El proceso de amparo contra amparo y el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva - A propósito del precedente vinculante - Dirección Regional de Pesquería. AUTOR: DR. JANNER ALAN LOPEZ AVENDAÑO

GACETA CONSTITUCIONAL

DOCTRINA CONSTITUCIONAL

El proceso de amparo contra amparo y el respeto al al debido proceso y a la la tutela jurisdiccional jurisdiccional efectiva A propós pr opósito ito del d el prece pr ecedente dente vinculante vinc ulante Dirección Regional de Pesquería Janner Alan LÓPEZ AVENDAÑO*

A lo largo de estas páginas se examinarán las razones que ha dado el Tribunal Tribunal Constit ucional como sustento de todas y cada una de las normas constitucionales adscritas que ha concluido el Supremo intérprete de la Constitución respecto del amparo contra am paro. Del análisis hecho se puede concluir que no existe inconveniente en admitir la procedencia del amparo contra amparo y de sustentar esta procedencia en la norma constitucional. No obstante, este inconveniente sí alcanza a formularse respecto del carácter excepcional del amparo contra amparo y de la consecuencia que de ahí deriva el Tribunal Constitucional. Así, sostenemos que es enteramente aceptable que un proceso de am paro pueda pued a examinar resoluciones judiciales judi ciales sin que ello e llo implique desconocer descono cer una limitación a la procedencia del proceso de amparo al señalar que este no procede cuando se trate de “procedimientos regulares” reg ulares”,, entiendo a estos como unos un os en los que se hayan res petado garantía s mínimas.

INTRODUCCIÓN

� PALABR AS CLAVE

Derecho Procesal Constitucional / Amparo contra amparo / Demanda de amparo / Procedencia Recibido : 20/11/2018 Aprobado : 27/11/2018

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El amparo, institución procesal de origen or igen mexicano, se introduce en el ordenamiento jurídico peruano en la constitución de 1979 (artículo 295) y se mantiene en la carta vigente de 1993 (art (artículo ículo 200, inciso 2). 2). Ha sido concebido como una “garantía constitucional”

Abogado con estud ios de Maestría Maest ría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Piura. Especialista judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura.


| TOMO 133 • ENERO 2019 • ISSN 1997-8812 • pp. 149-182

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destinada destinad a a proteger los derechos constitucionales, distintos a la libertad libert ad individual, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. Hoy en día no existe ninguna duda, por lo menos en nuestro ordenamiento constitucional, respecto a la procedencia de un proceso de am paro contra resolucione resolucioness judiciales, judiciales, cuando estas vulneren los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, en la doctrina se discute acerca de la posibilidad de interponer un amparo contra una resolución judicial que emane de otro proceso de amparo. Así, tenemos que la vigencia del Estado ConsCons titucional de Derecho trae consigo la implementación de mecanismos especiales y excepcionales que tienen como única finalidad respetar y hacer cumplir la Constitución, la que se constituye en razón de ser y última ratio de este Estado. En dicho contexto, los derechos fundamentales ocupan un lugar privilegiado, debido a que se constituyen en eje central sobre el que gira todo el ordenamiento jurídico juríd ico y en criterio criter io de vinculación vi nculación para par a las actuaciones y decisiones de los poderes públicos (López, 2007). Surgieron así los procesos constitucionales de la libertad liberta d (amparo, (amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento) como mecanismos que tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales de las personas, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho fundamental. De los citados mecanismos, el proceso de ama m paro se ha convertido progresivamente progr esivamente en un instrumento instr umento jurídico de los justiciables justiciables debido a que a través de este mecanismo procesal de tutela de urgencia el vulnerado o amenazado en sus derechos fundamentales fundament ales puede accionar no solo contra actos de particulares y autoridades (amparo contra particulares y/o autori-

contra actos procesales de jueces constitucionales (amparo contra amparo). Respecto a esto último, “amparo contra am paro”, la doctrina nacional no ha sido sido pacífica en admitir su procedencia. Así tenemos, que para el profesor Abad (2005) “reconocer u na nueva posibilidad al justiciable ser í ía ingresar en una cadena sin fin de procesos constitucionales (…) existen otros mecanismos procesales, como por ejemplo un adecuado procedimiento de ejecución de sentencias que permita per mita que (…) el caso pueda llegar a manos del Tribunal Constitucional para que corrija el problema presentado, o el acceso a la jur isdicción isdi cción suprana supr anacional cional.. El Código Cód igo ProPro cesal Constitucional cierra esta posibilidad” (p. 124). 124). Este autor, con fines fi nes argumentativos, argu mentativos, cita a Ignacio Burgoa, quien manifiesta “son dos los fundamentos que justifican tal excepción. En primer lugar, luga r, porque las resoluciones expedidas en los procesos de amparo tienen la presunción jure et de jure de haber sido dictadas con apego al texto constitucional constit ucional (… (…) En segundo lugar, pues la seguridad jurídica de jaría de existir si se permitiera perm itiera una cadena sin fin fi n de juicios de amparo en el que cada uno de ellos impugnara la decisión anterior” (Abad, 2005, p. 124). En el otro bando, entre quienes postulan la procedencia del “amparo contra ampa ro”, ro”, tenemos al profesor Castillo Córdova (2007), quien desarrolla una postura amplia, al dejar sentado que “sostener su improcedencia sería tanto como admitir que el juez constitucional no se encuentra en posición posición de vulnerar vulnera r derecho constitucional alguno, lo cual sería un im posible: pretender la infabilidad infabilid ad del juez sería tanto como pretender la infabillidad humana, lo que ciertamente es un imposible” (p. 24). Este mismo autor añade que “no existe ninguna razón para limitar limita r el número de amparos ahí donde ocurra ocurr a la violación violación manifiesta manif iesta del contenido constitucional de un mismo o diferen-















EL PROCESO DE AMPARO CONTRA AMPARO Y EL RESPETO AL DEBIDO PROCESO...

contra la resolución de otro proceso de amparo, procederá cada vez que se cum plan las exigencias exigencias propias de la procedencia del am paro contra contra resoluc resolucion iones es judiciales: que la resolución haya quedado f irme ir me (… (…) y que la vulneración vulner ación de debidebido proceso material o formal sea manifiesta (…)” (Castillo, 2007, p. 28).

Los derechos fundamentales ocupan un lugar privilegiado, debido a que se constituyen en eje central sobre el que gira todo el ordenamiento jurídico. jurídico.

