión, una Sección especial dentro de esta citada Sala de Revisión, y un Gabinete Técnico de Información y Documentación. c.

Competencias de cada una de las Salas

 La Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal Supremo conocerá: 1) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley. 2) De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra: a) El Presidente del Gobierno. b) Presidentes del Congreso y del Senado. c) Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. d) Presidente del Tribunal Constitucional.


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e) Miembros del Gobierno, Diputados y Senadores. f) Vocales del Consejo General del Poder Judicial. g) Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. h) Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas. i) Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de cualquiera de sus Salas. j) Fiscal General del Estado. k) Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. l) Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas. m) Presidente y Consejeros del Consejo de Estado. n) Defensor del Pueblo. o) Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía. 3) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.  La Sala 2ª, de lo Penal, del Tribunal Supremo conocerá 1) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la Ley. 2) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra: a) El Presidente del Gobierno. b) Presidentes del Congreso y del Senado. c)

Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

d) Presidente del Tribunal Constitucional. e) Miembros del Gobierno, Diputados y Senadores. f)

Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

g) Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. h) Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas. i)

Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de cualquiera de sus Salas.

j)

Fiscal General del Estado.


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k) Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. l)

Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas.

m) Presidente y Consejeros del Consejo de Estado. n) Defensor del Pueblo. o) De las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 3) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. 4) De los demás asuntos que le atribuya esta Ley. En las causas a que se refieren los números 2) y 3) se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.  Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo Las competencias de esta Sala fueron modificadas por la Ley 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que adecúa esta última a las previsiones competenciales de la nueva Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la cual, a su vez, derogó la anterior Ley de 1956. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá: 1) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la ley establezca, y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley. La Ley a la que hace referencia dicho precepto de la Ley Orgánica es la Ley 29/1998, cuyo artículo 12.1 completa dicha regulación al decir que los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, recurribles por esta vía jurisdiccional, son aquéllos adoptados en materia de personal, administración y gestión patrimonial. 2) De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la Ley. El artículo 12, párrafos 2 y 3, de la Ley 29/1998, establecen que “la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocerá también de: a) Los recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja. b) Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.


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c)


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Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artículo 61.1.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

d) Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral. e) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.  Sala 4ª, de lo Social, del Tribunal Supremo Conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la Ley en materias propias de este orden jurisdiccional. Desarrollando la Ley Orgánica, el artículo 9 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, establece que “la Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá: a)

En única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.

b)

De los recursos de casación establecidos en la Ley.

c)

De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social y de la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social.

d)

De las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

e)

De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común”.

 Sala 5ª, de lo Militar, del Tribunal Supremo Esta Sala fue creada por Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la Jurisdicción Militar. A su vez, los procedimientos judiciales militares se regulan en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. Esta Sala conocerá: 1) De los recursos de casación y revisión contra resoluciones de Tribunales inferiores de esta jurisdicción, que son el Tribunal Militar Central y los Tribunales Militares Territoriales.


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2) De los procedimientos por delitos y faltas contra altos cargos militares: Capitanes Generales, Tenientes Generales, Almirantes, entre otros; y también de la propia jurisdicción militar: miembros del Tribunal Militar Central y Fiscales, entre otros. 3) De los incidentes de recusación contra Magistrados de esta Sala o del Tribunal Militar Central. En este último caso si el número de Magistrados recusados excede de dos. 4) De los recursos en materia disciplinaria. 5) De las pretensiones de declaración de la existencia de error cometido por los órganos de la jurisdicción militar.  Norma común a estas cinco Salas Cada una de estas 5 Salas del Tribunal Supremo conocerá, además, de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.  Norma especial relativa a las Salas de lo Civil y de lo Penal El artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985, introducido por el apartado uno del artículo único de la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, establece que “Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte”.  Sala Especial o de Revisión del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Esta Sala está formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, y conocerá: 1) De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo contencioso-administrativo de dicho Tribunal. 2) De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. 3) De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. 4) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. En estas causas se designará, de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. 5) Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo.


