EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: UNA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA POLÉMICA. Norma Paviglianiti
Los principales hitos y vigencia actual de la polémica. La historia de la educación podría escribirse a partir del siglo XVII como la historia de la controver controversia sia acerca de a quién le cabe el derecho derecho a educar a las mayorías o acerca de quiénes son los agentes de la educación. En esta construcción histórica, en la que transcurren tres siglos, se pasa del monopolio de las iglesias en materia de educación como instituciones de adoctrinamiento de fieles y súbditos, a la conc co ncep epci ción ón de la burg burgue uesí sía a as ascen cende dent nte e que que la co cons nsid ider era a co como mo un dere derech cho o individual para la formación del ciudadano. Este proceso da como resultado la organización de los sistemas educativos masivos actuales siempre mixtos –con educ educac ació ión n públ públic ica a y educ educac ació ión n priv privad adaa- en los los cual cuales es se tran transm smit iten en sa sabe bere ress instrumentales y construcciones o representaciones de la vida individual, social, económica y política. Con el avance cada vez más rápido en la constitución de la sociedad de masas, que dio lugar a las recomposición regresiva autoritaria de las décadas del veinte y del treinta, y a la recomposición progresiva luego de la Segunda Segunda Guerra Mundial, Mundial, en los países occidentales occidentales bajo la forma forma de estado de Bienestar, Bienestar, se lleva a cabo una clara reformulació reformulación n del derecho a la educación: educación: de un derecho individual a un derecho social. Esta concepción predominará hasta medi me diad ados os de la déca década da del del se sete tent nta, a, cuan cuando do las las co conc ncep epci cion ones es neol neolib iber eral ales es y neoconservadoras cuestionan la legitimidad y eficiencia del Estado de Bienestar y de los derechos sociales que éste propugna y ejecuta a través de las políticas sociale soc iales. s. Así, Así, produ produce ce la vuelta vuelta a la primac primacía ía de los derechos derechos individu individuales ales y al mercado como elemento regulador de la sociedad. Las tres posiciones (educación como derecho de las iglesias/ individual/social) están muy presentes actualmente. Se expondrá expondrá los princip principale aless hitos hitos y los context contextos os en que se desarr desarroll ollan an estas concepciones. La iglesia católica: las concepciones de la sociedad medieval subyacente y los cambios a que lleva la Contrarreforma. La sociedad medieval, con sus ordenamientos jerárquicos y de vasallaje, distingue tres tres tipo tiposs de so soci cied edad ades es:: la fami famili lia, a, la so soci cied edad ad civi civill (pol (polít ític ica) a) y la so soci cied edad ad teocrática (religiosa). La educación es sólo preocupación para la formación de señores, príncipes y el alto clero; la gran masa queda fuera de la instrucción sistemática, únicamente se incorpora en su carácter de seres a evangelizar. La quiebra del orden feudal es progresiva. Un hito significativo es la reforma protestante y su reclamo al libre acceso a la lectura de los textos bíblicos, a lo cual responde la Iglesia Católica con la Contrarreforma, organizando nuevas órdenes religiosas enseñantes para la cooptación no sólo de la nobleza sino también de la burgue burguesía sía asc ascend endent ente. e. Ademá Además, s, se produ produce ce la reo reorga rganiz nizaci ación ón de los espaci espacios os físicos de las iglesias a fin de poder difundir masivamente la doctrina. Se pasa de la iglesi iglesia a de planta planta circular circular (desti (destinad nada a a la funció función n del culto simbólic simbólico) o) a la de plan planta ta long longit itud udin inal al,, de gran grande dess dime dimens nsio ione nes. s. De es este te modo modo,, se inte integr gran an y delimitan el sector destinado a los ministros del culto y el cuerpo longitudinal para la reunión masiva de fieles, fusionándose las dos funciones: rito y adoctrinamiento. A raíz de estas transformaciones muchas veces se le atribuye a la Iglesia Católica ser el origen de los actuales sistemas educativos masivos. Las Las con concep cepcio ciones nes- trans ransfform ormacio acion nes que prod roduce uce la burgue rgues sía ascendente. La burguesía, en su enfrentamiento con la organización social medieval, logra la supresión de trabas materiales y jurídicas para su acción. Lo que se denomina derechos aparecen en principio como libertades, como derechos individuales a los
que había que quitar las trabas provenientes de la autoridad, civil o eclesiástica. La libertad de enseñanza constituyó un reclamo y una conquista porque había sido monopolio de las iglesias durante la edad media. Históricamente, la libertad de enseñar y de aprender asumió el valor de la emancipación de trabas, configura el logro de la libertad de los individuos frente a las iglesias para el ejercicio de sus derechos de enseñar y aprender. Esta nueva concepción está basada en el cambio de los fundamentos del poder político, que se da conjuntamente con la organización de los estados nacionales, bajo las formas políticas de liberalismo que implican: las conquista de los derechos individuales: libertad económica y libertad política; un cambio sustancial en el sustento de la legitimidad del poder que pasa del soberano (por derecho divino) a los individuos, “iguales ante la ley”, poseedores de derechos individuales que deben estar garantizados por un estado limitado a las funciones de justicia, seguridad del territorio, seguridad interna, garante de los derechos individuales y, sobre todo, un Estado que no ha de intervenir en las cuestiones de carácter económico.
