EL PROCESO POR RAZON DE LA FUNCION PUBLICA Introducción Contenido en el Libro Quinto (Procesos Especiales), artículos 449° al 455°, y en concordancia con los artículos 99° y 100° de nuestra Constitución Política, dichos instrumentos normativos, (además del Reglamento de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo), establecen las atribuciones y el procedimiento parlamentario para hacer responsable a los más altos funcionarios del estado por las infracciones constitucionales y/o por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. funciones . Esta institución encuentra su origen en el juicio político, heredero del impeachment anglosajón, destinado a separar del cargo a los funcionarios que atentan contra la confianza pública depositada en ellos. No obstante de acuerdo a la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional al impeachment se le ha adicionado el antejuicio político, una suerte de antesala Parlamentaria que previa acusación del Congreso habilita a la Corte Suprema a que proceda a juzgar la responsabilidad penal de los altos funcionarios del estado que hubiesen cometido delitos en el marco de sus funciones.1 Definición de Altos dignatarios En palabras de Víctor Cubas Villanueva, altos dignatarios “son aquellas personas situadas en lo más alto de la dirección estatal, es decir las que tienen la posibilidad de tomar decisiones que afectarían el desarrollo de la sociedad.” “En la configuración de nuestro sistema constitucional se ha optado por brindarle al altos
funcionario prerrogativas de carácter sustantivo (inviolabilidad) y procesal (antejuicio político, inmunidad, etc) de modo que el mayor nivel de protección que ostenta está en función de la mayor envergadura de la función política desempeñada por su condición de alto dignatario. Desde esa óptica puede hacerse una clasificación El procedimiento de acusación constitucional posibilita el antejuicio político ¿Quién o quienes pueden presentar denuncia constitucional? Únicamente pueden interponer Acusación Constitucional: a) un Congresista de la Republica, b) cualquier persona que sea directamente agraviado y c) el Fiscal de la Nación, contra los altos funcionarios comprendidos dentro de los alcances de artículo 99° de la Constitución. Los requisitos de procedibilidad:
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La constitución comentada Tomo II, Jorge Santiestevan de Noriega, pag. 603.
La carencia de alguno de estos presupuestos determina la improcedencia de la denuncia: a) Denuncia por escrito, b) Fecha de presentación, c) Breve sumilla del contenido, d) Descripción precisa de los hechos, e) Documentos que sustenten los hechos imputados, o en su defecto la indicación del lugar donde se encuentran, f) Referencia de la normas constitucionales y legales en que se ampara, g) Señalamiento del domicilio procesal, de ser el caso, h) La firma o firmas de los denunciantes i) y copia simple del documento de identidad del denunciante.2 Procedimiento Las denuncias de los agraviados pasan a conocimiento de los congresistas a través de los voceros parlamentarios, hasta por siete (7) días hábiles y se lee una breve sumilla en la próxima sesión del pleno o de la comisión permanente. Vencido el plazo (de siete días útiles), sin que ningún Congresista las haga suyas, las denuncias serán enviadas por el Presidente del Congreso a la comisión de acusaciones constitucionales. La comisión de acusaciones constitucionales califica las denuncias, determinando su procedencia y admisibilidad, en base a los siguientes criterios: a) la formula el agraviado o su representante debidamente acreditado, b) la persona que denuncia es directamente agraviado por los hechos o conductas, c) que se refieran a hechos que constituyan delitos sancionados y previstos por la legislación penal, d) que cumpla los requisitos antes señalados. Las denuncias constitucionales presentadas por los congresistas y las declaradas procedentes por la comisión especial calificadora, serán enviadas a la comisión permanente. La comisión permanente acuerda designar con el voto de la mitad más uno de sus miembros presentes una comisión y su presidente para que realice las investigaciones y emita informe en un plazo no mayor de quince (15) días útiles , este plazo puede ser prorrogado. En caso que la denuncia hubiera sido presentada por un congresista o el fiscal de la nación, se verificara (control jurídico), que los hechos imputados constituyan delitos de función o infracción de la constitución o sus requisitos. La denuncia es notificada al denunciado por el presidente de la subcomisión dentro de las veinticuatro (24) horas a su designación, a la notificación se adjuntan los anexos que correspondan (en su defecto notificación via edicto por el diario El Peruano).