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6) De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Conforme al artículo 10 de la citada Ley Orgánica 6/2002, la Sala Especial del Tribunal Supremo conocerá de los procesos de disolución judicial de un partido político: a) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave, la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democrático. b) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Cuando el partido político incurra en los supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal, la disolución será resuelta por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal.  Sección Especial dentro de la Sala Especial Esta Sección, dentro de la Sala Especial del artículo 61, fue creada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta Sección está formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y 5 Magistrados de esta misma Sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre Sentencias dictadas en única instancia por Secciones distintas de dicha Sala de lo Contencioso.  Sala de Gobierno del Tribunal Supremo Viene regulada en el Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que, como su nombre indica, no es una Sala de carácter jurisdiccional, estará constituida por el Presidente del mismo, que la presidirá, por los Presidentes de Sala, y por un número de Magistrados igual al de éstos, elegidos entre los Magistrados del propio Tribunal Supremo. Corresponde a la Sala de Gobierno: 1) Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala. 2) Establecer anualmente con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y el funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y fijar de modo vinculante las normas de asignación de las Ponencias que deban turnar los Magistrados. 3) Adoptar, con respeto a la inamovilidad judicial, las medidas necesarias en los casos de disidencia entre Magistrados que puedan influir en el buen orden de los Tribunales o en la Administración de Justicia. 4) Completar provisionalmente la composición de las Salas en los casos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino específico de los Magistrados de cada Sala.


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Asimismo, tomar conocimiento, aprobar provisionalmente y remitir al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación definitiva, en los términos y, en su caso, con las correcciones que procedan, la relación de jueces y magistrados propuestos de conformidad con lo previsto en los tres primeros apartados del artículo 200 de la Ley Orgánica, así como velar por su cumplimiento. 5) Proponer motivadamente al Consejo a los Magistrados suplentes. 6) Ejercer las facultades disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los términos establecidos en la Ley. 7) Proponer al Presidente la realización de las visitas de inspección e información que considere procedentes. 8) Promover los expedientes de jubilación por causa de incapacidad de los Magistrados, e informarlos. 9) Elaborar los informes que le solicite el Consejo y la Memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal. 10) Proponer al Consejo la adopción de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos jurisdiccionales. 11) Recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los Magistrados que integran los respectivos Tribunales y darles posesión. 12) Impulsar y colaborar en la gestión económica del Tribunal. 13) En general, cumplir las demás funciones que las Leyes atribuyan a los órganos de gobierno interno de los Tribunales y que no estén expresamente atribuidas a los Presidentes. 14) Establecer, a propuesta del Presidente, las normas generales de utilización del edificio y dependencias de la sede del Tribunal, en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial. 15) Proponer al Ministerio de Justicia, a instancia del Presidente, y por medio del Consejo, las necesarias actuaciones de distribución y ubicación de las Salas. 16) Acordar actividades ajenas a la función judicial en el edificio sede del Tribunal Supremo o en sus dependencias. 17) Efectuar las oportunas propuestas al Consejo en relación con los programas, las aplicaciones y los sistemas informáticos que deban de ser utilizados. 18) Designar los miembros que, en representación de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial, deban integrarse en las Comisiones Mixtas que se establezcan. 19) Aceptar la renuncia de los miembros electos de las Salas de Gobierno y acordar la integración del correspondiente sustituto. 20) Dirigir, por conducto del Presidente, a los Juzgados y Tribunales inferiores, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los mismos. TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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21) Las demás que les atribuyan las Leyes y los Reglamentos dictados por el Consejo.  Finalmente, hay que hacer una pequeña referencia al Gabinete Técnico de Información y Documentación En el Tribunal Supremo, y bajo la dependencia directa de su Presidente, funcionará un Gabinete Técnico de Información y Documentación. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo, determinará su composición y plantilla, con los límites que se establezcan en la Ley de Demarcación y Planta Judicial sobre la integración de Magistrados en dicho Gabinete. 3. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL La Audiencia Nacional fue creada por Real Decreto Ley 1/1977, de 4 de enero, actualmente derogado por la vigente Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. La creación de la Audiencia Nacional fue acompañada de la supresión de dos órganos especiales existentes hasta entonces: el Tribunal de Orden Público y el Juzgado de Delitos Monetarios. Su regulación se encuentra fundamentalmente contenida en los artículos 62 a 69 de dicha Ley Orgánica, y en los artículos 1, 6 y 12 de la Ley 38/88, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Según esta regulación, la Audiencia Nacional, junto con los Juzgados Centrales de Instrucción, los Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Menores, tienen su sede en la villa de Madrid, y jurisdicción en toda España. En el estudio de la Audiencia Nacional, además de su composición, las Salas que la componen y las atribuciones de cada una de ellas, añadiremos el de una serie de órganos, llamados Juzgados Centrales, cuya especial y principal característica común es el conocimiento de causas o asuntos ligados a la Audiencia Nacional por razón de la materia de la que conocen o por el ámbito territorial que abarcan. Son los Juzgados Centrales de lo Penal, de Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores, y de Vigilancia Penitenciaria, como veremos. a. Composición La Audiencia Nacional está compuesta por un Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, y es el Presidente nato de todas sus Salas; además, el Presidente de la Sala de lo Penal y el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo son también de su respectiva Sección Primera. b. Salas que componen la Audiencia Nacional La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas: 1) De Apelación. 2) De lo Penal. 3) De lo Contencioso-Administrativo. 4) De lo Social.


