Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales Clínica Laboral. Lic. Erick Fernando Rosales Orizábal
PRONTUARIO LABORAL.
Guatemala; 04 de octubre de 2014.
1
INDICE.
CARATULA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 -1 Índice del contenido y orden del trabajo. --------------------------------------------2 ESQUEMA DE JUICIO ORDINARIO.
------------------------------------------- --------------------------------------- 3.
ESQUEMA DE LOS INCIDENTES ----------------------------------------------- ------------------------------------------ 4. LAS EXCEPCIONES Y TIPOS DE EXCEPCIONES-----------------EXCEPCIONES------------------------5,6,7,8,9,10. ------5,6,7,8,9,10. TRAMITE DE LAS EXCEPCIONES. ---------------------------------------10,11,12,13,14, QUE SON LOS INCIDENTES .----------------------------------------------------- 15. HISTORIA SINDICAL. ------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 16, 17, 18 HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN GUATEMALA ------------- 19, 20, 21, 22,23 ESQUEMA DE UN SINDICATO. ------------------------------------------------ 24
CAUSAS PARA CANCELAR UN SINDICATO. ---------------------------- 25, 26,27. QUE ES EL NEONIBERALISMO --------------------------------------------- 28, 29, 30, 31. DEMANDA LABORAL. ----------------------------------------------------------32,33,34,35,36. PLIEGO DE POSICIONES. ------------------------------------------------- 37. SALARIO MINIMO. ------------------------------------------------------------- 38,39,40,41. EL SERVICIO CIVIL. ----------------------------------------------------------42,43,44,45 ANÁLISIS DEL SISTEMA 46,47,48,49,50,51,52,53,54
DE
SERVICIO
CIVIL
GUATEMALTECO
BIBLIOGRAFIAS. ------------------------------------------------------------------------ 55
ESQUEMA DE JUICIO ORDINARIO. 2
ACTITUDES DEL DEMANDADO.
EMPLAZAMIENTO
Allanamiento Art. 115 Rebeldía Art. 113-114 Contestación Negativa Art.118 Contestación Negativa y Excepciones Excepciones Perentorias Art.118
9 dias Art. 111
Demanda.
6 DIAS Art.120
Art. 61, 63, 79, 106 y 107 CPCYM
CPCYM
PRUEBA
El periodo ordinario es de 30 dias que se pueden EXCEPCIONES PREVIAS
ampliar 10 dias Art. 123 CPCYM
Por ellas se depuran la falta de presupuestos procesales su
Periodo extraordinario de 120 dias si existiere prueba fuera de la república. Art 124 cpcym
TRAMITE ES INCIDENTAL. Art.116 CPCYM
15 dias art. 14.
VISTA Y ALEGATOS.
Art. 196 cpcym
AUTO PARA MEJOR FALLAR
Optativo antes de pronunciar el fallo en un plazo no mayor de 15 dias Art. 197 CPCYM Sentencia.
Art. 198 cpcym Art. 143, 147 LOJ
3
ESQUEMA DE LOS INCIDENTES
4
LAS EXCEPCIONES
A) CONCEPTO DE EXCEPCIONES Y DE PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS PROCESALES. El poder jurídico del demandado, de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido antes los órganos de la jurisdicción. Ahora bien, este es te derecho abstracto de oponerse a las pretensiones pretens iones de oponerse oponer se a las pretensiones del actor puede revestir las siguientes modalidades. 1. Negación de hechos constitutivos de la demanda. 2. Alegación de hechos impeditivos diversos d iversos de los que constituyen premisas de la demanda que a la vez pueden consistir en: a) Alegación de falta de presupuestos procesales de validez. b) Alegación de excepciones dilatorias simples; y c) Alegación de excepciones mixtas. 3. Alegación de hechos instintivos, ósea de las llamadas excepciones perentorias. A la primera postura, es decir a la negación de lo hechos constitutivos de la demanda, no se le ha otorgado usualmente el carácter de excepción, pero ello se debe más que todo a la influencia que ha ejercido el concepto clásico de la excepción como contra derecho o derecho concreto a destruir la acción. El nombre excepción se ha reservado por la mayoría de autores para las posiciones 2 y 3, o sea cuando se alegan hechos imperativos y extintivos diferentes a los que sirven de basamento a la petición del demandante. Ahora bien b ien para una mejor me jor depuración depurac ión conviene dedicarle una brevísima parte de cada uno de ellos
PRESUPUESTOS PROCESALES DE VALIDEZ.
5
Se deduce que hay dos tipos de presupuestos procesales: presupuestos de existencia y presupuesto de validez. Los primeros consisten en la proposición de una demanda, existencia de un órgano con jurisdicción, y partes que se presenten como sujetos de derecho; son las premisas indispensables para que exista un proceso, de modo que faltar alguno de ellos se estaría ante un caso de inexistencia procesal. En efecto, los presupuestos de validez son los siguientes: la competencia del juez, la capacidad de las partes, la personalidad de las mismas para comparecer a juicio sino que solamente su nulidad.
EXCEPCIONES DILATORIAS O PROCESALES: Son las defensas que postergan la contestación de la demanda, para depurar el proceso y evitar nulidades ulteriores por vicios en la constitución de la relación laboral. Depurar y no retardar, no obstaculizar es el objeto de esta defensa, que muy a menudo se desnaturaliza por la malicia de los litigantes y sus asesores. Son excepciones sobre el proceso y no sobre el derecho, y tienden a evitar como ya se dijo procesos nulos o inútiles.
EXCEPCIONES MIXTAS. Son las defensas que funcionando procesalmente como dilatorias, provocan en caso de ser acogidas, los efectos de las perentorias. Es decir, que se resuelven previamente como dilatorias para evitar llegar a un juicio inútil, pero aunque no atacan al fondo del asunto como las perentorias, producen iguales efectos al hacer ineficaz la pretensión.
EXCEPCIONES PERENTORIAS O SUSTANCIALES.
6
Son defensas que atacan el fondo del asunto, tratando de hacer ineficaz el derecho sustancial que se pretende en juicio. Por eso se dice que atacan al derecho y no al proceso. Consiste en la alegación de cuanto medio extintivo de obligaciones existe, y por eso no pueden enumerarse taxativamente.
B) LAS EXCEPCIONES EN EL JUICIO ORDINARIO DE TRABAJO. El delicado tópico de las excepciones fue tratado con notoria deficiencia por nuestro código del trabajo pese a las adiciones que le fueron introducidas por medio del decreto presidencial 570. Por ello que a falta de preceptos expresos en el código de trabajo se aplica supletoriamente el código procesal civil y mercantil para determinar el concepto y clasificación de las excepciones. Según este orden de ideas puede afirmarse, que el derecho procesal de trabajo guatemalteco, acepta la clasificación tradicional de excepciones dilatorias y perentorias, comprendiendo entre las primeras la alegación de presupuestos procesales de validez ya vistos. Las excepciones dilatorias únicamente tienden a depurar la relación procesal y no a postergar la contestación de la demanda, y que las perentorias tienden hacer ineficaz la pretensión y no a destruir la acción como reza el articulo 248 Decreto 2009. En cuanto a las excepciones dilatorias, se admiten con las reservas que se harán oportunamente, las siguientes: 1) Incompetencia. 2) Falta de Capacidad Legal 3) Personería 4) Personalidad 5) Litispendencia 6) Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esta sujeta la acción intentada.
7
7) Demanda defectuosa 8) División; y 9) Orden y Excusión
EXCEPCION DE INCOMPETENCIA. Es la atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la jurisdicción, y por extensión, la regla o conjunto de reglas que deciden sobre dicha atribución. Es decir que habrá incompetencia, cuando se atribuya el conocimiento de un asunto a juez distinto del indicado a la ley. Esta puede ser por razón de materia, por razón de territorio, de acuerdo con el art. 314. EXCEPCION DE FALTA DE CAPACIDAD LEGAL. Se da la excepción de falta de capacidad legal cuando alguna de las partes carece de capacidad
de ejercicio, o sea de la actitud necesaria para comparecer
personalmente a juicio. EXCEPCION DE FALTA DE PERSONERIA. Se da en los casos en que se alegue cualquier titulo de representación, sin tenerlo o bien cuando teniéndolo sea defectuosa o insuficiente. Para acreditarse legalmente el titulo de representación en materia laboral, debe atenderse a la cuantía del asunto; siempre que este no exceda de 300 quetzales bastara una cartapoder o acta levantada ante el secretario del tribunal cuando la cuantía exceda de 300 quetzales, deberá constituirse el apoderado en la forma notarial correspondiente. La representación deberá acreditarse con el testimonio debidamente registrado en escritura pública, con mandato judicial u otro título de representación, suficiente de acuerdo con la ley. EXCEPCION POR FALTA DE PERSONALIDAD. 8
Esta excepción procede en los casos en que falta la identidad entre la persona del actor contra la persona favorecida por la ley laboral (ligitimario ad processum activa) o que falta la identidad entre la persona del demandado y la obligada por la ley (ligitimatio ad processum pasiva). Procederá a declarar con lugar esta excepción cuando se establezca que el actor no tiene la calidad de trabajador con derecho a la reclamación que pretende (falta de personalidad en el demandante), o cuando se establezca que el demandado no tiene la calidad de patrono o persona que la ley señala como obligada a responder por las pretensiones laborales hechas valer. EXCEPCION DE LITISPENDENCIA. Esta excepción tiene lugar, cuando simultáneamente se sustancien dos juicios en los cuales existe absoluta identidad de acciones, personas y cosas. Ambos juicios deben encontrarse todavía en trámite, porque al haberse dictado sentencia en alguno de ellos, no habría litispendencia sino cosa juzgada.
EXCEPCION DE DEMANDA DEFECTUOSA.