Esta última postura, a pesar de la improcedencia prevista por el texto del Código Procesal Constitucional1, es la que ha sido asumida por nuestro Tribunal Constitucional al expedir la sentencia de fecha 19 de abril del 2007 20 07,, recaída en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de la Libertad, donde establecieron las reglas procesales para la interposición interposición de una demanda de amparo dirigida a cuestionar una sentencia recaída en otro proceso de amparo, con la peculiaridad que limita lim ita su interposición inter posición a una sola vez2. La presente investigación tiene por objeto efectuar un análisis respecto al denominado, “amparo contra amparo”, y el respeto al de bido proceso y a la tutela procesal efectiva, teniendo en cuenta los nuevos criterios para su procedencia emanados de la sentencia recaída en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC (precedente vinculante), para lo cual he creído conveniente estructurar la presente investigación en dos partes. La primera parte la dedicaremos al estudio del amparo contra resoluciones judiciales, tomando como punto de partida su configuración en nuestro vigente texto constitucional

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y la manera como ha sido concebido en nuestro aún novísimo Código Procesal Constitucional.

La segunda parte de nuestro trabajo, tr abajo, y que constituye su objeto principal, la dedicaremos a un estudio críticr ítico y analítico del proceso de amparo contra amparo. Para ello, consideramos conveniente tomar como referencia las diferentes posiciones asumidas por nuestro Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia, antes y después de la entrad a en vigencia del Código Procesal Constitucional Constit ucional y, y, por su puesto, la tesis que se ha acogido en esta nornorma. En concreto, analizaremos la sentencia recaída en el Expediente N° 4853-2004-AA/ TC (caso (caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad) y, a partir de ella, los supuestos de procedencia del amparo contra amparo, las pretensiones que pod rán ser incluidas dentro dent ro de este proceso, quiénes serán los sujetos legitimados para interponer una demanda de am paro contra amparo y qué juez será el competente para conocer este proceso. A modo de conclusión, expondremos algunas reflexiones finales, dando a conocer nuestro punto de vista respecto a la forma como debería ser tratada la figu ra del amparo contra contra am paro en nuestra jurisprudencia constitucional.

I. EL PROCESO DE AMPARO SEGÚN NORMATIVA PERUANA En nuestro ordenamiento constitucional, el am paro, paro, en la Constituci Constitución ón de 1933 9333, es contemplado como garantía individual. Esta Constitución Constit ución

El artículo art ículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucion al señala que “No proceden los procesos constitucionales constitucionale s cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (…)”.
















entendía que el hábeas cor pus era un proceso pro ceso amplio y, como tal, protegía tam bién los derechos d erechos que hoy son objeto de protección por el proceso de amparo.

La precisión respecto respect o a nornormas legales ha sido objeto La norma fundamental de de desarrollo infraconstituinfr aconstitu6 1993 asume una definición cional por el artículo 3 del técnicamente más amplia Código Procesal Constitucional en cuanto a que las para centrar el ámbito de ac- normas autoaplicativas son La Carta Constitucional Constit ucional de ción del proceso de amparo objeto del proceso de ampa19794 perfecciona la defensa tanto en acciones como omi- ro por su condición de norde los derechos fundamenfund amenmas de directa aplicación. siones. tales dividiendo los campos Por el contrar contrario, io, las normas de acción del hábeas corpus heteroaplicativas, es decir, y el amparo. aquellas que aún necesitan reglamentación, reglamentación , no En el mismo sentido, la norma fundamental son susceptibles de ser impugnadas en la vía 5 de 1993 asume una definició defin ición n técnicamente de los procesos constitucionales de la libertad. más amplia para centrar el ámbito de acción La lógica es clara: si la norma norm a exige reglamendel proceso de amparo tanto ta nto en acciones como tación, no despliega aún sus efectos en forma omisiones, lo cual en la práctica jurisprudenintegral y, por tanto, no puede considerarse cial ha implicado inclusive un tipo de protecconstituida constituid a una agresión ni una amenaza real, ción preventiva. Así se logra superar, además, tangible, tangible, cierta e inmediata. in mediata. la concepción que solo debía evaluarse el ámEn relación con las resoluciones judiciales ema bito de determina deter minación ción de una acción agresora nadas de procedimiento irregular, el aporte del y de su legitimidad o ilegitimidad. caso Apolonia Collca7 es relevante pues dicha De igual forma, la actual norma constitucioejecutoria aborda el concepto de proceso regunal señala la improcedencia del amparo conlar. Remarca que la concepción de los jueces tra normas legales o contra resoluciones jurespecto a los procesos de amparo contra resodiciales emanadas de procedimiento regular. lución judicial aludía a que si si un determina deter minado do

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Constit ución de 1979. 1979. Art ículo 295. La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o a menaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus.

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La acción de amparo cautela los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción de habeas corpus en los que es aplicable.(… aplicable.(…) Constit ución de 1993. 1993. Art ículo 200 Son garantías garant ías constit ucionales: (…) 2. La Acción Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por part e de cualquier autoridad, funcionar io o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Código Procesal Constitucional. Artículo Ar tículo 3. Procedencia frente a actos basados en normas Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoa plicativa i ncompatible con la Const itución, la sentencia sent encia que declare f undada undad a la demanda dispondrá, dispond rá, además, la
















proceso había sido desarrollado con estándaest ándares regulares regula res ceñidos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional juri sdiccional efectiva, entonces no no podía concebirse un amparo de esta naturaleza.

cuestionamiento y consenso que los mismos han generado (Figueroa, 2011, pp. 281-307), constituyen reglas importantes de la aplicación procedimental del amparo.

En propiedad, la concepción judicial era más cerrada cerrad a en cuanto a lo que podía calificarse de irregular pues el único mecanismo respecto respecto a este estándar estánda r solo residía residía en una afectación al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, o alguno de sus derechos componentes. Consecuentemente, la posibilidad de amparos contra resoluciones re soluciones judiciales devenía devenía sumamente restringida restr ingida en razón de que solo era viable un proceso de amparo contra resolución judicial en la medida med ida en que se afectaban los derechos enunciados.