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En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala. A diferencia de las Salas del Tribunal Supremo, las de la Audiencia Nacional no se encuentran numeradas. Además de estas principales Salas, podemos hablar, al igual que ya vimos en el Tribunal Supremo, de una Sala de Gobierno, constituída por el Presidente de dicho órgano, que la presidirá, por los Presidentes de las Salas en ella existente, y por un número de Magistrados igual al de aquéllos, designados por elección. Tiene las mismas funciones que las ya vistas para la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Finalmente, hay que citar la Sala Especial de la Audiencia Nacional, regulada en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. c.


 Sala de Apelación La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. No obstante, en previsión de la probable escasa carga de trabajo de esta Sala, la Ley Orgánica establece que cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los Magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden. Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.  Sala de lo Penal La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1) Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno. b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. c)

Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.


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2) De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad. 3) De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. 4) De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. 5) De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores. 6) De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta. 7) De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.  Sala de lo Contencioso-Administrativo La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá: 1) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 2) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. 3) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 4) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central. 5) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Esta regulación contenida en la Ley Orgánica es completada en la Ley 29/1998, al establecer su artículo 11 lo siguiente: 1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá, en única instancia: TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos. b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia. d) De los actos de naturaleza Económico-Administrativo dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e). e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k). g) De los recursos contra los actos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria adoptados conforme a lo previsto en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 2. Conocerá, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja. 3. Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 4. También conocerá de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.  Sala de lo Social La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá, en única instancia: 1) De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma. 2) De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.