Ya se dijo con antelación que el juez de trabajo tiene potestad para ordenar de oficio al actor subsane los defectos que contenga su demanda escrita. Pero como puede darse el caso que el juez haya pasado por alto los defectos existentes en una demanda escrita o hasta el caso mucho más remoto pero también posible de que sea el propio tribunal al levantar la demanda del actor quien omita los requisitos indispensables, entonces es cuando se da la ocasión para que el demandado interponga la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Con la reforma introducida al art. 68 del Decreto 570 al artículo 334 del Cód. De trabajo.
9
EXCEPCION DE FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O DE LA CONDICION, DE DIVISION, DE ORDEN Y EXCURSION Y DE ARRAIGO PERSONAL. Todas estas excepciones las trato conjuntamente, porque tienen muy menguada importancia en el Derecho Procesal de trabajo. En efecto, solo remotamente podría darse en el juicio ordinario de trabajo el caso de una pretensión de naturaleza laboral sujeta al cumplimiento de un término, y más remotamente todavía el caso de un derecho sujeto a condición, si se recuerda que los derechos de trabajo sustantivo y procesal son de naturaleza pública, y que muchos de los derechos otorgados por sus normas tienen el carácter de irrenunciables. Únicamente en casos de convenios sobre módulos de pago o en acuerdos a que se llegue en la fase de ejecución, concibo la posibilidad de encontrarse en un derecho laboral sujeto al cumplimiento de un plazo. Respecto a la excepción de arraigo personal, Judicatum solvi o fianza de estar a derecho, como también se le denomina, me atrevo a sostener que en ningún caso puede tener cabida en el juicio ordinario de trabajo. EXCEPCIONES PERENTORIAS. Estas excepciones atacan a la pretensión y no al proceso, que en ningún caso pueden destruir a la acción de acuerdo con el concepto que de esta se consigno y que por existir tantas excepciones perentorias como medios extintivos de las obligaciones se admiten, es imposible enumerarlas taxativamente todas. C. TRAMITE DE LAS EXCEPCIONES. La oportunidad para interponer las excepciones en el juicio ordinario de trabajo varia, según que se trate de la excepción de incompetencia o de las excepciones de pago, transacción de cosa juzgada y prescripción, o bien del resto de excepciones.
10
TRAMITE PARA LA INCOMPETENCIA. El decreto 570
constituye el haber preceptuado, que la excepción de
incompetencia debe interponerse previamente a darle contestación a la demanda, ( o a reconvención en su caso); es decir, que se podrá interponer por escrito desde que el demandado tenga conocimiento del juicio hasta el momento de la primera comparecencia en que se le invita a contestar la demanda, y cuando se interponga verbalmente, se hará en ese momento de la primera audiencia que ya se dijo. EXCEPCIONES NACIDAS CON POSTERIORIDAD Y DE COSA JUZGADA PRESCRIPCION, PAGO Y TRANSACCION. Para las excepciones enunciadas en el acápite no fija el código ningún termino para ofrecerlas o interponerlas, lo cual podrá hacerse en cualquier momento anterior a la sentencia de segunda instancia en los juicios de mayor cuantía, y con anterioridad a la sentencia en los juicios de menor cuantía. La oportunidad para resolver estas excepciones será siempre el momento en que se dicte el fallo. TRAMITE DE LAS RESTANTES EXCEPCIONES. La oportunidad para interponer el resto de excepciones sean de naturaleza dilatoria o perentoria es la contestación de la demanda (o de la reconvención), sea que se haga en forma oral o escrita. Por eso dije anteriormente que las dilatorias no producen en nuestro juicio ordinario de trabajo el efecto de postergar la contestación de la demanda o de la reconvención ya que en honor a la celeridad y concentración del proceso se ejercitan simultáneamente. Interpuestas las excepciones el Juez debe resolver las dilatorias en la primera audiencia y las restantes perentorias y mixtas las resolverá al fallar.
11
Sin embargo, existe una salvedad que da lugar a serias contradicciones y que consiste en la facultad que tiene el actor (y el reconviniente en su caso) de poder ofrecer pruebas dentro de las 24 horas siguientes de la realizada audiencia para contradecir las excepciones de su contraparte, pruebas que son recibidas en la segunda audiencia.
D). CARGA DE LA PRUEBA EN LAS EXCEPCIONES DEL JUICIO ORDINARIO DE TRABAJO. Al actor es a quien le compete probar la acción y al demandado la excepción. Posteriormente se ha enriquecido la teoría aceptándose que los hechos constitutivos compete probarlos al actor y los impeditivos y extintivos al demandado a quien favorecen, atenuándose toda esta distribución de la carga al tomarse en cuenta también a quien de las partes resulta menos oneroso y difícil probar. Esto se debe porque el artículo 344 del código de trabajo ha dado lugar a un problema de hermenéutica, que tiene para mí no obstante una solución lógica y satisfactoria. ¿COMO ES EL TRAMITE DE LAS EXCEPCIONES DURANTE LA FASE Las excepciones interpuestas durante la fase preparatoria, se tramitarán en forma de incidencia, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito debidamente fundado ante le Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, ofreciendo las pruebas que justifican los hechos en que se basan y acompañando la documentación correspondiente, con expresa indicación de los datos de identificación
y
dirección
de
ubicación
de
las
otras
partes.
Planteada la excepción, el Juez notificará a las otras partes, para que dentro de los cinco días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan pruebas. La víctima será considerada parte a los efectos de la incidencia, aún cuando no se
haya
querellado,
o
se
discuta
su
admisión
como
querellante.
Si la excepción es de mero derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el Juez o tribunal, sin más trámite, dictará resolución
12
motivada dentro de los tres días siguientes al vencimiento del citado plazo de cinco
días.
En caso de haberse promovido pruebas, el Juez convocará a todas las partes, sin necesidad de notificación previa, a una audiencia oral, que se celebrará dentro de los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo. En esta audiencia, cada una de las partes expondrá oralmente sus alegatos y presentará sus pruebas. Al término de la audiencia, el Juez resolverá la excepción de manera razonada. La resolución que se dicte es apelable por las partes dentro de los cinco días
siguientes
a
la
celebración
de
la
audiencia.
El rechazo de las excepciones impedirá que sean planteadas nuevamente durante la fase intermedia por los mismos motivos.
TRAMITE DE LAS EXCEPCIONES DURANTE LA FASE INTERMEDIA Durante la fase intermedia, las excepciones serán opuestas en la forma y oportunidad previstas en el artículo 328, y serán decididas conforme a lo allí previsto. Un incidente es, en derecho, un mini juicio. También puede definirse como una cuestión accesoria a un procedimiento judicial. Es un litigio accesorio con ocasión de un juicio, que normalmente versa sobre circunstancias de orden procesal. El juez o tribunal de la causa, para poder entrar a resolver el procedimiento principal, deberán ir decidiendo primero todos los incidentes que puedan surgir, y que pueden ser muy variados. Ejemplos de incidentes pueden ser:
Recusación del juez. Impugnación de pruebas. Recusación de un testigo.
Solicitud de aplazamiento de un proceso. Resolución de incidentes Los incidentes se resuelven mediante autos o sentencias, que en este caso reciben el nombre de sentencias interlocutorias, dado que no resuelven el fondo del asunto principal, sino que deciden cuestiones accesorias concretas.
13
Concepto Los incidentes son toda cuestión accesoria al juicio que debe resolver el tribunal. Cómo se resuelven los incidentes Pueden resolverse de 2 formas: a. De Plano El tribunal resolverá sin audiencia de la contraparte, y se procederá así cada vez que el incidente no tenga conexión con la pretensión de las partes, o cuando es inoportuno o extemporáneo. b. Previa Audiencia de las partes En todos los demás casos, es decir, en toda ocasión que el tribunal estime pertinente que deba pronunciarse sobre una situación accesoria. La doctrina señala que sólo habrá incidente cuando existe audiencia de las partes, en los demás casos será sólo un trámite procesal. Según el dr. Angel Yesid Mahecha., los incidentes ocurren con o sin audiencia de las partes porque la ley autoriza al tribunal a pronunciarse de plano, art. 84 inc. 1º. Requisito 1º Debe existir un proceso principal. 2º Debe suscitarse una cuestión accesoria vinculada a la principal. 3º Que la cuestión accesoria no sea de mero trámite. 4º Se requiere pronunciamiento especial del tribunal. Características Se promueven, tramitan y fallan en el mismo tribunal que conoce la causa principal (principio de extensión). La ley establece una tramitación propia que puede ser general o especial según el tipo de incidente. Se puede suscitar en cualquier tipo de proceso. Se resuelve mediante una sentencia interlocutoria, siempre que establezca derechos permanentes para las partes o sirva de base para la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria, si no tiene este carácter será un simple auto. Como todas las decisiones del juez, es posible recurrir en apelación e incluso en ocasiones en casación, formándose piezas separadas del procedimiento.
14
LOS INCIDENTES.
DERECHO PROCESAL CIVIL LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL (135-140 LOJ)
Procedimiento de INCIDENTE INCIDENTE Cuestión accesoria de un proceso principal (135-140 LOJ) SUSPENDEN ELASUNTO PRINCIPAL Se sustancia en la misma pieza de autos, quedando estos en suspenso. 136 INCIDENTES QUE SE REFIEREN ACUESTIONES DE: DERECHO El derecho no se prueba. INCIDENTES QUE SE REFIEREN ACUESTIONES DE: HECHO Los hechos controvertidos deben probarse. NO SUSPENDEN ELASUNTO PRINCIPAL Se sustancia en pieza separada, pudiendo proseguir el proceso principal. 137 TRÁMITE SI SE REFIERE A CUESTIONES DE: DERECHO DENTRO DE 3 DÍAS SEDICTA RESOLUCIÓN.140.AUDIENCIA POR 2DÍAS A LOS
OTROSINTERESADOSPROMOVIDO
ELINCIDENTETRÁMITE
SI
SE
REFIERE A CUESTIONES DE: HECHO DENTRO DE 10 DÍAS MÁXIMO 2 AUDIENCIAS AUDIENCIA por 2 días a los otros interesados.138PROMOVIDO ELINCIDENTE Audiencia para prueba. 139 RESOLUCIÓN En la propia audiencia de prueba. 138, 140.Audiencia para prueba.
