Proyecto Fin de Grado de Trabajo Social, Mayo 2012

TRABAJO FIN DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL

Situación actual de las Rentas Básicas. La repercusión de la crisis económica en la pobreza y en la exclusión social española. CURSO ACADÉMICO 2011-2012

AUTOR: Airam González Quintero D.N.I.:78708886-B CENTRO ASOCIADO: UNED La Laguna TUTOR: Juan Manuel Herrera Hernández

Mayo 2012 1

Índice. 1. Resumen (Abstract). 2. Introducción – Formulación del problema investigado. 3. Principales planteamientos teóricos recogidos: 3.1. Definición y alcance de la exclusión social. 3.2. Las Rentas Básicas en España, origen y caracteres fundamentales. fundamentales. 3.3. Un referente: la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Origen y finalidad. 3.4. La Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. Origen y caracteres fundamentales. 3.5. Inclusión social mediante el empleo, ¿una finalidad irrealizable? 3.6. La lógica de la contraprestación en las Rentas Básicas.

4. Hipótesis de la investigación. 5. Metodología: 5.1. Objetivos. 5.2. Tipo de investigación. 5.2.1. Trabajo de campo. 5.2.2. Variables del estudio. 5.2.3. Técnicas de análisis de datos.

6. Presentación de resultados, discusión y conclusiones. 6.1. Presentación de resultados: 2

6.1.1. Evolución del desempleo y la pobreza en España, especial mención a las dos crisis económicas más destacadas de finales de siglo XX. 6.1.2. Evolución del desempleo y la pobreza en España en el último quinquenio (2006-2011). 6.1.3. Análisis comparativo de las Rentas Básicas en España. Especial mención de la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6.1.4. Evolución de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid durante el período 2006-2010.

6.2. Discusión. 6.3. Conclusiones: 6.3.1. Situación deficitaria del Estado de Bienestar español y la nula repercusión  positiva que la etapa 2000-2007 2000-2007 supuso para descender las tasas de pobreza. pobreza. 6.3.2. Situación actual del desempleo y la pobreza así como la posible evolución de las mismas. 6.3.3. Estado de las RB, disparidad autonómica, desarrollo insuficiente.

7. Estudios futuros en función de los resultados obtenidos. 8. Bibliografía.

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1.- Resumen. Palabras clave: exclusión social, Rentas Básicas, pobreza, desempleo. El presente estudio recoge de manera sistematizada los resultados obtenidos, por medio del análisis estadístico así como de la consulta de diferentes estudios existentes, respecto la exclusión social en España que viene siendo contenida por las Rentas Básicas (RB) que las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) han impulsado en las últimas décadas. En este  proyecto se presentan las dificultades y carencias de las RB para conseguir el objetivo que  persiguen: la inclusión social de sus beneficiarios mediante, primordialmente, la orientación hacia el empleo.

Tal y como se expondrá, el Estado de Bienestar español, el cual presenta un déficit en gasto de  protección social destacado, resulta escaso en políticas inclusivas que permitan disminuir las tasas de desempleo y pobreza que vienen sacudiendo a España en las últimas décadas.

La tasa de pobreza, con un porcentaje constante del 19%, no ha sido mitigada con políticas  públicas suficientes en las etapas económicas boyantes, por lo que debido a la coyuntura económica actual, dicha tasa está experimentando un ascenso preocupante que parece no cesar. Por lo tanto, se va a analizar la tríada: pobreza, desempleo y exclusión social como consecuencia de la actual crisis económica, y las repercusiones que la misma está ocasionando para los más desfavorecidos, así como el estado y evolución hacia el que apuntan las RB.

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ABSTRACT

Keywords: Social exclusion, Basic Income, poverty, unemployment. This study reports a systematic way the results obtained through statistical analysis and consultation of various existing studies on social exclusion in Spain which has been contained by Basic Income (RB) to the Autonomous Communities (CCAA) have led in recent decades. This  project presents the difficulties and shortcomings of the RB to achieve the objective pursued: social inclusion of beneficiaries through, primarily, the orientation towards employment. As will be discussed, the Spanish welfare state, which has a deficit in social protection expenditure noted, is scarce to allow inclusive policies reduce unemployment and poverty rates that are shaking in Spain in recent decades. The poverty rate, with a constant percentage of 19%, has not been mitigated by public policies sufficient buoyant economic stages, so that due to the current economic climate, this rate is experiencing a rising concern that seems to cease. Therefore, to parse the triad: poverty, unemployment and social exclusion as a result of the current economic crisis and the impact that it is causing for the poor, and the status and progress toward that target RB.

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2.- Introducción – Formulación del problema investigado.

La sociedad española actual viene atravesando la que sin lugar a dudas está siendo una de las épocas más dramáticas en cuanto a pérdida de derechos y protección social se refiere. El estado español, caracterizado por un escaso desarrollo en cuanto a gasto público social, es de los menos desarrollados de la Unión Europea. Nuestro Estado de Bienestar ha sido muy cuestionado por  diferentes autores en tanto en cuanto la media de gasto en protección social en porcentaje del PIB ha sido menor que la dispuesta por otros países de nuestro entorno. Así por ejemplo, si analizamos el gasto público en protección social (gastos en transferencias públicas y en servicios  públicos del estado del bienestar) como porcentaje del PIB vemos que en el año 2007, España fue un 21%, UE-15 un 27% y Suecia un 30%. España es el país de la UE-15 que tiene un gasto  público en protección social como porcentaje del PIB más bajo (después de Irlanda, 16.5%). Y esto en una época boyante de la economía española como fue la producida en los años 2000 a 2007.

La conclusión de todos estos datos es que España se gasta muy poco en su estado del Bienestar,  pero lo que qu e incluso inclus o es e s más grave es que se gasta en su Estado del Bienestar Biene star menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica. España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%, en lugar  de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social. Este es su déficit social1.

Desde este punto de partida deficitario, España además presenta la tasa de desempleo más alta de la UE, situada en la actualidad en el 24,44% para el primer trimestre de 2012. Mientras, la media de la UE se sitúa en la actualidad en un 10,8%, incluso Grecia, y a pesar de la extrema situación  por la que atraviesa, presenta una tasa de desempleo menor que la nuestra (21%). ( 21%).  1

Vicent Navarro, "Los retos de las políticas públicas en una democracia avanzada”. Ararteko, 2011.

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Y es en este contexto donde actúa un mecanismo de protección impulsado por las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas desde finales de los años ochenta, principios de los noventa. Nos estamos refiriendo a las rentas básicas (rentas mínimas, rentas de inserción, etcétera). Bajo esta denominación se agrupa un conjunto heterogéneo, diferenciado y en un gran número de ocasiones muy deficitario con el que las CCAA pretenden proteger a aquellos colectivos sociales, que debido a situaciones variadas, se encuentran en situación de exclusión social. Como se ha mencionado, esta acción protectora recae en las CCAA, ya que la administración central cuenta con otros mecanismos de protección diferentes, orientados en su mayoría al carácter  contributivo o dependiente de una actividad laboral previa para su concesión. El presente texto tiene por objeto el análisis de la evolución de la pobreza en España como consecuencia de la actual crisis económica, así como la evolución de las Rentas Básicas (RB2) que se vienen implementando en las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas en los últimos años (período 2006-2011). La presente obra, por motivos de limitación material, no recoge el desarrollo normativo de ellas, estado actual, población que abarca, etcétera. Se trata de una aproximación a la realidad de las RB en nuestro estado autonómico, su impacto en la pobreza y la exclusión social, así como su configuración actual. La elección del objeto de estudio obedece a la situación social, marcada por unas tasas de desempleo tremendamente elevadas, el incremento de los excluidos sociales y la repercusión que ambas conllevan para las RB autonómicas las cuales se orientan hacia la inclusión mediante el empleo, lo cual, como se expondrá, es un error. Por tanto, el objetivo es analizar la situación actual en España de estos tres elementos: pobreza, exclusión social y RB.  2

Para el presente estudio se han tenido en cuenta las diferentes reglamentaciones autonómicas, que al tener  normativa propia suelen diferir en su etimología a la hora de designar el objeto de estudio aquí analizado. Por lo tanto, al hablar de RB, se hará mención, entre otras, a la Renta de Garantía de Ingresos, Renta Mínima de Inserción, Prestación Canaria de Inserción, Ingreso Madrileño de Integración y otras.

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Para la elaboración del mismo se han tomado como referencia las fuentes disponibles a través de estudios sobre pobreza y exclusión social, datos estadísticos del INE (tasas de desempleo, Encuesta de Condiciones de Vida,...), estudios sociales de La Caixa, FOESSA, balances y memorias sobre RB en País Vasco y Madrid, y otras que se irán exponiendo a lo largo del mismo. Con este trabajo se pretende finalizar los estudios de Grado en Trabajo Social de la Universidad  Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante el curso académico 2011-2012, cumpliendo c umpliendo con los requisitos exigidos para superar la asignatura de Trabajo Fin de Grado.

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3.- Principales planteamientos teóricos recogidos. En las siguientes líneas se expondrán dos de los elementos vectores de este estudio: la pobreza y la exclusión social; situación actual del desempleo en España. Más adelante se hará mención al sistema de RB en España, así como a la preponderancia de la inclusión social mediante el empleo como eje fundamental de las políticas de RB. Por lo tanto, antes de comenzar con el análisis de los datos recogidos, así como la comparativa en la evolución y el alcance que las CCAA desarrollan sobre sus planes de RB, cabe precisar el  porqué de este nuevo enfoque llamado exclusión social, piedra angular sobre el que las distintas CCAA vienen actuando desde finales de los años ochenta, principios de los noventa. Asimismo se hará una breve reflexión sobre las consecuencias que para los excluidos sociales tiene la reglamentación de las RB.

3.1.- Definición y alcance de la exclusión social. En origen, el término exclusión social comenzó a emplearse en Francia en los años setenta por  René Lenoir, siendo Secretario de Acción Social en dicho país. Su obra " Les  Les Exclus: Un 3

 Francais sur dix " , publicada en 1974, recogía que una décima parte de la población francesa

 podía considerarse excluida, siendo éstos: minusválidos físicos y mentales, personas con tendencia al suicidio, ancianos inválidos, niños víctimas de abusos, toxicómanos, delincuentes, hogares multiproblemáticos, personas marginales y asociales y otros inadaptados sociales. Se trataba en todos los casos de categorías sociales carentes de protección social en un momento en que Francia, precisamente, estaba completando su sistema general de bienestar social.

El término ganó popularidad por dos razones. Primeramente, porque fue apropiado por el discurso republicano para contrarrestar la influencia de la noción de pobreza, que nunca gozó en aquel país de demasiadas simpatías, especialmente por sus vinculaciones al Ancien Regime y al liberalismo utilitarista (De Hann, 1999). En segundo lugar, porque hacia mediados de los años

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ochenta, el concepto fue recuperado para designar a la variada gama de privaciones emergentes en un contexto de reestructuración económica y crisis del Estado de Bienestar. Se trataba de categorías sociales carentes de protección social en un momento en el que Francia estaba completando un sistema general de bienestar social4.

Admitido dicho origen, en España el sistema de RB comienza su andadura mayoritariamente en los años noventa (finales de los ochenta), a la que poco a poco las distintas CCAA van sumándose con normas que recogen una atención pseudointegral para un colectivo tan dispar y heterogéneo como el formado por los excluidos sociales.

