Material Complementario De Derecho Privado

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VICENTE CALATAYUD PONCE DE LEÓN Abogado y Notario Profesor universitario

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MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE DERECHO PRIVADO II ELEMENTOS DEL NEGOCIO CON RELACIÓN AL SUJETO PATOLOGÍA NEGOCIAL Y SUS EFECTOS EL TIEMPO EN LAS RELACIONES JURÍDICAS

(Trabajo realizado sin fines lucrativos y a meros efectos didácticos, para ser utilizado exclusivamente en la Cátedra de Derecho Privado del Profesor Licenciado Vicente Calatayud Ponce de León)

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SETIEMBRE 2012

Lic. Vicente Calatayud Ponce de León TEMAS COMPLEMENTARIOS DE DERECHO PRIVADO ________________________________________________________________________ ____________________________________ _____________________________________________ _________

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Tema complementario 1 _____________ ELEMENTOS DEL NEGOCIO CON RELACIÓN AL SUJETO

Sumario: I. Elementos Elementos del negocio negocio jurídico jurídico.. Elementos Elementos esenciales esenciales.. Análisis Análisis de los elementos esenciales con relación al sujeto. II. Voluntad interna. III. Función de la voluntad en el negocio jurídico. IV. Los llamados vicios de la voluntad. V. Manifestación de la voluntad. VI. Casos de discordancia o discrepancia discrepancia entre la voluntad interna y la declarada.

I. ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO. ELEMENTOS ESENCIALES. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES CON RELACIÓN AL SUJETO Los elementos o determinaciones del negocio jurídico son fundamentalmente de dos dos clas clases es:: esenciales, tamb tambié ién n llam llamad ados os estr estruc uctu tura rale les, s, y accidentales o accesorios. Son elementos esenciales los que concurren a formar el negocio jurídico, ya que faltando uno de ellos se produce la inexistencia del negocio. Los elementos esenciales pueden ser bien comunes a todo negocio (una declaración de voluntad o varias, y el fin, es decir, la causa del negocio), bien especiales para ciertas clases o tipos de ellos; ejemplo de estos últimos, la cosa y el precio en la compraventa. Elementos accidentales son aquellos que vienen establecidos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, siempre, claro es, que la naturaleza del negocio nego cio lo cons consienta ienta.. Los más más impor importan tantes tes en nuest nuestra ra legisl legislaci ación ón civil civil son: son: la condición y el término o plazo. Algunos otros códigos foráneos regulan también el llamado modo (del latín modus) o cargo, que no aplica en el Código Civil de Costa Rica, el cual lo asimila a condición. Hay quienes incluyen la existencia de los que viene a denominar elementos naturales (o como también se han llamado consecuencias del negocio ) y que son aquellos que resultan necesarios para “concebir” el negocio jurídico, pero están en la na natu tura rale leza za de dell ac acto to mi mism smo. o. Es dec decir, ir, se deri erivan van de la natur atura aleza leza de un determinado negocio y le acompañan de ordinario, a menos que sean excluidos por la voluntad de las partes. Ejemplos: la gratuidad en el préstamo o la garantía en la compraventa. Sobre Sobre este este parti particul cular ar PÉREZ VARGAS1 expo expone ne que: que: «Se «Se llam llaman an elem elemen ento toss esenciales a los que integran el negocio y a los que hacen de él un negocio de una especie determinada, y sin los cuales o no habría negocio o este sería de otra especie. Son aquellos elementos que deben existir para dar vida a un negocio jurídico en general o a uno determinado en particular, para que una situación de 1

PÉREZ VARGAS, VÍCTOR.- Derecho Privado.- 3ª edición revisada.- Litografía e Imprenta LIL, S.A.- San José, 1994.- Págs. 209 y 210.

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hecho venga calificada por el Derecho como negocio jurídico. Así, se distinguen esto estoss elem elemen ento toss de los los acci accide dent ntal ales, es, que que esto estoss se inco incorp rpor oran an al nego negoci cio o por por volunt voluntad ad de las parte partes, s, y afecta afectan n normal normalmen mente te su eficac eficacia, ia, y de los llama llamados dos elementos naturales, que se insertan automáticamente en el negocio de modo que la voluntad de las partes sólo es necesaria para excluirlos, con lo que vienen más bien a ser “efectos” del negocio». En el presente estudio, trataremos específicamente los referentes al sujeto habida cuenta que para que un negocio jurídico surja a la vida del Derecho es preciso que dicho sujeto manifieste su voluntad. Pero para ello se necesita que aquéll aquélla a se forme forme anteri anteriorm orment ente e en el sujeto sujeto,, por lo cual cual debere deberemo moss exami examinar nar diferentes posibilidades y situaciones, lo que haremos seguidamente. Los elementos esenciales correspondientes al objeto y a la causa, así como lo relativo a los elementos accidentales o accesorios –condición y plazo– serán objeto de análisis en sede de Derecho de obligaciones, al examinar los elementos de la obligación. II. VOLUNTAD INTERNA

Para que la manifestación de voluntad sea válida, es preciso que la persona tenga capacidad de celebrar negocios jurídicos, o sea la capacidad de provocar efect efe ctos os jur jurídi ídicos cos med median iante te neg negoci ocios os tam tambié bién n jur jurídi ídicos cos.. Est Esta a cap capac acida idad d exi exige ge determinadas condiciones naturales y jurídicas, por lo cual, se hace nuevamente necesario distinguir -recordando conceptos ya examinados con anterioridad- dos clases de capacidad: capacidad natural y capacidad civil. Capacidad natural es el conjunto de cualidades naturales que son precisas para que el negocio surja; capacidad civil será, por tanto, el conjunto de cualidades jurídicas necesarias en el sujeto para que el negocio produzca consecuencias jurídicas. La capacidad natural es la base de la civil, pero no se confunden, pues a veces, como sabemos, la ley no reconoce capacidad civil a una persona que la tiene natural. La regla general es la capacidad de las personas, siendo la incapacidad la excepción.2 III. FUNCIÓN DE LA VOLUNTAD EN EL NEGOCIO JURÍDICO

A. Evolución doctrinal contemporánea

Cuestión muy debatida e interesante es la referente a la función de la voluntad en la formación del negocio jurídico. Distinguiremos tres momentos históricos en la época moderna:

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Artículo 628 del Código Civil: “La capacidad capacidad para obligarse obligarse se presume presume siempre, mientras mientras no se prueben los hechos y circunstancias por las cuales niegue la ley esa capacidad”.- Ver: CÓDIGO CIVIL Y FAMILIA.- Colección leyes.- Editorial Porvenir, S.A.- San José, 2 000.

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Lic. Vicente Calatayud Ponce de León TEMAS COMPLEMENTARIOS DE DERECHO PRIVADO _________________________________________________________________________________

Según la doctrina individualista imperante en el Siglo XIX, la voluntad tiene absoluta potestad para establecer los derechos y obligaciones privadas que tenga por conveniente, sin otras limitaciones que la de respetar la libertad de los demás. A esta facultad se le denomina autonomía de la voluntad . 

Los excesos producidos al amparo de esta libertad dieron lugar a una fuerte reacción. La figura de la autonomía de la voluntad se fundamenta en la presunción de igualdad de las partes en la contratación , pero que en muchas ocasiones no se da, por lo cual se hace preciso proteger a la más débil que podría resultar perjudicada, y esto lo llevan a efecto los poderes públicos, poniendo coto a dicha autonomía en defensa del interés colectivo. Es el intervencionismo estatal en las relaciones jurídico privadas, pero, eso sí, con carácter excepcional, pues el Estado no contaba con la estructura para ello. 

En la tercera época, preponderan los valores sociales colectivos sobre el interés individual, y la libertad ya no es más que el medio de cooperar a la organización, al desenvolvimiento armónico de la vida común. 

B. Función de las normas que interpretan la voluntad

Por tanto, el Derecho objetivo reconoce en interés colectivo, eficacia creadora a la voluntad humana, dentro de los límites que fija y que constituyen las normas imperativas. Pero, como a veces interpreta o suple la voluntad de los particulares, para completar este tratamiento debemos señalar también la función de las normas que interpretan la voluntad, es decir, las normas interpretativas y las supletivas. a) Normas imperativas

Cuando la ley no permite a las partes modificar lo establecido por ella, entonces se habla de Derecho imperativo. Casi todo el Derecho público es de naturaleza imperativa, porque predominan en él los intereses generales. Sin embargo, en Derecho privado tiene mayor importancia el principio de la autonomía de la voluntad, aunque se apliquen (y cada vez con más fuerza) las normas imperativas, siempre que lo exija el interés común de la sociedad. Pero, aún dentro del Derecho privado, varía el campo que se deja a la autonomía particular. Así, en Derecho de obligaciones se deja un gran margen a la libertad, aunque existen algunas limitaciones por razones de orden público, buenas costumbres, etc. En cambio, en el Derecho de familia el ámbito de la autonomía de la voluntad es muy restringido: la voluntad de las partes puede o no celebrar el negocio jurídico que da lugar a las relaciones de familia, pero no puede modificar su contenido y efectos. En los Derechos reales y de sucesión, la participación de la voluntad es mayor que en el Derecho de familia, y se aproxima en esto al Derecho de obligaciones.

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b) Normas interpretativas

Si no puede conocerse el contenido del negocio jurídico por haberse manifestado la voluntad de un modo inexacto o ambiguo , hay que interpretarla, y entonces la ley viene en ayuda, estableciendo normas interpretativas, que fijan el sentido más propio y adecuado de la declaración de voluntad. Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el artículo 661 del Código Civil: “ En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa ”. c) Normas supletivas

En el supuesto de que el declarante no haga uso de su derecho de regular las relaciones jurídicas, si la ley lo estima necesario, dicta para ello normas supletivas. Por ejemplo, si no se otorgó testamento, habrá que aplicar las disposiciones de sucesión legal del Código Civil (artículo 571 y siguientes); o en el caso de las obligaciones en que, a falta de designación del lugar donde han de pagarse, se entiende que será en el domicilio que tuviere el deudor al momento de contraerse la deuda (artículo 778). La diferencia entre las normas interpretativas y supletivas es clara. Las primeras, fijan el sentido de una manifestación de voluntad; las supletivas sustituyen en todo o en parte a una voluntad no declarada. Pero ambas tienen de común que, en el caso de que se demuestre que la voluntad de las partes se ha manifestado -expresa o tácitamente- dichas normas no producen ningún efecto. IV. LOS LLAMADOS VICIOS DE LA VOLUNTAD El Derecho exige para el negocio jurídico una voluntad manifestada por persona capaz y que esa voluntad sea consciente y libre. La voluntad no es consciente si se ha formado por error, ni es libre si procede de violencia. El error puede producirse de un modo fortuito, y entonces recibe el nombre de error propiamente dicho, o por engaño de otra persona y se llama dolo. Los vicios de la voluntad serán, pues, violencia, error y dolo. A. Violencia

La violencia, en sentido jurídico, se ha definido generalmente como la coacción material ejercida sobre la voluntad de una persona, ya por fuerza material, ya por amenazas, para determinarla a que consienta en un acto jurídico. Aquí nos ocuparemos exclusivamente de la violencia moral ( vis compulsiva), que consiste en la amenaza de un mal que alcanzará al amenazado o a sus allegados, si no realiza el acto. Por lo que se refiere a la violencia física ( vis absoluta), dejamos su estudio para su lugar oportuno, que será cuando se analice la discordancia entre la voluntad interna y la declarada.

