Las relaciones entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Responsabilidad Social Universitaria
Durante la última década, el Perú ha tenido un mayor dinamismo en algunos sectores de su economía. Esto le ha permitido un crecimiento económico reflejado en su ubicación de tasa de crecimiento medio en la región y su clasificación como país de ingreso medio alto. Así, en el año 2009, las cifras sobre la pobreza en el país muestran una reducción de pobreza y pobreza extrema de 34.8% y 11.5% respectivamente; además, un incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.69 a 0.72 entre los años 2005 y 2010.
Pese a esto, la situación de la democracia en el Perú no parece ser tan alentadora. El modelo de gobernabilidad peruano se ha caracterizado en estos años por mantener altos grados de conflictividad social, déficit en la distribución de riquezas y una débil legitimidad de las instituciones de representación política. En ese sentido, los reclamos por las reformas institucionales en el Estado no han tenido mayores respuestas y se mantienen serias carencias en sectores fundamentales como la educación y la salud.
Frente a esta situación, considero necesario que actores como la empresa o la universidad deben cumplir su rol asignado en la sociedad. Entonces, debemos preguntarnos ¿Cuál es la naturaleza de esas relaciones y
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hacia dónde apuntan ellas? A continuación presentaré algunas reflexiones respecto a esta pregunta planteada:
1. La preocupación por el desarrollo ha tenido distintos elementos teóricos de base. Inicialmente, se formuló la idea de que el desarrollo era económico y de que se materializaba por etapas. Se admitía que una vez superadas los países llegarían a obtener un nivel de desarrollo similar. Lo importante era acelerar la llegada a este desarrollo, y para ello se requerían determinadas condiciones. Para algunos, la más importante era contar con un sector económico interno que produjese bienes de capital (maquinarias y equipos) para producir los bienes y los servicios que la población requería. Pero, para contar con un sector productor de bienes de capital se necesitaba una capacidad de generación de excedentes que, en los países menos desarrollados, no existía. Por lo tanto, la inversión extranjera era considerada necesaria. También se pensó sobre cómo lograr el incentivo para el desarrollo. Y en este punto apareció la preocupación por la intervención del Estado y los mecanismos de la planificación y el mercado. En otras palabras, ¿quién debía impulsar el desarrollo y a través de qué mecanismos?: ¿el Estado, vía políticas de planificación obligatoria?, ¿o el mercado, orientado con incentivos tributarios, arancelarios, de tipo de cambio, de crédito, etcétera?
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Posteriormente, apareció la preocupación por asociar desarrollo económico y naturaleza de gobierno. ¿Daba lo mismo si el desarrollo económico era impulsado por una dictadura o por una democracia? ¿El desarrollo económico es independiente del carácter democrático o no de los gobiernos y de sus respectivas sociedades? ¿Desarrollo económico solamente? ¿Desarrollo económico y democracia? Estas preguntas redefinían la naturaleza exclusivamente económica del desarrollo. En el marco de este cuestionamiento, también se hablaba de desarrollo, a secas, que involucraba aspectos distintos de un mismo proceso.
Más tarde apareció la noción de desarrollo humano. Con este criterio, se quiso destacar que las personas y sus sociedades no solo eran agentes económicos sino sujetos históricos que necesitaban de otros elementos, además de los ingresos económicos, para vivir armónicamente. Es posible que las preocupaciones por las identidades colectivas de naturaleza étnica, lingüística o cultural surgieran a partir de una visión crítica de la noción economicista. La concepción de desarrollo humano ponía el énfasis en condiciones de salud, educación, identidad cultural, entre otras.
Finalmente, la visión de desarrollo sostenible surgió con la preocupación ambiental, pero no se limitó a esta. Con su introducción no solo se
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ampliaba el espectro de elementos a considerar para hablar de desarrollo. En este caso, se incluía el medio ambiente. Pero, además, se preguntaba por la posibilidad de la continuidad del desarrollo en las generaciones futuras, al menos, en las mismas condiciones que en las generaciones presentes. Buscó la equidad intergeneracional. En el marco de esta perspectiva es que surgió la definición de sostenibilidad como la articulación de procesos en la dimensión ambiental, económica y social.
