AUDIENCIA CONSTITUCIONAL . En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con veinte minutos del día
veinticinco de marzo de dos mil quince, hora y fecha señaladas en el juicio de amparo 84/2015-IV, estando en audiencia pública el licenciado Rómulo Juárez Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según autorización expedida mediante oficio CCJ/ST/600/2015, en cumplimiento a lo acordado en sesión celebrada el diez de febrero de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario que autoriza y da fe de sus actos, licenciado Víctor Adrián Ávalos Aragón , con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente,
procede
a
declarar
abierta
la
audiencia
constitucional, sin la asistencia de las partes, ni de algún representante legítimo de éstas. Seguidamente, el Secretario hace constar la existencia del informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y
Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje , con residencia en esta localidad. Acto seguido, se abre la etapa
materia, ténganse admitidas las pruebas aludidas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las que serán tomadas en cuenta al momento de emitir la sentencia con el valor probatorio que les corresponda. Al no existir alguna otra prueba que desahogar se cierra esta etapa. Acto continuo, se abre la
etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, presentó pedimento. El Secretario en funciones de Juez
acuerda: Se tiene hecha la certificación secretarial que antecede y precluido el derecho de las partes para alegar lo que a su derecho conviniere, dándose así por terminado este período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar, ni promociones por acordar se levanta la presente acta y se procede a pronunciar la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo
84/2015-IV; y, RESULTANDO I. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que por razón de turno, el mismo día se remitió a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la
Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta
DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral expediente **********.” El anterior acto, lo estimó vulnerador de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes del mismo relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes.
II. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil quince, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 84/2015-
IV; pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; ordenó el emplazamiento a juicio de la persona moral oficial tercera interesada**********; dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; y mediante proveído de cinco de marzo del año en curso, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y,
CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito Secretario en funciones de Juez es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40,
oficio CCJ/ST/7496/2014, en cumplimiento a lo acordado en sesión celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia: 2a./J. 67/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 853, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
“ SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto
preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano
Lo anterior en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: “ DEMANDA DE AMPARO. DEBE
SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.” , a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de garantías es el siguiente:
a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente en
En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia vigente, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:
“ ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO . El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”
reconoció su Presidenta al rendir informe justificado en su representación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice:
“ INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO . Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.” Afirmación, que se corrobora con la documental que remitió en apoyo a su informe, consistente en copia certificada de las constancias relativas al expediente
**********, del que deriva dicho acto, que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de certificación de documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que señala:
CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto del acto del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala:
“ IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” En la especie, no existen causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deba atenderse de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa.
QUINTO. Estudio de los conceptos de violación . La peticionaria de garantías **********, expuso los conceptos de violación que están contenidos en la demanda de amparo, los cuales no se transcriben en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no
2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
DE VIOLACIÓN O “ CONCEPTOS AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN . De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” Así tenemos, que la solicitante de la protección constitucional como conceptos de violación argumenta esencialmente, que se contravienen en su perjuicio el artículo 17 constitucional, en virtud de que la Junta responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente en el
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
“ Artículo 17 .-… Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.-…” Precisado lo anterior, cabe señalar, que son fundados
los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de amparo, al tratarse la peticionaria de garantías de una trabajadora, y el juicio del que derivan los actos reclamados de naturaleza laboral. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia: 2a./J.39/95, que resultó de la contradicción de tesis 51/1994, dirimida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 333, del Tomo II, septiembre de 1995, materia laboral, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente:
“ SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS . La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del
el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.” Ahora bien, desentrañando el sentido jurídico de la garantía constitucional de acceso a la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional, la cual, señala está encaminada a asegurar que las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, deberán aplicarla de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, se distinguen los siguientes principios, a saber:
2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente,
que
no
dé
lugar
a
que
pueda
considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público De igual modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, que esa garantía de acción que el constituyente consagró a favor de los gobernados, implica que los poderes del Estado no pueden establecer condiciones que restrinjan o impidan el acceso a los tribunales, y de manera categórica estableció que cualquier disposición que tienda a impedir que se administre justicia de acuerdo con las prevenciones de la ley, importa una violación
Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es como sigue:
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE “ JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES . La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de
Por su parte, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente establecen:
Artículo 885 . Al concluir el desahogo de las “ pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y
juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas”. “ Artículo 887 .- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas”. “ Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta”. Así pues, el precepto constitucional y los dispositivos legales antes mencionados, relativos todos a procurar la garantía de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las Juntas, en el caso particular, la Junta Especial Número
Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no puede ni debe retardar indefinidamente su función de administrar justicia; atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones, el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica, que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable. En la especie, los citados numerales 885 a 889 de la ley
posteriormente, entregar una copia de éste a cada uno de los miembros de la Junta, quienes en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente o bien, de no ser así, el Presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ahora bien, de las actuaciones del expediente número
**********, aportadas a este juicio de garantías por la Junta responsable, cuya eficacia probatoria se determinó en la consideración tercera de esta sentencia, se advierte que el
tres de septiembre de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución, sin que hasta la fecha se hubiera emitido el laudo correspondiente. Así las cosas, resulta innegable que desde la fecha en que se cerró la instrucción del juicio de origen ( tres de
septiembre de dos mil catorce), a la en que se presentó la demanda de garantías que originó este juicio (cinco de
febrero de dos mil quince) transcurrieron en exceso los términos previstos por la ley que rige el acto, para el pronunciamiento del laudo, atendiendo al procedimiento que para su dictado establecen los numerales de la Ley Federal del Trabajo que han quedado trascritos; por lo que, existe contravención a la garantía conferida en el artículo 17 constitucional.
forma justifica, que por cinco meses se tenga para estudio un expediente sin resolverlo, violando en perjuicio del ahora quejoso, la garantía señalada en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso en concreto, la Jurisprudencia IV.3º.T.J/57, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, del tenor literal siguiente:
DE CONCILIACIÓN Y “ JUNTAS ARBITRAJE, DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES . Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.” En tal virtud, lo que procede es conceder el amparo y
protección de la Justicia Federal que solicita el quejoso.
“ Artículo 77 . Los efectos de la concesión del amparo serán:…II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.” La fracción del dispositivo legal transcrito establece, que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter omisivo, produce el doble efecto de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate; y, a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de ser favorable a los intereses de la parte quejosa, logre restituirla en el goce del derecho y de la garantía violada. Así
pues,
el
otorgamiento
de
la
protección
constitucional en el presente asunto, es para el efecto de que la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal
de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, realice el siguiente acto:
1. De inmediato dicte con plenitud de jurisdicción, el laudo que corresponda en el expediente laboral **********, de su índice, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo.
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de
la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta localidad, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Por consiguiente, acorde a lo señalado en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa, a la moral tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en términos de lo dispuesto por la fracción II, inciso a) del numeral antes citado, por oficio a la autoridad responsable. Así, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Rómulo Juárez Martínez, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según autorización expedida mediante oficio CCJ/ST/600/2015, en cumplimiento a lo acordado en sesión celebrada el diez de febrero de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo resolvió y firma, asistido del Secretario licenciado Víctor Adrián Ávalos Aragón, quien autoriza y da fe de sus actos. Doy Fe.
El licenciado(a) VÃ-ctor Adrián Ãvalos Aragón, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.