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La violencia moral o intimidación no destruye el consentimiento, solo le quita la libertad, y por eso decían los glosadores: Coacta voluntas est voluntas .3 Para BRENES CÓRDOBA, «el contrato que adolezca de violencia no es nulo de pleno derecho, sino simplemente anulable a instancia del perjudicado por tratarse de un hecho que sólo a él afecta, y por ser la única persona que está en condiciones de demandar la nulidad o mantener lo practicado a pesar de la irregularidad» 4, (artículo 841 en relación con el 838 del Código Civil), criterio también mantenido por la jurisprudencia: “La fuerza física y el miedo los considera la ley como vicios del consentimiento que hacen anulable el contrato, pero no lo vician de nulidad absoluta, y esa nulidad relativa queda subsanada por el transcurso de cuatro años ”

(Cas. 10:20 hrs. 10 diciembre 1940 5).

Para que la amenaza invalide el acto jurídico se requieren, en general, las siguientes condiciones: 

  

Verdadera y seria, no solamente sospechada. Grave, mayor del mal que se trata de evitar con la declaración. Racional, que produzca impresión en una persona sensata. Nexo de causalidad, entre la amenaza y la declaración.

B. Error

Es el conocimiento falso de un hecho, e ignorancia es la falta de conocimiento del mismo. Como ambas situaciones producen las mismas consecuencias, es decir, el desconocimiento de la realidad, procederemos a estudiarlas conjuntamente. El error puede ser esencial y accidental; es esencial el que recae sobre los requisitos del negocio jurídico, y accidental es el que recae en algo secundario o accidental del negocio. a) El error esencial

Error en el negocio (error in negotio), que es el que recae sobre la naturaleza del negocio, por ejemplo, uno de los interesados confunde el usufructo con el arrendamiento.  Error en el cuerpo (error in corpore), que es el que recae sobre la identidad del objeto, confundiéndolo con otro. Ejemplo: Luís compra un automóvil que confundió con otro que conocía y había conducido.  Error en la sustancia (error in substantia), el que versa sobre la naturaleza o propiedades esenciales de la cosa. Ejemplo: Luís adquiere como cuadro de Dalí lo que resulta una copia. Error en la persona (error in persona), que es el que recae sobre  el sujeto o sus cualidades. Ejemplo: Luís contrae matrimonio con Amelia, cuando en realidad quería hacerlo con su hermana gemela Clotilde. 

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“Voluntad coaccionada es voluntad”. CALATAYUD PONCE DE LEÓN, VICENTE.- Diccionario de Latín Jurídico.- 1ª edición.- Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A.- San José, 2005.- Pág. 63. 4 En cita de: PÉREZ VARGAS, VÍCTOR.- Ob. cit .- Pág. 259, pie de pág. nº 274. 5 Ibídem.

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b) Error accidental

Error en la calidad (error in qualitate ), que es el que recae sobre cualidades no esenciales de la cosa.  Error en la cantidad (error in quantitate ), o error en la cantidad de las cosas que se pesan, cuentan y miden.6 

C. Dolo

Viene definido como "engaño, fraude, simulación, mentira, superchería". Desde el punto de vista del Derecho, en los delitos es la plena deliberación y advertencia de cometerlos; en los contratos y en las obligaciones es la intuición astuta y maliciosa con que se ejecutan. Se ha clasificado el dolo por la doctrina en dolo bueno (aquella sagaz precaución con que cada uno debe defender su derecho) y dolo malo (el que se dirige contra el justo derecho de otro). A nuestros efectos y en sentido amplio, significa mala fe; en sentido estricto, es el engaño encaminado a provocar un negocio jurídico que de otro modo no se hubiera realizado. El dolo supone, por tanto, error en una parte y engaño en la otra. V. MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD

No es suficiente la voluntad interna para que surja el negocio jurídico; es preciso, además, que se manifieste al exterior, y esta manifestación puede hacerse en nombre propio y en nombre ajeno, surgiendo en este segundo supuesto la institución llamada representación. A. Manifestación de la voluntad en nombre propio

Puede ser expresa o tácita, y como el silencio produce también en ciertos casos determinados efectos, trataremos: Voluntad expresa y tácita y el silencio. a) Voluntad expresa y tácita Es bastante difícil distinguir en ciertos casos una forma de manifestación de otra. Algunos entienden que manifestación expresa es la que se hace por la palabra hablada o escrita, pero este criterio no es aceptable, pues el silencio puede ser también manifestación de voluntad expresa. Voluntad expresa es la conducta que se dirige de una manera directa a manifestar la voluntad. «Declaraciones expresas –afirma CASTÁN 7– son las que se 6

El artículo 1075 del Código Civil consagra la acción denominada quanti minoris, al establecer que: “En

la venta de un inmueble determinado a razón de tanto la medida, si se hubiere indicado en el contrato el precio total, toda diferencia da lugar a una disminución o aumento proporcional del precio” . 7 CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ.- Derecho Civil Español, Común y Foral [I]. Parte general .- Instituto Editorial

Reus.- Madrid, 1943.- Pág. 303.

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valen de medios sensibles (palabras o signos equivalentes) que revelan explícita y directamente la voluntad. Figuran entre estos medios, como indica Ruggiero, “la palabra oral y escrita, los signos por medio de la cabeza y de la mano, una acción positiva o una omisión cuando, según el modo corriente de entender estas últimas, sirvan a manifestar el acto volitivo. Declara de modo expreso su voluntad, no sólo quien habla o escribe, sino también el mudo que se expresa por señas y el comerciante que a mi petición de comprar la mercancía por un precio cierto, responde sin más, entregándomela”». Voluntad tácita es la manifestación que se deduce de ciertos actos que no se dirigen a exteriorizar la voluntad. En algunos casos existe una cierta dificultad para conocer si se trata de una voluntad tácita, pero esto es una cuestión de interpretación que habrá de resolverse siguiendo sus reglas y teniendo en cuenta la conducta de quien puede quedar obligado. Claro es que el hecho, para que sea concluyente, no debe ser equívoco, es decir, que ha de ser incompatible con una voluntad distinta de aquella cuya existencia se quiere probar. 8 b) La protesta

Un hecho que en condiciones ordinarias se podría considerar como una manifestación de voluntad, pierde esta significación si se acompaña de una protesta o reserva. La protesta es la declaración expresa de voluntad, por la que una persona realizando un hecho, excluye la posibilidad de que se dé al mismo la significación que en otro caso se le daría. Ahora bien, la no protesta no produce efectos cuando el hecho no admite otra significación: protestatio contra factum manifestus non valet .9 c) El silencio

Existe silencio cuando aquel a quien se dirige la proposición no contesta ni con palabras ni con hechos. Es una cuestión muy discutida si el silencio en algunos casos puede equivaler a una manifestación de voluntad. Todas las teorías giran alrededor de dos principios: “El que calla otorga” 10 del Derecho canónico, o el contrario: “El que calla no dice nada” 11 del Derecho romano. Tomándolos de un modo absoluto, ambos son falsos, pues conducen a resultados inaceptables. (al revés) Las teorías modernas podemos agruparlas en negativas y positivas. Las primeras niegan que el silencio, fuera de los casos especiales establecidos por la ley, pueda producir efectos jurídicos, pues el silencio que no vaya acompañado de actos adecuados es siempre equívoco. Las teorías positivas admiten que la voluntad puede manifestarse por medio del silencio, pero varían al determinar los requisitos que ha de tener para producir 8

“Facta concludentia”: Hecho concluyente.

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“La protesta no vale contra un hecho manifiesto”.- CALATAYUD PONCE DE LEÓN, VICENTE.- Ob. cit .Pág. 204. 10 “Qui tacet consentide videtur ”. 11 “Qui tacet non utique fatetur ”.- CALATAYUD PONCE DE LEÓN, VICENTE.- Ob. cit .- Pág. 211.

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efectos jurídicos. Unos, atribuyen efectos jurídicos al silencio cuando la buena fe y la razón práctica hubieran exigido una contradicción, caso de no estar conforme; otros, cuando el que calle hubiera debido y podido hablar, caso de no querer consentir. Al respecto, CASTÁN TOBEÑAS12 afirma que «aunque ésta y otras parecidas fórmulas se aproximen mucho a la verdad, no hay que darles, sin embargo, un valor absoluto. Como dice Pacchioni, en esta delicada materia toda fórmula es peligrosa, y lo mejor es confiarla al prudente arbitrio del Juez, el cual deberá, caso por caso, indagar y decidir si el silencio de una de las partes puede ser considerado como declaración de su consentimiento. Las relaciones preexistentes entre las partes y las circunstancias que precedan y acompañen al silencio podrán proporcionar elementos preciosos a ese propósito». B. Manifestación de la voluntad en nombre ajeno: La representación

La manifestación de voluntad que constituye el negocio jurídico puede ser emitida por el propio interesado o por otra persona. Es lo que se llama representación que es la acción de “representar”, es decir, en leguaje común, «substituir a uno o a hacer sus veces».13 Examinado ya lo relativo a la manifestación de voluntad, trataremos ahora de la doctrina de la representación, o sea, la manifestación de voluntad en nombre ajeno en el Derecho privado. a) Concepto de representación

La institución de la representación es, según CASTÁN TOBEÑAS, «el medio por cual una persona realiza un acto jurídico a nombre de otro y para que los efectos se produzcan exclusiva e inmediatamente en la persona del representado». 14 Se suelen distinguir dos formas de representación: la llamada representación activa, la cual se refiere a la emisión de la declaración de voluntad en nombre de otra persona, y la representación pasiva, cuando se recibe la manifestación ajena. En cualquier de los supuestos, la representación exige los siguientes requisitos:   

Que el representante concluya el negocio jurídico con su propia voluntad. Que lo haga en nombre y por cuenta de otra persona, para que todas las consecuencias jurídicas del negocio recaigan sobre el representado. Que la persona que celebre negocios en nombre de otra tenga poder de esta última, o le corresponda la representación legal, o que, en su defecto, obtenga la ratificación.

b) Nuncio, mandatario y representante

Una vez visto el concepto de la representación, lo distinguiremos de otros que pueden inducir a confusión. 12

CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ.- Ob. cit .- Pág. 304. DICCIONARIO IDEOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- Julio Casares.- Editorial Gustavo Gili, S.A.- Barcelona, 1999.- Voz “representar”. 14 CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ.- Ob. cit .- Pág. 193. 13

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Nuncio, de “nuncius” , mensajero en latín, es el portador de una voluntad ajena,

es decir, el nuncio es un medio humano de comunicación del cual se sirve una persona para transmitir su voluntad, como igual hubiera podido hacerlo a través de una carta, un telegrama o cualquier otro medio de transmisión, siempre que el nuncio sepa repetir las palabras que tenga que comunicar.

Se diferencia el nuncio del representante en que éste declara su propia voluntad, mientras que el nuncio lo hace de la voluntad de otro. El nuncio dice: “Fulano de Tal me encarga le diga que quiere comprar una casa por este precio”; en cambio, el representante dice: “Yo compro una casa en nombre de Fulano de Tal por este precio”.

