Capítulo VII Conspiraciones corruptas, 1990-2000 Remozando la corrupción
Un grupo de oficiales militares, inspirados en la vieja tradición de intervención “Patriótica” había “Patriótica” había diseñado desde 1988, un plan secreto para llevar a cabo un golpe contra el gobierno de García Pérez, Los golpistas esperaban que la opinión pública tolerara el golpe en medio del d el descontento general con el disfunción al gobierno aprista. Este plan no se materializó, pero fue adoptad o y modificado por el inescrupuloso Jefe de espías, Montesinos, un ex oficial del ejército, que había sido expulsado de éste, con influyentes conexiones en redes corruptas. Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso de la tarea encubierta asignada al SIN, de ayudar al candidato en su campaña electoral de 1990. Fujimori confió en Montesinos para que le “resolviera” un “resolviera” un serio problema de evasión tributaria, entre otras cuestiones legales que amenazaban con arruinar la reputación y ambiciones presidenciales de Fujimori. (Los agentes de Montesinos colocaron una bomba b omba para asustar a un parlamentario opositor que había descubierto los incómodos secretos de Fujimori. (Olivera) Montesinos poseía planes dictatoriales, un profundo conocimiento de los códigos de corrupción militar y judicial, vínculos con la CIA y conexiones con carteles de drogas. Provisto de éstos tenebrosos activos, contribuyó decisivamente a la campaña electoral de Fujimori y logró obtener, supuestamente, cuantiosas donaciones de dudoso origen. A partir de estos oscuros orígenes, la corrupción se propagó en casi todas las direcciones durante la década infame del régimen de Fujimori. Montesinos logra posicionarse como secretario personal o asistente de importantes militares y exjefes de inteligencia. Edgardo Mercado Jarrín (1973-1974), Enrique Gallegos Venero (1974-1975),
Jorge Fernández Maldonado (1976), Guillermo Arbulú Galiani (julio-agosto 1976). Al asumir el mando Francisco Morales Bermúdez, deponiendo a Velazco Alvarado, y triunfando sobre la facción izquierdista liderada por los Generales Gallegos y Fernández Maldonado, el oscuro capitán Montesinos fue perdiendo bases de influencia. En 1976 abandona su puesto de un desierto norteño, para viajar a Estados Unidos, usando una falsa autorización y el auspicio de una beca del gobierno norteamericano, para líderes extranjeros visitantes. A su retorno es juzgado por viajar sin permiso oficial, espionaje e insubordinación y confinado a una prisión militar por casi dos años (1976-1978) Montesinos estudia derecho en su prisión y se recibe como abogado defensor de narcotraficantes. Se relaciona con carteles de la mafia. Su deseo de venganza hacia la facción militar que lo encarceló motiva el desafío a los altos mando militares, para lo cual colabora su primo A ugusto Zimmerman, exsecretario de prensa de Velasco. Se ve obligado a huir del país en 1983 y vive en Argentina hasta 1985, a su retorno le prohíben ingresar a cualquier instalación u oficina militar. Entre sus numerosos enemigos figura el mayor José Fernández Salvatecci quien lo denunció como traidor y espía de la CIA. Defiende como abogado a los implicados en “Villa Coca”, que gerenciaba “el padrino” Reynaldo Rodriguez López, en 1985 y que denuncia a 72 personas entre los que se encontraban militares, políticos y celebridades del espectáculo. Interviene también defendiendo al General José Valdivia, acusado de violaciones de los derechos humanos. En 1989 Montesinos se acerca a Edwin Diaz, jefe del SIN y consigue mediante argucias un prominente puesto en la comunidad de Inteligencia. Se convierte en el asesor de confianza de Fujimori y en el jefe de facto del SIN en 1990. El poder encubierto de Montesinos estaba más allá de la supervisión o control institucional. En colaboración con un presidente de vulnerable posición política, dispuesto a minar las normas constitucionales y ej ercer el poder ejecutivo sin límites, Fujimori no contaba con un partido político coherente y sus
