INTERPRETACION LEY 27444 EL DEBIDO PROCEDIMIENTO
“
ADMINISTRATIVO
”
El debido procedimiento es un principio constitucionalizado que debe mover a la administración pública a actuar sobre todo respetando la obligación que tiene a escuchar al administrado, es decir permitirle presentar argumentos de defensa, medios probatorios entre otros, a emitir pronunciamientos con la debida y suficiente motivación y a resolver conforme l o establece el derecho. Siendo el debido procedimiento válidamente aplicable en un procedimiento administrativo debemos precisar el concepto de este, que lo establece el artículo 29º de la Ley Nº 27444, dicho texto legal indica, que se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. ART.81º Los conflictos de competencia resultan cuando dos órganos ART.81º administrativos se atribuyen, Positiva o negativamente competencia para conocer un mismo asunto. Como tales no son cuestiones entre partes, sino entre órganos al interior de la administración. La afirmación de un órgano de que es competente o incompetente es un presupuesto de la cuestión de competencia y no la cuestión de competencia entre sí, la cual solamente se producirá si el órgano a quien se considera competente reafirma o niega su competencia. La incompetencia de un organismo puede ser declarada de la siguiente manera: a. Por la autoridad superior de oficio.
b. Por la propia autoridad que efectuando el control de su competencia llega al vencimiento que carece de ella. c. A pedido de alguno de los administrados, quien activa algunos de los dos supuestos anteriores. La norma finalmente refuerza el criterio de autoridad, al establecer que ningún subordinado puede contestar la competencia de una instancia superior, y si tuviere alguna discrepancia, lo único que corresponde funcionalmente es hacerlo conocer justificadamente pero sin carácter de cuestionamiento. ART.82º. La declinación de competencia puede darse de oficio como consecuencia del control de competencia que debe hacer cada autoridad, o a petición de cualquiera de las partes. Producida la declinación, la autoridad debe remitir los actuados al órgano que considere competente, pero advirtiendo de ello previamente al administrado, con el objeto no que pueda efectuar algún alegato-pues ello no le corresponde-sino para que pueda estar informado de la ubicación física de su expediente. No obstante la declinación efectuada, la autoridad puede adoptar alguna medida provisional de aseguramiento provisional para evitar daños graves o irreparables al administrado o a los intereses de la propia entidad. Por ejemplo, dictar un embargo o realizar algún inventario, toma de declaraciones impostergables, etc. Art.87º
Art.88º Se precisa que el impedimento fijado en el Numeral 88.1 para quienes son parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad
involucra a los administrados participantes, pero además de ellos se extiende a los representantes o mandatarios de dichos administrados, los administradores, gerentes, directores o personas que desempeñan funciones de similar importancia con respecto a los administrados o a las personas jurídicas en las cuales ellos son parte. Del mismo modo el Numeral 88.2 precisa el impedimento si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad con quien ha tenido o tiene participación societaria mayor al quince por ciento (15 %) en el capital o patrimonio social del administradopersona jurídica en los doce (12) meses anteriores al inicio del procedimiento en cuestión. Asimismo en el numeral 88.3 se añade la referencia al concubino o concubina de quien es autoridad entre la lista de aquellos que, de tener legítimo interés en el asunto que se trata, o en otro semejante cuya resolución pueda influir en aquel, generan un supuesto o causal de abstención de quien debía pronunciarse en ese asunto en particular. En el numeral 88.5 se precisa que no incurren en esta causal de abstención –relación de servicios o subordinación – quienes únicamente hayan tenido contratos para la prestación de servicios públicos o hubiesen realizado otro tipo de operaciones que normalmente realiza el administrado en las mismas condiciones que ese administrado –ya sea persona natural o jurídica – ofrece esas operaciones a cualquier consumidor o usuario. Por último se adiciona un sexto numeral – numeral 88.6 – en donde se establece que cuando se presente motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamental. Para ello, se prescribe entonces que en el caso en el cual el funcionario cuya abstención se solicita integre un órgano administrativo colegiado, será este colegiado quien deberá emitir una resolución aceptando o denegando la solicitud formulada. Se señala, además, que si el funcionario cuya abstención se plantea conforma un órgano unipersonal, será su superior jerárquico quien deberá emitir la resolución correspondiente, resultando improcedente la solicitud de abstención por decoro formulada contra el funcionario que integra un órgano unipersonal que constituya única o última instancia o grado Art.92º