Más difícil ha sido la distinción entre el mandatario y el representante. Para algunos tratadistas no existe diferencia alguna, pues la relación representativa descansa sobre un mandato. Otros, llegan a la conclusión de que mandato y poder son dos relaciones diversas que coinciden de hecho en muchos casos, siendo seguida esta doctrina por la casi totalidad de los autores modernos. No puede confundirse el mandato con la representación, ya que el mandato, como un contrato, produce el nacimiento de una relación personal entre mandante y mandatario, mientras que la representación origina un poder de actuar con otras personas. Puede existir representación sin mandato, como la representación legal o necesaria (patria potestad, tutela, curatela), por lo cual resulta evidente que son dos cosas distintas. c) Representación voluntaria

Es la representación por la que alguien confía a otro el encargo de realizar por él y en su nombre un acto jurídico (mandato, apoderamiento). La opinión corriente distingue en la representación voluntaria dos actos: el apoderamiento, por el cual una persona confía su representación a otra, y el negocio principal realizado por la voluntad del representante. d) Representación legal

Representación legal o forzosa es la conferida por la ley a determinadas personas para que realicen negocios jurídicos por otras que no pueden hacerlo por sí mismas. En realidad, de lo que se trata es de suplir la carencia de capacidad de obrar de las personas en situaciones especiales. En este tipo de representación, lo mismo que en la voluntaria, se pueden distinguir dos actos: el poder, que en este caso está conferido por la ley, y el negocio principal celebrado por el representante. Son casos de representación legal los de los padres en nombre de sus hijos, los de los tutores y los de los curadores. Como vemos, la representación legal da origen a instituciones especiales: la patria potestad, la tutela, la curatela. e) Efectos de la representación 11


Distinguiremos los actos celebrados por el representante dentro de los límites de sus facultades de representación, de aquellos en que se ha extralimitado o carece de aquellas. Si el representante celebra un negocio jurídico en nombre del representado teniendo facultad para ello (voluntaria o legal), los efectos jurídicos del negocio realizado se producen para el representado. Si una persona realiza actos jurídicos en nombre de otra sin tener su representación o traspasando los límites de ella, el negocio jurídico queda como en suspenso, esperando la convalidación del acto, es decir, la ratificación. La ratificación es un acto unilateral, que tiene por objeto atribuir al ratificante los efectos de un negocio jurídico concluido por una persona, sin tener su representación, o siendo ésta insuficiente. La ratificación produce efectos retroactivos, los cuales no tienen su fundamento en la ley, sino en la misma índole del acto, ya que supone la aprobación del estado de cosas que existe en la realidad. Cuando el acto no se ratifica, pierde todo su valor con el representado, quedando el supuesto representante obligado con respecto a la persona con quien contrató, a menos que esta conociese la falta o insuficiencia de la representación. VI. CASOS DE DISCORDANCIA O DISCREPANCIA ENTRE LA VOLUNTAD INTERNA Y LA DECLARADA. Se suelen sintetizar los casos de discrepancia entre la voluntad y la manifestación en dos grupos: desviaciones conscientes y desviaciones inconscientes. A. Desviaciones conscientes

La regla general es estar a la voluntad del declarante, no a su manifestación; y únicamente será preferida esta manifestación cuando el declarante sea responsable por dolo, culpa, imprudencia u otra causa que le sea imputable. Pueden existir dos casos de desviaciones conscientes: a) Voluntad aparente pero no real

Distinguiremos la fuerza absoluta ( vis absoluta) y la suplantación. La primera es el empleo de la fuerza material para obligar a una persona a hacer un acto contrario a su voluntad, por ejemplo, firmar un cheque; la segunda es la declaración de voluntad hecha por otra persona, no existiendo, por tanto, ni siquiera voluntad aparente, como sucede en los casos de falsificación. Realmente, en estos casos, no hay discrepancia entre la voluntad real y la manifestada, porque no existe voluntad real, y el negocio no es válido. b) Discrepancia entre la voluntad real y la manifestada

Diferenciaremos tres casos de discrepancia: 12


1. Por causa de broma ( iocandi

causa)

Son las declaraciones hechas sin intención de engañar, en broma, ya con un fin didáctico, como juego o por expresiones artísticas. En la declaración iocandi causa , probada por el declarante la falta de seriedad, la declaración no tiene valor; pero si lo hizo de tal forma que, en consideración de cualquiera, pudiera ser una declaración seria de voluntad, la otra parte tendría derecho a una indemnización. 2. Reserva mental

Consiste en declarar conscientemente una cosa distinta de la querida con la intención de producir en el otro sujeto un concepto erróneo y engañoso. Puede ser hecha de buena o mala fe, y aunque esto último es lo más frecuente, sin embargo, puede darse lo primero (la mentira blanca), por ejemplo, la declaración que se hace a una persona enferma para tranquilizarla. «En la reserva mental –afirma PÉREZ VARGAS15- el declarante quiere una cosa y manifiesta otra; no desea por tanto el contenido de lo manifestado sino algo diverso, y su actuación persigue un fin de engaño del destinatario, no de los terceros... Hay también reserva cuando se emite una declaración, pero se calla algo que se sabe evitaría el negocio. Puede llegar a constituir dolo». Por la reserva, la declaración produce todos los efectos, como si el negocio se hubiera realizado, aunque la parte que hubiera usado de la reserva mental pueda probar que su voluntad interna no coincidía con la declarada. No surte efecto alguno contra la declaración de voluntad, pues en otro caso se destruiría la seguridad jurídica, al dejar al capricho de los contratantes la posibilidad de destruir la fuerza obligatoria del contrato con invocación de la reserva. 3. Simulación

En lenguaje vulgar, simulación es la acción de “simular”, que, a su vez, supone, «representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es». 16 Pero esta idea no es suficiente para darnos su concepto jurídico. Negocio simulado es el realizado por contratantes que están de acuerdo en declarar conscientemente una cosa distinta de la querida con ánimo de engañar a un tercero. El negocio simulado requiere una declaración premeditadamente disconforme con la intención, (en esto se distingue del error, pues este no es voluntario); que la declaración sea hecha de acuerdo entre las partes (por eso la simulación únicamente existe en los negocios bilaterales); y que tenga por objeto engañar a terceras personas (no hay que confundir la intención de engañar con la de dañar, pues el negocio simulado puede tener una finalidad lícita). Existen dos clases de simulación: absoluta y relativa. Es absoluta cuando en realidad no se quiere celebrar ningún negocio jurídico (por ejemplo, una compraventa simulada de bienes para ocultarlos), pero se aparenta que se hace uno. Es relativa cuando se quiere concluir un negocio jurídico, pero aparentemente 15

PÉREZ VARGAS, VÍCTOR.- Ob. cit .- Págs. 262 y 263. DICCIONARIO IDEOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- Julio Casares.- Editorial Gustavo Gili, S.A.- Barcelona, 1999.- Voz: “Simular”. 16

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se hace otro distinto, por ejemplo, una donación que se disfraza de venta para eludir las prohibiciones de donar o para evadir impuestos superiores por la transmisión que puedan corresponder a los de la venta: En el caso del ejemplo, la donación sería el negocio “simulado” y la compraventa el negocio “disimulado”.

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B. Desviaciones inconscientes

Trataremos del error obstativo en la declaración, también llamado error impropio. Este error no influye en la formación de la voluntad y tiene lugar cuando es querida una cosa y por error se declara otra. Se diferencia, por tanto, del error propio en que éste recae sobre la voluntad y conduce a una decisión que, de no haber existido el error, no se hubiera tomado, mientras que el error impropio recae sobre la declaración. Según ENNECCERUS17, «el error en la declaración puede presentarse de tres maneras diferentes: El declarante quiere emitir una declaración igual a la que emite, pero de distinto contenido. Así, un francés en Bélgica se obliga a entregar cien francos, en circunstancias tales, que se han de entender que son belgas, aunque él quería referirse a los franceses.  El declarante hace una declaración que no quería emitir en esta forma, por ejemplo, se equivoca al hablar o escribir.  La declaración es comunicada inexactamente por el nuncio o por el telégrafo, es decir, por el medio empleado». 

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ENNECERUS, LUDWIG.- Derecho Civil [I]. Parte general .- Traducción y notas de Pérez González y Alguer.- Barcelona, 1934.- Págs. 193 y siguientes.

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Tema complementario 2 __________________ NACIMIENTO, MODIFICACIÓN E INEFICACIA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. PATOLOGÍA NEGOCIAL

Sumario: I. Nacimiento y adquisición del Derecho subjetivo. II. Cambios del derecho subjetivo. III. Ejercicio del Derecho subjetivo. IV. Invalidez e ineficacia del negocio jurídico. Nulidad. Clases de nulidad. Rescisión.

I. NACIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO SUBJETIVO Un derecho nace cuando aparece a la vida jurídica, es decir, cuando se dan todos los requisitos exigidos por el Ordenamiento jurídico. Si falta cualquiera de ellos, no nace el derecho. Adquisición de un derecho subjetivo es el hecho de unirse un derecho al sujeto que va a ser titular. La adquisición no coincide en muchos casos con el nacimiento pues si bien a veces se adquiere un derecho en el momento de nacer (la ocupación de una res nullius), en otros casos se adquiere un derecho ya nacido (la permuta: cambio de una cosa por otra). Para la adquisición de un derecho es preciso un hecho jurídico, ya sea voluntario o involuntario, con intención de producirla o sin dicha intención. A este hecho se le llama causa. El nacimiento de derechos suele dividirse en absoluto y relativo. El nacimiento absoluto, llamado también objetivo, produce un nuevo derecho que antes no existía; por ejemplo, la ocupación de una cosa de nadie ( res nullius). El nacimiento relativo o subjetivo se refiere a un derecho ya nacido que ha cambiado de persona; ejemplo, la venta de una cosa. En realidad, solo el primer caso es de nacimiento, pues el segundo es un cambio de sujeto. Existen dos clases de adquisición: originaria y derivativa. La primera no se funda en un derecho ya existente; se dice que es originaria la adquisición cuando el derecho que se une con el sujeto surge en él directamente y de un modo autónomo, es decir, independientemente de una relación jurídica con determinada persona, siendo indiferente al concepto que el derecho que así se adquiere existiese ya antes en otro (ocupación de una cosa abandonada o no ocupación de una res nullius). La derivativa es la adquisición de un derecho por acto o actos de su titular, que lo transmite a otro sujeto (ejemplos: la sucesión hereditaria, una venta, una donación). La adquisición derivativa se llama también sucesión; el que adquiere el derecho es el sucesor o causahabiente, y el que lo transmite es el autor o causante.