La consolidación del Estado liberal y los términos del debate con la Iglesia Católica en el siglo XIX. El Estado liberal se consolida como organización política de la sociedad y avanza en sus funciones educativas, de hecho y de derecho, dictando la legislación que crea y organiza el sistema de educación pública y regula el funcionamiento del sector privado. Declara el interés por la universalización de la instrucción básica para la formación de ciudadanos, hasta que se convierte en Estado Docente al impartir y organizar el moderno sistema masivo de instrucción pública, tal como hoy lo conocemos. Este Estado que en teoría representa la voluntad general es al que le corresponde organizar y dirigir la totalidad del sistema y sostener la educación pública. No deja de reconocer el derecho original de los padres, pero la disputa está en la segunda instancia, en a quién aquellos delegan la instrucción y la formación sistemática de sus hijos. La Iglesia Católica sostendrá que ella es la mediadora (por derecho divino) por se mater de la humanidad. Para la posición liberal esa función de mediación le corresponde al Estado por ser la organización jurídica de la sociedad en la que los ciudadanos han delegado la atención del bien común y porque, además, la educación no es sólo un derecho individual sino que es la garantía para el funcionamiento del sistema político. Su fundamento se basa en un nuevo orden político que implica que el Estado es el representante del interés general y que la educación es una función del estado y no una industria, que es un derecho individual pero también una necesidad social para la garantía recíproca de los derechos individuales. El Estado, por esto, es el encargado de la organización de la instrucción pública con carácter de obligatoria, gratuita y laica. El liberalismo reconoce el derecho a todos los habitantes de expresar libremente doctrinas e ideas, por lo tanto no propondrá que la educación deba estar exclusivamente a cargo del estado; lo que sí hará es reservarse la atribución de la regulación de los alcances y límites de la participación de las Iglesias y de los particulares. Esta reserva del derecho a legislar en materia de educación será un derecho que la Iglesia Católica le cuestionará durante todo el siglo XIX. Este Estado regula dando origen a una amplísima gama de variantes en la extensión y tipo de participación del sector privado según distintos países y épocas, y se constituye en Estado docente (rompe con el histórico monopolio de las iglesias). Ambas corrientes se rigen por distintas concepciones acerca del principio de legitimidad de las normas. Para la posición católica la legitimidad es de sustancia (las normas son consideradas válidas en tanto sus contenidos se ajusten a los principios del
dogma y la fe). La concepción liberal se rige por el principio de legitimidad formal (las normas tendrán validez siempre y cuando éstas hayan sido dictadas de acuerdo con las reglas de juego y procedimientos formales fijados en las constituciones: fundamentaciones de carácter histórico y jurídico- moral). Las recomposiciones regresivas de las décadas del veinte y del treinta. En estas décadas, se manifiesta el predominio de recomposiciones regresivas, como los fascismos. Pero aún en el liberalismo se observa una marcada tendencia a que únicamente es su responsabilidad la educación elemental; por esta razón tiende a limitar su acción como estado docente a la educación primaria, porque considera que sólo ésta es la que tiene mayores efectos sobre la sociedad (desde el punto de vista productivo y por su validez para la integración social y política). Por consiguiente, deja que el sector privado avance en la formación del nivel medio y/o de las elites. En 1929, la Iglesia Católica expone orgánicamente su pensamiento y sus propuestas político- educativas a través de la Encíclica “Divini Illius Magistri” (del Papa Pio XI). En ella hay una reafirmación de principios de dogma y también una adecuación de sus formulaciones anteriores frente a la consolidación de los sistemas de educación pública. Afirma que “no puede existir una educación completa y perfecta si no es cristiana”, se opone a la “escuela llamada neutra o laica” y prohíbe su asistencia a los niños católicos. La educación corresponde a tres sociedades, dos de orden natural –la familia y la sociedad civil- y a la Iglesia – de orden sobrenatural-. La educación es responsabilidad ante todo de la familia, pero como ésta es una sociedad imperfecta, cierto papel le incumbe a la sociedad civil y especialmente a la Iglesia, por dos títulos de orden sobrenatural: el magisterio que le dio su fundador y la maternidad sobrenatural. Considera que su misión educativa es independiente de cualquier potestad terrena. Tiene el derecho independiente de educar y además de juzgar toda otra educación que se imparta, en cuanto pueda ser perversa o perjudicial a la educación cristiana. Así, los derechos de la Iglesia abarcan: promover las letras, las ciencias y las artes útiles para la educación cristiana; fundar y mantener escuelas e instituciones propias en toda disciplina y grado y vigilar en cualquier institución pública no sólo lo referente a la enseñanza religiosa allí impartida sino también otra disciplina. “La misión de educar le toca ante todo y sobre todo, en primer lugar, a la Iglesia y a la familia y les toca por derecho natural y divino y, por lo tanto, de manera inderogable, ineluctable (necesaria) e insubrogable”. A la sociedad civil, al Estado, le corresponde un papel subsidiario, ya que la institución escolar nació y se desarrollo por iniciativa de la familia y la Iglesia, antes que por obra del estado. El principio de subsidiaridad del Estado en materia de educación es el deber del Estado de proteger en sus leyes el derecho anterior de la familia a la educación cristiana de la prole y respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia sobre la educación cristiana. Éste debe favorecer y ayudar la iniciativa y la acción de la Iglesia y de las familias, complementando esta obra por medio de instituciones propias. Puede exigir que todos los ciudadanos tengan conocimientos necesarios para el ejercicio de sus deberes civiles y nacionales; obligar a un cierto grado de cultivo intelectual, moral y físico necesario al bien común; reservarse escuelas para la administración y para la defensa y puede exigir educación cívica. La Encíclica deja también sentado el reclamo del subsidio pecuniario por parte del estado: “y no se diga que es imposible al Estado, en una nación dividida en varias creencias, promover a la instrucción pública si no es con la escuela neutra o la escuela mixta, debiendo el Estado más racionalmente y pudiendo hasta más fácilmente promover el caso dejando libre y favoreciendo con justos subsidios la iniciativa y obras de la Iglesia y la familia.
