La Jurisdicción y Competencia dentro del Derecho Procesal Peruano

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

La Jurisdicción y Competencia Teoría General Del Proceso

Autores: Altamirano Lozada Brenda Birhyi Gallardo Abanto Carlos Armando Pisfil Casas Stalin Einstein Anaxímenes Docente: Mg. Rodriguez Monteza, Amado Eliseo 12/10/2012

La Jurisdicción y Competencia Competencia 12 de octubre de 2012

Índice: Capítulo I: Aspectos Generales e Introductorios ……………………………………………………….. Pag. 4 1.1 Aspectos Generales e Introductorios …………………………………………………… Pag. 5 Capítulo II: La Jurisdicción ..……………………………………………………………………………………….. Pag. 7 2.1 Etimología ………………………………………………………………………………………,…….. Pag. 8

2.2 La jurisdicción como facul tad de administrar justicia …………………. Pag. 9 2.3 Definiciones doctr inarias de jurisdicción …………………………………………. Pag. 9 2.3.1 Definiciones doctrinarias latinas …………….…………………………….. Pag. 11 2.4 Elementos d e la jurisdicción ……………………………………………………………... Pag. 12 2.5 Características de l a jurisdicción ……….……………………………………… ……….………………… ………………………... …... Pag. 14 2.6 Clases de Jurisdicción …………………………………………………………………………. Pag. 17 2.7 Los momentos jurisdiccionales ………………………………………………………….. Pag. 19 2.8 Los límites de la jurisdicción ………………………………………..…………………... Pag. 21

2.9 Inmunidad de jurisdicción …….…………………………………………………………….. Pag. 22 2.10 Los equivalentes jurisdiccionales . ……………………………………………….... Pag. 23 2.11 Las atribuciones o facultades conexas ………………………………………….... Pag. 23 ……………………………….… ….. Pag.25 2.12 Organización de la función jurisdiccional ……………………………….…….. Capítulo III: La Competencia ………………………………………………………………………………………. Pag. 26 3.1 Concepto General ………………………………….………………………………………… ………………………………………….. Pag. 27

3.1.1 Conceptos legislativos ……………… .………………..……………………….. Pag. 27 3.2 Características de la competencia ……… ..…………………….…………………… …………………….…………………… Pag. 28 3.3 Fundamentación de la competencia ……… .………………………….………… ………………………….………….. .. Pag. 28

3.4 Clasificación ……………………………………………….……………………….……………. ……………………….……………. Pag. 30 3.5 Criterios para fijar la competencia …………… .………………………………….. Pag. 32 3.6 Cuestionamiento de la competencia …………… .…………………………………. Pag. 38

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3.7 Prevención y competencia ………………………………………………………………. Pag. 40 3.8 Competencia en el Derecho Procesal ………………………….…………..……… Pag. 41 3.9 El principio de legalidad y la competencia civil en el CPC ………...... Pag. 41 3.10 Relación que existe ent re jurisdicción y competencia ……….………. Pag. 42 3.11 La problemática de la competencia subjetiva, en referencia a la parcialidad e imparcialidad de los jueces y secretarios ………….….. Pag. 42 Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones ………………………………………………………. Pag. 44 4.1 Conclusiones Generales ………………………………………………………………….. Pag.45

4.2 Recomendaciones ………………………………………………………………….……….. Pag. 46 Referencias Bibliográfícas …………………………………………………………………………...……….. Pag. 47

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JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:

Capítulo I: Aspectos generales e Introductorios

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1. Aspectos Generales o Introductorios

Analizar críticamente la "jurisdicción" cómo institución y figura jurídica constitucional procesal que se encuentra ligada a la concepción de Estado, justicia, justicia, poderes y paz social, representa desde la perspectiva práctica y en el rico contexto legal peruano actual un interesante reto que afrontaremos en el marco de la cátedra de Teoría General del Proceso. Abordar la temática contrastando las determinaciones constitucionales, con las posiciones doctrinarias y las realidades legales y forenses patrias pretende en éste material condensado ofrecer un marco que esclarezca situaciones teóricas y prácticas asociadas a la jurisdicción y los medios alternativos, la justicia militar, la administración pública, el arbitraje, la justicia extranjera, la justicia de paz y la justicia comunal. A tales fines se recurre a fuentes doctrinas nacionales y extranjeras pertinentes, y a constituciones, leyes, proyectos de leyes y resoluciones, a los fines de extraer y organizar datos relevantes que permitan sistematizar planteamientos y realizar análisis exegéticos en torno a puntuales casos prácticos vinculados al tema jurisdicción. Según Calamandrei, el Derecho Procesal se basa en el estudio de tres conceptos fundamentales: fundamentales: La jurisdicción: que es la actividad que se realiza por el juez, como un tercero imparcial, para los efectos de dirimir a través del proceso, el conflicto que las partes han sometido a su decisión. La acción: que es el derecho que se reconoce a los sujetos para los efectos de poner en movimiento la actividad jurisdiccional en orden a que se resuelva a través del proceso el conflicto que se ha sometido a su decisión.

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El proceso: que es el medio que el sujeto activo tiene para obtener la declaración jurisdiccional acerca de la pretensión que ha hecho valer mediante el ejercicio de la acción; donde el sujeto pasivo tiene el derecho a defenderse; y el tribunal la obligación de dictar sentencia conforme a los alegado y probado. Como se ha visto anteriormente la jurisdicción se considera como el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del Estado; competencia es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por tanto una competencia, por necesidades de orden práctico. Se considera, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un asunto dado, como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto. La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada juez tiene competencia para determinados asuntos.

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Capítulo II: La Jurisdicción

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2. Jurisdicción

2.1 Etimología

Proviene del latín iurisdictio – nis, que significa acción de decir o de indicar el derecho. La acepción etimológica no ha sido aceptada por la doctrina para conceptualizar el concepto de jurisdicción por las siguientes razones: a)

Se trataría de un concepto de gran multivocidad: no sólo sería el juez

quien dice el derecho sino que también otros órganos en el Estado de Derecho Democrático. b)

No se comprende la equidad: porque si bien es cierto que en la gran

mayoría de los Estados existe la Jurisdicción de Derecho, no es menos cierto que a falta de norma que resuelva el conflicto debe el juez aplicar la equidad. c)

Se restringe la jurisdicción a las sentencias declarativas: deja de lado

las sentencias constitutivas, las cuales tiene por objeto crear, modificar o extinguir un estado o situación jurídica y que tienen efectos para futuro. 3. Diversas acepciones de la voz jurisdicción a)

Como ámbito territorial: debe ser descartada, ya que se aparta

claramente de lo que constituye la jurisdicción. b)

Como competencia: diversos preceptos legales confunden la

jurisdicción con la competencia, en circunstancias que se trata de conceptos distintos, si bien existe respecto de ellos una relación de totalidad a parte. c)

Como poder: para referirse al conjunto de atribuciones del cual se

encuentran dotados los diferentes órganos del poder público. Pero, tratándose de los órganos jurisdiccionales la sola noción de poder no permite delimitar el concepto de jurisdicción. En efecto, la jurisdicción no sólo implica poder, sino que también deber que requiere ser ejercido por el órgano para resolver los conflictos que le promuevan las partes. Página 8


d)

Como función: la jurisdicción es una función que debe ser ejercida

para resolver los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal. 2.2 La jurisdicción como facultad de administrar justicia

La función jurisdiccional concebida como la facultad de administrar justicia, obedece a un resabio histórico. Durante mucho tiempo se concibió la función jurisdiccional como una parte de la administración del Estado y por tanto, regida por el Derecho Administrativo. Por consiguiente la facultad judicial se ejercía a través de una función administrativa, la administrar justicia. Respecto de esta concepción todavía existen resabios en nuestra legislación, utilizándose la expresión administración de justicia como sinónimo de Poder Judicial. 2.3 Definiciones doctrinarias de jurisdicción A. Teoría organicista. Son jurisdiccionales todos los actos emanados del

poder judicial. La primera teoría acerca de la jurisdicción es de carácter organicista. De acuerdo con esta teoría, “serían jurisdiccionales todos los actos emanados del poder judicial” (Carré de Malberg)

Esta se encuentra actualmente superada y no puede ser aceptada en atención a las siguientes razones: a)

No todos los actos que emanan del Poder Judicial son jurisdiccionales.

b)

La simplicidad de esta teoría hace imposible distinguir entre actos

jurisdiccionales de los administrativos y legislativos. B.