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La adquisición derivativa puede ser a su vez constitutiva y traslativa. Es constitutiva cuando el titular origina un derecho distinto y de contenido más limitado que el que tenía, a favor de otra persona (por ejemplo, una servidumbre); traslativa, cuando el derecho transmitido es el mismo que tenía el titular (la transmisión de la propiedad). II. CAMBIOS DEL DERECHO SUBJETIVO Una vez nacido el derecho subjetivo este subsiste mientras no surja un hecho que lo modifique o extinga. Los cambios o modificaciones pueden referirse al sujeto o al objeto. A. Cambios referentes al sujeto Los cambios referentes al sujeto se pueden referir fundamentalmente a la sustitución de un titular por otro (sucesión). La sucesión procede del verbo latino sub-cedere, que significa colocar una cosa en lugar de otra, sustituir. Como el elemento más importante de la relación jurídica es el sujeto, la sucesión se refiere al cambio de sujeto, y por eso se la ha definido como la transformación meramente subjetiva en una relación de derechos. Pero claro está que la sucesión únicamente se refiere a obligaciones susceptibles de transmisión; los derechos personalísimos son intransmisibles. Sin embargo, para algunos tratadistas, siendo que, como ya se ha dicho, el sujeto es el elemento esencial del Derecho subjetivo, si el derecho cambia de sujeto es ya otro derecho, aunque tenga el mismo contenido por recaer sobre la misma materia. Por consiguiente, la llamada sucesión de derechos es en realidad la extinción de un derecho y el nacimiento de otro. No obstante, esta doctrina ha sido generalmente rechazada. La sucesión puede ser inter vivos y mortis causa. La sucesión inter vivos surte efectos en vida del autor, por ejemplo, la donación; y la sucesión mortis causa no produce efectos hasta después del fallecimiento de aquél. Y la sucesión puede depender de la voluntad del autor (testamento, contrato) o ser independiente de esa voluntad (sucesión legal que se produce por falta de testamento). B. Cambios referentes al objeto Las modificaciones objetivas pueden ser cuantitativas y cualitativas, pero claro es que al modificarse el derecho, no ha de serlo en su esencia, pues entonces sería una extinción y constitución de un nuevo derecho. Son cuantitativas las modificaciones cuando el objeto o elemento real de un derecho se incrementa (por ejemplo, el aumento de una finca por aluvión) o disminuye (el caso del acreedor de una quiebra que recibe menos de su crédito al finalizar tal proceso). Son cualitativas aquellas transformaciones en que el derecho aumenta de intensidad (la constitución de una hipoteca) o disminuye (extinción del derecho prendario). 17


III. EJERCICIO DEL DERECHO SUBJETIVO Ejercicio de un derecho es la ejecución en la práctica del provecho o interés que corresponde a su titular. La forma del ejercicio varía según la naturaleza del derecho: En los derechos absolutos (derechos de patria potestad, derechos reales, derechos de la personalidad, etc.) el ejercicio del derecho consiste en el goce del poder que atribuye a su titular. En los derechos relativos se manifiesta por ciertos actos de conservación, seguridad, defensa, y por el derecho de exigir la prestación, es decir, el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Los primeros son susceptibles de ejercicio reiterado; los segundos no, pues se extinguen con el ejercicio. Por regla general, el ejercicio de un derecho subjetivo civil es facultativo, ya que el titular puede ejercitarlo o no, a su arbitrio. Pero en algunos casos, como la patria potestad, la tutela, la curatela, el ejercicio del derecho es un deber, ya que de otro modo quedarían burladas finalidades importantísimas para el buen orden social. El ejercicio del derecho puede ser directo o indirecto, según lo haga el propio titular u otra persona, ya obre ésta realizando actos materiales, por ejemplo, la separación de frutos, ya como representante del titular. Por regla general, es el propio titular o titulares a quienes corresponde el ejercicio del derecho, pero puede también ejercitarlo otra persona que tenga solo la apariencia de titularidad. La institución jurídica cuyo contenido es el ejercicio del derecho sin tenerlo realmente se llama posesión (artículo 277 y siguientes del Código Civil 18). El derecho del poseedor es un derecho real, pues tiene el señorío directo sobre la cosa. Su contenido es el mismo que el del derecho de propiedad, pero se diferencia de él en que es más débil, y por eso debe ser postergado al derecho del propietario. De ahí que el dueño de la cosa pueda reivindicarla, y el poseedor tendrá la obligación de devolverla, originándose determinados derechos y obligaciones entre este último y el propietario, según la buena o mala fe de aquél, aspectos estos que serán objeto de estudio en la parte del Derecho civil relativa a los derechos reales. IV. INVALIDEZ E INEFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO: NULIDAD. CLASES DE NULIDAD. RESCISIÓN Cuando concurren en el negocio jurídico todos los elementos esenciales, dicho negocio es plenamente eficaz. Si falta alguno de ellos, el ordenamiento jurídico se niega a concederle consecuencias jurídicas, y entonces se dice del negocio que es inválido o, en otros casos, ineficaz. Las teorías en orden a la validez o a la eficacia del negocio jurídico son de las más oscuras y confusas del Derecho. Los autores emplean con gran imprecisión las palabras inexistencia19, invalidez, nulidad, 18

CÓDIGO CIVIL Y FAMILIA.- Colección leyes.- Editorial Porvenir, S.A.- San José, 2000. Llámanse actos inexistentes o no acaecidos, aquéllos que aunque se ajusten en algo a las formas de los actos jurídicos o de las convenciones normales, están desprovistas de manera evidente de todo valor “por no reunir los elementos de hecho que su naturaleza o su o bjeto suponen y en ausencia de los cuales 19

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anulabilidad y rescisión. No obstante, modernamente, ya ha adquirido el significado de estos términos una mayor fijeza. El profesor ZELEDÓN tiene escrito, refiriéndose a las fuentes de nuestro Código Civil, que: «Asalta la duda si más bien el codificador se apartó completamente del modelo (se refiere el autor al Código de Napoleón y a la regulación de algunos institutos relativos a obligaciones) y para este tema se inspiró exclusivamente en el libro Cours de Droit Civil de Aubry y Rau, cual fue ampliamente conocido por él. Este libro –escrito aún antes del Code Napoléon – tiene una orientación y temática muy similar a la seguida en el Código, y se confirma la hipótesis si se observa que de esos autores proviene nuestra teoría clásica de las nulidades, según la cual media nulidad absoluta si faltan elementos de validez, y relativa si faltan elementos de eficacia».20 «Se dice que el negocio jurídico es ineficaz cuando carece totalmente de efectos. Pero, dado que, en ocasiones, el negocio «ineficaz» produce determinados efectos o consecuencias, debemos entender por ineficacia, en sentido propio, la falta de producción de sus naturales consecuencias, aquellas que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del negocio». 21 «Desde este punto de vista, como señala DÍEZ-PICAZO, la ineficacia es una sanción; la consecuencia que el ordenamiento imputa a la infracción de sus preceptos».22 Trataremos estas cuestiones desde la óptica del Código Civil costarricense y bajo los epígrafes generales de “nulidad” y “rescisión”. A. Nulidad: Concepto, declaración y formas a) Concepto «En su más general concepto, nulidad es el estado o condición de un acto jurídico o de un convenio que por contener algún vicio en su esencia o en su forma, no es apto para producir en derecho los efectos a que daría lugar de no existir el vicio de que adolece. También se designa con ese nombre el defecto mismo que es lógicamente imposible concebirlos” (Aubry y Rau, t. 1, 37). Tal sucedería respecto a una sentencia de divorcio dictada por un diputado, a un matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo, y a una venta en que no se consignara cuál es la cosa vendida. Los actos inexistentes son más que nulos, no existen, son nada ante la ley y ante el sentido común. Por lo mismo, no se necesita para desconocerlos o rechazarlos, declaración judicial en ninguna forma. Parte de la doctrina considera que sí se requiere de la intervención judicial para declarar la inexistencia. Vid., Gérard CORNU Droit Civil Vol II, París, 1980, Nº 114; Gerardo TREJOS Derecho de Familia Costarricense. Tomo 1, Editorial Juricentro, San José, 1990, p. 78, y Pablo CASAFONT, “Ensayos de Derecho contractual, San José, 1968, p. 91.- En BRENES CÓRDOBA, ALBERTO.- Tratado de las Obligaciones.- 7ª edición.- Editorial Juricentro.- San José, Costa Rica, 1998.- Nº 493. 20 ZELEDÓN ZELEDÓN, RICARDO.- Código Civil y realidad .- Editorial Alma Mater.- San José, Costa Rica, 1987.- Pág. 32. 21 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA.- Fundación Tomás Moro.- Editorial Espasa.- Madrid, España, 1992.- Voz “ineficacia”. 22 Ibídem.

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ocasiona la ineficacia de la especie en que ocurre, y así se dice que tal contrato “está viciado de nulidad”». (BRENES CÓRDOBA23). b) Declaración de la nulidad 1. Por medio de una acción . – La acción es definida habitualmente como la potestad recibida del Estado por los particulares de promover la actividad jurisdiccional para la actuación de la ley. La acción se ejercita en forma de demanda, que inicia el proceso; al que promueve la acción se le llama actor o demandante, y aquel contra quien se promueve demandado. 2. Por medio de una excepción. – A la acción del demandante se puede contraponer la excepción del demandado; ambas son perfectamente correlativas: La excepción es un verdadero contra-derecho que, por virtud de la acción, se ejercita. Los dos son derechos potestativos anteriores al proceso que pueden ejercitarse tanto por acción como por excepción. Prescindimos de desarrollar más ampliamente estos puntos, ya que su tratamiento tiene su lugar adecuado en la materia de Derecho procesal. c) Formas Para que se produzca la declaración es preciso que el defecto que la produzca se halle sancionado de cualquiera de las siguientes formas: 1. Nulidad expresa. – Cuando la le letra de la ley, de forma clara, establece la nulidad por la infracción de alguno de sus mandatos. 2. Nulidad tácita . – Cuando la misma se desprende del espíritu de la ley. B. Clases de nulidad Según la gravedad de los vicios productores de la nulidad, el Código Civil establece: 1. – Nulidades absolutas . 2. – Nulidades relativas . a) Nulidad absoluta El vicio de nulidad absoluta produce la inexistencia del acto de manera completa. Jurídicamente es como si el acto jamás hubiese existido. Sus características son: 1. No da vida a ningún derecho y no produce ninguna consecuencia a favor o en contra de nadie. 23

BRENES CÓRDOBA, ALBERTO.- Tratado de las Obligaciones.- 7ª edición.- Editorial Juricentro.- San José, Costa Rica, 1998.- Nº 472. 20


2. El defecto no puede ser subsanado o convalidado por la ratificación de la parte a quien perjudique. 3. Si se corrigiera la causa productora de la ineficacia, tampoco tendría efectos. 4. Si se desea que la operación tenga existencia legal se requiere se practique de nuevo. 5. La acción de nulidad absoluta puede ser entablada por cualquiera que tenga interés, por más remoto que éste sea. 6. Cuando la nulidad absoluta conste en autos, el juez debe declararla de oficio. «Sin embargo –se dice en Tratado de las Obligaciones de BRENES CÓRDOBA– nuestra jurisprudencia, con fundamento en la norma procesal que prescribe que las sentencias no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas (art. 84 del código procesal derogado y art. 155 del nuevo C.P.C.), reiteradamente ha afirmado que la declaración de oficio es improcedente. Vid., entre muchas otras resoluciones, Cas. Nº 80 de las 15:00 hrs. del 12 de julio de 1968, y Cas Nº 77 de 6 de agosto de 1969, donde se afirma que “Tratándose de la nulidad de contratos, dado lo complejo de éstos, la gravedad y trascendencia de una declaratoria de nulidad y la amplitud que nuestro sistema procesal concede a las partes para la defensa de sus derechos, es muy dudoso que aún la nulidad absoluta de aquellos pueda declararse como por sorpresa, en una sola instancia y sin dar a las partes todo el campo que las leyes brindan para la discusión, pruebas y defensas de las cuestiones fundamentales”. No obstante, en el proceso civil la nulidad sí es declarable de oficio cuando se hubiere producido una indefensión o se hubieren violado normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento (art. 194 del C.P.C.) ». 24 Tendremos que distinguir, a la luz del Código Civil, las nulidades absolutas de carácter general que determina su artículo 835, que dispone la nulidad absoluta de los actos o contratos en los siguientes casos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. Se comprenden:    

Capacidad de parte de quien se obliga. Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. Causa justa (artículos 627 y siguientes del Código). Consentimiento (artículos 1007 y siguientes del Código).