partidarios no tenían mayoría en el Congreso, además Montesinos aumentaba la inseguridad del presidente alarmándolo con supuestas conjuras pa ra deponerlo y asesinarlo. La creciente corrupción, ligada al tráfico de na rcóticos entre las fuerzas policiales, ofreció la oportunidad al dúo Fujimori- Montesinos, para reordenar rápidamente los escalones superiores de la policía. En su discurso inau gural Fujimori lanzó una campaña moralizadora contra la corrupción heredada y pasa al retiro a 135 altos oficiales de policía, entre los cuales se encontraban muchos capaces y honestos. Unos días antes el astuto Montesinos se había reunido con funcionarios diplomáticos de Estados Unidos para filtrar información de inteligencia sobre la complicidad con el narcotráfico de altos oficiales de la policía y del séquito de Agustín Mantilla, ex ministro del interior aprista. Los puestos dejados vacantes en el mando policial fueron asignados a oficiales militares en claro viraje estratégico del papel que la policía había alcanzado durante el régimen aprista en la lucha contra las drogas y la subversión. Con ésta medida, los programas antinarcóticos y antiterroristas que recibían considerable asistencia de Estados Unidos para la interdicción quedaron bajo control militar. Redes de corrupción
Montesinos y Fujimori celebraban bajo un manto de secreto algunas ocasiones especiales en compañía de amigos y asociados íntimos. Estas reuniones quedaron registradas solamente en las fotografías y videos del S IN. En el 53 cumpleaños de Montesinos, el 20 de mayo de 1998, había bastante que celebrar en las lúgubres habitaciones y corredores del SIN, consolidado en el poder y la maquinaria corrupta de Fujimori. Las redes de corrupción tenían la íntima e intrincada alianza de Fujimori y Montesinos. El primero se ocupaba de la política y actuaba como imagen mediática populista y el segundo negociaba secretamente con el comando militar y reunía fondos ilegales. Durante la fase final del régimen de Fujimori, Montesinos mantenía enlaces con las ramas de la estructura de corruptela que controlaba el poder, manipulaba la información pública ,
saboteaba a la oposición y daba el mal ejemplo a los rangos inferiores de funcionarios y a la sociedad en general. El tamaño, alcance y composición de esta red fueron asombrosos. Nunca antes en la historia peruana había sido posible obtener una imagen intestina que ilustrara tan clara y detalladamente, el funcionamiento clandestino de la corrupción. Fujimori contaba con un núcleo interno de parientes a cargo de los intereses familiares que giraban alrededor del poderoso cargo. Victor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori fue nombrado Embajador del Perú en el Japón en 1991. Un puesto clave que mantuvo hasta los últimos días del régimen. Hábilmente Fujimori y Aritomi utilizaron la nacionalidad Japonesa que podía otorgarles protección e impunidad. Entre otras operaciones Aritomi usó su inmunidad diplomática para transp ortar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori al Japón., en montos manejables como para lavarlos sin dejar huellas evidentes. Además la secretaria personal de Fujimori hizo transferencias bancarias a Aritomi de los fondos ilegales que el p residente recibía en el Perú. Aritomi también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron a la familia Fujimori. Poco antes de su juramentación como presidente en 1990 Fujimori recibió una donación japonesa de 12.5 millones de dólares , destinados a satisfacer las necesidades de los niños pobres, sin embargo al igual que otros fondos de donaciones Japonesas, Fujimori y sus parientes desviaron dicho dinero y lo utilizaron para fines políticos y personales desde una cuenta bancaria en el Japón. Las evidencias en video muestran a Fujimori manejando los recursos de “asistencia social”, en desembolsos de dinero en efectivo, sin llevar las cuentas legales apropiadas. Desde 1990, sus hermanos Rosa, Pedro y Juana Fujimori formaron y administraron en el Perú las ONG “APENKAI Y AKEN”, que sirvieron para canalizar a las arcas de la familia más de 100 millones de dólares. Apenas el 10% de los donativos llegaron a sus destinatarios originales.