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Completando dicha regulación, el artículo 8 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, establece 1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. Conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. Asimismo, conocerá en única instancia de los de los procesos de oficio previstos en la letra b) del artículo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. 2. También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de Ministro o Secretario de Estado bien con carácter originario o bien cuando rectifiquen por vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. Las letras f), g), h), j), k), y l) del artículo 2 son las siguientes: f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho. g) En procesos de conflictos colectivos. h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral; así como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones públicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral. j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación. k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados. l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación. Y las letras n) y s) de ese mismo precepto son las siguientes: n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47 y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del artículo 3.  Sala Especial de la Audiencia Nacional: artículo 69 de la Ley Orgánica Es aquella Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquél que, respectivamente, le sustituya. Tiene como funciones el conocer de los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala. En el caso de que se trate de recusar a un solo Magistrado, no se convoca dicha Sala; para este supuesto, el artículo 68 de la Ley Orgánica señala que cada una de las Salas de la Audiencia Nacional conocerá de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados (contra uno solo) que las compongan. En este caso, el Magistrado recusado no formará parte de la Sala. d. Juzgados Centrales  Juzgados Centrales de lo Penal Vienen regulados en el artículo 89 bis.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y fueron creados por Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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Tienen su sede en la Villa de Madrid y jurisdicción en toda España. Puede haber uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal, y tienen como funciones conocer, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65, y de los demás asuntos que señalen las leyes. Estos delitos son también competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tal y como antes hemos visto; es decir, relativos a la misma materia. Si bien, por razón de la gravedad de la pena que, de forma genérica, tenga señalada en las leyes penales el delito de que se trate, conocerá uno de estos órganos (la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando se trate de penas más graves) u otros (los Juzgados Centrales, cuando se trate de penas menos graves).  Juzgados Centrales de Instrucción Aparecen regulados en el artículo 88 de la Ley Orgánica, y fueron creados, al igual que los Juzgados Centrales de lo Penal, por la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Tienen su sede en la Villa de Madrid, y también permite la Ley que haya uno o más Juzgados Centrales de Instrucción. Tienen jurisdicción en toda España, y como funciones tienen las de instruir las causas cuyo enjuiciamiento corresponda bien a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (por tratarse de delitos con pena señalada más grave), bien a los Juzgados Centrales de lo Penal. Asimismo, tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.  Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo Se regulan en el artículo 90, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y fueron introducidos por la Ley Orgánica 6/1998, si bien ya estaban previstos en la ya también citada Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, concretamente en su artículo 9. Tienen su sede en la villa de Madrid, y jurisdicción en toda España. Tienen como funciones conocer, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley establezca. Corresponde también a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002 y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. El artículo 9 arriba citado completa la competencia de estos órganos al establecer que “los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto: TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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1)

En primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo 11.1.a sobre personal militar.

2)

En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b del artículo 8.

3)

En primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i del apartado 1 del artículo 10.

4)

En primera o única instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 €.

5)

En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

6)

En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva”.

El apartado 2 del mismo artículo 9, introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece: “Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico”.  Juzgado Central de Menores Viene regulado en el artículo 96.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este párrafo segundo fue introducido por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la también Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo cometidos por menores. El Juzgado Central de Menores tiene su sede en la villa de Madrid, y jurisdicción en toda España. Tiene como función conocer de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. Esta regulación la podemos sintetizar así 1)

El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional tiene competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal (delitos de terrorismo); y sus Autos y Sentencias podrán ser objeto de recurso de Apelación ante la Sala correspondiente de la propia Audiencia Nacional.


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2)

Corresponderá igualmente al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero cuando conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a los Tratados Internacionales corresponda su conocimiento a la jurisdicción española.

3)

La referencia del último inciso del apartado 4 del artículo 17 y cuantas otras se contienen en la presente Ley al Juez de Menores se entenderán hechas al Juez Central de Menores en lo que afecta a los menores imputados por cualquiera de los delitos a que se refieren los dos párrafos anteriores.

4)

Las Sentencias dictadas en apelación por la Audiencia Nacional serán, a su vez, recurribles en casación conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 5/2000.

5)

El Juez Central de Menores tiene competencia en cuanto a la detención e incomunicación del menor que establece el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

6)

Asimismo, los procedimientos que son competencia de la Audiencia Nacional no podrán ser acumulados a otros procedimientos que hayan sido instruidos en el ámbito de la jurisdicción de Menores, sean o no los mismos sujetos imputados.

7)

La ejecución de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas, en su caso, por otros Jueces o Salas de Menores.

 Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria Están regulados en el artículo 94.4 de la Ley Orgánica. Tienen su sede en la villa de Madrid, y jurisdicción en toda España. Puede haber uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, y tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. 4. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN SUPERIORES DE JUSTICIA

Y

COMPETENCIA

DE

LOS

TRIBUNALES

Los Tribunales Superiores de Justicia son órganos jurisdiccionales creados por la Constitución Española de 1978, los cuales sustituyeron tanto en su función como en sus competencias a las Audiencias Territoriales, sin perjuicio de las competencias propias de las actuales Audiencias Provinciales, como luego veremos.


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Con ello, se daba respuesta a la nueva organización territorial del Estado, dividido en Comunidades Autónomas, que propugnaba la Carta Magna. Los Tribunales Superiores de Justicia aparecen en el artículo 152.1.2º de la Constitución, según el cual, un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Los artículos 70 a 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrollan el precepto constitucional. Precisamente el primero de los arriba citados reproduce el precepto constitucional, y el siguiente añade que el Tribunal Superior de Justicia tomará su nombre de la correspondiente Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta. A todo ello hay que unir los artículos comunes a todos los órganos judiciales, relativos a la provisión de plazas en los Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, artículos 326 a 343 de la Ley Orgánica. Por su parte, el artículo 7 de la Ley 38/88, con relación a la sede de los Tribunales Superiores, señala que éstos tienen su sede en la ciudad que indiquen sus respectivos Estatutos de Autonomía y, si no la indicaren, en la ciudad en que la tenga la Audiencia Territorial existente en el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, cuando no exista, en la capital de la Comunidad Autónoma. a. Composición Cada Tribunal Superior se compone de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse. El Presidente de un Tribunal Superior es nombrado por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial; dicho nombramiento tiene efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Para ocupar dicho cargo, se exige que se trate de Magistrados con más de 15 años de antigüedad en la Carrera Judicial y, además, que lleven como mínimo 10 años de servicios en esta categoría (como Magistrados) y ocho en el orden jurisdiccional de que se trate. Como exigencia final, tienen que solicitarlo, pues el cargo es voluntario. Se valorará como mérito de tales aspirantes, en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de Derecho Civil Especial o Foral propio, la especialización de tales Magistrados en estos Derechos Civiles Especiales o Forales, y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad. b. Salas de los Tribunales Superiores de Justicia Al igual que las Salas de la Audiencia Nacional, tampoco se encuentran numeradas: 1) Sala de lo Civil y Penal. 2) Sala de lo Contencioso-administrativo. 3) Sala de lo Social.


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A estas Salas, propiamente jurisdiccionales, hay que unir la ya conocida Sala de Gobierno, que tiene las mismas funciones que las de los otros órganos ya vistos, y la que podríamos llamar Sala Especial del Tribunal Superior, con funciones de resolución de recusaciones. El artículo 78 de la Ley Orgánica contiene una regla especial en cuanto a la composición de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, al señalar que cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede. c.


 Sala de lo Civil y Penal Se trata de una Sala mixta, es decir, se ocupa de dos órdenes jurisdiccionales distintos, como son el civil y el penal. •

Cuando actúe como Sala de lo Civil, conocerá: 1) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del Derecho Civil, Foral o Especial, propio de la Comunidad Autónoma, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. 2) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra Sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, en materia de derecho Civil, Foral o Especial, propio de la Comunidad Autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución. 3) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la Ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal. 4) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra los miembros de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo. 5) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus Secciones. 6) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma que no tenga otro superior común.

•

Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala: 1) De las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores.


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2) La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. 3) De los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes. 4) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común. 5) La decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la Comunidad Autónoma. Para la instrucción de las causas a que se refieren los dos primeros puntos se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación arriba mencionados, y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes a dicho Tribunal Superior.  Sala de lo Contencioso-Administrativo Esta Sala es fruto de la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ya dijimos respecto a esta misma Sala en la Audiencia Nacional, por la Ley 29/1998 y por la Ley Orgánica 6/1998. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con: 1)

Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo.