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Artículo 89° del Reglamento del Congreso.
Se otorgara al denunciado un plazo de cinco (5) días útiles para formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer las pruebas que considere necesarias. Si el denunciado no formula su descargo dentro del plazo establecido, se tiene por absuelto el trámite y de existir suficiencia probatoria que hagan presumir la comisión de un delito o infracción constitucional , la subcomisión puede emitir informe final o parcial, en este último caso se continuara la investigación sobre los aspectos que no sean materia del informe parcial. La subcomisión procede a evaluar la pertinencia de las pruebas ofrecidas, pudiendo cualquier miembro de la comisión que se actúen pruebas que no hayan sido ofrecidas. El presidente de la subcomisión investigadora procederá a citar a las partes denunciante y denunciado, a los testigos y peritos de ser el caso, para la realización de la audiencia dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la presentación del descargo o al vencimiento del plazo para su presentación. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. En el caso que el denunciante sea el fiscal de la nación, se podrá designar a un fiscal para que participe de la audiencia. La audiencia es reservada en los casos que la investigación verse sobre presuntos delitos, con la salvedad que los denunciados manifiesten su conformidad para la publicidad de la misma. Para los casos en que la investigación verse sobre infracción a la constitución la audiencia será pública La audiencia bajo la dirección del presidente se desarrolla del siguiente modo: Se da inicio a la audiencia dejando constancia de la presencia o ausencia de los miembros de la comisión. Se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido solicitadas por la subcomisión. Se concede el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen preguntas a los testigos. Se procederá a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularan las preguntas pertinentes. Terminado el interrogatorio se dará uso de la palabra a los denunciantes para que expongan los hechos denunciados, seguidamente se otorgara el uso de la palabra a los denunciados a fin de que realicen su descargo. El denunciante puede solicitar al presidente de la subcomisión su derecho a réplica, en cuyo caso el denunciado tiene derecho a duplica.
Finaliza la audiencia con las preguntas de los miembros de la subcomisión. Concluida la audiencia y actuadas las pruebas la investigación quedara expedita para emitir el informe final. El informe final puede concluir con la acusación o la absolución del investigado y debe ser remitido a la comisión permanente. De proponerse la acusación ante el pleno del congreso, se debatirá el informe y se votara, pronunciándose sobre la acusación o no ante el pleno. Si el informe que propone la acusación es aprobada la comisión permanente, esta nombra una subcomisión acusadora (integrada por los miembros de la subcomisión investigadora) Análisis del caso de la ex congresista Elsa Canchaya. Hecha la ley hecha la trampa, reza el dicho popular, y esa frase parece encajar muy bien en el presente caso que fue denunciado a través de un reporte periodístico presentado por el programa Cuarto Poder, donde se denuncia la contratación de “asesores fantasmas” en el despacho congresal de la entonces congresista Elsa Canchaya, a quien se le acusaba de nombrar a su empleada doméstica, Jackeline Simón Vicente, como asesora del congreso sin cumplir los requisitos exigidos por ley. A partir de la publicación de este informe periodístico la comisión de ética del parlamento propone al pleno del congreso la acusación constitucional y este último la aprueba. El expediente con la acusación fiscal es enviado al fiscal de la nación, quien debe formular denuncia penal ante la corte suprema, en el plazo de cinco (5) días naturales, para que el vocal supremo habrá la instrucción correspondiente. Con resolución de fecha siete (7) de octubre del 2009 se condena a la autora por delito de nombramiento indebido de cargo publico, imponiéndole una pena multa de 120 dias, inhabilitación por tres años para ejercer cualquier cargo publico y al pago de treinta mil soles por concepto de reparación civil El cuatro de mayo del 2010 la corte suprema confirma la sentencia que condena a canchaya. El 14 de marzo del 2012, la recurrente interpone demanda de habeas corpus contra los integrantes de la sala penal permanente de la corte suprema de justicia de la republica, con el fin de que se declare la nulidad de la resolución que la condena nana de su posteriormente se le imputara Reglas
