Tema 3 Derechos Fundamentales II

TEMA 3: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS II: (Arts 21-29)

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DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS II: DERECHO DE REUNIÓN. DERECHO DE ASOCIACIÓN. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS Y AL ACCESO A FUNCIONESY CARGOS PÚBLICOS. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA PROHIBICIÓN DE INDEFENSIÓN. LA IMPOSICIÓN DE CONDENA O SANCIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN, SENTIDO DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. PROHIBICIÓN DE TRIBUNALES DE HONOR. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. DERECHO A LA SINDICACIÓN Y A LA HUELGA, ESPECIAL REFERENCIA A LOS MIEMBROSDE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. DERECHO DE PETICIÓN.

1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS: 2ª PARTE La Constitución Española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho. Podemos diferenciar entre los siguientes derechos: 1.1 Art. 21 DERECHO DE REUNION Y MANIFESTACION. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. El Derecho de Reunión, manifestación primordial de los Derechos Fundamentales, como derecho público subjetivo, venía regulado hasta el presente por la Ley 17/1976, de 2 de mayo, aprobada con anterioridad a la elaboración y entrada en vigor de la Constitución, y cuyo contenido se ajustaba al momento de transición política que vivía la sociedad española. Tras la entrada en vigor de la Constitución, que consagra la libertad de reunión, se hace necesaria una regulación de dicho derecho con carácter general, modificando el Ordenamiento Jurídico en todo aquello en que no esté de acuerdo con los mandatos constitucionales, especialmente el que determina que el ejercicio del derecho de reunión no necesitará autorización previa. En definitiva, se crea la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión que pretende regular el núcleo esencial del Derecho de Reunión, ajustándolo a los preceptos de la Constitución. Así, se elimina el sistema preventivo de autorizaciones en el ejercicio del derecho y se garantiza el mismo mediante un procedimiento en sede judicial de carácter sumario que evite las complejas tramitaciones administrativas que hacían ineficaz el propio ejercicio del derecho. En relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes, siguiendo de esta forma las normas recogidas en el artículo 21 de la Constitución. Por último, se mantiene la vigencia de las normas de carácter especial, en tanto no recojan preceptos contrarios a la Constitución, definiéndose esta Ley como general y supletoria respecto a los regímenes especiales que se mantengan en vigor dentro de la Constitución. CONCEPTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN AL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN A los efectos de la ley Orgánica 9/83, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con una finalidad determinada. Se entiende por reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes Penales. Se podrá ejercer el D. de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente L.O cuando se trate de las siguientes reuniones a. Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios. b. Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad. c. Las que celebren los Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Sociedades Civiles y Mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades de Propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas. d. Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión. e. Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares, a las que se refieren las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se regirán por su legislación específica.

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Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización. La autoridad protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho. De que las reuniones y manifestaciones transcurran con total normalidad, serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas. La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: (se considera autoridad para este ejercicio AGE, CCAA para el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, conforme a los Estatutos, LOFCS y proceso de despliegue de las respectivas policías autónomas.) a. Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales. b. Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. c. Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberá ser comunicada por escrito a la autoridad correspondiente por los organizadores o promotores, con un tiempo de entre 10-30 días. En casos urgentes, se podrá hacer en menos de 24 h. Si la autoridad considera que existen razones de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibirla o, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación.

1.2 Art. 22 DERECHO A ASOCIACION. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El derecho fundamental de asociación, reconocido en el art. 22 de la CE, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional, como los partidos políticos (art 6), los sindicatos (arts 7 y 28), las confesiones religiosas (art 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) y las organizaciones profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su art. 22, los principios comunes a todas las asociaciones, eliminando el sistema de control preventivo, contenido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio. Consecuentemente, hay necesidad de abordar el desarrollo de este artículo, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental (art 81). Esta es la LO 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la Unión Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que tienen las asociaciones para la conservación de la democracia. Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas. La presente Ley, siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito a las asociaciones sin fin de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicación de la misma a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios. 1.3 Art. 23 DERECHO A PARTICIPAR EN ASUNTOS PUBLICOS. Directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por Sufragio Universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. La constitución establece un mandato a los poderes públicos, en su artículo 9.1 en el sentido de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.