II. LA VIABILIDAD VIABILIDAD DEL AMPARO CONTRA AMPARO

La premisa interpretativa de la que parte el caso Collca es mucho más amplia: no solo si resultaba afectado el derecho al debido proceso, o los derechos vinculados, procedía un amparo contra resolución judicial, sino si cualquier otro derecho fundamental resultaba mellado. Esto, bajo un enfoque de suyo más amplio: en tanto cualquier derecho fundamental resultase vulnerado, bajo ciertas condiciones, hacía posible la interposición inter posición de un proceso de am paro contra resolución re solución judicial. El efecto efecto directo dire cto fue ampliar el rubro de causales de interposición interpo sición de procesos de amparo contra resoluciones judiciales y, en contrapeso, la decisión aludió a fijar los estándares de razonara zona bilidad, suficiencia suficiencia y coherenci coherenciaa como cánones cánones para el control control constituc constitucion ional al de resol resoluci ucione oness judiciales. Es decir, si realmente se cumplían las exigencias del Tribunal Constitucional, podía proceder que el amparo constitucional constitucional pueda afectar la institución de la cosa juzgada. En consecuencia, el desarrollo jurisprudencial del proceso de amparo ha sido importante para afianzar afia nzar los supuestos normativos normat ivos esta blecidos por la Constitución y el Código Procesal Constitucional. A esto debe sumarse un

1. Sustento constitucional constituci onal El artículo 200 inciso i nciso 2) de la Constitución Política del Perú establece que la acción de am paro “no procede (…) contra resolucion resoluciones es judiciales emanadas de un procedimiento procedim iento regular”. De una lectura literal del citado dispositivo constitucional parecería que el constituyente vetó de plano el mecanismo excepcional del amparo ampar o contra resoluciones judiciales judicia les y, y, como consecuencia de ello, por ser una especie de amparo contra contr a resolución judicial, vetó también el mecanismo del “amparo contra amparo”. Pero esta interpretación carece de sustento práctico, pues es bien sabido que un u n juez, al interior de un proceso judicial, también puede vulnerar o amenazar derechos fundamentales de alguna de las partes en conf licto. Como bien señala Abad Yupanqui, par a el caso del amparo contra resoluciones judiciales, postular su improcedencia sería “aceptar que los tribunales violen impunemente derechos tan elementales como el debido proceso” (Abad, 2005, p. 297). Esta interpretación literal tuerta tuer ta olvida “que la norma constitucional constit ucional ha establecido que los procesos constit ucionales (como el amparo) ampar o) protegen prote gen (el conten c ontenido ido constitu const itucional cionalmente mente protegido de los) los) derechos fundamentales fu ndamentales entonces la respuesta no puede ser otra ot ra que contra la resoluci r esolución ón que emite el juez constitucioconstit ucional en un proceso constitucional constit ucional y con la cual se vulnera el contenido de un derecho fundamental, procede interponer una demanda constitucional, por ejemplo de amparo” (Cas-
















admitir adm itir la procedencia del proceso de amparo contra una resolución que es producto de un proceso tramit t ramitado ado irregula ir regularmente” rmente” (Castillo, (Castil lo, 2004, p. 23). Surge así la pregunta a manera de clave de bóveda: ¿cuándo se está ante un proceso irregular? irregula r? El mismo Tribun Tribunal al Constitucional nos ha res pondido pondido que dicha situación situación se presenta presenta “cuando se violan las reglas del debido proceso” 8; criterio criter io que fue ratificado en la polémica sentencia recaída recaíd a en el Expediente Nº 4853-2004PA/TC, al señalar que “un proceso es regular cuando se ha respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal proce sal efectiva en sus distint d istintas as manifestaciones mani festaciones (… (…)”9. Contra la tesis que viabiliza la figura excepcional del “amparo contra amparo”, se ha formulado, a manera de crítica, que atentaría contra el princip pri ncipio io de seguridad jur ídica, dado que crearía inestabilidad e inseguridad en los justiciables10. Respecto a ello, decimos que esta situación es connatural a todo proceso judicial hasta que no quede consentida o firme fi rme la resolución que se dicta, debido a que la inestabilidad e inseguridad gur idad viene justificada por el derecho derecho fundamental a la pluralidad de instancia y por el derecho legal de acceder a los medios i mpugnatorios regulados que tiene todo justiciable. En el caso específico del “amparo contra am paro” por causal de violación violación de derechos fundamentales, la justificación a la inestabilidad e inseguridad insegu ridad viene dada dad a por la “exigencia “exigencia de salvación de un derecho fundamental (debido proceso, ya sea en su ámbito formal como material), si se quiere, por la exigencia constitucional de la vigencia efectiva y plena de los derechos fundamentales” (Castillo, 2007,

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p. 29). 29). A lo dicho agregamos, siguiendo a Castillo Córdova, que “no es constitucional reco nocer que forma forma parte par te del contenido constitucional del bien jurídico seguridad jurídica la imposibilidad de interponer un ‘amparo contra amparo’ cuando exista la manifiesta vulneración, fácilmente constatable además, del contenido constitucional de un derecho fundamental, como puede ser el debido proceso en cualesquiera de sus dimensiones y manifestaciones” (Castillo, 2007, p. 30). De esta manera, postulamos por la procedencia del “amparo contra cont ra amparo” ampar o”,, debido a que “por encima del valor seguridad jurídica, por sobre la necesidad de certeza propia de la cosa juzgada, juzgada , (…) se privilegia otra exigencia: la protección de los derechos humanos” hu manos” (Abad, 2005, p. 285). Matizando lo expuesto, en aplicación aplicación del prinpri ncipio de igualdad igualda d jurídica, consideramos considera mos que, contrariamente contrar iamente a lo dejado entrever por el TriTri bunal Constitucional, Con stitucional, esta est a prevalencia de los derechos fundamentales no solo debe circunscribirse exclusivamente en el demandante de “amparo contra amparo”, sino que, también, debe hacerse extensivo al demandante (vencedor) del primer amparo, pues sobre él recae la titularidad del derecho fundamental a la cosa juzgada. De lo que se trata aquí es de optimizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin privilegiar la protección del derecho de uno que causaría la vulneración del derecho del otro. La razón de ello estriba en que “derivado del carácter subjetivo y objetivo de los Derechos Fundamentales, Funda mentales, así como de la interpretación de la Constitución como Norma Jurídica, por mandato expreso del artículo ar tículo 38 de la l a Constitución Constit ución Política (… (…)

Fundamento Fundament o Jurídico Juríd ico 1.b de la sentencia recaída en el Expediente Nº 200-2002-AA /TC, caso Ministerio Minis terio de Pes-


















tanto el poder ejecutivo, el el legislativo y el judicial se encuentran vinculados al respeto, promoción y defensa de los Derechos Fundamentales de las personas” (López, ( López, 2007, p. 291 291).

Si realmente se cumplían las exigencias del de l Tribunal Tribunal Constitucional, podía proceder que el amparo constitucional pueda afectar la institución de la cosa juzgada.

