ETICA DE LA ABOGACÍA SISTEMATICA ABOGACÍA TRADICIONAL Y ABOGACÍA CONTEMPORÁNEA El problema de la ética forense está directamente relacionado con el concepto que se tenga de la abogacía. ABOGACÍA TRADICIONALMENTE. TRADICIONALMENTE. Según el autor es aquella destinada a la defensa del derecho y auxiliar de la administración de justicia que se encuentra directamente relacionada con el ejercicio forense de la profesión y como cumple sus funciones el abogado en defensa del derecho, quedando reducido a su conducta y en el cumplimiento de las normas éticas y legales que regulan su ejercicio encontrando realizado su destino en la solución de conflictos del derecho, se trata pues solo de un servidor del derecho. En este caso estaremos ante frente a un abogado del derecho en el asunto particular, cómo nos dice el código de Justiniano “patrono ilustrado”
ABOGACIA COMTEMPORÁNEA Es aquella que según el autor va más allá conceptuándola conceptuán dola como “misterio de verdad al servicio de la justicia y la paz de la colectividad”, saliendo del tradicional concepto elaborando una nueva doctrina resumiéndola en la frase “la abogacía es ministerio ministerio de paz social” calando en la esencia de la ciencia jurídica al servicio servicio de la sociedad, sociedad, de la búsqueda
de la justicia y la paz, como parte de la responsabilidad social ante la sociedad, la misma que se acentúa en un país subdesarrollado subdesarrollado o en vías de desarrollo en en la que se debería utilizar utilizar la profesión y la ciencia del derecho como palancas al servicio de la evolución de la sociedad. En este caso estaremos frente al abogado defensor de la justicia y buscador de la paz de la sociedad, que pasando incluso los límites de la norma jurídica, si deviene en norma injusta, llegando a los predios de la doctrina y los principios en busca de justicia que buscan buscan los pueblo, se trata pues de un abogado revolucionario que no se somete a la norma del legislador. Así del análisis de los dos campos de los tipos de abogacía abogacía concluye el autor que el problema problema de la ética se encuentra en el primer campo de la abogacía tradicional, pues todavía y pese a las condiciones de la sociedad contemporánea, está seguirá siendo un menester de defensa del derecho donde se han relajado los lazos inhibitorios de la moral debido a las condiciones socioeconómicas haciéndolo partícipe del abogado de bajo nivel material y cultural de los pueblos. TRANSCENDENCIA DE LA ABOGACÍA OPINIONES FAVORABLES Solón, al reglamentar en Grecia su ejercicio, exigía “ser libre y de buenas costumbres “ . Cicerón calificó al abogado de “oráculo de la ciudad” por su importantísima función de consejero. Robespierre estimó a los abogados “apoyo de la inocencia y azote del delito”, así como el título
XXIV del Libro Segundo de la Recopilación de leyes de los Reinos Unidos de las Indias con normas de tal precisión ética que deberían ser reproducidas en los actuales Códigos de ética forense. Así recogiendo las reflexiones sobre excelsitud de la abogacía que contiene la prosa de Ángel Ossorio y Gallardo, Raúl Carr ancá y Trujillo, en México decía del abogado que es “el profesionista al servicio de una función moral indispensable a la colectividad humana”.