 No han sido pocos los que dentro de nuestras fronteras, han diferenciado la pobreza de la exclusión social. De este modo la exclusión social puede o no conllevar pobreza, entendiéndose esta última como la carencia, que tiene un individuo de medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida. El término pobreza asume de partida la ausencia o privación de capacidad (Sen 1996:68), por parte de un individuo o familia y en un ámbito sociogeográfico concreto, de unos ingresos económicos que suelen corresponder con la mediana del conjunto analizado. Supone una vara de medir, un mínimo por debajo del cual las personas no serían capaces  per se de satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria. Además, su uso exclusivo como causa de las desigualdades y la integración social, conllevaría un reduccionismo simplista y desfasado respecto la realidad social actual: dinámica, cambiante y tremendamente compleja.

Por otro lado, la exclusión social connota una cierta idea de regresión o retroceso, de proceso que conduce a quitar algo que se había alcanzado, o a lo que se tiene o tenía derecho (J. F. Tezanos5). Existe consenso para establecer los indicadores más relevantes que producen exclusión social, tales como la ausencia o precariedad en el empleo (trabajadores pobres6); carencia de recursos  3

René Lenoir, ed. Du Seuil,1974. Exclusión Social: En busca de su especificidad conceptual. Eduardo S. Lépore. 5 La sociedad divida, J. F. Tezanos, ed. Biblioteca Nueva, Madrid 2004. 6 Resultan muy ilustrativos los trabajos de la OIT (Guía sobre los nuevos indicadores de empleo de los objetivos de desarrollo del milenio 2009); Una panorámica general sobre la problemática de los “trabajadores pobres”, sobre su definición y características sociodemográficas y económicas en Fernández, Melchor, Meixide, Alberto y Simon, 4

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económicos (pobreza severa, relativa, etcétera); carencia de vivienda (condiciones de la misma, carestía); educación (analfabetismo, baja cualificación, etc.); salud (enfermedades mentales, discapacidades, exclusión para acceder a la salud); relaciones sociales y familiares (ausencia, dificultad, problemas).

Resulta muy esclarecedor la reflexión llevada a cabo en el Informe La Caixa sobre exclusión social, cuando afirman que "El concepto trata de recomponer el permanente dilema de la «cuestión social», de manera distinta, y al mismo tiempo quiere ser capaz de recoger la multiplicación de situaciones en las que detectamos, no sólo desigualdad, sino también pérdida de vínculos, desafiliación, desconexión o marginación social. Por tanto, el concepto se refiere a un proceso de creciente vulnerabilidad que afecta a sectores cada vez más amplios del cuerpo social, y que se materializa en una precariedad creciente a nivel laboral, residencial, económico...

De igual modo la Estrategia Europa 2020 resulta muy relevante ya que presenta una importancia especial para la inclusión social por dos razones. En primer lugar, porque establece como uno de sus cinco objetivos prioritarios la reducción del número de personas en Riesgo de Pobreza y Exclusión Social. En segundo lugar, porque crea un nuevo indicador para medir el número de estas personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Este nuevo indicador contempla tres variables: 1. La población cuya renta se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, definido éste en el 60% de la renta neta disponible equivalente de la población. 2. La población que sufre privación material severa, es decir, que no puede  permitirse al menos 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el alquiler o una letra, mantener la casa a una temperatura adecuada, afrontar gastos 

Hipólito. “El trabajo de los bajos salarios en España”, Estudio sobre la economía española, 152, FEDEA 2003; Lohmann, Henning, “Working poor in Western Europe: What is the influence of the welfare state and labour market institutions”. En “The 2006 Conference of the EuroPanel Users Network (EPUNet)”, 8 -9 May 2006, Barcelona; Muñoz del Bustillo, Rafael, ob.cit.; Nolan, Brian y Marx, Ive, “Low Pay and Household Poverty”. En Gregory, Mary, Salverda, Wiemer y Bazen, Stephen “Labour Market Inequalities: Problems and Policies in International Perspective”. Oxford University Press. Oxford 2000. También el número 18 (2001) de Cuaderno de Relaciones Laborales .

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imprevistos, una comida de carne, pollo o pescado (o su equivalente vegetariano) al menos 3 veces por semana, unas vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, un coche, una lavadora, un televisor en color y un teléfono (fijo o móvil). 3. La población que reside en hogares con baja intensidad de empleo. La intensidad de empleo de un hogar es del 100% si todos sus miembros trabajan a tiempo completo durante todo el año y se va reduciendo cuando existen miembros que no trabajan o lo hacen a tiempo parcial. Se clasifica un hogar con baja intensidad de empleo cuando la misma es inferior al 20%. En definitiva, se consideran personas en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE, en sus siglas en inglés (At-riskof poverty and exclusion) aquéllas cuyo nivel de renta se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y/o sufren privación material severa y/o residen en hogares con baja intensidad de empleo7.

Podríamos decir que la exclusión social, en la medida en que se inscribe en la trayectoria histórica de las desigualdades, es un fenómeno de carácter estructural, de alguna manera inherente a la lógica misma de un sistema económico y social que la genera y alimenta casi irremediablemente8."

La exclusión social, por tanto, hace referencia a un proceso dinámico que puede afectar a muchas  personas, con c on un carácter transitorio o más permanente. La exclusión social no se concentra sólo en unos determinados grupos de personas o colectivos marginales, sino que, contrariamente,  puede afectar de forma cambiante a personas y colectivos en función de su exposición a dinámicas de marginalización. El estudio de la exclusión debe ser flexible y considerar todas las dimensiones o ámbitos, así como las múltiples causas, que la originan. Además dentro de cada uno de los indicadores (económico, laboral, formativo, residencial, sociosanitario y de  participación social y ciudadanía) se pueden pued en identificar un conjunto de factores de exclusión más concretos que pueden aparecer solos o en combinación con otros del mismo ámbito o de ámbitos  7

Centro de Estudios Económicos Tomillo: "El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en la Comunidad de Madrid, 2011. 12

diferentes9.

De lo hasta ahora expuesto puede señalarse que la exclusión social tiene una dimensión mayor y más compleja que la pobreza en sí misma. La exclusión social puede pasar más inadvertida que la pobreza debido a la heterogeneidad de los colectivos que la integran. El término pobreza, como se ha expuesto, asume de partida una medición cuantitativa: se mide bajo unos indicadores comparables y tajantes de ausencia o carencia económica. Empero, la exclusión social conlleva una dimensión, por un lado extensa a la vez que compleja, y en segundo lugar, congrega a colectivos para los que la ausencia de protección por parte de los sistemas públicos ha sido la norma. Y es aquí donde surge un problema añadido sobre las RB: a lo largo de este estudio se constatará como las distintas modificaciones normativas que han llevado a cabo los gobiernos autonómicos en el último quinquenio, así como el elevado índice de desempleo están suponiendo de facto el aumento en el número de excluidos sociales, que se ven imposibilitados cada vez más

 para acceder a las RB. Y esto, como consecuencia de la imposibilidad, o más bien escasez  presupuestaria que cubra a este colectivo social en su conjunto, produciendo como consecuencia consecue ncia la exclusión de los excluidos: produciendo la re-exclusión social de un importante conjunto de la  población.

3.2.- Las Rentas Básicas en España, origen y caracteres fundamentales. La acción protectora del Estado como institución central y superior para los españoles, se circunscribe a un conjunto de mecanismos de garantía de rentas mínimas constituido por los  programas de prestaciones de la Seguridad Social (complementos de pensiones mínimas y  prestaciones por desempleo asistencial), en general incardinados en el mercado de trabajo y dependiente de las carreras laborales. A este sistema le sigue un segundo sistema institucional mixto de Seguridad Social, Administración Central y CCAA (pensiones no contributivas  8 9

Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Fundación La Caixa, 2004. Informe de la Inclusión Social en España 2008, La Caixa.

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financiadas con impuestos y gestionadas por las CCAA) y, por último, existe una “última red” de  protección social constituida por el sistema de rentas mínimas de las CCAA10.

Las RB de las CCAA pueden caracterizarse, a pesar de sus diferencias, por formar un conjunto de mecanismos de protección social altamente diferenciados y de baja intensidad protectora (con  pocas salvedades como el País P aís Vasco) que se han desarrollado en los últimos treinta tre inta años añ os hasta alcanzar una amplia e incompleta universalización a la vez que se han orientado progresivamente hacia formas de activación laboral en los desempleados y excluidos del mercado de trabajo.

Como notas comunes, podemos afirmar que algunas CCAA lo reconocen como un derecho subjetivo. Suelen tener una duración temporal concreta, algunos como en el caso de Andalucía, la duración va entre los 6 meses y un año lo cual resulta insuficiente para posibilitar una inclusión efectiva. En otros casos, no existe límite máximo temporal. En unos casos el derecho (la prestación) está condicionado a la existencia de una relación anterior con la Seguridad Social, lo que conlleva el carácter de semicontributivo, lo cual lógicamente, impide el acceso a muchas  personas en situación de exclusión social. Por otro lado la cuantía que establece cada CCAA varía enormemente, por lo que existe una diferencia importantísima entre percibir una RB en el País Vasco (máximo mensual de la unidad familiar alcanza los 935  €), o en la Rioja (372  €). Suelen llevar aparejadas la firma de convenios-contratos orientados en la búsqueda de empleo, formación y otras actividades (necesidades) detectadas sobre las que actuar. Persiguen, como elemento nuclear y preponderante la inclusión laboral, relegando a segundo término una serie de situaciones que imposibilitan el ejercicio efectivo de ese derecho. La exigencia de abundante documentación es la nota dominante en todas ellas (lo que  per se es motivo de "exclusión administrativa" para potenciales beneficiarios), además de requerir estar empadronado un tiempo anterior a la solicitud que oscila entre los 6 meses y los 5 años, lo cual impide, nuevamente,  poder acceder a este “último derecho” a un conjunto importante de excluidos que presentan actitudes nómadas o de carencia de domicilio donde poder residir, entre otros. Además, todas  10

Valoración de los programas de Rentas Mínimas en España. Gregorio Rodríguez Cabrero Universidad de Alcalá (Madrid), 2009

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ellas ejercen su acción protectora para las personas comprendidas entre los 25 y 65 años de edad, con alguna salvedad, lo que impide su acceso a determinados colectivos de excluidos.

Estamos asistiendo, en los últimos años y como consecuencia del aumento en la demanda de RB, a un conjunto de reformas legislativas en el conjunto de las CCAA que endurecen los requisitos de acceso, disminuyen la cuantía y la duración de la prestación, o se alarga el plazo para resolver  los expedientes entre otros cambios, lo que repercute gravemente en este frágil sistema de garantía de ingresos. A continuación se profundizará en estos aspectos mediante el análisis de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco y su comparativa con el resto de CCAA.

3.3.- Un referente: la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del País Vasco: origen y finalidad. La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) fue una de las pioneras en nuestro territorio en  promulgar y desarrollar normas específicas para la lucha contra la exclusión ex clusión social. Presenta unas notas características que la hacen, con diferencia, la región con un estado protector integral y más desarrollado de España. A lo largo largo de este y el siguiente epígrafe se expondrá cuál ha sido la evolución que ha experimentado, el esfuerzo presupuestario que vienen haciendo desde el gobierno autonómico, así como una comparativa con el resto de CCAA. A pesar de lo cual, cabe señalar que empiezan a presentarse determinados indicadores que hacen presagiar un deterioro o disminución en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que es como se denomina en la CAPV.