15
HISTORIOGRAFÍA SINDICAL
La historiografía sindical es un amplio campo de trabajo dedicado al estudio del desarrollo del movimiento sindical y de la clase obrera. La principal preocupación de los historiadores sindicales incluye el desarrollo de los sindicatos, huelgas, movimientos de protesta y acciones sindicales, relaciones laborales, y el progreso de la clase obrera y los partidos socialistas, laboristas u obreristas, así como el desarrollo social.
EL SINDICALISMO. Antecedentes históricos. El sindicalismo, se origina con la revolución industrial en el último tercio del siglo XVIII, dando lugar a que la máquina sustituya al trabajador manual, cuando la fábrica ocupa el lugar de taller, cuando la gran industria suplanta a la economía del artesanado y la producción de mercado local, se transforma en producción para el mercado mundial. La introducción de la máquina, produce grandes ganancias a los industriales, obtenidas a costa del sufrimiento del naciente proletariado de las fábricas, la fatiga excesiva, la insuficiencia en la alimentación, la disciplina imperante, etc. Que debían de soportar los operarios. Tanto la moralidad, la higiene, la seguridad, salud, no causaban ninguna preocupación al empresario, incluso le regateaba el salario a obrero. Además, las mujeres y niños eran explotados sin misericordia, se les destinaban los trabajos más duros y humillantes, exponiendo con ello, sus vidas. En esta época, el trabajador era una verdadera penuria, un sufrimiento para el trabajador. Es así como el operario se convierte en esclavo de la máquina y el trabajo del hombre se hace menos valorizado. Con la Revolución Industrial, se produjo una radical transformación que se operó en el campo de la industria en Inglaterra, en el último tercio del siglo XVIII, porque fue la invención de la máquina y su incidencia productora, lo que produjo la verdadera revolución industrial. 16
Para los trabajadores el Estado les era opositor, más importante y primordial que tiene el obrero para transformarse en fuerza a la que le asiste un poder, es la unión, es la posibilidad de asociarse, en densa de sus intereses laborales y esto era justamente a lo que se oponía el gobierno al no permitir dichas asociaciones. Así las cosas, el obrero estaba a su suerte, incluso si se enfermaba, situación muy común, al no poder trabajar no cobraba y era rápidamente reemplazado por otro trabajador, que esperaba una oportunidad en ese sentido. La revolución industrial, se ubica por el año 1775
y unos años después, en 1789
se produce la
Revolución Francesa, la cual reivindicaría os derechos del hombre.
Pero se
produce una situación paradójica, se cree que dado que el hombre es libre, no debe agruparse, ni formar coaliciones de obreros. Pues ello atenta contra la libertad en general y en contra de la libertad de trabajo en particular. Es así, como en la Declaración de los Derechos del Hombre y la ley Chapalier de 1791,
se imponen sanciones a todos aquellos que constituyen
asociaciones de artesanos, obreros o jornaleros. Dada la situación planteada y la imposibilidad legal de que los trabajadores se agrupen en densa de sus intereses, optan por iniciar el movimiento en la clandestinidad, recogiéndose el sentido societario de los gremios. Sin embargo, ya entrado el siglo XIX, las masas obreras con sus movimientos clandestinos y su ideario sindicalista, comienzan a expresarse en diversas formas, que en un principio se manifestó en forma de huelga con características de motín, posteriormente se da la simple coalición de obreros de una misma fábrica, o diferentes. La última etapa se concreta con la formación de sociedades de resistencia, con objetivos de imponer por coacción moral o física al resto de los trabajadores, al paro colectivo de la especialidad laboral, que culminan con la auténtica aparición del sindicalismo, que se presenta con una estructura más evolucionada, con una rigurosa diversificación de oficios e industrias, frente a la estructura social imperante y que busca un lugar legalmente en el conjunto económico social de su época. 17
El sindicalismo en este período, existía de hecho pero no de derecho y su aptitud estaba dirigida a obtener esa conquista y es a la que se orientaba la masa trabajadora. El movimiento obrero europeo en el siglo XIX. Durante más de un siglo, la acción colectiva de los trabajadores (sindicatos, huelga, convenios colectivos) fue considerada generalizadamente como un crimen. Es en Europa, y más concretamente en Inglaterra, donde aparecen los primeros movimientos obreros, como el ludismo conducido por Ned Ludd, rompedores de máquinas (181061811). En 1824, por la fuerte presión popular el parlamento británico deroga las “Combination Acts”, leyes que prohibían las
organizaciones obreras. En 1829, Robert Owen, uno de los fundadores del socialismo moderno, crea las primeras cooperativas, que eran sociedades industriales de trabajadores.
Desde los años 1950 y 1960 la historia
sindical ha
sido redefinida y expandida por
un gran número de historiadores, como E. P. Thompson y Eric Hobsbawm en Europa, y Julio Godio en América Latina que comenzaron a prestar mayor atención a las condiciones sociales de vida y trabajo concreta de los trabajadores, así como los entornos socipolíticos en que se desarrollan HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN GUATEMALA ETAPA DE LAS MUTUALIDADES Huérfanos de toda legislación gremial y de protección a los trabajadores, abolidos los gremios de la colonia y la legislación de Indias, por casi un siglo de vida independiente -políticamente independiente, se entiende- entre1821 y 1920 prácticamente solo florecen asociaciones de carácter mutualista, al amparo del derecho general de asociación. 18
1. Características de las organizaciones obreras de esta etapa Su composición es artesanal, o sea que sus miembros son obreros que laboran por cuenta propia o en pequeños talleres b. Los fines que se proponen se limitan al socorro y auxilio mutuo o al estudio No perseguían fines reivindicativos, ni se planteaban la lucha de clases Un sentimiento elemental de cooperación unió legalmente a gentes a las que el infortunio tenía de hecho unidas un sentimiento elemental de ayudarse mutuamente como gente pobre y nada más. 2. Las principales organizaciones de carácter mutualista 1894 El Porvenir de los obreros´, que todavía existe a esta fecha La maternidad Obrera la Sociedad Joaquina, que llevaba el nombre de la madre del dictador Estrada Cabrera, 1898 -1920. 1908 A las anteriores se agregan la Gremial de albañiles, la Sociedad de Tipógrafos degutemberg, la central de Artesanos y Albañiles y la Fraternal de Barberos. 1912Las anteriores asociaciones fundan la federación de Sociedades Obreras 1918 Se constituye la Federación Obrera de Guatemala para la Protección Legal del Trabajo conocida por la FOG- que con los impactos que constituyeron para los obreros guatemaltecos la guerra europea de 1914 -18, la Revolución rusa de 1917 y la lucha contrala dictadura de Estrada Cabrera, más tarde impulsará con timidez alguna lucha reivindicativa y ya propiamente sindical. 3. Participación obrera en al lucha popular contra Estrada Cabrera 1920 La lucha popular contra Estrada Cabrera, el dictador de los 22 años, la encabezaba el Partido Unionista, dirigido por la oligarquía conservadora, cuyo lema principal era la unión centroamericana el sector obrero participó con cierta independencia formando primero el Comité Patriótico de Obreros, y fundando luego -septiembre de 1919 - la Liga Obrera de Guatemala, cuyo jefe principal fue el sastre Silverio Ortiz. 19
La tribuna de la organización la constituyó el periódico Obrero Libre, en el que denunciaban los atropellos contra los trabajadores y se planteaban su reivindicación.
CONTEXTO DEL SINDICALISMO EN GUATEMALA El sindicalismo guatemalteco es un movimiento social vigente, con una historia de altibajos, de obstáculos constantes, e incluso de persecución por parte de gobiernos militares y sectores políticos que promueven una intensa política antisindical. Sin embargo, en la coyuntura actual el principal problema al que se enfrenta es a la pobreza de sus agremiados y al largo camino que tiene que recorrer para modificar esa condición. Nuestro país tiene una población de alrededor de 13 millones de habitantes y, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Población Económicamente Activa (PEA) es de cinco millones de personas y sólo un millón tiene empleo formal y está afiliado al Seguro Social. El resto trabaja en el sector informal, y cerca del 12 por ciento está desempleada. Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explica: "El sector informal asciende a 74.5 por ciento, y se define como el trabajador por cuenta propia, el que vende peines, talabartería, etc". El experto opina que esa cifra es alarmante y pone en evidencia que los modelos económicos del país no concuerdan con las demandas de la población generando gran pobreza y desorganización. El índice de desempleo se ha triplicado en los últimos seis años en Guatemala, ya que ha crecido de 1.84 por ciento que se reportó en el año 2002, a 5.4 por ciento en 2007. Este fenómeno, además de incidir de forma negativa en los índices de desarrollo del país, profundizan los niveles de pobreza y extrema pobreza, los cuales superan el 51 por ciento, y el 15 por ciento de la población, respectivamente. 20
SINDICALIZACIÓN En Guatemala, actualmente, el índice de sindicalización no sobrepasa el 3 por ciento de la masa laboral, y atraviesa por una de sus etapas más precarias. La historia del movimiento sindical en el país se remonta a 1877 cuando se reporta la creación de la Sociedad Central de Artesanos. En 1892 se crea la Sociedad "El Porvenir de los Obreros", de larga tradición. En 1913 los obreros ferroviarios formularon la primera reivindicación salarial, acompañada de una huelga. En 1914 se funda la primera "Federación de Sociedades Obreras", que representa el primer intento de unir las diferentes sociedades individuales. En 1918 se crea la Federación Obrera de Guatemala (FOG). A mediados de 1919 se crea la "Liga Obrera", compuesta por artesanos. En 1922 estalla una huelga en el puerto de Champérico. Los obreros exigen la jornada de ocho horas. Un año más tarde se funda el primer sindicato de trabajadores tipógrafos. Este mismo año los muelleros de Puerto Barrios van a la huelga demandando un aumento salarial de "medio centavo oro por racimo (de banano) embarcado". En 1927 se crea el Comité Pro Acción Sindical (CPAS), de tendencia anarquista. En 1931 asume el poder el dictador Jorge Ubico, que gobernó al país despóticamente hasta 1944. El 11 de marzo de 1945 la Constitución Política incluye un capítulo dedicado a las "Garantías Sociales" . El 10 de mayo de 1947 entró en vigor el Código de Trabajo. En la etapa que va de 1944 a 1954 se acelera la la industrialización de nuestro país, aunque la pequeña empresa sigue predominando. En el censo industrial de 1946 las empresas con cinco o más trabajadores apenas alcanzaban la cifra de 776 dando ocupación a 19447 trabajadores. Esta composición social incide en las asociaciones profesionales de la época. En 1946 se funda el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), y 1947-1949 La lucha por la emisión del Código de Trabajo primero, y las tareas para la inscripción de las centrales y los sindicatos a ellas afiliados después de promulgado el Código de Trabajo (1947), distraen a las organizaciones obreras de las tareas de unificación.