Las recomposiciones progresivas desde la crisis del treinta hasta mediados de los setenta. En el período que transcurre entre la crisis de 1929 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades occidentales también recomponen su funcionamiento económico, social y político bajo la forma del denominado “Estado de Bienestar”. La crisis económica de 1929 fue interpretada como el límite del desarrollo de las sociedades capitalistas bajo el régimen del libre mercado (sobreoferta y depresión en la demanda). La salida de la crisis se hizo a través de la recomposición del Estado capitalista bajo la forma del Estado de Bienestar. Sus rasgos básicos estaban dados por la intervención del Estado en la regulación de la economía para asegurar la demanda y el pleno empleo, y evitar que la economía desembocase en crisis similares a la de los años treinta. El Estado se reservaba el ordenamiento de las variables macroeconómicas que regulan el conjunto de la economía para evitar desequilibrios como una economía regida por la competencia individual. Constituyó una nueva forma de compromiso, de equilibrio dentro de la economía capitalista, en la cual el mercado continúa funcionando pero el Estado interviene planificando para regular los desequilibrios en la demanda y el empleo. Esta regulación llevó al estado a brindar asistencia a todos los ciudadanos mediante prestaciones de servicios o en dinero para compensar los riegos de la marginación a la que conduce una economía regida únicamente por el libre mercado, y a asegurar consumos mínimos a grandes sectores de la población. Esta asistencia fue provista bajo la forma del cumplimiento de derechos legales que corresponden a todos los ciudadanos y está basada en el reconocimiento de la participación de los sindicatos de los trabajadores y su intervención en determinadas decisiones que regulan la distribución de la riqueza dentro de una sociedad nacional. Este fue el modelo de funcionamiento social que logró un relativo crecimiento y equilibrio durante el tercer cuarto del siglo. Fueron llevados a la práctica, fundamentalmente, por la socialdemocracia, pero también por el socialcristianismo y los populismos. En los estados que adoptaron este estilo de funcionamiento y de regulación de las tensiones entre el capital y el trabajo, se establecieron los seguros de desempleo, los salarios mínimos, la legislación social para los trabajadores, el incremento sustancial de los presupuestos públicos para la atención de la salud y la educación públicas y de los sistemas de viviendas subvencionados por el Estado. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos dictan nuevas constituciones que reflejan los cambios económicos ocurridos y la reacción a la experiencia de los fascismos como formas de organización de los estados que habían dominado las dos décadas anteriores. Se restituye así las formas clásicas de la democracia representativa liberal; se amplían los derechos políticos a las mujeres; se organizan regímenes parlamentaristas; se incorporan institutos de democracia directa (ej.: referéndum). También incorporan en las constituciones las nuevas formas de regulación política que reflejan los cambios en las formas de tomar decisiones políticas que se dan en la recomposición neocorporativista, a través de la institucionalización de los Consejos Económicos Sociales, con representación tripartita (empresarios, trabajadores, Estado). Este período constituye el paso del Estado Liberal al Estado social (tránsito de un estado de derecho en función predominantemente protector- represor a un derecho cada vez más promocional). Esto no significa que con anterioridad el papel del estado sólo se hubiera limitado a impedir. Antes el Estado debía proteger a un individuo de otro, ahora el estado debe proteger a todos los individuos en su conjunto (no sólo debe impedir sino que también debe promover). Esta nueva concepción dio origen al desarrollo de los derechos sociales, entre ellos la educación.