La reciente reforma legislativa (ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social) incide negativamente en el derecho subjetivo que la normativa reconoce. Primeramente, veamos la evolución que ha seguido desde los orígenes como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI):

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Tras la puesta en marcha del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi, la Ley 2/1990, de tres de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), señalaba, en su exposición de motivos, que la citada prestación “no pretende crear una nueva clase pasiva, cronificando su situación, sino posibilitar su plena inserción en la vida social de Euskadi a través de la contraprestación a la que se obliga el beneficiario”. Se trataba, ya en sus orígenes, de una norma finalista y de carácter  claramente condicional: “el carácter finalista de la prestación queda reflejado en la obligación contraída por los beneficiarios de aplicar la misma a alimentos. Asimismo, se le impone el compromiso de realizar las contraprestaciones que en su caso se fijen. Esta obligación viene marcada por la voluntad de inserción que preside el ingreso, privada de la cual, se reduciría a una mera prestación de asistencia suplementaria que podría generar por si misma nuevas formas de marginación social”. La citada norma, posteriormente desarrollada por el Decreto 193/1990, de 17 de julio, establecía las condiciones para su percepción, destacando el carácter multicausal de la exclusión, al prever el establecimiento de programas de inserción social que recogieran los riesgos en aspectos como la salud, la vivienda, la educación, la formación, sanidad y otros relacionados con la calidad de vida en general. Establecía los planes individuales de inserción, los cuales debían ser elaborados por profesionales mediante el diagnóstico socio-familiar. Estos  planes de inserción “se articularan mediante el correspondiente correspo ndiente convenio, el cual en ningún caso tendrá naturaleza contractual, y que se integrará como parte de la resolución con el carácter de condiciones de la concesión (art. 41)”. A modo de síntesis, esta primera reglamentación sobre RB destacaba por tres elementos claves: 1. Su carácter condicional vinculado al convenio – plan individual de inserción. 2. La consideración de la exclusión social como elemento multicausal. 3. Preponderancia hacia la inclusión laboral como mecanismo integral - inclusivo. Fue la Recomendación 92/441 del Consejo de la Comunidad Económica Europea la que invitaba en 1992 a los Estados miembro a reconocer un derecho fundamental de la persona a recursos y  prestaciones garantizados, suficientes, estables y regulares en el marco de un dispositivo disp ositivo global y coherente de lucha contra la marginación social. En este sentido, el derecho a recursos y  prestaciones garantizados suficientes debe ir acompañado de medidas que favorezcan la

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integración económica y social de las personas beneficiarias, sobre todo en materia de salud, vivienda, formación y acceso al empleo. Ya dentro de nuestras fronteras el debate previo a la elaboración de la primera ley contra la exclusión social se centraba en los aspectos relacionados con la contraprestación y la inserción laboral (CAPV). En ese sentido, uno de los documentos encargados por el Gobierno autonómico con vistas a la presentación del anteproyecto de Ley señalaba que “en la actualidad, el debate en torno a las rentas mínimas garantizadas como instrumento de las políticas de acción contra la exclusión se centra, básicamente, en el análisis de dos cuestiones: por un lado, la relación que conviene establecer entre el derecho a percibir estas garantías de ingreso y los programas de inserción, y por otro, la de la necesidad de priorizar la inserción laboral en sus diversas modalidades” (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996). A partir de ese debate, en 1998, el Parlamento Vasco aprueba la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social. Señalaba, ya en su exposición de motivos el papel esencial que la inserción laboral juega en los  procesos de exclusión y/o de inserción: inser ción: “Es indudable que, en gran medida, los procesos y las situaciones de exclusión, la ruptura del vínculo existente entre el individuo y la sociedad, se derivan de su no participación en el proceso  productivo. En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición sine qua non de la plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. La no participación o la  participación residual en el mercado de trabajo determinan, casi necesariamente, el inicio de un  proceso de exclusión con consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos sociales. En esta dinámica, las carencias y las dependencias no sólo se acumulan o yuxtaponen, sino que se refuerzan mutuamente”. Posteriormente, El II Plan Interinstitucional de Inclusión Social, elaborado en 2007, y la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Exclusión Social conllevan un avance en el reconocimiento de la filosofía de la activación como fundamento de las políticas de garantía de ingresos, en un marco respetuoso con la consideración multicausal de la exclusión. Esta nueva regulación destaca por: 17

1. Consolida el principio de doble derecho, el cual reconoce tanto el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas, como el derecho a recibir apoyos personalizados para la inclusión laboral y social, mediante el convenio de inclusión. 2. Preeminencia del empleo como núcleo fundamental de la inclusión social. Ya anunciado desde la exposición de motivos: “el reconocimiento del papel del empleo como herramienta básica para la inclusión en nuestra sociedad”. 3. Políticas activas de empleo, mediante la inclusión sociolaboral. Las cuales beben de los mecanismos europeas para el empleo, así el Consejo de Europa recomienda la introducción de incentivos fiscales y financieros para que el trabajo sea más atractivo– y que implica un cambio de paradigma, pasando del welfare to work al welfare in work , a través del desarrollo de prestaciones económicas vinculadas a

la participación laboral (in work benefits). 4. Reconocimiento de las situaciones de pobreza aparejadas a los salarios bajos. La Ley abre la puerta a la materialización de algunas de las medidas que  prioritariamente se asocian al concepto de activación al reconocer, en primer  lugar, que las situaciones de pobreza se derivan, de forma creciente, de la  percepción de bajos salarios, lo que erosiona directamente la capacidad integradora del empleo, en la medida en que resulta insuficiente para garantizar el mínimo de recursos económicos que una persona o una familia necesita para mantener un nivel de vida considerado ordinario. De lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que el sistema de RB de la CAPV ha seguido las orientaciones y desarrollos emprendidos en Francia, así como el paradigma de la inclusión social mediante el empleo, como políticas activas orientadas desde la UE.

3.4.- La Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. Origen y características fundamentales. El tratamiento autonómico que se recoge en esta región para promover la inclusión social de sus ciudadanos, tiene como antecedente primigenio el Programa de Ingreso Madrileño de Integración 18

(IMI), que ya desde mediados de 1989 promovió un intenso debate terminológico. Así, la introducción del concepto de exclusión social se produjo a lo largo del proceso de elaboración  programática encargado a un Equipo multiprofesional. Se había encomendado un estudio sobre  pobreza para conocer la población al que iría dirigido. Sin embargo, embar go, una buena parte del trabajo del Equipo se dedicó a su reelaboración. En ese momento se desechó que la población objeto del futuro programa fuese la población pobre. El nuevo planteamiento fue que las rentas mínimas estaban dirigidas a los colectivos en situación de exclusión social, no a los pobres. La reorientación provino sobre todo del grupo de expertos externo y constituyó la orientación definitiva del Programa y uno de sus rasgos característicos (Arriba, 1998)11. Después de diez años de aplicación, en el año 2001 se aprueba la Ley de Renta Mínima de lnserción (RMI)12,descendiente directa del Programa IMI, la cual recogen su preámbulo nociones de igualdad, lucha contra la exclusión social, protección social y otros términos garantistas de un mínimo de protección por parte de los poderes públicos. Desde el IMI, el elemento fundamental es la exclusión social, no únicamente el encontrarse bajo los umbrales de la pobreza. Con la RMI, tal y como viene recogido en su propio articulado, se reconoce a los ciudadanos un doble derecho social: la cobertura económica y el apoyo para la inserción laboral y social de los  beneficiarios de la misma. Se trata de una renta mínima, básica para la población que carezca de medios económicos y capacidades personales, que persigue la integración social efectiva. Con la RMI se persigue una protección más extensa, mediante la que se articula una prestación de carácter complementario y subsidiario, cuya cuantía máxima para el año 2012 es de 532,51  €  para la Unidad de Convivencia. Siendo la cuantía de 375,55  € la establecida para Unidades unipersonales. Corresponde con una prestación sin límite temporal, a diferencia de lo recogido en la mayoría de Rentas básicas (sociales, mínimas, etcétera) que vienen desarrollándose en las diferentes comunidades autónomas. Además, se establece el plazo de 3 meses para la resolución de la solicitud formulada. No obstante, el silencio administrativo resultará negativo.  11

El concepto de exclusión en política social, Ana Arriba González de Durana: 2002, CSIC. Las normas de aplicación y desarrollo de la RMI son: Ley 15/ 2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid; Decreto 147/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid; Resolución 3127/2009, de 21 de diciembre, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento denominado “Solicitud de Renta Mínima de Inserción”; Orden 116/2010, de 8 de febrero, por la que se procede a la aprobación del nuevo modelo normalizado de solicitud de prestación económica de renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid. 12

19

Como se ha señalado, la RMI incluye dos acciones diferencias pero intrínsecamente unidas para la consecución del fin que persigue: la integración social y efectiva de las personas en exclusión de la Comunidad de Madrid; para ello, se establece una prestación económica básica, así como Programas Individuales de Inserción, desarrollados por los servicios sociales municipales. Se  pretende la elaboración de actividades individuales tendentes a actuar y mitigar aquellas circunstancias personales que repercuten negativamente en las personas en exclusión social. Se trata, por tanto, de realizar un plan de intervención que actúe sobre las causas motivadoras de la exclusión social, que pueden ser tanto de carácter personal, social y laboral entre otras. Esta nueva concepción, actuante sobre la exclusión, pretende el restablecimiento de las personas con las que se trabaja a unos mínimos esenciales que les capaciten para su propio desenvolvimiento social.

3.5.- Inclusión Social mediante el empleo, ¿una finalidad irrealizable? Los sistemas autonómicos parten de origen, del paradigma de la inclusión laboral como mecanismo conducente a la inclusión social, no obstante, tal y como se ha señalado con anterioridad, el empleo no garantiza la inclusión social efectiva del sujeto. Todo lo contrario, diferentes estudios señalan como cada vez son más los trabajadores pobres, por lo tanto, ni que decir tiene la situación en la que se pueden encontrar las personas que se encuentran de partida sin trabajo.

Así, es muy clarificador los datos que se arrojan del estudio desarrollado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo: "El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en la Comunidad de Madrid, 2011", en el que se constata que casi una de cada cinco personas en riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid tiene empleo a tiempo completo, lo cual exige medidas de mejora de su empleabilidad para que consigan mejores empleos, mejores salarios y consigan salir de su situación de riesgo; pero también se requiere un mercado de trabajo

20

inclusivo, que genere empleos de calidad que facilite la incorporación al mismo de personas con dificultades y las ayude en sus procesos de inclusión social y laboral13.

Como destaca Serrano Pascual (2009), “la solución que se propone para la mayor parte de los  problemas, tanto individuales como sociales (exclusión social, desigualdad de oportunidades, falta de competitividad, problemas psicosociales, etc.) es la participación en el mercado de trabajo”, de tal modo que el paradigma de la activación se fundamenta en una noción moral del trabajo como deber civil y como prerrequisito de acceso a la ciudadanía. Así, para Crespo (2009), la emergencia del paradigma de la activación se explica en la medida en que “un sistema socioeconómico como el capitalismo, que exige un alto grado de sacrificio a un número cada vez más elevado de personas, sólo resulta posible mediante un masivo trabajo ideológico y ético [Weber] y un proceso de disciplinamiento de los sujetos [Foucault], que podemos caracterizar  como proceso de producción de sujetos dóciles, paralelo y complementario al de producción de mercancías (…). Una de las características de la nueva situación es la exigencia de una cada vez mayor disponibilidad para el trabajo con escasa garantía de estabilidad y una mercantilización  potencial de todos los ámbitos de la vida, incluidos los recursos afectivos y sociales”. En el mismo sentido, para Zubiri-Rey (2009), “en los últimos años, se va abriendo paso a una creciente legitimación de las medidas punitivas contra los parados y los inactivos, promoviendo social e individualmente la responsabilización de los más desfavorecidos de su propia situación y, sobre todo, dando pie a una fuerte presión para que las clases populares aumenten su grado de aceptación de nuevas formas atípicas o precarias de trabajo y de vida”.

