La inestabi inestabilida lidad d polític política: a: ruptura rupturass instituc instituciona ionales, les, gobiern gobiernos os tut tutelad elados os y legitimi legitimidade dadess cuestionadas cuestionadas (1955-1976)
En 1955, 1955, el gobierno de Perón Perón fue derrocado derrocado por un golpe cívicocívico- militar y la expulsión del presidente pareció dejar el camino libre para que los sectores antiperonistas desmontaran desmontaran el "aparato totalitario". Entre 1955 y 1976, los sucesivos gobiernos tuvieron que afrontar afrontar cuestiones que se hallaban profundamente interconectadas y que ponían en evidencia la característica más visible visible del sistema sistema político político:: el alto nivel de inestab inestabilid ilidad. ad. La incapaci incapacidad dad de crear crear un orden de dominación dominación estable y legítimo legítimo y de la implementación con éxito de un programa económico de largo plazo estuvieron supeditadas a las resoluciones sobre problemas claves: ¿Qué hacer con el peronismo? peronismo? ¿Qué hacer con la fuerte articulación entre éste y los sindicatos? sindicatos? ¿Cómo controlar controlar la movilización movilización del sector popular popular y asociar los sindicatos sindicatos y al peronismo peronismo a un proyecto político? político? ¿Cómo lograr acuerdos firmes entre las diversas fracciones de la burguesía para avanzar en la modernización económica? Amplios sectores de la burguesía recibieron el golpe militar con indudable beneplácito. El problema problema fundamental fundamental para los empresarios empresarios residía en su incapacidad incapacidad para combinar combinar el impulso industrial con el aumento de la productividad y el disciplinamiento sindical y trabajo a bajo costo. Hasta los primeros años de la década del 60 dos modelos alternativos, sostenidos por los sectores agrarios e industriales locales, se hallaban en pugna. Ninguno de ellos logró afianzar el predominio en el interior de la burguesía ni controlar plenamente plenamente el aparato del estado y portar una alternativa alternativa viable para resolver el principal obstáculo obstáculo económico: económico: la escasez de divisas para la importación de insumos cada vez más elaborados. Ello fue así debido a dos factores: la tendencia al estancamiento del sector agropecuario y la falta de ahorro propio del sector industrial y su dependencia financiera crónica de las exportaciones agrícolas. La continuidad de la expansión industrial dependió de la entrada masiva de capitales extranjeros, en este contexto adquirieron protagonismo los sectores indust industriale rialess ligados ligados a ese capital, capital, las multinacio multinacionale naless que obtuvie obtuvieron, ron, entre entre 1966 1966 y 1970, 1970, un predominio predominio creciente en el interior de la alianza dominante, dominante, diferente diferente al rol subordinado subordinado que asumieron los antiguos sectores agroexportadores y la burguesía industrial local. Como expresión política de las tensiones resultantes se alternaron cíclicamente diferentes estrategias estrategias económicas. económicas. Una de expansió expansión n de la industria industria que provocaba provocaba una caída del del volumen volumen de los bienes exportables debido al aumento de la demanda interna y el estancamiento de la producción agropecuaria. Otra recesiva con planes de estabilización y ajuste, basados en la devaluación de la moneda y la reducción del gasto interno. Todo ello en el marco de expansión de las 1
funciones del estado como agente económico y actor social y con la capacidad de reacción política de los trabajadores frente a la caída de su salario real y eventualmente eventualmente del empleo, empleo, esto asociado a la capacidad de represión que pudiera ejercer el gobierno.(Sourrouille, Kosakoff y Lucangeli: 1985) El período que nos ocupa registra tres momentos: el primero entre 1955 y 1966 en el cual los los actore actoress políti político cos, s, incap incapace acess de acord acordar ar princ principi ipios os comu comune ness acerc acercaa de cómo cómo gobe goberna rnarse, rse, promueven promueven diferentes diferentes fórmulas para llegar llegar gradualmente gradualmente a la democracia política. política. Fue en el marco de la desperonización que el ejército tuteló a los gobiernos civiles, para asegurar que los candidatos peronistas peronistas no pudieran pudieran competir competir o, cuando lo hicieran exitosamente, exitosamente, no pudieran pudieran asumir. En tal sentido, sentido, los militares, como factor de poder y a través de planteamientos, planteamientos, fueron los guardianes guardianes de ese consenso inicial que tuvieron los sectores antiperonistas que coincidieron en impedir el retorno de Perón y en la desperonización desperonización y que, una vez logrado, logrado, disputaron los métodos métodos para llevarla a cabo. Tanto los gobiernos radicales vigilados por los militares como los gobiernos de facto intentarían diversas estrategias para articular a la sociedad con el estado y fundar una nueva legitimi legitimidad dad que no tuviera tuviera ese carácter carácter de provisi provisiona onalida lidad. d. Una primera primera propue propuesta sta fue la de Lonardi, desplegada en el primer mes de la autodenominada Revolución Libertadora (1955- 1958), que, aceptando la existencia objetiva del peronismo como fuerza política, promovió la asimilación al sistema político de este sector. Posteriormente con Aramburu- Rojas llegaría el proyecto de la desperonización más extrema. Con la participación de los partidos antiperonistas, la propuesta consistía en reeducar y depurar la sociedad por medio de la represión del peronismo como único camino camino posibl posiblee a la democra democracia. cia. Opuesta Opuesta fue la alternat alternativa iva integrac integracion ionista ista de Frondi Frondizi zi (1958(19581962), que impulsará un nuevo modelo con un rol de intermediación del sindicalismo peronista. Por último, último, la estrateg estrategia ia de Illia Illia (1963(1963- 1966), 1966), al reinstal reinstalar ar la centrali centralidad dad de las estructu estructuras ras partidarias, partidarias, buscó el debilitamiento debilitamiento de las corporaciones, corporaciones, especialmente especialmente la atomización atomización del sindicalismo. En la dinámica política veremos cómo se van imponiendo reglas de juego, en las que primaron primaron las presiones presiones de los factores de poder por sobre las estructuras estructuras partidarias. partidarias. Un aspecto central será el fortalecimiento de los sindicatos, que mostraron una gran capacidad de movilización rápida y masiva, así como de negociación, convirtiéndose en interlocutores autónomos de Perón, de los los gobie gobierno rnoss y de los los difer diferen ente tess actor actores es polít político icoss no peron peronist istas as (parti (partido dos, s, milita militare res, s, organizaciones empresariales).