Se justifica, además, la procedencia del “amparo contra amparo” porque guarda absoluta conformidad con los tratados sobre derechos humanos suscritos por el Estado peruano. perua no. Así, el artículo art ículo 25 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que (…) toda persona per sona tiene derecho der echo a un recurrecu rso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales tribun ales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos derechos fundamentales funda mentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente presente Convenci Convención, ón, aun cuando tal violaviolación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. En consecuencia, como bien afirma Carpio Marcos: (…) no se puede privar priva r a los individuos ind ividuos del acceso a los procesos constitucionales de la libertad liber tad (amparo y habeas corpus) cor pus),, ya que estos constituyen los mecanismos mínimos que permiten se les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales fu ndamentales (…) aun cuando tal violación sea cometi-

persona per sonass que inter int ervenga vengan n en el proceso y de los terceros a quienes la decisión de fondo les pueda afectar en sus derechos.

2. Sustento jurisprudencial

Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional11, en la sentencia recaída en el Ex pediente Nº 200-2002-AA/TC, caso MinisteMinist erio de Pesquería, se establecieron cinco reglas para restringi restr ingirr el uso del amparo como medio para cuestionar lo resuelto en otro proceso de amparo. Así, el Tribun Tribunal al Constitucional estableció que (…) a) solo podrá operar en aquellos su puestos en que la violación violación al debido proceso resulte manifiestamente manif iestamente evidente (…); (…); b) solo ha de proceder cuando dentro de la acción de amparo que se cuestiona, se han ha n agotado la totalidad totalid ad de los recursos que le franquea la ley al justiciable (…); c) solo debe centrarse en aspectos estrictamente estr ictamente formales del debido proceso, excluyendo toda posibilidad posibilida d de análisis sobre el fondo controvertido en el proceso constitucional cuestionado; d) solo ha de proceder contra sentencias constitucionales definitivas, siempre que aquellas no tengan carácter favorable a la parte actora, actor a, ya que de lo contrario tra rio se contravendría el principio de la in-
















sus resoluciones sean inconstitucionales12.

(…) una interpretación del segundo párrafo del inciPostulamos por la proceso 2) del artículo 200 de la Posteriormente, en sendencia del ‘amparo contra Constitución bajo los alcantencia recaída en el caso unida d amparo’, debido a que ‘por ces del principio de unidad Municipalidad Provincial de la Constitución, no puede de San Pablo, Expediente encima del valor seguridad concluir concluir sino con la afi rma Nº 3846 384 6 -200 4-PA/T 4- PA/TC, C, a jurídica, por sobre la nececión de que la competencia propósito prop ósito de un “amparo “ampa ro sidad de certeza propia de del amparo contra resolucontra amparo”, amp aro”, el Tribu Tribunal nal la cosa juzgada, se privile- ciones judiciales comprenConstitucional señaló que: de a todos y cada uno de gia otra exigencia: la pro- los derechos fundamenta(…) cuando cua ndo el Código tección de los derechos hu- les que se puedan encontrar Procesal Constitucional manos’. reconocidos, expresa o imse refiere en su artículo plícitamente, por la Norma 5, inciso 6), a la improSuprema. En su seno, los cedencia de un proceso jueces constit ucionales juzgan juzga n si las acconstitucional que cuestiona una resolutuaciones jurisdiccionales de los órganos ción judicial judicial firme fi rme recaída en otro ot ro procedel Poder Judicial se encuentran conforso constitucional, esta disposición restricmes con la totalidad de los derechos funtiva debe entenderse referida a procesos damentales reconocidos en la Constitución. donde se han respetado de modo escrupuDe modo que la calificación de regular o loso el debido proceso y la tutela procesal pro cesal irregular de una resolución judicial, desefectiva en sus distintas manifestaciones, de una perspectiva constitucional, depende conforme al artículo 4 del mismo Código de que estas se encuentren en armonía ar monía con Procesal Constitucional, puesto que una el contenido constitucionalmente protegiinterpretación que cierra por completo la do de todos los derechos fundamentales fund amentales14. posibilidad posibilid ad del “amparo contra contr a amparo” ampar o” sería contraria a la Constitución13. Esta sentencia “deja abierta la vía del amparo contra amparo, aun dentro de los parámetros de una tesis admisoria moderada” (EspinosaSaldaña, 2007, p. 153). Luego de ello, vino el caso Apolonia Collca, Expediente Nº 3179-2004-PC/TC. En este, a

III. LEGITIMACIÓN DEL AMPARO AMPARO DESDE EL ESTADO CONSTITUCIONAL

Los criterios criter ios de consolidación sobre la existencia del Estado Constitucional en el cual prevalecen la ponderación sobre la subsunción y los principios logran imponerse a las reglas (Prieto, 2001), 2001), entre otros caracteres cara cteres centrales, centr ales, han
















un modelo de Estado en el cual los procesos constitucionales deriven en una vivificación de estos derechos, frente a los cuales existe un contenido constitucionalmente protegido, inatacable para el legislador, el cual realiza la tesis del antes denominado contenido esencial del derecho fundamental. A diferencia del Estado Legislativo, en el cual la ley era la norma suprema del ordenamiento jurídico y en el cual la defensa de los derechos encontraba su punto de partida partid a y llegada en la propia norma jurídica, jurídica , y los derechos fundafund amentales, en realidad simplemente derechos, eran más bien controversias cont roversias de orden civil; hoy en el Estado constitucional, el afianzamiento de los derechos fundamentales encuentra su expresión tutelar en la premisa que los derechos fundamentales constituyen garantías primeras, las cuales no pueden ser soslayadas por las normas jurídicas, ni pueden consentir que actos de terceros hacia terceros puedan involucrar vulneraciones vul neraciones sustantivas a los derechos de primera raigambre, como corresponde que denominemos a los derechos fundamentales. En consecuencia, los Estados garantizan la existencia de un conjunto de garantías individuales en sus propias Cartas Fundamentales, entre la cuales ocupa un rol relevante el proceso de amparo, por constituir constitu ir la defensa de los derechos primigenios de las personas uno de sus fines, frente a los cuales no pueden subyacer en forma prevalente las normas jurídicas jur ídicas en el sentido sentid o de reglas, regla s, sino estas esta s en forma subordinada frente a los principios.

la regla pueda resolver resolver el conflicto, conf licto, de primera intención, con lo cual el rol de los principios adquiere un orden de subsidiariedad. subsidiaried ad. Sin em bargo, advertida advertid a la insuficiencia insuf iciencia de las reglas, los principios, en desarrollo de su rol tutelar, han de imponerse a las reglas cuya manifiesta manifiest a insuficiencia impide el esclarecimiento de la controversia y solo en el Estado Constitucional puede realizarse este aserto pues mientras mientra s las reglas han de resolverse bajo esquemas esquema s subsuntivos y han de ser entendidas como mandatos mandat os definitivos, los principios han de ser advertidos como mandatos de optimización optimi zación y han de resolverse bajo esquemas de ponderación. A este segundo orden, corresponde aquello que Zagrebelsky denomina denomi na “El Derecho por principios” (1995, p. 109).