“El empleo ha perdido –señala Víctor Renes- su capacidad de protección universal; el mercado de trabajo se ha segmentado y el empleo ha dejado, en sí mismo, de ofrecer una garantía de  protección a todos los trabajadores. tra bajadores. En ese sentido, considero muy importante el cambio que se  13

Centro de Estudios Económicos Tomillo: "El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en la Comunidad de Madrid, 2011.

21

está produciendo en el sentido que, para determinados grupos y en determinadas condiciones, el empleo no genera ya mecanismos de inserción social14”.

En un sentido parecido, Zubiri-Rey (2009) explica que “alterar el precepto beveridgiano de que las rentas mínimas no contributivas pasen de ser un derecho universal a la existencia para convertirse en un dispositivo de activación coercitiva, es una apuesta que no es en sí misma suficiente para salir de la pobreza, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actual coyuntura de recesión y pérdida neta de empleo global, las contrataciones finales dependerán de factores exógenos al sistema de protección y activación elegido por los gobernantes. Una vez más –señala este autor- los economistas ponen el acento en los factores de la oferta de trabajo (responsabilización de los parados e inactivos de su propia situación), cuando hace décadas que los modelos de corte keynesiano nos vienen enseñando que el principal factor de la contratación de trabajadores es la confianza y las expectativas de mercado de los demandantes de empleo (las empresas)”. Para Zubiri-Rey, lo que afirmaba Jean Pierre Hardy hace quince años en relación a la RMI francesa se puede hoy aplicar a los nuevos tiempos de la activación de las rentas mínimas: “¿Para qué mejorar la empleabilidad en una sociedad que ya no crea los suficientes empleos?, ¿no es ésa una forma de acentuar el sentimiento de inutilidad social y de marginación duradera?”15.

Si de lo expuesto coincidimos en que ya, o más bien desde hace algún tiempo, la tenencia de empleo no garantiza ni tan siquiera una inclusión social efectiva, ¿cómo podemos orientar las RB hacia el empleo, tal y como aconsejan desde la UE y así mismo articulan las normas autonómicas, como mecanismo de activación - inclusión social?, ¿cómo sostener que tras las reformas laborales promulgadas en España en los últimos dos años, y lasconsecuencias visibles en la destrucción de empleo que ello ha supuesto, así como un tejido productivo carente de alternativas válidas o plausibles en la actualidad, se puede sostener la hipótesis de que la orientación de las RB deba ser la orientación hacia el empleo?  14

Entrevista en Hilero Eguneratuz, nº 71, 2006.  Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

15

22

 Nos encontramos con un sistema de protección frágil, limitado temporalmente que busca únicamente salvar a un grupo de personas con cierta capacidad y habilidad para el empleo, por lo tanto, se está cercenando el derecho y la posibilidad de proteger a los excluidos sociales: aquellos que debido a causas heterogéneas (por citar algunas: trastornos mentales, aislamiento social, carencia de habilidades sociales, baja cualificación académica, historias laborales deficitarias, adicciones, etcétera) no podrán realizar de manera efectiva la inclusión laboral, viéndose desposeídos de las RB en la mayoría de los casos, lo cual agrava su situación de exclusión y se encuentran desposeídos de mecanismos que reorienten la situación por la que atraviesan.

3.6.- La lógica de la contraprestación en las Rentas Básicas. La lógica de la contrapartida –un elemento básico de la mayor parte de los programas españoles de rentas mínimas- se plantea también a menudo como una dificultad añadida para los propios  procesos de inserción. En efecto, según Pérez Eransus (2006), la experiencia de trabajo en incorporación sociolaboral en los últimos años viene demostrando que la vinculación, como contrapartida, del derecho a la prestación económica y del derecho a los programas de inserción “tiene más efectos negativos que positivos. En primer lugar los programas de garantía de ingresos y la aplicación de recursos de incorporación sociolaboral deben seguir lógicas distintas. Desde la perspectiva de renta mínima no tiene sentido la realización de una contrapartida, más aún si hablamos de una prestación económica de subsistencia de familias que ya cumplen los requisitos de acceso. Además la prestación económica es, como hemos defendido previamente, en sí misma integradora”. A su juicio, “desde la lógica de la inserción social y laboral de colectivos en situación de exclusión la eficacia suele venir de la mano del trabajo personal de negociación, de incentivación, de motivación.

Sin embargo, el hecho de que la realización de actividades de inserción sea condición obligatoria  para el cobro de la prestación, lejos de permitir este proceso de motivación conlleva dinámicas 23

 perversas de obligatoriedad, imposición de actividades, amenaza de cese de cobro de la  prestación, etc. De ahí que el trabajo de inserción no llegue a ser eficaz para muchas personas en situación de exclusión. Por tanto se reconoce la necesidad de separar ambas lógicas: garantía de ingresos e inserción social”16.

Tal y como señala Urteaga (2009), “la instauración de la renta mínima de inserción francesa se fundamenta sobre el reconocimiento de un derecho y rompe con la lógica asistencial previa. Se trata de una prestación concedida a toda persona con la condición de carecer de los recursos necesarios para vivir dignamente. Es incondicional, no contractual y sin contrapartida. Además, la ley prevé la puesta en marcha de un contrato de inserción. La articulación entre la ayuda y el contrato es el objeto de numerosos debates a partir de la puesta en marcha del dispositivo. Para algunos, la ayuda social es incondicional y no puede estar vinculada a un contrato, obedeciendo a la lógica del Estado de bienestar. La inserción depende más de las condiciones generales del mercado laboral que de la sola voluntad de una persona. Para otros, sin embargo, la existencia de una contrapartida indica un abandono de la lógica de asistencia. Es la lógica anglosajona del workfare, que vincula la ayuda al trabajo y que condiciona la obtención de la ayuda a la firma y

al respeto de un contrato de inserción. La jurisprudencia que se desarrolla tiende a dar la razón a los primeros, en la continuidad de la tradición francesa, conduciendo los partidarios de la segunda perspectiva a desarrollar un discurso sobre la asistencia”. La originalidad de esta nueva versión consiste en establecer una estrecha relación entre una  prestación económica universal de carácter subsidiario y complementario, cuya percepción constituye un verdadero derecho, y un programa de inserción basado en un compromiso de naturaleza contractual entre el individuo y la sociedad. Este compromiso no constituye una contrapartida obligatoria en términos de trabajo, sino un derecho a la inserción social y  profesional del beneficiario, benef iciario, que se traduce tradu ce en un deber debe r de inserción para el e l colectivo social. La inserción se entiende en un sentido amplio y comprende fundamentalmente dos categorías de acciones: por un lado, las llamadas acciones dirigidas a fomentar la "autonomía social" del individuo y de su familia (tratamiento médico, curas de desintoxicación, apoyo social a familias desestructuradas, participación en planes de vivienda social, etc.); por otro, las destinadas a  16

Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV 24

facilitar la inserción o reinserción profesional: trabajos en favor de la comunidad, programas de formación y cualificación profesional, y prioridad en el acceso de determinadas modalidades de contratos laborales (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996).

25

4.- Hipótesis de la investigación. La cuestión de la pobreza y la exclusión social en España parte, según quien expone, de un  planteamiento deficitario en cuanto al desarrollo de nuestro Estado de Bienestar, lo cual produce mayores tasas de pobreza y exclusión social que en países de nuestro entorno. Asimismo, el estado autonómico español tal cual está configurado conlleva innumerables  problemas tanto legales como en cuanto a derechos reconocidos se refiere. Y es aquí donde entran en acción las Rentas Básicas autonómicas. Nos encontramos, como podrá verse en los apartados que siguen, ante un desarrollo prestacional – garantía (derecho) de marcado carácter  fragmentario y disperso que adolece de una regulación integral, quedando su desarrollo a voluntad política y de cada comunidad autónoma. Lo cual, como sabemos, genera desigualdades entre los españoles. Por lo tanto, estamos ante un grave problema social de desestructuración y desigualdad social. Las Rentas Básicas (mínimas) son el último sistema de protección ante la adversidad y la dificultad que atañe al individuo para poder satisfacer  per  per se las necesidades básicas de la vida diaria, como consecuencia de encontrarse en dinámicas socialmente excluyentes. Las hipótesis que se mantienen en este estudio son las siguientes: i.

Existe un marcado subdesarrollo del estado español en su Estado de Bienestar, el cual está suponiendo mayores tasas de desempleo y un gran número de excluidos sociales que en etapas anteriores.

ii.

El sistema autonómico sobre el que recae el desarrollo de Rentas Básicas es tremendamente desigual y es deficitario para la mayoría de las comunidades autónomas, no consiguiendo por su configuración y recursos que brinda, la inclusión social de los colectivos para los que se implementa.

iii.

Las Rentas Básicas se encuentran orientadas hacia la inclusión laboral como mecanismo básico y nuclear para la inclusión social de los beneficiarios de las mismas, lo cual resulta ser un error y conlleva la exclusión de posibles perceptores de RB, agravando aún más si cabe la situación de los posibles beneficiarios. 26

iv.

Asimismo, y como consecuencia de la situación económica actual, existe un aumento

notorio de solicitudes de RB así como, en el otro lado de la balanza, mayores exigencias, requisitos y pérdida protectora como consecuencia de no existir un correlato entre el aumento de las solicitudes-perceptores y el presupuesto destinado.

27

5.-Metodología: 5.1.- Objetivos. En los siguientes apartados se analizará la evolución de la pobreza en España en el último quinquenio (2006-2011). También se tendrá en cuenta las últimas crisis económicas y su repercusión en la pobreza y el desempleo en España. Existe, desde la óptica de quien suscribe, una relación unívoca entre la crisis económica actual y el retroceso que empiezan a experimentar las RB autonómicas, y esto en cuanto menor cobertura económica, aumento de los requisitos, aumento del plazo para resolver las solicitudes de RB, así como un creciente número de excluidos que se ven imposibilitados de acceder a este sistema último, disperso y frágil que representan las RB autonómicas. El objeto del estudio, por tanto, es exponer por un lado, cómo la crisis económica actual está afectando a los excluidos sociales, colectivo cada vez mayor y con menor protección pública como consecuencia de las limitaciones presupuestarias así como de las reformas normativas en las RB. También se cuestionará la primacía de la inclusión laboral como mecanismo  primordial para la activación / inclusión social de las personas que acceden a las RB. Las CCAA han desarrollado normas que ponen el acento en el acuerdo o contrato para la inserción laboral, siendo ésta la seña de identidad de las RB, más que la inclusión social efectiva como finalidad prioritaria. Como se expondrá en los apartados que siguen a estas líneas, el excluido social en muchas ocasiones se ve imposibilitado para acceder al empleo  por diferentes causas invalidantes, lo que conlleva la exclusión del excluido en el acceso a este sistema de protección autonómico de RB. Asimismo se expondrá la situación de nuestro frágil Estado de Bienestar, el cual no está lo suficientemente desarrollado como para garantizar la inclusión social y la satisfacción de las necesidades más básicas de un grupo de personas cada vez más numeroso en nuestro país. La tan repetida crisis económica, que impregna, contagia e influye en todos los estratos sociales, económicos, políticos, mediáticos y culturales, ha producido notables cambios en un 28

corto espacio de tiempo que está significando una modificación sustancial de los programas de RB, así como un aumento desmesurado de la población pobre y excluida. Por lo tanto, el objeto de este informe no es otro que el de señalar aquellas novedades y consecuencias que la tríada: crisis económica, aumento de las tasas de desempleo y reformulación de las RB en las CCAA, está acarreando para un conjunto de población cada vez más numerosa, y cada vez más desplazada y excluida socialmente. De forma sintética, se presenta como objetivo general el análisis y configuración de las RB en el último quinquenio (período 2006-2011). Mientras que como objetivos específicos caben señalarse: a) Evolución de las RB en España.  b) Situación del Estado de Bienestar español y su subdesarrollo. c) Estado actual del desempleo y la pobreza en España. d) Cuestionamiento del eje fundamental de la inserción laboral como mecanismo nuclear para la integración social de los perceptores de RB.

