Relaciones estado-sociedad estado-sociedad de acuerdo al modelo de estado
Las relaciones estado-sociedad (incluyendo su dimensión económica) se producen en tres planos distintos, y en cada uno de ellos establecen un pacto de características diferentes. Por una parte, un pacto de gobernabilidad, según el cual se fijan las reglas de juego que determinan las condiciones bajo las cuales se accede a las posiciones superiores del estado y se despliega des pliega el escenario es cenario en el cual se desarrollarán las fuerzas productivas y la distribución del ingreso y la riqueza. Por otra, un pacto funcional, que establece un esquema de división social del trabajo según el cual el estado en sus diferentes niveles, el mercado y las organizaciones sociales asumen la responsabilidad de satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos. Por último, un pacto distributivo en el cual se deciden quienes participan en los frutos del progreso económico y del cual resultan ganadores y perdedores. Por lo tanto, la relación estado-sociedad es una triple relación. Pero cada uno de los planos de esta relación genera una cuestión fundamental, que forma parte de la agenda esencial del estado. Nos referimos a la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Estas son cuestiones permanentes de un modo de organización social cuyo eje ordenador es el sistema capitalista. Estas cuestiones fueron siempre las que dieron contenido sustantivo a la agenda estatal y, en última instancia, justificaron históricamente su conformación. Relaciones estado-sociedad estado-sociedad en el estado liberal
Este modelo esencialmente plantea que el estado se debe abstener de intervenir en el mercado, manteniéndose tan como como garante externo del orden social establecido. Su activación -se suponía- debía limitarse a momentos de crisis y desorden, limitándose exclusivamente a restablecer el orden del mercado capitalista. Se suponía que el mercado espontáneamente equilibraría necesidades y demandas de la manera más conveniente para todos. En vistas de que el resultado del funcionamiento liberal del estado no era el más beneficioso para todos, sino que por el contrario tendió a beneficiar básicamente a unos pocos, generalizando la pobreza y la injusticia entre las clases populares, surgieron movimientos de protesta social. El principal referente teórico de estos movimientos contrarios al liberalismo, en el siglo XIX, fue el marxismo. Como consecuencia de la lucha social llevada a cabo por las clases populares, desde la década de 1930 aproximadamente comenzó a aplicarse un nuevo modelo de estado, llamado estado de bienestar, cuya premisa esencial postulaba que el estado debe interveniractivamente para complementar el mercado, de modo que alcanza a toda la población ciertos estándares mínimos establecidos de bienestar, dentro del orden social establecido. Pero el modelo bienestarista entra en crisis desde el año 1973, y finalmente es dejado de lado en 1990. En la década de 1990, va a cobrar auge, a nivel mundial, lo que se llamó el modelo neoliberal. Al igual que el modelo liberal original, el neoliberalismo postula que el estado no debe intervenir en el mercado. Para alcanzar este objetivo, se implementó, en la mayoría de los países, lo que se denominó "planes de ajuste". Estos consisten fundamentalmente en un conjunto de medidas tendientes a desmantelar los instrumentos de intervención propios del estado de bienestar. Se trata de "achicar" el estado, para retornar al estado "mínimo" de comienzos del capitalismo. Las principales medidas del modelo del ajuste neoliberal, son: a) privatización de las empresas estatales, b) desregulación de la economía, derogando las normas protectivas y regulatorias, c) flexibilización laboral, reduciendo derechos de los trabajadores y llevando los salarios a la baja, d) equilibrio fiscal, es decir que el estado gaste solo los recursos de que dispone, para lo cual fueron necesarias sucesivas reducciones del gasto público, e) estabilidad monetaria, es decir, evitar las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio en relación al dólar, que en Argentina implicó la convertibilidad ($ 1 = U$S 1). En los países periféricos como el nuestro, la aplicación de este modelo agrega dos implicancias prácticas: f) Apertura a la Importación: es decir, el ingreso indiscriminado de productos extranjeros, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo locales; y g) Aumento de la deuda externa: dado que el conjunto de medidas generan desempleo, recesión, y
reducción de la recaudación impositiva, el déficit fiscal era cubierto con préstamos de los organismos internacionales de crédito y emisión de bonos. En Venezuela se viven momentos de transformaciones revolucionarias en el tránsito de un modelo económicosocial capitalista a otro de tipo socialista. Estos cambios tocan a la educación, que debe dar respuesta a dicha transición en función de la construcción de lo nuevo y ruptura con lo viejo. La educación juega un papel determinante, ya que es necesario su aporte para el logro de la hegemonía intelectual por parte del pueblo revolucionario venezolano. La Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre nacieron con un claro propósito: la educación necesaria para la revolución bolivariana. Sin duda, dicha aspiración se topa con quienes han detentado el poder en