Sumilla: Presenta Hábeas corpus conexo SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL. EDGAR ARHUATA UCHASARA, con Documento Nacional de Identidad Nº 09804432, con domicilio en Jr. Azángaro 866, Oficina 603, Lima; a usted me presento y con el debido respeto digo: Que, al amparo de lo previsto en el artículo 200 inciso 1 de la Constitución Política del Perú; del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica; del artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; del artículo 2 inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y de los artículos 2, 4 y 25 último párrafo del Código Procesal Constitucional; interpongo proceso constitucional de hábeas corpus a favor de mi persona: a) EDGAR ARHUATA UCHASARA. Petitorio de la demanda de hábeas corpus.El hábeas corpus tiene por finalidad reparar la afectación de los derechos constitucionaless tanto los que afectan directamente la libertad personal como derechos constitucionale fundamentales conexos o vinculados a ella. El habeas corpus es una garantía constitucional que de manera esencial se dirige a proteger la libertad personal y los derechos conexos a ella consagrado en el artículo 2 inciso 24 parágrafo b de la Constitución Política; en el artículo 13 de la Declaración Universal; en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, el habeas corpus sirve para proteger también otros derechos humanos: como el derecho de defensa, el derecho a ser oído, etc. En estos casos nos encontramos ante un habeas corpus conexo. En el presente caso se denuncia los siguientes agravios constitucionales: a) La Jueza Dra. María Teresa Cabrera Vega del Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima; y, b) los Vocales Superiores de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres Dr. Flores Vega, Dr. Sánchez Gónzales y Dr. León Sagástegui. La Jueza Dra. María Teresa Cabrera Vega y los Vocales Superiores Dr. Flores Vega, Dr. Sánchez Gónzales y Dr. León Sagástegui han vulnerado el derecho a la defensa afectando el debido proceso y la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo139 inciso 3 de la Constitución y el artículo 4 del Código Procesal Constitucional en la medida que en su condición de Jueza del Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima y Vocales de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres, han dictado en el primer caso y confirmado en el segundo, la sentencia de fecha 10 de marzo del 2009, que condena a EDGAR ARHUATA UCHASARA como autor del delito de Lesiones Culposas Graves en agravio de Mónica Sabina Tineo Huacre a tres años de pena privativa de libertad
suspendida, pese a que se ha vulnerado el derecho de defensa al soslayarse la fase de alegaciones en el proceso sumarial, impidiendo que el procesado y su defensa técnica pueda plantear sus alegaciones escritas y orales, valorar los hechos y los resultados probatorios, en perspectiva de hacer valer sus pretensiones como defensa, consecuentemente, se ha generado indefensión material contra el sentenciado. La Jueza y Vocales Superiores han vulnerado también el PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL garantizado en el artículo 2 inciso 24 a y d de la Constitución y el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y el artículo 5 del Decreto Legislativo 124 que establece que: “Con el pronunciamiento del Fiscal provincial, los autos se pondrán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado por el término de diez días, plazo común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que correspondan o soliciten informe oral”. Por el mérito del habeas corpus, en aplicación del artículo 34 inciso 4 del Código Procesal Constitucional, se dispondrá el cese de la afectación de mis derechos fundamentales antes glosados: § Declarar la nulidad de la sentencia de fecha 10 de marzo del 2009, que condena a EDGAR ARHUATA UCHASARA como autor del delito de Lesiones Culposas Graves en agravio de Mónica Sabina Tineo Huacre a tres años de pena privativa de libertad suspendida. Autoridad demandada. Deberá emplazarse con esta demanda de protección constitucional a: 1. La Jueza Dra. María Teresa Cabrera Vega del Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima que deberá ser emplazado mediante notificación cursada al Señor Procurador Público a cargo de su defensa judicial, en su domicilio sito en la avenida Paseo de la República. 2. Los Vocales Superiores de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres Dr. Flores Vega, Dr. Sánchez Gónzales y Dr. León Sagástegui que deberá ser notificado en la Av. Mariscal José La Mar 1027, Cuarto Piso- Miraflores. Competencia del juez penal. El artículo 28 del Código Procesal Constitucional determina la competencia del juez penal para el conocimiento de la demanda de habeas corpus, al convertirse en juez constitucional. Procedencia del habeas corpus. Tratándose de una acción de habeas corpus conexo no son aplicables las causales de improcedencia en el sentido de la posibilidad de configuración de otro proceso eficaz y del agotamiento de la vía previa establecidas en el artículo 5º incisos 2 y 4 del Código Procesal Constitucional. La Constitución Política del Perú regula el habeas corpus en su artículo 200 estableciendo que:
“Son garantías constitucionales: 1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. Con ello, se deja sentado que el habeas corpus procede contra cualquier autoridad. Dicha autoridad en este caso es la Juez. Por su parte, el habeas corpus conexo se encuentra reconocido por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Constitucional que prescribe que: “También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. Justamente, tal como se desarrollara, los derechos conexos que constituyen los agravios constitucionales forman parte del debido proceso [art. 139 inc. 3] y el derecho de defensa [art. 139 inc. 14]. El Tribunal Constitucional del Perú en la sentencia recaída en el EXP. No.2663-2003HC/TC – ELEOBINA MABEL APONTE CHUQUIHUANCA ha señalado respecto al habeas corpus conexo que: “Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución – entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados”. V.- Antecedentes y hechos que sustentan el habeas corpus. Los hechos que sustentan la presente acción de garantía son: 1.- Con fecha 21 de noviembre del 2006 se abre investigación fiscal a cago de la Vigésima Novena Fiscalía Provincial penal de Lima, derivando la denuncia a la comisaría del Rímac, quién emite el atestado N° 068-2006. 2.- En fecha 10 de octubre del 2007 la Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima formaliza denuncia penal contra el Sr. EDGAR ARHUATA UCHASARA por la presunta comisión del delito de Lesiones Culposas Graves. 3.- El Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima en fecha 29 de noviembre del 2007, dicta el auto de apertura de instrucción en la que se le imputa que con fecha 17 de septiembre del 206, en circunstancias que se desplazaba por inmediaciones de la vía de evitamiento con su vehículo de placa de rodaje BIF-631 bajo los efectos del alcohol, no advirtió la presencia en la vía del vehículo de placa YI-1280, conducido por
José Andrés Alvarado Rodríguez, colisinando y saliendo como consecuencia con lesiones la agraviada Mónica Sabina Tineo Huacre. 4.- Con fecha 03 de noviembre del 2008, el Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima pone a disposición el proceso a las partes por el término de diez días para formular los alegatos correspondientes; sin embargo, dicha fase del proceso no fue notificado al procesado ni al abogado defensor quién se había apersonado en fecha 30 de septiembre del 2008, pese a que había señalado domicilio procesal en Jr. Azángaro 866, Oficina 603, Lima, habiendo sido notificación al abogado de oficio en el Jr. Miro Quezada N° 599 en fecha 25 de septiembre del 2008, cuando no se había emitido la resolución del 03 de noviembre del 2008 que ponía los actuados a disposición de las partes. 5.- Esa grave irregularidad fue advertido por el procesado y la defensa al momento de ser convocado a la lectura de sentencia, solicitando con fecha 31 de diciembre del 2008 la nulidad de la referida diligencia por no haberse dado la oportunidad de formular su defensa; sin embargo, la Jueza hizo caso aomiso a dicha petición y en fecha 07 de enero del 2009 declara infundado la nulidad, resolución que fue apelada el 20 de enero del 2009 y concedida el 03 de marzo del mismo año, pero que los Vocales Superiores de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres pese a tener conocimiento del referido medio de defensa optaron por no resoverlo al momento de confirmar la espuria sentencia dictado por la Jueza de primera instancia. 6.- A pesar de las graves irregularidades en el proceso sumarial y vulnerar el derecho de defensa la Jueza Dra. María Teresa Cabrera Vega del Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima dictó en fecha de fecha 10 de marzo del 2009 la sentencia que condena a EDGAR ARHUATA UCHASARA como autor del delito de Lesiones Culposas Graves en agravio de Mónica Sabina Tineo Huacre a tres años de pena privativa de libertad suspendida, fallo que ha sido confirmado por los Vocales Superiores de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima en fecha 30 de diciembre del 2010. VI.- Fundamentos del hábeas corpus. 1.- La Jueza Dra. María Teresa Cabrera Vega y los Vocales Superiores Dr. Flores Vega, Dr. Sánchez Gónzales y Dr. León Sagástegui han vulnerado el derecho a la defensa afectando el debido proceso y la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo139 inciso 3 de la Constitución y el artículo 4 del Código Procesal Constitucional en la medida que en su condición de Jueza del Vigésimo Séptimo Juzgado en lo penal de Lima y Vocales de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres, han dictado en el primer caso y confirmado en el segundo, la sentencia de fecha 10 de marzo del 2009, que condena a EDGAR ARHUATA UCHASARA como autor del delito de Lesiones Culposas Graves en agravio de Mónica Sabina Tineo Huacre a tres años de pena privativa de libertad suspendida, pese a que se ha vulnerado el derecho de defensa al soslayarse la fase de alegaciones en el proceso sumarial, impidiendo que el procesado y su defensa técnica pueda plantear sus alegaciones escritas y orales, valorar los hechos y los resultados probatorios, en perspectiva de hacer valer sus pretensiones como defensa, consecuentemente, se ha generado indefensión material contra el sentenciado.