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El segundo momento corresponde al período de la Revolución Argentina (1966- 73) y de la intervención directa de las Fuerzas Armadas, quienes se arrogaron el poder constituyente no para restablecer la constitución ni reformarla sino para sustituirla por los fines de la revolución. Hacia 1966 el establishment liberal local podía encontrar en el régimen autoritario de Onganía un empuje para el proyecto de modernización económica y estatal. Se trataba, en suma, de institucionalizar los conflictos y de reordenar al estado, de tal manera de aislarlo, en cuanto a decisiones económicas, de las presiones populistas para profundizar las políticas de desarrollo. El fracaso de este intento de normalización económica y disciplinamiento social traerá la reaparición de la política y el retorno del peronismo al gobierno en el período 1973- 1976. En este tercer momento, se reimplantará el modelo populista de pactos tripartitos con el objetivo de encauzar al peronismo en el marco de los moldes nacional y popular. 1.- 1955- 1958 La Revolución Libertadora y los nuevos desafíos La cuestión peronista
En los diez meses transcurridos entre noviembre de 1954 y septiembre de 1955, se fue resquebrajando la estructura política del peronismo. Una primera y fallida asonada golpista, el 16 de junio de 1955, había tenido su foco en la Marina. Más tarde, entre junio y septiembre, los antiperonistas, firmes tras la consigna de "derrocar al dictador" implicaron en la conspiración a un actor clave: el ejército. El 16 de septiembre de 1955, un conjunto de fuerzas atomizadas, comandadas por el General cordobés Lonardi, que incluyó, además de las Fuerzas Armadas, a todos los partidos no peronistas, las clases medias, las burguesías urbana y rural y la Iglesia destituyó a Perón. La falta de acuerdos previos entre los libertadores se manifestó durante el primer gobierno provisional de la autodenominada
Revolución Libertadora, en el que el General Lonardi fue presidente. Lo
acompañó en la vice-presidencia el contralmirante Isaac Francisco Rojas, una de las figuras claves en lograr la rendición de las fuerzas leales a Perón, y a quien Lonardi acababa de conocer personalmente En días posteriores al golpe, la Revolución debió definir su orientación y desarrollar políticas en el marco de cuestiones centrales: cómo abordar el problema peronista, una vez excluido Perón, qué hacer con los organismos económicos y sociales intervencionistas y cómo organizar un orden político consensuado. Las señales de que la desperonización había llegado se hacían visibles: las calles, plazas, y edificios dejaron de llevar los nombres de Perón y Eva, los libros de lectura 3
peronistas fueron destruidos públicamente y ya no se podía cantar la marcha "Los muchachos peronistas". Se crearon, además, comisiones investigadoras que recibían denuncias sobre actos de corrupción del gobierno derrocado, deteniendo e investigando a los acusados y se hicieron reincorporaciones masivas de oficiales antiperonistas, lo que significó un gran avance de los grupos liberales en el campo militar. El extendido consenso sobre la necesidad de la expulsión y el no regreso de Perón por haber presidido un régimen dictatorial y totalitario, no impidió que muy pronto aparecieran diferencias en el frente antiperonista alrededor de las estrategias a seguir con el peronismo y el movimiento obrero. En una versión antiperonista más conciliadora, que la de Aramburu-Rojas, se inscribía el proyecto de Lonardi, que aunque condenaba la dictadura peronista, la corrupción de los funcionarios y el personalismo de Perón, propiciaba la asimilación de los partidarios del peronismo hacia un gran partido de masas bajo el signo católico. De allí que rechazó una depuración masiva de peronistas en los ámbitos militar y sindical buscando integrar a los sindicatos al estado. No obstante este propósito, los comandos armados antiperonistas, compuestos por socialistas y radicales, ocupaban y descabezaban numerosos locales sindicales (James, 1990). En algo menos de dos meses, Lonardi fue reemplazado por Aramburu conservando el cargo Rojas. Bajo este segundo gobierno provisional (1955-1958), se afianzaron las posiciones , como se solía decir en esos años, de los "gorilas" que impulsaron con la anuencia de los partidos antiperonistas, una desperonización total del conjunto de las instituciones civiles y militares como requisito previo para la restauración democrática. Por entonces la calificación de gorila se aplicaba a quienes rechazaban las banderas populares, las instituciones peronistas y el protagonismo político e igualitarismo social de la clase obrera. Pero además, como señala Spinelli (2005), a los tenían la convicción de que el peronismo había constituido una aberración política similar a los totalitarismos europeos y por lo tanto, había que adoptar el modelo europeo de desnazificación. En apenas unos meses, se produjo la intervención de la CGT, a cargo del capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, y de todos los sindicatos que la integraban. Se procedió a la inhabilitación para ejercer cargos electivos y funciones administrativas de quienes habían colaborado en forma directa con el gobierno depuesto y se prohibió el uso de símbolos y leyendas del Partido Peronista, nombres propios y fotografías del presidente destituido y de Eva Perón por medio de la promulgación del decreto 4161, del 5 de marzo de 1956. Se disolvió la Confederación General Económica (CGE), y fueron intervenidas preventivamente industrias y publicaciones, con 4
el objetivo de investigar su origen y el de sus capitales. También se separó de sus cargos a profesores, llamados en ese entonces, “flor de ceibo” comprometidos con el gobierno depuesto. De esta forma, la acción represiva del gobierno, iniciada contra el peronismo, y poco después contra el comunismo, se acompañaba con la acción pedagógica de infundir los valores democráticos a los ingenuos que habían sido engañados y manipulados por el líder. Estas medidas debilitaban, especialmente, el peso del movimiento obrero, por la vía de impedir la reestructuración de la organización sindical y de reprimir a los delegados en las fábricas, con el fin de reorientar el equilibrio de fuerzas entre el empleador y el empleado a favor de la patronal. En este punto cabe preguntarse ¿cómo reaccionaron los peronistas? La disolución del partido los desplazó hacia los sindicatos. Desde allí protagonizaron la Resistencia peronista, como se conoce históricamente, un fenómeno constituido por una serie de acciones obreras inicialmente espontáneas y atomizadas (pintadas, sabotajes a la producción industrial, incendios a vagones ferroviarios, atentados contra organismos del Estado, cánticos peronistas, combates callejeros, huelgas), que tenían como objetivo provocar la vuelta de Perón y recuperar la organización sindical. En el contexto de la resistencia, el peronismo sindical y político, a comienzos de junio de 1956, se implicó en un movimiento destinado a la toma del poder encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. El levantamiento, que según el gobierno había tenido su origen en el Ejército y contactos civiles peronistas, nacionalistas y comunistas, fue sofocado prácticamente sin bajas y con mínimos combates. Para dar una lección ejemplificadora, el gobierno implantó la ley marcial y ejecutó a militares y civiles, entre ellos los trabajadores peronistas fusilados por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires en los basurales de José León Suárez. Y en una muestra de violación del derecho internacional, asaltó la Embajada de Haití donde un grupo comando, al mando de un general, secuestró al grupo de asilados entre los que se encontraba el general Raúl Tanco. (Spinelli 2005)
Entre el dirigismo y el liberalismo económico
Los empresarios coincidían, desde el Plan de Emergencia Económica de 1952, sobre la necesidad de aumentar la productividad, imponer la racionalización laboral y promover una rápida capitalización. El gobierno de la Revolución Libertadora buscó el asesoramiento de Raúl Prebisch, director principal de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina de las Naciones Unidas), quien le atribuía a la política peronista el atraso tecnológico y la descapitalización. Siguiendo algunas de sus sugerencias, el gobierno impulsó el fomento de las exportaciones 5
tradicionales y propició condiciones más ventajosas para la inversión extranjera, como la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consolidación de la deuda externa a través del Club de París. Esta política favoreció la transferencia de la renta nacional del sector industrial y comercial a los sectores rural y extranjero, con la consecuente escasez de divisas y el perjuicio para los sectores populares. Los efectos del Plan Prebisch trajeron las primeras polémicas alrededor del rumbo económico. Algunos entendieron que se abría una encrucijada con opciones excluyentes: retroceder a un país agrícola ganadero, y por lo tanto, a una economía anterior a 1943 o avanzar hacia el desarrollo industrial. Alineados en esta alternativa se hallaban los sectores nacionalistas, críticos de las medidas liberales de la Libertadora y defensores de ciertos logros del peronismo como el proteccionismo indiscriminado a todas las industrias nacionales, la nacionalización de empresas prestatarias de servicios públicos y la alianza obrero- patronal. Este sector expresaba los intereses del empresariado local afianzado, a partir de la década del 40, en la defensa de la empresa mediante el proteccionismo por parte del estado. Por el contrario, en la otra opción se encuadraban los sectores liberales, expresión de los intereses del sector ligado a la exportación que cuestionaban las nacionalizaciones y el excesivo intervencionismo estatal. Ellos auspiciaban una mayor articulación al mercado mundial, la eliminación de las industrias ineficientes y el fomento a las exportaciones tradicionales y no tradicionales.