2)

Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

3)

Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

4)

Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico administrativa.

5)

Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.


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6)

Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.

7)

Los convenios entre Administraciones Públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

8)

La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

9)

Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

10) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. 11) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales. 12) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales. 13) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. Asimismo, tienen las siguientes funciones a) Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra Sentencias y Autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja. b) También les corresponde, con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica, el conocimiento de los recursos de revisión contra las Sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. c)

Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

d) Del recurso de casación para la unificación de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (previsto en el artículo 99). e) Del recurso de casación en interés de la ley en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (previsto en el artículo 101).


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 Sala de lo Social Tras la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá: 1) En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma. 2) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la Comunidad Autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. 3) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma. Los procesos a que hace referencia el punto primero no son otros que los señalados por el artículo 7 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, según el cual: “Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán: a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes. Conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma. Asimismo, conocerán en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra b) del artículo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma. b) También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya confirmado, en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela, los que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. c) De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción. TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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d) De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los jueces de lo mercantil previstos en los artículos 64.8 y 197.8 de la Ley Concursal. e) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción”. Las letras del artículo 2 a que se refiere este precepto ya han sido reproducidas en apartados anteriores.  Sala Especial del Tribunal Superior, regulada en el artículo 77 Es aquella Sala que se constituye por el Presidente del Tribunal Superior, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas. Tiene como función conocer de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial. En estos casos, lógicamente, el recusado no podrá formar parte de la Sala, produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando se trate de recusaciones de un solo Magistrado, no entra en juego esta Sala, sino que cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra ellos.  Sala de Gobierno Ya sabemos que no es una Sala con funciones jurisdiccionales, sino de administración y gestión, a la que le corresponden las mismas funciones que a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, algunas de ellas referidas también a los órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente a los jueces y magistrados en ellos destinados; y, además, las siguientes: 1) Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las Salas del Tribunal y entre las Secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados del mismo orden jurisdiccional, con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente. Excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio así lo exigieren, la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una Sección o a un juez determinado. 2) Expedir los nombramientos de los Jueces de Paz. 3) Tomar conocimiento de los planes anuales de sustitución elaborados por las Juntas de Jueces, aprobarlos provisionalmente en los términos y, en su caso, con las correcciones que procedan y remitirlos al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación definitiva. Además, velarán por su cumplimiento. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarán constituidas por el Presidente de éstos, que las presidirá; por los Presidentes de las Salas en ellos existentes; por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma, y por un número igual de Magistrados o Jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella. Uno, al menos, de los componentes de la Sala será de la categoría de Juez, salvo que no hubiera candidatos de dicha categoría.


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Además de éstos, se integrarán también, con la consideración de miembros electos a todos los efectos, los Decanos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley Orgánica, hayan sido liberados totalmente del trabajo que les corresponda en el orden jurisdiccional respectivo. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia se constituirán en Pleno. Aquéllas cuyo número de miembros exceda de diez, podrán constituirse en Comisión, que estará integrada por seis miembros, tres natos y tres electos, y por el Presidente del Tribunal Superior que la presidirá. La designación de sus componentes, y de producirse vacantes, la de sus sustitutos, corresponde al Pleno. Los miembros de la Comisión cesarán al año de su designación, procediendo entonces el Pleno a designar nuevos componentes en la proporción ya vista. No obstante, los miembros de la Comisión pueden ser reelegidos. 5. EXAMEN DE LA PROVINCIALES