IV. LEGITIMACIÓN DEL AMPARO DESDE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Admitido el amparo en el modelo del Estado Constitucional, la defensa de los derechos fundamentales fund amentales no puede realizarse sin el peso contextualmente relevante de la jurisdicción constitucional y, en especial, de la intervención de los jueces constitucionales para la did ilucidación lucidación de las colisiones iusfundamentales. El tema ha sido superado con rangos de larga data: a pesar del protagonismo de la Cámara de los Lores15 hasta el año 2009 en Inglaterra, y no obstante que el legislador dispone de la herramienta de la creación de la ley para garantizar, también, una tutela de los derechos fundamentales y, más aún, conferidas mayo-
















de la jurisdicción constitucional, en cuanto es propiamente la potestad p otestad judicial la que desarrolla una función revisora del contexto pro batorio de un caso a par tir de las alegaciones de las partes pero, al mismo tiempo, emitida la decisión final, existe una función fu nción de coerción, coerción, en tanto un mandato mandat o judicial debe ser ser cumplido, y si el mismo no es acatado, acat ado, la ejecución y sus variados apercibimientos representan una efectivización del mandato judicial. En ese rango de opciones, el proceso de am paro cumple un rol rol tutelar: implica la realización de la defensa de los los derechos fundamenfu ndamentales, dejando sin efecto o inaplicando el acto act o lesivo vulneratorio, en grado sustantivo, de un derecho fundamental. Y, ciertamente, es el juez constitucional quien resulta investido de esa facultad en el amplio horizonte de la jurisdicción juri sdicción constitucional.

V. DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSTITUCI ONALES PROTEGIDOS POR EL AMPARO Según el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución de 1993, es procedente la acción de amam paro contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera los derechos constitucionales distintos a la libert ad personal, lo cual incluye obviamente los actos y resoluciones dictados por los jueces y tribunales tr ibunales de justicia. Sin embargo, la citada citada norma nor ma constitucional hace improcedente improcedent e la acción de amparo (contra (contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular).

reconocidos en el inciso 3 del art a rtículo ículo 139 139 de la Constitución, en tanto ellos posibilitan el acceso, la actuación de la función jurisdicciojur isdiccional y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En efecto, consideramos que el am paro contra resoluciones judiciales, jud iciales, en e n tanto variante del proceso de amparo, tiene por finalidad cuestionar solo aquellas resoluciones emitidas dentro de un proceso judicial donde no se han respetado aquellos elementos que permitan perm itan calif icar a este proceso como regureg ular, estos son los elementos que integran los ya mencionados derechos constitucionales a la tutela judicial jud icial efectiva y al debido proceso. Esta es la posición que ha sido asumida por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 3283-2003AA/ AA / TC (caso (caso Taj Taj Mahal Discoteque), Dis coteque), en cuyo fundamento fu ndamento jurídico juríd ico 6 se precisó lo siguiente: siguiente: La irregular ir regularidad idad se presenta cuando la decisión judicial no ha sido emitida conforme a las formalidades procesales exigidas por la ley. ley. Debe ser de tal mag nitud que com prometa decididamente decid idamente la tutela procesal pro cesal efectiva, y que, por ende desnaturalice el resultado natural del proceso. En ese sentido, sentido, la irregularidad irregular idad procedimental consistirá consistirá en impedir o restringir a una de las partes intervinientes intervi nientes en un proceso, el ejercicio pleno pleno de las garantías gara ntías de la administración admin istración de justicia consagradas en el artículo 139 de la Constitución, así como de los demos derechos referidos at debido proceso y la tutela judicial efecti-
















justiciable no los utilizó, o pensó que pese a su agotamiento ellos no satisfacían sus pretensiones, no debe proceder proce der el amparo, ampa ro, pues per pe r miti mi ti rlo t rast ra stoc ocar ar ía el ordenamiento procesal al posibilit posibi litar ar la etern ete rnaa revisión de los procesos judiciales, sin que estos puedan hallar cauce fi nal de solución (2005, p. 302).

ni sometido a procedimienprocedim ientos distintos distint os de los previsUn proceso (o procedi- tos por la ley, 6) a la obmiento) regular es aquel en tención de una resolución el cual se han respetado los fundada en derecho, 7) a derechos al debido proceso acceder a los medios im pu g n at o r io s r eg u l a d o s, y a la tutela judicial efectiva 8) a la imposibilidad imposibilid ad de re(derechos constitucionales vivir procesos fenecidos, procesales). 9) a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciaDe lo expuesto podemos concluir que son dos les; y, 10) a la observancia del principio de los derechos protegidos por el amparo contra legalidad procesal penal. resoluciones judiciales: la tutela judicial efecComo puede advertirse de este enunciado, la tiva y el debido proceso. existencia existencia de un proceso judicial judicial irregular ir regular está referida a la existencia de vicios o deficiencias 1. La tutela judicial efectiva procesales que agravian el derecho del justiEl numeral 4, in fine, fine, del artículo 200 de la ciable a participar part icipar en un proceso con todas las Constitución indica que la acción de amparo garantías establecidas por el ordenamiento ju“[n]o procede contra normas legales ni conrídico, las cuales existen para asegurar asegura r que las tra resoluciones judiciales emanadas de prodecisiones judiciales estén dotadas de imparcedimiento regular”. Admite así, a contrario cialidad, objetividad y fundamento jurídico. sensu, sensu , que dicha acción procede cuando la reAl respecto, hay que tener en cuenta que vasolución judicial emana de un procedimiento rios de los componentes de la tutela judicial irregular, abriendo, de este modo, la vía para efectiva enunciados en el artículo 4 del Cóla impugnación impugna ción de las resoluciones judiciales digo Procesal Constitucional, también lo esa las que se atribuya vicios procesales. tán en los numerales 3 (debido proceso y tuEn consonancia con este precepto constituciotela jurisdiccional), 5 (motivación escrita de nal, el artículo 4 del Código Procesal Conslas resoluciones judiciales), 6 (pluralidad de titucional (Ley 28237) (CPC) precisa que el la instancia), 9 (inaplicabilidad por analogía amparo “procede respecto res pecto de resoluciones jude la ley penal), 10 (no ser penado sin procepr ocediciales fir mes dictadas con manifiesto agraso judiciales), 13 (prohibición de revivir provio a la tutela procesal efectiva, que comprencesos fenecidos con resolución ejecutoriada)


















