Autor: Vicente Ferrandis
ORIENTACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PROCESAL práctic ico o no es un prob proble lema ma de ¿Cómo se soluciona un caso práctico? Un caso práct laboratorio, sino que se trata de la expresión de un conflicto que puede suceder -o que incluso ha sucedido- en la vida real de un sujeto o de una Administración. No existen fórmulas únicas para dar respuesta a los conflictos sociales, jurídicos o económicos, de modo que se precisa un tanto de visión estratégica, creatividad y capacidad de síntesis para recordar las instituciones jurídicas, manejar adecuadamente la normativa que les resulta aplicable aplicable y ofrecer la mejor solución solución posible en términos términos de legalidad, eficacia, eficiencia, justicia y razonabilidad. Se ofrecen a continuación unas pautas útiles para la resolución de los casos:
I.Leer detenidamente el caso práctico, es decir, LOS HECHOS, el SUPUESTO DE HECHO. Hay que empezar por plantearse y contestar algunas preguntas orientativas, como: "¿qué conflicto y soluciones –de entre las posibles- se da en el caso?","¿qué sujeto sujetoss interv intervien ienen en en el caso?", caso?", "¿quin "¿quines es son compet competente entess para para actuar actuar'?", '?", "¿qué "¿qué intereses o "partes enfrentadas" aparecen?", etc. La lectura comprensiva nos ha de llevar a ENTEN ENTENDER DER bien el supuest supuesto o de hecho, hecho, señaland señalando o los términos términos y palabr palabras as que susciten interés. Si hay algún concepto o palabra cuyo significado se desconoce, hay que repasar y estudiar la teoría correspondiente.
II.Identificar LOS BLOQUES MATERIALES QUE APARECEN EN EL SUPUESTO DE HECHO, o sea, "localizar" "localizar" el contenido contenido del caso práctico práctico en alguna alguna de las grandes grandes mate materi rias as del del Dere Derech cho o Proc Proces esal al:: por por ejem ejempl plo, o, si es un caso caso "con "confl flic icto tos" s",, o de "jurisdicción", "de arbitraje", "de contratos" o de "tipos de procedimientos", ... aunque aunque normalmente los casos prácticos (sobre todo conforme va avanzando el curso) abordan diversas materias y temas. Por norma general, siempre aparecen una o dos materias principales en el caso, y otras derivadas o conexas: hay que jerarquizarlas. Para todo ello, es necesario haber estudiado la teoría, o saber acudir a los materiales que pueden facilitar su estudio puntual con el fin de resolver el caso.
III.Detectar y SELECCIONAR LA NORMATIVA QUE RESULTA APLICABLE a las materia materiass contem contemplad pladas as en el supues supuesto to prácti práctico, co, aun a pesar pesar de que las cuestio cuestiones nes planteadas no se refieran luego a tales materias: ello ayuda a descartar normativa no aplicable, centrar la visión en los problemas y anticipar las tareas de preparación de la solución del caso. Los textos legales han de estar trabajados y los principales preceptos subrayados, ello es indicativo del estudio basado en las normas, en el conocimiento directo directo de las mismas mismas.. Hay que conoce conocerr además además los principi principios os de articul articulació ación n del Ordenamiento jurídico, con el fin de priorizar la aplicación de la legislación básica estatal, si la hay; aplicar la normativa autonómica que proceda y además no confundir las diferentes fuentes (leyes, reglamentos) a la hora de establecer preferencias por los criterios ofrecidos por unas u otras). Profesor-Tutor: Profesor-Tutor: Introducción al Derecho Procesal
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Autor: Vicente Ferrandis