Susana Higuchi, ex esposa de Fujimori había denunciado antes del golpe de 1992 la apropiación de las donaciones japonesas, sobre todo por Rosa y Santiago Fujimori. Alberto Fujimori declaró públicamente que su esposa era m entalmente inestable y la mantuvo prácticamente prisionera en el palacio Presidencial. Los hijos ignoraron las afirmaciones de su madre y por su conveniencia se pusieron al lado del padre. Los 4 hijos recibieron una educación universitaria de élite en Estados Unidos, que habría sido financiada con por lo menos 460,000 dólares entregados en efectivo en N. York y Boston a través de medios irregulares. Además, Juana Fujimori y su esposo Isidro Kagami Jiraku, vendieron en 1998, bienes raíces sobrevaluados a una compañía establecida en las Islas Vírgenes británicas. Dicha compañía fue usada para que Enrique Benavides Morales, uno de los agentes de Montesinos, lavara ingresos procedentes de varias tramas de corrupción. Así mismo Aritomi y su esposa Rosa Fujimori tenían considerables saldos no explicados en la banca nacional y extranjera. Santiago, el hermano favorito de Fujimori, encab ezó la administración y distribución local de los activos presidenciales y de las donaciones hasta que perdió el favor de Montesinos en 1996. Una persona que colaboró intensamente en fraudulentas transacciones con Fujimori, fue Augusto Miyagusuku Miagui. (Presidente del Directorio de la compañí a de seguros Popular y Porvenir) Alquiler y venta de propiedades de la compañía y venta sobre valuada de pólizas de seguro a las fuerzas armadas y reparto de comisiones ilegales. Victor Joy Way, fue un asociado político cercano y constante de Fujimori, fue congresista, primer ministro y ministro de economía. En 1999. Se le confiscaron más de 22 millones de dólares de bancos suizos y en Luxemburgo. Poseía lujosas casas en el Perú, todo adquirido a través de flagrantes negociados endosados por Fujimori.
Participación del sector privado
La formación de redes de corrupción en la década de 1990 tuvo conexiones estratégicas en el sector privado. Los fondos para el soborno se reunían considerablemente de éste sector, el cual brindó a la maquinaria de Montesinos- Fujimori, una fuente importante para corromper y dominar la estructura de poder. Estos intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales y se opusieron a regulaciones efectivas y tomaron parte en redes de corrupción encubiertas. En la década de 1990. El sector privado nacional se vio duramente golpeado por la competencia internacional. El régimen de Fujimori fue autoritario disfrazado y reinó la corrupción hasta para empresas extranjeras dispuestas a competir por los fa vores oficiales. Las reformas neoliberales de Fujimori no tuvieron como resultado reglas de mercado claras, y predominó el juego sucio. Al final los crecientes problemas económicos originados por el manejo corrupto de la economía y la falta de controles oficiales exacerbaron los conflictos dentro de y entre los intereses Nacionales y extranjeros. El grupo económico Romero, lideraba un imperio maduro a finales de la década de 1960, que comprendía la banca (el banco de crédito del Perú, BCP, el banco peruano más grande) y empresas agroindustriales (Alicorp) entre otras inversiones claves en el mercado nacional. La dirigencia del grupo mostró una gran capacidad empresarial en la adaptación y transformación de sus activos empresariales. Sobrevivió exitosamente la reforma agraria Velasquista aprovechando los bonos de expropiación para ingresar y dominar los protegidos sectores industrial y bancario. En la década de 1980, el grupo también se benefició de los incentivos a la inversión (cambiarios y tributarios) promovidos por Alan García, mientras que la gerencia del BCP diversificaba sus activos financieros para que incluyeran actividades “offshore”. El jefe del grupo económico más importante del país, Dionisio Romero, tuvo reuniones secretas con Montesinos, en una de las cuales altos mandos militares, policiales y navales estuvieron presentes. En ésta reunión, Romero accedió a una entrevista favorable a la reelección de Fujimori, que fue publicada poco después.