Art.113º En este artículo se encontraran los Requisitos generales aplicables a los Recursos administrativos. A través del cual se presenta el recurso administrativo, debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Identificar y ubicar claramente al recurrente, a través de la consignación de sus nombres y apellidos, domicilio, Documento Nacional de Identidad, y dado el caso, su carné de extranjería o la calidad de representante y de la persona a quien represente. Asimismo, se requiere consignar el lugar, la fecha y su firma o huella digital, en caso no saber firmar o estar impedido. 2) Expresar concretamente el pedido y fundamentarlo en forma adecuada según corresponda, de acuerdo al recurso que se presente. 3) Indicar el órgano o la autoridad a la cual está dirigida la solicitud, procurando que sea el órgano, cuyas competencias para conocer y resolver el caso, sean del grado más cercano al usuario. 4) indicar la dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, en caso sea distinto al consignado en la identificación y ubicación del recurrente. Este lugar surte efectos desde su indicación y se presume subsistente, mientras de manera expresa no se comunique su cambio.
5) Acompañar al escrito la relación de documentos y anexos que se encuentren previstos en el TUPA de la entidad. 6) En caso se trate de procedimientos ya iniciados, se debe identificar el expediente de la materia. «Los recursos administrativos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, pueden definirse como un acto de naturaleza procesal que realiza el administrado contra un acto administrativo que, considera, ha lesionado sus derechos o intereses legítimos, a fin de modificarlo, sustituirlo o eliminarlo del ordenamiento».
Art.114º
OBS E R VAC ION: TUPA - TE XTO ÚNICO DE PR OCEDIMIENTO A DMINIS TR A TIVO Art.115º
Art.119º
Art.126º
Art.131º
Art.137º
Art.140º La LPAG señala que el plazo vence el último momento del día hábil fijado; o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido dicho plazo21, lo cual permite generar efectos jurídicos sin tener que esperar al día hábil fijado. En cuanto al administrado, al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión22. Esta previsión legal no debe confundirse con la aplicación del principio de preclusión, de aplicación muy limitada en el procedimiento administrativo, pero de especial importancia en el proceso judicial. Por otro lado, el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no la exime de sus obligaciones establecidas por la norma legal, atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo23. Sin embargo, dicha
actuación genera responsabilidad administrativa del funcionario infractor, y en caso se haya generado daño al administrado, la responsabilidad institucional 21 Artículo 140º, inciso 140.1 de la Ley Nº 27444. 22 Artículo 140º, inciso 140.2 de la Ley Nº 27444. 23 Artículo 140º, inciso 140.3 de la Ley Nº 27444. de la Administración
de
indemnizar dicho
perjuicio,
conforme
a
las
reglas
establecidas por el artículo 238º de la Ley. Sin embargo, la Ley señala que la denominada preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales24, y en aquellos que por existir dos o
más
administrados
con
intereses
divergentes,
deba
asegurárseles
tratamiento paritario, en igualdad de condiciones25, convirtiéndose en una excepción al principio de unidad de vista al cual nos referiremos más adelante. Esto tiene sentido si consideramos que estos procedimientos administrativos gozan de una naturaleza híbrida, puesto que generan solución de conflictos o resolución de controversias, función típicamente jurisdiccional, pero desde el ámbito de la Administración Pública. No obstante, la preclusión antes citada, no resulta directamente aplicable al tradicional proceso administrativo bilateral, el mismo que goza de lo que se denomina unidad de vista26. A su vez, debemos tomar en cuenta principios como el de eficacia o el de informalismo, en beneficio del administrado y al amparo de consideraciones de interés público. Art.142º
Art.143º