21
En los años 50 algunas organizaciones se disuelven después de haber perdido a casi todos a sus cuadros dirigentes y a partir de 1955 las organizaciones se rehacen. Aparecen el despido masivo y las listas negras, el secuestro, la tortura y la muerte de dirigentes, por organizaciones paramilitares. Posiblemente como consecuencia también de las circunstancias anteriores, se advierte el fenómeno de muchos sindicatos que no se encuentran afiliados a ninguna central y que no tienen relación alguna con otras organizaciones sindicales. Son pequeños islotes que se preocupan únicamente de los problemas de su empresa. En 1974, se registran 20 sindicatos llamados “independientes”,
que afilian a 3854 trabajadores. El Derecho del Trabajo surge de la llamada “segunda generación” de los derechos humanos. Un importante antecedente se remonta al siglo XIX, cuando en su encíclica papal, León XXIII afirmaba la importancia de generar condiciones más dignas para los trabajadores, como precedente de los derechos económico sociales en el mundo Después de la primera y segunda guerra mundial, las potencias que participaron en las mismas, para lograr respaldo popular, no reflejaron las verdaderas causas que las produjeron, manteniendo como argumento que se trataba de impulsar una amplia democratización en beneficio de los trabajadores. Por lo cual, al terminar ambas guerras, los trabajadores exigieron que a nivel internacional se plasmaran declaraciones que comprometieran a los diversos estados a la promulgación de leyes laborales que garantizaran derechos mínimos de los trabajadores. Es así como el preámbulo de la parte XIII del Tratado de Versalles presentó las tres razones que si revieron de base para el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, siendo las siguientes: a) La sociedad de naciones tiene por objeto la paz universal, pero tal paz puede únicamente basarse en la justicia social. b) Existen en el mundo condiciones
de trabajo que implican para muchas
personas la injusticia y la miseria, situación que pone en peligro la paz y la armonía universales, por lo que era urgente mejorar las condiciones de trabajo. c)
22
La no adopción por parte de una nación de un régimen de trabajo realmente humano, constituye un obstáculo a los esfuerzos de los pueblos deseosos de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. En Guatemala, los cambios propiciados por la incipiente organización de los trabajadores desde 1913 se habían empezado a generar brotes de organización de obreros en los llamados aprendices y maestros, sobre todo en la rama de los zapateros; esto conduce finalmente, como consecuencia del contexto propiciado por la revolución del 20 de octubre de 1944,a la promulgación del Código de Trabajo, con el cual se regulan y establecen las fundamentales instituciones del derecho colectivo de trabajo, como lo son la asociación profesional, los sindicatos, la huelga y otros.
23
24
CAUSAS PARA CANCELAR UN SINDICATO.
La disolución del sindicato o asociación profesional constituye su desintegración como organización humana y la cancelación de su registro como persona jurídica, dicho en otras palabras es el fenecimiento del sindicato. También puede ser consecuencia de una acción judicial, para castigar una conducta desobligada o transgresiones legales hechas en su nombre. De la misma manera, la disolución puede provenir de una acción interna de los propios miembros del sindicato, en cuyo caso deben cumplir procedimientos y requisitos internos en la organización, como el caso de que dicha decisión sea tomada por las dos terceras partes del total de miembros del sindicato. El trámite se inicia mediante la presentación de la solicitud, con copia del acta en que se acordó la decisión. La Dirección General de Trabajo debe hacer pública la solicitud en el Diario Oficial, para establecer que no existe oposición y si no la hubiere procede la cancelación conforme el trámite que la ley manda. Ya sea porque la disolución provenga de una resolución judicial impuesta como sanción o porque los propios miembros del sindicato deciden disolverlo, la Dirección General de Trabajo deberá nombrar una comisión liquidadora que procederá de conformidad con la ley. En el tema objeto de esta investigación,como lo es la asociación empresarial o fusión mercantil, se estableció conforme a investigación de campo, que la disolución o cancelación de la asociación profesional o sindicato, de hecho si se realiza al concretarse la fusión, ya que dicha organización no logra sobrevivir a la nueva entidad que se crea; pero en la práctica en el registro sindical, a cargo de la Dirección General de Trabajo, los sindicatos que existían al momento de darse una asociación o fusión, únicamente aparecen anotados como “inactivos” sin
haberse llegado a dar una liquidación definitiva de su organización de conformidad con la ley, como debería de haberse dado, o bien que pasaran a formar parte de la nueva entidad creada, aunque en la realidad ya no exitan. Esto se da aparentemente al no estar debidamente regulado en nuestro ordenamiento 25
jurídico, o bien por no hacerse los trámites administrativos, al menos es lo que se argumenta. En algunos
casos la asociación de trabajadores comienza a
constituirse o bien se dan algunos indicios de su organización, cuando se concreta la fusión, desarticulándose así completamente la incipiente asociación gremial. Para concluir, con este tema, nos referimos a lo dicho por el tratadista De Buen, citado por Luis Fernández Molina, quien sostiene que: "el derecho laboral encaja en los lineamientos del derecho social, ya que la mayor parte de sus instituciones responden a la idea del derecho social e intentan lograr la justicia social". Que es lo que al final debería buscarse al afectarse derecho colectivo de trabajo, ya que como se indico, cuando se concreta una fusión, lo que más afecta es la organización profesional de la clase trabajadora, misma que prácticamente desaparece, aunque en los registros que para el efecto se llevan aun aparezcan registrados aunque como inactivos, aspecto que nuestra legislación no contempla.
Normativa aplicable
Al hablar de la normativa aplicable a la asociación
profesional, no podemos limitarnos a lo que al respecto se regula en la Constitución Política de la República de Guatemala, sección octava del segundo capítulo; el Código de Trabajo en su título sexto donde se regula todo lo relacionado a los sindicatos; la Ley del Organismo Judicial, etc., sino que además se debe tener presente lo establecido en nuestra misma carta magna, considerada de máxima jerarquía dentro del derecho interno, donde en el artículo 46, regula: “se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, l os
tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”; y es que no se debe olvidar que en materia de derechos humanos, se acostumbra dividirlos o clasificarlos en tres generaciones, y precisamente como ya se indico, los derechos de la llamada segunda generación, son los derechos económicos, sociales y culturales; y que dentro de los sociales, se encuentra inmerso todo lo relacionado al derecho de trabajo y la asociación profesional de los trabajadores, por lo tanto surge de la llamada “segunda 26
generación de los derechos humanos”. Como una muestra de lo anterior, cabe
hacer mención del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, mismo que entró en vigencia el tres de enero de mil novecientos setenta y seis, el cual en el artículo 8 numeral uno, regula: “los Estados partes en
el presente pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales”, esto independiente de los demás convenios y
tratados específicos celebrados por dicha organización. Podemos decir con certeza que en la cúspide del referido ordenamiento jurídico, se encuentra la Constitución y las normas constituciones aplicables, así como los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, en materia laboral, los que deberán ser de observancia obligatoria al conculcarse cualquier derecho laboral colectivo. En el aspecto central de la investigación se deben tener presentes para no vulnerar tales derechos, que al darse la asociación empresarial, fusión mercantil, escisión de sociedades, o cualquier otra denominación que se le atribuya, no se deben anteponer únicamente intereses de tipo económico empresarial o mercantilistas, sino tomar en consideración los derechos e intereses propiamente de los trabajadores que constituyen el principal elemento de la empresa mercantil y al cual el propio estado debe protección especial por constituirse en la parte más débil en la relación laboral, incluyéndose dentro de esta, que no se afecte la organización de los trabajadores, ya que este aspecto no se toma en consideración y también constituye un derecho social legalmente garantizado. En el mismo código de trabajo se establece que para los efectos de su interpretación, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social (artículo 17 ). Este principio aunque recibe muchas críticas, por el sentido paternalista que se le pretende dar a la legislación, material y adjetivalmente, el Estado no ha sido capaz de satisfacer esa tutelaridad. Esa falta de tutelaridad se da a nivel general, no solo en cuanto al sector privado como 27
parte patronal se refiere, sino que resulta también evidente que en el sector estatal muchas veces tampoco se aplica. QUE ES EL NEONIBERALISMO
El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. Quienes defienden al neoliberalismo, llamados neoliberales, muestran su claro apoyo a la liberalización en materia de economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio, a partir de una desregulación de los mercados. Además, el neoliberalismo tiene otra característica fundamental que es la privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. El neoliberalismo surgió en 1930, como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque al mercado de valores. Además, en su conjunto de teorías e ideologías, el neoliberalismo impulsa el fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división del trabajo pensado a gran escala, para de ese modo poder ingresar en un proceso de globalización, lo cual se denominó división internacional del trabajo, donde cada país fortalecía e impulsaba su economía en un sector específico: en el caso de los países de América Latina, la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias fueron los principales motores de inserción en esa división internacional, mientras que los países europeos y Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollo tecnológico. Como un “revivir” de esa división internacional del trabajo, durante los años ’90 se
relató el Consenso de Washington, que se trataba de un listado que incluía políticas económicas aconsejadas para América Latina con el objetivo de empujar
28
su crecimiento. Este listado fue elaborado por diferentes organismos financieros a escala internacional en la ciudad de Washington DC y se transformó en el programa aplicado por varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Algunas medidas tomadas por los gobiernos, de acuerdo a ese programa general que era el Consenso de Washington fue privatizar la recaudación de aportes a la seguridad social, el achicamiento del gasto público en salud y educación, que llevó a la creación de escuelas privadas y de servicios de medicina paga, la no inversión en el sector del transporte público, la casi nula presencia de programas sociales a sectores sociales vulnerables, etc.