2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley determina para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. En cuanto a lo que se denomina “solemnidades”, véase la alusión del artículo 1007; se especifican, por lo que habrá de estarse a cada exigencia o regulación concreta. 24

BRENES CÓRDOBA, ALBERTO.- Ob. cit .- Nº 480, pie de pág. Nº 50. 21


Los requisitos o formalidades son los que las leyes establecen, de modo especial, como absolutamente necesarios para la validez de ciertos actos o contratos, garantizando mejor su legitimidad (donaciones, artículo 1397; testamentos, artículos 538 y siguientes; subrogación convencional ex mutuo, artículo 789, etc.). 3. Cuando los actos o contratos se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces (sobre capacidad de las personas, recuérdense los artículos 36 y siguientes del Código, así como 466, 468-3, 469 y 628). Aquellas que no vienen relacionadas en el artículo 835 del Código Civil y que las establece dicho cuerpo legal en casos particulares, deberemos considerarlas como nulidades absolutas de carácter especial o concreto. Y así tenemos: Artículo 41. Actos y contratos realizados por persona declarada judicialmente incapaz (ver artículo 421 del Código Civil).  Artículo 552. Los del albacea cuando los ejecute sin autorización especial, cuando sea necesaria.  Artículo 900. Determinados actos y contratos del insolvente.  Artículo 1023. La nulidad absoluta de determinadas cláusulas contractuales.  Artículo 1061. La de la venta de la cosa ajena. ♦ Artículo 1398. Determinadas donaciones. 

La enunciación efectuada es simplemente a título de ejemplo y no configura numerus clausus. A estos efectos, es importante tener en cuenta lo establecido, como principio básico, en el artículo 19 del Código Civil. Por lo que se refiere a la prescripción de la nulidad absoluta, no contiene el Código ningún precepto que en forma directa determine cuál sea el plazo de prescripción para el ejercicio de la invalidez de los actos viciados de nulidad absoluta. Ello pareciera coincidir con el criterio de la doctrina que sostiene la imprescriptibilidad del ejercicio de tal acción. Para este sector doctrinario es lógico pensar que el acto nulo es inexistente ante la ley y, por tanto, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo. Sin embargo, no es esta la solución. El Código Civil establece de modo indirecto que la nulidad absoluta es subsanable pasado el período de diez años y ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 837: “..., ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria ”. Esta solución fue confirmada por nuestra Sala de Casación en los siguientes términos: “Al establecer la ley que la nulidad absoluta no puede subsanarse por el transcurso de un lapso de tiempo menor que el que, se exige para la prescripción ordinaria, implícitamente reconoce que tal nulidad es susceptible de convalidación por el transcurso de diez años (Vid. Cas. de las 16:30 hrs. del 5 de enero de 1951; Cas. N 46 de las 15:40 hrs. del 14 de mayo de 1963 y de las 14:15 hrs. del 25 de julio de 1940). 25 Se entiende, no obstante, que no puede operar la prescripción en materia relativa a intereses públicos (venta de bienes del Estado que estén fuera del 25

En cita de: BRENES CÓRDOBA, ALBERTO.- Ob. cit .- Nº 480.

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comercio, un pacto inmoral, un matrimonio imposible legalmente). Únicamente cabe la prescripción de nulidades absolutas cuando se trate de intereses de orden enteramente privado. Estos plazos de prescripción se refieren al ejercicio de las acciones pues cuando se trate de oponer la excepción, tal posibilidad es imprescriptible (artículo 843 del Código Civil). Sobre este particular, ya dijimos que la declaratoria de nulidad se obtiene bien por medio de una acción bien oponiendo una excepción. b) La nulidad relativa El acto o contrato resultaría afectado de nulidad relativa cuando, por haberse celebrado con determinados defectos, está amenazado de destrucción y, de suceder, se borrarían retroactivamente los efectos producidos. Como dicen los autores, no se trata de una invalidez actual (el negocio es provisionalmente válido y eficaz) sino de una invalidez potencial (la nulidad queda pendiente de la voluntad del titular del derecho a impugnarlo). Por tanto, tenemos las siguientes características de la nulidad relativa: 1. La obligación viciada con nulidad relativa tiene efectividad legal mientras la rescisión no se produzca. 2. Es convalidable, expresa o tácitamente, y no precisa para su eficacia la constitución de una situación “ ex novo”. Las reglas para la ratificación o confirmación vienen dadas en los artículos 838, 839 y 840 del Código Civil. 3. La prescripción en un plazo generalmente breve sana el vicio originario de que adolezca el acto o contrato. 4. La nulidad relativa no puede ser declarada de oficio. 5. Sólo puede ser reclamada por el perjudicado, su representante, por sus herederos y por el cesionario. Tendremos que distinguir, de acuerdo al Código Civil, las nulidades relativas de carácter general que determina su artículo 836, que dispone la nulidad relativa de los actos o contratos en los siguientes casos: 1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. 2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. 3. Cuando se ejecutan o celebren por personas relativamente incapaces. Es importante comparar la redacción de este precepto con la del anterior, el 835, que establece los casos de nulidad absoluta. Y así vemos que prevalece el principio de la gravedad del hecho, tanto en las formas como en lo que se refiere al interés de las personas. Y al igual que dijimos al examinar la nulidad absoluta, habremos de entender como nulidades relativas de carácter especial las que no están designadas en el artículo 836 del Código Civil, pero que vienen establecidas en otros preceptos de 23


aquél para casos particulares con la finalidad de dar mayor fuerza a sus disposiciones. Quizá, el problema se pueda plantear al no definirse en esos preceptos, ni, a veces los que aluden a la nulidad absoluta, la categoría o intensidad de la nulidad. Esta cuestión deberá resolverse poniendo el acto o contrato de que se trate en relación con ambos preceptos generales, artículos 835 y 836, para encajar el supuesto en alguna de sus previsiones. Como remedio extremo, siempre quedará el criterio de jueces y tribunales para la solución del problema. Como ejemplos de nulidad relativa:   

Artículo 468, último párrafo. Artículo 903. Artículo 905.

C. Rescisión a) Concepto y clases A lo largo de esta exposición hemos visto cómo el Código Civil, en materia de nulidades relativas, utiliza el término “rescisión”, “rescindir”. Lógicamente, debemos ocuparnos del mismo, definiéndolo como: “El medio legal, la acción, que se concede al perjudicado con motivo de algún acto o contrato celebrado imperfectamente, nulo por nulidad relativa, para ser restituido a la posición que tenía antes de celebrarse”. Podemos, siguiendo a BRENES CÓRDOBA 26, establecer dos clases de rescisiones: 1. Voluntaria, resultante de convenio habido entre los interesados y por el cual se procede a la disolución de un contrato, nulo por nulidad relativa, de común acuerdo de partes. 2. Contenciosa o forzosa, que es la que se produce mediante controversia judicial y como consecuencia del ejercicio de la acción rescisoria fundamentada en un vicio causante de nulidad relativa. «No deben confundirse las acciones rescisorias con las resolutorias: aquéllas se refieren a las nulidades relativas, al paso que las últimas a los casos en que con motivo de existir una condición resolutoria explícita o implícita en un acto o convenio, hay lugar a pedir la insubsistencia del mismo, por haberse realizado la condición resolutoria a él referente. De suerte que se rescinde un contrato viciado, se resuelve una compraventa por no haber el comprador satisfecho el precio convenido y realizándose, por lo tanto, la condición resolutoria implícita que para tal caso tiene establecida la ley. En cuanto a los efectos de la rescisión y a los de la resolución una vez declaradas, son los mismos, pues tanto en la una como en la otra, el acto o contrato desaparece y las cosas vuelven a su estado anterior». 27 b) Plazos para el ejercicio de la acción rescisoria 26 27

BRENES CÓRDOBA, ALBERTO.- Ob. cit .- Nº 487 bis. Ibídem.- Nº 493.

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Son los que vienen señalados en los artículos 841 y 842 del Código y que podríamos distinguir en: 1. El plazo de cuatro años que afecta a la prescripción de las acciones rescisorias por nulidad relativa referentes al patrimonio, habrá de contarse:     

En caso de violencia. Desde que hubiese cesado. En los actos y contratos ejecutados o celebrados por el menor. Según los casos: Desde que el padre, madre o tutor, tuvieren conocimiento del acto o contrato. Desde que el menor fuere emancipado o mayor. En los demás casos. Desde la fecha de celebración del acto o contrato.

2. El plazo que la ley tenga especialmente señalado para todos los supuestos no contemplados anteriormente. 3. El de diez años del artículo 868 para todos los derechos no patrimoniales sin plazo especial. D. Efectos de la declaración de nulidad, tanto absoluta como relativa La declaración de nulidad produce el efecto primordial de hacer desaparecer las consecuencias del contrato y, por consiguiente, las partes quedan libres si el contrato no ha sido todavía consumado. Por el contrario, si el contrato ya se hubiese ejecutado, en todo o en parte, entra en juego la regla general contenida en el artículo 844 del Código Civil y la declaratoria de nulidad da derecho a los interesados para ser restituidos al mismo estado en que se hallaran si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Ahora bien, esta regla general, que consagraría lo que se ha venido a denominar como “principio de restitución”, tiene las siguientes excepciones o limitaciones: 1. La derivada de la parte final del propio artículo 844 del Código. Si la nulidad proviene de la ilicitud del objeto o de la causa del acto o contrato, no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud. Deberá entenderse en el sentido de una ilicitud común a ambos contratantes que produciría una carencia de toda acción entre sí. Ahora bien, si una de las dos partes no fuese culpable, podrá reclamar lo que hubiese dado y no estará obligada a cumplir lo prometido. 2. La excepción que se consigna en el artículo 845. Cuando se trate de un incapacitado que hubiere celebrado el contrato cuya nulidad se pide y se ha obtenido por medio del ejercicio de la correspondiente acción, el incapaz no está obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció, se aprovechó, en la cosa o precio que recibiera. 3. La excepción del artículo 846 del Código. Mientras una de las partes no realice la devolución -mediante entrega o consignación- de aquello a que en virtud 25


de la declaración de nulidad esté obligada, no puede ser compelida la otra parte a cumplir lo que le incumba.

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E. Efectos de la nulidad respecto a terceros 1. Cuando dos o más personas pactan de modo conjunto con un tercero, la nulidad que a favor de una de ellas se pronuncie, no beneficia a las otras, porque lo que en una sentencia se declara sólo perjudica o favorece a las partes que han intervenido en el litigio (artículo 847, párrafo segundo del Código Civil). 2. Los efectos de la nulidad comprenden también a terceros poseedores de la cosa objeto del acto o contrato nulo, siempre que hayan sido partes en el pleito. Se exceptuarían las circunstancias de operar a su favor la prescripción o que sus derechos estén registralmente amparados en virtud de lo determinado en el artículo 456 del Código Civil (artículo 847, párrafo primero). 3. Las acciones rescisorias no podrán hacerse efectivas contra terceros poseedores de buena fe sino en los casos expresamente señalados por la ley (artículo 847, párrafo tercero). Se entiende, como lógica consecuencia, que si no es posible la devolución de la posesión por estar la cosa en legítimo poder de un tercero, se ha de reconocer a favor de la parte interesada, el derecho a la indemnización de perjuicios.

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Tema complementario 3 _______________ EL TIEMPO EN LAS RELACIONES DE DERECHO

Sumario: I. La temporalidad en los derechos adquiridos. II. Cómputo del tiempo. III. Prescripción y caducidad. IV. Clases de prescripción. V. Notas comunes y diferenciales entre la prescripción positiva y la negativa. VI. Distinción entre prescripción y caducidad (o decadencia de derechos). VII. Examen de la prescripción negativa. VIII. La prescripción comercial.