Cualquier congresista o ciudadano que se considere directamente agraviado puede presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99° de la Constitución. La denuncia se presentara por escrito, indicando la fecha de presentación y los nombres de los denunciantes, con una breve sumilla de su contenido, la descripción precisa de los hechos que la motivan y los documentos que la sustenten, o la indicación del lugar donde se encuentran dichos documentos, la referencia a las normas constitucionales y legales en que se ampara y el domicilio procesal de ser el caso y la firma o firmas de los denunciantes y la copia del documento de identidad del denunciante. La carencia de alguno de estos requisitos CASO DE LA EX CONGRESISTA ELSA CANCHAYA SANCHEZ CRONOLOGUIA 3 de enero del 2007 La parlamentaria Elsa Canchaya Sánchez, remite Memorándum N° 050-2007-EVCS/CR., cursado a la gerencia de Recurso Humanos del Congreso, proponiendo la contratación de Jacqueline Simón Vicente. Abril del 2007 El programa periodístico Cuarto Poder, hace público un informe que da cuenta de la contratación de Jacqueline Simón Vicente, como asesora 2 en el despacho congresal de la parlamentaria Canchaya, sin reunir los requisitos exigidos. 24 de abril del 2007 El procurador público, Julio Ubillus, del estado encargado de los asuntos judiciales del poder legislativo, denuncio constitucionalmente a la congresista Canchaya, por el delito de nombramiento indebido de cargo (artículo 381° del Código Penal). 7 de junio del 2007 El congreso de la republica mediante resolución legislativa N° 4, declaro haber lugar a formación de causa contra la congresista Elsa Canchaya, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de nombramiento y aceptación ilegal para cargo publico, estafa y falsedad genérica, previstos en los artículos 381°, 196° y 438° del Codigo penal respectivamente. 15 de junio del 2007 La fiscalía de la nación formaliza denuncia.
18 de junio del 2007 La sala penal permanente remite los actuados al despacho del vocal supremo instructor. 21 de junio del 2007 La vocalía suprema de instrucción, decide abrir instrucción en la via sumaria contra Elsa Canchaya por los delitos contra la adminstracion publica -nombramiento y aceptación ilegal para cargo publico-; contra el patrimonio – estafa- y contra la fe publica – falsedad genérica-, dictándose contra la inculpada mandato de comparecencia restringida. 11 de enero del 2008 Vencido el plazo de la investigacion judicial, el fiscal adjunto supremo victor raul rodriguez monteza presentas dictamen pronunciándose en los siguientes términos: 1. Formula acusación contra Elsa Canchaya por el delito de nombramiento y aceptación ilegal para cargo publico en agravio del estado; y 2. No ha lugar a formular acusación contra Elsa Canchaya por los delitos de estafa y falsedad genérica. 17 de enero del 2008 La vocalía suprema de instrucción, decide elevar los autos a la fiscalía suprema en lo penal (para incoar control jerarquico sobre la no acusación por los delitos de estafa y falsedad generica) . 28 de abril del 2008 El fiscal adjunto supremo Tomas galvez villegas, expide el dictamen resolutivo N° 766, donde comparte con la postulación del fiscal superior y aprueba el mismo en los extremos anotados proceso penal 26 de enero del 2009 La vocalía suprema de instrucción, declara el archivamiento definbitivo del proceso penal seguido contra la elsa canchaya solo por los delitos de estafa y falsedad genérica en agravio del estado. 8 de mayo del 2009 Por resolución de vista la segunda sala penal especial de la corte suprema confirma dicha resolución quedando la causa expedita para decisión decisión final (por nombramiento ilegal). 30 de septiembre del 2009