los últimos tiempos: el capitalismo internacional y sus expresiones a nivel nacional. Se trata de una lucha por el poder, donde unos luchan por mantenerse y otros, desplazados, intentan desalojar y recuperar lo perdido por cualquier vía. Es pertinente, en esta lucha, definir con claridad a que intereses debe obedecer la educación venezolana y cuál es su misión histórica: ser una alternativa popular y socialista con y desde la revolución bolivariana. Asumir la relación ideología-hegemonía-poder en la contextualización crítica del proceso socio-político venezolano y latinoamericano es un proceso ineludible de construcción y definición de tácticas y estrategias para la orientación de nuestra práctica política de transformación hacia el fortalecimiento de la conciencia revolucionaria, en función de una sociedad que rompa definitivamente con la explotación capitalista del hombre por el hombre. Estado Neoliberal. El distanciamiento entre el estado y la sociedad
El modelo neoliberal, a nivel mundial, luego de una década de aplicación, mostró sus falencias, dejando al descubierto los mismos problemas que el estado de bienestar había tratado de remediar: pobreza, exclusión e injusticia social. En Argentina en particular, el modelo entró en crisis a fin del año 2001, de la mano de la protesta social y la crisis política institucional. Se declaró en default (se dejó de pagar) la deuda externa, y se volvió atrás con la mayor parte de las medidas de ajuste neoliberal. Este modelo, en sus dos versiones (liberal y neoliberal) requiere de un bajo nivel de involucramiento de la población en la actividad política. De modo que va a tender a reducir la participación electoral, y a mantener la dinámica política fuera del alcance de los grupos subordinados. Por tal razón es que existe una compatibilidad sustancial entre el modelo liberal y los partidos de notables, y entre el modelo neoliberal y los partidos mediáticos. Una de las consecuencias más marcadas del neoliberalismo ha sido el surgimiento de lo que llamamos los estados paralelos. Esta categoría es conceptuada con relación a organizaciones que funcionan al margen de la ley y que cuentan con el apoyo significativo de las poblaciones más necesitadas. Estas organizaciones pueden estar relacionadas específicamente al narcotráfico y están propiciando el aumento de la criminalidad y la marginalidad llevando grupos que eran tradicionalmente marginados de los beneficios sociales a legitimar acciones deletéreas en nombre de una nueva ciudadanía. Investigaciones realizadas en Río de Janeiro muestran que los adolescentes envueltos en crímenes, resultado del robo de un par de zapatillas de tenis, respondieron que este era un derecho que ellos tenían como ciudadanos. En este contexto está claro que la premisa del neoliberalismo es el principio de la exclusión. Los defensores de esta doctrina consideran inevitable la desigualdad social. Las implicaciones de esta situación de deterioro económico y social conllevan a una situación de ingobernabilidad. Las personas no creen en la autoridad constituida.
Todos estos elementos sugieren que lejos de estar construida una cultura política participativa y democrática, se está solidificando una cultura política fragmentada e individualista con reducido capital social. Capital social es aquí definido como el desarrollo de redes de solidaridad y de identidades colectivas. Lo que se observa es el aumento de la desconfianza entre las personas y las instituciones políticas. Por causa de ese tipo de cultura política, se constata el surgimiento de un ciudadano altamente individualista y pragmático cuyo comportamiento político se guía por principios de imediatismo y canibalismo político. La implementación de estas políticas de ajustes y concentración de capital son violatorias del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y más allá de la valoración técnica de sus fórmulas econométricas, las políticas de ajuste provocan una distorsión en ciertas prácticas del poder económico y político que hacen de la CORRUPCIÓN y la IMPUNIDAD las amenazas más graves a la seguridad y estabilidad de la democracia y por ende son violatorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto sucede en la Argentina porque, en su empeño por reorganizar la economía de acuerdo con las leyes del mercado, la administración del gobierno central desactivó responsabilidades del Estado que son esenciales en cualquier economía y que son obligaciones emergentes de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales de los que Argentina es parte. No hay duda de que se ha instalado un distanciamiento entre las recetas dadas por los países llamados más desarrollados o del primer mundo y sus acciones concretas y que son seguidas por los países menos desarrollados. Esto se refiere específicamente, a la noción de Estado mínimo y la necesidad de reformular los gastos gubernamentales en áreas consideradas prioritarias. La imagen que fue construida es que, en la medida que el estado es visto como un problema y no como una solución en la economía de mercado debe, por tanto, restringir sus actividades a aquellas esferas consideradas esenciales. Este tipo de Estado, de acuerdo con los neoliberales, sería ideal para impulsar el crecimiento económico y, en última instancia la igualdad social. Los países que son tomados como modelo