I. LA TEMPORALIDAD EN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS El tiempo tiene mucha trascendencia para las relaciones jurídicas, produciendo importantes consecuencias, no solo en el orden privado (mayoría de edad, prescripción, etc.) sino también en Derecho público (derecho de emitir el voto, derecho a ostentar el puesto de presidente de la República, por ejemplo). El tiempo unas veces influye en el nacimiento del derecho subjetivo (a los dieciocho años se adquiere la mayor edad); otras, lo hace en el ejercicio, ya que algunos derechos solo pueden ser ejercitados durante un plazo de tiempo determinado (por ejemplo, las acciones a las que hace alusión el artículo 1181 del Código Civil28, no duran más de seis meses); y otras, el tiempo origina la extinción del derecho (la autoridad parental o patria potestad se extingue por la mayoría de edad). Además, el tiempo constituye una modalidad o elemento accidental del negocio jurídico; determina algunas veces las preferencias de los derechos (en materia de Derecho registral es fundamental el principio qui prior est in tempore potior est in iure). Para algunos autores el tiempo es un hecho jurídico, ya que produce efectos jurídicos (nacimiento, modificación y extinción de los derechos). Otros sostienen que el tiempo solamente es el medio en que las relaciones jurídicas se transforman, pero no es la causa que produce el nacimiento, modificación o extinción de los derechos. También se expresa que no es el tiempo por sí mismo causa de modificación en el derecho, pues es solamente el signo que revela una situación de las personas que exige una regulación especial. II. CÓMPUTO DEL TIEMPO Para calcular el tiempo se emplea el calendario. El utilizado por la mayoría de los pueblos es el gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582, al 28

CÓDIGO CIVIL Y FAMILIA.- Colección leyes.- Editorial Porvenir, S.A.- San José, 2000.

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modificar el calendario juliano, establecido por Julio César en el año 708 de Roma. Los elementos esenciales del calendario gregoriano son el año, el mes y el día. El año consta de 365 días, y de 366 si es bisiesto. Se divide en 12 meses de 30 días o 31 (excepto febrero, que tendrá 28 o 29, si es año bisiesto). El día tiene 24 horas, si es civil, pues el día natural es el tiempo que permanece el sol en el horizonte. Los días son feriados o festivos: inhábiles para intentar acciones; los no feriados o festivos: hábiles. Para la computación del tiempo, si se hace la determinación de un día fijo, por ejemplo, el 30 de septiembre del año 2010; no existe ninguna duda, la prestación habrá de cumplirse dicho día, pudiendo hacerse generalmente a cualquier hora del mismo. Puede hacerse la computación señalando tantos años, meses, a contar desde una fecha; por ejemplo, tres años desde el 30 de septiembre: entonces, el plazo terminará el mismo día (30 de septiembre), tres años después de aquel en que se comience. Lo mismo sucede con los meses; y si no existe día, entonces será el último del mes (tres meses después del 31 de agosto, será el 30 de noviembre siguiente). En todos los casos el cómputo puede ser natural y civil. Es natural cuando se cuenta de momento a momento; por ejemplo, si he obtenido la posesión el 30 de septiembre, a las ocho de la mañana, desde este momento se empieza a contar la prescripción. Es civil cuando se cuenta por días completos, sin tener presente las diversas fracciones. Así, en el ejemplo citado, la prescripción empezaría a las doce de la noche del día 30 de septiembre y, por tanto, el primer día a contar sería el 1º de octubre. El primer sistema es más exacto; el segundo, más práctico, y es el que se sigue generalmente, pues de ordinario no se conoce la hora, los minutos y los segundos en que el hecho se ha realizado; fue el sistema adoptado por el Derecho romano. Cuando se trata de un plazo de días surge la duda si ha de contarse el día en que el acto se realiza ( dies a quo) y el final ( dies a quem). Respecto al primero, es regla general que no se cuenta y, en consecuencia, si ha comenzado la posesión de una cosa el día 5 de mayo a las 11 de la mañana, no comenzará a contarse hasta el día 6. Respecto al último día, se cuenta por entero y, según algunos, para adquirir derechos basta con que haya empezado, pero para perderlos, es preciso que transcurra por completo. Cuando el último día del plazo es un día feriado, el plazo termina el siguiente día laborable. Falta una reglamentación sistemática que determine la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas, pues las leyes contienen disposiciones aplicables únicamente a casos determinados. A estos efectos deberán utilizarse las reglas contenidas en los artículos 15 y 16, en relación con los artículos 881 y 882, todos del Código Civil; ahora bien, habrán de tenerse muy en cuenta las determinaciones del resto de normas legales, sin olvidar el carácter de supletorio que para otras materias otorga al Código el artículo 14. III. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD: IDEAS GENERALES 29


El tiempo, con la concurrencia de otros factores, puede dar lugar a la adquisición de ciertos derechos como consecuencia de su ejercicio continuado, o a la extinción de un derecho como resultado de su no ejercicio continuado. Tal sería la teoría o idea básica de la prescripción en general. Se podría definir, por tanto, como: “El nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos por causa de ejercicio continuado o del no ejercicio continuado” (Enneccerus). Es decir, la prescripción está basada en el transcurso del tiempo o de un lapso de tiempo; pero este simple hecho no puede crear por sí solo un derecho ni extinguirlo: es preciso que a él se añada otro elemento, que consistirá, según los casos, en un acto o en una abstención por parte de una persona (Valverde). Sin embargo, existe un sinfín de teorías que desarrollan este instituto de la prescripción y a las que en este momento no vamos a hacer alusión por entender que es materia que alargaría excesivamente un curso de teoría general como el que nos ocupa. Creemos que es suficiente con recordar la tesis sobre las situaciones de incerteza que el Derecho no debe propiciar, creando para ello mecanismos que permitan al sujeto quedar en libertad respecto del vínculo preexistente; o, también, las teorías en cuanto a lo justo o injusto de la prescripción o, en definitiva, sobre si es una institución de Derecho justa y moral en sí misma y conveniente y necesaria en el orden social. IV. CLASES DE PRESCRIPCIÓN La prescripción tiene una doble función que entraña dos aspectos diferentes. De una parte, produce la adquisición de la propiedad y los demás derechos reales: Prescripción positiva, usucapión (obtención por uso), prescripción adquisitiva, prescripción de dominio. De otra, opera la extinción de los derechos: Prescripción negativa, extintiva, liberatoria, prescripción de acciones. El Código Civil de Costa Rica no da una definición genérica de la prescripción y se limita a poner de manifiesto el objeto o función de cada una de sus dos especies, en estos términos: “ Por prescripción positiva se adquiere la propiedad de una cosa” (artículo 853) y “por la prescripción negativa se pierde un derecho ” (artículo 865). Nuestro Código admite la que se ha venido llamando teoría unitaria de la prescripción que consiste en que ambas, la positiva y la negativa, se tratan en el mismo lugar del texto legal (título VI del libro III), lo que pudiera llevar a la conclusión de considerarlas como una sola institución, y además, colocándolas en sitio no muy adecuado a su naturaleza. Y pese a sus notas comunes, que después examinaremos, la que es la tendencia predominante se manifiesta desglosando las dos especies e, incluso, situándolas en los Códigos en distintos lugares. En efecto, el Código Civil francés, primero, y después el italiano, chileno, argentino, japonés y español, colocan la prescripción al final de su articulado porque, para ellos, las prescripciones extintiva y adquisitiva obedecen a los mismo

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principios generales, lo que a juicio de un amplio sector doctrinal es erróneo ya que la adquisitiva o positiva no puede tener otra ubicación que en la parte relativa a los Derechos reales, pues mediante ella pueden adquirirse estos, no teniendo aplicación la prescripción positiva a otras relaciones jurídicas. El Código portugués incurre, puede decirse, en el mismo error, si bien sitúa la prescripción, sea positiva o negativa, en distinto lugar que los Códigos antes citados, al tratar de ambas en la parte referente a la adquisición de la propiedad; ubicación tampoco adecuada porque la prescripción negativa se aplica a los diferentes derechos y acciones y no hay por qué regularla en la parte dedicada a los Derechos reales. El Código Civil costarricense contiene las dos clases, como hemos dicho, en el libro III (De las Obligaciones), pudiéndose admitir tal decisión –y no totalmente– si la inclusión en esta parte afectara únicamente a la prescripción negativa. Pero nunca en lo relativo a la positiva en cuanto solo puede tener encaje en el libro II (De los Bienes y de la Extensión y Modificaciones de la Propiedad). Y la consecuencia, desde el punto de vista metodológico y en lo que a nosotros afecta, es la necesidad de separar ambas especies, estudiando la prescripción negativa en este curso de Derecho privado y dejando la positiva para su examen en los correspondientes a los Derechos reales. La solución acertada, a nuestro criterio, es la adoptada por la doctrina alemana que trata la prescripción negativa en la parte general del Derecho civil (equivaldría al título preliminar de nuestro Código), y la prescripción positiva en la parte dedicada al Derecho de las Cosas (sería el libro II del Código costarricense). V. NOTAS COMUNES Y DIFERENCIALES ENTRE LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA Y LA NEGATIVA a) Tienen en común: 1. El elemento del tiempo. Las dos exigen el concurso de un cierto plazo y son una aplicación de la teoría general de la influencia del tiempo en las relaciones de derecho. 2. La finalidad de asegurar la certidumbre y firmeza de la vida jurídica . Se suprime así la eventual contradicción entre la norma de Derecho y las situaciones de hecho. b) En cambio, tienen como particularidades diferenciales: 1. En cuanto a sus requisitos . La prescripción positiva requiere, como factor esencial, un hecho positivo, que es la posesión. La negativa solo requiere un elemento negativo, que es la abstención o inacción del titular del derecho. 2. En cuanto a su ámbito de aplicación. La positiva solo se aplica a los derechos reales susceptibles de posesión. La negativa se aplica, por el contrario, a todos los derechos, tanto reales como de crédito. 3. En cuanto a sus efectos . El resultado de la positiva es adquisitivo y extintivo a la vez; si con la prescripción positiva alguien accede a la propiedad es porque

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alguien la pierde, se extingue su derecho. El efecto de la prescripción negativa es meramente extintivo o liberatorio porque consiste en destruir el derecho o, lo que es igual, la acción para hacerlo efectivo sin que ese derecho sea adquirido por nadie. VI. CADUCIDAD O DECADENCIA DE DERECHOS: CONCEPTO. DIFERENCIAS ENTRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD A. Concepto Se relaciona estrechamente la prescripción con la figura llamada caducidad o decadencia de derechos, que tiene lugar cuando la ley o la voluntad de las partes señalan un término fijo para la duración de un derecho, de tal modo que, transcurrido ese término, no puede ya ser ejercitado.

