Leguía y los civilistas
A comienzos del siglo veinte, los civilistas se encontraban liderados por una nueva generación de hombres como Manuel Candamo y José Pardo, lo que contribuyó a que el país alcanzara un grado de modernización institucional. Pese a ello, los civilistas han sido criticados desde entonces por formar parte de una élite acaudalada y retrógrada, también se les ha acusado de usar el poder del dinero para comprar votantes, arreglar elecciones, controlar el sistema electoral, distorsionar y corromper la ley y marginar a los líderes populares. Sin embargo, en comparación con los gobiernos de Piérola y Cáceres, los gobiernos civilistas tuvieron niveles de corrupción marcadamente inferiores hasta el ascenso de Leguía y la interferencia desafortunada de militares “protectores” de los intereses políticos de la élite.
Unos cuantos casos de flagrante corrupción fueron hechos públicos durante el gobierno de transición de López de Romaña (1899-1903), el mejor documentado fue el caso de Mariano A. Belaúnde, un cercano amigo del presidente y su ministro de Hacienda. Actuando como ministro de Hacienda Belaúnde usó e 1899 letras de cambio de su propia compañía para transferir a Europa fondos oficiales hasta por 500.00 francos, con el objeto de comprar armas para el ejército peruano. El procedimiento que uso no solamente era irregular, sino que además combinaba ilícitamente intereses privados y públicos. Belaúnde fue acusado de “malversión por imprudencia temeraria”. Otro de los casos de corrupción fue las recompensas y concesiones hechas al general Cáceres por parte del Presidente quien le encargo oficialmente la compra de armas para el ejército peruano en Francia. Era “prácticamente seguro” que parte de los fondos puestos a su disposición sirvió como un soborno a Cáceres
para que permaneciera tranquilamente en un “cómodo exilio”, López de Romaña se había rodeado de caceristas a los cuales otorgo puestos militares para contrarrestar a Piérola. Cáceres regresó al Perú para las elecciones
de 1903, que habían sufrido “fraudes
incalculables” y compra de votos por parte de los civilistas en Lima y en provincias. El civilista Manuel Candamo fue elegido presidente luego de establecer una alianza estratégica con el militarista y cacerista Partido Constitucionalista. Igualmente en 1905 el civilista José Pardo, elegido presidente luego de la muerte de Candamo, recompensó a Cáceres con una generosa representación diplomática en Roma. El mal funcionamiento de las instituciones electorales era la principal fuente de conflictos políticos. En 1902, durante la presidencia de López de Romaña, se modificó la composición política de la Junta Electoral Nacional. Aquella estaba compuesta por nueve miembros, cuatro elegidos por el Congreso (dos por cada Cámara) cuatro por el poder judicial y uno por el gobierno. Con su renovación en 1902, a pesar de la airada oposición, los civilistas obtuvieron la mayoría en la composición de la Junta Electoral. La animosidad visceral entre las familias y grupos inmersos en la lucha política produjo sonadas conspiraciones y acciones para asesinar o agredir personas, como los ataques de los rencorosos Piérola contra los altivos Pardo. Pese a estas circunstancias, Candamo y Pardo, desarrollaron una estrategia financiera común, diseñada por Leguía, quien por entonces era primer ministro de Hacienda y primer ministro que sirviera a ambos gobiernos. Bajo el pánico
financiero internacional de 1907, fue una circunstancia que limito el gasto público expansivo que llevaba al endeudamiento externo y a la corrupción administrativa. La recuperación económica del país se intensificó bajo el gobierno de Pardo y menos casos de corrupción fueron denunciados ante el Congreso. Sin embargo, Leguía presionaba para que se aplicaran nuevos impuestos con el objetivo de incrementar las rentas y justificar así un gasto publico mayor, fundamentalmente en las áreas de defensa y construcción de ferrocarriles obedeciendo a supuestas necesidades de seguridad internacional y de mejorar las riquezas naturales del país, en consecuencia la deuda