Intentos y límites de un régimen político consensuado
Luego de un arduo debate,
los partidos antiperonistas, que integraban la Junta Consultiva
Nacional, coincidieron en plantear la convocatoria a la elección para una Asamblea Constituyente (1957), que debía reformar la constitución nacional de 1853, y dejar en firme la nulidad de la Constitución justicialista de 1949. En cuanto a la constituyente, el gobierno pretendía, por un lado, conocer las orientaciones políticas de la población y, por otro, crear las bases de un régimen político consensuado. Sin embargo, ésta última intención se vio frustrada, entre otras cosas, a raíz de las fracturas que atravesaban algunos partidos. Era el caso del partido Radical que, hacia 1956, se dividió en Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), liderada por Ricardo Balbín, y Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), conducida por Arturo Frondizi. El primero tenía una mayor cercanía con la Revolución Libertadora. En cambio la UCRI mantenía una línea de acercamiento al peronismo y negaba la legitimidad del gobierno de facto para convocar la reforma. Luego de un corto período de apoyo poco entusiasta al golpe , entendido como una revolución 6
moral que restituiría la ley y la democracia, Frondizi comenzó a oponerse a lo que consideraba el plan antiindustrialista de Prebisch y a la reaparición de la pena de muerte que había aplicado el gobierno de Aramburu durante los sangrientos sucesos de junio de 1956. La impugnación a la labor de la constituyente reveló la incapacidad de las fuerzas políticas de fijar reglas comunes, y además demostró el fracaso militar de la política de desperonización. Los casi dos millones de votos en blanco, expresión de los peronistas, convencieron a los sectores dominantes de la dificultad para controlar al peronismo, pero peor aún para lograr su absorción. Esto fue advertido por Frondizi y sus seguidores quienes impulsaron un amplio frente nacional y popular de productores, empresarios, y partidos políticos para competir en las elecciones con la estrategia de captar el voto peronista. 2.- 1958- 1962 El desarrollo como superación del problema político peronismoantiperonismo
El 23 de febrero de 1958 con el 44, 8% de los votos se impuso la fórmula FrondiziGómez. Distintos y heterogéneos sectores- radicales intransigentes, ex comunistas, nacional populistas, nacionalistas, así como los grupos industriales, sectores medios y, especialmente, las 62 organizaciones gremiales peronistas, producto entre otras cosas del Pacto Frigerio-Perónapoyaron al frondicismo. El desarrollismo, propuesta que defendía este sector,
contenía la
implementación simultánea del programa de modernización económica, como una alternativa superadora tanto del liberalismo como del populismo, y el lanzamiento de la integración de los distintos sectores nacionales y sociales como requisito para una gradual democratización. Para ellos, era necesario avanzar hacia el fin de la antinomia peronismo - antiperonismo, pero además de las otras: obreros contra patrones, demócratas contra totalitarios, religiosos contra laicos, izquierdas contra derechas, civiles contra militares. El diagnóstico en el que partían suponía que la crisis nacional se expresaba en la monoproducción, la disgregación territorial, la estructura precapitalista del agro, la descapitalización de los sectores básicos y la baja productividad obrera. Y este subdesarrollo sería solamente superado siguiendo la lógica de los países desarrollados –el modelo occidental de desarrollo capitalista– Frondizi y un equipo técnico dieron inició a la segunda fase del modelo sustitutivo de importaciones. Fueron construyendo toda una teoría sobre la necesidad de impulsar aceleradamente, con el apoyo de los capitales extranjeros, el desarrollo agro- industrial, sobre la
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base de un plan de prioridades (petróleo, siderurgia, química pesada, energía, caminos) fijado por el Estado y teniendo en cuenta, sobre todo, el mercado interno.1 Para ellos, la búsqueda de un consenso entre capital y trabajo, era fundamental para darle viabilidad al proyecto. Para eso era necesario contar con la participación de la clase obrera y, por lo tanto, con la del peronismo, que la representaba. La propuesta oficial de la participación obrera en los planes de desarrollo dividió al campo sindical. Mientras que los obreros más radicalizados pensaban que pactar con el gobierno podría significar abandonar la consigna de la lucha por el retorno de Perón, en cambio los dirigentes sindicales más negociadores veían que se abría la posibilidad de una integración táctica al sistema institucional y de cierta autonomía frente a Perón. Para controlar al sindicalismo y alejar a Perón del movimiento peronista, Frondizi se propuso auspiciar un movimiento sindical unificado y subordinado al Estado, en el cual los obreros se ordenarían tras los principios de “disciplina y productividad”. La modernización acelerada y los conflictos
Poco después de asumir y en el marco del programa de legalidad, paz social y desarrollo económico, Frondizi concedió algunas de las promesas preelectorales a los peronistas: aumento salarial del 60%, la restitución de la Ley de Asociaciones Profesionales que permitió el restablecimiento de un sindicato único por rama y por industria, y la apertura de conversaciones sobre los nuevos convenios colectivos de trabajo, suspendidas en la época de Aramburu. Además se sancionó una ley de amnistía, se derogaron las proscripciones e interdicciones políticas y gremiales y se anularon el decreto 4161 y la Ley de Residencia. Al ponerse en un primer plano la problemática del desarrollo por sobre los otros aspectos, quedó establecida una concepción que privilegió la estrategia de crecimiento sin distribución. Así, la necesidad de una rápida capitalización, subordinó el desarrollo económico a la política monetaria de corto plazo. Mientras se sancionaban las Leyes de radicación de capitales extranjeros y la de promoción industrial, 2 se establecían medidas de estabilización como la devaluación de la moneda, la consolidación de la deuda externa, el congelamiento de sueldos estatales y el incremento en las tarifas del sector público. También con el objetivo de ahorrar divisas gastadas en la importación del petróleo y poder destinarlas al reequipamiento industrial, el gobierno realizó 1
Nos interesa destacar el particular encuadre que hace este sector sobre el anti imperialismo, al plantear que las aspiraciones coloniales británicas se combatirían no impidiendo la entrada de esos capitales sino haciendo intervenir a otros inversores, especialmente los norteamericanos y los alemanes. 2
La Revolución Cubana, iniciada en 1959, hizo que Estados Unidos iniciará una política de ayuda a los países subdesarrollados. La Alianza para el Progreso contenía los postulados de seguridad y desarrollo y se daría a través de las multinacionales, más que por aportes estatales.