«La figura de la caducidad no aparece en nuestras leyes como institución claramente individualizada respecto de la prescripción. Su concepto y desarrollo se debe a la doctrina científica y a la jurisprudencia, que han intentado separar de la prescripción ciertos supuestos jurídicos. El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de diciembre de 1970, nos dice que “La caducidad de la acción es el fenómeno o instituto por el que, con el transcurso del tiempo que la ley o los particulares fijan para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el interesado impedido para el cumplimiento del acto o ejercicio de la acción”».29 B. Diferencias entre prescripción y caducidad Las diferencias más importantes entre la prescripción y la caducidad son las siguientes: 1. La caducidad puede proceder del acto jurídicamente privado o de la ley; la prescripción tiene siempre su origen en la ley. 30 2. La finalidad de la prescripción negativa es dar por extinguido un derecho que, por no haber sido ejercitado, se puede suponer abandonado por el titular; el objeto de la caducidad es fijar de antemano el tiempo durante el cual un derecho puede ser ejercido útilmente. Es decir, en la prescripción se toma en consideración la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular. En la caducidad pura se atiende solo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término fijado. 31 29

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA.- Fundación Tomás Moro.- Editorial Espasa.- Madrid, España, 1992.- Voz: Caducidad. 30 Por ejemplo, el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública regula un plazo de prescripción de cuatro años, según una reforma del año 1996; anteriormente, era de tres años. 31 Caducidad: Facultad de juez por tratarse de materia de orden público - 1984. TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Primera, Nº 543 de las 9:15 hrs. del 27 de julio . “El juez, al computar el plazo .

concedido a la actora para recurrir a la vía ordinaria, estimó los días como naturales y concluyó que la acción se había interpuesto tardíamente y el derecho estaba caduco, por lo que rechazó la demanda en todos sus extremos sin referirse a los otros puntos alegados; si bien es cierto la desestimación se hizo en una caducidad que nadie alegó nos encontramos ante un fenómeno que por sus características abre la posibilidad de apreciarse de oficio, por ser materia de orden público y producir sus efectos de inmediato y

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3. La prescripción extingue las acciones y derechos a través de una excepción; la caducidad opera de una manera directa y automática. De aquí se desprende que el plazo de caducidad ha de tomarse en cuenta de oficio 32 por el juez aunque solo se desprenda su transcurso de la exposición del demandante. La prescripción por el contrario, será apreciada por el juzgador únicamente cuando la invoque el demandado. 33 4. En la prescripción se admiten causas de suspensión y de interrupción; en la caducidad, no tienen influencia estas causas porque el efecto extintivo es radical y automático.34 Ello no es óbice –como después se analizará– para que la prescripción ganada pueda renunciarse, pues esta situación es distinta a la renuncia previa. Aquélla –-la prescripción ganada– es un derecho dispositivo, por lo cual renunciable, sin que haya otro límite que el impuesto específicamente por la ley y que la renuncia no sea hecha en perjuicio de tercero (artículos 850 y 851 del Código Civil en relación con el 18). VII. EXAMEN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA A. Ideas previas

por ello al perderse el derecho, el juez tiene la facultad de aplicar oficiosamente la caducidad, con lo que no se ha violentado el artículo 814 inciso c) del Código Procesal Civil, pues además se hicieron las consideraciones jurídicas y el análisis que se exigen para concluir con la denegatoria de la acción. Código de Procedimientos Civiles, art. 84, inc. c).” 32

Caducidad: Declaración de oficio 1982. TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Primera, Nº 70 de las 9:00 hrs. del 28 de enero. “Si dentro del período que se estipula, el titular del derecho no .-

ejerce su acción, se estima que al cumplirse el término, tal derecho se extingue, muere, por ende el juzgador, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, está obligado a declarar de oficio la caducidad, al examinar el caso en que ésta o curra.” 33

Debe tenerse en cuenta que nos estamos refiriendo a la prescripción extintiva en el ámbito civil o del Derecho privado, pues en la esfera del Derecho penal, la prescripción puede ser declarada de oficio por los tribunales. Así lo establece el artículo 88 del Código Penal: “La prescripción de la acción penal o de la pena se declararán de oficio o en su defecto a solicitud del reo de su representante legal”.- CÓDIGO PENAL.- Concordado y anotado por Ulises Zúñiga Morales.- 3ª edición.- Investigaciones Jurídicas, S.A.San José, Costa Rica, 1995. 34 Caducidad: Del derecho a exigir el cumplimiento de una promesa de compraventa.- 1981. TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, Sección Segunda, Nº 559 de las 10:15 hrs. del 14 de octubre. “Si actor y demandada suscribieron un documento intitulado “promesa recíproca de compraventa”, par medio del cual la segunda prometió venderle al primero un lote que sería segregado de dos fincas de su propiedad y por una cantidad de dinero determinada, fijándose un plazo de treinta días para formalizar la escritura de venta e hipoteca; entonces al haber transcurrido el término antes indicado sin que se perfeccionara la compraventa referida, se produjo inexorablemente la caducidad del derecho del accionante para exigir el cumplimiento de la promesa de venta o de la recíproca de compraventa. “Código Civil, art. 1055. Ver res. de la Sala Segunda Civil, Nº 459 de 1978.

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Nos ocuparemos ahora de la prescripción extintiva, ya que se aplica a todo el Derecho civil y, por tanto, su estudio debe ser objeto de esta materia de Derecho privado. El estudio de la prescripción positiva o adquisitiva, ya quedó diho, corresponde fundamentalmente a la parte relativa a los Derechos reales. La prescripción extintiva es un modo de extinción de los derechos por la inacción del titular de los mismos, durante el tiempo determinado por la ley. Es un derecho que la ley concede al deudor para rehusar el cumplimiento de una obligación cuando el reclamo ha sido diferido durante espacio de tiempo –BRENES CÓRDOBA– y es uno de los medios que la ley determina como extintivo de las obligaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 633 de nuestro Código Civil. Se desarrolla el instituto en los artículos 850 y 851 (comunes para la negativa y la positiva) y en los artículos 865 a 874 (específicos de la negativa). También comparten ambas los artículos 875 a 880. No obstante, el ordenamiento no trata de dar por cancelada una deuda, sino lo que se concede es un medio indirecto de liberación del obligado. Es la función de limpieza y claridad en el tráfico jurídico encomendada a la prescripción la que determina dos hechos fundamentales: 

No está permitida por la ley la renuncia anticipada de la prescripción. – Si bien

se puede renunciar a la prescripción ya ganada, está vedada la posibilidad de renunciar al derecho de prescribir en lo sucesivo, o lo que es lo mismo, la prescripción no puede renunciarse anticipadamente (artículos 850 y 851, ya citados). Esta prohibición supone la nulidad de la renuncia de tal facultad, como consecuencia de lo establecido en el artículo 19 del Código Civil.  No se puede apreciar de oficio . – Los jueces no pueden aplicarla sin que haya sido opuesta por parte interesada. Si la acogieran sin haber sido alegada, incurrirían en vicio de incongruencia por infracción del artículo 155, párrafo primero, del Código Procesal Civil.35 B. La llamada “prescripción de las acciones” Determina nuestro Código Civil que la acción para hacer efectivo un derecho se extingue por la prescripción del mismo derecho (artículo 866). Igualmente, declara el Código que prescrita la acción por el derecho principal, quedan también prescritas las acciones por los derechos accesorios (artículo 867) Y, por fin, dispone que todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años (artículo 868). Ante ello, cabe preguntarse ¿qué significa ese binomio derecho-acción? ¿Qué es lo que realmente prescribe? Producida la prescripción, ¿puede entablarse la reclamación en demanda del derecho supuestamente prescrito?

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Artículo 155: “Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido”.- CÓDIGO PROCESAL CIVIL.-Colección Códigos #4.- Editec Editores, S.A.- San José, 1998. 34


Para un mejor tratamiento de esta cuestión parece obligado detenernos, aunque brevemente, en la figura de la acción que, según Valverde, es el principio tutelar de todo derecho, considerada desde el punto de vista jurídico-social. La acción judicial civil es el medio de pedir la actuación de la ley para la efectividad de un derecho de esa naturaleza. Es un medio, un poder, que compete a la persona para pedir la protección judicial de lo que cree su derecho. Sabemos ya que la prescripción negativa es un modo de extinción de los derechos por la inacción del titular de los mismos durante el tiempo determinado por la ley, pero ¿qué es lo que produce esa inacción que lleva a la prescripción? Lo que se crea es una situación de certeza mediante la cual, destruida la incerteza que se deriva de la inacción, se considera, a su vez, destruido un derecho. De todo lo dicho, pareciera, en contestación a las preguntas iniciales que, extinguido el derecho, ya no sería posible su reclamación. Sin embargo, la solución, a juicio de la gran mayoría de los autores modernos, es la contraria: Lo que se pierde es el derecho y no la acción, la cual puede ejercitarse. Otra cosa muy distinta será el resultado del ejercicio, que dependerá siempre de la oposición que se plantee. Partiendo del principio ya mencionado en cuanto a que la prescripción no puede ser acogida de oficio por el juzgador, si la opone el demandado, habrá lugar a la misma; pero, si no lo hace, la acción debería ser estimada, si ello corresponde, en cuanto al fondo del asunto. Este “no hacer” pudiera ser por omisión expresa, al momento de concretar la oposición, o tácita, por seguirse el juicio en rebeldía, lo que, en ambos casos, supondría una forma de renunciar al derecho de prescripción ya ganado y que es legalmente posible, como ya dejamos indicado anteriormente. C. Requisitos de la prescripción negativa. Dispone el Código Civil que por la prescripción negativa se pierde un derecho y que para ello basta el transcurso del tiempo (artículo 865). Pero no es completamente exacto que el tiempo sea el único elemento de la prescripción negativa. Para la doctrina, son tres los requisitos que se precisan:   

La existencia de un derecho que se pueda ejercitar. La falta de actividad o inercia por parte del titular. El transcurso del tiempo fijado por la ley y que varía según los casos.

En cuanto al primero, el concepto de que “todo derecho y su correspondiente acción prescriben”, no debe entenderse de modo absoluto, pues hay muchos derechos que son imprescriptibles por su naturaleza, cual son los derivados de las leyes permisivas o facultativas, tales como el de pedir la división de la cosa común, el de reclamar el paso o salida de un fundo enclavado, el de exigir el otorgamiento de escritura pública respecto a una compra de una cosa inmueble y otros varios. Es imprescriptible, también, la propiedad y ello porque el no uso del propietario, sin uso por parte de otro, es una manifestación de su soberanía sobre la 35


cosa que es de naturaleza perpetua y que impide, como consecuencia de ella, operar la prescripción extintiva. También son imprescriptibles los derechos reales sobre bienes públicos que se halla fuera del comercio de los hombres: Así, los ríos, puentes, plazas y caminos públicos. Por último, mencionaríamos como imprescriptibles, sin duda, los de filiación y estado civil de las personas y todos aquellos derivados del Derecho de familia para los que la ley no señale un plazo especial de prescripción o caducidad. D. Clases de prescripción negativa. Del examen del Código Civil podríamos dividir la prescripción negativa en tres grandes grupos atendiendo a la naturaleza de los actos. 1. Prescripción ordinaria De diez años, que tiene su fundamento sólo en la tardanza o inercia del acreedor, también llamada prescripción decenal o común y que es una especie de sanción contra las reclamaciones tardías (artículo 868). 2. Prescripciones extraordinarias Que se producen en razón de lo que se ha venido a denominar “presunción de pago” y que nacen por el transcurso del tiempo. Son las llamadas prescripciones cortas o, según lo dicho, extraordinarias y que vienen contempladas en los artículos 869 y 870, en relación con el 872, estableciéndose el plazo de tres y un año para la prescripción de determinados derechos y acciones allí enumerados. Dicha presunción de pago se produce ante la suposición de que, al no haberse reclamado durante el tiempo fijado por la ley, se da por sentado que el crédito ha sido satisfecho e, incluso, a juicio de los autores, no parece prudente alargar excesivamente el tiempo en que los interesados deban guardar los justificantes de pago. Contra de esta presunción de pago cabe prueba en contrario, que viene admitida en nuestra legislación –y no en otras, que niegan dicha presunción– por lo dispuesto en el artículo 872 del Código y que tiene cierta similitud con el artículo 2275 del Código Civil francés, que determina: “ No obstante aquellas (personas) a las cuales estas prescripciones (las cortas) sean opuestas, puede deferir juramento si las que las oponen son con el objeto de saber si la cosa ha sido realmente pagada”.

En el mismo sentido, el Código Civil de Costa Rica en el que, sin duda, se produce, a través del ejercicio de la acción de reclamación, una verdadera rehabilitación de la deuda mediante el mecanismo de la confesión judicial que el citado artículo 872 autoriza. 3. Prescripciones especiales 36


Que son las que derivan de los preceptos del Código que prevén otros plazos. Son aludidas como aquellas que vienen expresamente establecidas por la ley en los casos en que se exige más o menos tiempo para que se produzcan (segunda parte del artículo 868). Ejemplos de ellas, por lo que se refiere al Código Civil, los podemos encontrar en los artículos 841, 849 y 1407, entre otros.