Hoy los gobiernos, las empresas y, en general, las instituciones que actúan con una perspectiva de desarrollo sostenible emplean como referente lo que llaman «la triple línea de base» (económica, ambiental y social). Los reportes de sostenibilidad incluyen estos tres aspectos para dar cuenta de la manera en que operan las instituciones. El desarrollo sostenible se ha constituido en una ética.
2. La empresa de tipo capitalista constituye un fenómeno común desde hace por lo menos dos siglos; la novedad reside en la escala que han alcanzado los negocios globales. Estos han llegado a constituir una red de interacciones que cubre por entero a nuestro mundo y que, mediante su paulatino arraigo en las más diversas regiones, transforma culturas, hábitos de consumo, sistemas políticos y proyectos de vida individual y colectiva. Así, al mismo tiempo que varían las pautas de organización
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material o económica de nuestras vidas, se producen también cambios en otras esferas. Entre ellas, es necesario destacar, las grandes transformaciones en el ámbito de la ética pública, de las convicciones morales colectivas, cambios que, afortunadamente, no han dejado de tocar las puertas del mundo de la economía. Actualmente, en efecto, el ámbito de la producción y el comercio no se encuentra aislado de las exigencias éticas de nuestra sociedad global.
3. Debemos recordar que la búsqueda de la eficiencia en el sentido de máxima rentabilidad ha dado como fruto, en el campo de la economía, una serie infinita de mejoras en la organización del trabajo y de revoluciones tecnológicas que han redundado en una más amplia cobertura de las necesidades sociales. Los economistas suelen emplear el término de externalidad negativa para referirse a esas consecuencias perjudiciales que la explotación de una oportunidad de lucro implica para el resto de la población circundante. Dichos perjuicios se ocasionan sin que lleguen a configurar situaciones de ilegalidad. La contaminación del ambiente por una explotación minera podría ser un ejemplo de tales externalidades negativas. Fuera de los marcos de la legalidad – que no necesariamente abarcan todo el universo de lo éticamente deseable ni excluyen todo el universo de lo moralmente reprobable — una conducta económica como la surgida de la Modernidad no reconoce fronteras. Las
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instituciones que delimitan la legalidad son a su vez un producto de esos procesos de abstracción que eximieron al mundo de la economía de cualquier preocupación ulterior sobre la validez ética o moral de sus actos y proyectos.
Sin embargo, debemos resaltar que el itinerario de neutralización moral de la conducta económica, y por lo tanto, del ámbito empresarial, ha conocido interesantes y prometedoras inflexiones en las últimas décadas y es hacia ese cambio que deseo dirigir mi reflexión. Ello en el entendido de que no pueden estar reñidos el beneficio económico y la satisfacción del Bien Común. Principio éste, que más allá, de cualquier procedimiento innovador en las empresas, no sólo dignifica moralmente la vida económica sino que, además, resulta desde el punto de vista de los beneficios altamente rentable desde el punto de vista económico y ético.
El avance de tal convicción en la necesaria vinculación entre economía y ética es el trasfondo en el que han madurado en la actualidad una reflexión y un conjunto de prácticas asociadas a la idea de la responsabilidad social de la empresa. Ella se vincula con otras orientaciones o campos de reflexión, como, por ejemplo, los relativos al campo de la ciudadanía y, por ende, de los deberes que un sujeto dotado de derechos tiene frente a sus conciudadanos.
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4. La idea de la entidad empresarial como una suerte de sujeto ciudadano sostiene un conjunto de nociones ulteriores, principalmente la convicción según la cual el agente económico posee obligaciones y compromisos frente al entorno social del cual extrae sus oportunidades de lucro. Ello, desde otras ópticas, ha dado espacio, sin embargo, a una concepción instrumentalista de la responsabilidad social de la empresa según la cual la ética resulta ser un factor de rentabilidad, en la medida en que hace de un agente económico un sujeto más apreciado por su comunidad. La adhesión a causas cívicas – como pueden ser el comercio justo, la protección ambiental, el trato no discriminatorio — aparece como una pieza de las relaciones públicas de la empresa. Esta actitud, si bien es siempre favorable, resulta de algún modo limitada por la racionalidad orientada a la ganancia que ya ha sido comentada.