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cinco contratos de producción y exploración del petróleo recurriendo a la colaboración de los capitales privados extranjeros, mayoritariamente norteamericanos. En este caso, los convenios se negociaron directamente sin pasar por el Congreso. Estas orientaciones auguraba un punto de confrontación con los sindicatos peronistas. La oposición se iba articulando desde distintos sectores y con diferentes reclamos. Los antiguos promotores frondicistas entre ellos ex comunistas y nacionalistas denunciaban los contratos petroleros. Entre desilusionado y traicionado Scalabrini Ortiz le escribía a Frigerio, un antiguo aliado frentista “hay palabras, hechos, instituciones [en referencia al petróleo] que alcanzan el papel de símbolos y se vuelven intocables pero quien los [toca] corre peligro de caer fulminado [Frondizi]”. En la misma dirección reaccionaron Perón y los peronistas acusando a Frondizi de traicionar los acuerdos preelectorales. Los jóvenes reformistas universitarios, adherentes activos del frondicismo, poblaron las calles en oposición a la ley de enseñanza libre que habilitaba el otorgamiento de títulos
a las instituciones educativas privadas, que, en la práctica, eran
mayoritariamente católicas. En este clima se resquebrajó la breve convivencia entre las 62 organizaciones gremiales peronistas y el gobierno. Es el momento en que esta organización decide realizar el primer paro general contra el aumento del costo de vida y la desocupación producto del impacto de la recesión económica con una baja de la producción casi en un 5%, a pesar del tremendo empuje de la producción petrolera. En meses posteriores, el PBI recién se recuperó en 1961, la conflictividad había cobrado vigor con las huelgas en los yacimientos petroleros y hacia el final de 1959 con el primer acto de guerrilla rural al tomarse la localidad de Frías en Santiago del Estero. Las huelgas ofrecieron a Frondizi la oportunidad de desplegar un discurso ofensivo centrado en el vasto complot de comunistas y peronistas con sentido insurreccional que había detrás de ellas. Este sería el sustento de sucesivas medidas represivas: la implantación del estado de sitio, la declaración de ilegalidad de la huelga, el encarcelamiento de sindicalistas y la proscripción del Partido Comunista. Las tensiones crecieron con la ocupación por los trabajadores del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre ante la posibilidad de que fuera privatizado. Este conflicto se extendió no sólo a las fábricas vecinas, sino también a los comercios de las zonas de Villa Lugano, Liniers y Villa Luro. Mientras el gobierno devolvía a los sindicatos el control de la Confederación General del Trabajo, transfería a la actividad privada más de doscientos mil empleados públicos. La impugnación de la clase obrera a las políticas gubernamentales tendría una consecuencia decisiva. La respuesta oficial fue la aplicación, en 1960, del Plan CONINTES 9
(Conmoción interna del estado) por el cual la represión de la protesta social dejó de ser sólo una cuestión policial para quedar bajo la supervisión y dirección de las fuerzas militares. Tutelajes militares y gobiernos civiles tutelados:
De los numerosos planteos militares, inscriptos en la “doctrina de la vigilancia” del ejército al gobierno de Frondizi, dos de ellos fueron decisivos en su derrocamiento. Uno fue la exigencia que los militares le hicieron a Frondizi, luego de que el presidente se reuniera con el Che Guevara, para que revisara la política exterior de abstención de la Argentina respecto de la resolución de la exclusión de Cuba de la OEA y, más aún, que rompiera relaciones diplomáticas con ese país y repudiara al comunismo. Por ese entonces, le cuestionaban al gobierno privilegiar el desarrollo por sobre la seguridad. (Altamirano 1998: 67). La otra presión sucedió cuando Frondizi permitió que los peronistas presentaran sus propios candidatos para la renovación de los gobiernos provinciales. Con esto, el gobierno buscaba demostrar, si los candidatos desarrollistas lograban ganar en las elecciones, ser una alternativa frente al peronismo, y que su política había tenido éxito. La jugada de Frondizi fue un fracaso no sólo porque el peronismo se impuso en once provincias, incluyendo el distrito mayor, la provincia de Buenos Aires, sino porque, a pesar de que Frondizi decidió intervenirlas, fue igualmente destituido el 29 de marzo de 1962. En el contexto de la Revolución Cubana y de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas renovaban el debate alrededor de su papel político. Es que, por entonces, sobrellevaban quiebres internos que las llevó a los enfrentamientos de azules y colorados, en septiembre de 1962 y abril de 1963. Los oficiales colorados, que todavía soñaban con un retorno a la situación de 1943, aspiraban a la proscripción permanente del justicialismo y se oponían a las elecciones. Los azules, bajo el liderazgo del teniente general Juan Carlos Onganía, también eran antiperonistas, aunque se declaraban legalistas, es decir, por este entonces subordinaban el poder militar a las autoridades constitucionales y propiciaban la integración en el sistema político del peronismo. Con el triunfo de los azules, se restableció la unidad y la disciplina en el Ejército, fundamental para contrarrestar uno de los objetivos iníciales de la “guerra revolucionaria comunista”, que según el líder azul el Coronel Osiris Guillermo Villegas, buscaba quebrar la cohesión física y espiritual de la Fuerzas Armadas, “fuerzas políticas de reservas”. La unidad ideológica se plasmó en la doctrina de la Seguridad Nacional, producto del nuevo rol de las Fuerzas Armadas de combatir al enemigo interno -comunismo y afines- disolventes de la nacionalidad. Si bien esta doctrina ya aparece esbozada en 1954, en realidad se nutre de la experiencia de militares franceses en Argelia y se 10
sistematiza con las teorías del Estado Mayor Militar conjunto de los Estados Unidos. Paulatinamente la doctrina se materializa en las fases sucesivas de la guerra contrarrevolucionaria cuyo el objetivo final, según uno de los propagandistas militares argentinos, sería neutralizar los apoyos exteriores para aislar y luego anular las formaciones subversivas militarizadas. 3 Onganía requería, al operar el comunismo a escala mundial, la asociación militar con otros países latinoamericanos para llevar con éxito el combate. El presidente del Senado, José María Guido, se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo. A través de él gobernaban las Fuerzas Armadas. Guido instrumentó una política estabilizadora beneficiaria de la burguesía agraria pampeana –nueva devaluación del peso, contracción del gasto gubernamental, motivada por la escasez de divisas que agudizaba la incapacidad de obtener bienes importados. Desplegó una política recesiva y represiva a los trabajadores -caída del salario real, pago de los haberes con “bonos patrióticos”, limitación del derecho de huelga, retiro de la personería a varios gremios y prohibición de toda actividad política a los dirigentes sindicales-. El triunfo de los azules, con el retorno a los cuarteles de los militares, creo las condiciones para la convocatoria a elecciones presidenciales. La elección del 7 de julio de 1963, con el peronismo proscrito, consagró el triunfo de la fórmula Illia-Perette Este binomio de la Unión Cívica Radical del Pueblo, apoyado por una alianza de partidos en la Asamblea legislativa, tuvo escaso consenso inicial con un 25,8 % de los votos y un 19,2% de votos en blanco, lo que se tradujo en el control de algo más de la mitad de las gobernaciones y en una representación mayoritaria propia en el Senado, aunque no en Diputados. A pesar de que la tasa de inflación se mantuvo a un alto nivel durante toda la gestión gubernamental, los años 1964 y 1965 tuvieron algunos índices económicos y políticos favorables. La recesión que venía de 1961 se revirtió en 1964 y a partir de allí habrá un sostenido crecimiento del producto industrial, un aumento del consumo y una recuperación de los ingresos del aparato estatal. Tensiones sociales acumuladas:
El problema fundamental de los empresarios residía en la dificultad para encauzar el peronismo y el movimiento sindical y en las indefiniciones en el avance del proceso de la modernización. La experiencia frondicista, como lo ha señalado Portantiero (1989: pp. 309-310), había dejado cambios sustanciales con la implementación del nuevo modelo de acumulación del capital: la consolidación de un nuevo actor social, el capital extranjero, principalmente 3
Estos conceptos en Coronel Osiris Guillermo Villegas “Guerra Revolucionaria Comunista”. Círculo Militar , 1962
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norteamericano, radicado en la industria y en las ramas más dinámicas, la concentración de las inversiones en la Capital Federal, ciudad de Córdoba y Santa Fe, las variaciones en la redistribución del ingreso que beneficiaron a la clase media y media alta, en detrimento de los sectores populares, la diversificación del liderazgo empresarial y las diferenciaciones salariales en el interior de la clase obrera. En muchos aspectos, la gestión de Illia eligió un rumbo diferente al desarrollismo. Por ejemplo, en vez de impulsar la entrada de capitales extranjeros, promovió la anulación de los contratos de las compañías petroleras norteamericanas celebrados en el gobierno de Frondizi, con la posterior indemnización a las empresas. Medida muy criticada por los desarrollistas, quienes veían en ella el fin del autoabastecimiento petrolífero y el estancamiento de la producción. También fue así porque creó las condiciones para que el estado tenga una mayor intervención y regulación en la economía. Así fue que los Planes Nacionales de Desarrollo se orientaron un poco más que en el período frondicista hacia las pequeñas y medianas empresas y a la promoción de las regiones más deprimidas. Y se
proyectaron medidas en contra de los
monopolios que fijaban precios máximos para la venta de la carne y la ley de Especialidades Medicinales, que congelaba los precios de venta de los medicamentos. En el campo político, procuró alejarse de las prácticas de confrontación y negociación que veían funcionando entre los
factores de poder y
el Estado. Esta matriz organizativa, que
marginaba la mediación de políticos profesionales, había producido el repliegue de los partidos y el fortalecimiento de las corporaciones empresarias, la tecnoburocrática y la burocracia sindical. En ese sentido, Illia fortalecía las formas de representación partidaria, y tendía al debilitamiento de los factores de poder. Derogó el decreto 4161/56 y la legislación represiva sobre las actividades subversivas. Desde un principio, los escenarios de conflicto se sucedieron. Las medidas económicas recibieron los cuestionamientos de prácticamente casi todas las organizaciones de la burguesía urbana y la burguesía pampeana, el capital trasnacional y el sector ligado exportación. Están, además, las quejas del gobierno estadounidense. Los empresarios criticaban el intervencionismo estatal a través de los intentos de control de precios. A su vez, identificaban como la causa de la inflación el déficit fiscal y los aumentos salariales. ¿En qué otros ámbitos del espectro social se manifestaron las tensiones? El crecimiento del poder sindical había provocado la aparición del fenómeno del vandorismo, sector hegemónico en la CGT que encabezaba Augusto T. Vandor, líder de la Unión Obrera Metalúrgica. Este 12
sindicalista del neoperonismo, promovió el peronismo sin Perón, y una táctica que consistía en oponerse en general a la política del gobierno, manteniendo, sin embargo, conversaciones con éste para llegar a futuras negociaciones en cuestiones laborales. ( James, 1990, pp. 219 y ss.). La CGT impulsó la quinta fase del Plan de Lucha a nivel nacional que culminaría con las ocupaciones de fábricas acompañadas con la toma de rehenes. Habían anunciado en 1964, el “operativo retorno” para la vuelta de Perón. Ante el reclamo sindical, el gobierno respondió de distintas maneras: apeló a la negociación con los sindicatos estableciendo el salario vital, mínimo y móvil, la fijación de precios mínimos y máximos, el estímulo al consumo, la prórroga de las leyes de locaciones urbanas y rurales, y al mismo tiempo pretendió contrarrestar la influencia de los gremios peronistas en el movimiento obrero y debilitar a la cúpula sindical. Para tal fin, promovió la formación de una central paralela a la CGT y la existencia de gremios por empresa y por regiones, otorgándoles a éstos el manejo de los fondos sindicales. Intentó con esto quebrar las negociaciones salariales de alcance nacional. Muchos sindicalistas fueron detenidos (como ocurriría con Vandor),
y
afrontaron un proceso jurídico. El fracasado Operativo retorno, debido a que Perón fue detenido en Río de Janeiro, benefició al proyecto de Vandor y de que el justicialismo, con otros nombres, participase en la elección para la renovación de cargos parlamentarios. Los comicios demostraron, al predominar una vez más el peronismo, que el radicalismo no podía competir electoralmente con él y que el vandorismo tenía posibilidades, aunque finalmente Perón las frustro. Todas las manifestaciones de malestar creadas por la activación del sector popular y los grupos económicos, fueron capitalizadas por los medios de comunicación. El golpe de Estado, planificado y ejecutado por la cúpula militar en 1966 fue anunciado un año antes por la campaña de las revistas Confirmado, Primera Plana, Extra y Análisis y por la oposición de los principales dirigentes sindicales a nivel nacional. Los empresarios sumaban ahora severas críticas al gobierno por la lentitud y pasividad frente a la ola subversiva y a la falta de autoridad para controlar a los sindicatos. Durante las ocupaciones, le exigieron una intervención enérgica para restaurar la disciplina fabril. Más todavía podemos decir que la indefinición de la inserción internacional de la Argentina y la caída tasa de inversión, daban razones a los empresarios para apoyar un cambio que con urgencia reconstruya un proyecto unificador del conjunto de los sectores dominantes y reorganice el estado en el sentido de hacerlo más eficiente. Frente a la imagen de un gobierno débil, se presentaba a Onganía con un liderazgo fuerte. Este carismático militar, teniente general ya retirado, acordó con el gobierno de Brasil, 13
la
formación de una fuerza interamericana para combatir al comunismo. Esta acción inconsulta del militar lo dimensionaba como figura clave y decisiva para resolver la amenaza a la seguridad nacional. Tras la propaganda de una galopante inflación y un “vacío de poder, los militares convencieron a la sociedad que ya era el tiempo de liquidar la experiencia radical. 3.- 1966-1973. La Revolución Argentina: la ofensiva de la gran burguesía y la despolitización de los sectores más conflictivos.
