SISTEMAS PROCESALES EN MATERIA PROCESAL CIVIL Es el conjunto de normas, principios o instituciones, íntimamente vinculados y estructurados con relación al proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional. Son dos los grandes sistemas procesales reconocidos por la doctrina: El Dispositivo y el Inquisitivo. Algunos autores como CARRIÓN LUGO (2000: I, 17), prefieren hablar del liberalismo e intervencionismo, en cambio, MONROY GÁLVEZ (1996: 69) nos habla del sistema privatístico y el publicístico en vez del dispositivo y el inquisitivo respectivamente.
Es decir, en los sistemas procesales que admiten la existencia del jurado el jurado es el que decide el proceso. El juez no decide quien tiene la razón sino que sólo redacta la sentencia. Para Juan Monroy Galvez en el derecho procesal civil los sistemas jurídicos existentes son los siguientes: 1) Sistemas publicistas. 2) Sistemas privatìsticos El Código Procesal Civil sigue un sistema publicista a diferencia del Código de Procedimientos Civiles que seguía un sistema privatístico. En el derecho comparado es de vital importancia el estudio de los principios por que gracias al estudio de los principios pueden efectuarse con mayor precisión estudios de derecho comparado. Por ejemplo en el derecho procesal civil los principios del procedimiento se clasifican en principios del procedimiento que orientan un sistema privatístico y principios del procedimiento que orientan un sistema publicístico. Es decir, gracias al estudio de los principios del procedimiento se clasifica a los sistemas procesales en sistemas publicísticos y sistemas privatísticos. El sistema procesal civil peruano es un sistema procesal publicístico. Juan Monroy clasifica los principios del procedimiento que orientan cada uno de estos dos sistemas, es decir, clasifica los principios pr incipios del procedimiento que orientan el sistema procesal privatístico y el sistema procesal publicístico.
LOS SISTEMAS PROCESALES El inquisitivismo, intervencionismo o sistema publicístico Para estos sistemas el proceso es un instrumento jurídico para satisfacer los intereses sociales con prescindencia de los intereses de los particulares. Se busca mantener el orden o rden público como prioridad. El proceso se encuentra bajo el dominio y control de los representantes del Estado dentro de él. Le corresponde al Juez un papel activo y puede, como los demás órganos
del Estado, promover de oficio la acción procesal. Los hechos son investigados de oficio por el Juez, quien debe buscar la verdad real antes que la verdad formal. Las impugnaciones de resoluciones pueden ser hechas de oficio, etc. Nuestro sistema procesal contiene los elementos de ambos grupos de sistemas. Es decir, se trata de un sistema mixto que ha recibido la influencia de ambos. El dispositivismo, liberalismo o sistema privatístico En estos sistemas, el dominio del proceso está reservado a las partes. Corresponde a las litigantes de modo exclusivo el ejercicio de la acción y el planteamiento de la pretensión procesal, ellos fijan la cuestión litigiosa, ellos determina los hechos que respaldan sus pretensiones procesales, ellos son los que presentan los medios probatorios que convienen a sus pretensiones, ellos tiene la exclusiva facultad de impugnar las decisiones judiciales. El Juez desempeña un papel esencialmente pasivo que sólo espera el momento de sentencia para atribuir la victoria a quien hubiera acreditado mejor los fundamentos de su pretensión. El proceso se reduce a una relación de derecho privado que sólo interesa a las partes quienes se sirven del Estado para satisfacer ese interés. TUTELA JURISSDICCIOINAL La tutela
jurisdiccional se concibe como una contrapartida de la acción. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa d sus derechos o intereses, con sujeción, naturalmente, a un debido proceso. El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda alguna prestación de otra persona esa pretensión sea atendida, protegida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con las garantías mínimas. El código procesal civil recoge este principio cuando dice que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso (Art.I.T.P.,CPC). Es que la función jurisdiccional como servicio publico que es, es a la vez un deber y u poder del estado, de cuya función no puede excusarse, no puede negarse a conceder la tutela jurídica a toda persona que lo solicite[1]