La concepción del derecho a la educación como un derecho social: alcances y límites. La línea de desarrollo de la concepción de la educación como derecho social, a lo largo del siglo XIX, va diferenciando el derecho a la educación del derecho a enseñar (que en los inicios del liberalismo aparecen conjuntamente). Y alcanza su expresión acabada después de la Segunda Guerra Mundial. El derecho a la educación se considera como el “derecho fin” y el derecho de enseñar es un “derecho medio”. Así, el derecho de enseñar constituye sólo una forma específica de otro derecho genérico que es el de trabajar y que lleva implícito el derecho de los docentes a la libre expresión de sus ideas. Además, configura la expresión de una función del Estado: es el Estado docente. El derecho a la educación es el derecho esencial, porque es el derecho del hombre al desarrollo de la personalidad por medio de la educación, a la adquisición de conocimientos y al desenvolvimiento de sus aptitudes vocacionales. El derecho de aprender se identifica con la libertad, es el derecho a la personalidad a su máximo crecimiento sin deformaciones dogmáticas, es el derecho del hombre a la formación de su personalidad y el de la sociedad a la cultura. Con el avance del constitucionalismo social se trata de hacer explícitos los requisitos concretos que aseguran su cumplimiento. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, de 1948, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del mismo año, contienen lineamientos que han servido para orientar el avance y la especificación del derecho a la educación. El derecho a la educación se expresa en términos de la escolaridad que debería recibir toda la población: garantizar un mínimo de instrucción (primaria, elemental o fundamental) a través de la creación y el sostenimiento de un servicio público gratuito al alcance de todos para que puedan cumplir con la obligatoriedad; generalizar la formación técnica y profesional; ampliar el acceso a los estudios superiores. Los estados realizaron importantes contribuciones al financiamiento de los sistemas de educación, y los progresos en la expansión cuantitativa produjeron un proceso de real ampliación del acceso a la educación más allá de la educación elemental, sobre todo, el acceso de las capas medias y de las mujeres a la enseñanza media y superior, antes reservadas a las elites. Esta ampliación alcanzó en mucho menor medida a los sectores populares. Sin embargo, se está lejos de que el derecho a la educación pueda considerarse efectivamente cumplido porque: no se garantiza, en la práctica, el mínimo de educación obligatoria y • una efectiva formación para el mundo del trabajo a todos lo habitantes; amplios sectores quedan sin ese mínimo (acentuándose así la fragmentación cultural). la competencia económica se basa cada vez más en el desarrollo • científico y tecnológico, que ha vuelto irrelevante el número de años de escolaridad obligatoria. la igualdad de oportunidades (poner la escuela al alcance de la • población con formas similares de organización escolar y trabajo pedagógico) resultó canalizadora de los beneficios de la educación preferencialmente hacia los sectores medios y altos que hacia los sectores populares.