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E. Plazos de la prescripción negativa Dispone el Código Civil un plazo de diez años para, como ya hemos dicho, aquella prescripción que se conoce como ordinaria o común y que corresponde a aquellas acciones que no tengan señalado término o extraordinario o especial de prescripción. En este aspecto, representa nuestro Código un progreso con relación a otros Códigos extranjeros, como el de Francia, que señala para la prescripción ordinaria el plazo de treinta años, aunque también debe indicarse que igualmente se establecen otros plazos inferiores incompatible, en nuestro criterio, con las exigencias de la vida moderna, que no puede tolerar la inseguridad en las situaciones jurídicas durante tan largo tiempo. 36 El Código español unificó en quince años prescripciones que anteriormente eran de veinte o de diez años, plazo éste de quince años, a nuestro entender, todavía demasiado amplio. El Código Federal de Obligaciones suizo y el Código Civil italiano, establecen, al igual que el nuestro, diez años para la prescripción de las acciones cuando no se haya señalado uno más breve. En segundo término, se encuentran las prescripciones extraordinarias o cortas con dos plazos diferentes, según la obligación de que se trate, consistentes en un año y que vienen taxativamente enumerados, respectivamente, en los artículos 869 y 870 del Código Civil. En tercer lugar y sin que exista tabla o cuadro de plazos, nos encontramos con las prescripciones especiales de la segunda parte del artículo 868. Por último, para el ejercicio de la acción confesoria que permite el artículo 872 del Código, viene previsto un plazo idéntico al de la prescripción opuesta, contado desde el cumplimiento de ella, con mención expresa de los artículos 869 y 870. Y para que la prescripción surja de documento posterior a la exigibilidad de la obligación como nuevo plazo para su satisfacción o ante sentencia judicial recaída sobre la misma declarando su existencia, el plazo de prescribir será el común de diez años en tanto en cuanto que tales hechos suponen la creación de una situación nueva de la que contemplan los preceptos relativos a la prescripción extraordinaria (artículo 873). F. Dinámica de la prescripción negativa. La prescripción negativa puede ser objeto de determinados supuestos que afectan a la continuidad de su curso, y que dan lugar desde el momento inicial del Art. 2262: “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, son prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi “. (Todas las acciones, tanto reales como personales, prescriben a 36

los treinta años sin que quien alegue la prescripción esté obligado a presentar un título o que se pueda oponer contra él la excepción deducida de la mala fe).- Code Civil.- Petite Collection Dalloz.- Paris, 19281929.

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término prescriptivo a consecuencias distintas según se trate de la interrupción o de la suspensión. 1. Iniciación Al margen de teorías doctrinales sobre la determinación del momento inicial – de arranque– de la prescripción, nuestro Código, con total sencillez, consagra a estos efectos el principio de la exigibilidad, al determinar que el término para la prescripción de acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible (artículo 874). Y cuando en el título no se señale fecha para el pago, el plazo de la prescripción comienza a contarse desde el día en que se contrajo la deuda (artículo 774) o, si el convenio fuera que el deudor pague cuando le sea posible, la prescripción empezará a computarse al año del día en que se contrajo la deuda (artículo 775). Ambos momentos, para las dos hipótesis, están perfectamente vinculados al expresado principio de exigibilidad. 2. Interrupción Habiendo omitido, por razones ya expresadas, en todo este estudio aquello que haga referencia a la prescripción positiva, nos limitaremos a exponer las causas de interrupción de la prescripción negativa, viendo que el Código (artículos 876 y 879) establece las siguientes: Por el reconocimiento explícito hecho por el deudor a favor del acreedor en cuanto al derecho de que se trate.  Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al deudor.  Por cualquier gestión judicial o extrajudicial que el acreedor realice para el cobro de la deuda. 

La capacidad para interrumpir ha de ser la misma que se precisa para el ejercicio ordinario de las facultades de administración, y por ello también podrán llevarla a efecto el representante, sea legal o voluntario (mandatario o apoderado), o cualquier cotitular del derecho que se halle en trance de prescribir. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo que pudiera haber transcurrido anteriormente (artículo 878). 3. Suspensión Nuestro Código, a diferencia con otras legislaciones, recoge expresamente la figura de la suspensión de la prescripción en el artículo 880. La suspensión consiste en que el tiempo que dura no se cuenta para prescripción, dejando que el plazo anterior sea considerado útil a efectos de la prescripción. «La figura de la suspensión supone que el tiempo de prescripción, una vez ha comenzado a transcurrir, queda paralizado por alguna causa, la cual una vez concluida permitirá que siga contando aquél, sumándose el tiempo posterior al que 39


ya había transcurrido en un principio a efectos de contemplar el plazo: dicho gráficamente, es como si se abriese un paréntesis en el cómputo total del plazo de prescripción (praescriptio dormit)». 37 Con la suspensión se produce la paralización temporal del curso de la prescripción; terminada la suspensión, corre de nuevo la prescripción y habrá, por tanto, que sumar el plazo anterior y el posterior a la suspensión para concretar el término concreto de la prescripción.

Esta figura contempla, como señala BRENES CÓRDOBA, situaciones que impiden a ciertas personas la defensa de sus derechos sin culpa suya o el estado de dependencia en que algunas de ellas suelen encontrarse respecto a otras, cosa que las imposibilita para promover a tiempo sus reclamaciones. Y también queda establecido el supuesto en que la prescripción pueda ser provocada por el mismo obligado impidiendo la ley, como es lógico, que este resulte beneficiado por su actividad ilícita. VIII. LA PRESCRIPCIÓN COMERCIAL. CÓDIGO DE COMERCIO LIBRO V.- TITULO I DE LA PRESCRIPCIÓN Capítulo Primero Disposiciones generales Artículo 968: Las acciones que se deriven de actos y contratos comerciales, prescriben con arreglo a las disposiciones de este capítulo. La prescripción se opera por el no ejercicio del derecho respectivo dentro del plazo legalmente indicado. (Nota: Mediante artículo único, de la Ley N” 3416 de 3 de octubre de 1964, se interpreta auténticamente el artículo 968, en el siguiente sentido: “Interprétanse las disposiciones del artículo 968 del Código de Comercio en el sentido de que la prescripción de las acciones que se deriven de actos y contratos mercantiles, se regirá por las disposiciones del capítulo a que ese artículo se refiere, salvo en cuanto a las hipotecas comunes o de cédulas, que continuarán rigiéndose por la prescripción de diez años.”). Artículo 969: La prescripción comienza a correr al día siguiente del vencimiento en las obligaciones que tienen determinado plazo dentro del cual deben ser cumplidas; y en aquellos casos en que lo que autoriza la ley es ejercitar un determinado derecho, desde el día en que tal derecho pudo hacerse valer. Artículo 970: Solamente la prescripción ya cumplida puede ser objeto de renuncia. Será absolutamente nulo el pacto por el cual se renuncia, expresa o implícitamente, a una posible prescripción futura aún no cumplida. Artículo 971: No puede renunciar a su prescripción, quien no pueda válidamente disponer de un derecho. 37

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA.- Ob. cit.- Voz: Prescripción.

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Artículo 972: La prescripción se puede plantear como acción para que se declare la extinción del derecho y su ejercicio, y como excepción, cuando se pretenda hacer efectivo un derecho ya extinguido por el transcurso del tiempo legal. Artículo 973: En ningún caso el juez declarará de oficio la prescripción. Es preciso que la parte interesada la oponga. Artículo 974: La prescripción podrá ser invocada por los acreedores o por cualquiera que tuviere interés en ello, si la parte no la hiciere valer, y aún cuando ésta hubiere renunciado a ella. Artículo 975: El que cumpliere una obligación prescrita, no tendrá derecho a repetir lo pagado. Capítulo Segundo De la suspensión de la prescripción Artículo 976: La prescripción comienza a correr contra cualquier persona física o jurídica, con las siguientes excepciones: a) Contra los menores o los incapaces mientras no tengan quién los represente legalmente; b) Entre los cónyuges; c) Entre los menores o incapaces contra sus representantes, mientras éstos ejerzan sus respectivos cargos; d) Entre copropietarios o comuneros respecto del bien común; e) Contra los militares en tiempo de guerra; f) Entre administradores, gerentes y demás empleados o funcionarios y la sociedad mientras desempeñan el cargo o empleo; y g) Entre el deudor y su acreedor, cuando aquél dolosamente hubiere ocultado la existencia del crédito. En este caso, comenzará a correr el término cuando se descubra el dolo. Capítulo Tercero De la interrupción de la prescripción Artículo 977: La prescripción quedará interrumpida: a) Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor. Se considera como no interrumpida la prescripción, si el actor desistiere de ella o se declarare desierta; b) Por el requerimiento judicial, notarial o en otra forma escrita, siempre que se compruebe que le fue notificada al deudor; c) Por el reconocimiento tácito o expreso en derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por aquél a cuyo favor corre la prescripción. El nuevo término para prescribir comenzará a correr el día siguiente de hecho el reconocimiento o de ser tenido por hecho por resolución firme. Si se hiciere un nuevo título, sin consignar plazo, empezará a correr la prescripción al día siguiente de la fecha del nuevo título, y si tan sólo se hubiera prorrogado el plazo, desde el día siguiente del vencimiento de este último; y d) Por el pago de intereses debidamente comprobado.

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Artículo 978: Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios, la interrumpen también respecto a los otros. Artículo 979: No se tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los demás, si el acreedor hubiere consentido en la división de la deuda, de uno o varios de los deudores solidarios. Artículo 980: La interrupción de una prescripción contra el deudor principal, produce los mismos efectos contra su fiador, y viceversa si el fiador fuere solidario. Artículo 981: Cuando no existe solidaridad, para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los obligados, se requiere la notificación o reconocimiento, en su caso, de cada uno de ellos. Mediante la interrupción de la prescripción se anula para sus efectos, todo el tiempo ya transcurrido. Artículo 982: El tiempo para la prescripción se cuenta por años de fecha a fecha, salvo que la ley expresamente disponga otra cosa en determinados casos. Los meses se computarán completos con cualquier número de días que tengan. Artículo 983: Cuando la prescripción se cuenta por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas. La prescripción comenzará a correr el día siguiente del vencimiento o a la fecha en que pudo hacerse efectivo el derecho, si no había plazo determinado. En esos términos no se excluyen los días hábiles ni feriados. Capítulo Cuarto Del plazo de la prescripción Artículo 984: Salvo lo expresamente dispuesto en otros capítulos de este Código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben en cuatro años, con las siguientes salvedades que prescribirán en un año: a) Las accione de nulidad de los acuerdos tomados por las asambleas de accionistas o consejos de administración de sociedades comerciales; las de reclamaciones por vicios de las cosas vendidas con garantía de buen funcionamiento; y las de responsabilidad de los administradores, gerentes, directores y demás miembros de la administración de sociedades; b) Las acciones para cobrar intereses, alquileres, arrendamientos o rentas; c) Las acciones de los empresarios, para cobrar el valor de las obras que ejecuten por destajo; d) Las acciones para cobrar el uso de cualquier otro derecho sobre bienes muebles; y e) Las acciones derivadas de ventas hechas al por mayor ya! detalle a otros comerciantes o al consumidor directamente. Artículo 985: Las prescripciones que establece este capítulo son extintivas y no cabe contra ellas más excepción que la de suspensión cuando ésta legalmente se haya operado, y el mal cómputo en los términos. 42

Material Complementario De Derecho Privado

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