Otro banquero importante que se reunía secretamente con Montesinos era Eugenio Bertini, gerente general del Banco Wiese (BW) y amigo cercano del asesor presidencial, también aconsejaba al asesor acerca de formas de mover dinero de cuentas “offshore” del extranjero y otras cuentas bancarias locales. Años más tarde, Bertini fue absuelto, al igual que muchos otros agentes del sector privado envueltos en vínculos con el régimen, de las acusaciones judiciales a las que se vio expuesto por sus relaciones con Montesinos. Las operaciones de rescate gubernamental que beneficiaron al BW y a varias otras entidades bancarias locales, entre las cuales se encontraba el banco Latino, expusieron el uso discrecional de fondos estatales desviados y una modificación ad hoc de las normas bancarias (Ley General de la Banca de 1996) que prohibían expresamente que el gobierno asistiera a los bancos con problemas. Corruptelas militares
Montesinos diseñó y adaptó un mecanismo complejo, informal y encubierto de ingresos y gastos ilegales para sustentar los principales puntales del régimen transgresor de Fujimori. Los detalles explican las fuentes diversas de fondos para sobornos. Montesinos montó un maquinaria corrupta que tenía su centro en el SIN y se extendía a varias otras ramas, en particular entre las instituciones militares y policiales, y sus respectivos altos mandos. El uso y abuso de la información de inteligencia generó poder y dinero para Montesinos y sus aliados. El coronel del ejército Roberto Huamán, principal operador técnico del SIN, estaba a cargo de grabar reuniones secretas y conversaciones telefónicas con amigos y enemigos políticos. Huamán le fue leal a Montesinos hasta el final. La fuerza de seguridad personal de Montesinos estaba a cargo del coronel de la Policía, Manuel Aybar Marca, y de otro oficiales ligados al grupo “Colina“ y a l a falsificación a gran escala de firmas en el proceso electoral. El equipo de asesores lo encabezaba Javier Corrochano e incluía a Pedro Huertas y a Grace Riggs, entre otros. La red administrativa fue manejada por Matilde Pinchi y Maria Arce Guerrero, una secretaria que entregaba el
dinero de los sobornos a sus receptores. José Villalobos el cajero del SIN administraba los fondos ilegales. El General EJP Julio Salazar Monroe y el contralmirante Humberto Rozas dos jefes formales del SIN eran simples figurones que seguían ordenes de Montesinos. La familia de éste, se prestó a esconder la fortuna personal, pero tuvo poco que ver con el manejo de la maquinaria. De igual modo la amante, Jacqueline Beltrán recibió costosos regalos y favores. Los más importantes agentes financieros ofrecieron sus servicios para las operaciones ilegales siendo también socios a gran escala en la compra de armas y materiales con las cuales Montesinos, Fujimori y los más altos jefes militares obtuvieron jugosas comisiones. Hubo tres grupos que negociaron la compra de armas y equipos: W21 Intertechnique, dirigido por Alberto Venero, y Luis Duthurburu /473 millones de dólares) Zvi Judit, James Stone y socios (Sutex/SEP International (248 millones de dólares y Joy Way (120 millones de dólares). Las irregularidades en la contratación de estas grandes adquisiciones implicaron equipos de baja calidad. El caso más escandaloso fue la compra de aviones usados MIG-29 y SuKhoy25 a Bielorrusia. Los fondos apropiados por Montesinos y sus socios se transfirieron a cuen tas bancarias en Estados Unidos, Luxemburgo, Rusia, Israel, Suiza y el Caribe, con la ayuda de los mismos traficantes de armas convertidos en agentes financieros. Uno de sus socios fue el Jefe de Estado Mayor del Ejército Nicolás Hermoza. Se confiscaron cuentas en Suiza a Montesinos por 114 millones de Dólares, pero todas las cuentas bancarias vinculadas sumaban 246 millones de dólares. Colusión con el narcotráfico
Montesinos y militares de alto rango, negociaron con narcotraficantes. Estas osadas actividades fueron sumamente dañinas para el prestigio internacional y local de las instituciones militares y de inteligencia.