la libertad de expresión y opinión, de sustentar las posiciones • científicas e ideológicas según la libertad de conciencia de cada participante directo del proceso educativo tuvo algunos efímeros tiempos de vigencia, la represión el autoritarismo dentro de la escuela fueron la nota dominante en la sociedad argentina durante muchos años. la clara evidencia de que no es sólo a través de la transmisión directa • de doctrinas como se modelan las personalidades, sino por la fuerte incidencia de los estilos de convivencia social, lleva a que cada vez más se ponga el acento en las formas que asume la vida cotidiana en las escuelas y en las prácticas pedagógicas vigentes. Frente a la situación descripta cabe repensar que se entiende hoy por un efectivo cumplimiento del derecho a la educación, en el marco de una sociedad democrática, y reformular sus alcances: en términos de escolaridad a cubrir: garantizar un mínimo de • instrucción básica (mínimo diez años); crear y sostener instituciones escolares públicas gratuitas y brindar servicios asistenciales y de apoyo para concretarla; ampliar progresivamente el acceso a los estudios superiores. en términos de las características que debería tener esa escolaridad: • asegurar la igualdad de oportunidades (garantizando el acceso, la permanencia y la distribución de educación equivalente a toda la población); asegurar la significación social, científica y personal de los contenidos que se transmiten; hacer efectiva la libertad de expresión y opinión, suprimiendo toda discriminación ideológica; hacer efectivas formas y prácticas pedagógicas que estimulen el juicio crítico y estilos de convivencia solidarios y responsables.
Las críticas al estado de Bienestar desde las perspectivas socialdemócrata y neoconservadora. El auge y desarrollo de las políticas del Estado de Bienestar dio lugar a un período de relativas prosperidad económica, considerándose al Estado como el factor estabilizador que, a través de sus intervenciones en la regulación de la economía y de la provisión de los servicios que aseguran el acceso a condiciones de bienestar, impide que el funcionamiento de la economía desemboque en profundas recesiones y en abiertos y agudos conflictos sociales. La crisis de mediados de los setenta dio lugar a críticas sobre el funcionamiento de este Estado de muy distinta naturaleza: la neoconservadora y la socialdemócrata. La socialdemocracia hace críticas al funcionamiento del Estado de Bienestar tal como éste se desarrollo históricamente. Lo critica por lo que prometió –ser un elemento equilibrador y redistributivo de la sociedad- y no logró alcanzarlo satisfactoriamente. Las críticas se dirigen al estilo estratificado de la redistribución a que dio lugar. Agregan que no logró una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, que produjo una creciente y centralizada burocratización que impidió una activa participación de los ciudadanos y que provocó una homogeneización insatisfactoria y recargada de los servicios. Además, como consecuencia de la reducción objetiva de los recursos públicos, se encuentra con la necesidad de redefinir sus orientaciones, formas y prioridades para asegurar las condiciones de bienestar del conjunto de los habitantes.