5. Esto me lleva a otro aspecto vinculado con la responsabilidad empresarial. Ya he mencionado cómo la organización puede y debe estructurarse para propiciar la confrontación de ideas y la crítica a fin de no perder de vista la orientación ética. Otro elemento importante que sostiene la responsabilidad empresarial lo constituye su rendición de cuentas ante la sociedad y la opinión pública. Una sociedad informada y democrática incentiva la actuación responsable no solo de los agentes políticos sino también de los agentes económicos privados. Las
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sociedades abiertas lo son tanto en el campo de la apertura a la iniciativa privada como en la disponibilidad de información para que todos los sectores respondan por sus actos. La modernidad a la que debemos y podemos aspirar no se ha de circunscribir al desarrollo del capital; ha de incluir también el fortalecimiento de la ciudadanía, ese terreno que nos compromete a todos a actuar en relación con los demás. Este aspecto es el políticamente más complejo debido, nuevamente, a que los grandes desafíos éticos no consisten tanto en el reconocimiento de la normal moral sino en nuestra capacidad para aplicarlos.
6. El mero crecimiento de una o varias empresas no es suficiente a fin de evaluar el desarrollo que ha de importar en primer lugar, a saber, el desarrollo humano. Éste, como sabemos, consiste en el despliegue de todas las capacidades humanas o, como lo definió Amartya Sen, en la conquista de una sociedad en la que la riqueza se mantenga al servicio de la libertad. Proponerse esta meta significa asumir un imperativo moral que no se constriñe al crecimiento material; significa resituar las capacidades humanas en el centro de la organización social y económica. Buscamos, entonces, la democracia y deseamos la prosperidad material porque perseguimos, en última instancia, una sociedad plenamente humana en donde las aspiraciones de gozar de cada una de las capacidades que poseemos como seres humanos sean posibles. Visto de
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esta manera, el mayor riesgo del desarrollo económico se halla en el menosprecio hacia alguno de los bienes que conforman la experiencia humana y que incluyen, por ejemplo, el goce físico, el despliegue de la imaginación, el reconocimiento que recibimos de los otros, la capacidad de desarrollar nuestra cultura y de expresar nuestra espiritualidad.
De manera que no podemos considerar enteramente desarrollada una sociedad en la que haya sido extinguida la diversidad de la cultura, o en la que esté ausente el reconocimiento de la dignidad de cada uno de sus miembros. No podemos considerar desarrollado un país en el que haya personas impedidas de hablar en su lengua, de practicar sus creencias o de construir su propia tradición. No podemos considerar avanzada una nación en la que el origen racial o social o la condición de género sean un estigma que imponga restricciones a las aspiraciones de una persona.
De otro lado, recordémoslo, vivimos en un país en donde las puertas están más abiertas que nunca a la inversión privada nacional o extranjera y en donde ha crecido el consenso de que la apertura económica es de gran beneficio para nosotros mismos. Como consecuencia de ello, el crecimiento económico que en estos días experimenta el Perú ha sido uno de los mayores de la región y ha cambiado el rostro de muchas partes del país. Pero, a la vez, vivimos en un país que puede ofrecer
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ejemplos contundentes de conflictos e injusticias derivadas del abuso económico y del sacrificio que se les demanda a muchos para lograr el beneficio que en su mayoría alcanza a muy pocos. Basta mencionar el caso emblemático de La Oroya, una provincia del Perú de vasta riqueza minera que ha producido ganancias para los inversionistas y para el Estado pero que, a la vez, ha resultado convirtiéndose en el segundo lugar más contaminado del planeta y en donde los índices de plomo en la sangre de la población, que incluye niños, es escandaloso. Hay muchos otros casos de explotaciones en gas y petróleo que, debido a la manera en que son administradas, han devastado o amenazan con devastar poblaciones enteras en contraste con las enormes ganancias que producen. Para muchos peruanos, aquellos signos de adelanto y enriquecimiento se traducen en pérdidas inmediatas de sus modos de vida, en la destrucción de su cultura y, por tanto, de manera en que ellas se reconocen. La incapacidad o el mero desinterés del Estado y de los agentes privados por comprender las consecuencias concretas de su acción en la vida de los demás han pretendido convertir las protestas de estas poblaciones en caprichos, en síntomas de una cultura enemiga del progreso, en expresiones irracionales y atávicas de atraso. Pero la representación de este malestar social bajo la forma de una resistencia de pueblos que insensatamente prefieren la pobreza soslaya una larga historia de injusticia y exclusión en donde la coacción se ha impuesto
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sobre el diálogo y en donde el beneficio económico de un sector ha sido privilegiado respecto del desarrollo justo y equilibrado de las comunidades.