Con el nombre de la autodenominada Revolución Argentina se reconoce el período en el cual gobernaron Onganía (1966-70), Levigsnton (1970-71) y Lanusse (1971-73). Las Fuerzas Armadas, a través de la junta de comandantes, eligió como presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía, que seleccionó un gabinete anticomunista y mayoritariamente católico. El gobierno dispuso la disolución del Congreso y de los partidos políticos. Intervino todas las universidades nacionales y suprimió los centros de estudiantes. El golpe de 1966 surgió de una voluntad militar que aspiraba a actuar con un plan autónomo para la normalización económica y el ordenamiento político y social. El soporte ideológico se hallaba en las propias definiciones de Onganía: contrainsurgencia y desarrollo, en lo interno, coordinación de esfuerzos con los Estados Unidos, en lo externo. 4 La modernización económica, palabra sustituta de desarrollo, se haría ahora poniendo el acento en la seguridad. Dos instituciones debían poner en movimiento esta política, el Consejo Nacional de Desarrollo que venía funcionando desde 1963 y el recién creado Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) destinado a la coordinación de los distintos organismos de seguridad y represión.
La
centralización autoritaria del poder político tenía su clave en el “Estado burocrático autoritario", como lo llama y lo define Guillermo O'Donnell (1982) con las siguientes características: a) el papel de custodia asumido por las Fuerzas armadas,
que otorgarían la mayoría de los roles
gubernamentales a civiles y técnicos ligados a los monopolios internacionales; b) la proclamada ubicación del gobierno por encima de los conflictos sociales y una supuesta racionalidad (por sobre los políticos y la política); c) la concentración del poder, en el cual el presidente vitalicio reunía las facultades ejecutivas y legislativas, y además asociaba los núcleos de decisión económica con los de decisión política. La Revolución Argentina se presentó con objetivos pero sin plazos. Y promovió la idea de que los tiempos debían necesariamente sucederse. El primero de ellos, debía ser el tiempo económico. Se trató de un intento de que la modernización, ahora sin presiones populistas, 4
Revista Cuestionario, N° 31, noviembre de 1975,p. 22
14
lograra la profundización o integración vertical de la economía industrial. Luego vendría el tiempo social, en el cual se distribuirían los beneficios del desarrollo. En este sentido, el gobierno ensayó un nuevo patrón de organización social: un orden comunitario que subordinaría las organizaciones representativas de la comunidad - los sindicatos y
la
burguesía- al Estado. La idea era reemplazar las “viejas estructuras partidocráticas”. Tal fue el caso de los sindicatos que más que atomizarlos, como exigían los empresarios, busco crear un modelo de sindicalismo unificado, aunque despolitizado y subordinado al estado. En tal sentido, mantuvo la ley de Asociaciones Profesionales y no promovió la libertad sindical. Por último, y solo cuando la comunidad éste integrada social y económicamente, reaparecería el tiempo de la política. En principio, el programa económico adoptado tendría las características de un compuesto de recetas antiinflacionarias con una política crediticia expansiva. Para obtener ingresos estatales en forma rápida, el Estado, por vía de la devaluación del peso, canalizó los recursos y, en vez, de transferirlo a la burguesía agraria pampeana los orientó a obras de infraestructura que beneficiaron a las empresas eficientes de la gran burguesía urbana nacional y extranjera. Se promovió la inversión en gran escala en ramas de bienes de producción como petroquímica, acero, equipos y maquinaria pesada. En 1967, las designaciones de Krieger Vasena y Alsogaray definen el perfil más ortodoxamente liberal de la economía, cuyo punto de convergencia básico sería el objetivo de redefinir una nueva sociedad subordinada al gran capital y al aparato estatal, en el cual las multinacionales y el capital extranjero, especialmente norteamericano, tendrían un rol predominante en el interior de la alianza dominante, diferente del lugar subordinado de los antiguos sectores agroexportadores y los capitalistas más débiles.
Los actores sociales y políticos La proscripción del peronismo, la movilización en apoyo de la política de Frondizi y la desilusión posterior, junto con acontecimientos como la Revolución Cubana, habían contribuido con la radicalización política de crecientes sectores de la población. La persistencia del peronismo en la clase trabajadora estimulaba a los sectores intelectuales y políticos a la relectura de ese fenómeno. Por otra parte, la entrada de las multinacionales, con el proceso de extranjerización propiciado por el desarrollismo, ponía en duda la viabilidad del desarrollo económico. El ascenso del movimiento 15
popular forzó la polarización partidaria y atrajo a otros sectores que hasta el momento tenían poca vinculación con las organizaciones partidarias y el movimiento popular: la clase media. En este clima de efervescencia y perspectiva socialista surgieron interpretaciones nuevas que conectaban nociones centrales como nacionalismo, imperialismo y socialismo, poniendo en cuestión al sujeto potencial de cambio social. Circularon categorías dinámicas como “pueblo”, “juventud”, “clase obrera”. El movimiento estudiantil representó un papel importante como agitador de las propuestas contestatarias. El reformismo estudiantil había sufrido un duro golpe en 1966. Si los universitarios de 1955 habían sido un importante respaldo para el antiperonismo, el estudiantado de fines de los años 60’ y principios de los 70’ se comprometió con los problemas y esperanzas de los sectores populares, e impulsó el crecimiento de la izquierda. La Iglesia Católica no escapó al proceso de izquierdización. En 1968, un grupo de sacerdotes fundó el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Este movimiento buscaba redefinir el papel del cristiano y el de la Iglesia, vinculándolos a las luchas obreras y estudiantiles y al pueblo pobre, y reclamaban por un cambio de sistema, distanciándose de la jerarquía eclesiástica tradicional. Tanto los sectores vanguardistas en el socialismo como los comunistas enfatizaron el antiimperialismo, y enmarcaron su lucha en el eje “liberación nacional” o “dependencia”, lo que les posibilitó una aproximación ideológica a otras corrientes como el peronismo y la izquierda nacional. Esta nueva izquierda, tanto peronista como no peronista convocó, además, a una fracción significativa, aunque lejos de ser mayoritaria, de los intelectuales, la clase media en general y sectores obreros combativos, sobre todo los que se habían orientado hacia el clasismo. En un amplio sector del peronismo se afianzó una tendencia que proponía la vía revolucionaria y la lucha armada. La Juventud Peronista (J.P.) y otras organizaciones que se pueden encuadrar en el peronismo de izquierda crecieron considerablemente, adhiriendo a posiciones estratégicas como la guerra popular revolucionaria (lucha popular, dispersa e inorgánica que desgasta y descompone al enemigo), el trasvasamiento generacional –el acceso de la juventud a la conducción– y la solidaridad con las organizaciones armadas peronistas. Desde fines de los ‘60, la JP sostenía la necesidad de un socialismo nacional. Consideraban que, en esta etapa, era indispensable el protagonismo de Perón por su liderazgo sobre los sectores populares, pero disputaban espacios de poder en el interior del movimiento. Simétricamente, el propio Perón, desde su exilio en España, solía expresar posiciones afines a las que defendía la JP y aun estimular su desarrollo, sin desautorizar por ello a la vieja dirigencia sindical ni a la derecha peronista. 16
Fuera del peronismo se conformaron corrientes de izquierda menores, nuevas o procedentes de las escisiones de los partidos tradicionales. Los ejemplos de Cuba, Argelia y China hacían dudar sobre las estrategias centrales del comunismo argentino, fuertemente alineado con el Partido Comunista de la Unión Soviética: la convivencia pacífica y el etapismo. El comunismo quedó fracturado cuando algunos grupos se desprendieron para volcarse al maoísmo o el guevarismo. En estas corrientes, expresión de diferentes vertientes del marxismo, las discusiones principales eran si estaban dadas las condiciones para un cambio revolucionario (con los sectores obreros y populares como protagonistas) o antes había que pasar por otra etapa (de alianza entre los sectores populares y la burguesía nacional), y si el cambio social se produciría por la vía insurreccional o mediante canales institucionales.