La Jueza y Vocales Superiores han vulnerado también el PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL garantizado en el artículo 2 inciso 24 a y d de la Constitución y el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y el artículo 5 del Decreto Legislativo 124 que establece que: “Con el pronunciamiento del Fiscal provincial, los autos se pondrán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado por el término de diez días, plazo común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que correspondan o soliciten informe oral”. a) EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU ALCANCE A NIVEL PREJURISIDICCIONAL.La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, que supuso la condena internacional del Estado peruano por la violación de los derechos humanos en la investigación llevada a cabo contra los miembros del Tribunal Constitucional en sede del Congreso de la República ha dejado sentado la siguiente posición de observancia obligatoria: “69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “SINO EL CONJUNTO DE REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN LAS INSTANCIAS PROCESALES[1]” A EFECTO DE QUE LAS PERSONAS PUEDAN DEFENDERSE ADECUADAMENTE ANTE CUALQUIER TIPO DE ACTO EMANADO DEL ESTADO QUE PUEDA AFECTAR SUS DERECHOS. 70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ORDEN CIVIL, LABORAL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRO CARÁCTER, EL ELENCO DE GARANTÍAS MÍNIMAS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DEL MISMO PRECEPTO SE APLICA TAMBIÉN A ESOS ÓRDENES Y, POR ENDE, EN ESE TIPO DE MATERIAS EL INDIVIDUO TIENE TAMBIÉN EL DERECHO, EN GENERAL, AL DEBIDO PROCESO QUE SE APLICA EN MATERIA PENAL[2]. b) EL RECONOCIMIENTO DEL BLOQUE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS [TRATADOS INTERNACIONALES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS] POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.º 1268-2001-HC/TC LIMA SOCORRO VALLEJO CACHO DE VALDIVIA ha reconocida la aplicación directa de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en los siguientes términos: “DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55.º DE LA CONSTITUCIÓN, "LOS TRATADOS CELEBRADOS POR EL ESTADO Y EN VIGOR FORMAN PARTE DEL DERECHO NACIONAL" Y, SEGÚN LO PRECEPTUADO POR LA CUARTA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL, LAS NORMAS CONSTITUCIONALES RELATIVAS A DERECHOS SE INTERPRETAN DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y CON LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES INHERENTES A ELLOS. EN ESTE ORDEN DE CONSIDERACIONES, DEBE PRECISARSE QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENTIENDE QUE, EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO, EL DENOMINADO DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POSEE FUERZA NORMATIVA DIRECTA O APLICABILIDAD DIRECTA, EN TANTO LOS TRATADOS QUE LO COMPONEN, COMO CUALQUIER OTRO, "FORMAN PARTE DEL DERECHO NACIONAL" (ARTÍCULO 55.º, CONSTITUCIÓN); ASÍ COMO FUERZA INTERPRETATIVA, EN CUANTO LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN DEBEN INTERPRETARSE "DE CONFORMIDAD" O "DENTRO DEL CONTEXTO GENERAL" (ARTÍCULO 15.º DE LA LEY N.° 25398) DE DICHAS FUENTES INTERNACIONALES. DESDE LUEGO, EN EL PRESENTE CASO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL APLICA LA CITADA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE MANERA DIRECTA, A TÍTULO DE DERECHO DIRECTAMENTE APLICABLE”. Respecto al valor y aplicación obligatoria de la Jurisprudencia del Sistema interamericano de Derechos Humanos el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el EXP. N.