Desatender la dimensión humana y social de la actividad económica es, ciertamente, un severo fallo ético que impide la construcción de consensos y que limita el despliegue de los beneficios a todos los sectores sociales. Gracias al conocimiento que poseemos actualmente, deberíamos ser capaces de comprender que la forma que adquiere el desarrollo económico es indesligable de las perspectivas democráticas de una sociedad.
7. No sería justo, por otro lado, reducir mis observaciones a aquellos aspectos en los que la actividad empresarial ha estado en conflicto con el desarrollo social. Porque el crecimiento económico que experimenta en este momento el Perú ha significado también el despertar de una conciencia nacional y de varias conciencias regionales que ha reavivado positivamente el orgullo y la dignidad de sectores que antes estaban marginados o estigmatizados. Muchas empresas han logrado capturar esta nueva sensibilidad y darle expresión a fin de alcanzarlos.
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Pero que esta visión empresarial prevalezca sobre aquella que deja de lado de producir para un entorno depende de la conjunción de varios factores que he mencionado en esta exposición. Depende de un entorno político que abra las puertas al diálogo con las distintas comunidades que componen el país; depende, asimismo, de una ciudadanía sólida que haga escuchar su voz y que sea la instancia ante la cual las empresas respondan por sus actos. Depende, finalmente, de la misma cultura empresarial, de su capacidad por reconocer el papel que cumple dentro de la sociedad, de su atención al hecho de que muchos de los riesgos que una empresa asume implican también riesgos para personas ajenas a ella.
8. En el sector minero, estas fórmulas han sido adoptadas en algunos ámbitos y cito dos ejemplos en los que el instituto que presido tuvo algún nivel de participación. El año pasado, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú se encargó de la organización de la Mesa Consultiva sobre el documento Estándar para un Oro Libre de Conflictos, elaborado por el Consejo Mundial del Oro. Este documento establece lineamientos operativos que aseguren que la producción de oro proveniente de áreas afectadas por conflictos o calificadas como de alto riesgo, pueda ser identificada como
―libre de conflicto‖. Mientras que, a inicios de este año, el
IDEHPUCP realizó una consultoría para la elaboración de un
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Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Seguridad y el Respeto a los Derechos Humanos, con especial cuidado en el sector extractivo, con miras a la posible adopción de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos por parte del Estado peruano y de empresas mineras que operan en nuestro país.
Como puede verse, este debate ya ha llegado al Perú y, conforme se siga avanzando en la inversión minera, este tema cobrará mayor importancia, dado que, como mencioné al inicio de esta presentación, la ética y
la economía tienen vasos comunicantes en el mundo
contemporáneo que no pueden ser desconocidos por quienes operan actividades extractivas en el Perú.