En la CE, se prevén supuestos y formas muy distintas de participación, que incluyen la participación política pero que no se limitan a ésta. Por ejemplo, el Art. 48 se refiere a la “participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”; el Art. 125 prevé “la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado” y el Art. 129.1 se refiere a las “formas de participación de los interesados en la Seguridad Social”. El Art. 23 de la CE establece las formas de participación política consistentes en elegir y ser elegido (sufragio activo y pasivo) para cargos representativos de índole política así como acceder a funciones públicas. Todo ello regulado por una Ley Orgánica en la cual se establecen los requisitos que tienen que cumplir para ejercer este derecho, está, la LO Régimen electoral general 5/1985 de 19 de Junio. Este derecho es un tanto peculiar, ya que para ejercerlo, tanto de forma pasiva, como activa, es necesario ser mayor de edad (18 años). 1.4 Art. 24 DERECHO A LA TUTELA LEGAL EFECTIVA. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

1.5 Art. 25 PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Paul Johann Anselm von Feuerbach estableció este principio en materia de derecho penal basándose en la máxima (“nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”), es decir, para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de manera previa por la ley. Por otra parte, en cuanto a la finalidad de las penas, podemos encontrar 3 teorías que desarrollaremos en Derecho Penal. Estas son: Teorías absolutas, relativas y Mixtas. Las absolutas son las que establecen a la pena como un castigo por la comisión de un delito. En las relativas, tratan de buscarle a las penas, un fin mas humano, previniendo con ellas, la comisión de nuevos delitos. Y por último, las mixtas, son las que juntan las anteriores, sirviendo la pena, tanto para castigar, como para impedir que se vuelvan a cometer delitos. 1.6 Art. 26 PROHIBICION DE LOS TRIBUNALES DE HONOR. Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Son unas instituciones típicamente españolas, sin comparación, en el Derecho extranjero, que nacen para poder expulsar a los trabajadores de una administración. Se entiende por T de Honor el derecho dentro de algún cuerpo (militar....etc) a juzgar a un miembro de ese cuerpo, por una mala conducta. Dentro del ámbito civil y administrativo está prohibido. Antiguamente se utilizaba para expulsar a los trabajadores públicos (funcionarios). Los tribunales de honor son unas instituciones típicamente españolas, sin parangón en el Derecho extranjero, que nacen en el ámbito castrense para juzgar oficiales, no a suboficiales o clase de tropa (Real




Decreto de 3 de enero de 1867). Se extienden luego a la Administración pública (en la legislación de funcionarios civiles de 1918) y más tarde a la esfera privada, en especial a los colegios profesionales. Estaban formados por los pares del encausado y tenían por finalidad juzgar la dignidad de éste para pertenecer al cuerpo o profesión de la que era miembro. De resultar declarado indigno, el sujeto era expulsado del cuerpo, sin que pudiera interpone recurso alguno. El Tribunal Supremo, aunque muy tardíamente, acabó admitiendo los recursos contra resoluciones de los tribunales de honor si tales recursos alegaban vicios de forma. Estos tribunales no jugaban actos aislados sino conductas y estados de opinión acerca de la dignidad de un individuo para formar parte de un cuerpo. El bien jurídico protegido no era el honor del enjuiciado sino el del cuerpo al que pertenecía. El procedimiento era sencillo, se daba audiencia al interesado y se mantenía casi clandestina la tramitación que concluía con la absolución o la separación del servicio y la consiguiente propuesta a la autoridad correspondiente. El artículo 95, párrafo último, de la Constitución de 1931 abolió todos los tribunales de honor "tanto civiles como militares", materializando así la enemiga que en amplios círculos suscitaron siempre estas instituciones. Tras la guerra civil se repusieron con la Ley de Tribunales de Honor, de 17 de octubre de 1941. El sistema se completó con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964. En el debate constituyente se suscitó la supresión -que no anticipaba el anteproyecto- en la estela de la Constitución de 1931, y a pesar de las numerosas propuestas para que expresamente se suprimieran también en el ámbito castrense, sólo se abolieron en las esferas de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, consagrándose a sensu contrario la constitucionalidad de los tribunales de honor en el ámbito militar. La persistencia de estas instituciones, aun reducidas al ámbito castrense tras 1978, siempre plantearon dudas respecto del principio de unidad jurisdiccional o del non bis in idem. Los tribunales de justicia, una vez entrada en vigor la Constitución de 1978, rechazaron la aplicación retroactiva del artículo 26 a situaciones firmes donde hubieran actuado los tribunales de honor, argumentando desde un elemental principio de seguridad jurídica (AATC 104/1980, de 26 de noviembre y 601/1985, de 18 de septiembre). Por otro lado, se confirmó la derogación sobrevenida de cuantas normas, en el ámbito de la Administración civil o de las organizaciones profesionales, se opusieran a lo establecido en el artículo 26 CE. El Tribunal Supremo se pronunció en varias ocasiones acerca de la necesidad de respetar, en el funcionamiento de los tribunales de honor, las exigencias dimanantes de los derechos procesales proclamados en el artículo 24 CE. El círculo se estaba cerrando sobre estas instituciones tradicionales y, aunque la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, de modificación del Código de Justicia Militar, dejó intactos los preceptos referidos a los tribunales de honor, la Ley 9/1988, de 21 de abril de Planta y Organización de la Jurisdicción Militar vacío de contenido los citados preceptos 1025 a 1046 del Código de Justicia Militar. La supresión definitiva vino con la Ley Orgánica 2/1989, de 3 de abril, Procesal militar, y en el plano sustantivo con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que en su artículo 21.2 establece que quedan prohibidos los Tribunales de Honor en el ámbito militar. Lo que no se consiguió en el momento constituyente acabó sucediendo por vía legal.