En audiencia publica, se han expuesto los argumewntos y evaluaciones del procurador publico, representante del ministerio publica, del abogado de la acusada y de la propia acusada, por lo que la causa se encuentra expedita para expedir sentencia. 7 de octubre del 2009 Se expide sentencia condenatoria contra elsa canchaya que la condeno como asutora del delito de nombramiento indebido de cargo publico, imponiéndole una penal multa de 120 dias, inhabilitación por 3 años y el pago de treinta mil nuevos soles. 4 de mayo del 2010 Se confirma la sentencia que además declaro infundado el pedido de prescripción y corrigio la fecha para el computo de la pena de inhabilitación. 14 de marzo del 2012 Elsa canchaya interpone demande habeas corpus contra los vocales de la sala penal permanete de la corte suprema de justicia (pablo saldarriaga, príncipe Trujillo y santa maria morillo y el juez penalñ de la suprema corte Zevallos soto), con el objeto que se declare la nulidad de la resolución de fecha 7 de octubre del 2009. Reflexiones Principio de igualdad y aforamiento Victor cubas Villanueva, sitando a daniel huaman castelares :“En la configuración de nuestro sistema constitucional se ha optado por brindarle al altos funcionario prerrogativas de carácter sustantivo (inviolabilidad) y procesal (antejuicio político, inmunidad, etc) de modo que el mayor nivel de protección que ostenta está en función de la mayor envergadura de la función política desempeñada por su condición de alto dignatario.” En tal sentido los altos funcionarios comprendidos en el articulo 99° de la constitución política gozan de prerrogativas, para que puedan ejercer su labor sin sufrir el riesgo de una persecución penal irrazonada, se busca evitar con ello que mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia se pretenda parar ilegítimamente el discurrir normal de las funciones estatales y el ejercicio del poder por quienes han sido elegidos democráticamente para regir los destinos de la nación.3 Sin embargo, la existencia de prerrogativas procesales o penales tienen que estar debidamente sustentadas en causas legales. Su legitimidad primaria para que no violen el principio de igualdad debe fundarse en causas objetivas, pues las leyes se establecen por la naturaleza de las cosas y no por razón de las personas. 3
El presupuesto del antejuicio político y el juzgamiento por órganos especiales, no pueden sustentarse en la existencia de un fuero personal, incompatible con un estado constitucional y moderno que proscribe los fueros personales (basados en el corporativismo y en el poder). El delito de función es un concepto no determinado constitucionalmente, ni legalmente. Tampoco están definidos los tipos penales que justifican el procedimiento parlamentario, previo al ejercicio de la acción penal. “Hecha la ley hecha la trampa”, reza un conocido dicho popular, r esulta importante
delimitar los alcances de las prerrogativas políticas otorgadas a altos funcionarios, a fin de evitar privilegios y por tanto impunidad.
“Hecha la ley hecha la trampa”, reza un conocido dicho popular, y este parece ser el caso
de la acusación constitucional contra la ex congresista Elsa Canchaya, denunciada por el presunto favorecimiento en la contratación de un “asesor fantasma” para su despacho
congresal.
En un estado constitucional y moderno los fueros personales, que buscan evitar el abuso
el corporativismo y en el poder se encuentran proscritos de derecho Ahora bien, conviene advertir a manera de critica contra el sistema constitucional por ofrecer al alto dignatario prerrogativas ñl Que mas que brindar protección a la alta función, para que puedan ejercer su labro sin sufrir el riesgo de una persecución penal irrazonable de la mayor envergadfura, estaría propiciando la impunidad; asimismo resulta cuestionable que regiendonos por un estado de derechoi donde el principio de igualdad es
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