9. La posibilidad de una economía éticamente orientada ha sido durante mucho tiempo entendida como una quimera, como una ilusión y en el peor de los casos como una pretensión irracional. Nuestra realidad contemporánea, en este mundo de negocios globales, nos muestra cada día, sin embargo, que lo verdaderamente irracional es mantener un modelo de conducta moralmente ciego. Los desastres humanitarios más notorios, al igual que los perjuicios cotidianos de pequeña escala, que cada día se producen por la prevalencia de ese modelo ofrecen testimonio suficiente de ello. La responsabilidad social de la empresa se
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deduce muy claramente de principios claros y sencillos que, al fin y al cabo parten de una idea muy elemental: no hay actividad humana que no está dirigida a los otros , a personas que tienen los mismos derechos que nosotros a vivir una vida digna, signada por el respeto mutuo y abierta a mil posibilidades por el ejercicio de la libertad. Ser responsable socialmente equivale, así, a reconocernos como seres libres que comparten un mismo entorno de desafíos, oportunidades y posibilidades de existencia humana. 10. El rol que cumple la universidad en la sociedad está definido por sus funciones básicas o esenciales. Recordemos el sentido que, para los griegos y los romanos, tenía el ejercicio de la razón y que consistía precisamente en intervenir en el diseño de la cosa pública a partir de la búsqueda de argumentos comunes para edificar juntos las instituciones sociales y políticas, así como las leyes que regían el mínimo consenso. Entonces, podemos afirmar que ser ―ciudadano‖ implica intervenir en la
vida comunitaria, en sus debates y conflictos.
En ese sentido, la universidad debe ser considerada como un espacio de transmisión y construcción de saberes, en el que se fomente la generación de posiciones críticas sobre diferentes ideologías a partir de una reflexión y análisis de los problemas que se encuentren en nuestra sociedad. Así, la universidad no solo debe brindar un ―servicio‖ de 14
formación en capacidades y producción de investigación, sino darle un sentido de incidencia directa en la vida pública de cada sociedad, en la construcción de valores democráticos y el ejercicio real de la ciudadanía. Es ahí, en donde se genera el significado de la responsabilidad social de la universidad.
11. La Responsabilidad Social es un movimiento joven, mundial, polimórfico, que involucra muchos actores de diversos horizontes y con diversos intereses. La Responsabilidad Social es un sistema de gestión en base a criterios éticos de justicia y sostenibilidad para lograr un desarrollo social y ambientalmente sostenible en la tierra. Se encarna como gestión de todos los impactos internos y externos que la organización produce, lo que implica hacer un diagnóstico regular del quehacer de la organización, acatamiento de estándares internacionales de buenas prácticas laborales y ambientales, participación de las partes afectadas por las decisiones de la organización (stakeholders), rendición pública de cuentas en todos los aspectos de la organización (económico, social y ambiental), trabajo en red con otras organizaciones para mitigar impactos negativos y maximizar impactos positivos (cadenas de valores, proveedores), promoción de alianzas para el desarrollo humano sostenible o el llamado capital social para el desarrollo.
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Ahora bien, la diferencia entre responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria surge al momento de diagnosticar cuáles son los impactos y quiénes son las partes afectadas. En la Universidad, tenemos impactos académicos específicos (educativos, epistemológicos, cognitivos) que, en la práctica, alejan mucho a la responsabilidad social empresarial de la universitaria.
La responsabilidad social universitaria nació en América Latina, a partir del esfuerzo conjugado de varios actores de la educación en distintos países. Así, la expansión del concepto ha permitido la generación de modelos como el de universidades sostenibles que están mostrando importantes logros en el mundo anglosajón y europeo. Para esto, es importante comprender la gestión universitaria como un tema no sólo administrativo, sino también y ante todo educativo. En algunos lugares, todavía se prefiere hablar en términos de extensión que de responsabilidad social desde
la academia, haciendo un símil con el mundo empresarial,
en el que en muchos lugares se prefiere hablar de filantropía que de sistema de gestión socialmente responsable .
Por cierto, estos procesos son complejos y llenos de tensiones. Los nuevos conflictos sociales que cuestionan estos formas de desarrollar sus funciones tanto en el ámbito educativo como meramente
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empresarial son una llamada de atención. La reducción de la pobreza y el fortalecimiento de los derechos básicos requieren el esfuerzo de todos: el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.
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