externa comenzó a crecer. Las medidas para la construcción ferroviaria aprobadas en 1904 estimularon el ambicioso proyecto de un costoso ferrocarril que uniría la sierra central con un puerto en el rio Ucayali, en el umbral de la selva Amazónica. En el congreso, civilistas y demócratas por igual se opusieron a este proyecto financieramente irresponsable y mal diseñado. Una propuesta de préstamo del Deutsche Bank promovido por el ministro Leguía fue rechazado por el Congreso en 1906.1 La eventual división del civilismo en las facciones leguiísta y el “bloque” obedeció a profundos desacuerdos en torno a cuestiones financieras y administrativas. Leguía se esforzaba por atender los intereses extranjeros que pudieran ofrecerle bases efectivas del poder, era admirado por empresarios y diplomáticos británicos y estadounidenses. Habiendo asegurado su elección a la presidencia como el sucesor de Pardo en 1908, Leguía concibió la política como una estrategia para neutralizar a la facción civilista que se oponía a sus medidas en el congreso. El Presidente Leguía amplió los proyectos económicos y financieros que había introducido cuando sirvió como primer ministro de Pardo. Se enfrentó a una feroz oposición parlamentaria civilista, que no estaba dispuesta a aprobar gastos públicos expansivos que pudiera llevar a un enorme déficit presupuestal, además se oponían a la pragmática política exterior de Leguía conducida por su primer ministro Melitón Porras. Leguía presionó a favor de su política exterior, su ambicioso programa de gasto militar y naval, y una coalición de intereses estadounidenses y locales decididos a construir el grandioso y mal diseñado proyecto ferroviario de Ucayali.2 A partir de sus extensas relaciones familiares, y sin contar con un partido o alianza política, Leguía construyó una red de apoyo político disidente entre políticos oportunistas de clase media y nuevos ricos, quienes exigían recompensas ligadas a obras públicas, malversión de fondos, contratos para suministros y cargos gubernamentales. Varios de sus parientes y amigos cercanos fueron nombrados en cargos ministeriales y lideraron la facción parlamentaria leguiísta.
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Dudley a Elihu Root, Lima, 24 de marzo de 106, n° 1257, y 3 de agosto de 1906, n°1275, Despatches 1826-1906, roll 66 USNA 2 Jean Guillemin M.A.E. Pichon, Lima, 29 de diciembre de 1910, n°114, CPC-NS, Pérou n°2, ff. 143-146; Baron de Vaux a M.A.E. Poincaré, Lima, 27 de junio de 1912, n°57, CPC-NS, Pérou, vol.3, ff. 29-30v, AMAE.
La correspondencia personal de Leguía en su primer gobierno revela un flujo incesante de pedidos de cargos oficiales y favores, provenientes de una amplia gama de personas que recomendaban a sus parientes o favoritos. El general Cáceres, bien recompensado por Leguía como embajador peruano en Roma y posteriormente en Berlín, mantuvo una correspondencia muy amistosa con el presidente, quien accedió a promover a Ignacio Dianderas, sobrino de Cáceres, al puesto de subprefecto de Jauja.3 En efecto, Leguía accedió a los pedidos militares para incrementar el gasto de defensa, que alimento comisiones ilegales y coimas a oficiales y proveedores extranjeros. Asimismo, se compraron varios buques torpederos y submarinos franceses, algunas de estas compras fueron cuestionadas en el Congreso por irregularidades y falta de autorización legislativa, así como por contribuir al incremento innecesario de la deuda externa, según los diputados de minoría civilista José Matías Manzanilla y Luis Miró Quesada Leguía se iba haciendo cada vez más impopular. Con el fin de afirmar su autoridad en los últimos dos años de su presidencia, Leguía empleó medidas escandalosas para subvertir las reglas electorales y los procedimientos parlamentarios. Su régimen pasó a depender cada vez más de la vigilancia y el espionaje.4 Los intentos de influir sobre la Junta Electoral Nacional culminaron en un decreto ejecutivo que la clausuró inmediatamente antes de las elecciones parlamentarias de 1911. Esta medida condujo la instalación ilegitima de nuevos congresistas