Alejandra Ortiz Díaz
Ensayo sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio El 17 de junio del año 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal. Con esta reforma se implementó un sistema penal acusatorio, lo cual se ve reflejado en los artículos 16,17,18,19,20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además el 5 de marzo del 2014, se público el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor junto con este nuevo sistema , el 18 de junio del 2016. No obstante, cabe resaltar que en algunos Estados de la Federación este sistema ya esta funcionando. A lo largo de la siguiente investigación, se analizará si las características generales de este nuevo sistema penal acusatorio, están acorde a los lineamientos establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La hipótesis de esta investigación es que algunas de estas características no están en completa armonía con los lineamientos de la CADH y de la jurisprudencia de la Corte IDH. Por otro lado, la importancia de la investigación radica en que es imprescindible conocer como se imparte la justicia en México, y que está este de acuerdo a estándares internacionales, para evitar que el Estado incurra en Responsabilidad Internacional. Para la realización de esta investigación fueron leídas y comparadas obras tanto nacionales como internacionales y se recurrió a textos publicados por algunos investigadores como José Nieves Luna, Miguel Ángel López Aguilar, entre otros. Además se analizaron algunos documentos presentados por el Poder Judicial del Estado de Colima y por la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Por último, se analizaron algunos artículos de la CADH, y la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela, Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, y el Caso López Álvarez Vs. Honduras.
Primeramente, es importante aclarar que un sistema penal acusatorio “es aquel sistema de persecución penal en el cual se encuentran separadas las funciones de investigación, acusación y resolución de un hecho ilícito, asegurando con aquello la imparcialidad, independencia, igualdad y legalidad del actuar punitivo del Estado.” (Glosario.net, 2003) En otras palabras, es un sistema donde las partes (fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, la Fiscalía General del Estado ocupa un lugar fundamental en este proceso, ya que se presenta como una dependencia adscrita al Poder Ejecutivo del Estado, cuya función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. ( Fiscalía General del Estado,, 2014). Ahora bien, las características principales de este nuevo sistema penal acusatorio son la presunción de inocencia, el equilibrio de las partes, las posibilidades de actuación del juzgador, el reconocimiento de normatividad de excepción y la prisión preventiva. Anteriormente, en México se tenía un tipo de sistema penal mixto, en el cual la persona era culpable, hasta que su representante legal probará que era inocente, esto era una clara contradicción a la CADH. Por lo que, en la reforma del 2008 se modificó el contenido del artículo 20 constitucional, para que en este se previera la presunción de inocencia, es decir, la parte acusadora tiene la carga de la prueba. Lo anterior esta acorde al artículo 8.2 de la CADH. Asimismo la Corte IDH se ha pronunciado en el sentido de que la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que elonus probandi corresponde a quien acusa 279. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado280(Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, 2010) Por otra parte, el equilibrio de las partes hace referencia a que cada una de estas tiene el derecho a presentar las mismas pruebas y a los mismos medios de impugnación. Anteriormente, se le daba más peso a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por lo que era injusto para el inculpado. En consecuencia, lo 1
anterior iba en contra del criterio de la Corte de IDH que establece que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, ya que dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos "sin discriminación alguna". Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma[280]. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional[281] (Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, 2010). Sin embargo, con la reforma en materia justicia del 2008 esto teóricamente se arregló, aunque muchas veces en la práctica esto no sucede. Actualmente, el artículo 20 constitucional prevé un figura judicial imparcial, la cual puede imponer medidas cautelares, es decir, que violen los derechos humanos del inculpado pero bajo fundamento jurídico. Al respecto la Corte IDH se ha pronunciado en el sentido de que “la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por un tribunal competente establecido con anterioridad en la ley” (Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, 2008). Este criterio se cumple con la reforma al artículo antes mencionado. Asimismo, la propia Corte IDH estableció que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias(Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, 2008). De lo anterior, se entiende que la propia Corte IDH faculta a los jueces para imponer medidas cautelares, pero con restricciones. De cualquier modo la reforma constitucional prevéé un proceso penal con normas especiales para la delincuencia organizada, lo cual atenta en contra del artículo 24 de la CADH, donde se establece la igualdad ante la ley, ya que aunque existe jurisprudencia donde se apoya específicamente a grupos vulnerables, no existen criterios donde intencionalmente se intente perjudicar a una persona, sea delincuente o no.(Ortiz Díaz, 2014)
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Un ejemplo de una medida cautelar es la prisión preventiva, la cual se debe aplicar solamente en casos extremos, ya que en principio es una clara violación a los derechos del inculpado. De acuerdo al artículo 19 constitucional, la prisión preventiva la puede pedir el Ministerio Público, pero queda a consideración de un juez de control, o también llamado juez de garantías el imponerla. No obstante, existen estándares internacionales que restringen el uso de esta medida, siendo uno de estos el criterio de la Corte IDH que establece que la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática [83]. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente[84]. (Caso López Álvarez Vs. Honduras, 2006) Luego de este análisis, se puede concluir que como consecuencia de la reforma del 2008, se tuvo que cambiar el tipo de sistema penal, es decir, anteriormente era un sistema mixto donde no se respetaban los derechos humanos de los inculpados. Actualmente el sistema penal es el acusatorio, donde supuestamente es protegen los derechos fundamentales de las personas. No obstante, en la práctica muchas veces esto no sucede, lo que provoca que el juez cuando se da cuenta de estas violaciones deseche el caso, muchas veces absolviendo a personas que si realizaron los delitos que se les imputan. Por lo tanto, para evitar lo anterior es importante que las autoridades sigan los procedimientos establecidos. Por otro lado, de las reformas implementadas en México en el 2008, la mayoría están acordes tanto a la CADH como a su jurisprudencia, aunque lamentablemente esto no esto no es garantía de que se hará en la práctica. (Ortiz Díaz, 2014)
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Bibliografía Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, Párrafo 50 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 182 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, Párrafo 268 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, Párrafo 67 Fiscalía General del Estado,. (2014). Nuevo Sistema de Justicia Penal”. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de http://www.fge.yucatan.gob.mx/rt.php?seccion=fiscaliageneral&subseccion=conoce-mas-del-nuevo-sistema Glosario.net. (2003). Sistema Acusatorio. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de http://judicial.glosario.net/terminos%20judiciales/sistemaacusatorio-11657.html Ortiz Díaz, A. (2014). El Nuevo Sistema Penal Acusatoria desde la Perspectiva de la Convención Americana de Derechos Humanos. Proyecto Final de Procesal Penal.
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