IV.Sólo tras haber realizado estas operaciones previas acudiremos a las PREGUNTASGUlA incluidas en el caso práctico, pensadas para orientar al alumno en la resolución del supuesto. Hay que leer despacio las preguntas orientativas para saber EXACTAMENTE LO QUE SE PREGUNTA. Ahora bien, como estas preguntas son meramente orientativas, es habitual que el caso práctico suscite al alumno otras preguntas o dudas que no se hayan planteado; poco a poco, el alumno será capaz de ir planteando preguntas o cuestiones alternativas. Es normal que al principio le cueste enfrentarse a los casos prácticos, pues éstos suelen -inevitablemente- tratar cuestiones que quizás no se hayan abordado todavía. Un caso práctico siempre es susceptible de distintas interpretaciones y, de hecho, en los casos reales aparecen siempre dos o más partes enfrentadas (por ejemplo, el Ayuntamiento que pone una multa y el ciudadano que no quiere pagarla). En otras palabras: existe un razonamiento jurídico, mejor o peor fundado en Derecho, para cada posición o interés enfrentado. Se recomienda al alumno que haga el esfuerzo de situarse siempre en los dos "bandos" y encuentre todos los argumentos posibles (por ejemplo en defensa de la Administración y en defensa del ciudadano) para resolver los casos, aunque finalmente deberá decantarse por una línea, -la que le parezca más coherente, o la que se le exija en el caso-, centrando toda la argumentación en la misma. Es necesario escribir concisa y precisamente lo que se quiere responder con calidad en las respuestas en términos de síntesis, capacidad de argumentación jurídica y de expresión jurídica especializada, así como la no comisión de errores graves (tales como el empleo de normativa no aplicable o la confusión de conceptos).
V.Resulta muy recomendable que el alumno se esfuerce en ESCRIBIR el caso práctico como si elaborara un DICTAMEN O INFORME; como si fuera un abogado o un perito que informa a un cliente sobre el conflicto o problema jurídico que plantea. No hay ninguna forma o procedimiento único para redactar un informe o dictamen jurídico. Hay que respetar algunas formalidades, por ejemplo evitar la transcripción de los preceptos que se van a citar (salvo que sea absolutamente necesario, se supone que el lector los conoce o puede acceder a ellos), indicar la abreviatura de la norma con su fórmula completa la primera vez que se cita, etc. Normalmente, el Dictamen consta de una exposición de los antecedentes fácticos o de hecho, un análisis de los conflictos jurídicos que se plantean (incluido análisis legislativo, jurisprudencial y doctrinal) y unas conclusiones con las posibles soluciones o propuestas. Suelen terminar con una declaración formal ("Este es mi Dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho") que, no obstante, tampoco es esencial. Lo importante es que el dictamen o informe sea claro y que esté correctamente razonado, de forma que las conclusiones que se propongan tengan una base jurídica.
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Autor: Vicente Ferrandis
Ejemplo: SANCIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA.
«NON BIS IN IDEM»
PLANTEAMIENTO La Inspección de Trabajo y Seguridad Social promovió acta de infracción en materia de seguridad e higiene a la empresa «CLK» por no disponer de las pertinentes medidas de seguridad, debido a la inexistencia de techos para el arriostramiento del último tubo de los que servían de soporte a una plataforma de construcción en la que estaban unos trabajadores, así como la falta de puntos de anclaje para los cinturones de seguridad de aquéllos. Omisiones que motivaron la caída de varios tablones de la plataforma y de los trabajadores situados en ella, con el resultado de la muerte de uno de ellos y lesiones para otros tres. Acta de infracción notificada a la empresa y frente a la cual ésta formuló alegaciones, entre otras, indicando la existencia de una causa penal, por los hechos que motivaron el acta. En resolución de la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma, se confirmó el acta de infracción, imponiéndose la sanción propuesta, indicando que el procedimiento administrativo, iniciado con el acta de infracción, es diverso al procedimiento penal, ya que el objeto de éste era la averiguación de posibles responsabilidades dimanantes de la muerte y las lesiones resultantes del accidente, mientras que el objeto del procedimiento administrativo se extendía únicamente a la responsabilidad por falta de medidas de seguridad, no examinándose los resultados del accidente.
CUESTIÓN Examínese la procedencia o improcedencia de la resolución administrativa confirmando el acta de infracción.