NEOLIBERALISMO Y RELACIONES DE TRABAJO Ración tuvo que ser acorde con esa situación de desigualdad para equilibrar las fuerzas de la producción.
INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA EN LAS RELACIONES DE TRABAJO De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo son varios los elementos que deben constar en una contrato o relación de trabajo, sin embargo, para ser acordes con lo anteriormente expuesto y relativo a la economía, nos abocaremos a tratar por el momento, dos aspectos de gran importancia como salario y la actividad o actividades que debe desarrollar el trabajador en la relación de trabajo y que vienen a ser impactados en nuestro sistema de relaciones laborales (y las de todo el mundo) por el neoliberalismo de forma más que importante. Como es sabido, el salario y las actividades que debe realizar el trabajador están señalados en el Título Segundo, De las Relaciones Individuales de Trabajo, Capítulo I, Disposiciones Generales, concretamente en el artículo 25 que expresa sobre el contenido del escrito del contrato de trabajo relativo a las condiciones generales de trabajo, entre las que se encuentran la del salario en la fracción VI,
29
forma y monto del salario, y en la fracción III, el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible Los derechos laborales, reconocidos en numerosas declaraciones y convenciones internacionales, son letra muerta para muchos gobiernos, transnacionales y empresarios de las plantas maquiladoras, para quienes, el fin supremo de la rentabilidad justifica todos los medios. Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un producto destinado a la exportación, ubicándose en las "zonas francas" o "zonas procesadoras de exportación" en donde se benefician de numerosas ventajas que les ofrecen los países receptores. En un contexto de fuerte competencia, las transnacionales buscaron rebajar al máximo los costos de producción por la vía de trasladar las actividades productivas de los países industrializados a los países periféricos con bajos salarios sobre todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso intensivo de mano de obra. Las maquilas aprovechan la enorme diferencia salarial que existe entre el Norte y el Sur. Mientras un obrero mexicano, en 1998, ganaba 1,51 US dólares por hora, el de Estados Unidos, por un trabajo idéntico, obtenía 17,2 dólares, es de decir once veces más. Las maquilas cobran una creciente importancia. En México una cuarta parte de la mano de obra industrial (más de 1?100.000 obreros / as) trabaja en las 4.079 plantas maquiladoras ubicadas ya no solo en los estados fronterizos con Estados Unidos sino en el interior del país. En Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana los puestos de trabajo en las maquilas superan holgadamente los 500.000. En México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que arranca en 1994, ha potenciado la instalación de grandes transnacionales, tales como la
30
General Electric, AT&T, Chrysler, Zenith, Ford Motor Company, General Motors, Mattel Toys, Panasonic, Matsuhita electronic, Motorola, Philips consumer electronics, Sansonite y Jonson & Jonson Medical, Delphi Packard ?Electric Systems, United Techonologies/Autodivisión, American Yazaki Corporation, etcétera. Abarcan ramas tan variadas como la confección, accesorios y máquinas eléctricas y electrónicas, muebles, automotriz, químicos, alimentos, juguetes, calzado y cuero. En San Salvador, en donde hay unos/as cien mil trabajadores/as en unas 225 empresas maquiladoras, la situación es parecida. La oficina del Defensor del Pueblo informó que más de una tercera parte de las trabajadoras declararon haber sido maltratadas, más de un tercio amenazadas, el 3% golpeadas y el 3% acosadas sexualmente. Un fenómeno interesante que acompaña a esta producción es la submaquilación. Este tipo de subcontratación se puede establecer entre dos empresas maquiladoras o entre una maquiladora o personas particulares, talleres familiares o microempresas", sostiene la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el estudio "La situación en las zonas francas y empresas maquiladoras del Istmo Centroamericano y República Dominicana". Derechos laborales de las mujeres en las plantas maquiladoras
Algunos estudios coinciden en señalar que en general el impacto de la globalización económica especialmente para las mujeres que viven del trabajo es negativo: mientras en las dos últimas décadas la taza global de participación (TGP) femenina crece, el empleo se precariza; las mujeres han disminuido su participación como asalariadas, crece la informalidad, el empleo temporal, las maquilas –de mayoría femenina- y el desempleo, empobreciendo más a las mujeres. De otra parte el desarrollo tecnológico, disminuye las necesidades de mano de obra estable, a la vez que exige mayores grados de calificación no disponible para las mujeres pobres, aumentando las brechas de inequidad social, en últimas se están nivelando las desigualdades sexuales . 31
ORDINARIO LABORAL NUEVO.
SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------
JENRRI RONALDO VILLAGRÁN SIC de treinta y nueve años de edad, soltero, guatemalteco, piloto, con vecindad en el municipio de Escuintla, del departamento de Escuintla, me identifico con Documento Personal de Identificación, con Código Único de Identificación dos mil seiscientos cuarenta y uno setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco cero cinco cero cinco extendido por el Registrador Civil del Registro Nacional de las Personas del municipio de Masagua del departamento de Escuintla actúo bajo la dirección, procuración y asesoría del abogado FERMIN REYES XITUMUL señalo como lugar para recibir notificaciones la sede del Bufete Popular de Escuintla, ubicada en la quinta calle, dos guión setenta, zona uno del municipio de Escuintla del departamento de Escuintla. Ante usted respetuosamente comparezco a promover JUICIO ORDINARIO LABORAL en contra del señor MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES, quien puede ser notificado en la SEGUNDA AVENIDA NUEVE NOVENTA Y DOS ZONA UNO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.
HECHOS: 1. DE LA RELACION LABORAL: Es el caso señor juez que fui contratado por el señor MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES en forma verbal e inicie la relación laboral el veintitrés de julio del dos mil doce y fui despedido injustificadamente el dieciséis de diciembre del año dos mil trece. 2. DEL TRABAJO DESEMPEÑADO: desempeñé mi labor como PILOTO. 3. DE LA EJECUCION DEL TRABAJO: ejecuté el trabajo en la carretera que conduce de Escuintla hacia la aldea Chapernas. 4. DE LA JORNADA DE TRABAJO: la jornada de trabajo se ejecutaba ordinaria
32
mixta, iniciaba mi labor desde las cinco de la mañana a las ocho de la noche los días que laboré en ese horario fueron de lunes a domingo. 5. SALARIO: fui contratado para laborar devengando un salario mensual de dos mil setecientos (Q 2,700.00). 6. TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL: fui despedido de forma verbal ya que me fue comunicado el despido directo e injustificado el día dieciséis de noviembre del año dos mil trece por el señor EDGAR CRISTOBAL QUEVEDO DONIS , hijo del ahora demandado. 7. PRESTACIONES LABORALES QUE RECLAMO: Como consecuencia del despido, reclamo las siguientes prestaciones :
INDEMNIZACION: Reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
VACACIONES: reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
BONIFICACION ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
AGUINALDO: reclamo en este concepto, por el periodo laborado de veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
BONIFICACIÓN INCENTIVO: reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
DAÑOS Y PERJUICIOS: Consistentes en los salarios dejados de
33
percibir desde el momento del despido hasta el pago de mi indemnización hasta un máximo de doce meses de salario.
MEDIOS DE PRUEBA. Ofrezco los siguientes medios de prueba: 1. CONFESION JUDICIAL: Que deberá absolver el señor MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES, en forma personal y no por medio de apoderado, por lo que solicito que el juez fije para la primera audiencia y se cite al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso, en su rebeldía. de conformidad con el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno Código de Trabajo. 2. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO A LA DEMANDA: 2.1. Copia de las adjudicaciones número: R guión cero quinientos uno guión cero cero cuatrocientos setenta guion dos mil catorce (R-0501-004702014) se prueba que se agotó la VIA ADMINISTRATIVA CONCILIATORIA, debido a la falta de conciliación por DESACUERDO PATRONAL, extendidas por la Inspección de Trabajo del municipio de Escuintla del departamento de Escuintla. 2.2. Cálculo de prestaciones laborales, extendida por el inspector de trabajo, de la delegación departamental de Escuintla. 3. Presunciones legales y humanas que se deriven del presente caso concreto.
PETICIONES: 1.- DE TRÁMITE I. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. II. Que se admita para su trámite la presente demanda en contra del señor MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES quien puede ser notificado en la segunda avenida nueve noventa y dos zona uno del municipio y departamento
34
de Escuintla. III. Que se tenga como señalado el lugar para recibir notificaciones. IV. Que se tenga como mi abogado propuesto antes mencionado. V. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados y por presentados los documentos adjuntos. VI. Que se señale día y hora para que las partes comparezcan a Juicio Oral previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo sin mas citarle ni oírle, de conformidad con el artículo trescientos treinta y cinco del Decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno Código de Trabajo. VII. Que se cite a la parte demandada para que comparezca a juicio a efecto de prestar confesión judicial, en forma personal y no por medio de apoderado por lo que solicito que el juez fije para la primera audiencia y se cite al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso, en su rebeldía, de conformidad con el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno Código de Trabajo.
2.- DE FONDO: 1. Llegado el momento procesal oportuno una vez agotado el trámite que en derecho corresponde se dicte la sentencia respectiva y se condene a la parte demandada el señor MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES. Al pago de las siguientes prestaciones:
INDEMNIZACION: Reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
VACACIONES: reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre
35
del año dos mil trece.