5.2.- Tipo de Investigación. El presente proyecto se ha desarrollado siguiendo la investigación cuantitativa, por cuanto se  basa y apoya en el e l análisis de datos, fuentes y estadísticas de d e este tipo. Se han recogido r ecogido los datos da tos más destacados que resultaban de interés para expresar las conclusiones aquí vertidas, siguiendo una orientación objetiva y descriptiva de la realidad social expuesta.

5.3.- Trabajo de Campo. Dicha tarea ha sido llevada a cabo analizando fuentes oficiales en relación con el objeto de estudio (pobreza, exclusión social, desempleo, PIB, datos presupuestarios, etcétera).

29

5.4.- Variables del Estudio. Por lo expuesto en los apartados anteriores, se han empleado indicadores existentes como renta  por cápita, PIB, tasa de desempleo y pobreza, paneles de hogares, presupuestos autonómicos,  población, y otras fuentes fue ntes oficiales tanto de administraciones públicas púb licas como las recogidas recogida s en los diferentes estudios sociales sobre las RB que han resultado de mayor interés.

5.5.- Técnicas de Análisis de los Datos. Se parte de estudios retrospectivos, así como se han realizado algunas prospectivas sobre la  posible evolución del desempleo, la pobreza y la exclusión social en España. También se han realizado aproximaciones a la situación que se puede desarrollar en los próximos años respecto las RB debido a la situación económico-social actual.

30

6. Presentación de resultados, discusión, conclusiones. 6.1. Presentación de resultados. En los siguientes apartados se hará un desglose de los datos más significativos que han sido analizados y recopilados para la elaboración de este proyecto.

6.1.1.- Evolución del desempleo y la pobreza en España, especial mención a las dos crisis económicas más destacadas de finales de siglo XX. Como se ha señalado, en la exclusión social pueden convivir una serie de factores heterogéneos y complejos, y no únicamente la carencia de recursos económicos. No obstante, la ausencia de los mismos resulta determinante como elemento identificable de situaciones de exclusión social. Por  ello, veamos cuál ha sido la evolución de las tasas de desempleo en España, y su correlato en la  pobreza de los residentes residen tes en nuestro país, haciendo especial e special énfasis énf asis en dos períodos pe ríodos críticos c ríticos que nos han precedido, como son la crisis de los años 80 y 90 del siglo pasado.

A continuación se detalla el total de personas activas y los desempleados para una muestra

de años coincidentes con épocas de contracción económica en España: Tabla 1.- Evolución del desempleo en el período 1980-2011. AÑO

1980

1985

1991

1994

2006

2007

2008

2011

ACTIVOS

13464,6 (*)

14080,8

15668,1

16134,8

21812,4

22404,5

23064,7

23081,2

PARADOS

1674 (*)

3024,4

2653

3856,7

1810,6

1927,6

3207,9

5273,6

* En miles de personas, fuente INE.

El primer período 1980-1985 fue objeto de los primeros estudios científicos sobre pobreza en España, con anterioridad (década de los 60 y 70) existió algún análisis, pero fue el informe de EDIS-Caritas sobre Pobreza y Marginación (1984) uno de los más destacados en primer término. 31

En él se estimaba la existencia de alrededor de ocho millones de individuos pobres en España, lo que generó sorpresa y, sin duda, estimuló el interés por la investigación sobre la pobreza en nuestro país.

Uno de los elementos que más discusiones ha supuesto es el método utilizado para establecer el umbral de pobreza. Han sido numerosos en las últimas décadas los métodos empleados. Así, el INE viene implementando la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) iniciada en enero de 2006, que sustituye a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) base 1997, que con periodicidad trimestral se realizó hasta 2005, constituyendo la principal fuente para el estudio de la pobreza en España. Se trata de grandes encuestas (24.151 hogares en la EPF para los años 1973-1974,23.971 hogares en la EPF de 1980-1981 y 21.155 hogares en la EPF de 1990-1991) que han permitido estudiar la pobreza teniendo en cuenta los niveles de renta y gasto de los hogares españoles, a la vez que examinar la distribución territorial de la pobreza a través de análisis desagregados. También se han ido tomando en consideración las diferentes metodologías que a nivel europeo han venido implementándose (PHOGUE: Panel de Hogares de la UE), y otras.

Al objeto de simplificar y exponer sucintamente cuál ha sido la tasa de pobreza en España en las últimas décadas, se relata a continuación una escueta síntesis de las conclusiones de los

estudios realizados más significativos: Tabla 2.- Tasas de pobreza en épocas de contracción económica.

AUTOR

METODOLOGÍA

Ruiz-Castillo (1987)

Años estudiados 1980-81 . Gasto per capita. Hogares pobres: 14,4%. Línea 50% gasto per capita medio.

Fernández-Morales

et

RESULTADOS Individuos pobres: 17,0%.

al. Años estudiados 1980-81 y 1990-91 . Ingreso Hogares pobres: 21,0%

(1988), Martín-Reyes et al.  por hogar. hoga r. Línea 50% ingreso ingre so por hogar medio. (1989) y García-Lizana y

Estudio de la distribución territorial de la

Martín-Reyes (1994)

 pobreza.

Escribano (1990)

Años estudiados 1973-74, 1980-81 y 1985-

(80-81) y 19,4% (90-91).

Hogares pobres: 18,9%

32

87(ECPF). Gasto per capita. Línea 50% gasto (73-74), 17,9% (80-81),  per capita medio. me dio.

18,3% (85), 17,6% (86), 16,0% (87).

Ayala et al. (1993) y Ruiz-

Años estudiados 1980-81 y 1990-91 . Ingreso y Hogares

Huerta y Martínez (1994)

gasto por adulto equivalente (escala OCDE). gasto: 19,7% (80-81) y Línea 50% gasto o ingreso equivalente medio.

pobres

según

18,6% (90-91).

Comparaciones internacionales a partir de datos Individuos pobres del Luxembourg Income Study.

según gasto: 19,6% (8081) y 17,9% (90-91).

Como se puede apreciar, el estado de la pobreza en España, durante las 2 últimas etapas de contracción económica ha conllevado elevadas tasas de desempleo (aunque constantes) y unas cifras de pobreza por encima de la media de la UE-15. Estos datos, como así lo han subrayado distintos estudios, han conseguido reducirse como consecuencia de políticas redistributivas. Así, Ayala (2008) destaca que, mientras que en las décadas de los setenta y ochenta éstas tuvieron un  papel determinante, desde d esde comienzos de los años año s noventa el nuevo patrón distributivo en España Españ a se ha caracterizado por una relativa estabilidad en la desigualdad de las rentas de mercado sin mejoras visibles en la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias. Esto explica, en  parte, la resistencia a la baja de las tasas de pobreza, junto con las debilidades del sistema de  prestaciones sociales so ciales específicamente destinadas a combatir la insuficiencia de recursos. A pesar  de la extensión de la red de protección, ésta presenta importantes diferencias por grupos de  población y sigue resultando insuficiente para rebajar los altos niveles de precariedad de la sociedad española17.

Vayamos un paso más allá, y empecemos a desglosar cuál es la situación del estado de la  pobreza y el desempleo en España en el último quinquenio.

 17

Estudios de economía aplicada, Vol. 27-2, 2009. Salvador Pérez Moreno: El estudio de la pobreza en España desde una óptica económica: medición y políticas. 33

6.1.2.- Evolución del desempleo y la pobreza en España en el último quinquenio (2006-2011). En este apartado, y siguiendo el hilo conductor, se expondrá la repercusión que la grave crisis económica actual está acarreando para un importante conjunto de la población española. No en vano, España encabeza la UE en cuanto a personas sin empleo se refiere, situándose en un 24,44% de la población en desempleo, muy por encima de la media (10,8%) de los países que componen la UE18. Por lo tanto, cabe señalar que dicho desfase respecto los países de nuestro entorno debiera conllevar como sostén básico, una mayor protección por parte del Estado en cuanto a transferencias públicas para corregir dicha situación, lo que repercutiría positivamente en una mayor integración social de aquellos estratos sociales más vulnerables, por lo tanto debiera traducirse en mayores esfuerzos económicos del Estado (gasto público social en  proporción al PIB). No obstante lo anterior, a pesar de que la media de gasto en protección p rotección social en porcentaje de PIB (2008) se situó en torno al 26,4% para los países de la UE-27, España ocupó una de las últimas posiciones al dedicar únicamente el 22,7% de su PIB en dicho gasto19.

A mayor abundamiento de lo aquí expuesto, durante el largo periodo de crecimiento económico continuado en España (período 2000-2007), se ha venido asistiendo a una progresiva degradación de la capacidad protectora del conjunto del sistema de garantía de ingresos mínimos.  No se ha reducido mucho el gasto real total (en euros constantes): unos 25 millones entre 2000 y 2007, pero eso, en una economía que crece rápidamente supone una reducción importante de la  participación en el PIB: 2,4 décimas d écimas menos en el periodo considerado. Podría argumentarse a rgumentarse que la bonanza económica reduce las necesidades sociales, pero sabemos que la tasa de pobreza se ha mantenido bastante constante (entre el 18,4 y el 19,7% en este periodo). En relación con el volumen de población bajo el nivel de pobreza, el número de prestaciones del sistema de garantía de ingresos mínimos se ha reducido un 22,5% y el gasto real en un 17% aproximadamente.

 18

Datos de EUROSTAT e INE. Trabajo Social en perspectiva comparada, Alfredo Hidalgo Lavié, EDIASA 2011.

19

34

En este momento, la intensidad con la que se ha mostrado la crisis económica desde el segundo semestre de 2008 y la rapidez con la que se han visto sus efectos en el mercado de trabajo  primero y en la situación social de d e los hogares después han puesto de manifiesto las principales debilidades de nuestro sistema de protección social en lo que se refiere a la garantía de ingresos mínimos. El debate político ha recogido el tema, tratando de responder a una demanda social latente que exige buscar los medios para evitar que la crisis económica lleve a los desempleados a una situación de exclusión social que sería más difícil de abordar en el futuro20.

Sin embargo, todo apunta a que la incidencia de la crisis y la carencia de recursos suficientes están produciendo una grave fractura social. Veamos cómo ha evolucionado el desempleo en

España en los últimos años: Tabla 3.- Evolución del desempleo en el período 2006-2011. AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Abril 2012

ACTIVOS

21812,4

22404,5

23064,7

22972,5

23104,8

23081,2

23072

DESEMPLEADOS

1810,6

1927,6

3207,9

4326,5

4696,6

5273,6

5639

PORCENTAJE

8,3%

8,6%

13,91%

18,83%

20,33%

22,85%

24,44%

* En miles de personas, F uente INE, EPA .

Los datos anteriores ponen de relieve la magnitud y gravedad de la actual situación de crisis económica que azota España. Además, tal y como ya empieza a publicarse en los más recientes estudios, la situación repercute muy notoriamente en los más desfavorecidos, provocando una "hemorragia social", una fractura social que no parece cesar, sino todo lo contrario.

Por otro lado, la evolución que ha experimentado el desempleo en las distintas CCAA ha sido también muy desigual. Así, el País Vasco presenta las tasas más bajas del conjunto del Estado. Además, tal y como se señala desde Lambide, la contribución de la RGI al mantenimiento de  puestos de trabajo tra bajo es también evidente. Así, según los datos recogidos, rec ogidos, la contribución de la RGI ha supuesto el mantenimiento de 26.700 puestos de trabajo, por lo que de no haberse aplicado  20

Encuentro de expertos en Inclusión Social en Murcia IntegrACTÚA, basado en un trabajo previo: Laparra y Ayala (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social. 35

dichos incentivos mediante la RGI, la CAPV contaría con 160.200 desempleados, lo que representa pasar de un porcentaje de desempleo del 13,55% al 16,22% (diferencia de 2,67 puntos  porcentuales debido a la RGI).