Las tendencias neoconservadoras realizan una crítica radical al Estado de Bienestar, considerando que, por las múltiples intervenciones del Estado en la esfera económica, impide que las fuerzas de progreso del mercado funcionen de manera correcta. Aquel impone normas e impuestos sobre el capital que llevan a una desactivación de la inversión y, cuando concede a los trabajadores derechos, servicios y posiciones de poder en las negociaciones sobre la distribución del ingreso, desactiva el trabajo. El efecto conjunto de la falta de incentivos para la inversión y la desactivación de la competencia individual en el trabajo es el que produce la decreciente tasa de acumulación del capital, una sobrecarga en las demandas de consumo (inflación) y un aumento en las demandas de participación política (ingobernabilidad). Produce una inversión de los términos del papel que se le asignaba al Estado en las décadas anteriores: se pasó a una posición donde todo lo “negativo” es atribuido al Estado y todo lo “positivo” corresponde al sector privado. Los liberales del retorno al “libre” mercado, afirman que la asistencia estatal tiene efectos perversos: pone en peligro el libre funcionamiento del mercado en el cual los individuos pueden competir libremente; representan una intromisión en la libertad individual y contribuyen a minar las bases del sistema que ofrece la mayor posibilidad de prosperidad general e integración social. Consideran que las mayores amenazas provienen de las burocracias benefactoras; en consecuencia, las políticas sociales deberían desligarse de éstas y crean un sistema que no entre en conflicto con las relaciones monetarias que deben regir todo el sistema económico y social: lo ideal es pasar de las prestaciones estatales a subsidios dirigidos a los individuos para que de esta manera cada uno pueda comprar sus servicios en el mercado. El neoconservadurismo vuelve a reforzar el papel subsidiario del estado –que es el mismo que le otorga a la Iglesia- pero lo hará con otros fundamentos. Éste no es un bloque homogéneo pero comparte ciertas concepciones y caracterizaciones comunes acerca de los modos de intervención del estado que le dan unidad y que lo diferencian de otras posiciones. Más allá de las distintas posiciones, tienen en común que: siempre van a marcar que el desarrollo del sistema público de educación es perjudicial para la burocratización implícita que conlleva; van a promover y financiar a instituciones del sector público con recursos públicos. Hay tres variantes internas importantes en el neoconservadurismo: para los partidarios más extremos, lo ideal es que los subsidios monetarios vayan dirigidos a las familias o a los individuos y no a las instituciones. Esto lleva a largo plazo a la abolición del sistema de educación pública y a su sustitución por un sistema de bonos (que pueden comprar educación). •
• para otros partidarios del libre mercado, la red de educación pública está destinada a aquellos que no pueden acceder a la enseñanza privada (medio indispensable para asegurar un mínimo). • para otros es posible sostener un sistema de asistencia social directa (prestación de un sistema público de educación) porque éste potencia la competencia con el sector privado, pero siempre que en su interior se rija por criterios meritocráticos y de competencia individual. Consideran que las burocracias estatales pueden ser toleradas a condición de que se ajusten a los patrones mencionados: fomentar la competencia interinstitucional e individual.
La Iglesia Católica: la reiteración y la actualización de su concepción del papel subsidiario del Estado.
En 1965, ésta reitera su concepción acerca del papel subsidiario que le corresponde al Estado en materia de educación. En la Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud (por el Concilio del Vaticano II) sostiene que “puesto que los padres han dado vida a sus hijos tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por lo tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos…”, “El deber de la educación compete en primer lugar a la familia que requiere de la colaboración de toda la sociedad. Además, a la sociedad civil en cuanto ella compete el bien común temporal. La obligación de la sociedad civil es proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de quienes intervienen en la educación y colaboran con ellos; completar la obra educativa, según el principio de acción subsidiaria y crear escuelas e institutos propios según lo exija el bien común. El deber de la educación corresponde a la Iglesia, no sólo por ser reconocida también como la sociedad humana capaz de educar, sino sobre todo porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación”. Los principios generales dados por el Concilio son actualizados en las conferencias episcopales regionales. En el caso de nuestro país, el Equipo Episcopal de Educación Católica expresó su opinión en 1985 a través del documento “Educación y proyecto de vida” donde se refiere a la mayor intervención que a tenido el estado en las últimas décadas, entre ellas, la configuración del sistema mixto público y privado. Señala que es una manifestación de la mayor intervención del estado en la vida