Concepto de Chiovenda

La jurisdicción es: “la función del Estado que consiste en la actuación de la

ley mediante la sustitución de la actividad de los órganos a la actividad ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad de ley, ya poniéndola posteriormente en práctica”.

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Son elementos de su definición: a)

La jurisdicción es una función pública.

b)

El objeto de la jurisdicción es la actuación de la voluntad de la ley al

caso concreto. c)

La jurisdicción se concibe como la sustitución de la voluntad de las

partes en conflicto por la actividad ac tividad pública del juez. d)

La sustitución de la actividad pública del juez a la voluntad de las partes

se hace en dos planos: i) sustitución intelectiva: se realiza dentro del proceso al momento de juzgar, decisión que va a sustituir la voluntad de las partes para la solución del conflicto, la que regirá no sólo para p ara ellas sino que para los demás miembros de la comunidad, en cuanto a cual es la voluntad concreta de la ley respecto del litigio; ii) sustitución material: el juez realiza materialmente la actividad que ha debido ejercer la parte vencida para dar cumplimiento del fallo, fallo, o las apercibe con multas o arrestos para que que la parte vencida de cumplimiento al fallo. C. Francisco Carnelutti La jurisdicción es: “la actividad desarrollada para obtener la justa composición de la litis”.


La jurisdicción es una función pública.

b)

Requiere ser ejercida en el proceso.

c)

Importa una garantía de la norma jurídica.

d)

Es la función del Estado destinada a garantizar la observancia práctica

del derecho.

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D. Eduardo Couture

La jurisdicción es: “la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas en la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”.


La jurisdicción es una función, porque no sólo importa un conjunto de

facultades, sino que también de deberes. b)

Es una función pública realizada por los órganos competentes.

c)

Se cumple mediante el adecuado proceso.

d)

Asegura la vigencia del proceso.

e)

Su cometido inmediato es decidir conflictos y controversias de

relevancia jurídica. f)

La decisión del conflicto se logra mediante una sentencia pasada en

autoridad de cosa juzgada. g)

La sentencia que se dicte es eventualmente factible de ejecución, por

parte del triunfador. 2.3.1 Definiciones doctrinarias latinas

La jurisdicción es: Poder deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que éstos dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República” (Maturana).

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De la definición pueden extraerse los siguientes elementos: a)

La jurisdicción es un poder deber del Estado.

b)

El ejercicio de la función jurisdiccional se radica exclusivamente en

los tribunales establecidos en la ley. c)

Los tribunales deben ejercer su función jurisdiccional actuando dentro

de su competencia d)

Los jueces, que son los que actúan en representación del órgano

jurisdiccional para la sanción del conflicto deben ser imparciales i mparciales e)

La jurisdicción debe ser ejercida dentro de un debido proceso legal,

“toda sentencia de un órgano que ejerza

jurisdicción debe fundarse en un

proceso previo legalmente tra mitado”. f)

El ejercicio de la jurisdicción y el inicio del proceso suponen

generalmente el requerimiento de parte g)

La sentencia que se dicte en un proceso requiere que éste se haya

desarrollado según las normas de un racional y justo procedimiento h)

La jurisdicción tiene por objeto resolver los conflictos de relevancia

jurídica, con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. i)


jurídica, que se promueven en el orden temporal. j)


jurídica, que se promuevan dentro del territorio de la República. República . 2.4 Elementos de la jurisdicción

Tradicionalmente, la jurisdicción se descomponía en los siguientes elementos: I. Notio: Facultad conferida al órgano jurisdiccional para conocer una

determinada cuestión litigiosa. Se trata de un poder que habitualmente ejercita el juez en materia civil, familiar o laboral cuando le es presentado el caso. Ello no sucede en el procedimiento penal, ya que esta facultad de Página 12


conocimiento puede ocurrir antes del juicio propiamente dicho, durante la investigación penal preparatoria. II. Vocatio: Facultad o poder de llamar a las partes para que comparezcan o

prosigan el juicio. En materia civil y familiar, el juez convocará al demandado para que dentro del plazo fijado por el tribunal asuma su calidad. Ello importa una carga procesal, por lo que en caso de no hacerlo, la ley le atribuye al juez la facultad de ordenar la prosecución del juicio en rebeldía. En el proceso penal, la rebeldía es un estado de hecho en que se coloca el imputado en relación con la causa que se le sigue en su contra. El prevenido debe intervenir ya que su participación importa una carga pública. La declaración de rebeldía trae aparejada la orden de detención del imputado y el consiguiente pedido de captura. Sobre el proceso, la declaración de rebeldía no suspende el curso de la investigación, pero si fuere declarada durante el juicio, este se suspende en relación al rebelde y continua para los demás imputados presentes. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado. III. Coertio: Facultad para utilizar la fuerza pública a fin de hacer cumplir las

resoluciones que se dicten con motivo del proceso y durante este. En todas las leyes de forma se prevén medidas para asegurar los fines del proceso tales como el traslado por la fuerza pública para los testigos que no comparecieren voluntariamente, la posibilidad de ordenar el allanamiento de un domicilio en búsqueda de medidas probatorias en el fuero penal o para el secuestro de bienes o ejecución de alguna cautelar en materia civil. IV. Iudicium: Es el poder-deber de resolver el litigio. Se exterioriza en la

sentencia que pone fin al pleito y su efecto especial y trascendente es que adquiere autoridad de cosa juzgada. V. Executio: Facultad para hacer cumplir la sentencia. La sentencia puede

cumplirse de manera espontánea, pero si no es así, y dicha resolución se encontrara firme y ejecutoriada, puede concederse su ejecución previo requerimiento de parte, de acuerdo a los trámites establecidos y aún con el

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empleo de la fuerza pública. En el proceso penal, la ejecución es dispuesta de oficio por el tribunal. Para profundizar en cada área del derecho sus elementos son: a) En materia civil. - La Notio: El conocimiento del pleito.

- La Judicium: Facultad de decidirlo. - la Execution: Facultad de ejecutar lo sentenciado. b) En materia penal.