1.7 Art. 27 DERECHOS DENTRO DE LA ESFERA EDUCATIVA. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se lo entiende como fijando el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos los niños, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes, como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria.




Este derecho está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del mundo. El Pacto en su art. 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación. España regula la libertad de enseñanza en la Ley "Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación". Actualmente, España se sitúa en el puesto 26 en desarrollo educativo, por debajo de casi todos los países de la UE. Su enseñanza es obligatoria hasta la ESO, es decir, hasta tener los 16 años. Es posible, además, estudiar hasta el Bachiller y hacer unos estudios universitarios a elegir del estudiante.

1.8 Art. 28 DERECHO A LA LIBERTAD DE SINDICACIÓN. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La ley que regula el derecho de sindicación es la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Todos los trabajadores (aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Pública) tienen derecho a sindicarse libremente. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las fuerzas armadas y de los Institutos Armados de carácter militar. Conforme el art. 127.1 de la CE, los Jueces, Magistrados y Fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo. El ejercicio del Derecho de Sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos. Los trabajadores por cuenta propia, en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica. El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos previstos en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. La huelga supone la suspensión de la actividad laboral de forma temporal, colectiva y concertada por iniciativa de los trabajadores de una o de varias empresas, generalmente la convoca un sindicato. Sus objetivos pueden ser muy variados, aunque predominan los casos en los que se buscan mejoras económicas o de las condiciones del trabajo, así como también casos de huelga como protesta y solidaridad con otros sectores u otras empresas. El hecho de que se reconociera este derecho en 1975 por el gobierno español y esté recogido en la Constitución vela por la seguridad de los trabajadores, ya que el ejercicio de la misma no puede ser causa de despido ni de represalias por parte del sector empresarial. Las huelgas más famosas y recientes en España podemos decir que son, las de los controladores aereos, trabajadores de metro de Madrid o la huelga general en Sep de 2010. 1.8.1 ESPECIAL REFERENCIA A LAS FFCCSS Conforme la LOFCS 2/1986 y la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, establecen que los miembros de las FFCCSS tienen prohibido el derecho a huelga. Concretamente el art 24 de la Ley 13/2001 establece que “de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la condición de Policía Página 5 de 6 ® RdP Formación PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. Castigado por el Código Penal. www.elrincondelpolicia.com



Local implica el no poder ejercer el derecho de huelga, ni ninguna otra acción sustitutiva que pueda alterar el normal funcionamiento de los servicios. 1.9 Art. 29 DERECHO DE LA PETICIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. El derecho de petición individual o colectiva se trata de una solicitud o demanda que las personas físicas o jurídicas pueden gestionar. La ley que lo regula es Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. En relación a las Fuerzas Armadas y los Institutos armados y Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho pero con alguna restricción, es decir solo individualmente y en función a su legislación específica.


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