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EL ESTADO, LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA DOCENTE:
Discente:
Lcdo. Sebastiano Maugeri
Br. Gutiérrez F. Eulises R. C.I. V- 13.249.197 Proceso II-2015 Ambiente 01 Maturín, Abril de 2017
EL ESTADO, LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA.
El Estado es concebido como la forma de estructura social autónoma, que está conformada por una población que reside en un territorio establecido y delimitado y/o controlado por una serie de instrumentos legales que permitan reglamentar el maniobrar de la sociedad. En este sentido, el Estado moderno, se ha convertido más que en una comunidad, en una corporación de servicios públicos cuyos agentes son los gobernantes. Por lo tanto, es de entender que las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos, estos últimos nacen por mandato de la Constitución de la República. Desde este punto de vista, el Estado afronta en la actualidad a un reto capital: responder a los requerimientos sociales con eficacia, manteniendo unos mínimos niveles de calidad en un contexto de progresivo servicio a la gente. Sin embargo, en el seno de las organizaciones humanas se hace necesaria el restablecimiento de los valores éticos como conexos de su actuación. Las circunspecciones éticas en la función pública tienen una vital importancia, pues no se puede olvidar que el oficio público supone una tarea de servicio a los demás. La Ética pública, en una primera aproximación, estudia el comportamiento de los funcionarios en orden a la finalidad del servicio público que le es inherente. Ya que las normas morales existen en la conciencia de cada uno, el Estado deberá fomentar la consolidación de los mismos en sus funcionarios, ya que, esto provoca que existan diferentes puntos de vista y por ende problemas en el momento de considerar las diferentes respuestas existenciales que ejercen las personas frente a ellas. Por consiguiente, se obtendrán diversas acciones que desde un punto de vista errado o fuera de contexto se pretenda fijar como el correcto, por la subjetividad de estos. En el entendido, que la población basa sus acciones, de acuerdo a sus necesidades, el fortalecimiento de los valores éticos en los funcionarios públicos, como garantes de las actuaciones del Estado, garantizará la implementación de las
regulaciones y atribuciones conferidas por la ley, para impedir cualquier tipo de desviación atípica de las acciones de la población, como por ejemplo, permitir la ocupación de territorios no aptos para la construcción de viviendas, sitios con alta vulnerabilidad a la ocurrencias de eventos no deseados que puedan producir daños a la población, así como la omisión de procedimientos administrativos y operativos que pudiesen producir en el futuro una condición de amenaza para la estabilidad y retraso en el desarrollo de la Nación, tal es el punto del flagelo de la corrupción, tan arraigado en la función pública desde hace muchas décadas. Por estas razones, al igual que el fortalecimiento de los valores éticos y morales en la administración pública, la práctica deontológica de las profesiones que la integran, sería la piedra angular de esta propuesta, ya que a través de esta se busca la equidad social entre el desempeño de las profesiones y la sociedad en la cual se desempeña, por medio de la cual, se busca regir las acciones de los profesionales en sus diferentes aspectos, tanto en el cumplimiento de sus funciones, en la responsabilidad de brindar un servicio de calidad y la equidad en la obtención un tipo de retribución acorde con la calidad y pertinencia del servicio prestado. De acuerdo con esto, solo con la implementación, control y seguimiento del accionar deontológico y ético de nuestros funcionarios, se puede combatir los denominados “enemigos del alma”, donde a través de desarrollo eficiente y oportuno
de sus funciones, se puede cambiar que solo por medio del conocimiento se tenga la claridad necesaria para la realización de sus funciones, pero cambiando la visión en el siguiente aspecto, el poder, que puede ser utilizado de manera racional, sólo cuando el funcionario emplea la claridad que le permite el conocimiento en poder dar la respuesta efectiva y oportuna a la colectividad que le solicita el accionar de su investidura, permitiendo así que este sea perdurable en el tiempo, aun cuando sus funciones cesen, sólo de esta manera podremos progresar como sociedad y enfilar nuestras metas hacia un desarrollo sustentable y sostenible.