JUICIOS DESFAVORABLES. Pese a esta trascendencia, la abogacía de defensa se realiza fundamentalmente ante el órgano jurisdiccional o administrativo que sirve para solucionar los conflictos de intereses, ha sido objeto de constantes vilipendios por parte de políticos, juristas, literatos y del vulgo mismo. Un ejemplo es que en el Perú Manuel Gonzales sus dardos admonitorios en los lomos abogadiles; Ciro Alegría califico al Papel sellado de mal Nacional directa o indirectamente tomó siempre al abogado como el rábula enredador del hilo de la justicia. Los estudiosos soviéticos mencionan, asimismo, que Napoleón amenazaba con cortarle la lengua al abogado que la utilicé contra el gobierno. Es indudable que no han sido muy benévolo con la abogacía durante mucho tiempo, pero mientras uno repudian la abogacía por el procesalismo que eterniza el conflicto haciéndolo trasmisible por herencia, los tiranos amenazaban al abogado porque ellos fueron los primeros en encender la luces libertarias en el corazón de los pueblos. Es pues innegable que existe también la inconducta profesional que ha sido objeto de muchísima literatura y profunda preocupación por remediarla. CRISIS DE LA ÉTICA DE LA ABOGACÍA 1. ABOGACÍA FUNCIÓN PRIVADA DE EJERCICIO PRIVADO Mirado epidérmicamente el asunto, parece que el descenso de la abogacía no es sino resultado del incumplimiento de las normas morales que regulan sus ejercicio y la conducta privada del abogado. Pero el problema es indudablemente mucho más profundo y cala en la esencia misma de las relaciones sociales, en la propia naturaleza del derecho y en la ética general de la sociedad. Por la propia naturaleza del derecho que utiliza como vehículo para lograr esa justicia del caso particular, su misión directa no es pues la sociedad; es más bien el interés del cliente, en cuya defensa pone el fuego de su palabra. 2. ABOGACÍA FUNCIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO PRIVADO En 1920 Piero Calamandrei desarrollaba el concepto de la abogacía como función social de ejercicio privado, cuando decía que la justicia no podría funcionar si no existiesen los profesionales del derecho y, exigiéndoles garantías de cultura y probidad, estimaba que el abogado debería ser a su vez “garantía de seriedad y buena fe para el juez”, calificando du
naturaleza de Función Pública pero de ejercicio privado, esto debido a que en ella encuentran comprometido el orden social de modo tal, que la solución del conflicto de intereses que define el abogado libre repercute necesariamente en la colectividad. Pues quien desempeña en realidad la función pública conscientemente será el abogado de elevada moral responsable de su ministerio pacificador, se convierte en el primer realizador de la justicia, es decir, en el primer juez. 3. ABOGACÍA FUNCIÓN PÚBLICA DE EJERCICIO PÚBLICO: Pero, junto a los nuevos principios del derecho de la sociedad clasista, después de la Segunda Guerra Mundial, también en el panorama de la historia, se presenta un nuevo derecho: el derecho socialista. Caracterizado fundamentalmente por la asunción de las clases trabajadoras poder del Estado, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas.
Este derecho de la sociedad socialista, que merece en este momento profunda atención de las Facultades de Derecho norteamericanas, europeas y algunas latinoamericanas, necesariamente tiene que inspirar una concepción nueva de la abogacía, que podría resumirse como abogacía función pública de ejercicio público (realizada en cabeza de personas naturales en nombre del Estado cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo Estado), en la que suprimido el carácter de ejercicio liberal, vale decir potestativo o privado del profesional, se organiza como servicio público bajo el contralor del Colegio de Abogados o de la Barra de Abogados en los países socialistas. ABOGACÍA EN LA SOCIEDAD SUBDESARROLLADA Lo que el autor intenta plantear en esta parte son las causas sociales y económicas del declive de la ética en la abogacía, enmarcándonos en una sociedad subdesarrollada. Se plantea la interrogante (a manera de introducción): ¿Literatos, juristas y políticos en contra de la abogacía?, el autor refiere que estos personajes denigran a la abogacía y la culpan de los males sociales que atañen nuestra sociedad; por un lado, por el procesalismo que desnaturaliza el proceso y lo deforma, convirtiéndolo en enfermedad social, instrumento de dilatación, chantaje o represión, y por el otro, por las propias funciones públicas cumplidas por los abogados en los poderes del Estado, el periodismo, la docencia, a los que contaminaron. El autor señala, respondiendo a la interrogante, que en gran medida les asiste la razón, pues el periodismo, la literatura, el derecho y la política son manifestaciones de la conciencia social y ésta expresa fundamentalmente los intereses de las clases, grupos o partidos gobernantes. Siguiendo esta línea se plantea una causa económica y señala la caracterización de la Sociedad Latinoamericana, en la que desde la conquista Española se fracturaron las culturas autóctonas separando desde entonces a un lado a los herederos de los conquistadores, dueños de bienes de producción y consumo que les dan poder político, y al otro, a los herederos de los conquistados, sometidos a servidumbre, y en muchos países de Latinoamérica todavía siguen en estadios de pobreza. Posteriormente, tras la gesta emancipadora no se hizo más que sustituir los mandos de origen español por los mandos mestizos, sin que las relaciones sociales vividas en ese entonces hieran en lo mínimo a un cambio político. Por ende, el ‘subdesarrollo’, no es sino la herencia de la colonia y