Por otro lado, las tasas de riesgo de pobreza, aunque en España, tal y como se ha mencionado, se han mantenido constantes en torno al 18-19% en las últimas décadas debido a la escasez de  políticas redistributivas re distributivas en los períodos precedentes de auge a uge económico e conómico (2000-2007), presentan, como consecuencia de la virulencia de actual crisis, mayores porcentajes que en épocas  pretéritas: Tabla 4.- Evolución tasa de riesgo de pobreza, período 2006-2011.

AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

19,9

19,7

19,6

19,5

20,7

21,8

< DE 16 AÑOS

23,8

23,4

24

23,3

25,3

26,5

> DE 65 AÑOS

19,4

19,5

21,5

25,2

21,7

21,7

 En tanto por cie rto. Fuente INE, Encuestas de Condici ones de Vida.

Como dato positivo cabe señalar que el descenso pronunciado en el porcentaje de mayores de 65 años en riesgo de pobreza, que se reduce prácticamente en 4 puntos porcentuales en el año 20092010 parece corresponderse con el esfuerzo económico en aumentar las pensiones públicas21. Por  contra, se aprecia un incremento sostenido de la tasa de pobreza entre los menores de 16 años.

Por todo lo expuesto, de lo visto en estos dos últimos epígrafes podemos señalas una serie de conclusiones generales sobre la pobreza en España en las últimas situaciones económicas adversas: 

Madrid: Foessa. 21 Revalorización de las pensiones para 2009: Las pensiones subieron desde enero entre un 2,4 por 100 y un 7,2 por  100. Las mínimas, que reciben más de dos millones y medio de pensionistas, ascendieron entre un 3,4 por 100 y un 7,2 por 100. Los pensionistas recibieron a finales de enero, además de la nómina mensual, una paga de compensación por la desviación de la inflación en 2008. Fuente: Gobierno de España.

36

1) En períodos de contracción económica, y como consecuencia del escaso desarrollo productivo español, las tasas de desempleo se disparan, encabezando las tasas de paro de toda la UE. 2) El gasto público social en España, con una media de 4 puntos porcentuales inferior a la media de la UE, impide contrarrestar las tasas de pobreza, muy dependientes de las  políticas públicas que se desarrollen. 3) La tasa de pobreza en España se ha mantenido constante durante las últimas décadas en torno al 19%. Durante la etapa boyante de 2000-2007 las políticas llevadas a cabo no incidieron en su descenso, por lo que en apenas 4 años se ha experimentado un incremento de más de 2 puntos porcentuales. Según los datos provisionales del INE, España cerró el año 2011 con una tasa de pobreza del 21,8% (1,1% más que en el año 2010), por lo tanto cabe suponer que para el año 2013 la tasa de pobreza ronde los 23  puntos porcentuales, y esto como consecuencia de encontrarnos en una situación económica muy delicada (24,44% de desempleo en el primer trimestre de 2012; 1.72 millones de hogares con todos sus miembros en activo en paro; prolongación de la crisis económica en el tiempo que incide en la pérdida de prestaciones o subsidios a los que acceder; agotamiento de las RB por parte de un cuantioso colectivo de excluidos como consecuencia de la limitación temporal que suelen recoger las normas autonómicas de RB).

Una vez dibujado brevemente el panorama del desempleo y la pobreza en España en la actualidad, pasamos a analizar las Rentas Básicas en el estado autonómico español.

6.1.3.- Análisis comparativo de las Rentas Básicas en España. Especial mención de la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

37

El sistema de RGI de la CAPV es el más desarrollado de cuantos existen en nuestro país. Asimismo y como se verá en las próximas líneas, el gasto presupuestario que se dedica a las RB ronda algo más del 2% del presupuesto autonómico, siendo de lejos la CCAA que más recursos dedica. Antes de centrarnos en los datos disponibles, cabe señalar las novedades legislativas que se han introducido por medio de la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley  para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. En primer lugar, y como ya venía

señalándose en las normativas anteriores, se vincula la percepción de la RGI al establecimiento con la persona titular de un convenio de inclusión activa (artículo 15, inclusión laboral y social), añadiéndose el siguiente tenor “Garantizar el acceso al mercado laboral de las personas empleables y perceptoras de la renta de garantía de ingresos”. El marcado carácter de activación laboral adquiere ahora más énfasis. Además, desde la CAPV se transfirió la RGI hacia el servicio vasco de empleo (Lanbide), aunque dicha modificación ha contado con bastante aceptación debido al desahogo que ha supuesto para los Servicios Sociales de base, así como para la activación laboral de los perceptores de las prestaciones de garantía de ingresos.

Asimismo, se añade un nuevo párrafo en cuanto al período de empadronamiento requerido, “[si no se] llega a tres años de empadronamiento, se deberá acreditar mediante la correspondiente vida laboral al menos cinco años de actividad laboral remunerada, exceptuándose aquellas  personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico.” Lo cual escenifica nuevamente la primacía del empleo y la actividad laboral en los años precedentes a la solicitud, impidiendo su ejercicio efectivo para un conjunto elevado de excluidos debido al carácter contributivo que adquiere.

Por lo tanto, se han acometido una serie de reformas en la ley de 2008 que dificultarán el acceso a la RGI que viene desarrollando la CAPV, así, y según Caritas Euskadi, unas 3000 personas no  podrán acceder en el año 2012 a la RGI como consecuencia de las modificaciones implementadas. Si esto viene ocurriendo en el sistema de RB más desarrollado de España, ¿cuál es el panorama en otras CCAA en las que apenas dedican recursos para los excluidos? Además,

38

tal y como viene sucediendo en el resto de CCAA, el presupuesto se ha visto reducido para el  presente año 2012 en un 7%. Veamos la evolución que ha experimentado la RGI.

Teniendo como referencia el período 1996-2009, podemos constatar el incremento considerable de perceptores de la RGI, así, en el primer año de la muestra, se concedieron 16,052  prestaciones, manteniéndose constante durante el período 1996-2000. Desde ese año, debido también a las reformas llevadas a cabo, el incremento ha sido constante, y con la incidencia de la crisis, el repunte ha sido muy acentuado tal y como refleja la siguiente tabla: Tabla 5.- Evolución del número de perceptores de RGI, período 1996-2011.

Año

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Prestaciones

16052 16264 16550 21454 28889 31654 33824 36004 39715 48449 55020

 Fuente: CAPV 

Por otro lado, se puede constatar cuál ha sido la evolución de la cuantía económica media

anual de la RGI: Tabla 6.- evolución de la cuantía económica media anual de la RGI, período 1996-2009.

Año

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Importe* 2566

2585

3197

4282

4333

4567

4671

4825

5115

4718

* En euros. Fuente: CAPV 

Como puede observarse, tenemos por un lado una evolución ascendente en la cuantía media de la  prestación durante du rante el período 1996-2008, 1996 -2008, así como un descenso en el último año. No obstante, a falta de datos de los años 2010 y 2011, sí podemos afirmar que debido al aumento en la demanda de la RGI, así como al descenso de la partida presupuestaria (7% en 2012), nos encontramos en un nuevo escenario marcado por: a) El aumento galopante de la tasa de desempleo. Para la CAPV se encuentra en el 13,55%, la más baja del Estado. Igualmente ha experimentado el aumento menos 39

sangrante del conjunto del Estado. En el período 2006-2011, el desempleo en Españase ha multiplicado un 291% de media, mientras que para la CAPV dicho incremento, favorecido asimismo por la repercusión de la RGI a la hora de mantener puestos de trabajo, ha supuesto que dicho aumento porcentual sea del 187%. Si descontamos los 26700 puestos de trabajo que se han mantenido como consecuencia de las medidas aplicadas vía la RGI, dicho porcentaje sería del 225%, pasando de 133.500 desempleados hasta 160.200.  b) Una limitación presupuestaria que puede ocasionar graves consecuencias dentro de la CAPV debido a la condición de derecho subjetivo reconocido, de momento una reducción del importe mensual a percibir. Continuamos el análisis con el importe de las RB en España, comparativa por CCAA. Año 2010. Como puede observarse la diferencia entre CCAA es muy relevante. Gráfico 1: Importe de las RB por CCAA ( Fuente: CAPV) :

En la siguiente tabla se realiza una comparación de los datos correspondientes a la RGI vasca con las rentas mínimas existentes en las demás comunidades autónomas, lo que pone de manifiesto las diferencias existentes tanto en lo que se refiere a la cuantía básica (640 euros, frente a 408 euros de media en el conjunto del Estado) como a su dotación presupuestaria. Además, casi un tercio de todas las personas beneficiarias de rentas mínimas en España, y un

40

42% del total, corresponden a la CAPV, y esto a pesar de contar con la tasa de desempleo y  pobreza más baja de todo el reino de España. Es paña. Gráfico 2: Importe de las RB por CCAA, titulares por sexo y presupuesto ( Fuente: CAPV) :

En la siguiente gráfica se puede apreciar el gasto mensual en RB por hogar en riesgo de pobreza en España: Gráfico 3: Gasto mensual en RB por hogar en riesgo de pobreza ( Fuente: C APV):

 Fuente: CAPV  41

Cobertura del sistema de rentas mínimas por CCAA. Indicadores relativos a la población  beneficiaria del sistema:  Fuente: C APV): Gráfico 4: Cobertura según tipología de la población beneficiaria ( Fuente:

Un análisis del gasto por CCAA en 2007, se evidencia la desigualdad existente entre las mismas mismas a la hora de dotar a las RB de los recursos económicos suficientes para su desarrollo. De poco sirve tener en papel una prestación o derecho, cuando en la práctica se carece de los recursos necesarios para su implantación. Para un grupo de CCAA el gasto presupuestario resulta simbólico, destinando menos del 0,05% del total presupuestario para la CCAA. Este es el caso de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Valencia). Luego estaría un conjunto de CCAA que destinan un porcentaje aún insuficiente del 0,5% como en Madrid, Cataluña, Asturias y Melilla. La excepción, como no podía ser de otra manera la constituye el País Vasco que dedica un 2,13% del total de su presupuesto, de ahí, que de todas las RB en vigor en España, el 43% se concedan en dicha CCAA22. Se relaciona tabla explicativa: Gráfico 5: Gasto en RB y porcentaje de beneficiarios. Fuente: Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA: una evolución conjunta de su evolución y alcance. Ana Arriba, 2009.

42

Gráfico 6: Número de personas titulares y de personas beneficiarias de las RB por CCAA:

 22

Gestión y análisis de políticas públicas, INAP: Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA: una evolución conjunta de su evolución y alcance. Ana Arriba, 2009. 43

La cobertura de la RGI en la CAPV es, para el año 2009, de 48 personas beneficiarias por cada mil habitantes, mientras que la cobertura media española es de 9. Además 11 de las 17 CCAA registran tasas de cobertura inferiores a 10. Por otro lado, su sistema de RMI, alcanza en el País Vasco a uno de cada 42 habitantes,

frente a los 147,6 de media estatal, siendo en este aspecto la Comunidad que presenta una mayor cobertura, muy por delante de cualquier otra. De la misma manera, la cuantía de estas

Rentas es superior en el País Vasco a la media estatal, ya que el porcentaje que supone el gasto medio por titular, en relación con la renta media por hogar en esta Comunidad, es del 15,46%, frente al 12,09% que representa a nivel estatal23. Se desglosa a continuación las RB. Cobertura. Ratio de perceptores (miembros dependientes) de rentas básicas por habitantes, datos del estudio DEC 2012: Tabla 7.- Perceptores de RB según ratio de población.