- La Notio: conocimiento del pleito. - La Vocatio: Obligación de partes y terceros a comparecer en el juicio - La coertio: Empleo de la fuerza para el cumplimiento de las decisiones - El inditium: Facultad de decidir el pleito. - La ejecutio: Ejecución de decisiones. La diferencia entre jurisdicción y la administración consiste en que al realizar la primera, el edo., actúa por cuenta ajena, mientras que al realizar la segunda lo hace por cuenta propia. La actividad administrativa tiene por fin, la satisfacción directa de los intereses públicos. La actividad jurisdiccional tiene por fin, la satisfacción directa de los intereses privados. 2.5

Características de la jurisdicción

a)

La jurisdicción tiene un origen constitucional

La jurisdicción tiene un origen constitucional, encontrándose contemplada implícitamente en el Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia. b)

La jurisdicción es una función pública

Realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las Página 14


partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Es una potestad del Estado cumplida por órganos públicos y en consecuencia también es pública la naturaleza del acto jurisdiccional. Tanto el órgano como la actividad tienen carácter público, aunque fueren privados los conflictos o situaciones sometidas a juzgamiento. c)

La jurisdicción es un concepto unitario

La jurisdicción es una y es la misma cualquiera sea el tribunal que la ejercite y el proceso que se valga para ello. Pero tiene además carácter totalizador en el sentido que cuando el órgano correspondiente la ejercita, lo hace como un todo sin posibilidad de parcelación. Porque la jurisdicción es una sola. La Constitución legislación supranacional dispone que el ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Como poder o función del poder no puede ser dividida, sin embargo, atendiendo a razones de división del trabajo, extensión del territorio, naturaleza de las cuestiones y necesidad de especialización, existe lo que se denominan reglas de competencia, que imponen a determinados tribunales la obligación de entender en ciertas cuestiones por razones prácticas vinculadas al territorio, el grado y la materia a elucidar. Es una sola y como tal no admite clasificaciones. Por el sólo hecho de dividirse, ésta se restringe y se especifica en el concepto de competencia. d) El ejercicio de la jurisdicción es eventual

Como señala Calamandrei, la jurisdicción es de ejercicio eventual, ya que es la regla general de que ella sea cumplida por sus destinatarios. Tratándose del proceso penal, el ejercicio de la función jurisdiccional es de carácter necesario e indispensable para solucionar el conflicto penal, imponiendo la pena por la comisión del delito.

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f) La jurisdicción es indelegable

El juez no puede delegar o conceder la función jurisdiccional a otro órgano. Una vez que el tribunal está instalado no puede dejar de ejercer su ministerio si no es por causa legal. Indelegable, toda vez que el juez en el que el Estado ha delegado la facultad de administrar justicia no puede despojarse de su ejercicio, para dejar que otras personas lo asuman en el caso concreto y ejerzan las funciones de juez. No obstante ello, no se impide la delegación en ciertos casos para la comisión de medidas específicas por diferentes razones. g) La jurisdicción es inderogable

Inderogable, porque no puede ser atribuida a otros órganos. Se trata de un poder-deber que proviene de la soberanía del Estado y por ende no puede ser modificado por voluntad de los justiciables. En casos especiales la ley otorga a los particulares un reducido ámbito para elegir otros métodos para la resolución de su conflicto (ej. arbitraje, a rbitraje, conciliación, mediación, mediación, etc.). h) La jurisdicción es improrrogable

Lo que está permitido por el legislador es la prórroga de la competencia respecto de los asuntos contenciosos civiles, en la primera instancia y ante tribunales de un mismo territorio. i) La jurisdicción es exclusiva y excluyente

Exclusiva porque solamente el Estado está habilitado para ejercerla legítimamente a través de sus tribunales como representantes del órgano jurisdiccional. Es excluyente ya que rechaza cualquier interferencia de particulares y de los demás poderes respecto del ejercicio de la función jurisdiccional.

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2.6 Clases de Jurisdicción a). Los jurisconsultos clásicos distinguen las siguientes clases de jurisdicción: o

Jurisdicción Judicial: A cargo del Poder Judicial.

o

Jurisdicción Administrativa: Es la ejercida por el Poder Ejecutivo a

través de diversos órganos facultados a tal fin. Así, por ejemplo, en nuestro país,

tienen

funciones

jurisdiccionales

ciertos

funcionarios

de

la

Administración Pública. La misma función es ejercida en ciertos casos por los tribunales militares (jurisdicción militar); por el jefe de la policía (jurisdicción policial); etc. o

Jurisdicción Parlamentaria o Legislativa: Es la que ejerce el

parlamento en caso de juicio político (en nuestro país, esta función corresponde a la Asamblea Legislativa). Siendo el servicio de justicia función específica del Poder Judicial y correspondiendo a los otros poderes sólo como excepción, se distingue: o

Jurisdicción Judicial u Ordinaria: Es la ejercida por el Poder Judicial.

Constituye la regla y a ella corresponde el conocimiento de todos aquellos litigios que no tengan establecida una jurisdicción especial. o

Jurisdicciones especiales: está a cargo de los otros poderes a través

de diversos órganos. Tal es el caso de la jurisdicción administrativa, militar etc. Y en algunos países, aun la eclesiástica.

b). Nuestro legislación nacional habla de jurisdicción: j urisdicción:

Es aquella que ejercen todos los jueces, aunque a la vez estos pueden ejercer jurisdicción contenciosa la cual es la potestad de administrar justicia.

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En el Derecho Civil, se conocen todos aquellos asuntos que por expresa disposición de la Ley no deben ir al conocimiento de lo laboral o penal o de alguna especial. En el Derecho Penal, se conoce todos aquellos casos relacionados con delitos o faltas. A diferencia de la civil que busca la realización de derechos otorgados a los particulares por el derecho objetivo, la jurisdicción penal realiza el derecho subjetivo que tiene el Estado de imponer penas y medidas de seguridad en la lucha contra el crimen y garantiza la libertad. En el Derecho Laboral, se conoce cualquier conflicto nacido de las relaciones laborales: cobro de sueldos, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, despidos, hostilizaciones, incumplimiento de contrato y para cualquier otro efecto que se origine o fundamente en una relación laboral. En el Proceso Civil, se restablece el derecho conculcado, resarcimiento económico o simplemente la declaración para el logro de efectos jurídicos o satisfacción del derecho; en el penal se utilizan medidas coercitivas que afectan la libertad o la vida. Código de Procedimientos civiles artículos 20, 21, 23 y 24.

Actualmente solo se tiene en materia de transito, es una acción de tipo civil pero con competencia de un juez de transita. (También la tenemos en materia militar).

Es cuando se dirime un conflicto de un litigio, es decir se administra justicia para darle solución a dicho conflicto. Se ejercita entre personas que requieren la intervención del órgano jurisdiccional a fin de que se solucione una controversia o litigio existente entre ellas, sobre la cual no han podido llegar a un acuerdo.

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Se ejercita a solicitud de una persona que necesita darle legalidad a una actuación o certeza a un derecho, o por varias, pero sin que exista desacuerdo entre ellas al hacer tal solicitud y sin que se pretenda vincular u obligar a otra persona con la declaración que se haga en la sentencia. Se contrapone a la contenciosa, declarando la existencia jurídica de un derecho preexistente.