BONIFICACION ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
AGUINALDO: reclamo en este concepto, por el por el periodo laborado de veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
BONIFICACIÓN INCENTIVO: reclamo en este concepto, por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece.
DAÑOS Y PERJUICIOS: Consistentes en los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el pago de mi indemnización hasta un máximo de doce meses de salario.
Acompaño original y tres copias del presente memorial, plica y documentos adjuntos. Escuintla 31 de marzo de 2014..
PLIEGO D DE P POSICIONES QUE DEBERÁ ABSOLVER EL SEÑOR MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES EN FORMA PERSONAL Y NO POR MEDIO DE APODERADO, DENTRO DE LA
36
PRIMERA AUDIENCIA QUE SEÑALE EL SEÑOR JUEZ EN EL PRESENTE JUICIO ORDINARIO LABORAL EL CUAL DEBERÁ ABSOLVER, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARARLA CONFESA, EN SU REBELDIA. 1. Diga la parte demandada si es cierto que el señor JENRRI RONALDO VILLAGRÁN SIC laboró para usted como ayudante en le ruta que conduce de Escuintla hacia la aldea Chapernas. 2. Diga la parte demandada si es cierto que el señor JENRRI RONALDO VILLAGRÁN SIC laboró en el período de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece. 3. Diga si es cierto la parte demandada; que el señor JENRRI RONALDO VILLAGRÁN SIC laboraba para el puesto de PILOTO. 4. Diga si es cierto que el señor JENRRI RONALDO VILLAGRÁN SIC fue contratado para laborar por un salario mensual de dos mil setecientos quetzales. 5. Diga si es cierto que la parte demandante laboro en una jornada ordinaria mixta, de cinco de la mañana a ocho de la noche, de lunes a domingo. 6. Diga si es cierto que le adeuda al señor JENRRI RONALDO VILLAGRÁN SIC las prestaciones irrenunciables correspondientes a Indemnización aguinaldo, Bonificación Anual y Vacaciones que establece la ley por el periodo laborado de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce al dieciséis de diciembre del año dos mil trece. Escuintla 31 de marzo de 2014.
SALARIO MINIMO. El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus
37
trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.1 Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario máximo. Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/libras a un trabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual. El salario mínimo es susceptible a el valor de las monedas y a la inflación debido a que durante las devaluaciones monetarias el trabajador pierde poder adquisitivo, lo mismo ocurre con los periodos inflacionarios. Para reestablecer el mismo poder adquisitivo se dan los aumentos de el salario mínimo. La regulación del salario mínimo fue establecida por primera vez en el estado australiano de Victoria, en 1894, y fue producto de levantamientos obreros para recriminar y legalizar un salario mínimo a percibir por un trabajo realizado. Desde entonces, diferentes movimientos obreros y sindicatos de trabajadores y otros colectivos han estado presentes en la legalización y establecimiento del concepto salario mínimo en prácticamente todos los países del mundo, evidentemente con diferentes resultados
Efectos económicos de las leyes de salario mínimo Hay diversas teorías económicas acerca de las consecuencias del salario mínimo. Según ellas, las consecuencias pueden ser positivas o negativas.
Consecuencias positivas que se suelen atribuir al salario mínimo:
Reducción del trabajo mal pagado, que puede ser visto como explotación laboral, es decir injusto y de explotación. 38
Reducción de la dependencia de los que perciben salarios bajos en las ayudas estatales, que puede dar lugar a una reducción de impuestos.
Aumento de la productividad, ya que se fomenta la inversión en capital y formación, desincentivando el empleo de mucha mano de obra.
Consecuencias negativas que se suelen atribuir al salario mínimo:
Aumento del desempleo para los que perciben sueldos bajos, ya que los costes de los sueldos más altos incentivan la reducción del número de empleados. Sin embargo algunos autores refutan esta afirmación .5
Aumento del subempleo o de la economía informal, especialmente en aquellos países donde no existe seguro de desempleo.
Aumento de los precios de los bienes y servicios básicos: gran parte del coste corresponde a mano de obra.
Consecuencias ambivalentes, positivas y negativas.
Política social.
Política fiscal.
Efectos procesales - judiciales: En los pleitos por deudas se suele hacer inembargable los salarios mínimos, y en las cuantías superiores a los salarios mínimos se embarga conforme a escala (primera cuantía adicional 30 %, luego el 50 %. hasta un 90%.
SALARIO MÍNIMO 2012. Acuerdo Gubernativo 520-2011. A) Sector Agrícola y No Agrícola: El aumento alcanzó a Q 68.0/día. Representa un incremento de Q 4.30 diarios (6.75%). El pago mínimo por hora será de Q 8.50, por lo que al mes se debe totalizar junto con la bonificación Q 2,318.00 como mínimo.
B) Sector Textil y Maquila:
El aumento alconzó a Q 62.50/día. Representa un incremento de Q 3.05 diarios (5.13%). El pago mínimo por hora será de Q 7.81, por lo que al mes se debe totalizar junto con la bonificación Q 2,151.04 como mínimo. Fórmula: paga diaria*365, dividido en 12 meses, + 250 de bonificación.
39
AJUSTE DEL SALARIMO MÍNIMO, VIGENCIA DESDE 01 ENE 2011..
Acuerdo Gubernativo 388-2010. Publicado el 30 de Dic 2010 en el Diario de Centro América.
A) Sector Agrícola y No Agrícola: Incremento de Q 7.70 por día. El incremento equivale a un aumento de 13.75%. A partir del 01 ene 2011 el salario por día es de Q 63.70, quedando en Q 0.91 por debajo del valor de la Canasba Básica de Alimentos, la cual registró para el pasado enero un costo de Q 64.61. Para el pasado noviembre la canasta ascendió a Q 71.82, por lo que el mínimo acordado se encuentra a una distancia de ser completada en Q 7.58. El nuevo salario de Q 63.70 totaliza al mes Q 1,937.54, que al incluir los Q 250.0 de bonificación alcanza Q 2,187.54.
B) Sector Textil y Maquila:
Incremento de Q 7.70 por día. El incremento equivale a un aumento de 14.88%. A partir del 01 ene 2011 el salario por día es de Q 59.45. Con este incremento se alcanza un sueldo mensual de Q 1,808.27, que al incluir los Q 250.0 de bonificación alcanza 2,058.27.
La comisión nacional del salario (CNS) multiplica el sueldo diario por 365 y luego lo dividen dentro de los 12 meses, más la bonificación.
AJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO, VIGENCIA DESDE 2010.
Publicado en Prensa Libre 30 diciembre 2009.
El presidente Colom decretó un incremento de Q 4.- al salario mínimo de los sectores agrícola, no agrícola y textil. Entra en vigencia a partir del 01 enero 2010. El incremento permite costear el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) mensual, que alcanza la cifra de Q 1,917.34 para el mes de noviembre 2009. Mientras que la canasta básica para el mismo período es de Q 3,498.79.
40
Las negociaciones pretendían por parte del sector laboral que el incremento fuera de Q 10.0 diarios. Buscaron fijar el mínimo en Q 63.91, mientras que el sector empresarial sugirió que el incremento fuera por productividad.
Los sectores de nivelación del salario mínimo quedaron de la siguiente manera:
a) Sector agrícola y no agrícola (trabajadores de la ciudad): Sueldo mínimo diario aprobado Q56.0 ( Q 7.0 por hora ), que equivale a Q 1,703.33 mensual. Más bonificación de ley de Q 250.0, totaliza Q 1,953.33. El incremento representa 7.69 %, en base al mínimo vigente durante el 2009 de Q 52.0 diarios.
b) Sector textil y maquila: Sueldo diario aprobado Q51.75 ( Q 6.46 por hora), que equivale a Q 1,574.06 mensual. Más bonificación de ley de Q 250.00, totaliza Q 1,824.06. El incremento representa 8.37 %, en base al mínimo vigente durante el 2009.
El Acuerdo Gubernativo 347-2009, contiene la aprobación del ajuste al salario mínimo.
EL SERVICIO CIVIL El Servicio Civil tiene como fin promover y contribuir a la modernización del Estado y al mejoramiento de la gestión pública, mediante el impulso y asesoría a servicios, organismos y autoridades de gobierno de la gestión estratégica de personas de la administración civil del Estado.
No existe una fuente única en el Gobierno que pueda proporcionar la cantidad real de empleados públicos en un momento determinado. La mayoría de cifras que tratan sobre empleos se basan en el número de plazas autorizadas. Sin embargo, en vista que no todas las plazas autorizadas están ocupadas, ésta no es una medida precisa del nivel de empleo. Asimismo, existen varias categorías de empleados las cuales no están todas incluidas en los listados de plazas autorizadas. El resultado es que las estimaciones del nivel de empleo en el sector
41
público varían dependiendo del rango o cantidad de instituciones incluidas, categorías de empleos cubiertas y si se utiliza la cantidad de plazas autorizadas o la cantidad de plazas ocupadas como base para hacer una estimación. En este informe trataremos de presentar nuestras estimaciones más precisas del nivel actual de empleo, basadas en la información recibida de diferentes fuentes. A pesar del cuidado que se ha tenido en la preparación de la información, el lector debe estar advertido que éstas deberían ser interpretadas como aproximaciones del nivel real y no como cantidades definitivas. La condición de los empleados queda definida por la categoría presupuestaria a la que están asignados. En Guatemala, los empleados permanentes están asignados a la categoría presupuestaria 011. La segunda categoría incluye a los empleados por contrato. Usualmente, estos son individuos que son contratados para proyectos con un plazo de existencia definido, por ejemplo, proyectos de infraestructura o proyectos con financiamiento externo. Estos empleados están asignados en la categoría presupuestaria 022. Las dos categorías, 011 y 022, representan la mayor parte de los empleos gubernamentales y son las categorías para las cuales existe la mayor cantidad de información confiable, ya que el pago de los salarios de estas categorías se procesa en el Ministerio de Finanzas, donde se centraliza la emisión de la nómina del Organismo Ejecutivo. Existe una tercera categoría de empleados "temporales" contratados por hora, la 041 (planillas de jornales). La mayoría de estos trabajadores son trabajadores dedicados a tareas manuales y que trabajan en obras públicas y en hospitales. No obstante, aparentemente son empleados temporales, muchos han ocupado sus plazas en forma continua durante varios años. No tienen derecho a todas las prestaciones concedidas a los empleados permanentes. Es difícil poder determinar la cantidad de esta clase de empleados, en parte porque la cantidad puede fluctuar considerablemente de 42
acuerdo con la temporada y también porque no existe una fuente centralizada de información sobre esta clase de empleados. La cuarta categoría es la 029. Esta categoría fue creada para permitir la contratación de personal calificado, profesional y técnico, para productos definidos y temporales sin las limitaciones impuestas por los reglamentos del Servicio Civil y sin tener categoría de empleados públicos. En la práctica suelen haber profesionales bajo esta categoría ejerciendo labores permanentes.