° 4587-2004-AA/TC LIMA SANTIAGO MARTÍN RIVAS que: “Sobre el valor que pueda tener la referida jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos para la comprensión del ámbito protegido por los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, en diversas oportunidades, este Tribunal ha destacado su capital importancia. Hemos dicho, en efecto, que el contenido esencial constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental NO SOLO HA DE EXTRAERSE A PARTIR DE LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL QUE LO RECONOCE; ES DECIR, DE LA INTERPRETACIÓN DE ESTA DISPOSICIÓN CON OTRAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES CON LAS CUALES PUEDA ESTAR RELACIONADA (PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN), SINO TAMBIÉN BAJO LOS ALCANCES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este Tribunal tiene dicho que este último concepto no se restringe solo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución), sino QUE COMPRENDE TAMBIÉN A LA JURISPRUDENCIA QUE SOBRE ESOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SE PUEDA HABER EXPEDIDO POR LOS ÓRGANOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO V DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL). Este criterio se ha reiterado por nuestro propio Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.° 8453-2005-PHC/TC LIMA JOSEPH ANTHONY POMPEI Y OTROS en donde señaló categóricamente: “Así, por ejemplo, en el caso de Crespo Bragayrac (vid. STC 0217 -2002-HC/TC), este Tribunal sostuvo que "De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano. Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos humanos, contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el r ealizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos en la Región" (cf. STC 4587-2004-HC/TC. FJ 45. Caso Santiago Martín Rivas).” Ello supone efectivamente que la adhesión por parte del Perú a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos implica también implícitamente la adhesión a la interpretación que se haga de los mismos por parte de los Tribunales internacionales y en particular de lo establecido en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, en una última sentencia el Tribunal Constitucional del Perú recaída en el 00007-2007-PI/TC ha señalado que: “26. De aquí se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional; vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano.[….] 36. En consecuencia, al Tribunal Constitucional, en el presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”. Este mismo criterio ha sido reiterado en las sentencias recaídas en el EXP. N.° 37412004-AA/TC LIMA RAMÓN HERNANDO SALAZAR YARLENQUE; 2050-2002-AA/TC y el Expediente N.º 2192-2004-AA/TC. La importancia del debido proceso ha sido remarcada también por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.° 8125-2005-PHC/TC LIMA JEFFREY IMMELT Y OTROS al señalar que: “El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el DERECHO DE DEFENSA, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los expedientes N° 2192-2002-HC/TC (F.J. N° 1), N° 21692002-HC/TC (F.J. N° 2) y N° 3392-2004-HC/TC (F.J. N° 6)”.
Pido a usted, Señor Juez constitucional, tramite y declare fundado el habeas corpus procediendo a reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos fundamentales, y establezca la nulidad de la sentencia. Primer Otrosí Digo: Adjunto los siguientes anexos: 1.- Copia simple delo DNI 2.- Copia del Dictamen fiscal superior que pina que d se declare nulo la sentencia condenatoria. 3.- Copia de la confirmación de la sentencia emitido por Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima. Segundo Otrosí digo: Que en base al principio de probidad y buena fe solicito a su despacho que mediante oficio solicite en el día c opias certificadas de los actuados que se sustancian en el 27 Juzgado Penal de Lima con en Número de Expediente 44686 – 2007. Que además, solicito, en base a las últimas directivas expedidas por el Poder Judicial se informe en el día a la Oficina de Control de la Magistratura y a la Presidencia de la Corte Superior de la interposición de la presente acción de garantía, para los fines pertinentes. Tercer Otrosí digo: Que en base al principio de celeridad y dada la naturaleza sumarísima del habeas corpus solicito que en virtud al artículo 31 de Código procesal Constitucional se prescinda de tomar la declaración del accionante. Lima, agosto del 2011.