Dado el impacto económico y sociopolítico que el tráfico de drogas tuvo en la década de 1980, Montesinos y los militares buscaron dominar la política antidroga y su ejecución. Penetraron en la policía nacional con agentes vinculados directamente a Montesinos. Fujimori, con la asesoría de Montesinos y dos ministros militares reorganizó el Ministerio del Interior en 1990 donde se sospechaba existían vínculos con narcotraficantes. Este fue el primer paso hacia el control militar de los operativos de antinarcóticos y antiterroristas. Esta medida fue minando los tribunales especiales que procesaban los delitos relacionados con drogas y remplazándolos con tribunales normales presididos por jueces y fiscales que trabajaban estrechamente con Montesinos en el sistema judicial. Además de la tensión creada entre los aliados militares de Montesinos y las agencias policiales especializadas , otras tensiones surgieron de las estrategias opuestas de dos agencias de Estados Unidos que trabajaban en el Perú, la Central Intelligence Agency (CIA) y la Drug Enforcement Administration (DEA) Esta tensión precedió a las fricciones entre Montesinos y Barry McCaffrey, el zar estadounidense antidrogas, durante sus visitas al Perú, en 1996 y 1998. Montesinos filtró videos demostrando el apoyo de McCaffrey, y comenzó a ser visto como un audaz, pasivo y potencialmente peligroso, a ojos de algunos funcionarios Norteamericanos. Uno de los cargos era por us ar juntamente con sus socios militares, fondos antidrogas de Estados Undos para perpetrar violaciones de los derechos humanos. Montesinos armó un perverso sistema antidrogas, dándole al e jército el mando exclusivo de las operaciones en regiones claves y en los puertos a la marina, pero su aparto militar- SIN permitía las actividades de narcotraficantes, pero al mismo tiempo, ordeñaba para beneficio propio los ingresos derivados de éstas. Los escándalos con las drogas y las flagrantes violaciones derechos humanos minaron el espacio público disponible para que Montesinos y los militares jugaran con el respaldo local e internacional. Un grupo parlamentario obtuvo confesiones y declaraciones de soldados testigos que denunciaron los tratos entre las autoridades militares y los narcotraficantes. Descubrieron el pago de cuotas a los militares por permitir el transporte de drogas, además de la asistencia
que prestaban a los narcotraficantes apresados. La prensa reportó detenidamente estos casos de corrupción en las fuerzas armadas y policiales. Culminación de un ciclo
Entonces se formó un gobierno de transición, encabezado por Valentín Paniagua, elegido por el congreso para que actuara como presidente interino. Montesinos fue aprehendido en junio del 2001, después de un tira y afloje con Hugo Chávez, y después de extraditado debió afrontar numerosos cargos y penas de prisión. El país se vio en la necesidad de evaluar los costos de la corrupción sufrida durante la “década infame”. Lourdes Flores, Fernando Olivera, Anel Townsen, Ernesto Herrera, Fernando Rospigliosi, Gustavo Gorriti, José Ugaz y Nelly Calderón reforzaron y complementaron las revelaciones anticorrupción hechas por Mario Vargas Llosa y otros, en la que tal vez fue una ruptura cualitativa con el pasado que aún espera una consolidación definitiva. En conclusión el gobierno de Fujimori-Montesinos, alcanzó nuevos grados de corruptela incontrolada. Aunque parecido al régimen de Leguía tuvo un sólido sustento militar que recuerda a otras dictaduras. Con la excusa ideológica de promover la lucha contra los insurgentes terroristas y el narcotráfico, se formó un aparato secreto policial y militar para capturar y manipular el Estado, así como perpetrar abusos de los de rechos humanos. En el centro de los mecanismos encubiertos de control político, represión, manipulación y corrupción se encontraba el Servicio de Inteligencia Nacional, encabezado por el jefe de espías Montesinos, el notorio “asesor” presidencial. El acaparamiento de fondos secretos para soborno s en el SIN, procedente de los sobornos en las adquisiciones militares; la malversación de los fondos de pensiones militares; los cupos al tráfico de drogas; y la ayuda prestada a grupos privados de presión extranjeros y locales, entre otros muchos mecanismos de corrupción, fueron útiles para financiar el tráfico de influencias y el soborno en prácticamente todos los ámbitos del Estado.
Comenzando con la presidencia, las campañas políticas y electorales, así como los programas sociales y de infraestructura que legitimaron y mantuvieron a Fujimori en el poder, se financiaron en parte, con los fondos secretos dirigidos por Montesinos. Fujimori, así mismo dependió de su propia red de parientes y socios para desviar fondos procedentes de la asistencia extranjera, empresarios y asociados políticos. En la historia del Perú ha habido varios ejemplos clásicos de entendimiento dual en la cúpula de gobiernos signados por el abuso del poder: el virrey Amat-asesor Salas, Gamarra-Gutiérrez de La Fuente, Echenique-Torrico, Balta-Piérola, Piérola- Deryfus, Leguía-Egoaguirre, Od ría-Noriega, Velasco-Tantalean y García- Mantilla, ente otros. Sin embargo el dúo Fujimori-Montesinos probablemente superó a todos ellos en términos del alcance y profundidad de la corrupción. Los tentáculos del aparato de Fujimori-Montesinos se propagaron para captar influencias y controlar el congreso, pagando salarios ilegales y sobornando a muchos parlamentarios.