y le dió a Leguía el control de la mayoría parlamentaria. Los civilistas conformaban ahora una minoría, y el presidente acababa de subir los sueldos de las fuerzas armadas poco antes. Las elecciones presidenciales de 1912 le ofrecieron a Leguía otra oportunidad de aplazar su salida del poder y asestarle otro golpe devastador a su exagrupación, el Partido Civil. Los civilistas confiaban que su candidato Ántero Aspíllaga, vencería fácilmente en las elecciones. Más apareció el expierolista Billinghurst, que fue ganando el respaldo popular. Con la clara intención de impedir las elecciones que calificaba anticipadamente como fraudulentas, logro interrumpir la votación, asistido por multitudes violentas azuzadas por un paro general. La decisión sobre la sucesión presidencial recayó sobre el Congreso, donde la mayoría pro leguiísta refrendó un acuerdo entre Leguía y Billinghurts. El nuevo mandatario pronto denunció el catastrófico estado de las finanzas nacionales que heredó así se rehusó a honrar contratos y acuerdos que Leguía había iniciado y esperaba que su sucesor concluyera. La deuda pública sumaba 82 millones de soles y era necesario efectuar grandes recortes en el gasto.5
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Leguía a Cáceres, Lima,8 de enero de 1909, y 2 de diciembre de 1908, libro copiado n°1, pp497 y 311, Archivo Leguía, BNP 4 Jerome a Grey, Lima, 1 de julio de 1911, n°93, FO 371/1206, f. 116, NAUK. El gobierno descubrió un contrabando de armas que implicaba a los hijos del ministro belga en Lima (Julián María Arroyo a M.E., Lima, 3 de junio de 1911, n°58, leg. H-1679, AGMAE). 5 El Comercio, n°33488,3 de octubre de 1912, p.1.
Inicialmente llevó a la cancelación de varios proyectos ferroviarios y de irrigación, así como de contratos de compra de armas y la compra de submarinos de la Electric Boat Company. En consecuencia Billinghurts fue considerado antiestadounidense por los diplomáticos de dicho país. Leguía mismo se exilió luego de que una turba atacara su residencia. A comienzos de 1914, el presidente planeaba cerrar el Congreso para librar a su gobierno de la mayoría leguiísta. El eterno conspirador Augusto Durand diseñaba un levantamiento que constaba con el respaldo de militares descontentos. En un manifiesto escrito tras ser depuesto, Billinghurts denunció una conspiración de “logreros políticos” interesados
personalmente en los turbios proyectos ferroviarios, plagados por la malversación de fondos públicos. Durand quien poseía extensos cocales en la provincia de Huánuco, era uno de los partidarios de que el ferrocarril a Ucayali, pasara por dicha circunscripción política. Después del golpe, el coronel Benavides asumió un rol protagónico, siendo uno de los primeros graduados de la instrucción militar francesa iniciada en 1895, quedaba claro que la reforma militar (que buscaba mantener a los militares alejados de la política) había fracasado. Los hermanos Prado Ugarteche (Mariano Ignacio, Javier, Jorge y Manuel), jefes de una facción ascendente entre los civilistas, apoyaron a Benavides como presidente provisional. Gonzales Prada, director de la Biblioteca Nacional, procedió a criticar a Benavides por su militarismo, que amenazaba con instaurar otra ronda de degradante servidumbre, favoritismo y malversación fiscal. Arriesgándose a las represalias Gonzales Prada denuncio el enriquecimiento sorprendente de Benavides que permitió a su familia cancelar simultáneamente varias hipotecas, insinuando así que esa fortuna provenía de fuentes civilistas o de mal uso de fondos públicos. Se notaba un creciente militarismo, a medida que el presidente colocaba a sus parientes en lucrativos puestos públicos, todo lo cual contribuía a la impopularidad del régimen. Se sospechaba, además, que el creciente gasto militar servía para “recompensar servicios no muy correctos”.6 Al finalizar su impopular mandato, Benavides fue despedido con pifias por grupos que le 7
gritaban “ladrón y asesino”. José Pardo, electo en 1915 para su segundo mandato presidencial,
recompenso a Benavides con un puesto diplomático en Europa.