En el Proceso Contencioso Administrativo, nace como un medio técnico-

jurídico para el control de los órganos administrativos por el órgano jurisdiccional y lograr la defensa del orden jurídico contra sus abusos o desviaciones, o para la solución de conflictos surgidos entre los particulares y la administración con motivo de una lesión sufrida por aquellos. En el Derecho de Familia, se conoce asuntos relacionados con Derecho de Familia, divorcio, alimentos, patria potestad, tenencia, separación de cuerpos, tutela, curatela, etc. En la materia Penal Militar o Cástrense, es una rama de la jurisdicción penal para el juzgamiento de los delitos e infracciones de las personas que forman parte de la organización militar del país. En el Derecho Constitucional , Control constitucional de leyes y decretos con fuerza de ley. Garantías o procesos de protección a derechos fundamentales. Amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular, competencial. 2.7 Los momentos jurisdiccionales Concepto

Son las etapas que representan el desenvolvimiento del ejercicio de la función jurisdiccional dentro del proceso. La doctrina dentro de esta materia distingue algunas fases o etapas de la jurisdicción y ellas encuentran su

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sustento positivo en las diferentes normas procesales que existen en nuestra legislación. Ellos dicen relación con las diversas fases o etapas que se contemplan para el desarrollo de dicha función, los que en definitiva corresponden a las etapas que se deben contemplar dentro de un debido proceso, al ser éste el único medio a través del cual la jurisdicción puede válidamente ejercerse. Podemos señalar que los momentos jurisdiccionales son tres:

La fase de conocimiento

Es el primer momento jurisdiccional y se relaciona con la idea de que el juez o tribunal debe ilustrarse sobre los hechos. Aquí lo importante es la información que los propios litigantes le puedan entregar al tribunal, porque los tribunales de justicia conocen lo que se llama la verdad procesal, precisamente a través del proceso y por la información que le dan los litigantes. Esto aunque el juez tome conocimiento por otras vías del asunto. Es aquí donde los litigantes debaten también sobre el derecho y cómo debiera aplicarse la ley para resolver la controversia. Comprende conocer las pretensiones de parte del actor y de las alegaciones, excepciones y defensas que frente a ellas puede hacer valer el demandado, y la realización de la actividad probatoria para acreditar los hechos en los cuales ellas se sustentan. En el procedimiento civil esta etapa está conformada por la demanda y la contestación de la demanda. En el proceso penal, esta etapa se encuentra representada por la acusación que debe efectuar el fiscal y la acusación particular del querellante si lo hubiere y la contestación por parte del acusado. En segundo lugar, la fase de conocimiento se proyecta esencialmente a saber los hechos por medio de las pruebas que suministren las partes o por la propia iniciativa del juez.

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La fase de juzgamiento

Es el momento de decisión, aquí el juez decidirá la controversia dictando una solución por medio de la sentencia. Según Hugo Pereira “ es deliberar acerca

de la culpabilidad de determinado individuo o de la razón que le asiste en un asunto y de sentenciar lo procedente, además de formar opinión sobre algo o alguien”. Es la más relevante y caracteriza la misión del juez. Implica reflexión, estudio y análisis del material de hecho y de derecho necesario para adoptar una decisión, análisis que se manifiesta o exterioriza en el acto o declaración de voluntad que es la sentencia. La fase de ejecución

En ella la reflexión cede el paso al obrar. Su existencia está subordinado al contenido de la sentencia en cuanto funciona si ésta es de condena y normalmente requiere coerción, del auxilio de la fuerza pública. Si la resolución ordena pagar una suma de dinero, se embargan bienes del deudor que se subastan para entregar al acreedor el producido del remate, etc. Como el órgano jurisdiccional carece de fuerza propia, ha de recurrir al órgano administrativo correspondiente correspondiente para que le suministre la suya. Como es obvia esta fase jurisdiccional deja de existir si el obligado por el fallo se allana a cumplirlo voluntariamente o se produce alguna forma de composición, no del conflicto, ya que se encuentra resuelto, sino en el modo de facilitar la ejecución, en ciertos casos el tribunal debe recurrir al “imperio” para obligar a cumplir lo sentenciado a la parte perdedora cuando

esta se niega a hacerlo. 2.8 Los límites de la jurisdicción Concepto Se entiende por límites de la jurisdicción: “los diversos factores que delimita n el ejercicio de la función jurisdiccional”.

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Clases de límites a) En atención al tiempo: en general el ejercicio de la jurisdicción es

perpetua. La excepción lo constituyen los árbitros y los tribunales unipersonales de excepción. b)

En atención al espacio: es posible distinguir: i) un límite externo que

está dado por la jurisdicción de otros Estados; ii) uno interno que está dado por las normas de competencia respecto de cada tribunal. c)

En atención a la materia: sólo debe ejercerse la jurisdicción respecto

de la resolución de asuntos de trascendencia jurídica del orden temporal. d)

En atención a la persona: sólo puede ser ejercida por el tribunal

establecido por la ley, no pudiendo el juez delegarla, ni las partes modificarla de manera alguna. e)

En relación con las atribuciones de otros poderes del Estado: puede

verse desde dos puntos de vista: i) los tribunales no pueden avocarse el ejercicio de las funciones de otros poderes del Estado; ii) los otros poderes del Estado no pueden avocarse el ejercicio de las funciones encomendadas a los tribunales. f)

En relación con el respeto a otros Estados: los tribunales no pueden

ejercer

jurisdicción

respecto

de

Estados

extranjeros, mandatarios,

diplomáticos, organismos internacionales, y en general respecto de toda persona que goza de inmunidad de jurisdicción. 2.9

Inmunidad de jurisdicción

Concepto La inmunidad de jurisdicción: “se refiere a los casos en que no es posible que

se ejerza por nuestros tribunales el ejercicio de la función jurisdiccional respecto de determinadas personas”.

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Los Estados extranjeros

Los Estados extranjeros no pueden ser juzgados como sujetos de derecho por nuestros tribunales de acuerdo con las normas consuetudinarias de derecho internacional y al principio de la igualdad soberna de los diversos Estados consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Los jefes de Estado extranjeros, extr anjeros, Los agentes diplomáticos y Los cónsules

Según la legislación comparada y nacional tanto los mandatarios extranjeros, como agentes diplomáticos y cónsules poseen inmunidad jurisdiccional. 2.10

Los equivalentes jurisdiccionales

Concepto

Se entiende por equivalente j urisdiccional: “todo acto que si n haber emanado de la jurisdicción de nuestros tribunales equivale a los efectos que produce una sentencia para los efectos de la solución del conflicto”.

Son equivalentes jurisdiccionales a) La transacción: es un equivalente jurisdiccional por cuanto produce el

efecto de cosa juzgada de última instancia, y por ello puede oponerse por vía de excepción para que se dicte un fallo por un tribunal en oposición a lo establecido en ella. b)

La conciliación: el acta de conciliación se estima como sentencia

ejecutoriada para todos los efectos legales. En consecuencia produce efecto de cosa juzgada y es título ejecutivo perfecto. c)

El avenimiento: el acta de avenimiento pasada ante tribunal

competente produce el término del proceso y efecto de cosa c osa juzgada. Además es contemplada como título ejecutivo. d)

La sentencia extranjera: la sentencia extranjera no tiene eficacia en

Chile mientras no se haya otorgado respecto de ella un exequatur por parte de la Corte Suprema. Página 23


e)

La sentencia eclesiástica: no es un equivalente jurisdiccional en Perú.

2.11 Las atribuciones o facultades conexas Concepto Ellas son: “atribuciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional

que se radican en los tribunales, por mandato de la CC.PP o la ley”. a. Las facultades conservadoras

Concepto, “Son aquellas conferidas a los tribunales para velar por el respeto de la Constitución en el ejercicio de la función legislativa y por la protección y amparo de las garantías y derechos que se contemplan en la Constitución”.

Diversas manifestaciones de las facultades conservadoras i.

El respeto de la Constitución y las leyes

ii.

Protección de garantías constitucionales

b. Las facultades disciplinarias Concepto “Son aquellas conferidas a los tribunales para velar por la mantención y el

resguardo del correcto y normal funcionamiento de la actividad jurisdiccional, pudiendo al efecto reprimir las faltas o abusos en que incurrieren los diversos funcionarios como los particulares que intervinieren o asistieren a los tribunales”.

El principio que rige en esta materia consiste en que las máximas facultades disciplinarias se ejercen a mayor jerarquía del tribunal, así la corte Suprema le corresponde el ejercicio de las facultades disciplinarias. d isciplinarias. Ellas están descritas para los diversos tribunales en los correspondientes códigos procesales.