ser considerada considerada “ir regular” Cabe señalar que el Tribuo, lo que es igual, lesiva de nal Constitucional ha refeEl debido proceso es un dere- rido que el derecho a la tula “tutela procesal efectiva”, va”, supuesto en el cual es cho de carácter procesal que tela judicial efectiva “es un procedente que el afectado tiene su origen en la expe- atributo subjetivo que com pueda recurrir recur rir a la acción prende una serie de deredere riencia angloamericana. angloamerican a. de amparo para t utelar sus chos, entre los que destacan derechos. Como lo señala el acceso a la justicia, es deAbad Yupanqui (2005), el cir, el derecho de cualquier artículo art ículo 4 del Código Procesal Constitucional, persona de promover la actividad jurisdiccio“(...) mantuvo la opción interpretativa de cirnal del Estado, sin que se le obstruya, impida cunscribir el proceso de amparo contra resoo disuada irrazonablemente; y el derecho a la luciones judiciales a la tutela de derechos de efectividad de las resoluciones judiciales”17. naturaleza procesal, pues si se trataba de la Así pues, conforme f luye de lo expuesto por el afectación de un derecho material, como conmáximo intérprete intér prete constitucional, el contenido secuencia de la interpretación indebida de un de este derecho no solo comprende el acceso a juez, la vía de impugnación impugna ción son los recursos recur sos la justicia, sino también la llamada efectividad correspondientes, más no el proceso de amde las resoluciones judiciales, la que es enten paro” (p. 381 381). dida, a decir del TC, como “la garantía de que Siendo esto así nuestra Constitución de 1993 lo decidido en una sentencia se cumpla, y que reconoce en el inciso 3 de su artículo 139 el Ia parte que obtuvo un pronunciamiento de tuderecho al debido proceso y a la tutela juristela, a través tr avés de la sentencia favorable, sea rediccional como principios y derechos de la puesta en su derecho y compensada, si hubiefunción jurisdiccional. re lugar a ello, por el daño sufrido”. El derecho a la tutela judicial efectiva es una

2. El debido proceso
















decisiones judiciales judiciales correctas, imparciales impa rciales y justas, emanadas dentro de la Ley. (Carrión, rr ión, 2005, p. 30) 30) El debido proceso es un derecho de carácter procesal que tiene su origen en la experiencia angloamericana. angloamerica na. La noción del debido proceso se relaciona tradicionalmente con los parámetros legales que deben regir el desarrollo desar rollo de un proceso, en cuanto se refiere a la actividad del juez y de las partes part es así como las garantías que se reconocen a estos para su intervención en el proceso. Esta concepción, tradicional o primigenia, corresponde a lo que el TC denomina “de bido proceso pro ceso formal”. for mal”. Este está est á refer ido al derecho al juez natural, a la observancia de los procedimientos preestablecidos, el derecho a la defensa, a la motivación de las resoluciones y, y, en general, genera l, a los que se suelen comprender en la noción de tutela procesal efectiva. Sin embargo, además del “debido proceso proce so formal” existe, exis te, afirm afi rmaa el TC, el “de bido proceso proces o sustantivo” susta ntivo” el cual “(... “(...)) se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda

diferenciándola diferenciándola de la noción de “tutela procesal efectiva” efectiva” contenida en el artículo art ículo 4 del CPCO: El debido proceso en su dimensión sustancial quiere significar un mecanismo de control sobre las propias propia s decisiones y sus efectos, cuando a parti r de dichas actuaciones o decisiones se afecta de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental (y no solo los establecidos en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional)18. (resaltado nuestro) De esta manera, el TC completa su pensamiento al considerar que la violación del de bido proceso que puede ocurrir ocur rir en cualquier cu alquier resolución judicial comprende no solo las trasgresiones que pudieran afectar el “debido “debido proceso formal” sino, asimismo, a aquellas que vulneran vulner an el “debido proceso sustantivo sustant ivo””. Este, como lo afirma Gozaíni (2004) se identifica con el “(... “(...)) principio pri ncipio de razonabilidad, razon abilidad, entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los actos de las autoridades públicas con las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución” Const itución” (p. 62).
















afirmación de Gozaíni (2004) cuando sostiene que “(...) el debido proceso es el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios” (p. 67). El Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho al debido proceso, a diferencia del derecho a la tutela judicial efectiva, “implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable para que una causa pueda pued a tramitar tram itarse se y resolverse resolver se en justicia. Tal Tal es el caso de los derechos al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, aprobar en plazo razonable, etc”19. Así pues, en palabras de Bustamante (2002), “derecho fundamental a un proceso justo o, si se prefiere, a un u n debido proceso, se presenta como el derecho a la justicia a través de un proceso o procedimiento, as decir, el derecho de todo sujeto de derecho a un proceso o procedimiento donde su inicio, desarrollo y con-

b. La dimensión dimensión material o sustantiva sustantiva que, siguiendo a Sáenz, es el “derecho a que todo pronunciamiento del Estado sea jurisdiccional, legislativo legislativo o administraadminist rativo, resulte compatible con los estándares de justicia o razonabilidad. Por consiguiente, se trata de un auténtico juicio o valoración directamente dire ctamente aplicado sobre la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone térmi no a un proceso, incidiendo en el fondo de las cosas y no limitándose limit ándose tan solo a la forma, como ocurre normalmente, con la dimensión procesal a adjetiva” (2003, (2003, p. 146). 146). En resumen, como sostiene el Tribunal Constitucional: (…) el debido proceso proce so (... (...)) tiene tien e dos expreexpre siones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y las reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, estat uidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; es su faz sustantiva, se rela-
