Pardo gobernó el país con su tradicional conservadurismo fiscal, las ambiciones políticas de Javier Prado, respaldadas por sus hermanos y un grupo considerable de civilistas, llevaron a una división de facto del Partido Civil, que debilitó la posición de Pardo. En medio de la primera guerra mundial, agentes británicos y estadounidenses presionaron para que se alcanzara una resolución judicial internacional de la disputa, librada en torno a los impuestos ridículamente bajos que pagaba la London & Pacific Petroleum Co. Los críticos posteriormente culparon al gobierno de Pardo y a la mayoría civilista en el congreso por haber cedido a estas demandas.
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López a M.E., Lima, 30 de julio de 1915, n°42, leg H-1680, AGMAE Clément-Simon a M. A. E. Pichon, Lima, 5 de junio de 1909, CPC-NS, Perou, vol. 2, ff. 55-60, esp. 58, AMAE. 7
Leguía, entretanto, conspiraba desde su exilio Tras su partida del Perú en 1912, se estableció en Londres, desde donde conducía sus negocios personales y una campaña política orientada a devolverle al poder. Durante la mayor parte de 1917, la Home Office británica tuvo a Leguía bajo vigilancia, en cas violara la Foreign Enlistment Act y contratara ciudadanos británicos para derrocar al gobierno peruano. Sin embargo gracias a las copias fotográficas y traducciones de cartas interceptadas, se pudo afirmar que Leguía estaba planeando su retorno político, y que, para este fin, contaba con el fuerte apoyo, tanto de oficiales militares retirados, como en servicio activo en el Perú. En sus cartas, Leguía incitaba vivamente a Víctor Larco Herrera y otros candidatos parlamentarios a que se unieran a este “movimiento reaccionario” contra Pardo. Del mismo modo, Carlos de Piérola, el jefe opositor del casi extinto Partido Demócrata, manifestó su respaldo a la causa y liderazgo de Leguía. La estrategia política de Leguía evolucionó hacia un plan secreto para regresar al Perú, respaldado por el nuevo partido en formación, y exigir un gobierno provisional y la convocatoria a una convención nacional, objetivos todos que serían apuntalados por un levantamiento militar.8 Las condiciones para el retorno del expresidente coincidieron con el lanzamiento de su campaña presidencial para las elecciones de 1919, en las cuales salió vencedor. Leguía llevó a cabo un golpe “sagaz” antes de la ceremonia de investidura, argumentando haber descubierto una conspiración para impedirle asumir el cargo. El golpe conto con un amplio respaldo militar que puso abrupto fin al relativamente honesto gobierno de Pardo, el ultimo del civilismo, y destrozó la oposición organizada, iniciando así una nueva era de dictadura y corrupción.
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Leguía a Melitón Porras, Londres, 11 de septiembre de 1917, FO 371/2991, dd. 220-222, NAUK: Leguía explicaba que, de permitirse a su nuevo partido político crec er en el Perú, “exigiríamos, no una elección presidencial, sino la organización de un gobierno provisional y la convocatoria de una Convención Nacional. Pero si como es casi seguro, el gobierno fuese hostil […] quedará justificado el empleo de
cualquier medio conducente al cumplimiento de la voluntad nacional [, esto es,...] deponer la fuerza por la fuerza”.
Objetivo
Conocer las similitudes entre los periodos políticos en los que gobernaron partidos civilistas y no civilistas (militares). •
Conclusión
En este periodopor de el tiempo 1884-1930 diferentes gobiernos que tomaron Perú caracterizaban mal manejo de lalos deuda externa donde predomino másalaun ense el gobierno de Leguía al realizar obras publicas sobrevalorizadas y compras a empresas estadounidense y británicas que, en consecuencia aumentaron innecesariamente la deuda externa. Aparte debemos recalcar el aspecto de la corrupción por los diferentes presidentes que tomaron el poder y lo utilizaron para sus intereses personales y políticos, favoreciendo a sus familiares, amigos o simpatizantes al colocarlos en cargos bien remunerados.
Aporte
Si bien es cierto el dicho “Cada pueblo tiene a los gobernantes que se merece” los
gobernantes deberían hacer un esfuerzo político, intelectual, moral y democrático para mejorar el contexto social y económico para bien de sus detractores y simpatizantes, en su conjunto, para todos. Puesto que todos los integrantes de un mismo territorio tienen el deber de controlar y aportar al gobierno y no conformarse con ir por el camino del individualismo y el favoritismo.