Esta clase de empleados son contratados durante períodos hasta de un año con fondos presupuestarios de una partida global. Cada ministerio procesa los contratos y solicita los pagos correspondientes sin intervención de la oficina de Servicio Civil como en el caso de los empleados bajo los renglones 011 y 022. Sin embargo, los contratos pueden ser renovados siempre y cuando exista asignación de fondos. En tanto que los empleados incluidos en el renglón 029 representan una fracción reducida de la cantidad total VIII. Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003 2 de empleos, este renglón ha crecido significativamente desde su inicio. Estos empleados no tienen los mismos derechos a las prestaciones a que tienen derecho los empleados permanentes, recibiendo exclusivamente honorarios. De acuerdo a la Ley del Servicio Civil y la Ley de Salarios de la Administración Pública las personas contratadas bajo este renglón no tienen calidad de funcionarios o servidores públicos.
Antecedentes: La primera referencia del Sistema de Servicio Civil Guatemalteco se encuentra en la Constitución de la República de 1945, en donde se consigna que su objetivo es el de regular la relación del Estado y sus empleados. Sin embargo, hasta 1956 se aprueba el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado-Decreto 43
Presidencial No. 584 del 29 de febrero de 1956, el cual contenía una serie de normas para regular el sistema técnico administrativo del sector público. El 1 de mayo de 1957, se establece el Departamento Nacional de Personal, del cual dependían 26 oficinas de personal de distintos Ministerios de Estado y en 1958 este Departamento fue sustituido por el Departamento de Servicio Civil, creado para elaborar los estudios necesarios para la adopción de un plan de clasificación de puestos. En 1965, se consigna en la Constitución de la República, el mandato de que en un plazo de dos años, a partir de su vigencia, debía emitirse la Ley de Servicio Civil con el propósito de garantizar la eficiencia de la función pública y la dignificación del trabajador. La Ley fue emitida el 2 de mayo de 1968 (Decreto No. 1748 del Congreso de la República, la que entró en vigencia el 1 de enero de 1969). La Ley de Servicio Civil contempla los fundamentos y principios filosóficos del sistema, las normas básicas y estructura técnico-administrativa para su operación, designando a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- como ente responsable de velar por su adecuada aplicación. La actual Constitución Política de República (en vigor desde el 14 de enero de 1986) respetó e incluso amplió los derechos de los trabajadores, al incluir en su texto lo referente a los Trabajadores del Estado, ratificando que la Ley de Servicio Civil es la que rige las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, excepto en los casos de aquellas instituciones que posean su propio régimen de personal. Las relaciones laborales están reguladas por el Código de Trabajo Decreto 14-41 del Congreso de la República y los Tribunales de Trabajo. El Código de trabajo regula las relaciones laborales en los sectores públicos y privados. Los Magistrados de los Tribunales de Trabajo son nombrados por la Corte Suprema de Justicia y son contratados por un plazo indefinido para atender disputas laborales. Los laudos o decisiones de arbitraje pueden apelarse a los tribunales y en último caso a la Corte Suprema de Justicia, o para en asuntos de procedimiento a la Corte de Constitucionalidad 44
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SERVICIO CIVIL GUATEMALTECO
El sistema nacional del Servicio Civil en Guatemala se organiza de la siguiente manera: Órganos Directores: • Presidencia: El Presidente de la República es la máxima autoridad del Servicio
Civil Guatemalteco •Junta Nacional d el Servicio Civil: se integra con tres miembros titulares y dos
suplentes designados por el presidente de la república para un período de tres años. Dentro de sus deberes y atribuciones se encuentran: rendir al Presidente de la República y al Congreso, memoria anual de sus labores; colaborar en la promoción y mejora del Sistema Nacional de Servicio Civil; investigar y resolver administrativamente, en apelación, a solicitud del interesado las reclamaciones que surjan en materia de reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. • Oficina Nacional del Servicio Civil – ONSEC-: es el órgano ejecutivo encargado
del Servicio Civil. Está integrada por un director y un subdirector y por el demás personal necesario para su funcionamiento. Su principal obligación es organizar el sistema de administración de personal al servicio de la Administración Pública. • Ministerios: dentro de cada ministerio se encuentran las unidades de gestión
administrativa a cargo de: administración general, comunicación social, secretaría, administración financiera, recursos humanos, contrataciones y adquisiciones u 45
servicios generales. La administración general depende jerárquicamente del Ministro. • Ministerio de Finanzas Públicas: el Ministerio de Finanzas Públicas es el
encargado de coordinar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Gobierno Central y sus entidades descentralizadas y autónomas. Transferir a los organismos y entidades del Estado los recursos financieros asignados es sus distintos presupuestos. Regula la creación de plazas en el sector público.
En primer lugar hay que definir lo entendido por Procedimiento Administrativo el cual consiste en un conjunto de pasos previamente establecidos y ordenados por la ley, que guardan entre si una relación de concordancia y cuyo producto final es un acto administrativo. Como recordaremos Acto Administrativo es una “Declaración unilateral realizada
en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en
forma
directa”.
(Gordillo
Tomo
II
Capitulo
X
Pág.
8).
Los actos administrativos como productores de efectos jurídicos directos, pueden ser controvertidos por el interesado mediante la interposición de recursos administrativos que la ley reconozca. Esto en razón, del derecho que toda persona tiene, a que la administración le otorgue los medios pertinentes para cuestionar y discutir la validez de un acto emitido por esta. Actos
que
agotan
Base
la
vía
Jurídica
administrativa Conceptualización
Podemos encontrar en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Art.7
literal
a)
lo
siguiente:
“No se admitirá la acción contencioso administrativa respecto de los siguientes
actos: a) Los consentidos expresamente y aquellos en que no se haya agotado la vía administrativa. Se entiende que esta agotada la vía administrativa, cuando se haya
46
hecho uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga
expresamente”.
De esto podemos deducir que en un procedimiento administrativo, es requisito agotar todos los medios de impugnación que la ley establece para poder posteriormente acceder a la vía judicial en sede contencioso administrativo. Doctrina “La exigencia de que la resolución que sea recurrida cause estado de forma que
no sea reclamable sino en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, es un requisito según el cual el recurso contencioso-administrativo solo se admitirá en relación con las disposiciones y los actos de la Administración que no sean susceptibles de ulterior recurso ordinario en la vía administrativa” (Enterria, Tomo II,
Pág.
487).
Gordillo reconoce de igual forma a los actos que agotan la vía administrativa: “El
acto administrativo de cualquier órgano o ente administrativo puede hacer cosa juzgada administrativa, sea un ente autárquico, empresa del Estado, etc”. (Gordillo,
Tomo
III,
Capitulo
VI,
Pág.4).
De esta conceptualización, podemos deducir que un acto que agota la vía administrativa es aquel al que no se le puede interponer recurso administrativo alguno porque se agotaron todos los medios de impugnación establecidos por la ley; sin embargo, queda expedita la posibilidad de interponer un recurso judicial, siempre que el acto ya no pueda ser recurrible en sede administrativa, ya que el administrado no tiene mas opción que acudir a la vía contencioso administrativa. Existen
2
formas
de
agotar
la
vía
administrativa:
1. Interponer los recursos procedentes: Basándonos en los recursos que las leyes admiten
en
sede
administrativa.
2. Que una ley diga expresamente que un determinado acto agota la vía administrativa:
Esto
presupone
dos
requisitos
que
la
ley
dispone:
Reserva de ley: “En caso de que el recurso administrativo en cuestión no ha
sido establecido por una norma con rango de ley, sino por un reglamento, 47
adquiere entonces el carácter de potestativo, y el particular puede optar entre interponerlo o bien acudir directamente a la vía contencioso administrativa”.
Ejemplo: Un ejemplo de esta facultad potestativa del administrado se da en la Sentencia Ref. 142-M-98, en la que la Sala declara sin lugar la inadmisibilidad que la Dirección General de Tránsito pide por no haberse agotado la vía administrativa, ya que , el recurso que se admitía estaba regulado en el Reglamento General de Transito y Seguridad Vial, el cual adquiere el carácter de potestativo ya que solo puede regularse mediante una ley formal, por tanto, no puede exigirse su utilización como un requisito para poder interponer posteriormente la acción contencioso
administrativo.
Declaración expresa de que el acto agota la vía administrativa: Una segunda situación se da cuando la ley no dice expresamente que un acto agota la vía administrativa y tampoco regula un recurso que proceda interponer contra este, por lo que el administrado debe acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Tal afirmación, viene dada de la Sala de lo Contencioso Administrativo
en
su
Sentencia
CAN110M96.97.
Jurisprudencia: La Sala de lo Contencioso Administrativo ha declarado inadmisible el recurso interpuesto en una demanda por no haberse agotado la vía administrativa, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Sentencia de 1062006. Ejemplos de actos que agotan la vía administrativa a través de recursos en sede administrativa Art. Art.