Sobre este aspecto, la STC pro p ro t eg id os de l de r e ch o fundamental. 1417-2005-AA/TC, caso Es inadmisible sostener que De la misma forma, la STC Anicama Hernández, nos brinda brinda una noci noción ón de susten susten-una resolución judicial pro- 1417-2005-PA/TC23, desa22 to constitucional directo en venga de un proceso califi- rrollando una propuesta de el sentido de una protección Medina Guerrero, fija una cado coma ‘irregular’ solo material que trasciende el importante distinción rescuando afecte el derecho a la pecto solo carácter normativo de pec to de los derecho der echoss no fijación de un derecho funtutela procesal efectiva. protegidos, en cuanto si la damental, para conformar controversia controversia constitucional el denominado bloque de no se refiere a los aspectos constitucionalidad. Por consiguiente, aquel deconstitucionalmente constitucional mente protegidos del derecho en recho que no haya sido establecido ni tampoco tampo co cuestión, entonces no hay posibilidad de tutela. t utela. conserve un sentido de protección que justifiDicho aspecto constitucionalmente protegique su inclusión en el ámbito de protección de do debe ser asimilado en directa referencia al los derechos fundamentales, no merecerá procontenido constitucionalmente protegido, en tección en sede de derechos fundamentales. tanto este es precisamente el objeto del pro – Aquellos derechos que no están refericeso de amparo. Vale decir, habremos de refedos a los los aspectos constitucionalmente constitucionalme nte rir nos a que el cuestionamiento verse sobre el

22 STC 141 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández: 2.1 Los derechos de sustento suste nto constit ucional directo direc to 9. Existen determinados derechos de origen internacional, legal, consuetudinario, administrativo, contractual, etc., que carecen de fundamento constitucional directo, y que, consecuentemente, no son susceptibles de ser
















contenido esencial del derecho y no sobre los contenidos no esenciales y adicionales del derecho, casos estos últimos en los cuales, conforme señalamos supra señalamos supra,, ya les es propia la tutela vía amparo.

por el amparo contra resoluciones judiciales a la proAmparo contra amparo tección de los derechos que integra n la tutela procesal. coma subvariante o subes- integran pecie del amparo contra re- En tal sentido, refiere que es inadmisibl inadm isiblee sostener que soluciones judiciales. una resolución judicial provenga de un proceso calificado como “irregular” “irregular ” solo solo Metodológicamente, puede ser útil la idea de cuando afecte el derecho a la tutela procesal efectiva, toda vez que la irregularidad de una que si la cuestión de la pretensión prete nsión versa sobre resolución resolución judicial con relevancia constitucioel contenido no esencial del derecho fundanal se produce cada vez que esta se expida con mental, la demanda deberá ser declarada inviolación de cualquier derecho fundamental. fundada, pues las pruebas no han alcanzado a ser suficientes. A su turno, si la referencia Esta variación jurisprudencial –indica la sende la controversia se refiere al contenido aditencia– que le permite ahora al Tribunal Conscional, la pretensión será declarada improcetitucional, dentro del proceso de amparo, resoldente, es decir, corresponde a otra vía esclaver ponderadamente sobre el fondo y la forma recer los términos de la demanda. de los procesos judiciales ordinarios cuando estos hayan violado derechos fundamentales, Natural Natu ralmente, mente, hoy la referencia refere ncia del Código implica la necesidad de que este establezca el Procesal Constitucional a solo un contenido canon interpretativo bajo el cual se deba reaconstitucionalmente constitucionalmente protegido, protegido, facilita una lizar el control constitucional de las resolumejor comprensión del problema de las conciones judiciales. Dicho canon está compuestroversias constitucionales. Sin perjuicio de to por un triple examen: ello, las referencias a los contenidos esencial, no esencial y adicional, resultan gráfi-


















este nuevo precedente vinculante debe ser examinado con sumo cuidado. En efecto, la sentencia deja abierta la posibilidad de revisar el fondo de cualquier tipo de resolución emitida por el Poder Judicial permitiendo la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso regular, desconociendo así la prohibición establecida en el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución y los alcances del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. En pocas palabras, a nuest ro juicio, la sentencia ex pedida por el TC desnaturaliza desnatu raliza la f igura igur a del amparo contra contr a resoluciones judiciales contraviniendo a la propia Constitución.

VIII. EL AMPARO CONTRA AMPARO

De esta manera, frente f rente a este supuesto, el am paro contra cont ra amparo ampa ro se constitu const ituye ye como un mecanismo idóneo idóneo para neutralizar estas vulneraciones constitucionales constitucionales de carácter procesal, por lo que consideramos que tratándose de afectaciones de derechos constitucionales procesales la figura fig ura se encuentra plenamente justificada. El Tribunal Constitucional ha afirmado, sin embargo, una noción más amplia del supuesto en el cual mediante una acción de amparo se puede impugnar una u na resolución judicial judicial firfi rme al sostener que esta vía procede cuando en un proceso ordinario se ha violado cualquier derecho fundamental y no solo los de contenido procesal. Así, en la STC Exp. Nº 031792004-AA/TC, 2004-A A/TC, del 18 de febrero de 2005 - Caso
















jurisdic jur isdiccional cional que goza de la calidad calida d de cosa juzgada. juzgad a. Esto es sumamente important impor tantee pues pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada, ejecutoriad a, en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, iudicata, esto es, es defi definitiva nitiva.. Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso constitucional contra resolución judicial firme debe satisfacer tales exámenes respecto a la demanda para que se deje sin efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. Por tanto, el juez constitucional debe pondera r si la sentencia materia de examen constitucional deba quedar sin efecto solo después de merituar la razonabilidad, coherencia y suficiencia de la pretensión. Amplía, también, el ámbito del amparo contra

IX. IX . ¿ACASO EL AMPARO BRINDA PROTECCIÓN A TODOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? Una primera línea de argumentación argu mentación que em plea el TC para sustentar su posición “amplia” respecto al ámbito de los derechos fundamenfundamen tales susceptibles de ser tutelados mediante el amparo contra resoluciones resoluciones judiciales, es la de considerar que, conforme al diseño constitucional de la acción de amparo, no resulta posible diferenciar entre derechos fundamentales procesales y sustantivos o materiales. Al respecto, afirma afir ma en la sentencia antes menciomencionada, lo siguiente: (...) ...) es inadmisible in admisible desde u n punto de vista constitucional que se pueda sostener que una resolución judicial devenga devenga de un pro
















Pero constituye una nemisma sentencia definitiva gación inaceptable en el o en el mismo laudo arbimarco de un Estado ConsLa posición adoptada por el tral” (1982, p. 309). titucional de Derecho, soTC tiene antecedentes en el A nuestro juicio, los dos bre la vinculatorie vincu latoriedad dad de Derecho comparado, como argumentos que expone el los “otros” derechos funTC parecen razonables y, lo es el caso de México. damentales que no tengan sobre todo, fundados consla naturaleza de derechos titucionalmente. Respecto fundamentales procesales, procesales, del primero, coincidi mos en que el diseño del así como la exigencia de respeto, tutela y propro amparo que brota del enunciado contenido conten ido en moción ínsitos en e n cada uno de ellos (f. j. 18). 18). el numeral 2 del artículo 200 de la ConstituLa posición asumida por el TC es objeto de ción permite sostener que su finalidad es la crítica por algún sector de la doctrin a nacio protección prote cción de todos todo s los derechos dere chos de la pernal. Así, Abad Yupanqui, Yupanqui, respecto respect o al primer prime r sona no tutelados por el hábeas corpus, por argumento, argu mento, considera que la norma contenida lo cual, la restricción que contiene el artículo en el artículo 4 del Código Procesal ConstituConstitu 4 del Código Procesal Constitucional, al licional, que limita la procedencia procede ncia del amparo mitar el amparo cont ra resoluciones judicia-
















constitucionales y no solo, ni principalmente, pri ncipalmente, a los de naturaleza procesal. procesal.