De la moderación a la intensificación de las presiones sindicales y sociales
La aproximación entre los sindicatos y el gobierno de Onganía se manifestó inicialmente en un consenso expectante que la Confederación General del Trabajo y el propio Perón otorgó al golpe militar, y por el apoyo activo de Vandor, que negociaba con los militares azules dentro del gobierno. En la medida en que el oficialismo podía acordar con peronistas (Vandor) que aspiraban a independizarse del líder, pensaba contrarrestar el influjo de Perón dentro del peronismo. Sin embargo, el acuerdo con los sindicatos tendió pronto a resquebrajarse. Fue cuando con el objetivo de declarar ilegal cualquier huelga, Onganía firmó la ley de Arbitraje Obligatorio. La medida representaba, para los trabajadores, la posibilidad del despido sin indemnización. Asimismo, el gobierno estableció planes de racionalización laboral para los trabajadores portuarios, ferroviarios y zafreros azucareros del noroeste del país. Es en el campo laboral y en el sector estudiantil donde la ruptura entre la sociedad y el régimen de Onganía se vuelve particularmente tajante. El eficientismo industrial llevaba a cuotas crecientes de disciplinamiento sindical y trabajo a bajo costo perjudicando a los sectores populares. En febrero de 1967 la CGT lanzó un plan de acción gradual antigubernamental que comprendía movilizaciones, paros parciales y huelgas generales. El gobierno tomó parte en el conflicto congelando los fondos de varios sindicatos y cesanteando masivamente a trabajadores estatales. La ofensiva gubernamental fue aún más lejos al suspender las conversaciones con la CGT, congelar los salarios y retirar la personería gremial al Sindicato Unido Portuarios Argentinos y a la Unión Ferroviaria. 17
Comienza una estricta disciplina fabril. La dirigencia sindical, quedó aislada tanto de las bases como del movimiento peronista. En este contexto, el sindicalismo peronista que ya venía desde los sesenta de un proceso de desmovilización, desmoralización y derrota de los activistas en el lugar de trabajo, y de burocratización y corrupción del aparato dirigente sindical se fracturó en dos líneas. Una intransigente, los "combativos", organizados a partir de 1968 en la CGT de los Argentinos, que se negaba a negociar con el gobierno sin el previo retorno de Perón, aproximándose a las luchas populares. La otra, más negociadora, que propiciaba el reacomodamiento con el aparato del estado, representada por el vandorismo y el participacionismo. La euforia de la oposición iba en esos días en aumento. Las clases medias habían perdido parte de sus ingresos al haberse liberado los alquileres, muchos empleados de servicios del estado y los cañeros tucumanos habían quedado sin trabajo. También otros sectores se sumarían a los reclamos: los pequeños y medianos industriales y comerciantes y el sector agropecuario. Las marchas de los estudiantes que se irían repitiendo en varias provincias continuaban desarrollando una intensa actividad a través de las marchas de silencio en contra del asesinato del estudiante cordobés de ingeniería Santiago Pampillón y a favor de la autonomía universitaria, lucha que junto a los docentes provocó la represión a golpes de machete y culetazos por la policía en ”La Noche de los Bastones Largos” (1966).
La radicalización ideológica y política La obturación de la política por el régimen militar configuró las modalidades directas de protesta. Esta protesta social confluyó en una perspectiva que abarcaba desde la oposición al régimen de Onganía, o la desconfianza en la capacidad de cambio del sistema democrático, hasta el cuestionamiento al sistema capitalista, o el monopolio de la violencia por parte del Estado. En 1969, en las ciudades de Resistencia y Corrientes, los estudiantes se opusieron a la privatización de los comedores, el aumento de los aranceles de los mismos, y la imposición de turnos matutinos. Este movimiento estudiantil se extendió a Rosario y a Córdoba. En la primera quincena de mayo de 1969 el gobierno de Córdoba pretendió que, a cambio de la eliminación de las “quitas zonales”, los trabajadores metalúrgicos renunciaran al sábado inglés.5 Ante esta situación, los trabajadores convocaron a una asamblea y un paro general. Las jornadas del 29 y 30 5
Los descuentos zonales permitían a los empresarios cordobeses pagar salarios inferiores en un 11% a los pagados en Buenos Aires por el mismo trabajo. (James, 1990, p. 295)
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de mayo fueron el punto más alto del enfrentamiento. Densas columnas de trabajadores industriales –la “aristocracia obrera”– los estudiantes y sectores de la clase media ocuparon las calles de Córdoba, hicieron barricadas y entablaron combates callejeros con la policía y las tropas militares que se habían sumado a la represión. El “Cordobazo”, como sería bautizado, fue la protesta social más significativa dentro de una serie de manifestaciones del campo popular que se irían repitiendo en otras provincias contra el gobierno de Onganía. En Córdoba, la vanguardia militante obrera se concentraba en las industrias dinámicas promovidas desde tiempos de Frondizi –automotores, siderurgia y petroquímica– y en el gremio de Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco. Luego de los hechos de Córdoba debió renunciar Krieger Vasena, el ministro de economía. El Cordobazo tuvo varias inflexiones, la primera, de naturaleza económica, la segunda políticainstitucional. La burguesía descubrió entonces que la experiencia modernizadora de Onganía había sido exitosa en el plano de la economía aunque había fracasado políticamente. Este pensamiento se tradujo en una fuga de capitales y en la caída de las inversiones privadas. En cuanto a la segunda, se iniciaría un ciclo de movilizaciones regionales y de radicalización ideológica. Comenzaron a operar en áreas urbanas varias organizaciones guerrilleras, Tres procedían del peronismo y la derecha católica –FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros–. Dos eran marxistas –FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) – Por otra parte, irrumpe una creciente participación popular que no hallaba canales de expresión en las estructuras sindicales – fenómeno al que los historiadores han denominado “la desinstitucionalización de los conflictos”. Muy por el contrario, excedían el marco institucional y el carácter reivindicativo de los reclamos. Nuevos actores pusieron en tela de juicio los lazos de dominación dentro y fuera de sus organizaciones, a tal punto que algunos autores han aludido a ese período en términos de "crisis de dominación social" o de "crisis orgánica" (conceptos de O'Donnell, Portantiero, de Riz y Pucciarelli, en Tortti, 1999). Si anteriormente el estado y los partidos habían sido incapaces de establecerse como mediadores legítimos para resolver los conflictos, a fines de los 60’ y en los 70’ esta incapacidad alcanzaba también a sindicatos y otras organizaciones. Onganía aislado, se mantiene un año más debido a las indefiniciones de los militares. La persistencia de la movilización social y el secuestro y muerte del ex presidente de la Libertadora, general Aramburu, debilitaron aún más al gobierno. La alternativa autoritaria militar había fracasado. Meses después, la junta de comandantes desplazó a Onganía y designó sucesivamente 19
presidentes a Levingston y a
Lanusse, otorgándoles un carácter de subordinados a la junta.