TOTAL

HABITANTES

PERCEPTORES RB

Ratio x habitantes

Total España

47.021.031

318.662

147,6

Andalucía

8.370.975

83.064

100,8

Aragón

1.347.095

7.904

170,4

Baleares

1.106.049

4.538

243,7

Canarias

2.118.519

9.984

212,2

Castilla y León

2.559.515

4.655

548,7

Cataluña

7.512.381

79.341

94,7

Valencia

5.111.706

4.929

567,5

Extremadura

1.107.220

3.895

284,3

Madrid

6.458.684

28.269

228,5

Navarra

636.924

9.749

65,3

País Vasco

2.178.339

51.905

42,0

La Rioja

322.415

1.287

251,0

A continuación la cuantía. Porcentaje que supone el gasto medio por titular en relación con la renta media por hogar en la Comunidad Autónoma. Nuevamente, nos referimos a los datos  23

Índice de desarrollo de los Servicios Sociales, Índice DEC 2012. Asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales.

44

aportados por el estudio DEC 2012, tomando como referencia el INE: encuesta de condiciones de vida 2010, así como el Informe de Rentas Mínimas año 2010, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Tabla 8.- Gasto en RB.

Total

Renta media por hogar

Gasto por titular de la

en la CCAA

RB

Total España

Porcentaje 12,09%

Andalucía

22.754

2.159

9,49%

Aragón

26.634

2.935

11,02%

Baleares

25.859

2.613

10,10%

Canarias

22.397

3.612

16,13%

Castilla y León

24.888

4.769

19,16%

Cataluña

27.834

5.278

18,96%

Valencia

24.982

3.135

12,55%

Extremadura

19.858

1.406

7,08%

Madrid

30.468

3.929

12,90%

Navarra

34.409

4.142

12,04%

País Vasco

30.456

4.708

15,46%

La Rioja

25.420

2.214

8,71%

La repercusión positiva que lleva aparejada la RGI respecto el mantenimiento de empleos, es otro de los puntos positivos que se aprecian en la CAPV. Así, y según los datos recogidos un 40% de los empleos mantenidos (no destruidos) vía la contribución de la RGI es de 26.770  puestos de trabajo de manera directa o indirecta, tal y como se señala a continuación: Tabla 8.- Mantenimiento de puestos de trabajo vía RGI. Fuente: Estudio comparado del impacto de las prestaciones de garantía de ingresos en el estado de bienestar de Euskadi y de España, CAPV, 2009.

45

6.1.4.- Evolución de la RMI en la Comunidad de Madrid durante el período 20062010. A continuación se describirán los principales elementos recogidos en los Balances que la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid viene mostrando. Para el objeto que nos ocupa, se han analizado los datos disponibles de los años 2006, 2008 y 2010. Tabla 9.- Evolución presupuesto RMI, importe y solicitudes. AÑO

PRESUPUESTO *

IMPORTE **

SOLICITUDES

CONCESIONES

DENEGAC IONES DENEGACIONES

CANCEL ACIONES

2006

46.900.000

510  €

3.516

1730

770

893

 €

2008

41.242.987,24  €

516,9  €

3.467

1.434

780

941

2010

58.985.110,54  €***

532,51  €

9.384

4.670

2.100

2.213

2011

66,000,000  €****

532,51  €

2012

54,200,000  €

532,51  €

* Hace referencia únicamente a la partida presupuestaria destinada para el pago de la prestación económica. ** Importe máximo a percibir por Unidad de Convivencia para dicho año. *** La partida presupuestaria iniciar fue de 48.000.000,00 €  , al ver se increm entada la deman da, el 9 de septie mbre  se aprob ó una am pliación de más d e 11 mill ones de € . **** El presupuesto se vio ampliado en 12 millones adicionales para hacer frente al incremento de solicitudes aprobadas.

De la tabla anteriormente expuesta, así como de los datos recogidos de los diferentes balances, se  pueden extraer las siguientes conclusiones: conclusione s: a) En primer lugar la partida presupuestaria destinada al pago de la RMI ha ido aumentando de manera progresiva, así respecto el año 2009 (cuya partida ascendió a 47.680.083,67 €, para el año 2010 el incremento, una vez sumada la ampliación de crédito, supuso un 23.71% respecto el año anterior. Con todo, vemos como en los últimos 5 años el incremento presupuestario asciende 12.085.110  €.  b) Además, el importe de la prestación también se ha visto incrementado, llegando hasta el IPREM actual. No obstante, parece insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, máxime cuando de los balances analizados se constató que la mayoría de las familias perceptoras de la RMI viven en régimen de alquiler (el 46

45,77% del total para el año 2010; 42,71% para el año 2008; 43,51% en el año 2006). c) Los porcentajes de cancelaciones y denegaciones se han mantenido constantes en los años de referencia, sin que se aprecien cambios sustanciales. Así, las solicitudes denegadas han oscilado entre el 21,9% de 2006, el 22,49% de 2008 y el 22,37% de 2010. d) En la siguiente tabla puede verse la correlación que guarda el aumento de la tasa de desempleo en la Comunidad de Madrid con el incremento de solicitudes de la RMI, con la salvedad del año 2008. Tabla 10.- Comparativa evolución del desempleo y el número de solicitudes de RMI.

AÑO

TASA DESEMPLEO

SOLICITUDES

2006

210.500

3.516

2008

345.300

3.467

2009

498.500

7836

2010

542.000

9.384

2011

623.300

10.700 *

aportad os para el 2011 son una estimación estimaci ón debido a que q ue se carece de la cifra exacta. Para ello se ha *  Los datos aportados tomado como referencia la tasa de paro de los años anteriores junto al número de solicitudes de la RMI existentes  para cada año a ño.  Los datos d atos de d e la EPA del primertrime pr imertrime stre de d e 2012 201 2 arroja arro ja un aumento del desempleo d esempleo escaso (se situó si tuó en 632.600 personas).

e) Efectivamente, si extrapoláramos los datos del número de solicitudes para cada año, tenemos como por dicho número y para el año 2010 correspondería una tasa de desempleo de 561.812, prácticamente la misma cifra que la real (542.000). f) En el año 2006 se tramitaron 3516 solicitudes, siendo las concedidas 1.730, lo que representa el 49,23% del total. Por contra, 770 (21,9%) fueron denegatorias, 893 (25,4%) fueron cancelaciones. De lo expuesto, cabe concluir que más de la mitad de las solicitudes formuladas (54,55%) no se resolvieron favorablemente. Las 140 faltantes quedaron pendiente de resolución, lo que representa el 4% restante. g) En el año 2008 se tramitaron 3467 solicitudes, siendo las aprobadas 1.434, lo 47

que representa el 31,39% del total. Por contra, 780 (22,49%) fueron denegatorias, 941 (27,14%) fueron cancelaciones. De lo expuesto, cabe concluir que más de la mitad de las solicitudes formuladas (54,55%) no se resolvieron favorablemente. Las 312 faltantes quedaron pendiente de resolución, que representan el 9% restante. h) Para el año 2010 se tramitaron 9384 solicitudes, siendo las aprobadas 4670 (49,76% del total). Por contra, 2100 (22,37%) fueron denegatorias, 2213 (23,58%) fueron cancelaciones. De lo expuesto, cabe concluir que de las solicitudes formuladas, el 50,22% no se resolvieron favorablemente. Las 401 faltantes quedaron pendiente de resolución, lo que representa el 4,27% restante.

De manera orientativa aprovecharemos los datos recogidos en cuanto a perfiles sociodemográficos, entre los que cabe destacar que: a) La mayoría son mujeres entre los titulares de la prestación de Renta Mínima de Inserción, representando un 67,99% frente al 32,01% de varones.  b) Se trata de una población joven, un 58,09% de los titulares es menor de 45 años. La edad media de los titulares se sitúa en algo más de 42 años, siendo las mujeres el grupo más joven con 41 años de media frente a 45 de los varones. c) Un 35,37% son familias con menores. En su mayoría constituidas por mujeres con responsabilidades familiares no compartidas (28,74%), menores (14,94%), o  parejas con menores (19,87%). d) Las personas solas mantienen una presencia significativa en la Renta Mínima de Inserción con un 32,15% (un total de 2.783). e) El nivel de instrucción de estas familias es bajo, con niveles de analfabetismo de un 14,91% del total de titulares de la prestación. Un 56,01% presenta niveles de instrucción por debajo de Graduado Escolar, un 15,97% tiene el título de Graduado Escolar y un 12,00% supera dichos estudios. f) La mayoría de titulares de la Renta Mínima de Inserción son parados (64,36%). 48

g) En cuanto a la vivienda, la mayoría de las familias perceptoras RMI viven en régimen de alquiler con un 42,71% del total. A continuación se sitúan aquellas que ocupan una vivienda cedida, con un 16,81%, junto a un 11,75% que tiene una vivienda en propiedad, bien sea pagada o con pagos pendientes. h) El colectivo “sin hogar" alcanzan un porcentaje del 15,06%. i) La mayoría de los hogares beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción son unipersonales, con un 32,15% del total. Le siguen a continuación las familias monoparentales (30,72%), y las parejas con menores (19,87%).

49

6.2.- Discusión. De todo lo expuesto, cabe comenzar por interpretar si las hipótesis formuladas han sido verificadas o no. Además, resulta imprescindible realizar un análisis de los datos recogidos de forma secuencial, esto segundo se desarrollará en el siguiente apartado (conclusiones). Por lo tanto y en base a las 4 hipótesis formuladas cabe señalar que:

i.

El subdesarrollo del estado español en su Estado de Bienestar, está acarreando mayores tasas de desempleo que en etapas anteriores, y un gran número de excluidos sociales. Algunas notas (aumento del gasto en pensiones, mantenimiento de empleos por  medio de la RGI) señalan como el aumento del gasto social conlleva mayores tasas de inclusión social y bienestar. Por consiguiente, la hipótesis que se ha mantenido de que España, debido a la escasez de gasto en protección social, presenta tasas de desempleo,  pobreza y exclusión social muy elevadas, elevadas , concuerda con los resultados señalados. s eñalados.

ii.

Mientras que en las dos etapas de contracción económica que nos preceden (décadas de los 80 y 90) las tasas de pobreza se mantenían en torno al 19% según los estudios analizados, en la presente coyuntura económico-social, y como consecuencia de las escasas medidas adoptadas en la época boyante del período 2000-2007, estamos asistiendo a las tasas de pobreza más destacadas de los últimos 12 años (para 2010 se cifra en el 21,8%), y por los datos recogidos, cabe suponer que dicha tasa siga la trayectoria ascendente que presenta para los próximos años.

iii.

El sistema autonómico sobre el que recae el desarrollo de Rentas Básicas es tremendamente desigual y deficitario para la mayoría de las comunidades autónomas, no consiguiendo por su configuración y recursos que brinda, la inclusión social de los colectivos para los que se implementa. Otra de la hipótesis mantenida era que  precisamente existen CCAA que presentan un u n gasto en RB residual (Canarias, Castilla-La Cas tilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia), lo que caza con unas tasas de pobreza superiores a la media del conjunto del Estado, incluso algunas de ellas como Canarias y Extremadura, presentan tasas de pobreza que superar el 30% de su población (tres veces más que el País Vasco). Como se ha ido exponiendo en los apartados precedentes, la RGI de la CAPV acapara el 42% del total de RB en España, y esto, siendo la CCAA con 50

menores tasas de pobreza y desempleo, siendo además, la que se gasta el presupuesto más elevado (2,13%) para atajar la exclusión social.

iv.