X. LA TESIS DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Es deber del Estado, es decir, de sus ‘poderes’ e instituciones ‘garantizar la plena vigencia de los derechos humanos’.

El Código Procesal Constitucional, aprobado mediante la Ley Nº 28237, entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004, estableciendo en su artículo 5 las causales de improcedencia de los procesos constitucionales. constit ucionales. Dicho artículo refiere ref iere en su inciso 6 lo siguiente:

No proceden los procesos constitucionales cuando:

se hayan vulnerado o no derechos constitucionales en su trámite.

La segunda posible inter pretación es que no procederán los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme fir me recaída en otro proceso constitucional que haya sido llevado a cabo con respeto a las exigencias de la tutela t utela procesal efectiva. Ergo, Ergo, un proceso proceso constituci constitucional onal sí procede procede cuando cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional tramitado con manifiesto manif iesto agravio a alguna exigencia de la tutela tut ela procesal proce sal efectiva efect iva (… (…) (pp. (p p. 336-337). 336-337).
















XI. L A P O S I C I Ó N D E L T R I B U N A L CONSTITUCIONAL DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL Con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, la problemática del amparo contra amparo, al parecer, había quedado zanjada, al proscribir esta figura figu ra en el inciso 6 de su ar tículo 5. Sin embargo, el TC volvió a ponerla sobre el tapete. En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente N° 3846-2004-AA/TC, expedida con fecha 18 18 de febrero de 2005 (caso Municipalidad Provincial de San Pablo), Pablo), el TC precisó que: q ue: Debe enfatizarse que, cuando el Código Procesal Constitucional se refiere en su

(…) convendría tener t ener presente que q ue estamos ante un pronunciamiento que aún no constituye un precedente, según los términos que explicita explicita el artículo art ículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Y es que, siguiendo lo establecido en este Ultimo Ult imo precepto prece pto de la Ley N° 28237, 28237, las sentencias del Tribunal Tribunal Constitucional Const itucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extreme de su efecto normativo, normat ivo, tarea que el supremo intérprete de nuestra Constitución ya vino realizando realiza ndo en varias de sus sentencias emitidas después de la entrada en vigencia del código, pero que ha omitido efectuar en esta oportunidad. (p. 51)


















hizo referencia alguna al recurso presentado por el Gobierno Regional de Pesquería de La Libertad. Dicha situación –sostiene la demandante– dante – originó la vulneración de sus derechos derechos constitucionales a la tutela t utela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa.

“amparo contra amparo”, señalaba que este solo ha de proceder contra sentencias constitucionales definitivas, defin itivas, siempre que aquellas no tengan carácter favorable para la parte actora, ya que de lo contrario se contravendría el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada.

Tanto en primera primer a como en segund segundaa instancia, la demanda interpuesta fue declarada improce-

Sin embargo, en esta nueva sentencia refiere que la estimación de una pretensión en un pro-
















Conforme se desprende de este nuevo supuesto, al parecer el TC busca que sus decisiones jurisprudenciales sean respetadas, inde pend pe ndie ient ntem emen ente te de si se traten o no de precedentes vinculantes.

No obstante que la sentencia mencionada no constituyó un precedente constitucional de carácter vinculante, el TC aceptó la tesis de la procedencia del amparo

a. El primer supuesto, es supuesto, es el del tercero que no ha participado en el primer proceso, ya sea por no haber sido admitido como parte en el primer proceso de amparo, a pesar de contar con los presupuestos procesales para ello, o bien por
















juzgador constitucional const itucional tenga que evaluar no solo las irregularidades cometidas en el primer proceso de amparo, sino además los fundamentos expuestos por el primer juzgador que determinaron precisamente que este tercero no pueda ser admitido dentro del proceso. Resulta ser más admisible aún el caso de una interposición de un amparo contra amparo por

En tal sentido, cabría la posibilidad de inter poner un “amparo contra contr a amparo” siempre y cuando se hubiese producido una vulneración manifiesta y evidente de los derechos constitucionales de tutela procesal efectiva o del de bido proceso. Esto es así, siguiendo sigu iendo la lógica tradicional del proceso de amparo contra resoluciones judiciales, el cual excluye excluye la posi bilidad de todo análisis sobre el fondo de la
















se haya referido referido a la “vulne“vul neración del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, sin indicar cual derecho o qué clase de derecho”. Entonces, siguiendo la posición establecida establecida en el caso

analizamos, veamos cuál era el panorama anterior.

Nos resulta inadmisible y excesivo que para poder admitir que un tercero interponga un segundo proceso de amparo, el juzgador constitucional tenga que evaluar no solo

En principio, un proceso de amparo contra amparo podía ser iniciado tanto por el demandante como por el demandado del primer proceso de amparo, pues am-
















Distinto era el caso del demandado. Así, si dentro de un proceso de amparo el demandado resultaba afectado en sus derechos al de bido proceso o a la tutela procesal efectiva, y obtenía un pronunciamiento desfavorable en primera prime ra instancia, este podía interponer el recurso de apelación respectivo ante la instancia superior. No obstante, si la afectación persistía con una sentencia perjudicial, en este

primer pri mer proceso proce so de amparo y no haya sido respondida por el órgano jurisd iccional o esta respuesta respuest a haya sido sido insuficiente. insuf iciente. TamTam bién se encontrar encont rarán án legitima legit imados dos los terceros que hayan resultado afectados por lo resuelto en el primer amparo ampa ro y que no hayan sido emplazados o no se les haya permiti per mitido do ejercer ejerce r su derecho dere cho de defensa al interior del primer proceso.




















































































































El proceso de amparo contra amparo y el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva - A propósito del precedente vinculante - Dirección Regional de Pesquería. AUTOR: DR. JANNER ALAN LOPEZ AVENDAÑO

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