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i.

Aplicación de medidas disciplinarias a petición de parte

a)

La queja disciplinaria.

b)

El recurso de queja.

ii.

Sanciones a los abogados.

iii.

Medios indirectos

a)

Visitas, las cuales pueden ser ordinarias o extraordinarias. extraordinarias.

b)

Relator debe dar cuenta de las faltas o abusos que notare antes de

comenzar la relación ante los tribunales colegiados. c. Facultades económicas Concepto, “Son aquellas conferidas a los tribunales para velar por el mejor

ejercicio de la función jurisdiccional y para dictar las normas e instrucciones destinadas a permitir cumplir con la obligación de otorgar una pronta y cumplida administración de justicia en toso el territorio de la República ”. 2.12 Organización de la función jurisdiccional

Los fines de la jurisdicción para ser cumplidos requieren de dos medios indispensables: él órgano calificado para hacerlo y las normas procesales adecuadas para su intervención. Son los jueces las personas encargadas de administrar justicia, y personifican diversos despachos en que se descompone el órgano jurisdiccional: Corte, Salas, Juzgados. La justicia es impersonal, a pesar que se lleva a cabo mediante personas que ejercen dichas funciones, pero éstos no actúan en nombre propio, sino en nombre de la Nación. Esta organización se caracteriza por basarse en los principios de:

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-

Independencia

-

Imparcialidad

-

Debe existir suficiente número de funcionarios

-

Permanencia de los órganos de la jurisdicción , de los órganos no de

los funcionarios. Los funcionarios pueden variar, pero el oficio debe ser desempeñado siempre por alguien. -

La organización judicial debe abarcar el territorio nacional al

alcance de todos , so se trata de que en cada lugar debe haber un Juez, pero

sí de que no haya ninguno que no esté sometido a la competencia de algún Juez.

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Capítulo III: La Competencia

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3. La Competencia

3.1 Concepto General

La competencia se define como: “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”.

La jurisdicción es la facultad de conocer, juzgar y resolver las causas civiles y criminales, mientras que la competencia es la esfera fijada por el legislador para que la jurisdicción se ejerza. La definición de competencia del legislador adolece de un defecto formal al señalarnos que la competencia es la facultad de conocer los negocios, puesto que ella no es más que la esfera, grado o medida fijada por el legislador para el ejercicio de la jurisdicción. Por ello es que se define como competencia: “la esfera, grado o medida establecida por el legislador para que cada tribunal ejerza jurisdicción” .

Es la potestad que tiene la persona que esta legalmente investida de administración de justicia en ciertos y determinados casos, no solo por ser juez, lo puede ejercer en cualquier caso, esto es el criterio de competencia. Los criterios son cuatro: 1. Criterio por razón de materia

2. Criterio por razón de territorio

3. Criterio por la razón de la cuantía

4. Criterio Funcional.

3.3.1 Conceptos legislativos

La norma desde una interpretación sistemática e integrada logra definir a la competencia como la potestad de un órgano jurisdiccional para actuar en un caso concreto. La diferencia entre esta y jurisdicción es que no puede haber juez competente sin jurisdicción, pero si un juez con jurisdicción puede

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carecer de competencia sobre un caso concreto; la jurisdicción no supone la competencia pero la competencia competencia si si supone la jurisdicción. jurisdicción. La jurisdicción jurisdicción es es género y la competencia es especie. 3.2 Características de la competencia

Sus características son: Debe estar prevista legalmente, es de orden público, es indelegable y es improrrogable. -

Debe estar fijada previamente por ley: el justiciable debe saber de

antemano que existe un órgano jurisdiccional con competencia atribuida en la ley para conocer del asunto que le aqueja. -

Orden público: los particulares no pueden disponer de la regla de la

competencia ni modificarla en cuanto a su distribución. -

Indelegable: los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos

indefectiblemente por él, salvo excepciones en que puede encomendarse a otros órganos. -

Improrrogable: la competencia no es prorrogable, la distribución

pertenece a la ley y las partes no podrán conferir otras competencias ya sea por razón de la materia, grado o valor a otro órgano jurisdiccional. La competencia es prorrogable solamente cuando en el caso concreto no prima el interés público y las partes, mediante un convenio escrito, hayan elegido otro juez para que conozca el conflicto (expresa), o cuando una de las partes realice actos que impliquen renunciar a la competencia del juez determinado por ley y la otra no se oponga, ej. interponer demanda ante un juez incompetente y que el demandado no se oponga (tácita). 3.3 Fundamentación de la competencia

El legislador ha considerado diferentes factores para fundamentar el reparto de la competencia, entre ellos podemos mencionar a los siguientes: a) Criterio institucional: existe un doble orden judicial fijado por la

Constitución. Ello da lugar a la justicia ordinaria de cada región y a la justicia nacional distribuida en todo el país. La primera existe en virtud de la reserva efectuada por las regiones que poseen su Poder Judicial. Página 29


b) Especialización y naturaleza de las causas : las diversas ramas del derecho

se hacen cada día más complejas por la mayor cantidad de situaciones que el ordenamiento jurídico tiende a resolver y por las modificaciones sociales, económicas o laborales, ello permite concluir que sería inconcebible que un magistrado tuviera que conocer todas las ramas del derecho y resolver con serenidad y justicia en cada una de ellas. A través de la competencia, a cada magistrado se facilita la tarea de comprender cuál es la naturaleza de la cuestión a resolver, el objeto del litigio, el estado civil de las personas, el valor económico de la pretensión. Esto es lo que se denomina competencia material y permite dividir la jurisdicción en civil, comercial, familia, penal, laboral, etc. c) Territorio: tampoco es posible que un mismo tribunal atienda los conflictos

suscitados en un extenso ámbito territorial o densamente poblado. Surge la competencia territorial por la que se distribuyen zonalmente las causas de una misma materia entre diversos tribunales. Esta distribución persigue la aproximación del tribunal a la persona, cosa o hecho que debe considerarse como el centro del despliegue jurisdiccional en la correspondiente causa. En razón del territorio, la competencia puede distribuirse por el lugar de la cosa, el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento del contrato o el lugar del contrato. d) Funcional: este criterio se funda en la conveniencia de establecer la

diversificación del órgano jurisdiccional para el ejercicio de la función cognoscitiva y la ejecutiva. En los sistemas que admiten más de una instancia, el criterio funcional se manifiesta en la existencia de tribunales de mérito y tribunales de alzada. Se trata de la competencia por razón del grado y en el fuero de familia permite distinguir entre los jueces de familia y civil; en el fuero laboral entre el juez de conciliación y arbitraje; en el fuero civil entre el juez de primera instancia y segunda instancia. e) Turno: entre jueces de una misma circunscripción judicial que atienden la

misma materia y dentro del mismo grado, existe además otra división del trabajo en virtud de la cual se distribuyen las causas que ingresan. Existen dos

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métodos: la recepción de causas dentro de un período limitado de tiempo y la recepción de un número determinado de causas (se utiliza en materia civil). 3.3 Clasificación

Se consideraba antiguamente dividida la competencia por razón de la materia, de calidad de las personas, y su capacidad y finalmente por el territorio. Sin embargo, la clasificación más aceptada es la considerada como la competencia objetiva en cuanto al valor y la naturaleza de la causa; competencia territorial. Otras clasificaciones aunque tienen valor doctrinario, no se ajustan a la realidad, a una sistemática clasificación como la anteriormente mencionada. , subjetiva, funcional y territorial: La competencia objetiva