Lanusse intentó administrar la salida política. Su objetivo era encuadrar a los justicialistas dentro de un acuerdo nacional y propiciar el restablecimiento de las elecciones generales. Para ello proponía una transición política controlada por los militares, con la participación condicionada del peronismo. Perón, por su parte, desde Madrid, aparecía en el centro de la escena política, en una nueva coalición de fuerzas. Entonces Lanusse precipitó el retorno de Perón, quien no pudo presentarse como candidato a raíz de un requisito restrictivo de permanencia en el país. 4.- La vía electoral de los militares: de la fórmula negociada al retorno de Perón
La crisis económica mundial en ciernes también agravaría la situación interna. La bonanza de la “edad de oro” perduró en los países centrales hasta que, a fines de los ‘60, se agudizó la reducción de la tasa de ganancia (debido a la desproporcionalidad entre las mejoras salariales y el ritmo de expansión). Esto se agudizó por la crisis del petróleo en 1973, aunque ya en 1971 los Estados Unidos habían abandonado unilateralmente el sistema adoptado en Bretton Woods, para dar lugar a un sistema de cambio flotante y profundizar la inestabilidad de los mercados. El 11 de marzo de 1973 se celebraron las elecciones y el Frente Justicialista de Liberación (el nombre adoptado por la coalición encabezada por el peronismo) obtuvo la mayoría. El breve gobierno de Cámpora contaba con el respaldo importante de la izquierda peronista y de las clases populares. En lo económico, el ministro de economía de 1973 y 1974, José B. Gelbard, que hasta el momento había dirigido la CGE, puso en marcha una política económica de expansión del mercado local. Para ello se acordó entre el gobierno, la CGT y la CGE un Pacto Social que estipulaba un congelamiento salarial por el término de dos años y el control de precios, para detener la puja por el ingreso. Muchos trabajadores –que habían depositado grandes expectativas en un gobierno peronista– vieron que sus ingresos no mejoraban, o aun disminuían por los aumentos de precios. Perón había practicado una política “pendular” entre sus alas izquierda y derecha, que lo hacía el líder político indiscutido. Pero, con el peronismo en el gobierno, estaba forzado a eliminar ese margen de ambigüedad. Esta intención se hizo evidente a partir de su regreso definitivo a la Argentina. Si en su exilio había predicado la guerra popular revolucionaria y la liberación nacional y social, ahora privilegiaba la participación organizada, la unidad nacional y la 20
normalización institucional. Esta dirección lo alejaba de la izquierda y lo acercaba al ala ortodoxa sindical así como a la ultraderecha peronista, representada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. La cúpula sindical, sobre todo las 62 organizaciones y la UOM, desplegó una estrategia de fortalecimiento, sostenida por la fuerza dominante de la derecha dentro del gobierno, y obtuvo una mayor participación en las estructuras de poder. Poco a poco, con la expulsión o la persecución del sindicalismo combativo, la Juventud Peronista y otros sectores de izquierda en el seno del movimiento peronista, y a la vez contra algunos gobernadores, se impuso el “verticalismo” y la burocracia sindical. Finalmente, Cámpora renunció, y en nuevas elecciones se impuso la fórmula Juan D. Perón - María Estela Martínez de Perón. Tampoco el gobierno de Perón logró estabilidad. El líder murió por enfermedad en 1974, y lo sucedió su esposa. El deprimente escenario internacional se combinaba con los problemas estructurales de la economía argentina, agravada por la disminución de la venta de carne vacuna a los mercados de la Comunidad Económica Europea y la desaceleración del ritmo de crecimiento industrial. Ante la posible pérdida de mercados y la baja de precios de las materias primas se fortalecían las tendencias empresariales liberales. Adquirían fuerza las concepciones que promovían un proceso de adecuación de la Argentina a la tendencia mundial. Debían reducirse la injerencia del Estado, los altos costos internos –la restricción de los ingresos de los sectores asalariados–, las rigideces del mercado interno nacional y la estructura industrial de alto costo, incapaz de competir con efectividad en los mercados mundiales. La Confederación Industrial Argentina, y en general las posiciones liberales, tendían a converger con las posturas tradicionales de la Sociedad Rural. Los dirigentes de la SRA – representante de la gran burguesía agraria– habían formulado profundos cuestionamientos a la gestión peronista (proyecto de impuesto a la renta potencial de la tierra, ley agraria, suspensión de juicios y convenios homologados en materia de arrendamientos). El esquema acuerdista no garantizaba la paz social. El posible aumento de salarios, producto de la convocatoria de las paritarias luego del vencimiento del Pacto Social, y la indisciplina laboral atentaban, a juicio del empresariado, contra la productividad y creaban un clima de incertidumbre económica. Por otro lado, el campo empresarial mostraba su disconformidad con la política vigente, violaba los acuerdos sociales y responsabilizaba a las autoridades por 21
el descontrol social, por lo que emprendía acciones que abarcaban desde el desabastecimiento de bienes de consumo hasta la paralización de las tareas comerciales del agro. La renuncia de Gelbard y las breves gestiones de Gómez Morales y Celestino Rodrigo fueron la respuesta a una etapa de desinversión, baja rentabilidad empresarial y falta de control social. Rodrigo paralizó los convenios acordados en las Paritarias, buscando someter al poder sindical. Sin embargo, la población resistió el plan de estabilización económica y ajuste, con ocupaciones espontáneas de fábricas, paros y manifestaciones. A diferencia de las puebladas anteriores, localizadas en el interior, este proceso se inició ahora en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. La protesta popular logró el desplazamiento de López Rega y Rodrigo. Ante la crisis institucional, los grupos económicos más concentrados se lanzaron a la lucha por el control del aparato del Estado, en un claro proyecto de una mayor articulación internacional y el desmantelamiento total de ciertos mecanismos del modelo industrialista-populista. En esta perspectiva, en oposición al gobierno constitucional, en febrero de 1976 las entidades representantes de la burguesía agraria y comercial, como una parte del empresariado industrial, convocaron a una paralización global de la economía. El frente golpista se fortaleció y el Ejército asumió el control de la situación. Su intervención se inició en Tucumán, según órdenes del gobierno constitucional, para “aniquilar el accionar de la subversión”. Luego, las Fuerzas Armadas reemplazaron al mismo gobierno por una dictadura militar, el 24 de marzo de 1976.
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