135 13,
y 46
y
137 56
del
de
la
Código Ley
de
Municipal Servicio
Civil
Art. 76 y 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica. Impugnabilidad
de
los
actos
administrativos
En función de su impugnabilidad ante la Sala de lo Contencioso Art. 7de la Ley de
48
la Jurisdicción Contencioso Administrativo los actos se pueden clasificar en: Actos de trámite. Definición doctrinaria: “Son aquellos actos productores de
efectos jurídicos directos, aunque, relativos al procedimiento que se tramita, reciben el nombre de actos interlocutorios o de mero tramite”. (Gordillo, Tomo II Capitulo
X
Pág.
13).
En el derecho comparado se establecen los casos en los cuales es procedente impugnar Si
deciden
Determinan
este directa la
tipo o
de
indirectamente
imposibilidad
de
el
continuar
fondo el
actos: del
asunto.
procedimiento.
Producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos:
En este último aspecto, podemos encontrar en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su Art. 9 que establece que se restringe la admisibilidad de estos tipos de actos ya que solo son admisibles los recursos de aquellos actos que constituyan una infracción de un derecho o un interés legitimo. Jurisprudencia: La Sala de lo Contencioso Administrativo reconoce que a pesar de que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo no hace alusión expresa a esta clase de actos, se ha establecido su impugnabilidad. Sin embargo, solo se admitirá su impugnabilidad en determinados supuestos, el primero de ellos, es cuando se refiere a aquellos actos de tramite asimilables a definitivos que ponen fin al procedimiento administrativo; que hacen imposible su continuación, o que deciden indirectamente el fondo del asunto. (Sentencia Ref. 27-T-99 y Sentencia del día treinta de abril de mil novecientos noventa ocho. Ref. 26-E-97). Ejemplo: En base a lo que la Sala ha resuelto respecto de los actos de trámite, podemos concluir, que en principio, no son impugnables, por ejemplo la admisión de un contrato en el ministerio de trabajo. Sin embargo, excepcionalmente, pueden ser impugnados, por ejemplo, en el caso de los actos de trámite que resuelvan directa o indirectamente el fondo de la pretensión: Cuando la Comisión del Servicio Civil no acepte pruebas descargo cuando se me esta llevando un proceso
de
destitución
o
despido. 49
Actos definitivo: Definición doctrina: “El acto definitivo es el que resuelve sobre el
fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y produce efectos externos creando una relación entre la administración, las demás cosas o personas; su nota fundamental esta en su autonomía funcional que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por si mismo al particular” (Gordillo, Tomo III, Capitulo II, pagina 9, 10). Jurisprudencia: La Sala de lo Contencioso Administrativo los define como “los
actos definitivos contienen la manifestación final de voluntad de la Administración en un determinado procedimiento administrativo” (Sentencia 157 -S-2002).
Podemos encontrar otros casos en los que la Sala se ha pronunciado respecto de estos
tipos
de
actos
en
sentencias
del
30/04/1998,
Ref.
26-E-97).
Ejemplo: Ejemplo de un acto que concluye un procedimiento es la resolución emitida por la Comisión del servicio Civil en un proceso de destitución o despido. Actos presuntos (silencio administrativo). Como sabemos, existen actos expresos, que son los que se clasifican según su impugnabilidad en actos de trámite y actos definitivos, tal como ya vimos anteriormente; pero existen a su vez, actos presuntos, que son aquellos sobre los cuales la Administración no se pronuncia respecto
de
una
actuación
propia.
La doctrina los define de la siguiente manera: “En ocasiones, ante la ausencia de
una voluntad administrativa expresa, la ley sustituye por si misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo”
Base Jurídica: El Art. 3 literal b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que procede la acción contencioso administrativa contra la denegación presunta de una petición una vez transcurrido el plazo de sesenta días desde la fecha en que se presentó dicha petición o solicitud. El silencio administrativo, tal como afirma Enterria, puede ser negativo o desestimatorio, pero a su vez, puede ser positivo o estimatorio, el cual consiste en que transcurrido el plazo y la Administración no emite una respuesta se deben entender estimados la solicitud o el recurso presentados por el interesado. Sin 50
embargo, hay que tener presente que el acto presunto estimatorio solo tiene aplicabilidad en los casos en los que la ley los regule expresamente. Jurisprudencia. Un ejemplo de un acto presunto que se entiende como positivo o estimatorio es el Art. 77 Inciso cuarto de la LACAP que establece que la falta de respuesta del recurso
de
revisión
Actividad
es
considera
en
administrativa
1.
Actos
sentido
no
positivo. impugnable
consentidos
expresamente.
Base Jurídica: Art. 7 literal a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Doctrina: “El plazo de interposición del recurso contencioso administrativo es
preclusivo, no cabe interponer recurso contra los actos que no hayan sido impugnados
en
tiempo
y
forma”.
El mismo autor continua afirmando que estos actos, comprenden además, aquellos supuestos en los que no se interpuso en plazo el recurso administrativo, cuando habiéndose presentado no se interpuso después la demanda en la vía contencioso administrativa en el plazo establecido y cuando se entiende desestimada la petición del administrado por no haberse pronunciado en el plazo y el administrado no se deduce después en plazo la demanda en vía judicial. En este sentido, estamos hablando de aquellos actos conocidos como actos firmes, ya
que
no
son
susceptibles
de
recurso
contencioso
administrativo.
Jurisprudencia: La Sala establece los casos en los cuales el acto adquiere estado de firmeza, y por tanto, no puede ser recurrible: “tal firmeza s e alcanza cuando el
acto admite recurso administrativo y no se interpone en tiempo y forma qué indica la ley; de igual manera respecto de aquellos actos que no admiten recurso alguno o que habiéndose agotado la vía administrativa no se ejerció la acción contenciosa dentro del plazo prescrito en el Art. 11 L .J.C. Actos
confirmatorios
de
otros
anteriores
consecutivos
y
firmes.
Base Jurídica: Esta clase de actos los podemos encontrar en el Art. 7 literal b) de la
Ley
de
la
Jurisdicción
Contencioso
Administrativa.
Doctrina: “Existen actos administrativos que carecen de vida independiente, pues
51
son una mera reproducción de otros anteriores que fueron consentidos sin impugnación” .
No son propiamente actos, sino que son la reproducción de un acto anterior, se trata
de
la
mera
ejecución
material
de
los
actos
administrativos.
Jurisprudencia: De este tipo de actos podemos encontrar más pronunciamientos de la Sala Contencioso Administrativa en la Sentencia 157-S-2002 que establece “El acto reproductora es aquel emi tido de forma posterior a las actuaciones firmes
o definitivas y se constituye en un mero acto repetitivo de ellas, concurriendo en el mismo una total identidad o reproducción de la manifestación final o firme anterior”
En la Sentencia 40-O-2001, la sala dispone que existe prohibición expresa del legislador de admitir la acción contenciosa contra actos que confirmen o reproduzcan actos administrativos definitivos o firmes, por haber transcurrido el plazo para impugnarlos, ya sea en sede administrativa o judicial. y se le resuelva no a lugar y vuelva a interponer el mismo recurso ante la misma administración. Actos
que
no
agotan
la
vía
administrativa
Podemos afirmar que un acto que no agota la vía administrativa es por lo general aquel acto que tiene diseñado un recurso para su impugnación en sede administrativa. Un ejemplo es el Art. 46 del la Ley de Servicio Civil y el Art. 76 de la LACAP. Sin embargo, existe otro caso al que la ley hace referencia: “Según el
articulo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa un acto no agota la vía administrativa en tanto no haya ley que lo diga expresamente, y si la regulación existente se reduce a no fijar un recurso administrativo ello no significa que el acto definitivo agote la vía administrativa, sino que hay que buscar el medio de agotar la vía administrativa en este caso. Para ello podemos acudir al Art. 3 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme el cual, contra la denegación presunta de una petición los ciudadanos pueden interponer recurso contencioso administrativo. Esto lo afirma de igual manera la Jurisprudencia administración en ejercicio de su potestad administrativa excluyendo la potestad reglamentaria. 52
También se hace necesario establecer la diferencia existente entre la vía administrativa, que son aquellos recursos que se hacen ante la administración pública y la vía jurisdiccional que son aquellos recursos que se hacen ante los órganos jurisdiccionales o tribunales. Por lo tanto cuando nos referimos a recursos administrativos a la impugnación de un acto administrativo por ante un órgano de la Administración que puede ser el propio autor del acto o su superior jerárquico; y los recursos contenciosos son los medios de que disponen los interesados para someter ante un tribunal, en la forma legal, una pretensión jurídica, con la finalidad de que esta sea satisfecha mediante una sentencia. Según lo establecido en la ley es necesario que dichos recursos administrativos sean utilizados en su totalidad por los administrados para que de esta manera este pueda hacer uso de los recursos contenciosos administrativos. El objeto del presente trabajo es explicar los procedimientos a seguir por los administrados para que sus acciones en la administración pública logren agotar la vía administrativa y puedan dirigirse a la vía jurisdiccional.
53
BIBLIOGRAFÍAS.
BREWER CARIAS, Allan. (1.999): "El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Caracas. Editorial Jurídica venezolana. Quinta edición. CABANELLAS, Guillermo (1.998): "Diccionario Jurídico Elemental".Caracas. Editorial heliasta. Edición de 1.998. LAREZ MARTÍNEZ, Eloy. (2.001): "Manual de Derecho Administrativo". Caracas. Editorial Exlibris. Décima segunda edición. Gordillo, Agustín, Octava edición 2004, “Tratado de Derecho administrativo, Tomo III: El Acto Administrativo, Capítulos II y VI, Fundación de derecho administrativo”,
Buenos Aires, Argentina.
Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández, Editorial Civitas, 1997,
Jurisprudencia: http://www.csj.gob.sv/contencioso/jurisprudencia.htm
54