su proyección en la república, en la que las oligarquías gobernantes (el poder en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada) coincidieron con los intereses imperialistas y sometieron al servicio de estos intereses los de las grandes mayorías gobernadas. Desde entonces, podríamos decir que, hasta ahora, se mantiene viva la herida histórica del pueblo latinoamericano, sin que la lucha integracionista haya conseguido resultados. Pero junto a la dependencia económica está también el colonialismo mental, es decir, la alienación de la conciencia de la colectividad que niega capacidad a nuestros pueblos para construir por sí solos su destino; sobrevalora todo lo extranjero y subestima lo nacional, causando con ello el sometimiento y la dependencia del espíritu de nuestros pueblos al pensamiento que inspiran deliberadamente las capitales del imperialismo. Ahora bien, dentro de esas condiciones sociales y económicas, la producción de la ley responde también a los intereses de los sectores gobernantes. Entonces se presenta como padecimiento
principal la contradicción fundamental entre derecho y sociedad: el derecho que resulta en estas condiciones es injusto por anacrónico, parcial y antidemocrático. Es anacrónico porque en muchos países latinoamericanos las leyes tienen más de medio siglo de vigencia, por ello no corresponden a la naturaleza de las relaciones sociales que regulan, resultando inoperantes, obsoletas e injustas. Es injusto el derecho, por parcial, cuando solamente se legisla para satisfacer los intereses de las fuerzas dominantes de la sociedad y no se legisla para atender las necesidades de la colectividad integral. Finalmente, la Ley es injusta por antidemocrática cuando para mantener ese supuesto “orden jurídico”, es decir, el estado actual de las cosas, e institutos, en que un pequeño sector de la sociedad utiliza el poder del estado en beneficio de intereses parciales y en agravio de los intereses de las grandes mayorías, se promulga un derecho represivo destinado a silenciar el reclamo de las masas. El derecho que se produce en estas condiciones, que no alcanza a promover la transformación de la sociedad y obtener que la colectividad atienda la satisfacción de sus necesidades, es un derecho injusto y por injusto inmoral. La razón moral de la norma jurídica, que reposa en el fondo de su propósito normativo, es indudablemente el orden de la sociedad. Pero cuando ese orden no se alcanza, por anacronismo o parcialización, la norma pierde su sentido moral; resulta injusta. En relación con estas características socio-jurídicas de la colectividad, se produce también la moral general de la sociedad, que en la sociedad en vía de desarrollo se manifiesta también dividida. Se dará entonces en la sociedad dividida en clases, una doble moral: la del grupo gobernante y la del grupo gobernado; pero sin embargo la moral del grupo gobernante prevalece y se generaliza, extendiéndose inclusive al grupo gobernado que la asimila, sobre todo, cuando no tiene todavía clara conciencia de su rol social. En todo caso ese derecho injusto e inmoral es, pues, el instrumento de acción del abogado. Esta generalización produce así mismo otro resultado, hace la moral mucho más extensa que el derecho. El ámbito de ella es más amplio, tanto porque abarca a toda la sociedad como porque tiene como fuerza fiscalizadora a la opinión pública. Por eso, no sería exacto afirmar que la moral de toda la sociedad dividida en clases es de bajo nivel. Existen dentro de ella sectores que condenan los hechos inmorales de uno u otro grupo de la comunidad, jugando un papel de contralor en el que no poca importancia desempeña la prensa, que tiene la misión fundamental de orientar la opinión pública. Dentro de esta moral general de la sociedad es, pues, donde se genera la moral del abogado. La moral del abogado traduce, pues, la moral de la colectividad. De ahí que en el examen de las causas no se pueda eludir el de las causas estructurales que producen la moral social. Es que la abogacía es también forma de la conciencia social; y mucho más todavía, profesión de profunda trascendencia social porque opera con instrumentos de orden social. Por eso, el abogado no puede dejar de reflejar, traducir o expresar la influencia de la sociedad en que actúa. De ahí que la llamada crisis de la ética de la abogacía no es sino el reflejo de la crisis general de la sociedad en que actúa el abogado.