social, fundada en el propósito de promover el bienestar general, uno de cuyos aspectos fundamentales está constituido precisamente por el nivel cultural de la población. A esta mayor intervención estatal le reconoce consecuencias positivas (en lo que se refiere a la creación de escuelas) y negativas (la tendencia el estatismo, que no es intervención legítima y benéfica del Estado sino una intervención absorbente y excluyente, cuya expresión extrema es el monopolio escolar; otra es la esclerosis y la burocratización del sistema educativo, afirma que cuanto mayor es la intervención estatal, mayor es la proliferación de normas y reglamentaciones de toda especie y, consecuentemente, mayor es la rigidez del sistema frente a los cambios permanentes de la realidad; otro es el abandono de sus responsabilidades por parte de la sociedad en general, incluidas, por desgracia muchas familias). No se refiere al derecho a la educación sino a “los derechos de la persona humana”: derecho de todos lo hombres a la educación y derecho a la educación de todo el hombre, es decir, a una educación integral. La integralidad de la formación es entendida incluyendo la dimensión religiosa, lo que da fundamento a que el sistema educativo deba construirse sobre la base de la libertad de opciones educativas y del reclamo de la inclusión de la formación religiosa en la escuela pública. En cuanto al derecho a la educación, considera que comprende un derecho específico, que es al de la educación sistemática y ésta, a su vez, para responder a las exigencias de la dignidad humana, debe tener en cuenta dos principios básicos: la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de las opciones educativas. Esta última, por ser el hombre no sólo objeto sino sujeto de su propia educación, obliga al sistema educativo a admitir el ejercicio de las distintas opciones a las que tiene derecho en una inalienable libertad. La opción se refiere a la elección de escuelas y de maestros. La manera real de asegurar esa opción educativa es que no debe ser relativa, es decir, disimulada mediante la canalización de todos los recursos del Estado hacia las escuelas estatales y la privación de todo apoyo económico a las creadas por la iniciativa privada. Por lo tanto, reitera que los aportes estatales a los establecimientos privados para determinados gastos, son un deber de justicia distributiva y, considera que el fundamento para otorgarlos no es otro que la igualdad de todos los habitantes y el
respeto a las libertades individuales. Este tema remite al principio de pluralismo escolar que sostiene la Iglesia Católica: coexistencia de diversas instituciones escolares, que permitan a los jóvenes formar criterios de valoración fundados en una concepción específica del mundo. Éste se sustenta y se puede llevar efectivamente a la práctica a través de medidas concretas: que la iniciativa social o privada pueda fundar y dirigir establecimientos educativos en condiciones igualitarias a la escuela pública en materia de títulos y estudios y que deben ser financiados con el aporte estatal que pone alcance de todos los sectores la posibilidad de elegir la escuela de su preferencia. El derecho a enseñar es concebido como el derecho de asociarse libremente y a ejercerlo individual o colectivamente para fundar establecimientos. Además, por la naturaleza particular de los establecimientos creados por la iniciativa privada, incluye el derecho a funcionar conforme a sus respectivos estatutos, conservar su identidad espiritual, designar libremente a su personal docente y no docente y a cultivar su propia originalidad pedagógica en materia de planes y métodos de enseñanza. Reitera que el estado tiene el derecho a exigir un nivel mínimo de instrucción. Considera que el primer deber de éste en materia educativa es respetar los derechos fundamentales de las personas. “pero este respeto no es una función meramente pasiva, pues en muchos casos la vigencia efectiva de aquellos derechos depende total o parcialmente de un apoyo positivo y concreto del Estado. Ambos aspectos conforman el llamado principio de subsidiariedad del estado”. En términos educativos, la función pasiva estaría dada por el reconocimiento de los que denominan “autonomía pedagógica” y el aspecto positivo por el aporte estatal al financiamiento de los establecimientos privados. A modo de síntesis de la situación actual del país. Cabe enfatizar la coexistencia de estas tres grandes líneas y concepciones de política educativa que intentan darle determinadas direccionalidades al sistema educativo. Hoy, en el Gobierno Nacional, prima la concepción subsidiarista del papel del Estado en materia de políticas sociales y en educación en particular. Dentro de ésta existen dos vertientes: la proveniente de la tradición de la Iglesia Católica y la del neoliberalismo. Esto es necesario para poder comprender los profundos reacomodamientos que se están y van a continuar produciéndose en el sistema educativo por efecto de la aplicación de políticas subsidiarias del papel del Estado en educación, unas que provienen del pensamiento católico y otras de las corrientes neoconservadoras, unidas al ajuste económico (ejemplo: Ley Federal de Educación).