ORGANIZACIÓN

Y

COMPETENCIA

DE

LAS

AUDIENCIAS

Podemos definir a las Audiencia Provinciales como órganos jurisdiccionales colegiados o Tribunales, que tienen un ámbito territorial provincial. Inicialmente, sólo conocían de asuntos penales, pues enjuiciaban las causas por delito que instruían los Jueces de Instrucción; no obstante, la Ley de 20 de junio de 1968 les asignó también funciones civiles, para conocer de algunos recursos de apelación contra Sentencias dictadas por los Jueces de Primera Instancia y los de Distrito (ahora extintos y sustituidos por los de Instrucción). Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de la provincia, de la que toman su nombre, y extienden su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82 de la Ley Orgánica”. Esta referencia debe de entenderse hecha al apartado 3 del punto 2 del artículo 82 de la citada Ley Orgánica. Y ello porque tras la modificación del artículo 82 llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, no se adecuaron convenientemente los artículos concordantes a la reforma, al haber desaparecido con ella el apartado 4 del artículo 82. Con todo ello, la referencia debe de entenderse como una excepción a la jurisdicción territorial provincial de la Audiencia Provincial, al extenderse aquélla a todo el territorio nacional cuando se constituya y actúe como Tribunal de Marca Comunitaria. No obstante, hay que hacer en este punto una precisión respecto a Ceuta y Melilla, pues la Ley 38/88 señala que las Ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta y de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, respectivamente. Aunque tienen su sede en la capital de la provincia, podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de ella, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Además, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una Sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren Secciones desplazadas.


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a. Composición de las Audiencias Provinciales Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más Magistrados. También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos Magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de Magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada año judicial. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad. El Tribunal del Jurado se integrará, normalmente, en la Audiencia Provincial, a tenor del artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, salvo que, por razón del aforamiento del acusado, el juicio deba de celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia. No obstante, la regla general es que el Tribunal del Jurado se constituya dentro del ámbito de la Audiencia Provincial, y se compondrá por un Magistrado, que actuará de Presidente, y por 9 jurados, más dos jurados suplentes. A este respecto, a fin de ampliar las competencias y composición del Tribunal del Jurado, hay que reproducir los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado El artículo 1 de la Ley 5/95 establece: 1. El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por ésta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas: a) Delitos contra las personas. b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. c) Delitos contra el honor. d) Delitos contra la libertad y la seguridad. e) Delitos de incendios. 2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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a) Del homicidio (artículos 138 a 140). b) De las amenazas (artículo 169.1). c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). e) De los incendios forestales (artículos 352 a 354). f) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). g) Del cohecho (artículos 419 a 426). h) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430). i) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). j) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438). k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (artículos 439 y 440). l) De la infidelidad en la custodia de los presos (artículo 471). 3. El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. El artículo 2 de la Ley 5/95 establece: 1. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá. Si, por razón del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será un Magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente. 2. Al juicio del Jurado asistirán, además, dos jurados suplentes, a los que les será aplicable lo previsto en los artículos 6 y 7. b. Competencias de las Audiencias Provinciales  En el orden penal, las Audiencias Provinciales conocerán 1) De las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este apartado, se debe entender incluido el conocimiento por parte de la Audiencias de los siguientes procesos: el proceso ante el Tribunal del Jurado, el Procedimiento Ordinario y el Procedimiento Abreviado para determinados delitos. TRAMITACIÓN PROCESAL – TEMA 7

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El artículo 14 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la modificación sufrida por la Ley 36/1998, de 10 de noviembre, establece el ámbito de competencia penal de la Audiencia Provincial, atribuyéndole el enjuiciamiento de las causas por delito que tengan prevista una sanción penal de más de 5 años de pena privativa de libertad. 2) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto. 3) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de esta Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. 4) Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos. Hay que tener en cuenta, como ya vimos, lo dispuesto en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores en el ámbito de la Audiencia Nacional. 5) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.  En el orden civil, las Audiencias Provinciales conocerán: 1) De los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto. 2) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de esta Ley Orgánica. 3) Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento nº 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.


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En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria. 4) Las Audiencias Provinciales también conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de esta Ley Orgánica. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento: 1. De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre Juzgados de la provincia que no tengan otro superior común. 2. De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala Especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

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Tema 07 Prueba TramitacionP

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