MANIFESTACIONES Y CAUSAS DE LA CRISIS DE LA ETICA DE LA ABOGACIA Las causas de la crisis de la ética de la abogacía se clasifican en tres: causas derivadas de la organización de la abogacía como profesional liberal. causas de índole académica. causa derivadas de las condiciones de ejercicio de la profesión. Todas estas causas son concurrentes. I. CAUSAS DERIVADAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ABOGACIA COMO PROFESION LIBERAL. La abogacía traduce y refleja la organización estructural de la sociedad, el derecho que esa organización produce, y la propia ética general de la colectividad. De esa afirmación se desprende que, dentro de la sociedad organizada sobre la base de la propiedad privada, la libre concurrencia, la libertad de cambio y comercio, se organice la abogacía también como profesión liberal es decir la profesión es para el abogado una forma de propiedad; es suya, le pertenece y puede cuando quiera ejercitarla o no, quedando a su albedrio seleccionar al cliente, puede el abogado ingresar a la abogacía de litigio (defensa) o simplemente en la abogacía de asesoría. Estimada la abogacía como bien de propiedad particular del abogado, se dan en ella la anarquía de la profesionalización. 1. La anarquía en la profesionalización. Hablamos de anarquía de la profesionalización por la ausencia del requerimiento profesional de la sociedad (planificación de la profesionalización de acuerdo a las necesidades a la que sirve) por parte de las facultades o escuelas de derecho, quienes tienen como función primordial la de formar abogados. Se profesionaliza, pues, sin saber si la sociedad requiere más médicos o agrónomos, economistas o arquitectos. Y en el campo de la abogacía se profesionaliza sin saber realmente qué suerte correrá el profesional que egresa de las aulas universitarias. La profesionalización anárquica produce, a su vez como consecuencia: A. La plétora profesional. B. La violación consciente de la deontología forense por el tinterillaje. A.- La plétora profesional. No es cierto que en Latinoamérica sobren abogados; lo que si es cierto es que en muchas urbes latinoamericanas exceden a la demanda profesional. La plétora profesional se presenta fundamentalmente en las urbes porque el campo en muchos países latinoamericanos, por la miseria en la que viven los campesinos (indígenas o no) no está capacitado para absorber trabajo profesional alguno. Entonces en la aldea, el curandero funge de médico y el rábula de abogado. Este hecho determina que los abogados se concentren en las ciudades, donde la capacidad de la industria o el comercio permiten consumir servicios profesionales. Esta concurrencia en las urbes determina, a su vez, la mayor oferta de abogacía con el consiguiente descenso de la ética profesional cuando el abogado, en la competencia que es implacable, recurre a cualquier medio para subsistir, si es que no termina por abandonar la profesión y acogerse a la burocracia estatal.
B.- La violación consciente de la deontología forense por el tinterillaje. La competencia profesional debería resolverse normalmente por el estudio, la capacidad, la dedicación con que el abogado sepa destacar entre muchos a base de esfuerzo. Pero, en la mayoría de los casos no se resuelve de ese modo; se escogen más bien los caminos fáciles del procesalismo y la deslealtad y se entra, entonces, conscientemente en la violación de las normas de la deontología forense; creando aquel modo de ejercicio profesional que acertadamente se ha venido a denominar tinterillaje. El concepto de tinterillaje como burla del derecho y la justicia nos presenta, pues, varias manifestaciones de conducta inmoral. El ejercicio ilegal de la abogacía por persona lega. El favorecimiento al ejercicio ilegal de la abogacía por parte del abogado; y El ejercicio desleal de la abogacía por persona titulada, el procesalismo y las deformaciones del proceso. B.1.- El ejercicio ilegal de la abogacía por persona lega. Se refiere al ejercicio de la profesión por la rábula que carece de título para abogar, resulta comportamiento inmoral únicamente en cuanto contradice la norma legal que prohíbe ejercer la profesión ahí donde existen abogados. Entonces la naturaleza moral o inmoral del ejercicio estará en relación con la presencia o ausencia de profesionales en el medio en el que se trate. B.2.- El favorecimiento al ejercicio ilegal de la abogacía por parte del abogado. La deslealtad se expresa en este caso por la actitud consciente del abogado que se presta a suscribir, como suyos, petitorios ajenos y aparentar ser el defensor siendo así que quien lo es realmente carece de título para abogar. B.3.- El ejercicio desleal de la abogacía por persona titulada, el procesalismo y las deformaciones del proceso. Es la forma más peligrosa e inmoral del tinterillaje. Se llama ejercicio desleal de la abogacía a la actividad que realiza el abogado que habiendo prestado juramento para defender la verdad y la justicia la escamotea y la niega, extraviándola en el laberinto del procesalismo. Es desleal el abogado que ejercita maliciosamente los recursos permitidos por la ley sin que ellos desempeñen un papel necesario en la evolución del proceso sino, más bien, con propósito de dilatación, chantaje, ofensa o represión. II.- CAUSAS DE ÍNDOLE ACADÉMICA: Son las que se originan en las facultades de derecho.