SOLUCIÓN Es reiteradísima la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que considera que los principios inspiradores del orden penal son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, con ciertas matizaciones (1). (1) Tribunal Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 1981, Tribunal Supremo, Sentencias de 10 de noviembre de 1986 (Sala Contencioso-Administrativo), 30 de marzo de 1987 (Sala Social), 29 de julio de 1989 (Sala Social) y 18 de octubre de 1987 (Sala Contencioso-Administrativo), entre otras.
Pues bien, un principio sancionador básico, propio de un Estado de Derecho, es el llamado «non bis in idem», que imposibilita una doble sanción, penal y administrativa, por unos mismos hechos, que se recoge en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el artículo 5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo y en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La elaboración del principio non bis in idem, es obra de la jurisprudencia penal anterior a la Constitución Española, suponiendo la aprobación de ésta, una elevación de su rango, ya que, aunque este principio no se proclame expresamente en el texto constitucional, la doctrina del Tribunal Constitucional lo ha considerado parte de las garantías del artículo 25 de la Constitución y aplicable al procedimiento administrativo sancionador (2). (2) Tribunal Constitucional, Sentencia 77/1983, de 3 de octubre, entre otras.
El principio non bis in idem pretende impedir una doble sanción penal y administrativa, cuando se dé una identidad de sujetos, hechos y fundamentos, es decir, sujetos, objeto y causa material de acciones o razón de pedir (SALVADOR DEL REY). La cuestión consiste en examinar si la sanción penal y administrativa del supuesto enunciado vulneraría el principio recogido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, Profesor-Tutor: Introducción al Derecho Procesal
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Autor: Vicente Ferrandis de 4 de agosto, en el artículo 5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y en el artículo 10.3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, con lo cual la autoridad laboral debería haber suspendido el procedimiento administrativo hasta la existencia de sentencia penal firme. El supuesto enunciado fue resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de octubre de 1991, donde se indica que no cabe simplificar el supuesto enunciado, diciendo que el objeto del proceso penal es la responsabilidad por muerte y lesiones, y el de las sanciones administrativas la responsabilidad por falta de medidas de seguridad, como si lo sancionado en el primer proceso fuese un resultado, y en las segundas la infracción de un precepto, al margen del resultado. Para el Tribunal Supremo no es exacto que en el proceso penal se sancione un resultado, sino que en un derecho de estructura culpabilista, como el penal, por exigencias de la definición de delitos y faltas del artículo 10 del Código Penal, lo que se sanciona es una conducta humana, que puede producir o no un determinado resultado, pero que, en el caso de que lo produzca, éste no se desvincula de la conducta que lo produce. El elemento culpa, indica el Tribunal Supremo, imprescindible para la infracción penal, lo constituye en las infracciones culposas la omisión de la diligencia debida, que en casos como el analizado, tiene lugar con la inobservación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. La infracción de esas normas de seguridad desde la perspectiva penal, se inserta en la estructura de la infracción penal, no siendo algo diferente, deviniendo esa infracción de la normativa de seguridad, en el elemento constitutivo de la culpa. En ese sentido, dirá el Tribunal Supremo, el hecho constitutivo de la infracción administrativa se identifica con el hecho constitutivo de la culpa penal. En consecuencia, concluye el Tribunal Supremo, se ha infringido el principio constitucional non bis in idem, al ser sancionada, o al poder serlo, una misma conducta doblemente. Para el Tribunal Supremo el respeto a ese principio constitucional, requería que la autoridad administrativa, al estar actuando la justicia penal, hubiese paralizado su actuación en espera de la resolución penal, como establece el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y como por lo demás, ha venido proclamando el propio Tribunal Supremo en las Sentencias de 20 de enero de 1987 y 24 de enero de 1989. Por el contrario, se considera que no se vulnera el principio non bis in ídem, cuando el mismo hecho-delito contra la vida y derechos de los trabajadores en el orden penal, e infracción administrativa en materia de seguridad e higiene-, se sanciona a personas distintas, no concurriendo la identidad de sujetos, ya que la conducta penal es imputable a una persona física-encargada o representante de la empresa, persona jurídica-, mientras que la sanción administrativa se impone a la persona jurídica -sociedad mercantil (3). (3) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 de octubre de 2008.
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