Es la que se encuentra determinada por la materia o el asunto, como la cuantía, elementos determinantes. Así tenemos que para los asuntos civiles y comerciales en el país, son competentes los jueces especializados en lo civil así como para los asuntos penales lo serán los especializados en lo penal y para los asuntos laborales los que conocen de esta especialidad, ahora incorporadas por tal razón dentro del Poder Judicial totalmente unificado. El criterio de cuantía es determinante para la competencia de un juzgado, pues mientras esta cuantía sea mínima, tendrá la competencia el juez de paz, mientras que si pasa el límite señalado establecido por la ley, será competencia del juez de Primera Instancia. En nuestro ordenamiento procesal, se dan las reglas para determinar el valor del juicio, en ese caso de dificultad, contenidas en los nuevos reglamentos procésales. La competencia subjetiva

Consiste en la capacidad que tiene el titular del órgano jurisdiccional como persona sin indicio de parcialidad. La competencia subjetiva se divide en

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abstracta y concreta. La 1ra se refiere a sus capacidades profesionales (Lic. en Der., Ced. Prof. Tit. Experiencia mínima acreditada, etc.). La 2da se refiere a su imparcialidad sin sospecha (pariente, amigo íntimo, enemigo, socio, cónyuge, etc., de alguna de las partes. La competencia funcional

Corresponde a los organismos judiciales de diverso grado, basada en la distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno de los cuales le corresponde una función; cada instancia o grado se halla legalmente facultado para conocer determinada clase de recursos (Primera Instancia, Corte superior, Corte Suprema). Sin embargo, puede ocurrir, por excepción, que originalmente puede iniciarse una controversia directamente en la instancia superior o suprema, justificado por cierta situación en el juzgado de personeros del estado a quienes se les da un trato preferente, como es el contemplado en el artículo 114 de la L.O del P.J anterior. Las disposiciones sobre competencia, son imperativas con lo que se quiere explicar que deben ser atacadas necesariamente; si un tribunal carece de competencia, debe inhibirse y los interesados en su caso están asistidos del perfecto derecho de ejercer los recursos y acciones que creyeran convenientes. Las normas pertinentes contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fijan en nuestro país, los grados o instancias de los Juzgados de Primera Instancia, Cortes Superiores y Corte Suprema. Competencia Territorial.- Se justifica por razones geográficas o de territorio

en la que se encuentra distribuidos los juzgados y tribunales superiores de cualquier país; se refiere a esta clase de competencia únicamente a los organismos de primera instancia puesto que los tribunales superiores intervienen solo en razón de su función. El Perú esta dividido en 20 distritos judiciales que no necesariamente corresponde a la división política del país.

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Antiguamente esta competencia se conocía con el nombre de fuero; había el fuero general y el especial; el fuero general ha sido el domicilio del demandado en que podía ser emplazado para cualquier clase de procesos; el fuero especial constituía la excepción; a estos fueros se agregaban los fueros en razón de la persona o de sus bienes. En nuestro país, se acepta como norma general que el domicilio del demandado es el componente para que se tramite legalmente un proceso civil o mercantil con atingencias en cuanto al domicilio señalado en el Código Civil en sus artículos 33 y siguientes, salvo las excepciones que pueden darse en los nuevos cuerpos legales normativos. Para los casos del fuero instrumental, o sea para la prestación de la obligación contractual o cuasi contractual, se sigue la misma norma de ser competente el juez del domicilio de la persona a la cual se demanda (domicilio del demandado), pero en nuestro país puede a elección demandar ante el juez del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación; o ante el juez donde desempeña la administración, en las demandas sobre rendición y aprobación de cuentas. 3.4 Criterios para fijar la competencia

Siendo el principio de legalidad el determinante de la competencia; en los Art 6 y 7 del Código Procesal Civil vigente los que señalan la irrenunciabilidad y la indelegabilidad de las mismas salvo casos expresamente previstos en la ley o en sus convenios c onvenios internacionales respectivos. Los criterios para fijar competencia según el C.P.C son:

Cuantía

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-

Este criterio deduce el nacimiento de un derecho, en una determinada área, teniendo trascendencia jurídica o consecuencia jurídica. Diferenciar área civil con mercantil. Mercantil área cuantificada en masa, ejemplo anuncios de periódicos, soluciones de problemas económicos, etc. Cuando el instrumento sea un titulo valor será eminentemente mercantil por el ánimo de lucro. Actos neutros, contratos que surgen entre empresas mercantiles y un particular puede ser competente el juez de lo civil como de lo mercantil. Este factor se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, resto es, se toma en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la demanda y que constituyen la pretensión y norma aplicable al caso concreto. -

Por regla general el Juez competente para conocer es él del domicilio de la parte demandada, Art. 35 y siguiente del código códi go de procedimientos civiles. La razón de ser de este tipo de competencia es la circunscripción territorial del juez recogiendo el vigente CPC el criterio subjetivo y objetivo; en primer caso tiene en consideración el domicilio de la persona o litigante demandado o por excepción demandante, como por ejemplo en procesos sobre prestaciones alimenticias. En el segundo prima el organismo jurisdiccional de la sala o tribunal como por ejemplo las salas de la corte suprema tienen competencia en toda la República, en tanto que una sala superior solo en el distrito judicial correspondiente y un juzgado correspondiente y un juzgado de provincia tan solo ella. Sin embargo este criterio territorial es flexible y relativo, admite por convenio que sea prorrogado, a diferencia del criterio anterior que resultaba inflexible y absoluto.

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El nuevo CPC contiene en relación al criterio de competencia territorial que tratándose de personas naturales: Si el demandado domicilia en varios lugares, pude ser demandado en cualquiera de ellos. Si carece de domicilio o este es desconocido, es competente el juez del lugar donde se encuentre o del domicilio del demandante, a elección de este ultimo. Si domicilia el demandado en el extranjero, es competente el juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país. Tratándose de personas jurídicas regulares demandadas es el juez competente el del lugar en que la demanda tiene su sede principal sobre disposición legal en contrario y si tiene sucursales en el domicilio principal o ante el juez de cualquiera de esos domicilios. Para casos de personas jurídicas irregulares o no inscritas es el juez competente el del lugar en donde se realiza la demanda. Hay, así mismo, reglas para los casos de sucesiones demandadas, estableciéndose sobre el particular que es el juez competente el del lugar en donde el causante haya tenido su ultimo domicilio en el país señalándose que esta competencia es improrrogable. Si se trata del Estado como demandado y no teniendo este privilegios de antaño en que solo podía serlo ante jueces civiles de la Capital de la República, si el conflicto de intereses tiene su origen en una relación jurídica de derecho público, es juez competente el del lugar donde tiene su sede la oficina o repartición del Gobierno central, Regional o Local. Si tiene su origen el conflicto de intereses en una relación jurídica de derecho privado, se aplicara las reglas generales de la competencia por razón de territorio.