Se va a sistematizar estas causas en la siguiente forma A. Formación ética del estudiante y del profesional: La ética del profesional empieza con la formación que reciben la universidad pese a esto muchas universidades no le dan la importancia requerida a la deontología forense. Acevedo Sodré nos dice que las universidades de derecho deben contar con un código de ética para que los estudiantes asuman su responsabilidad con probidad. Existe además el cogobierno universitario en el que participan los estudiantes, sin embargo muchos de estos estudiantes han utilizado esta posición en ventaja para aprobar los exámenes y los trabajos no asumiendo éticamente sus responsabilidades Por lo cual Alberto Caturelli nos dice que hay una diferencia entre estudiante y alumno la cual es que el primero se
preocupa por su universidad sin embargo el alumno sólo aprueba el curso sin integrarse a la universidad, esto no quiere decir que esté en contra del insurgimiento estudiantil sino que se busca que El Revolucionario estudiante asuma con conocimiento y fundamento ético sus responsabilidades. Importancia también radica en que la ética del abogado debe en parte su déficit en que las facultades sólo se dedican a la profesionalización del abogado, se debe considerar que lo reciente es la organización de la asignatura en la que se enseña la ética de la abogacía Sin embargo a pesar de ello en las universidades de América Latina la enseñanza de esta materia no alcanzado la importancia que debiera tener. B. Ética de la docencia jurídica: parte de la responsabilidad por el descenso ético de la abogacía la tiene los docentes Quienes no puede exigir una conducta moral a sus alumnos cuando no cumplen ellos mismos con sus obligaciones, y una obligación de parte del docente es impartir sus conocimientos asegurándose que éstos no estén rezagados y no hayan sido superados por la ciencia moderna. Asimismo, no pueden tapar su mediocridad a través de pedagogía estudiantil, debiendo intentar ante todo cultivar la conciencia jurídica del discípulo. Domingo Bounocore nos dice que el abogado que hace de la profesión de abogacía una industria para satisfacer sus necesidades es prototipo del anti profesor universitario. C. Desvinculación entre la facultad de derecho y el abogado: son muchas las facultades que luego de que sus alumnos concluyen sus estudios los dejan sueltos en una realidad desconocida para estos en la cual tienen que elegir sólo sus caminos, esto anudado a la congestionada oferta y el hecho de tener que satisfacer sus necesidades vitales obligan a los recién egresados a tomar caminos pocos éticos. Un aporte de la facultad de derecho del Cusco fue intentar crear fondos para ayudar a sus recién graduados intentando controlar y tener una relación directa entre la facultad y el abogado. D. Falta de planificación y diversificación de la abogacía: la universidad latinoamericana no realiza una investigación científica de la realidad social y del requerimiento profesional, promueven profesionales sin saber si la ciudad los necesita en realidad, más aún en una sociedad como la nuestra en la cual las profesiones qué necesita nuestra sociedad para salir del subdesarrollo no es precisamente la abogacía, menos bajo las direcciones en las que se proyecta y estas son tres: -la defensa -la magistratura -la docencia jurídica. La sociedad busca que las facultades de derecho promuevan la asesoría especializada en los campos de planificación, desarrollo, preocupación científica III.- CAUSAS QUE PROVIENEN DE LAS CONDICIONES DEL EJERCICIO en estas causas no sólo se deriva el ejercicio desleal del abogado sino también los engaños que en un proceso pueden armar el letrado a fin de que se emita una sentencia favorable, sin embargo la causa más grave es la referente a obtener una sentencia sabiendo que está es injusta olvidándose del valor que impulsa la profesión del abogado.