digno de emular son algunos países europeos y, principalmente los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad, muestra una diferencia abismal entre lo que es dicho y lo que es hecho. Por ejemplo, datos del Anuario Estadístico Financiero de los Gobiernos, publicado por el Fondo Monetario Internacional muestran claramente que en países como los Estados Unidos y Francia, contrariamente a lo que viene siendo difundido por la retórica neoliberal en los países en desarrollo, continúan actuando de manera significativa en sus economías destinada a producir políticas de bienestar, contrariando la idea de un estado minimizado. Son tres las condiciones que deben ocurrir simultáneamente para que un estado sea considerado minimizado: Ampliación de los gastos con funciones mínimas (defensa e seguridad nacional) Reducción de los gastos en las funciones económicas (habitación, minería, industria, construcción, agricultura y transporte). Disminución de los gastos sociales (salud, educación, seguro social y asistencia social). Las consecuencias sociales y distributivas del neoliberalismo son materia que debiera evaluarse con mayor atención y menos pasión. Los sindicatos públicos han satanizado las privatizaciones y la reducción del Estado, los populistas han hecho de la apertura una caricatura, muchos gremios de la producción han reaccionado por el desmonte de los aranceles, todo ello como consecuencia de la reducción de sus privilegios.
Relaciones estado-sociedad en el estado social de derecho y de justicia
La necesidad de adaptar las leyes de manera que los estados garantizaran mejores condiciones de vida a sus ciudadanos y una aplicación legal más justa llevaron a la creación del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. El bienestar social y la realización de justicia aparecen como funciones prioritarias del estado, manteniendo el principio de legalidad establecido en el estado de derecho. Este nuevo sistema está al servicio del hombre, y debe ser garante del bien común, basado en los principios de justicia social y dignidad humana. El estado debe crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, logrando así un bienestar general. Por ello la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el desarrollo integral del individuo y de la sociedad y la protección de sus derechos humanos, se transforman en funciones prioritarias del Estado. El estado social de derecho y de justicia persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante abuse o subyugue a otra clase de grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados y sin posibilidad de avance. En un Estado de Derecho la aplicación de la ley es imperante, en un Social de Derecho y de Justicia el estado está obligado a ayudar a aquellos ciudadanos que se encuentren en minusvalía jurídica. El Estado Social de Derecho y de Justicia protege a los asalariados ajenos al poder económico, tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas. El estado es garante de satisfacer las necesidades vitales de todos los ciudadanos, tales como la salud, la vivienda, la educación, etc. En el caso del estado venezolano este estimula a sus conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones ante los demás organismos que no se inscriben en la función social. El estado se propone a obtener la procura existencial a través de la “administración prestacional”, su principal
ruta es lo social y sus objetivos buscan el bien común y la participación justa en la riqueza social. En este caso el intervencionismo es positivo. Independientemente de su relación con la economía, es imprescindible salvaguardar el rol del estado como ultima opción de garantía de la ejecución del a procura existencial, gracias a la protección y el fomento de los derechos sociales y económicos. El fortalecimiento del Estado Social de Derecho y de Justicia es fundamental para la inserción de los países a la comunidad de naciones del mundo, como para lograr la paz, proteger a la población, reforzar la legitimidad de los estados, alcanzar un desarrollo humano sostenible y asegurar la eficacia de las políticas públicas y desarrollo del pensamiento en pro a los derechos humanos. En la actualidad, programas alternativos mejor conocidos como Misiones, son un intento de solventar de forma masiva el problema de muchos excluidos y que ahora son incorporados. *Estado: Es
un concepto político que se refiere a una forma de organización social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. *Poder Popular: Es
el poder del pueblo organizado, en las más diversas y disímiles formas de participación, para la toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros) para el ejercicio pleno de su soberanía.
*Hegemonía: es
un concepto que refiere a la existencia de una diversidad en la sociedad, dentro de la cual ocurre el predominio de uno de los integrantes de ella sobre los otros. Pero esta situación hegemónica no implica en modo alguno la desaparición de las diferencias o de la diversidad en sí, sino por el contrario, el mantenimiento de las mismas bajo un consenso en el cual las partes aceptan, no sólo la diversidad, sino las reglas de juego dentro del cual esa unidad de lo diverso podrá ser reproducida. Capacidad de intimidar a los adversarios y dirigir a los aliados con la fuerza de las ideas y los instrumentos de la política.