Las Rentas Básicas se encuentran orientadas hacia la inclusión laboral como mecanismo básico y nuclear para la inclusión social de los beneficiarios de las mismas, lo cual conlleva la exclusión de posibles perceptores de RB (como advierte Caritas Euskadi con 3000 personas excluidas que no podrán acceder a la RGI como consecuencia de las reformas legislativas producidas), agravando aún más si cabe la situación de los posibles beneficiarios. Esto no quiere decir que las RB deban abandonar  la orientación hacia el empleo como mecanismo inclusivo, todo lo contrario, se asiste al aumento de solicitudes de RB como consecuencia de que un alto porcentaje de la  población ha agotado otras vías (contributivas). No obstante se debe trabajar  individualizadamente y atendiendo a las necesidades reales de los excluidos, no dándoles la espalda por no poder orientarse hacia el empleo. ¿Cómo orientar hacia el empleo a  personas con baja cualificación o escasas vidas laborales en una época de contracción de de empleos tan acuciante? Resulta un fin en sí mismo de muy difícil alcance la orientación de las RB hacia la inserción laboral como mecanismo tendente hacia la inclusión laboral. La hipótesis que se ha afirmó respecto el error en la orientación de las RB hacia el empleo, resulta muy compleja de verificar, dado que habría que analizar minuciosamente los datos de las CCAA, lo cual no ha podido contrastarse. No obstante, se han apuntado algunas notas que pueden poner algo de luz sobre esta cuestión. Las dificultades que  presenta el mercado laboral español hacen ser muy negativas cualquier previsión de encontrar empleo (desempleo del 24,44%), máxime, cuando nos estamos refiriendo (en la mayoría de los casos) a personas con baja capacidad de empleabilidad consecuencia de la ausencia de formación académica básica (como se señala en los balances aportados sobre la RB de la Comunidad de Madrid en los que los perceptores que no había finalizado la EBG alcanza la cifra del 70% del total).

v.

Tal y como se ha ido extrayendo, las RB empiezan a apuntar dinámicas restrictivas y con mayores requisitos para su concesión. La hipótesis formulada en este sentido se verifica ante los datos expuestos: disminución de las partidas presupuestarias, aumento galopante de solicitudes, mayores plazos para resolver, exigencia de más requisitos, aumento de los controles e inspecciones. Todo ello tiene un correlato claro en tanto en cuanto se ha 51

 producido un aumento del desempleo muy marcado, así como de perceptores de  prestaciones que se encuentran ya sin derechos económicos. Asimismo, se ha señalado como 1,72 millones de hogares españoles presentan a todos sus miembros en paro. Cifra esta que aumentará tal y como se vienen sucediendo los acontecimientos. La vía de escape que le queda a un número destacado de españoles son las RB, las cuales no han visto incrementado sus recursos sino todo lo contrario.

6.3.- Conclusiones. Por todo lo expuesto en el apartado anterior, cabe señalar aquellas conclusiones más destacadas de la información analizada. Tal y como se ha ido mostrando a lo largo de todo el proyecto, las peculiaridades del estado de las RB en España requieren mayores esfuerzos económicos, mayor implicación política de las diferentes administraciones (central y autonómica), así como una reorientación de la configuración de este sistema autonómico tan dispar como es el de las RB. Por ello, y a modo de síntesis concluyente, se expondrán tres apartados diferenciados: situación deficitaria del Estado de Bienestar español con la nula repercusión positiva que la etapa 20002007 supuso para descender las tasas de pobreza; situación actual del desempleo y la pobreza así como la posible evolución de las mismas; estado de las RB, disparidad autonómica, desarrollo insuficiente, alguna situación positiva, así como alertas ante los cambios que empiezan a  producirse.

6.3.1.- Situación deficitaria del Estado de Bienestar español y la nula repercusión positiva que la etapa 2000-2007 supuso para descender las tasas de pobreza. Las conclusiones más destacadas de los datos expuestos son:

52

El largo periodo de crecimiento económico en España (período 2000-2007),

I.

supuso una progresiva degradación de la capacidad protectora del conjunto del sistema de garantía de ingresos mínimos. No se ha reducido mucho el gasto real total (unos 25 millones entre 2000 y 2007), pero eso, en una economía que crece rápidamente supone una reducción en el PIB: 2,4 décimas menos en el periodo considerado. II.

El gasto público social en España, con una media de 4 puntos porcentuales inferior  a la media de la UE, impide contrarrestar las tasas de pobreza, muy dependientes de las políticas públicas que se desarrollen. A pesar de que la media de gasto en  protección social en porcentaje de PIB (2008) se situó en torno al 26,4% para los  países de la UE-27, España ocupó una de las últimas posiciones al dedicar  únicamente el 22,7% de su PIB en dicho gasto.

III. El número de prestaciones del sistema de garantía de ingresos mínimos se ha reducido un 22,5% y el gasto real en un 17% aproximadamente.

IV. La tasa de pobreza en España se ha mantenido constante durante las últimas décadas en torno al 19%. Durante la etapa boyante de 2000-2007 las políticas llevadas a cabo no incidieron en su descenso, por lo que en apenas 4 años se ha experimentado un incremento de más de 2 puntos porcentuales.

6.3.2.- Situación actual del desempleo y la pobreza así como la posible evolución de las mismas. I. Las tasas de pobreza se han mantenido constantes en torno al 19% durante las tres últimas décadas, pero es precisamente ahora, y justo después de una época de  bonanza económica muy acentuada, cuando el aumento empieza a ser muy  preocupante como consecuencia consec uencia de la ausencia de políticas públicas inclusivas en el periodo precedente. Para el año 2011 nos encontramos con una tasa de pobreza del 21,8%, así como una tasa para los menores de 16 años del 26,5%. Debido a la situación actual (aumento del desempleo, fuerte contracción económica, périda de

53

 prestaciones y ayudas económicas para un mayor número de personas) cabe esperar que la tasa de pobreza para el año 2013 se sitúe en torno al 24%.

II. España presenta en la actualidad 5.273.600 desempleados (primer trimestre de 2012), con una evolución ascendente que parece no terminar. Se estima que España cierre el 2012 con unos 5,7 millones de desempleados. El porcentaje de desempleados asciende al 24,44%, por lo que a finales del presente año podemos sobrepasar el 25% con bastante probabilidad. Presenciamos como más de 1,72 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en activo en paro. Se estima que a finales de 2012 dicha cifra rondará los 2 millones de hogares, lo que representa el 11,69% del total de hogares.

III. Como dato positivo, cabe señalar que la RGI ha supuesto el mantenimiento de 26.700 puestos de trabajo de manera directa o indirecta en la CAPV, lo que representa pasar de un porcentaje de desempleo del 13,55% al 16,22% si no se aplicara dicha medida. Por lo tanto, la CAPV, la cual dedica el presupuesto más elevado en RB del conjunto del Estado español, consigue, vía transferencias  públicas, mitigar los efectos de destrucción de empleo, así como menores tasas de  pobreza y exclusión social.

IV. El descenso pronunciado en el porcentaje de mayores de 65 años en riesgo de  pobreza, que se reduce prácticamente en 4 puntos porcentuales en el año 20092010 caza con el esfuerzo económico en aumentar las pensiones públicas. Por lo tanto, los efectos redistributivos (los pocos existentes) tienen una repercusión muy  positiva en el descenso de la tasa de pobreza. pobrez a.

6.3.3.- Estado de las RB, disparidad autonómica, desarrollo insuficiente. I. Con la salvedad de la CAPV (que dedica un 2,13% del total de su  presupuesto), el desarrollo de las RB en el resto de las CCAA resulta muy escaso, incluso simbólico, destinando menos del 0,05% del total  presupuestario para algunas CCAA. Este es el caso de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Valencia). 54

Luego estaría un conjunto de CCAA que destinan un porcentaje aún insuficiente del 0,5% como en Madrid, Cataluña, Asturias y Melilla. Que la mayoría de CCAA destinen un residual porcentaje de sus presupuestos para atajar la exclusión social trae como consecuencia que las tasas de pobreza de muchas de ellas superen el 30% de su población (casos de Andalucía, Canarias, Extremadura).

II. Existe una diferencia importantísima entre percibir una RB en el País Vasco (máximo mensual de la unidad familiar alcanza los 935  €), o en la Rioja (372  €).

III. Mientras que por un lado hemos asistido al aumento constante de las solicitudes para las RB, estamos empezando a presencial que las partidas  presupuestarias no se están viendo aumentadas en sintonía con las solicitudes. Asimismo,

empiezan

a

señalarse

algunas

deficiencias:

reducción

 presupuestaria en la CAPV del 7% para la RGI; mayores requisitos para su obtención por parte de las CCAA; mayores plazos para su concesión; limitación temporal de las RB (algunas como la andaluza oscila entre los 6 meses y el año máximo, lo que impide un plan de inserción real y efectivo); congelación / reducción del importe de la cuantía de las RB.

IV. Consecuencia de la insuficiencia económica de la mayoría de CCAA, casi un tercio de todas todas las personas beneficiarias de rentas mínimas mínimas en España, y un 42% del total, corresponden a la CAPV, y esto a pesar de contar con la tasa de desempleo y pobreza más baja de todo el reino de España, su sistema de RMI, alcanza en el País Vasco a uno de cada 42 habitantes, frente a los 147,6 de media estatal. De igual forma, la cobertura en la CAPV es, para el año 2009, de 48 personas beneficiarias por cada mil habitantes, mientras que la cobertura media española es de 9.

V. Consecuencia de destinar un presupuesto mayor, la RGI respecto el mantenimiento de empleos y según los datos recogidos, un 40% de los empleos mantenidos (no destruidos) vía RGI es de 26.770 puestos de trabajo de manera directa o indirecta,

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56

7.- Estudios futuros en función de los resultados obtenidos. La situación social en España se encuentra en una continua evolución que hace que los datos recogidos hace 3-4 años en relación con las RB resulten en muchos aspectos ciertamente desfasados. Nos encontramos ante cambios profundos y transformaciones veloces que están suponiendo mayores dificultades para la población más desfavorecida. Las CCAA que comenzaron más prontamente el desarrollo de RB (País Vasco, Navarra, Madrid) parten de una situación más favorable. No obstante, y debido a las insuficiencias económicas marcadas por la orientación política de austeridad y déficit cero, los gobiernos autonómicos están dando una vuelta de tuercas más sobre las RB. Así, empezamos a apreciar un descenso / congelación de las cuantías económicas, una reducción presupuestaria que ya empieza a presenciarse incluso en las CCAA más desarrolladas, mayores dificultades para su obtención, plazos más largos para su concesión, y un largo etcétera que están dibujando un panorama social dramático.  No sólo partimos de una regulación deficitaria, con partidas presupuestarias irrisorias, como sucede en varias CCAA en las que apenas se destina un exiguo 0,05% de sus presupuestos para las RB, lo que conlleva la imposibilidad de atender a los excluidos sociales, sino que además estamos asistiendo, debido a la situación económica actual de recortes presupuestarios y déficit cero, al empeoramiento de las RB mediante mayores impedimentos, requisitos, plazos, etcétera. La evolución de las RB en los próximos años va a ser crucial para un creciente número de  personas en nuestro país, asimismo se podrá contrastar si lo aquí señalado (aumento de requisitos, periodo más largo para su aprobación, reducción de la cuantía económica, recortes en las partidas presupuestarias, etcétera) es una orientación circunstancial o será la línea que sigan desde ahora las RB como consecuencia de lo señalado. El estado español, con su marcado déficit social, parece llevar esa línea de menos protección, lo que empieza a señalarse en las RB, último mecanismo de protección para los más desfavorecidos.

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Airam González Quintero

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