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Si se trata de órgano constitucional autónomo o contra funcionario público que hubiera actuado en ejercicio de sus funciones, se aplicaran las normas anteriores. La competencia para títulos de ejecución (Art. 713) si se trata de ejecución de resolución judicial firme (Art. 714) se ejecuta ante el juez de la demanda. Sin embargo, como se homologa a los "laudos arbítrales firmes" tal ejecución en caso de incumplimiento y teniendo el juez exclusivamente "Ius Imperium" Será competente el juez especializado civil del lugar donde se deba ejecutar y funcionando la mesa de partes única como sede en la Capital de la República el que por racionalización resulte pertinente ya que el factor anterior del "turno" ha sido eliminado. Finalmente dentro del criterio de la competencia territorial, tratándose de procesos no contenciosos, es juez competente el del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o en cuyo interés se promueve salvo disposición legal a pacto en contrario. -

En materia civil cuya cantidad no exceda de ¢ 10,000.00, ni sea de valor indeterminado, conocerán los jueces de paz un juicio verbal. Art. 474 del código procesal civil. Cuando en valor valor de la la cosa litigada exceda de ¢10,000.00 ¢10,000.00 y

no pase pase de

¢25,000.00 conocerá el juez de paz de primera instancia en juicio sumario, Art. 512 del código procesal civil. Para un mejor entendimiento de este criterio debemos diferenciar los tipos de juicio civiles, ya que estos se dividen en:

Ordinarios:

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Es aquel en que se observan en toda su plenitud las solemnidades y trámites de derecho. Extraordinarios:

Se dice aquel en que se procede con más brevedad y con trámites más sencillos. Estos se dividen en: -

Ejecutivos: Las pretensiones del valor determinado sin importar la

cantidad. -

Sumarios: De S/. 10,000.00 hasta S/. 25,000.00, conocerá el juez de

primera instancia. -

Verbales: Que no exceda de S/. 10,000.00 conocerá el juez de paz.

El criterio de la cuantificación del asunto o conflicto de intereses para fijar la competencia, abarca de un lado de la cuantía propiamente dicha y de otro procedimiento en que se debe sustanciar el caso en concreto. Tratándose de sumas de dinero el índice de la Unidad Referencial Procesal (URP) determina que hasta 50 URP es de competencia del juez de paz; sumas superiores corresponden a los jueces especializados civiles. Sin embargo como los procesos de conocimiento se subdividen en: -

De conocimiento propiamente dicho cuando la estimación patrimonial

sea mayor a las 300 URP -

Abreviado si la estimación patrimonial es mayor de 50 URP pero inferior

a los 300 URP -

Sumarísimos en relación a la cuantía según disposiciones que el CPC

señala al respecto La cuantía también es factor de competencia en los procesos ejecutivos y el índice referencial esta referido a montos inferiores o superiores a las 50 URP. También para loa procedimientos no contenciosos se tiene en cuenta tal limitación cuantitativa referencial.

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Denominado este criterio competencia funcional se relaciona con el nivel o jerarquía de los organismos jurisdiccionales pues existen juzgados de primera instancia o especializados civiles; Salas Civiles o mixtas de las cortes superiores (segunda instancia) y las salas civiles de la Corte Suprema que con fines exclusivamente académicos llamamos "tercera instancia" que ejercen su función dentro del marco de las otras competencias. Por lo general están considerados gradualmente y órganos superiores revisores y no originarios, pero para ciertos asuntos como el caso de las acciones contenciosas administrativas y responsabilidad civil (de índole indemnizatorio) son originarias. La Ley Orgánica del Poder Judicial al respecto resulta conveniente consultarla y prioritariamente la Constitución Política en cuanto a la organización básica del Poder Judicial se refiere. por razón conexión.-

Tanto respecto de las "pretensiones" conexas por razón de litis consorcio o entre una principal y otras accesorias, se presentan los casos que el principio de legalidad deba normarse cuál es el juez competente. El juez que debe conocer de los procesos a acumular también resulta de interés para analizar la competencia por razón de conexión. En todos estos casos orientan los principios de economía procesal y unidad de criterio con la que deben resolverse los asuntos conexos. Antes de ocuparnos de los cuestionamientos de la competencia, debemos señalar que el nuevo CPC no regula ya como factor de competencia el criterio del turno tan conocido antes en Lima y las principales ciudades del país, se ve el funcionamiento de una mesa de partes única; se trata de una racionalización interna y los medios informáticos y los medios informáticos así permiten así eliminar un régimen no compatible ahora con los cambios

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tecnológicos vigentes contemporáneos en la Administración de Justicia y al Proceso Civil. 3.5 Cuestionamiento de la competencia

Superando los dos métodos de cuestionar la competencia civil que existe que extensamente fue analizado con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 derogado, a través de la contienda de competencia y declinatoria de jurisdicción, en el nuevo código de 1993, se distingue con nitidez que los factores y criterios del tema anterior por razón de materia, cuantía, y grado son de carácter inflexible y absoluto dada su naturaleza imperativa pero ello no ocurre en relación al territorio, por establecerse en función de las partes y en exclusivo interés de las mismas. Es así que la competencia territorial es susceptible de prorroga así como de renuncia y puede ser reclamada y cuestionada por las partes en el proceso no solo como excepción que es un medio de defensa que procede también otros factores, sino también mediante la inhibitoria del juez que es lo que nos interesa acá, siempre que se plantee dentro de plazo una vez recibido el exhorto de notificación. Se trata de: onflicto positivo de competencia:

El trámite de la INHIBITORIA consiste en que el demandado, notificado con la demanda que desde luego ha sido admitida y procedente, puede acudir ante el juez que considera competente para tal caso y le solicita que promueva la inhibitoria del juez ha ordenado notificándolo con la demanda. Es su derecho siempre que tal pedido de inhibitoria lo formule dentro de 05 días del emplazamiento más el termino de la distancia y fundamentando su petitorio de inhibitoria, adjunte los medios probatorios pertinentes o lo que nosotros denominamos prueba periférica, coyuntural, especial o concreta solo a la "inhibición" y criterios legal sobre la misma, teniéndose en cuenta que la "competencia" es uno de los presupuestos de todo proceso civil.

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Conforme al nuevo CPC el juez puede rechazar de plano la inhibitoria si se ha formulado fuera de plazo, esto es, cuando es manifiestamente extemporánea y temeraria según el Art. 38 del Código vigente. La inhibitoria de ser admitida por el pretendido juez a quien el demandado acude se tramita así: Oficio al juez que conoce del proceso y le solicita que se inhiba En el oficio le pide la remisión del expediente que incipientemente está tramitándose. Le incluye en el oficio, copia certificada del escrito del litigante que solicita la inhibitoria y que él ha admitido por considerarla procedente. procedente. Según el Art. 39 del CPC además del oficio puede emplearse fax u otro medio moderno de comunicación. Como ya se tramita la inhibitoria en su sentido positivo el juez que conoce de la demanda, que la califico preliminarmente y la admitió al enterarse del petitorio de inhibitoria, que tiene que hacerle conocer a ello al demandante, pero además debe disponer la "suspensión del proceso" que esta todavía incipiente. Dependerá, en este estado, del allanamiento del demandante o su persistencia y a la vez contradicción al petitorio de inhibitoria para una solución inmediata o que tenga que ser "dirimida" la competencia por la Corte Superior o por la corte Suprema en su caso.

Conflicto negativo de competencia tiene lugar en los casos en que se produce declaración de oficio de la incompetencia, pero aclaremos que abarca no solo al criterio o factor territorio, sino a la inhibitoria de oficio por razón de materia y cuantía, sirviendo nuestros análisis y casuística correspondiente

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El CPC regula las costas, costos y multas en los conflictos de competencia en los Art 45 y 46, cuyo análisis, concordancia y comparaciones hechas en otras obras. 3.6 Prevención y competencia

Es el principio de nuestro derecho procesal el de la prevención en relación a la competencia, especialmente funcional. El juez que conoce primero, previene y le reconoce competencia por haber anticipado en el conocimiento de la causa. Resulta interesante la conjunción funcional de la 6ta Sala Civil de Lima, exclusiva en casos de familia, para conocer y resolver cualquier otro asunto si antes previno. Sin embargo debe tomarse en cuenta que la prevención no tiene lugar entre jueces de distinta jerarquía y entre jueces de distinta "especialidad" (antes fuero). En primera instancia la prevención solo es procedente por razón de territorio, si bien el C de PC derogado reconocía a la prevención de la competencia en sus Arts 51 y 52, confundía el instituto de la competencia con la "jurisdicción". La Corte Suprema de nuestro país desde 1974, dispuso mediante circular que se aplique el principio de la prevención en las salas de las cortes superiores, a fin de que prevengan si por cualquier razón ya se conoce el caso. El CPC vigente señala como efecto de la prevención que convierte en exclusiva la competencia del juez en aquellos casos en que por mandato de la ley sean varios los jueces que podrían conocer del mismo asunto y además por la realización de la primera notificación que se haga en el proceso. 3.7 Competencia en el Derecho Procesal

Es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción. Página 41


Es la que indica el órgano judicial que ha de conocer de incidencias, recursos, segunda instancia y recursos extraordinarios, así como de las medidas cautelares y de la ejecución de las sentencias. Es decir, conduce a la determinación del concreto órgano jurisdiccional al que corresponde conocer de aquellas materias, como consecuencia de un proceso ya iniciado. Es la que determina el órgano que ha de actuar, ateniendo al objeto o la cuantía. Sirve para establecer qué órgano judicial debe actuar entre los de la misma clase y grado, en razón del territorio. 3.8 El principio de legalidad y la competencia civil en el CPC en vigor

Resulta pertinente en estos estudios de Derecho Procesal volver a referirnos al principio de legalidad y la competencia compe tencia civil. La ley puede dar solución a problemas que tienen que ver con la competencia a la vez, que con las leyes recientes como por ejemplo la del notariado que entre en otras atribuciones típicamente notariales extendía labores que tradicionalmente desempeñaban los juzgados en relación a la legislación de libros de contabilidad y que por tanto atribuir a los notarios, dejaba a los juzgados civiles sin esta antigua función en el Derecho Peruano. En julio de 1995, por ley 26501 se establece que tanto los notarios como los jueces de paz letrados son "competentes" para legalizar la apertura de libros contables, así como otros libros que señala la ley según elección de usuario. Indudablemente que si los usuarios optan por la competencia judicial en cuanto a la legalización de tan importante documentación contable, deberá abonar tazas judiciales respectivas. Sin mayores estudios también, la competencia de los jueces peruanos pueden tener modificaciones, si conforme a la ley 26131 que modifico a la ley de títulos valores 16587, se pacta en tales títulos (letra de cambio y pagare) que se sometan a partes a determinada competencia de jueces incluso fuera del país, tal como lo analizáramos, respecto a que se encontrare el Art. 693 del Código Procesal Vigente.

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3.9 Relación que existe entre jurisdicción y competencia

Jurisdicción: Decir o declarar algo. El todo de administrar justicia, Poder Genérico. Competencia: Porción de la Jurisdicción, modo o manera como se ejerce la jurisdicción. Facultad que tiene un juez para conocer un caso.

, pero tampoco son contrarios por que la competencia es una parte fundamental dentro de la jurisdicción, ya que la competencia es el modo o manera cómo vamos a ejercer esa jurisdicción de acuerdo a las circunstancias concretas. (Materia, Cuantía o Grado.) género, mientras que la competencia es la especie. esp ecie. 3.10 La problemática de la competencia subjetiva, en referencia a la parcialidad e imparcialidad de los jueces y secretarios

El impedimento son las circunstancias que pueden motivar imparcialidad ejemplo: •

Interés directo e indirecto

•

Intimidad con alguna de las partes ya sea por el juez o magistrado, su

esposa yo hijos •

Parentesco

•

Amistad o animadversión

•

Haber conocido del asunto, etc.

La recusación es el medio que las partes tienen para poder evitar que un Sr., juez, magistrado o ministro parcial por estar en alguna de las hipótesis que son causa de impedimento, conozca y falle un asunto en el que haya perjudicado o pueda perjudicar a dicha parte. Puede ser recusación con causa Página 43


o recusación sin causa; con causa es cuando se funda en causa legítima. Se podía ejercer sin causa legítima que se tuviera que probar. La excusa es la que debe hacer el funcionario judicial que se encuentre en alguna de las hipótesis que la ley señala como impedimentos, para conocer de los asuntos, aunque ninguna de las partes los recuse. El conflicto de competencia, también se llamada conflicto de atribuciones o contiendas funcionales, puede ser positiva (por conocer) o negativa (por no conocer) estos conflictos se pueden dar: a) Entre los poderes federales entre sí o entre los locales entre si b) Entre un federal con un local c) Entre locales de diversas entidades La incompetencia inhibitoria es la que se promueve ante el órgano jurisdiccional que se considere competente para que remita oficio al que está conociendo del asunto y le mande el expediente. En la incompetencia declinatoria es la que se promueve ante el órgano jurisdiccional que indebidamente está conociendo del asunto, para que lo decline remitiéndolo al que debe de conocer. Ejemplos de impedimentos: 1.- Odio del juez o magistrado con alguna de las partes. 2.- Familiaridad. 3.- Negocios. 4.- Amistad intima. 5.- Conocimiento del mismo caso por el juez o magistrado en otra.

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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones

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4. Conclusiones y Recomendaciones 4.1 Conclusiones generales

Que tanto la jurisdicción como la competencia está plenamente señalada en nuestra constitución y que por lo consiguiente debe prevalecer sobre todo el territorio del Pueblo salvadoreño y como c omo tal, su voz y voluntad será la que la misma ley señale y deberá ser aplicada por el sistema judicial en especial por los Jueces. La jurisdicción es uno de los elementos fundamentales del derecho procesal y en su análisis profundo convergen los contenidos de la ciencia jurídica y de la ciencia jurídica. urisdicción es la principal premisa para lograr un sistema eficiente de administración de justicia; en consecuencia, en todo diagnostico general sobre el tema, debe ser tomada en consideración. Dentro de la jurisdicción, la regulación sobre designación y remoción de juzgadores debe ser revisada permanentemente para garantizar el lugar de los mejores juristas en la delicada tarea de la judicatura. Dentro del sistema jurídico nacional proponemos la adición del artículos en la LOPJ para dar participación a las asociaciones de profesionales de abogados especialistas, maestros y doctores en derecho en la designación de juzgadores. Que cada uno de los órganos principales que conforman el Estado peruano tiene su propia competencia y como tal cada uno tendrá su propia jurisdicción.

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4.2 Recomendaciones

Que la mala administración del aparato estatal unida a la corrupción que existe en el personal gubernamental no influye en que los jueces jueces puedan actuar bajo su jurisdicción, en el pleno desempeño de la administración de “justicia”.

Que tanto la jurisdicción como la competencia, son complementarias, ambas se ayudan y se necesitan mutuamente en la administración y aplicación de justicia. Que dentro de las facultades que tienen los jueces, está la de aplicar su jurisdicción y competencia en un proceso dentro de lo que la ley señala. Que cada uno de los órganos principales que conforman el Estado Peruano tienen su propia competencia y como tal cada uno tendrá su propia jurisdicción. Jurisdicción y competencia son pilares importantes para una correcta aplicación de decisiones, lo que las hace débiles es la corrupta administración del sistema de nuestro país. Las grandes falencias en aplicación de justicia principalmente se dan por intereses económicos, donde se mueven grandes conveniencias político sociales, que empeñan estas dos grandes funciones que manejan en si la formulación y apreciación de la ley.

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Referencias Bibliográficas

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La Jurisdicción y Competencia dentro del Derecho Procesal Peruano

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